Verano sin
plata en Argentina mientras el gobierno del liberal Javier Milei libra una dura
contienda contra la clase política y sindical que se atrinchera en sus
privilegios e intenta frenar sus reformas.
Después de un año en que han debido concurrir a las
urnas tres o cuatro veces y hacer frente a una inflación del 220%, la más alta
desde la hiperinflación de 1990, a comienzos del gobierno de Carlos S. Menem,
los argentinos se disponen a comenzar sus vacaciones o algo así.
Es el inicio de un duro y largo verano. La justicia ha
interrumpido su actividad debido al mes de feria de enero. Los programas
periodísticos de opinión o bien suspendieron sus emisiones hasta los primeros
días de marzo o los periodistas y conductores más prestigiosos y de mayor
audiencia han tomado vacaciones y dejado en su lugar a sustitutos. Aún las
series televisivas en los canales de pago han apelado a repetir sus programas del
año pasado, guardando las nuevas temporadas para más adelante.
En un proceso político en que los tiempos son
esenciales, la Argentina es hoy un país que se desacelera entrando en un
prolongado letargo que se prolongará hasta el 1° de marzo cuando el presidente
inaugure las sesiones del congreso y comiencen las clases en las escuelas y
colegios secundarios. Las universidades no iniciaran las clases regulares hasta
la primea semana de abril. Argentina no comenzará el año hasta después del
feriado de la Semana Santa, que este año precede al Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril.
Para esa fecha el gobierno espera contar con fondos
frescos provenientes de las exportaciones agrícolas para aliviar en parte su
situación económica.
Los argentinos vacacionan o lo intentan en medio de
las duras medidas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei.
La política de shock aplicada por Milei implica un
coctel de supresión de subsidios a las tarifas de los servicios públicos (gas,
agua y electricidad), combustibles, transporte público, devaluación del peso,
reestructuración del Estado suprimiendo dependencias y despidiendo empleados
contratados, reducción de planes sociales y supresión del control de las
organizaciones piqueteras sobre estos, entre otras medidas.
Mientras la población intentar asimilar las medidas
económicas y vacacionar como puede y por el tiempo que puede, políticos y
sindicalistas se aprontar a resignar sus vacaciones este verano.
La Resolución 943/2023, del ministerio de Seguridad un
protocolo para el mantenimiento del orden público destinado a “evitar los
cortes de la circulación de vehículos en la vía pública por piquetes y
manifestaciones callejeras, resguardando derechos protegidos por las normas
constitucionales, al habilitar que las expresiones de protestas se realicen
sobre las veredas”, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y la
Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, ley
ómnibus de 351 páginas y 664 artículos, los tienen a mal traer.
Además, el presidente convocó al Congreso a sesiones
extraordinarias para el mes de enero cortándoles el receso estival.
En realidad, los legisladores, políticos y
sindicalistas no trabajaron mucho durante el último año.
La Cámara de Diputados sólo sesionó en cuatro
ocasiones y aprobó una sola ley. Mientras que los sindicalistas peronistas nucleados
en la CGT se olvidaron de hacer paros generales durante los últimos cuatro años
pese al continuo deterioro de la situación económica de los trabajadores y el
incremento generalizado de la pobreza que supero al 43% de la población. En
esta forma los sindicalistas peronistas permitieron que Alberto Fernández sea junto
a Juan D. Perón los únicos presidentes en la historia argentina que nunca sufrieron
un paro general.
Las únicas movilizaciones convocadas por los
sindicalistas fueron para apoyar la candidatura presidencial del ministro de
Economía, Sergio Massa, quién fue responsable por la escalada de la inflación y
la devaluación del peso frente al dólar, en los últimos años.
Ahora, Milei amenaza los privilegios de que gozan
quienes constituyen “la columna vertebral del movimiento peronista”
desde 1946: los aportes “obligatorios” que todos los trabajadores
argentinos deben hacer a los sindicatos, la afiliación obligatoria a las obras
sociales sindicales para tener beneficios médicos y su reemplazo por la libre
posibilidad de afiliarse a empresas privadas de medicina prepaga y la supresión
de las convenciones paritarias.
Las convenciones paritarias son negociaciones entre
las centrales sindicales y patronales a los efectos de establecer los nuevos
incrementos salariales. Los gremios cobran del Estado una tasa por representar
a los trabajadores en estas negociaciones. Además, es una oportunidad para que
los líderes sindicales aparezcan como combativos y apliquen su “poder de fuego”
(es decir, su capacidad de paralizar al país con una huelga si sus demandas no
son atendidas) para obtener aumentos desmedidos de sueldos. En especial los
sindicatos de camioneros y bancarios. De allí el interés de los sindicalistas
en que se realicen paritarias.
Como se dice coloquialmente en Argentina, Milei les
toco “la caja” y por eso convocaron a un paro general, el pasado 28 de
diciembre, a menos de veinte días de asumido el nuevo gobierno.
Los sindicalistas anunciaron la medida de fuerza treinta
días antes de su implementación, el 24 de enero, para abrir una negociación
(por el momento reservada) con el gobierno y mientras tanto monitorear el humor
social y el nivel de apoyo a las medidas económicas implementadas en diciembre.
