El asesinato
del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador nos mueve a pasar
revista a las innumerables veces que un candidato es eliminado para frenar
algún tipo de cambio político.
En el continente americano convertirse en candidato
presidencial puede ser una actividad de alto riesgo, especialmente en países
como México y Colombia, pero también lo es en Ecuador e incluso en Brasil.
Pasemos revista muy brevemente a algunos casos que
demuestran con que frecuencia los aspirantes a presidentes pagan con su vida sus
ambiciones políticas.
Comencemos por mencionar que, en Colombia, a comienzos
del siglo XX, el candidato presidencial general Rafael Víctor Zenón Uribe Uribe
(1859 – 1914) fue asesinado, el 15 de octubre de 1914, cuando caminaba por la
Plaza de Bolívar hacia el Capitolio Nacional (sede del Congreso colombiano).
Los asesinos fueron dos humildes campesinos:
Leovigildo Galarza y Diego Carvajal, quienes alcoholizados ultimaron al general
y senador Uribe a golpes de hachuela. Los asesinos, que habrían actuado bajo
los efectos del alcohol, fueron condenados a veinte años de cárcel.
En 1948, en Bogotá, fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán
Ayala, un político y jurista colombiano conocido como “El caudillo del
pueblo” o “El caudillo liberal”, candidato oficial del Partido Liberal
para las elecciones presidenciales de 1950.
El 8 de abril de 1948, Juan Roa Sierra disparó sobre
Gaitán varias veces con su revolver causándole la muerte.
El asesinato de Gaitán desató violentas protestas en
la ciudad de Bogotá, conocidas como “El Bogotazo” en que se destruyeron
142 edificios del centro de la capital colombiana.
La muerte de Gaitán abrió paso a décadas de cruentos
enfrentamientos entre conservadores y liberales que en Colombia se denomina
como “La Violencia”. Un período que dejó como saldo 300.000 muertos y la
migración forzada de más de dos millones de personas.
Durante los años de La Violencia se incrementó
en ese país el bandolerismo y surgieron los grupos guerrilleros, algunos de los
cuales luego se transformaron en carteles del narcotráfico.
No solo en las turbulentas repúblicas latinoamericanas
se registraron hechos de violencia electoral. También la democracia
estadounidense registra antecedentes de este tipo de magnicidio.
El 5 de junio de 1968, el candidato presidencial del
Partido Demócrata, el senador Robert Francis Kennedy, fue asesinado por el
palestino – jordano Sirham Bishara Sirham, de 24 años, quien le disparó a quemarropa
con un pequeño revolver Johnson Cadet, calibre 22, en el salón principal del
Hotel Ambassador de la ciudad de Los Ángeles.
Robert Kennedy, hermano del asesinado presidente John
Fitzgerald Kennedy (1963), aspiraba a suceder en la presidencia al también
demócrata presidente Lyndon Johnson.
Finalmente, el 17 de mayo de 1972, el racista
gobernador demócrata del Estado de Alabama, George Wallace, de 52 años, recibió
cinco disparos calibre 38, efectuados por Arthur Bremer, un joven blanco de 24
años.
Las secuelas del ataque dejaron a Wallace recluido en
una silla de ruedas, lo que no le impidió ser reelecto dos veces más. Como
gobernador de Alabama (1974 y 1983) Wallace fue un firme defensor de la
segregación racial que incluso impidió, en 1963, el ingreso de estudiantes
negros a la Universidad de Alabama. Su lema racista era: “Segregación ahora,
segregación mañana y segregación siempre”.
El domingo del 11 de octubre de 1987, el abogado colombiano
líder del partido Unión Patriótica, Jaime Hernando Pardo Leal, que había sido
candidato presidencial en las elecciones de 1986, regresaba con su familia de
su finca en la localidad de La Mesa, cuando un automóvil Renault 18 se puso a
la par de su vehículo y disparó contra él. Pardo Leal falleció por las heridas
recibidas.
Su muerte originó fuertes protestas populares que
dejaron un saldo de un policía y ocho manifestantes muertos. El asesinato fue
realizado por miembros del Cartel de Medellín cumpliendo órdenes emanadas de
Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”.
El sucesor de Pardo Leal como presidente del partido
Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa también resultó asesinado.
El 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán Sarmiento,
candidato presidencial del Partido Liberal Colombiano, fue asesinado por Jaime
Eduardo Rueda Rocha, Henry de Jesús Pérez, en el municipio de Soacha,
Cundinamarca, mientras pronunciaba un discurso.
El asesinato fue ordenado por los capos del
narcotráfico colombiano: Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y
Alberto Santofimio Botero.
El 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramillo, junto a su
pareja Mariela Barragán y 16 custodios pertenecientes al Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS), concurrieron a la Terminal Puente Aéreo de Bogotá para
tomar un vuelo. En ese lugar, un asesino de tan solo dieciséis años, Andrés
Arturo Gutiérrez Maya le disparó con una pistola ametralladora Mini Ingram.
Jaramillo resultó herido en el cuello, el tórax y el abdomen. Trasladado a una
clínica de la Policía Nacional, el candidato falleció antes de que los médicos
pudieran asistirlo. Gutiérrez Maya, el asesino de Jaramillo, a su vez, fue
ultimado en la cárcel más tarde.
Durante esos años, la Unión Popular sufrió el
asesinato de dos de sus candidatos presidenciales, ocho congresistas, trece
diputados, setenta concejales, once alcaldes y más de seis mil de sus
militantes a manos de grupos parapoliciales.
El sucesor de Jaramillo en la conducción de la Unión
Patriótica, Manuel Cepeda Vargas fue asesinado, en 1994, su reemplazante, Aida
Avella, debió partir al exilio, en 1996, después de sufrir un atentado contra
su vida.
