Un conjunto de
ONG presentó en Naciones Unidas un informe advirtiendo al Alto Comisionado para
los Derechos Humanos sobre la sistemática violación a los derechos humanos en
Argelia.
Argelia es una opaca democracia tutelada por las fuerzas
armadas que registra un largo historial en materia de violaciones a los
derechos humanos de su población. Pero, como es un proveedor importante de gas
y petróleo para la Unión Europea, usualmente logra escapar a las sanciones
internacionales que sí se aplican a otros Estados que violan los derechos
humanos.
Desde 2019 (para no mencionar las atrocidades cometidas
durante la guerra civil 1991 – 2002), el gobierno argelino ha desatado una
cruenta y sistemática represión contra los manifestantes del movimiento Hirak,
que demandan una mejora en la calidad de vida y el fin de un sistema político
corrupto y caduco, que despierta cada vez más críticas de las ONG y de diversos
organismos internacionales.
En noviembre de 2020, pese a la pandemia del COVID, la
Unión Europea aprobó una resolución en la que expresó su preocupación por la
falta respeto a los derechos humanos en Argelia y en especial con relación al
Hirak.
Los manifestantes suelen ser detenidos arbitrariamente,
se los tortura y luego son sometidos a procesos judiciales que culminan en
duras condenas de cárcel. Periodistas y abogados defensores también son
hostigados y no es extraño que también sean encarcelados.
El pasado 4 de noviembre un conjunto de trece
eurodiputados de varias formaciones se dirigió al Alto Representante para
Asuntos Internacionales y Política de Seguridad de la Unión Europea Josep
Borrell expresando su preocupación por la situación de al menos 266 miembros
del movimiento Hirak que siguen encarcelados.
Los eurodiputados demandaron la aplicación de la cláusula
de derechos humanos que consta en el Acuerdo de Asociación entre la Unión
Europea y Argelia de 2005, que consta en el Artículo 2 que establece el “respeto
de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos inspirará las
políticas internas e internacionales de las Partes y constituirá un elemento
esencial del presente Acuerdo.”
Una semana más tarde, el 11 de noviembre, durante la 41º
Sesión del Grupo de Trabajo de la Evaluación Universal Periódica del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, Argelia hizo su presentación, defendiéndose
de los cuestionamientos a su política represiva y a los hechos registrados de
violaciones a los derechos humanos en su territorio.
Recordemos que el Examen
Periódico Universal (EPU) es un proceso único que implica una revisión de los
historiales de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU. El EPU
es un proceso impulsado por los Estados, bajo los auspicios del Consejo de
Derechos Humanos, que ofrece la oportunidad de que cada Estado declare qué
medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus
países y para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.
La delegación argelina, que estuvo encabezada por el ministro de
Justicia, Abderrachid Tabi, fue seriamente cuestionada por varios Estados
occidentales (Estados Unidos, Reino Unido. Alemania, Canadá, España y otros)
debido a las violaciones a los derechos humanos que cotidianamente se producen
en Argelia.
La presentación realizada por la delegación argelina insólitamente
afirmó cooperar de “buena fue” con los mecanismos de control de Naciones
Unidas, hecho que resulta incompatible con la decisión del Comité contra la
Tortura (CAT) de no mantener más diálogos con Argelia por la reticencia de ese
país a brindar su sincera colaboración.
El gobierno argelino en diversas ocasiones ha impedido el acceso a
su territorio de los Relatores Especiales de Naciones Unidas con cancelaciones
de último momento. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e
Involuntarias (GTDFI), por ejemplo, espera desde hace veinte años visitar
Argelia y el Relator Especial sobre la Libertad de Reunión Pacífica vio
cancelada su última visita. Argel alegó en esa oportunidad restricciones
sanitarias debido a la pandemia de COVID 19.
En lo referido a la persecución desatada contra los militantes de
la Hirak, la delegación argelina alegó que los procesos judiciales contra los
activistas, periodistas, blogger y militantes de los derechos humanos, son
hechos poco frecuentes y que cuando se implementaron lo hicieron de acuerdo con
el código penal argelino y que la justicia local, al ser un poder independiente,
toma las decisiones que son correctas.
