PELIGRA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN EL PERÚ

Tan solo ocho meses fueron suficientes para que el presidente peruano Pedro Castillo condujera a su país a una nueva crisis de gobernabilidad que amenaza con convertirse en terminar.

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Desde hace tres décadas los militares sudamericanos han retornado a sus cuarteles olvidando toda ambición de protagonismo político. Sin embargo, los gobiernos constitucionales no han logrado en muchos países consolidarse. Diversos presidentes sudamericanos se vieron forzados a renunciar a sus cargos o fueron destituidos por sus Congresos.

Algunos presidentes incluso terminaron sus gestiones y fueron encarcelados, están prófugos de la justicia de su país (el peruano Alejandro Toledo y el ecuatoriano Rafael Correa) e incluso uno (el peruano Alan García Pérez) incluso eligió el suicidio antes que la cárcel.

En este contexto de inestabilidad regional Perú es uno de los países más afectados por los problemas de gobernabilidad.

La renuncia de Alberto Fujimori a su ilegítimo tercer gobierno -y su huida al Japón en noviembre de 2000-, llevó al interinato de Valentín Paniagua hasta julio de 2001.

El nuevo presidente, un economista de origen humilde formado en los Estados Unidos, que logro capitalizar el descontento popular contra la corrupción de era de Fujimori.

Toledo terminó su gobierno sumido en el desprestigio de no haber solucionado los problemas económicos y de desarrollo del país.

El eclipse de Toledo dejó el camino abierto para el retorno al poder del APRA de la mano de Alan García al cual los peruanos mágicamente le perdonaron los pecados cometidos durante su primer gobierno (1985 – 1990): la represión ilegal del terrorismo de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, la corrupción descontrolada y la hiperinflación final de su gobierno. Con más edad y experiencia Alan García apeló a un discurso más moderado y a la ortodoxia económica para derrotar al ex militar nacionalista de izquierda Ollanta Humala que ofrecía una propuesta de corte chavista.

Para sostenerse en el gobierno, Alan García debió apoyarse en el fujimorismo que conducía la hija del ex presidente, Keiko Fujimori.

La amenaza del retorno de fujimorismo de mano de Keiko, quien había oficiado de “primera dama” durante el gobierno de su padre, posibilitó finalmente el triunfo de Ollanta Humala en 2011.

Cinco años después, la presidencia terminó en manos del empresario liberal Pedro Pablo Kuczynski que conformó un gobierno de tecnócratas y que no pudo gobernar por el estallido del escándalo Odebrecht.

El Perú post Fujimori, con gobiernos impopulares y con altos niveles de corrupción, fue el escenario propicio para la constructora brasileña Odebrecht repartiera sobornos entre los políticos para obtener jugosos contratos de obra pública.

El escándalo estalló hacia fines de 2017 y llevo a la cárcel a Ollanta Humala y a su esposa, al suicidio a Alan García y al exilio forzado en Estados Unidos a Alejandro Toledo.

Pedro Pablo Kuczynski finalmente renunció el 23 de marzo de 2018 y paso a cumplir arresto domiciliario.

Pero no solo los presidentes peruanos terminaron en la cárcel por corrupción. La líder del opositor partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori fue detenida en prisión preventiva entre el 10 de octubre de 2018 bajo cargos de lavado de dinero y corrupción vinculada a la empresa Odebrecht. Recién recuperó la libertad el 30 de abril de 2021.

La presidencia fue ocupada por el vicepresidente Martín Vizcarra quien terminó disolviendo el Congreso y convocando a elecciones parlamentarias en enero de 2020.

El nuevo Congreso destituyo al presidente Martín Vizcarra en noviembre de 2020. Su sucesor fue el presidente del Senado Manuel Merino que sólo logró mantenerse en el cargo cinco días. La dura represión a una protesta popular que dejó dos muertos lo obligó a renunciar el 17 de noviembre. Fue reemplazado por Francisco Sagasti.

EL TURNO DE PEDRO CASTILLO

En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 6 de junio de 2021, el maestro rural Pedro Castillo se impuso por tan sólo 40.000 votos a Keiko Fujimori quien fracasó en su tercer intento por alcanzar la presidencia. En la primera ronda electoral, Castillo había obtenido tan sólo el 18,9% de los votos.

Pedro Castillo llegó a la presidencia con el apoyo de menos de uno de cada cinco peruanos y solo por el rechazo que causaba la figura de Keiko Fujimori en el electorado.

El partido que impulsó su candidatura Perú Libre, una formación política que se define como marxista leninista y mariateguista de cuna maoísta, en realidad responde a la conducción del neurocirujano Vladimir Cerrón, quien no pudo ser candidato por que pesa sobre él una condena de tres años y nueve meses por corrupción.

En una legislatura fragmentada en diez bancadas distintas, Perú Libre solo cuenta con solo 36 de los 130 diputados.

Además, el gobierno de Castillo se inició sin suficientes cuadros técnicos ni una propuesta seria de gobierno. Tanto el presidente como la mayoría de sus colaboradores ignoraban los rudimentos del funcionamiento de la administración pública.

En esta forma transcurrieron los primeros ocho meses de gestión pasando de una crisis a la siguiente.

La actual crisis se originó el pasado 28 de marzo con una huelga de camioneros que realizaron cortes de ruta en el sur del país. La protesta se originó en el alza de los precios del combustible. A ello se sumaron sectores populares que reclamaban por el alza de los precios.

El gobierno peruano enfrenta un serio problema inflacionario. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI) el alza interanual del mes de marzo fue del 6,82 el nivel más alto de incremento desde 1998. Incluso el FMI, el FMI, ese mismo mes, corrigió en alza su estimación de inflación anual para el Perú, en 2021, pasando del 2,9% al 3,6%.

Los huelguistas provocaron cortes temporales y parciales en rutas que, en algunos casos derivaron en saqueos y cobros extorsivos de peajes a quienes estaban necesitados de atravesar los piquetes,

Pronto comenzaron los incidentes entre huelguistas y policías que intentaban desalojarlos y abrir las rutas al tránsito produciéndose detenciones, heridos y cuatro muertos.

En respuesta a los incidentes violentos, el presidente Castillo decreto sorpresivamente un toque de queda diurno para el martes 5 de abril en la ciudad de Lima y el vecino puerto de El Callao. La medida inconstitucional suponía el estado de emergencia, que facultaba a la policía a ingresar a las viviendas particulares y realizar detenciones sin necesidad de orden judicial eliminando también un conjunto de derechos ciudadanos. Adicionalmente, la medida suponía prohibir la movilidad de los ciudadanos, suspender las actividades laborales y el funcionamiento del Congreso.

A pesar del toque de queda, miles de personas salieron a las calles el martes. En barrios acomodados y de clase media hubo movilizaciones en contra del gobierno reclamando la renuncia de Castillo, aunque el presidente derogó la medida.

Los incidentes más serios entre la policía y los manifestantes, se produjeron en proximidades del Congreso, también resultaron atacados el edificio de la Corte Superior de Justicia en Lima y otras oficinas públicas en diversas ciudades del país.

Hasta el momento, se ha registrado un total de cinco muertos, un centenar de heridos entre ellos gran cantidad de policías y un número indeterminado de personas detenidas.

Ante el crecimiento del descontento popular surgieron pedidos de renuncia al presidente Castillo de otros sectores.

El tradicional periódico “El Comercio”, por ejemplo, publicó el miércoles 6, un editorial titulado “Presidencia Insostenible” donde se consignaba: “Los hechos de ayer confirmaron que lo mejor para el país sigue siendo que el presidente Pedro Castillo de un paso al costado.”

La posibilidad de renuncia o destitución por “vacancia del presidente” (juicio político por parte del Congreso) fue incluso considerada posible por uno de sus ministros.

El primer ministro del Perú, Aníbal Torre, durante una entrevista telefónica para la emisora colombiana “Blue Radio” respondió con un “En Perú todo es posible” a la pregunta sobre si la convulsión social y política podía poner fin al gobierno de Pedro Castillo.

Si bien durante el miércoles no se produjeron incidentes, hoy jueves la crisis dista mucho de estar superada y en los ambientes políticos de Lima se especula con un cambio de gabinete (sería el quinto en ocho meses).

En caso de que el presidente Pedro Castillo renuncie o sea destituido, lo reemplazaría la vicepresidenta Dina Boluarte, pero ella dio a entender que por lealtad también dimitiría.

No obstante, habría que esperar al desarrollo de los hechos para conocer este desenlace.

Por el momento, la gobernabilidad democrática en el Perú se encuentra pendiente de un hilo.