Ex
mandatarios y políticos progresistas se enriquecen con operaciones de
propaganda y lobby encubierto en favor de empresas multinacionales y gobiernos
dictatoriales.
AQUELLOS JARRONES CHINOS
El
socialista Felipe González, luego de dejar su cargo de presidente de Gobierno,
definió la condición de los ex mandatarios españoles diciendo: “Somos como grandes jarrones chinos en
apartamentos pequeños. No se retiran del mobiliario porque se supone que son
valiosos, pero están todo el rato estorbando.”
Sin
embargo, nada más alejado de ello en la realidad. En las últimas décadas, los
políticos jubilados en todo el mundo se han convertido en “celebrities” e “influencers” al servicio de la diplomacia pública.
Muy
lejos han quedado los tiempos -antes de que se crearan las pensiones para ex
presidentes- en que Harry Truman, al dejar la Casa Blanca en 1953, debió ir a
vivir con su suegra porque no tenía residencia propia y sus únicos ingresos
provenían de una pensión militar de escasos cien dólares. Algo similar ocurrió
con el ex presidente radical Elpidio González (1922 – 1928), quien después de
una larga trayectoria política como jefe de Policía, ministro y legislador, en
la vejez debió ganarse el sustento como vendedor de anilinas.
Hoy
los políticos, después de abandonar sus cargos, obtienen importantes beneficios
económicos, no sólo escribiendo libros de memorias sino también ingresando en
el circuito de conferenciantes internacionales y cobrando por posar en fotos
con empresarios y políticos en ascenso, necesitados de forjarse una imagen
internacional. También suelen cobrar por trabajos de “asesoría” y lobby en favor de empresas multinacionales y, lo que
es mucho más grave, ayudando a mejorar la imagen internacional de gobiernos
dictatoriales.
KISSINGER: EL PRECURSOR
Esta
práctica no es nueva, aunque actualmente ha crecido exponencialmente. En 1977 llegó
a la Casa Blanca el demócrata Jimmy Carter. El nuevo presidente hizo de la
defensa de los derechos humanos en todo el mundo el paradigma central de su
política internacional.
La
dictadura militar del general Jorge R. Videla, que gobernaba en Argentina, desde
el 24 de marzo de 1976, se convirtió en uno de los blancos principales de esta
política.
Fue
entonces cuando los militares argentinos decidieron contratar los servicios del
ex Secretario de Estado y premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger para mejorar
la imagen internacional del régimen.
Henry
Kissinger, que recién fundaría su firma de consultoría geopolítica
internacional “Kissinger Associates”
en 1982, brindó un importante asesoramiento que coronó con una visita de
respaldo en Buenos Aires, con la excusa de presenciar el Mundial de Futbol en
1978.
Entre
las recomendaciones formuladas por el ex Secretario de Estado cabe destacar, en
especial, la creación del Consejo
Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
Una ONG constituida
por diplomáticos, ex legisladores y ex ministros argentinos para impulsar la
inserción argentina en el mundo. Inmediatamente el CARI se transformó en
entidad corresponsal del Council on Foreign Relations y el Consejo de las Américas, entre otros foros internacionales.
En
1978, Henry Kissinger visitó la Argentina donde fue recibido con un trato
diplomático similar al de un jefe de Estado en ejercicio. Pronunció
conferencias con el recién constituido CARI y en la Universidad de Belgrano.
Concurrió al programa televisivo “Tiempo
Nuevo” para ser entrevistado por el periodista Bernardo Neustad. Se
fotografío presenciando sonriente un partido de futbol junto al dictador
Videla.
Incluso
compartió un almuerzo privado, en la Casa Rosada, con Videla y el embajador
estadounidense en Buenos Aires, Raúl Castro.
Durante
la visita, Henry Kissinger elogió continuamente la forma en que Argentina había
resuelto la “amenaza terrorista” y no
mencionó en ninguna ocasión ni a la democracia, ni a los derechos humanos.
Luego cobró sus abultados honorarios -que en esa época superaron el millón de
dólares- y partió.
Desde
entonces, con casi cien años, Henry Kissinger es uno de los mayores lobistas
internacionales y la lista de sus clientes por todo el mundo es un secreto muy
bien guardado.
Henry
Kissinger fue un precursor de lo que actualmente se denomina “diplomacia pública”, aunque sus
honorarios seguramente han sido inferiores a los que hoy perciben los grandes “influencers” de la política
internacional.
