La decisión del gobierno socialista del
presidente Pedro Sánchez de ingresar clandestina e ilegalmente al criminal
Brahim Ghali, Secretario General del Frente Polisario, desata un conflicto con
la justicia española y un serio incidente con Marruecos.
UNA
BURDA MANIOBRA
El “Affaire
Brahim Ghali” se inició el pasado 19 de abril cuando el gobierno de Pedro
Sánchez, respondiendo a compromisos ideológicos y aspiraciones geopolíticas
hegemónicas, aceptó que el gobierno de Argelia enviara con un pasaporte falso a
nombre de “Mohamed Benbatouch” en un avión ambulancia al Secretario
General del Frente Polisario para su tratamiento en el hospital San Pedro de
Logroño, La Rioja, afectado de un cuadro severo de covid.
Cuando
la burda maniobra se hizo pública, la ministro de Asuntos Exteriores de España,
Arancha González Laya reconoció el hecho y los justificó diciendo que Ghali
había sido aceptado por “razones estrictamente humanitarias” sin mencionar en
ningún momento que al hacerlo el gobierno español estaba violando las leyes
internacionales y la legislación española al ingresar a territorio español a
una persona buscada por la justicia y con documentación que les constaba que
era apócrifa.
Al
transcender la presencia de Brahim Ghali en suelo español y comunitario estalló
el escándalo tanto nacional como internacional.
El
líder del Frente Polisario no sólo es un notorio terrorista sino un criminal al
que se atribuyen delitos de lesa humanidad y hasta crímenes de orden común, por
lo cual diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y ciudadanos
corrientes comenzaron a exigir que Ghali sea puesto a disposición de la
Audiencia Nacional de España para responder por los delitos que se le imputan.
LAS
ACUSACIONES CONTRA GHALI
La Asociación
Canaria de Víctimas del Terrorismo del Polisario (ACAVITE), por ejemplo,
reclama por los trescientos españoles muertos o seriamente heridos entre 1986 y
1987. Victimas de los ataques cometidos por las bandas de sicarios comandados
por Brahim Ghali cuando se atribuía el cargo de “Ministro de Defensa” de
esa entidad inexistente que los separatistas insisten en denominar República
Árabe Saharaui Democrática.
Estas
víctimas se originaron en los ataques a 34 barcos pesqueros españoles y el
atentado con explosivos a la cinta transportadora de fosfatos de Bucraa donde
murió un trabajador español Raimundo Peñalver y resultaron gravemente heridos otros
tres, uno de ellos Francisco Jiménez que quedó ciego y sordo de por vida y cuya
hija Lucía Jiménez es las presidenta de ACAVITE.
Cabe
destacar que estos atentados constituyen delitos tipificados en el derecho
internacional y por el Código Penal de la mayoría de los países. En especial
están contemplados en el artículo 573 del Código Penal de España y revisten
carácter de imprescriptibles.
En
tanto que otra organización humanitaria, la Asociación Saharaui para la Defensa
de los Derechos Humanos (ASADEH) reclama la detención de Brahim Ghali por los
delitos de genocidio, asesinato, aplicación de tormentos, desaparición forzada
de personas y terrorismo cometidos contra la población marroquí de origen
saharaui retenida contra su voluntad en los campamentos argelinos de Tinduf
administrados por el Frente Polisario.
Recordemos
también que, Brahim Ghali fue imputado en 2016 por el juez de la Audiencia
Nacional, José de la Mata, que admitió una denuncia por estos delitos a tramite
en noviembre de 2012 y que fue interpuesta por la ASADEH y tres víctimas contra
28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino.
Entre
los querellantes que han recurrido a la Audiencia Nacional en busca de justicia
se encuentra Saadini Malainine, una mujer cuyo padre fue torturado hasta morir
en las cárceles del Polisario y ella, con tan sólo ocho años, fue arrancada del
seno de su familia y enviada a Cuba para ser adoctrinada con la escusa de su
“educación” como revolucionaria.
