La vicepresidente de Argentina Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la administración pública.
Una Vicepresidenta condenada
Con esas palabras, una
alterada Cristina Kirchner reaccionó al escuchar su condena a seis años de
prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por
administración fraudulenta de los bienes del Estado Argentino.
La sentencia es el máximo de
la pena que para ese delito contempla el Código Penal de la Nación Argentina.
El fallo es de gran
relevancia institucional y política. Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta
en ejercicio y líder indiscutida de la coalición gobernante, el Frente de
Todos, su partido tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso y gobierna en 13
de las 24 provincias argentinas. Además, Cristina Kirchner fue diputada,
senadora y ocupó en dos ocasiones la presidencia de la Nación, entre 2008 y
2015. Nunca en la historia argentina un dirigente y funcionario de tanto peso
político fue condenado por corrupción durante el ejercicio de su cargo.
En Argentina, diversos
expresidentes fueron procesados después de dejar su cargo, pero solo uno
recibió una condena firme de cárcel. Entre los procesados figura Juan D. Perón
que fue procesado por estupro debido a que mantenía relaciones con una menor de
14 años (el tenía 59 años), Nelly Rivas, entre 1953 y 1955. La causa prescribió
mientras el expresidente permanecía en el exilio.
El único expresidente
condenado con sentencia firme fue Carlos S. Menem, que pese a sus muchos
procesamientos sólo fue condenado en 2015 (había dejado el gobierno en 1999) a cuatro
años y seis meses de prisión por pagar sobresueldos a sus ministros con los
fondos reservados de la entonces Secretaría de Inteligencia. Pero, nunca
cumplió la sentencia amparándose en sus fueros de senador nacional hasta el día
de su muerte en 2021.
El juicio
Ayer, 6 de diciembre, el
Tribunal Oral Federal N.º 2, compuesto por los jueces Jorge Gorini, como
presidente y Andrés Bassou y Rodrigo
Giménez Uriburu como integrantes, que juzgó a la expresidente y hoy
vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y a otros doce imputados bajo la
acusación de conformar una asociación ilícita y defraudación consistente en
favorecer en las licitaciones para adjudicar las obras públicas en la provincia
patagónica de Santa Cruz, al propietario de la firma “Austral
Construcciones”, el empresario Lázaro Báez. En Argentina, este juicio se
conoce como “la Causa Vialidad”.
Austral Construcciones
recibió durante las presidencias del matrimonio Kirchner, entre 2003 y 2015,
contratos para la construcción de obras viales en las rutas nacionales y
provinciales de Santa Cruz por valor de 46.000 millones de pesos. Durante el
juicio, la fiscalía cuantificó el perjuicio contra el erario en mil millones de
dólares.
El juicio por el fraude cometido en
la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz comenzó en mayo de 2019 en los
tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permaneció seis
meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de forma virtual en agosto de
2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
A lo largo de más de tres
años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se
debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional durante el
gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades (pagos
de sobreprecios, condonación de multas por incumplimientos de plazos, adelantos
de obra, etc.) en 51 obras públicas viales adjudicados a Austral
Construcciones.
Lázaro Báez, quien era un
humilde empleado bancario antes de que Néstor Kirchner se convirtiera en
presidente de la Argentina, fundó Austral Construcciones en 2003, cuatro días
antes de que su amigo Néstor jurara como presidente.
Entre 2004 y 2015, el
patrimonio de Lázaro Báez creció 12.000% y el capital de su empresa un 46.000%.
Durante ese período la firma patagónica tuvo un único cliente: El Estado
argentino.
Durante esos años, el
empresario y los Kirchner celebraron una veintena de acuerdos comerciales:
contratos de alquiler de hoteles, compra -venta de inmuebles, fideicomiso de
construcción, un terreno en condominio, entre otros, que generaron que Austral
construcciones garantizara ingresos por más de cuarenta millones de dólares
entre 2009 y 2015 al patrimonio de Cristina Kirchner.
Estos son los hechos que
llevaron a la actual condena: “Condenar a Cristina Elizabeth Fernández a la pena
de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos
por considerarla penalmente responsable del delito de administración
fraudulenta en perjuicio de la administración público en carácter de autor”.
Además de esta condena, Cristina
Kirchner enfrenta otros seis procesamientos judiciales. Su principal
preocupación es la causa denominada “Hotesur – Los Sauces” donde la
vicepresidenta esta procesada junto a sus hijos Máximo y Florencia, imputados
junto al empresario Lázaro Báez por el lavado de sesenta millones de dólares, a
través de maniobras de alquiler de propiedades que nunca se usaban.
La justicia sospecha que este era el
mecanismo por el cual Báez enviaba los “retornos” por los contratos de
obra pública al matrimonio Kirchner. En la investigación de esta causa, la
justicia encontró 5,5 millones de dólares en efectivo guardados en una caja de
seguridad bancaria a nombre de Florencia Kirchner. Esta última, es la única del
clan familiar que no esta protegida por fueros políticos y podría terminar en
la cárcel.
Me vuelvo a mi casa
Cristina Kirchner esta convencida que,
tanto el presidente Alberto Fernández, como los principales sindicalista y
dirigentes peronistas, le han soltado la mano dejándola sola frente a la
justicia.
Es por lo que, un tanto desestructurada
y exaltada, Cristina Kirchner reaccionó intempestivamente a esta primera condena
por corrupción, advirtiendo al peronismo que llegó al poder en cuatro ocasiones
poniendo el apellido Kirchner en su boleta electoral pero que eso ha terminado.
Terminante, amenazó “No seré candidata a nada, el 11 de diciembre de 2023 me
vuelvo a mi casa”.
Sin embargo, faltan muchos meses para
las elecciones y en Argentina los dirigentes acostumbran a cambiar de idea sin
ningún remordimiento. Así que todo puede pasar. Incluso la condena no esta
firme y puede ser apelada, en dos instancias ante la Cámara de Casación Penal y
la Corte Suprema de Justicia.
Por el momento, los fiscales del juicio
han manifestado que apelaran la condena pidiendo que se condene a Cristina
Kirchner también por “asociación ilícita”, agregando un poco más de tensión al
clima político argentino.
No hay comentarios:
Publicar un comentario