El ex
primer ministro británico Tony Blair, por ejemplo, después de pasar diez años
en Downing Street, factura a través de su firma de consultoría Tony Blair Associates más de treinta
millones de euros anuales. Esos ingresos le permiten pagar cómodamente los
35.000 euros mensuales que le demanda la hipoteca de su mansión londinense de
ocho millones de euros.
Muchos
de estas “celebrities” de la política
mundial gerencian sus conferencias a través de Harry Walker´s Agency, que representa a oradores profesionales
desde 1946, y que ha fichado a ex mandatarios y otras personalidades como el
alemán Gerhard Shröder, el brasileño Fernando Henrique Cardoso o el matrimonio
de Bill y Hillary Clinton.
Bill
Clinton, por ejemplo, que gestiona sus actividades de asesoría y conferencias.
A través de la Fundación Clinton Global
Initiative, ha visitado la Argentina para dar conferencias en varias ocasiones.
Arribó
al país, como ex presidente y conferenciante, en julio de 2001, invitado por el
portal gubernamental EDU.ar que
dirigía en ese entonces Antonio de la Rúa, hijo del presidente de la Nación.
Los asistentes a la conferencia abonaron una entrada de mil dólares, que se
incrementaba a cinco mil si el asistente deseaba una foto con el ex presidente
estadounidense.
Clinton
debe haber logrado una buena remuneración porque regresó al país para dar
conferencias, reunirse con políticos y empresarios y sacarse las tradicionales
fotografías en 2009 y 2011.
Después
de haber dado conferencias por todo el mundo, Bill Clinton, que cobra un
arancel de doscientos mil dólares más gastos de traslado y alojamiento, ha
recaudado por esta actividad más de cincuenta millones de dólares desde que
dejó la presidencia.
DE LA MONCLOA AL LOBBY INTERNACIONAL
Sin
embargo, los ingresos de estos grandes conferenciantes y lobistas palidecen
cuando se consigna lo que perciben por estas mismas actividades los ex jefes de
gobierno españoles.
Felipe
González, después de una estadía de catorce años en La Moncloa, integró durante
cuatro años el directorio de la empresa Gas
Natural Fenosa, con intereses en varios países latinoamericanos incluida
Argentina, cobrando un total de 560.000 euros.
En
2014, ganó otros 310.000 euros cuando la diminuta firma consultora Oyauri Investment que comparte con uno
de sus hijos fue absorbida por el gigante tecnológico Indra.
González,
además brinda servicios de gestión, intermediación, consultaría y asesoramiento
financiero, técnico y empresarial a través de dos firmas: “Tagua Capital” e “Ialcon
Consultoría”, esta última en asociación con sus tres hijos: Pablo, David y
María.
El ex
presidente de Gobierno se encuentra matriculado como letrado en el Colegio de
Abogados de Madrid con el número 14.129. Ha brindado servicios de asesoría y
lobby a la empresa Star Petroleum, radicada en Luxemburgo, pero de capital
español, para sus negocios en Sudán del Sur.
Felipe
González, muy ligado al grupo Prisa y a su antiguo presidente Juan Luis
Cebrián, ha brindado también asesoramiento a grandes empresarios
latinoamericanos como el venezolano Gustavo Cisneros o el mexicano Carlos Slim.
Su arancel por conferencia es de 30.000 euros.
No
obstante, los beneficios obtenidos por Felipe González son muy inferiores a los
que obtiene anualmente su sucesor, José María Aznar, que, a los 51 años, y en
el mejor momento de su vida profesional, se despidió del Palacio de la Moncloa
en 2004, después de ocho años como jefe de gobierno.
Al
dejar la Moncloa, Aznar se reinventó física y laboralmente. Inmediatamente
fichó para el Washington Speaker Bureau, firma especializada en la
representación de conocidos oradores. El caché de Aznar oscila entre 40.000 y
90.000 euros por sesión, alcanzando una recaudación anual de 350.000 euros tan solo
en este rubro.
También
da clases como distinguished fellow
(profesor distinguido) en la Universidad Johns Hopkins, desde 2011, dirige un
par de centros de estudios trasatlánticos con especial interés en
Latinoamérica. Asesora al menos a cinco empresas multinacionales (mineras,
eléctricas, de comunicación, servicios legales y auditoría y servicios
profesionales), participa en media docena de grupos de presión y think tank. Es un conocido “abre puertas” y lobista a través de su
propia sociedad de consultoría “Famaztella”
(acrónimo de familia Aznar – Botella) constituida en 2004.