A
estos reclamos por delitos de lesa humanidad se suma la denuncia por violación
presentada por Jediyetu Mahmud Mohamed Zubair, quien siendo una adolescente, en
2010, Brahim Ghali violó en la supuesta “embajada” del Polisario en Argel con
la ayuda de Abderkader Luely Talomar y otro empleado de esa legación.
Jediyetu
con el patrocinio del abogado Agustín de la Cruz Fernández denunció el hecho
ante la Audiencia Nacional de España y la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas.
EL
CASO FADEL BREICA
El
caso que más complica la situación de Brahim Ghali ante la justicia española es
la denuncia presentada por el ciudadano español es la denuncia presentada por
el ciudadano español de origen saharaui Bua Da Mohamed Fadel Breica.
Tuve
oportunidad de entrevista a Fadel, el 2 de marzo de 2020, en Ginebra, cuando
concurrió al 45° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas para brindar su testimonio sobre los más de cinco meses que
padeció cárcel y torturas a manos de los esbirros del aparato de seguridad del
Frente Polisario.
Fadel, un hombre sencillo y cortes,
pero firme y claro en sus convicciones, que tras años de forzado exilio
madrileño se expresa correctamente en español, me relato sus padecimientos a
manos del Frente Polisario. Cuando conversábamos se le notaban las secuelas que
en su cuerpo y en su ánimo habían dejado los largos meses de padecimientos en
la cárcel de Dhaibia.
Fadel, que era miembro del grupo
disidente “Iniciativa Saharaui por el Cambio”, creada en 2017, retornó desde
España a los campamentos de Tinduf, como en otras ocasiones, para visitar a su
familia. El 18 de junio de 2019 fue detenido fuera de todo marco legal por
agentes del aparato de seguridad del Frente Polisario, empleando fuerza extrema
para meterlo en un vehículo. Algo similar ocurrió simultáneamente con otro miembro
del grupo disidente Iniciativa Saharaui para el Cambio, Mulay Abba Buzeid y
Mahmud Zeidan, un experiodista de RASD-TV vinculado a otro grupo disidente el
“Foro de Jóvenes Saharauis para una Solución”. Ambos grupos disidentes tienen
su sede en España y desafían el liderazgo del Frente Polisario y se inclinan
por explorar nuevas formas de superar el conflicto artificial que desde hace
más de cuatro décadas afecta al Sáhara marroquí.
En el caso de Fadel permaneció
incomunicado durante diez días, sin ningún acceso al mundo exterior o que sus
familiares supieran que había sido de él, fue privado de la protección de la
ley y con su integridad física y psicológica en serio riesgo.
Según él pudo entender durante los
interrogatorios, la causa principal de su detención ilegal y de las torturas
que le fueron aplicadas era su lucha por los derechos de los disidentes que
eran víctimas de violaciones a los derechos humanos a manos del Frente
Polisario. En especial su participación en una sentada de protesta frente a la
embajada de Argelia en Madrid. La misma era una forma de reclamo para saber cuál
había sido la suerte sufrida por un miembro de su tribu, el exsecretario
general del Polisario, Ahmed Khalil Braih, su primo, que fue raptado en enero
de 2009 en la ciudad de Argel. Ahmed Khalili Braih había expresado públicamente
sus diferencias por los actos de corrupción en el seno de la dirección del
Polisario, en particular el robo de la ayuda humanitaria para su posterior
comercialización ilegal en mercados informales del Sahel.
Fadel permaneció como prisionero, sin
nombre en una celda sin número, del “gulag” polisario durante
cuatro meses hasta que fue liberado el 10 de noviembre de 2019 y expulsado de
Tinduf debido a la presión internacional y al hecho de que contaba con
nacionalidad española. Su relato es conmovedor y sincero. También es un claro
ejemplo de lo poco que valen los derechos humanos y la libertad de expresión
para los separatistas del Polisario.
Afortunadamente, el martirio al que fue
sometido Fadel Breica no ha permanecido oculto. Ahora el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, en su 87° Sesión (27 de abril al 1° de mayo de
2020), emitió el dictamen N°7/2020 respecto al caso de El Fadel Breica instando
al Gobierno de Argelia a garantizar que se lleve a cabo una investigación
profunda e independiente sobre las circunstancias de los hechos citados y a
tomar las medidas necesarias contra los responsables de la violación de sus
derechos.
Que se proceda a la indemnización por
los daños sufridos, en particular y en la forma de conformidad con el derecho
internacional. Que el gobierno utilice todos los medios a su alcance para
difundir este dictamen lo más ampliamente posible. Y que comunique las
informaciones requeridas dentro de los seis meses que siguen a la transmisión
de este dictamen. Se reserva, sin
embargo, el derecho de tomar medidas de seguimiento si nuevas informaciones
preocupantes sobre el asunto atraen su atención.
Eso le permitía a Fadel informar al
Consejo de los Derechos Humanos acerca de los progresos logrados en el marco de
la aplicación de sus recomendaciones o, si por el contrario, no se hizo
nada en este sentido, como finalmente ocurrió.
En abril de 2021, denunció su caso a la
Audiencia Nacional de España por lo cual el juez Santiago Pedraz ha citado al
Secretario General del Frente Polisario para que hoy miércoles 5 de mayo
declare como imputado por el delito de “secuestro y torturas”.
Sin embargo, la misma fuente judicial expresó sus dudas en cuanto a la
posibilidad de que el líder independentista saharaui acuda a la cita, ya que
continúa ingresado en un hospital, oficialmente y según sus allegados aquejado
de coronavirus. No obstante, Los procedimientos formulados contra él en España
permanecen abiertos y, por lo tanto, no podrá abandonar el territorio español
sin autorización de la justicia.
Asimismo, han sido citados ese mismo día Sidahmed Battal y Bachir
Mustafa Sayed, también miembros del Frente Polisario. Dos días después, deberán
comparecer Mohamed el Khalil y Mohamed Salc Adesamada, en condición de
querellados.
Como puede apreciarse el caso Brahim Ghali se está convirtiendo en
una auténtica molestia para el gobierno de Pedro Sánchez, en especial después
del duro revés que sufrieron los partidos de izquierda que forman la coalición
parlamentaria que lo apoya en las elecciones de Madrid.
Cada día que pasa el dirigente separatista en la Península crece
el malestar de Marruecos y se suman nuevas causas penales en su contra.
El ministro de Relaciones Exteriores marroquí Nasser Bourita, por
ejemplo, convocó la semana pasada al embajador español en Rabat para “pedirle
explicaciones” y expresarle el malestar de Marruecos por la permanencia de
Brahim Ghali en España.
Es curioso que el gobierno español
muestre tanta preocupación por la salud de Brahim Ghali y no por la suerte de
los migrantes africanos que llegan a sus playas o por la situación de la
población de los campamentos de Tinduf.
Cuando mencionamos a la población
de los campamentos de Tinduf, estamos hablando de que sufre una suerte de moderna esclavitud ideológica que los obliga desde
hace 46 años a vivir recluidos en una suerte de campos de concentración, con
simples jaimas -tiendas de campaña-sobre el suelo contaminado de la tórrida
hamada -terreno pedregoso-, sin agua potable ni cloacas y siempre controlados y
vigilados tanto por las milicias del Polisario como por los organismos de seguridad
y militares argelinos que supervisan todo lo que sucede en estos campamentos.
Las violaciones a los derechos humanos
de la población de los campamentos no finaliza con su reclusión forzada en el
sur de Argelia sino que se incrementa con la “militarización” forzada
de los niños desde la más temprana edad y la presión que se ejerce todos los
años contra las familias para que envíen a las niñas pequeñas a participar del
Programa Vacaciones en Paz en España, aun sabiendo que existe el riesgo de que
sean retenidas bajo cualquier pretexto por las familias de acogida en la
Península.
Se trata de una parte de un pueblo al que se le ha impedido año tras año
vivir dignamente, en libertad y con autonomía en su territorio ancestral de
Marruecos, y cuya suerte el gobierno de Pedro Sánchez mira con indiferencia.
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