Después de instalar el estado de excepción,
el pasado 25 de julio, disolviendo el gabinete y suspendiendo al Parlamento, el
presidente Kaïs Said avanza sobre la constitución con la designación de un gabinete
presidido por una outsider al sistema políticos.
La
sociedad tunecina atraviesa por una grave crisis institucional en medio de una
acuciante situación económica. El PBI de Túnez descendió un 8,6% en 2020, según
el Banco Mundial.
La
economía tunecina ha sido la más afectada del Norte de África, con excepción de
Libia en guerra civil, por la recesión provocada por la pandemia del Covid.
Por
otra parte, la recuperación se presenta muy lenta. El incremento del PBI este
año ha sido estimado por el FMI en 3%.
Durante
la última década la deuda pública en relación con el PBI se ha más que
duplicado pasando del 40,7 al 87,6%.
El
estancamiento económico y el alto nivel de la desocupación urbana ha provocado
que la administración pública absorba desempleados en forma excesiva. Hoy el
Estado proporciona trabajo a uno de cada cuatro tunecinos (25%), una tasa que
supera ampliamente el promedio de la OCDE de 18%.
En
medio de la crisis el presidente Kaïs Said, un profesor de derecho de 63 años,
que gobierna sin el apoyo de un partido político después de haber obtenido el
72,7% de los votos en las elecciones de octubre de 2019, apeló a una
cuestionada interpretación del artículo 80 de la constitución de 2014, que
faculta al presidente a asumir poderes extraordinarios en caso de “peligro”
y bajo supervisión del Tribunal Constitucional (organismo que nunca se
constituyó) para disolver, el pasado 25 de julio, el gabinete del primer
ministro Hichem Mechichi, líder del partido Ennahda (islamista moderado),
suspender al Parlamento enviando al ejército a cerrar sus puertas y suspendiendo
los fueros de 217 legisladores y controlando las actividades del poder
judicial.
La
medida presidencial fue interpretada como un auténtico golpe de Estado
institucional dentro y fuera de Túnez. También despertó el inmediato rechazo de
los partidos políticos con representación parlamentaria, pero el presidente
Said se mantuvo firme y demora la reapertura del Parlamento y la designación de
un nuevo gabinete.
El
presidente Said, durante los últimos dos meses, instruyó a la justicia tunecina
para que realizara numerosas investigaciones aplicando medidas cautelares,
tales como arrestos domiciliarios y prohibiciones de salir del país, contra
exfuncionarios, empresarios y exmagistrados. Como una forma de intimidar a la
oposición.
No
obstante, conforme la situación institucional irregular se prolongaba también
crecía la resistencia de la sociedad a la autocracia del presidente. Pese a las
restricciones establecidas por las autoridades en varias oportunidades
manifestaciones de hasta cinco mil personas han recorrido las calles reclamando
la reapertura de la Asamblea de Representantes del Pueblo, el parlamento
tunecino.
Para
reducir la presión el presidente, en un hecho inédito y anticonstitucional,
convocó el 29 de septiembre a una colega profesora universitaria sin
vinculaciones partidarias para encomendarle la formación de un nuevo gabinete.
La elegida
fue la doctora Najla Bouden, una prestigiosa geóloga con un doctorado de la
École des Mines de París y un posdoctorado en ingeniería sísmica, profesora de
la Universidad El Manar.
La geóloga
ocupó cargos de responsabilidad en el ministerio de Educación Superior e
Investigación Científica como parte del “Programa PromEssE”, que maneja
un presupuesto de setenta millones de euros, financiado por el Banco Mundial.
La
Dra. Bouden propuso al presidente un nuevo gabinete compuesto por 25 ministros,
en su mayoría profesores universitarios y funcionarios estatales de segundo
nivel. El nuevo gobierno tendrá diez carteras serán ocupadas por mujeres:
Justicia, Finanzas, Comercio, Cultura, Medio Ambiente, Mujer, de Infancia y
Tercera Edad, de Equipamiento y Vivienda y la secretaria de Estado para las
Relaciones Exteriores.
Entre
las figuras más destacadas cabe destacar al ministro de Economía Samir Said, un
banquero de destacada trayectoria, el ministro de Defensa Imed Memmich, el
responsable de Relaciones Exteriores, Othman Jerandi, el ministro de Sanidad
mayor Alí Mrabet, sexto titular de esa cartera desde el comienzo de la
pandemia.
Najla
Bouden, a sus 63 años, se ha convertido en la primera mujer en asumir como
primera ministro de Túnez y en el mundo árabe. Es también la tercera persona en
ocupar el cargo desde la asunción del presidente Kaïs Said y la octava desde el
estallido de la Primavera Árabe en 2011.
Lamentablemente,
este nombramiento se ve cuestionado porque carece de legitimidad democrática. Debido
a que no alcanzó el cargo por decisión popular a través de las urnas o de un
acuerdo en el Parlamento, sino por la sola voluntad de un hombre, el presidente
Kaïs Said, un autócrata en camino de convertirse en dictador.
Precisamente,
la legalidad de la designación de Bouden ha sido cuestionada por los partidos
políticos con representación en el Parlamento hoy suspendido: Ennahda, Qalb
Tounes y Al Karama.
En
consecuencia, todo hace pensar que la primer ministro Najla Bouden que asumió
el 10 de octubre tendrá funciones acotadas y que las decisiones más importantes
seguirán en manos del presidente Said.
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