Aznar
cobra un salario vitalicio, por su condición de ex presidente del Gobierno
(1996 – 2004), que asciende actualmente a unos 70.000 euros anuales. Además,
también dispone de por vida de un servicio de custodia, una secretaria y un
asistente personal pagados por el gobierno español.
Los ingresos
de Famaztella crecieron gracias a las ganancias que generaron sus conferencias
y libros. Por escribir tres volúmenes para la editorial Planeta cobró 600.000
euros. Sus títulos: “Ocho años de
gobierno”, “Retratos y perfiles: de
Fraga a Bush” y “Cartas a un joven
español”. En 2009, publicó, también con Planeta, “España puede salir de la crisis”.
Aznar
es también consejero de News Corporation,
el holding de medios de comunicación del magnate Rupert Murdoch. El ex
presidente del PP recibió, en 2009, unos 220.000 dólares por sumarse al Consejo
de Administración de News Corp y asesorar al conglomerado propietario de
diarios como The Wall Street Journal y
The Times y cadenas televisivas como CNBC
y Fox News.
Ese
mismo año, se sumó como consejero de Doheny
Global Group, una sociedad estadounidense del sector energético con
intereses en Europa del Este dirigida por el empresario Irwin Katsof,
cofundador de un grupo proisraelí y defensor de la energía nuclear. Además, es
consejero de la firma inmobiliaria estadounidense J. E. Roberts. Aunque se
desconoce cuales son sus ingresos por esas actividades.
La empresa
energética Endesa (propietaria de la argentina Edesur) lo contrató como asesor
externo para Iberoamérica por 200.000 euros anuales.
Tan
sólo en 2013, José María Aznar recorrió 380.093 kilómetros en sus viajes,
estuvo fuera de España 190 días y visitó veintidós países.
Para
llevar a cabo estas intensas actividades, tanto González como Aznar, han creado
amplias estructuras de apoyo, integradas por profesionales de la comunicación, escritores de libros, redactores
de discursos, asesores de imagen, secretarios para llevar su agenda y un community
manager.
Estas
actividades rentadas de propaganda encubierta y tráfico de influencias son
moralmente cuestionables cuando se realizan en provecho de una empresa multinacional
y totalmente condenables cuando se ejercen al servicio de gobierno dictatoriales
y hasta de grupos terroristas.
El
actor español, Javier Barden, por ejemplo, es un conocido lobista del grupo
separatista marroquí Frente Polisario. Ha filmado para este grupo una película
de propaganda –“Hijos de las nubes”-, que
es una burda pieza de desinformación. El filme fue financiado con el dinero que
Argelia destina al sostenimiento de las actividades internacionales del grupo
separatista.
LOS NEGOCIOS DEL PROGRESISMO
No
solo los políticos jubilados incrementan sus ingresos con trabajos de asesoría
y conferencias, también los hacen políticos en actividad y hasta legisladores en
ejercicio de cargos electivos.
La
dirigencia del partido antisistema español Podemos
ha obtenido abultados beneficios de la “venta
de servicios de asesoría” al régimen chavista de Venezuela y produciendo
programas de propaganda para la televisión iraní.
En los
últimos doce años, el gobierno venezolano pagó al Centro de Estudios Políticos y Sociales, una entidad dirigida por
la plana mayor de Podemos: Pablo Iglesias, Luis Alegre, Carolina Bescansa,
Iñigo Errejón, Alberto Montero y Juan Carlos Monedero, un total de cuatro
millones de euros en concepto de asesorías. Aunque la cifra puede ser mayor
debido a que parte de los pagos se efectuaron con dinero en efectivo y no quedó
registro de estos.
Según
el diario español ABC, el 75% de esos
fondos llegaron a España y el 25% se destinó a cubrir los gastos corrientes
(alojamiento, viáticos y pasajes) de los políticos españoles en Caracas.
El
flujo de dinero venezolano con que contaban los dirigentes de Podemos era de
tal envergadura que en algún momento intentaron comprar la señal televisiva de
Canal 33, por ese entonces tasada en 1,2 millones de euros.
No
obstante, el régimen chavista no fue el único sponsor con que contó en sus
inicios la dirigencia de Podernos.
