CRISIS DE GOBERNABILIDAD EN EL PERÚ

 

El congreso peruano destituyó esta semana al presidente Martín Vizcarra reemplazándolo por el presidente del Parlamento, Manuel Merino Lamas. Pero la población rechazó la maniobra forzando con protestas en las calles la renuncia de Merino. En esta forma el país andino sigue inmerso en una seria crisis institucional con la renuncia de cuatro presidentes en los últimos cuatro años.

 

Después de liderar en la última década los índices de crecimiento entre los países sudamericanos, Perú se encuentra inmerso en una profunda crisis institucional, que potenciada por la pandemia del covid 19, está destruyendo la prosperidad y gobernabilidad del país.

Desde el 2016, ha tenido cuatro presidentes: Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018); Martín Vizcarra (2018 – 2020) y Manuel Merino de Lamas que sumió el pasado martes 8 de noviembre  y renunció el domingo 15 de noviembre de 2020 y el nuevo primer mandatario Francisco Rafael Sagasti Hochhausler designado el lunes 16 por el Congreso. 

Además, cuatro expresidentes se encuentran cumpliendo condenas por violaciones a los derechos humanos o delitos de corrupción: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, un quinto expresidente se suicidó para evitar ser encarcelado: Alan García Pérez y el sexto Martín Vizcarra sometido a investigación e impedido de salir del país. 

Al mismo tiempo, Perú es el tercer país del mundo en mortalidad relativa por covid 19 al superar los 35.000 fallecidos, lo que promedia 1.185 fallecidos por cada millón de habitantes. También es el quinto país del mundo en casos confirmados al acumular más de 700.000 contagiados. 

El país, en el siglo XX, debió soportar ocho golpes de Estado exitosos, además de una grave crisis económica a fines de la década de 1980, el conflicto desatado por los grupos terroristas: el maoísta PCP-Sendero Luminoso y el castro guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), además de la expansión del cultivo de hojas de coca, de las cuales es el primer productor mundial, y las actividades del narcotráfico. 

Perú aún trata de restañar las heridas dejadas por el largo conflicto interno que, entre 1980 y 2000, libraron las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad con dos movimientos terroristas. 

Ambas organizaciones fueron prácticamente desarticuladas por las autoridades, en los años noventa, durante la presidencia de Alberto Fujimori. La Dirección Nacional Contra el Terrorismo –DINCOTE- logró capturar a Abimael Guzmán y a su “estado mayor”, el 12 de septiembre de 1992, paralizando el espíritu de la organización. 

El MRTA, por su parte, nunca se repuso tras el fracaso de su operación de mayor envergadura: la captura de la Embajada del Japón en Lima, el 17 de diciembre de 1996, donde tomaron como rehenes a cerca de seiscientos diplomáticos y personalidades de la sociedad peruana. El 22 de abril de 1997, el gobierno, con el asesoramiento de expertos en antiterrorismo de los Estados Unidos, lanzó la “Operación Chavín de Huántar”, a través de la cual una fuerza de elite recuperó el local de la Embajada con un escaso número de víctimas entre los rehenes y atacantes. El MRTA, sin embargo, perdió a los catorce miembros de la organización y comenzó a ser duramente jaqueada por la DINCOTE. 

LA HORA DEL “CHINO” FUJIMORI 

El enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y terroristas arrojó el saldo de 69.000 personas muertas o desaparecidas, según consigna el Informe de nueve tomos, seis anexos y más de 8.000 páginas elaborado por la “Comisión de la Verdad y la Reconciliación” convocada por el presidente Alejandro Toledo. 

En las elecciones presidenciales de 1990, el ingeniero agrónomo descendiente de japoneses, Alberto Fujimori, derrotó al novelista Mario Vargas Llosa, candidato de la coalición liberal denominada “Frente Democrático”. Fujimori, que contó en la segunda vuelta con el voto del Alianza Popular Revolucionaria Americana –APRA- y de algunos sectores de izquierda, impulso un programa de austeridad dirigido a detener la hiperinflación y a restaurar la confianza internacional para la concesión de créditos a su país. Las dificultades económicas provocaron una escalada en la actividad violenta de los grupos terroristas que operaban en Perú desde hacía una década tornando casi ingobernables grandes zonas del país. 