El 26 de abril de 1990, Carlos Pizarro Leongómez,
máximo comandante del grupo guerrillero “Movimiento 19 de abril” (M-19),
entre 1986 y 1990, tras dejar las armas, firmar la paz con el gobierno y
reintegrarse a la vida civil, fue asesinado cuando era candidato presidencial
de la Alianza Democrática M-19.
El día de su muerte, Pizarro, como parte de su campaña
presidencial, abordó un vuelo a Barranquilla acompañado de sus custodios del
DAS. El asesino, un veinteañero llamado Gerardo Gutiérrez Uribe, alias “Jerry”
ingresó como pasajero al avión y una vez en vuelo, sacó del baño una pistola
ametralladora con la cual disparó contra el candidato provocándole heridas
mortales. El killer Jerry resultó ultimado por los mismos hombres del
DAS que debían haber protegido al candidato.
En la década de los años noventa, también México fue
escenario de cruentos hechos de violencia electoral.
El 24 de marzo de 1994, el senador Luis Donaldo
Colosio Murrieta, de 44 años, candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), que aspiraba suceder en el Palacio Nacional al presidente
Carlos Salinas de Gortari, fue asesinado por Mario Aburto Martínez de
veintitrés años.
Durante un evento en el asentamiento irregular denominado
Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, el asesino se acercó al candidato y
con un revolver brasileño, marca Taurus, de calibre 38 disparó cerca del oído
derecho de Colosio y cuando este cayo herido al piso lo remató con un disparo
al abdomen.
El 14 de abril de 2002, el candidato presidencial
colombiano Álvaro Uribe Vélez, del movimiento Primero Colombia, salió ileso de
un atentado con coche bomba, que provocó cuatro víctimas fatales.
Más tarde, el día de asunción del cargo de presidente,
el 7 de agosto de 2002, Uribe sufrió otro atentado por parte del grupo
terrorista FARC-EP, del que también resultó ileso pero que dejó diecisiete
muertos y veinte heridos.
Los terroristas de las FARC detonaron un cilindro bomba
y dispararon cuatro proyectiles de mortero contra el Palacio de Nariño, el
cuartel del batallón Guardia Presidencial y el sector de “El Cartucho” a
cuatro cuadras del palacio presidencial.
En Brasil, el 6 de septiembre de 2018, el candidato
presidencial del Partido Social Liberal, el diputado Jair Bolsonaro fue
apuñalado por Adelio Bispo de Oliveira, de cuarenta años, durante un acto en
Juiz de Fora, Estado de Mina Geráis.
Bolsonaro sufrió una herida que le atravesó una vena del
abdomen originándole una grave hemorragia, tres perforaciones en el intestino
delgado y otra en el colón transverso. Estas heridas hicieron temer por su vida
en un primer momento, pero, finalmente, el político brasileño se repuso después
de tres intervenciones quirúrgicas reparadoras.
Más recientemente, la violencia electoral llegó al
Ecuador. El candidato presidencial del Movimiento Construye, el periodista y
exdiputado Fernando Villavicencio, de 59 años, resultó asesinado el 9 de agosto
de 2023.
Villavicencio había realizado aproximadamente doscientas
sesenta investigaciones y denuncias por hechos de corrupción contra el
expresidente del socialismo del siglo XXI, Rafael Correa, algunas de las cuales
derivaron en la condena a ocho años de prisión para el exmandatario. Correa
debió refugiarse en Bélgica (su esposa Anne Malherbe Gosseline es de
nacionalidad belga) para escapar a la justicia de su país.
Un grupo de asesinos colombianos ultimó a Villavicencio,
cuando al salir de un acto proselitista en un colegio del norte de Quito, se encontraba
solo en un automóvil que carecía de blindaje.
Al momento de su muerte, Villavicencio se encontraba
segundo en las encuestas. Durante la campaña, el candidato del Movimiento
Construye había prometido terminar con la corrupción estatal y empresarial y
combatir el narcotráfico y el crimen.
La muerte de Villavicencio fue seguida por el
asesinato de Pedro Briones, dirigente de la Revolución Ciudadana, el movimiento
que responde a Rafael Correa, abatido por varios disparos efectuados por dos
hombres en una motocicleta cuando se hallaba en la puerta de su casa, ubicada
en la localidad de San Matero, en la provincia norteña de Esmeraldas. El
atentado, con un claro perfil de venganza, se efectuó tan solo cinco días
después del asesinato del candidato anticorrupción.
Tal como puede apreciarse, en el continente americano,
los magnicidios contra candidatos presidenciales son más frecuentes que los
atentados contra presidentes en ejercicio de sus cargos. Posiblemente, debido a
que los candidatos suelen contar con menor protección y están obligados por las
actividades propias de una campaña electoral a mantener mayores contactos con
la gente, los cual los deja más expuestos.
Por otra parte, los candidatos suelen efectuar
promesas de cambiar la situación existente y de luchar contra la corrupción y
la criminalidad organizada que los convierten en una amenaza para quienes se
benefician de esas actividades. Los posibles afectados por las promesas de
algunos candidatos disruptivos pueden pensar aplicar el refrán que dice: “muerto
el perro, se acabó la rabia”.
No puede sorprender entonces que, un candidato que
promete efectuar grandes cambios y terminar con la “casta política” y el
empresariado prebendario, como el economista liberal Javier Milei, el ganador
de las elecciones PASO en Argentina, el pasado 13 de agosto, se “cure en
salud” usando permanentemente un chaleco antibala y se rodee en los actos
de un gran equipo de seguridad personal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario