Durante décadas los corruptos dirigentes
del separatista Frente Polisario han lucrado ilegalmente con el desvío de la
ayuda humanitaria destinada a los campos de Tinduf, ahora sus negocios han
tomado tal dimensión que no pueden ser ocultados.
Desde hace décadas el Frente Polisario y
Argelia saquean sistemáticamente la ayuda humanitaria que organizaciones
internacionales envían para la población de los campamentos de Tinduf. Al menos
cien millones de euros han sido desviados clandestinamente para financiar
actividades políticas y el lujoso tren de vida de los altos mandos
involucrados.
En las últimas dos décadas diversas
organizaciones humanitarias y la prensa internacional (entre las que se cuentan
Agence France Press -AFP-, la web EUtoday.net y la propia Alternative Press
Agency) han estado denunciando los delitos de lesa humanidad vinculados al
sistemático robo de ayuda humanitaria que lleva a cabo el Frente Polisario con
la participación y complicidad del gobierno de Argelia.
A estas denuncias se han sumado organizaciones
como la ONG Organización Acción Internacional para el Desarrollo en la Región
de los Grandes Lagos (AIPD), con sede en Ginebra, la European Strategic
Intelligence and Security Center (ESISC) y personalidades destacadas como
Kristalina Georgieva, ex Comisaria Europea de Cooperación Internacional, la
eurodiputada del partido democristiano alemán Ingeborg Grassie, presidenta de
la Comisión de Presupuesto del Parlamento Europeo, el eurodiputado francés
Nicolas Bay, el experto sueco Bjorn Hultin, asesor del Parlamento Europeo y
Fateh Ahmed Ould Mohamed Fadel Ould Ali Salem, quien fuera conocido con el
alias de “Ahmed Felipe”, antiguo miembro de la Dirección de Seguridad
del Frente Polisario, entre otros.
Incluso, el Secretario General de Naciones
Unidas, Antonio Guterres, informó en octubre de 2021 a los miembros del Consejo
de Seguridad que el Frente Polisario ha estado desviando ayudas humanitarias y
fondos destinados a los campamentos de Tinduf.
Desde que se conocen las pruebas documentales
recopiladas desde 2003 por la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF) y
que tomaron forma en un informe de 25 páginas fechado en 2007 y que
misteriosamente se mantuvo ocultó hasta 2015, se sabe con certeza que los altos
mandos del Frente Polisario con el apoyo de funcionarios argelinos desvían
parte de los productos alimenticios y sanitarios enviados a cubrir las
necesidades de la población marroquí retenida, desde hace más de cuarenta años,
en los campamentos de Tinduf, en el sur de Argelia.
El procedimiento por el cual se apropiaban
indebidamente de la ayuda humanitaria y su posterior comercialización por parte
del Polisario y los responsables argelinos se implementaba de manera
sistemática, organizada y de carácter mafioso durante años. El ilícito se
iniciaba en el puerto de Orán, al norte de Argelia, donde desembarcaba la carga
procedente del puerto español de Alicante. Allí la carga debía pagar un arancel
aduanero del 5% que iba a parar al fisco argelino.
El trayecto entre el puerto de Orán y el
campamento de Rabuni, al sur de Tinduf, que opera como centro de distribución,
es efectuado exclusivamente por dos empresas de transporte argelinas que son
las únicas autorizadas a ingresar a los campamentos. Los embarques son
trasladados sin manifiestos de carga y en camiones que no están precintados. El
traslado de las mercancías, que como máximo puede demandar cinco días, suele
demorar hasta 48 días.
Una vez en los campamentos, los habitantes no
cuentan con “tarjetas de
racionamiento” ni firman recibo alguno de ninguna forma por
los productos efectivamente recibidos. Con lo cual resulta imposible saber,
cuanta ayuda llega y que destino recibe en los campamentos.
Recordemos que el 94% de la población de los
campamentos de Tinduf se alimenta gracias a las raciones enviadas por el
Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. La dieta consiste en cereales
(arroz, cebada, harina de trigo), legumbres, aceite vegetal, azúcar, pasta y
algo de leche. Pocas veces carne, huevos, y mucha menor cantidad de verduras y
fruta fresca que reciben una vez al mes.
Buena parte de la carga recibida en Rabuni
termina en depósitos clandestinos en El Rachid, El Jazhouani, El Hafed, Tijara,
en Khila y Mijik. Estos almacenes clandestinos se emplean también para ocultar
parte de las mercancías extraídas de los almacenes oficiales a los efectos de
luego solicitar a los donantes extranjeros una asistencia suplementaria.
En 2013, denunciaba el periodista español
Ignacio Cembrero: “De las cantidades sustraídas, parte son puestas a la
venta en sus envases originales, en los que figura el nombre de ECHO, la
agencia de ayuda humanitaria de la Comisión Europea. A veces, sin embargo, para
disimular son trasvasadas a otros envases. En los sacos originales se
introducen entonces productos de peor calidad que se distribuyen como si fuera
la ayuda humanitaria sufragada por Bruselas. Para hacer estos trasvases se
crearon almacenes clandestinos.”
Recordemos que tanto Argelia como el Frente
Polisario impiden la visita de funcionarios de ACNUR -la Oficina de Naciones
Unidas para los refugiados- y de miembros de las ongs humanitarias que donan
ayuda a los campamentos, sin previo aviso.
Estos productos, que en general están envasados
y etiquetados como “ayuda humanitaria no comercializable” son
ilegalmente comercializados más tarde, a través de las mafias internacionales
que controlan los tráficos ilícitos en el Sahel, en los mercados informales de
Mauritania, Mali, Chad y Nigeria.
El desvío de ayuda humanitaria es posible
porque los administradores de los campos, es decir, el Frente Polisario y el
Ejército de Argelia, informan de la existencia de un número mayor de pobladores
de los que realmente existen para recibir un mayor volumen de productos de los
que realmente necesitan.
Así, el Frente Polisario solicita ayuda
humanitaria para 170.000 residentes en los campamentos, mientras que
observadores independientes aseguran que la población estable en el lugar no
supera las 90.000 personas.
Recordemos que el Frente Polisario se niega a
la realización de un censo de la población radicada en los campamentos a la
cual mantiene en la condición de “indocumentados”, condición que viene desde la
ocupación colonial española. En 1974, los españoles realizaron un censo
muy precario y discutido, y se emitieron algunas tarjetas cartón blanco que oficiaban
de documentos de identidad españoles.
En general se trata de miembros de tribus
numerosas asentadas en una amplia zona geográfica que comprende el Sur de
Marruecos y Argelia, el Norte de Mauritania, llegando incluso al Noreste de
Mali. Es por ello, que Argelia intentó reforzar la población de los campos con
habitantes de Mauritania a los que prometía dinero y ayuda si se trasladaban
allí.
Las autoridades del Frente Polisario impiden a
los residentes hablar con el personal de ACNUR o de la MINURSO (Misión de
Naciones Unidas para la Realización del Referéndum en el Sáhara Occidental) sin
la presencia de un funcionario de seguridad del grupo separatista.
Durante años, tanto Naciones Unidas, Unicef, la
Medialuna Roja, Human Rights Wacht, la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda
Humanitaria y Protección Civil (HECHO), , etc., se han negado a reducir sus
embarques de ayuda humanitaria bajo el argumento de que el Frente Polisario
seguiría “desviando” el
mismo volumen de productos por lo cual la reducción solo afectaría a la
población retenida que vería seriamente disminuidas sus raciones alimenticias.
En esta forma, estas organizaciones han
financiado al Frente Polisario y a Argelia en la última década con al menos
cien millones de euros (a razón de diez millones de euros por año) que
contribuyeron a financiar las actividades internacionales de “propaganda y
activismo” en los foros internacionales.
Todo ello sin contar con el robo de parte de
estos embarques para beneficio personal de miembros corruptos del Ejército
argelino y de las milicias polisarias que se enriquecen, al margen de la
operación oficial de desvío de ayuda humanitaria, con el robo para
enriquecimiento personal.
Es así como miembros corruptos del Frente
Polisario han adquirido lujosas propiedades en Europa, especialmente en el sur
de España, Canarias, las Islas Baleares y Bélgica. Funcionarios que solo pisan
los campamentos de la hamada argelina para cumplir con conmemoraciones
oficiales que no pueden eludir.
Así por ejemplo, Mohamed Salem Ould Salek, que
se atribuye el título de ministro de Relaciones Exteriores de la inexistente
República Árabe Saharaui Democrática, y que para ello frecuenta América Latina
se ha enamorado tanto de la región que ha abierto una clínica médica en Panamá
y su hijo acaba de abrir otra en un barrio exclusivo de Guayaquil, en Ecuador,
siguiendo con los negocios familiares. Ambos establecimientos constituyen una
inversión de varios millones de dólares y se financiaron con el dinero robado a
los pobladores de Tinduf.
El próspero negocio ilícito de robar ayuda
humanitaria es una de las causas principales por las cuales el gobierno
argelino y el Frente Polisario se oponen sistemáticamente a la Propuesta para
la Negociación de un Estatuto de Autonomía de la Región del Sáhara presentado
por el Reino de Marruecos como única alternativa justa y posible al conflicto
del Sáhara.
Si los campamentos de Tinduf desaparecen, con
ellos termina un próspero negocio ilegal que financia la dispendiosa vida de
los funcionarios corruptos involucrados en el robo de ayuda humanitaria.
No hay comentarios:
Publicar un comentario