En abril de 1992, Fujimori, mediante un “autogolpe”, suspendió algunos artículos de la Constitución y se hizo con el pleno control del gobierno, ante la protesta general de opinión pública internacional, alegando que el Congreso y el poder judicial bloqueaban sus esfuerzos para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo.  Ratificando estas afirmaciones unos meses más tarde, tal como dijéramos, fueron capturados varios dirigentes destacados de Sendero Luminoso. En 1993, Estados Unidos y otros países acreedores reanudaron la concesión de créditos a Perú. El 31 de octubre de ese año los peruanos aprobaron mediante referéndum –52% de los votos a favor- una nueva Constitución que otorgaba mayor poder al presidente, reformaba el poder legislativo y permitía a Fujimori volver a presentarse como candidato, en abril de 1995, a las elecciones presidenciales. 

El presidente de origen japonés nuevamente triunfó de forma abrumadora en los comicios. En esta ocasión derrotó al poco carismático  Javier Pérez de Cuellar, antiguo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. La popularidad el presidente Fujimori se había visto reforzada por el buen desempeño de las fuerzas armadas en el violento incidente fronterizo ocurrido en 1994 con Ecuador y que recibiera el nombre de  la “guerra del Cóndor”. 

Pero, pronto el deterioro de la situación económica, como un derivado de la “crisis del Tequila” que afectó a toda América Latina incrementó las protestas sociales, que se generalizaron en el período comprendido entre 1997 y 1999. En el gobierno se sucedían los gabinetes, de carácter eminentemente tecnocrático, mediante los cuales Fujimori intentaba restablecer la estabilidad política. El presidente vio su carisma y autoridad disminuidos tras su enfrentamiento con el jefe de las Fuerzas Armadas, general Nicolás de Bari Hermoza, al que destituyó en agosto de 1998. El cese representó la ruptura con una parte de la oficialidad, así como con la clase política tradicional, que había respaldado al presidente en 1992, cuando llevó a cabo el “autogolpe”. 

En este clima de descontento, Alberto Fujimori anunció, el 27 de diciembre de 1999, que se proponía  volvería a presentarse como candidato en las elecciones presidenciales, previstas para el 9 de abril de 2000. El presidente afirmó que se proponía consolidar las reformas económicas emprendidas en sus dos anteriores mandatos. La Constitución peruana de 1993 prohibía al presidente presentarse a un tercer mandato, pero el Jurado Nacional de Elecciones rechazó, el 31 de diciembre, todas las apelaciones que había presentado la oposición para demostrar la inconstitucionalidad de las aspiraciones de Fujimori, arguyendo que en realidad era su segundo mandato constitucional tras la aprobación de aquella reforma. 

El 9 de abril, tuvieron lugar las elecciones presidenciales y legislativas en Perú. Los comicios se desarrollaron en un proceso marcado desde el principio por las numerosas irregularidades y la sospecha de fraude incrementada por el retraso de varios días en la publicación de los resultados. En la primera vuelta electoral Fujimori obtuvo el 42,2% de los votos, frente al 23,3% de Alejandro Toledo, con su frente “Perú Posible”. 

El candidato opositor, Alejandro Toledo, decidió no presentarse a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argumentando que no se daban las condiciones necesarias para garantizar la transparencia del proceso. La Organización de Estados Americanos y los demás organismos internacionales de observación presentes en el país anunciaron su retiro ante la imposibilidad de abalar los resultados. Toledo llamó a la población a la abstención o a votar nulo –en Perú el voto es obligatorio-.

Candidato único de la segunda ronda electoral, el presidente Alberto Fujimori, se autoproclamó finalmente vencedor de las elecciones. Logró, según los datos oficiales, el 74,77% de los votos válidos, Toledo obtuvo el 25,23%, los votos nulos significaron el 30,86%, los votos en blanco el 4,8% y el 18% del electorado se abstuvo. 

