El 10 de diciembre de 1983, el voto
popular restableció el régimen republicano y constitucional en Argentina. El
abogado Raúl Ricardo Alfonsín, perteneciente a la Unión Cívica Radical, asumió
la presidencia. Inmediatamente comenzó a desmantelar el sistema represivo
organizado por los militares durante su gobierno y a investigar las
desapariciones forzadas de personas ocurridas durante el régimen de facto entre
1976 y 1983.
La restauración de convivencia
democrática no fue una tarea sencilla. Había demasiadas pasiones encontradas,
demasiados sentimientos de revancha.
Alfonsín ordenó investigar los
crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar. Para ello
creó la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas -CONADEP-, presidida
por el escritor Ernesto Sábato. También ordenó enjuiciar a los integrantes de
todas las Juntas Miliares del Proceso de Reorganización Nacional, así como a
las cúpulas de las dos principales organizaciones terroristas que actuaron en
las décadas de 1960 y 1970, la Organización Político Militar Montoneros y
el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario
del Pueblo (PRT – ERP).
Debido a un acuerdo entre la UCR y el
Partido Justicialista, solo se investigaron los hechos ocurridos a partir del
día del golpe de Estado, es decir desde el 24 de marzo de 1976. En esta forma
nunca se investigaron los delitos de lesa humanidad cometidos por las
organizaciones terroristas entre 1967 y 1976, ni los hechos de terrorismo de
Estado ocurridos durante los gobiernos constitucionales de Juan D. Perón
(12/10/1973 a 1/7/1974) y de María Estela Martínez Carta de Perón (1/7/1974 a
23/3/1976) a través de grupos parapoliciales como la “Triple A”, o
Alianza Anticomunista Argentina.
En 1985, el Juicio a las Juntas
terminó con la condena de nueve de los militares enjuiciados, dos de ellos a
reclusión perpetua. Inmediatamente se abrieron juicios contra otros militares
por los hechos ocurridos durante la lucha antisubversiva.
Los militares no aceptaron dócilmente
la revisión de los hechos ocurridos durante la represión de las actividades
terroristas.
Hubo protestas militares con actos de
rebeldía en Campo de Mayo durante la Semana Santa de 1978, en la localidad
correntina de Monte Caseros (16/1/1988) y en la bonaerense de Villa Martelli
(1/12/1988), forzando al presidente Alfonsin a aprobar las leyes de Punto Final
y Obediencia Debida para calmar la turbulencia castrense.
Alfonsín tampoco demostró mucha
idoneidad en la gestión del país. El “Plan Austral” pergeñado
por el ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille fracaso estruendosamente.
La inflación, en 1987, alcanzó al 174% y en 1988, superó el 387% anual.
Alfonsín debió suspender las negociaciones paritarias pese a la oposición del
sindicalismo peronista que le hizo trece huelgas generales al gobierno radical.
En el tórrido verano de 1989, el gobierno radical se vio obligado a imponer
cortes de energía eléctrica y a reducir las emisiones televisivas al horario de
18.00 a 24.00 horas. El mal humor se instaló sólidamente en la sociedad
argentina.
“En enero de 1989, recuerda Juan Bautista Tata Yofre, el país vivía bajo el
fervor de una campaña presidencial que debía terminar el 14 de mayo de 1989.
Los que no vivieron intensamente ese largo trayecto deben saber que varios
meses antes Carlos Saúl Menem había ganado su candidatura presidencial en la
última gran interna que realizó el partido justicialista. Además, el candidato
del oficialismo radical era el gobernador Eduardo César Angeloz, que poco tenía
de “alfonsinista”, por lo que tuvo que sumergirse en una interna que no le daba
respiro. Solo hay que recordar cuando el canciller alfonsinista, Dante Mario
Caputo, quiso disputarle la candidatura a pesar de que “El Pocho” Angeloz ya
era el candidato. Caputo no estuvo solo, en ese momento fue acompañado de
Ricardo Barrios Arrechea, ex gobernador de Misiones y Ministro de Salud y
Acción Social de Alfonsín”.
En ese contexto un grupo remanente de
terroristas del Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario
del Pueblo (PRT-ERP), liderado por Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, creó el 8
de mayo de 1986, una nueva organización el “Movimiento Todos por la Patria”.
El terrorista Gorriarán Merlo (1941 –
2006), nombre de guerra “El Pelado” o “Ricard”, tenía un largo
historial de violencia y como mercenario al servicio de gobiernos comunistas.
Perteneciente a una familia de origen
radical de la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, Gorrirán
participó de la fundación del PRT-ERP, de la fuga de guerrilleros del Penal de
Rawson, en 1972, y del ataque a la Guarnición Militar de Azul, provincia de
Buenos Aires, el 14 de enero de 1974, en que murieron el coronel Camilo Arturo
Gay, su esposa Nilda Cazaux de Gay, el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal
y el soldado conscripto Daniel González.
Cuando el PRT-ERP debió retirarse de
la Argentina, tras la muerte de Mario Roberto Santucho y otros miembros del
Comité Central, el 19 de julio de 1976, los cuadros terroristas sobrevivientes
se trasladaron a Nicaragua para combatir en las filas del Frente Sandinista de
Liberación nacional que conducía el comandante Daniel Ortega.