También los políticos se muestran preocupados. El
capítulo político de la “ley ómnibus” amenaza con revolucionar el
sistema político argentino al terminar con las “listas sábanas” en la
elección de diputados nacionales y reemplazarlos por los comicios en distritos
uninominales, implementar la “boleta única en papel” en las votaciones y
se eliminan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, entre otras
modificaciones.
Los legisladores también procrastinan las reformas en
el Congreso a la espera de que la crisis económica erosione el apoyo popular de
que goza el gobierno y les permita esgrimir argumentos sobre errores formales para
detener la mayor parte de las iniciativas presentadas por Milei.
Lógicamente, en 664 artículos hay muchas modificaciones
acertadas, otras objetables y que dependen de una correcta reglamentación y las
restantes medidas posiblemente deberían ser descartadas en su totalidad.
Pero, el gobierno insiste en que todos los artículos
sean aprobados en conjunto y presiona a los bloques aliados para que acompañen
el proyecto tal como fue presentados.
Milei teme que la clase política detenga sus
propuestas de reformas dilatando su tratamiento en el Congreso y forzándolo a
negociar y lograr mayorías para aprobar ley por ley en un proceso legislativo
que al ritmo de trabajo actual del parlamento demandaría una década para
concretarse totalmente.
Una modificación tan grande de las reglas de juego de la
sociedad argentina lógicamente afecta muchos intereses y negocios, suprime
regímenes impositivos de privilegio y monopolios como el existente en la
prestación de internet por cable que veda en todo el país a los prestadores de
internet satelital, eliminación de la pauta publicitaria oficial, etc.
Algunos de estos intereses son legales y legítimos,
pero la mayoría no lo es. Se trata de los mismos intereses y negocios que
llevaron al país a la crisis cuasi terminal que transita actualmente.
Lógicamente, esos poderosos intereses económicos
afectados por las reformas de Milei, llevan a cabo una intensa campaña de lobby
en la cual sus voceros recorren los medios periodísticos tratando de frenar las
nuevas medidas que los afectan y atacando al gobierno con los más diversos
argumentos.
Los diputados se resisten en el Congreso, los
movimientos piqueteros intentan hacerlo en las calles, mientras que los
sindicalistas y otros afectados pretenden frenar el DNU, que ya entró en vigor,
a través de la justicia, pese a la feria, mediante amparos que cuestionan su
constitucionalidad.
Es así como, el miércoles 3 de enero, la Cámara del
Trabajo en fallo dividido decidió aplicar una medida cautelar suspendiendo el
capítulo laboral del DNU 70/2023. Primera victoria parcial de los sindicalistas,
que, en un verano escaso de noticias de importancia, cobró en los medios una
repercusión desmedida.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El
Procurador General de la Nación, Rodolfo Barra anunció que apelará la medida
cautelar cuestionando la competencia de ese fuero y solicitará su pase al fuero
en lo contencioso administrativo. El gobierno sabe que la CGT ha “colonizado”
el fuero laboral y los jueces de este son sensibles a los intereses sindicales
en sus fallos. Precisamente, es por lo cual la CGT realizó su presentación en
este fuero.
Ante lo cual, el Procurador también acudirá a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en un recurso extraordinario solicitando que
determine la constitucionalidad del DNU.
Para torcer la mano de la oposición y lograr aprobar
las reformas, el gobierno en conversaciones privadas dejó trascender que
crearía una suerte de CONADEP de la corrupción.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
o CONADEP, fue una comisión independiente convocada, en 1983, por el presidente
Raúl Alfonsín.
La CONADEP, presidida por el escritor Ernesto Sábato e
integrada por conocidas personalidades de la sociedad civil, investigó las
violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el gobierno militar de
1976 a 1983. La CONADEP produjo el informe conocido como “Nunca Más”.
Ahora el gobierno de Javier Milei podría convocar a
una comisión independiente de similares características para investigar en
profundidad los hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos,
legisladores, gobernadores, intendentes y sindicalistas durante los gobiernos
kirchneristas desde mayo de 2003.
Una medida de ese tipo encontraría un inmediato
respaldo de la ciudadanía, de un sector de la clase política y especialmente de
los partidos y movimientos de izquierda.
En Argentina, suele decirse que nadie soporta “un
carpetazo” es decir una investigación detenida sobre su vida personal, sus
vínculos sentimentales y el origen de su fortuna. Es por lo que ningún
político, empresario o sindicalista está dispuesto a que se investigue su
patrimonio, como lo obtuvo y como se incrementó en las últimas décadas.
La amenaza de Milei, que no tiene nada que tener
porque no ha trabajado ni ocupado cargos en la función pública ni tiene un
abultado patrimonio que justificar, se torna muy real y preocupante para los
políticos, en especial porque el presidente ha demostrado que suele hacer lo
que promete.
En estas pujas transcurren los días de este peculiar
verano en Argentina donde la gente no tiene dinero, la inflación mensual supera
el 20%, los más pobres piensan en como comer y la empobrecida clase media trata
de rescatar algo de su vida anterior, mientras el gobierno de Milei se esfuerza
por sacar al país de la mayor crisis de su historia.
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