El presidente Fujimori se dispuso a encarar su tercer mandato en medio de un clima de marcado descontento en el país y del cuestionamiento dentro y fuera del Perú de la legitimidad de su gobierno. 

El 17 de septiembre de 2000, ante las presiones, tanto internas como externas, el presidente Fujimori anunció su intención de convocar nuevas elecciones generales, en las que él no participaría y de desmantelar el cuestionado Servicio de Inteligencia Nacional. 

Esta declaración se produjo dos días después de la difusión, a través de los medios de comunicación del país, de un vídeo que mostraba a Vladimiro Montesinos, el controvertido colaborador personal del presidente y responsable del Servicio de Inteligencia, en el momento en que sobornaba, mediante el pago de 15.000 dólares estadounidenses, a un diputado opositor para que se pasara al partido oficial, facilitando con ello la mayoría absoluta de esta formación en el Congreso. 

Montesinos, a quien la posición apodaba el “Rasputín Andino”, era la personalización de las violaciones a los derechos humanos imputadas al gobierno de Fujimori durante la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. 

Finalmente, Montesinos se fugó del país. Las elecciones fueron programadas para marzo de 2001, lo que significaba que Fujimori debía permanecer en el poder hasta julio de 2001. El 17 de octubre la oposición llamó a los ciudadanos a la movilización, ante los nulos avances logrados en el camino hacia las elecciones generales. 

El 28 de octubre, Fujimori destituyó a cuatro generales adeptos a Montesinos. Al día siguiente, una unidad militar del sur de Perú, a las órdenes del teniente coronel Ollanta Moisés Humala, del departamento de Tacna, se levantó en armas contra Fujimori, exigiendo su dimisión inmediata así como la captura de Montesinos. 

Mientras tanto, las calles se llenaban de manifestantes y crecían las presiones internacionales. El 19 de noviembre de 2000, el presidente se dirigió al sultanato de Brunéi para concurrir a una cumbre presidencial del Foro de Cooperación Asía Pacífico –APEC-, desde allí Fujimori sorpresivamente se trasladó a Japón donde solicitó asilo político. 

La fuga del presidente sorprendió e indignó al pueblo peruano pero inmediatamente celebró el acontecimiento. El congreso destituyó a Fujimori por “incapacidad moral” y tras la renuncia de los dos vicepresidentes –Francisco Tudela y Ricardo Marques-, el 23 de noviembre de 2000, se hizo cargo del gobierno el presidente del Senado Valentín Paniagua Curazao con mandato hasta el 28 de julio de 2001. Tres días después se constituyó un gabinete de unidad nacional presidido por Pérez de Cuellar. 

LA HORA DEL CHOLO 

Alejandro Toledo que acababa de terminar su último libro: “El desafío del Perú: tránsito del ajuste al crecimiento económico sostenido”, se perfilaba como el más probable ganador de las elecciones establecidas para el 8 de abril de 2001, pero pronto surgió un contrincante de envergadura, el expresidente aprista Alan García Pérez. En un país donde florecen los candidatos de desarrollo meteórico, García retornó al Perú en enero de 2001 tras cerca de nueve años de exilio dispuesto a sacudirse las imputaciones por la ruinosa gestión económica de su primera presidencia –1985 / 1990- y las acusaciones judiciales por corrupción. Sus principales armas eran su conocimiento de los resortes del poder, una brillante oratoria, un buen porte de mestizo criollo y una gran capacidad para aprovechar los medios audiovisuales. 

Durante la campaña electoral, Toledo rehuyó la polémica con Alan García –que aún estaba relegado en las encuestas preelectorales- y enfocó sus críticas sobre la candidata conservadora Lourdes Flores Nano, de la Unidad Nacional, la coalición dirigida por el Partido Popular Cristiano –PPC-. La campaña se desarrolló en un clima de descalificaciones personales y falta de propuestas. 