A comienzos de los años ochenta,
Gorriarán Merlo condujo el comando de mercenarios argentinos, ex miembros del
PRT-ERP, que llevó a cabo la “Operación Reptil”, el asesinato del
exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle, el 17 de septiembre de 1980,
en su exilio de la ciudad de Asunción, en Paraguay, por encargo del gobierno
sandinista de Nicaragua.
En 1986, Gorrirán Merlo contando con
el apoyo político – financiero de la inteligencia cubana, del gobierno
sandinista y con considerables fondos provenientes de sus operaciones ilegales,
decidió crear una estructura política movimientista y cristiana para
impulsar “la revolución” en Argentina. Además, de un partido
político el Movimiento Todos por la Patria, Gorriarán Merlo decidió crear
canales de difusión política e ideológica al servicio de este movimiento.
Para ello financió la creación, el 26
de mayo de 1987, el diario Página 12, que dirigió por el joven
periodista Jorge Lanata contaba con la colaboración de un grupo de periodistas
de izquierda integrado por Horacio “el perro” Verbitsky,
Osvaldo Soriano, Osvaldo Bayer, Martín Caparrós, Eduardo Blaustein, Carlos
Alberto “Quito” Burgos y Francisco “Pancho” Provenzano
y Jorge Baños.
Las rebeliones militares, la crisis
económica y el mal humor social imperante en la sociedad argentina,
convencieron a Gorriarán Merlo, un dirigente revolucionario con vocación “foquista
castro guevarista” y tendencia militarista, que desde 1970 se movía en
la más absoluta clandestinidad, vinculado a estructuras de inteligencia y
seguridad, que nunca había hecho militancia de masas, que no era un dirigente
surgido de un barrio, una fábrica o la militancia universitaria, que estaban
dadas las “condiciones objetivas” para desencadenar una “insurrección
popular de masas”.
Es así como 46 (40 hombres y seis
mujeres) militantes del Movimiento Todos por la Patria, bajo la dirección
estratégica del “Pelado Gorriarán” se lanzaron a atacar el
cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizada 3, en La Tablada, partido
bonaerense de La Matanza, con la intención de llamar la atención de los medios
de comunicación para desencadenar la esperada “insurrección popular” y
con los tanques del Regimiento emprender una marcha a la Casa Rosada, en la
Plaza de Mayor, distante a 23 kilómetros, para “exigir cambios de
fondo” en el gobierno y “hacer la Revolución”.
Todo ello bajo la insólita patraña de
que estaban repeliendo un inexistente golpe de Estado de militares
carapintadas.
Este delirio de una “Armada
Brancaleone” de cuarenta y seis iluminados, mal armados, muchos de
ellos sin ninguna experiencia militar, ni apoyo aéreo, tomando el control de un
país de treinta millones de habitantes, era una graciosa comedia. Pero, en su
loco intento, los improvisados terroristas asesinaron a nueve militares y dos
miembros de la Policía Bonaerense y provocaron mutilaciones y heridas de
consideración a otros sesenta militares y policías.
El ataque al RIM 3 se decidió para el
amanecer de un día lunes de enero. Los terroristas entendían que muchos
soldados estarían de franco y que otros regresarían esa misma mañana. El ataque
tomaría por sorpresa a la guarnición.
El plan original de la “Operación Tapir”,
como denominaron al ataque los terroristas, preveía que, tres horas después que
un camión rompiera el portón del Regimiento de Infantería, salieran con los
tanques blindados del Ejército que tomarían de los galpones, y se iniciaría la
movilización con gente de las barriadas y las villas miserias de La Matanza.
Sería el modo de anunciar que el ataque al cuartel del RIM 3 había frustrado el
golpe de Estado de los militares carapintadas.
Pensaban engañar a la opinión pública y hacer
creer que el Movimiento Todos por la Patria se había anticipado a un golpe de
Estado, había salvado a la democracia, y esa acción, legitimada por el pueblo,
obligaría al presidente Alfonsina adoptar políticas de revolución social que
condujeran a la instalación de una dictadura comunista.
En el ataque murieron 32 terroristas.
El 5 de octubre de 1989, veintiún integrantes del Movimiento Todos por la
Patria fueron juzgados y sentenciados a penas que fueron de reclusión perpetua
a diez años de prisión.
En 1997, después de su detención en
México, Enrique Haroldo Gorriarán Merlo y su compañera de ese entonces, Ana
María Sívori fueron condenados a cadena perpetua y 19 años de prisión
respectivamente.
En diciembre del año 2000, el
entonces presidente radical Fernando de la Rúa conmutó las penas de todos los
condenados en 1989, permitiendo que nueve de los once condenados por el ataque
terrorista que aún estaban encarcelados salieran en libertad en 2001, mientras
que los dos restantes (Felicetti y Acosta) fueron liberados recién en 2006.
El 20 de mayo de 2003, por decreto N°
1230/2003, el presidente Eduardo Duhalde indultó a todos los condenados por el
ataque terrorista al RIM 3, esto permitió a Gorriarán Merlo y Ana María Sívori
salir en libertad después de tan sólo seis años de cárcel.
No hubo ningún indulto para el mayor
Horacio Fernández Cutiellos y a los otros diez héroes (entre ellos cuatro
jóvenes soldados que prestaban el Servicio Militar Obligatorio) que perdieron
su vida defendiendo la ley y el orden constitucional en el Cuartel de La
Tablada por los delirios de un grupo de iluminados conducidos por un mercenario
loco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario