La Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador lleva adelante desde el 13 de junio un paro nacional que
ya ocasionado cuatro muertos y más de cien detenidos en demanda de medidas
económicas de carácter social que amenaza la estabilidad del gobierno del
banquero liberal Guillermo Lasso.
Guillermo
Lasso asumió la presidencia del Ecuador el 24 de mayo de 2021, luego de derrotar
a Andrés Arauz, el joven economista apoyado por el expresidente Rafael Correa.
El
banquero liberal había resultado segundo en la primera ronda electoral, con tan
sólo el 19,7% de los votos emitidos. Por lo tanto, asumió la presidencia sin
tener los escaños legislativos suficientes para hacer aprobar sus iniciativas
fundamentales en el Congreso.
Desde el
inicio de su gestión, Lasso ha tratado de establecer una relación constructiva
con el movimiento indigenista reunido en la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), fundada en 1986.
Del 4
de octubre al 10 de noviembre de 2021 el presidente Lasso se reunió con los
líderes de la CONAIE en el Palacio de Carondelet. A finales de ese mes, el
movimiento indigenista se retiró de las negociaciones aduciendo falta de
respuesta por parte del gobierno.
A
partir de ese momento las relaciones entre el Gobierno y los indígenas fueron
deteriorándose. En un intercambio de descalificaciones en que el presidente
Lasso calificó de “anarquista” al presidente de la CONAIE, ingeniero Leónidas
Iza y este a su vez acusó al mandatario de “evasor de impuestos” y de
adoptar una “actitud fascista”.
La CONAIE
lideró en el pasado protestas callejeras y paros que derrocaron a tres
mandatarios ecuatorianos entre 1997 y 2005. También protagonizó violentas
protestas en 2019 (que dejaron un saldo de 7 muertos, 1.340 heridos y 1.152
detenidos) y en 2021.
Los
indigenistas presentaron al presidente Lasso una propuesta de diez exigencias
no negociables. La principal de ellas es la reducción de los precios del
combustible a U$S 1,50 dólares para el galón de 3,78 litros de diésel y a U$S
2,10 para la gasolina de 85 octanos.
Además,
demandaron precios más económicos para los agricultores, campesinos,
transportistas y pescadores.
Entre
mayo de 2020 y octubre de 2021, el diésel casi duplicó su valor en Ecuador,
pasando de U$S 1,00 a U$S 1,90, y la gasolina extra subió un 46%, al incrementarse
de U$S 1,75 y U$S 2,55.
La
CONAIE además, demanda una moratoria para cuatro millones de personas,
renegociación de deudas y reducción de las tasas de interés en el sistema
financiero privado, la suspensión del embargo de bienes o propiedades por falta
de pago de las deudas. También pide preciso “justos” para los productos
agrícolas, aplicación de políticas públicas para detener la precarización
laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular.
Ante la
falta de una respuesta favorable el movimiento indigenista inició el paro el lunes
13 de junio con gran acatamiento. La movilización incluyó piquetes en las
principales rutas y protestas en el centro de Quito.
En la
madrugada del martes 14, Lasso ofreció un primer mensaje al país, en el que se
centro en los “actos vandálicos” ocurridos durante las protestas.
El
viernes 17, el presidente anunció algunas medidas destinadas a “aliviar la
difícil situación de las familias ecuatorianas” entre las que figuran:
-
Incrementar el bono de desarrollo humano de U$S
50 a U$S 55.
-
Declarar en emergencia al sistema de salud
pública.
-
Duplicar el presupuesto destinado a la
educación intercultural.
-
Subsidiar hasta el 50% en el precio del
fertilizante urea a pequeños y medianos productores.
-
Condonación de todos los créditos vencidos
hasta los U$S 3.000 en BanEcuador.
-
Crédito agrícola de hasta U$S 5.000 al 1% de
interés y a un plazo de 30 años.
-
No incrementar el precio del diésel, el gas y
la gasolina extra y ecopaís.
-
No promover privatizaciones de servicios
públicos y sectores estratégicos.
La CONAIE
rechazó las medidas del presidente alegando que no daban respuesta a sus demandas.
El
presidente replicó, ese mismo día, estableciendo el “Estado de excepción”
en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Chimborazo Pastaza y
Tungurahua por treinta días. La medida implica limitación a las concentraciones
de personas, toque de queda que restringe la libertad de tránsito desde las
22.00 a las 05.00 hs. en el Distrito Metropolitano de Quito.
Mientras
que en su cuenta de Twitter, Lasso grabó un video declarando desafiante: “Ellos
buscan el caos, quieren botar al presidente, yo estoy aquí, yo no voy a escapar”.
Al
mismo tiempo, el presidente emitió el Decreto Ejecutivo 457, en el que se
establecieron “lineamientos para la optimización del gasto público”. El Estado
ecuatoriano se encuentra sobreendeudado (debe unos 60.000 millones de dólares)
y tiene un déficit fiscal de 3.000 millones al año.
El
decreto consta de 40 artículos en los cuales se establece la reducción del
gasto estatal, afecta los salarios de los funcionarios públicos, horas extra y nuevas
contrataciones.
El
decreto tuvo el efecto de sumar nuevos sectores a la protesta. Desde el Frente
Unitario de Trabajadores rechazaron esta medida gubernamental, al considerar
que estaba orientada a “despedir a los trabajadores”. En forma similar
se expidieron el representante de la Unión General de Trabajadores de Ecuador,
José Villavicencio y la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel
Vargas.
Mientras
tanto, la Policía Nacional informó el martes 21, la muerte de 4 manifestantes
(uno por desbarrancamiento y 3 por manipular un artefacto explosivo), 79
policías heridos, 27 retenidos y luego liberados, 20 patrulleros incendiados y
un estación policial destruida en la ciudad de Puyo, ataques al local del Banco
de Guayaquil, la Cruz Roja y la sede central de la Fiscalía General de Estado
de Ecuador, en Quito.
El
martes 21, por la noche el ministro de Defensa, Luis Lara Jaramillo, advirtió
que las fuerzas armadas “contemplan con enorme preocupación la manipulación
de la protesta social”, y afirmó que “Estas acciones coinciden con el brutal
ataque que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el
crimen organizado. Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana, se
trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar
contra la democracia”.
Es
así, como el Ecuador transita su segunda semana de violentas protestas callejeras
protagonizadas por el movimiento indigenista sin que por el momento se pueda
vislumbrar una salida al crisis o que sus protagonistas se muestren dispuestos
a llevar a cabo una negociación para poner fin a la misma.
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