En los comicios del 8 de abril de 2001, Toledo se impuso con el 36,5% de los sufragios sobre Alan García que se situó segundo con el 25,8%. En las elecciones legislativas, Perú Posible obtuvo 41 de los 120 escaños con tan sólo el 26,3% de los votos. En la segunda ronda electoral, Toledo se impuso cómodamente con el 52,5% de los votos. Después del “Chino” Fujimori, había llegado para Perú la hora del “Cholo”. 

El presidente electo, era el cuarto mandatario de origen cholo –así se denomina en el Perú a las personas con fuertes rasgos étnicos de indígena- desde 1930, tras Luis Sánchez Cerro, Manuel Odría y Juan Velasco Alvarado –si bien los tres anteriores fueron militares que llegaron a la presidencia por medio de un golpe de Estado- había nacido en una familia extremadamente humilde. Su padre era un simple trabajador de la construcción en tanto su madre vendía pescado en el mercado para alimentar a su numerosa prole de 16 hijos. Como estudiante de secundaria en la escuela San Pedro en Chimbote, en 1966, ganó una beca para realizar estudios superiores en los Estados Unidos dentro del programa del Cuerpo de Paz. Siendo alumno secundario realizó prácticas en el diario La Prensa, entrevistó a personajes políticos de la época, como el general y expresidente Manuel Apolinario Odría Amoretti o Víctor Raúl Haya de la Torre, el carismático fundador del APRA. 

Tras completar, en 1970, el bachillerato en Economía en la Universidad de San Francisco, ingresó a la Universidad de Stanford donde completó dos licenciaturas seguidas en su especialidad, en 1971 y 1972, y finalmente el doctorado en Economía de Recursos Humanos, en 1976. En esa época conoció a la antropóloga Eliane Karp, una estudiosa de las civilizaciones precolombinas del Perú, con la que contrajo matrimonio en California en 1979. 

Asesor de diversos gobiernos de América Latina además del peruano, ejerció la docencia, principalmente en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados –ESAN- de Lima, como profesor de Finanzas y Contabilidad, dirigió el Instituto de Desarrollo Económico –IDE- y, desde marzo de 1998, condujo también las áreas de Investigación y Desarrollo y Asuntos Internacionales. Ya como investigador visitante, ejerció en el Instituto para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard –HIID-, de 1991 a 1994, y en la Universidad Waseda de Tokio. Además, en 1984, obtuvo una beca de investigación de la Fundación Ford. 

Durante el tumultuoso gobierno de Alan García Pérez, Toledo fue mencionado como ministeriable en más de una ocasión, pero su paso por la función pública se redujo a la dirección del Banco Sur Medio y Callao –Surmebanc-. Al comienzo de la gestión de Alberto Fujimori tuvo un acercamiento que terminó al producirse el autogolpe de 1992. 

En diciembre de 1994, Toledo anunció su candidatura a las elecciones presidenciales del 9 de abril de 1995, con un nuevo partido político denominado “País Posible” –PP- que estableció una alianza con la Coordinadora Democrática –CODE-, dirigida por José Barba Caballero. Pero, sólo logró el 3,2% de los sufragios. 

Tras el revés electoral de 1995, la alianza PP – CODE se disolvió y su exiguo grupo parlamentario de cinco legisladores se disgregó entre el oficialista Cambio 90 – Nueva Mayoría, de Alberto Fujimori y el Frente Independiente Moralizador. Toledo reagrupó a sus seguidores en el partido Perú Posible, agrupación que adquirió un  fuerte tono opositor y terminaría por conducirlo a la presidencia en el 2001. 

En su discurso inaugural, Alejandro Toledo anunció una amplia reforma de la institución castrense, la congelación pactada con los gobiernos del hemisferio del comercio de armas, el compromiso de institucionalizar la recientemente creada “Comisión de la Verdad y la Reconciliación” para esclarecer y reparar las violaciones de los derechos humanos, y la convocatoria de una “Mesa Internacional de Donantes” presidida por España para la obtención de 500 millones de dólares prioritariamente destinados a atender las urgencias sociales. También reiteró que el eje central de su gestión sería el combate contra el desempleo, la pobreza, la corrupción y el narcotráfico, y subrayó la necesidad de desarrollar la industria turística como una importante fuente de ingresos. 