Tanta hipocresía exacerbó al conjunto de integrantes de un grupo
de quince ONG que organizaron en paralelo en una mesa redonda en la Maison des Associations, e
integrada por académicos, expertos en migración y defensores de los derechos
humanos provenientes de Suiza, Italia, España y de las provincias del Sur de
Marruecos.
Las ONG asistentes después de un prolongado debate acordaron
adoptar en conjunto las siguientes medidas:
seguir
seriamente preocupados por las graves violaciones de los derechos humanos en
Argelia, incluido el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica,
derecho de asociación y libertad de prensa.
Saludar
las recomendaciones formuladas por los Estados durante el EPU de Argelia,
realizado el 11 de noviembre de 2022 y que se relacionaba con: Violaciones de la libertad de opinión y
expresión y a la libertad de los medios de comunicación; prácticas relacionadas
con la trata de personas y violaciones sistemáticas derechos de los migrantes; el incumplimiento por parte del Consejo de
Derechos Humanos de Argelia de los Principios de París; la derogación de las enmiendas
al artículo 87 bis del Código Penal argelino que contener una definición amplia
de terrorismo; el incumplimiento de la legislación argelina con los convenios
acuerdos internacionales ratificados; o la ratificación de ciertos instrumentos
internacionales, como la Convención Internacional para la Protección de Todas
las Personas contra Desapariciones Forzadas, el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura; el
reclutamiento de niños en los campamentos de Tinduf y la necesidad de cooperación
con el Representante Especial del Secretario General de la ONU para el destino
de niños en conflictos armados;
Las
ONG también expresaron su preocupación con respecto a las represalias sufridas
por los 250 presos de conciencia acusado de terrorismo; por la expulsión masiva
de más de 17.000 inmigrantes subsahariano y por el aumento de graves
violaciones de derechos humanos de la población que permanece retenida contra
su voluntad, sin documentación y sin censar en los campamentos de Tinduf.
Por lo
tanto, emitieron una resolución en la que resolvieron:
1) Instar
a Argelia a aceptar las recomendaciones de los Estados relativas al respeto de
libertad de expresión, opinión, asociación, reunión pacífica y religión;
2) Pedir
la liberación de los 250 presos de conciencia recluidos bajo los cargos de
terrorismo;
3) Exigir
al gobierno argelino a poner fin a las prácticas sistemáticas de expulsión
migrantes
que son abandonados en el “punto cero” del desierto;
4) Demandar
a Argelia, como miembro recientemente elegido del Consejo de Derechos Humanos
seres humanos, el respeto a sus obligaciones internacionales ratificando los convenios
y protocolos vinculados con esta materia;
5)
pedir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que
garantice el respeto al carácter civil de los campamentos de Tinduf impidiendo
que se estaciones allí las milicias armadas del Frente Polisario y el
reclutamiento de niños soldados y la implementación de un censo de la
población;
6)
invitar a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas a establecer programas de rehabilitación para niños soldados en
los campamentos de Tinduf y la implementación de medidas específicas que protejan
a los pobladores de los campamentos contra los abusos y la violencia desatada por
los grupos terroristas que operan en la región del Sahel y el Sahara.
Después
de analizar estos hechos, resulta evidente que Argelia se ha convertido en un
Estado que viola los derechos humanos, no solo de sus habitantes, sino también
de los migrantes que ingresan a su territorio y de la población marroquí de
origen saharaui que Argel retiene ilegalmente en los infames campamento de
Tinduf.
Por lo
cual, se hace cada vez más necesario que la comunidad internacional haga cesar
esta sistemática violación a los derechos humanos aplicando sanciones
económicas y diplomáticas que aíslen al gobierno argelino controlado por
militares antidemocráticos haciendo cesar sus atropellos a los principios rectores
de Naciones Unidas y al mismo tiempo, impidan que Argel siga adquiriendo y
acumulando grandes volúmenes de armamentos que desestabilizan el Norte de
África.
el
carácter de Estado violador de los derechos humanos que ha sumido Argelia es
cada vez más evidente en el mundo y que se acerca el momento en que la
comunidad internacional implementará sanciones económicas y diplomáticas para
proteger al pueblo argelino del conjunto de militares antidemocráticos y
violadores de los derechos humanos que lo gobierna desde su independencia en
1962.
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