El
secretario general del partido, Pablo Iglesias cobró 24 facturas por un valor
total de 97.610 euros, emitidas entre el 28 de diciembre de 2012 y el 11 de
noviembre de 2015 de la productora 360 Global Media S.L., gerenciada por el iraní
Azimi Mahmoud Alizadeh.
Entre
2012 y 2015 el Servicio de Radiodifusión de la República Islámica de Irán
transfirió a la productora 360 Global
Media alrededor de 9,5 millones de euros a través de cuentas domiciliadas
en paraísos fiscales.
Los
honorarios que percibía Pablo Iglesias se justificaban por la producción y
conducción del programa “Fort Apache”
que se transmitía por la señal televisiva iraní en español Hispan TV destinada al público peninsular y latinoamericano.
Incluso
el gobierno separatista catalán encabezado por el prófugo Carles Puigdemont
apeló a agencias de conferenciantes internacionales para reclutar
“observadores” amigos que dieran un viso de legalidad a la realización del
referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el gobierno español.
Primero
intentó contratar al ex primer ministro socialdemócrata de Holanda (1994 –
2002) y presidente del Club de Madrid (2009 – 2013) Win Kok. Pero el dirigente
holandés se negó a tomar parte de la farsa y debieron recurrir a otros
personajes menos escrupulosos.
Finalmente,
a través del think tank de los Países Bajos, The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) un equipo de una
veintena de “observadores
internacionales” encabezados por un ex embajador holandés con experiencia
en misiones de observación con organismos internacionales, Daan Evert, arribó
el 27 de septiembre y permaneció en Barcelona hasta el 3 de octubre,
supervisando la realización de la votación.
El HCSS percibió por esta operación 119.700
euros transferidos por el Govern a través de una transferencia del BBVA. El
dinero se destinó a cubrir los costos de alojamiento, traslado y honorarios de
los “observadores”.
Estas
revelaciones no hacen más que proporcionar pruebas y alentar sospechas sobre
otras operaciones políticas poco claras como la mediación ensayada por los ex
presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República
Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá) entre el gobierno de Nicolás Maduro y la
oposición venezolana.
La
mesa de diálogo ensayada en República Dominicana con auspicio del ex presidente
colombiano Ernesto Samper, Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el apoyo del Vaticano y
la OEA. Finalmente, sólo sirvió para que el régimen chavista ganará tiempo y
terminará convocando a unos comicios ilegítimos para el próximo 22 de abril.
Todo
hace pensar que las reuniones en Dominicana fueron nada más que una eficaz
cortina de humo sustentada en el prestigio político de los ex mandatarios.
Esa idea
encuentra mayor sustento cuando el presidente Nicolás Maduro pide públicamente
al Rodríguez Zapatero que dirija una misión de observadores internacionales
para supervisar los comicios venezolanos.
También
surgen sospechas de financiamiento ilícitoy operación de diplomacia pública cuando se ve confluir en un acto al ex
presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al líder de Podemos, Pablo Iglesias,
al coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, al secretario
general de UGT, Pepe Álvarez y al secretario internacional de cooperación de
Comisiones Obreras, Félix Ovejero.
Especialmente,
por que dicho acto es en apoyo a la cuarta reelección consecutiva del
presidente boliviano Evo Morales, en 2019.
La
constitución de Bolivia prohíbe la reelección del presidente por más de dos
períodos. El 21 de febrero de 2016, Evo consultó a la población si estaba de
acuerdo con modificar la carta constitucional para ser presidente por un nuevo
período. El No se impuso por el 51,3%.
El
revés no terminó con las aspiraciones de Evo Morales quien, en noviembre de
2017, logró que el Tribunal Supremo ignorara la letra de la constitución y la
voluntad popular expresada en las urnas, habilitando una ilegal cuarta
postulación.
Mientras
dentro de Bolivia crece la resistencia a un nuevo mandato de Evo Morales, el
presidente trata de manipular a la opinión pública internacional apelando al
apoyo, muchas veces bien remunerado, de sus eventuales aliados en otros países.
Todo
esto no son más que descaradas operaciones de diplomacia pública, una práctica
cada vez más empleada en la política internacional por los regímenes dictatoriales
que necesitan mejorar su imagen.
Lo particularmente
censurable es que se realice con la complicidad de políticos que presumen de democráticos,
éticos y progresistas.
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