Curiosamente la imagen de Toledo y la estabilidad de su gobierno pareció deteriorarse desde el mismo instante en que sumió la presidencia. A las acusaciones que vinculaban al primer mandatario con el consumo de drogas e incidentes sexuales se sumaron pronto algunos escándalos de corrupción que afectaban a su entorno más íntimo. 

Su hermano Pedro Toledo apareció en un video reuniéndose con directivos de la empresa Telecomunicaciones Hemisféricas S.A.C. que fue favorecida irregularmente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con un contrato de concesión por veinte años para comercializar servicios de telefonía fija en Lima y Callao. 

Luego fue la hermana del primer mandatario, Margarita Toledo y su esposo Edwin Suárez, quienes debieron enfrentar problemas con la justicia. Ambos fueron sometidos a arresto domiciliario acusados de falsificar firmas de adherentes para lograr la inscripción irregular ante las autoridades electorales del partido “País Posible” que como mencionáramos postuló la candidatura de Toledo en las elecciones presidenciales del 2000. 

Los cambios de gabinetes se sucedían cada vez con mayor frecuencia y el gobierno tambaleaba. Para colmo de males Toledo debió enfrentar una rebelión de perfiles etnoterroristas. 

Una década más tarde, cuando la sociedad peruana pensaba que el flagelo del terrorismo había quedado atrás, el 1º de enero de 2005, sus esperanzas se hicieron trizas después que un grupo terrorista capturó la comisaría de San Jerónimo ubicada a cuatro kilómetros de Andahuaylas, ciudad situada a unos ochocientos kilómetros de Lima hacia el Sur. El puesto policial estaba resguardado por diecisiete efectivos que fueron tomados como rehenes por atacantes. 

Aunque el gobierno de Alejandro Toledo logró que los atacantes se rindieran después de tensas gestiones que se prolongaron por 72 horas, el Movimiento Etnocacerista estaba muy lejos de haber sido desarticulado. 

EL RETORNO DE ALAN GARCÍA 

En este contexto, en las elecciones de julio de 2006 volvió al poder el expresidente Alan García, a pesar de las críticas que recibió por su primer período en 1985 – 1990, marcado por la hiperinflación, la violencia terrorista y una corrupción desenfrenada. 

En octubre de 2008, el gabinete de Alan García, de trece miembros, renunció para impedir la aprobación de un voto de censura por concesiones a la compañía noruega Discovery Petroleum. 

En las elecciones presidenciales de 2011 se impuso la alianza electoral de izquierda “Gana Perú”, formado por el Partido Nacionalista Peruano, el Partido Comunista Peruano, el Partido Socialista, el Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento Político Voz Socialista y un sector importante del Movimiento Político Lima para Todos, llevando a la presidencia la exmilitar golpista Ollanta Humala.

Humala quedó en primer lugar en la primera vuelta realizada el 10 de abril, obteniendo el 31,72 % del total votos válidos. ​ Debido a que no logró superar el 50 % de los votos válidos, pasó a una segunda vuelta con la candidata del partido Fuerza 2011, Keiko Fujimori, que se realizó el 5 de junio.

Al igual que en la campaña presidencial del año 2006, Humala fue criticado por un presunto vínculo con el presidente venezolano el bolivariano Hugo Chávez. Sin embargo, Humala aseguró que no buscaba aplicar el modelo venezolano en el país, distanciándose así del chavismo, y poniendo más bien como referente al expresidente brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva. ​ En ese sentido, recibió también críticas por la asistencia que recibió de asesores brasileños presuntamente financiados por el Partido de los Trabajadores de Brasil. ​

De cara a la segunda vuelta electoral, Humala recibió en un inicio el respaldo del Premio Nobel de Literatura: Mario Vargas Llosa y unas horas antes de la elección, el del expresidente Alejandro Toledo,  así como de otras personalidades, organizaciones y políticos de varios partidos que no lograron pasar a la segunda vuelta. ​Vargas Llosa comentó inicialmente su respaldo diciendo: “Sin alegría y con muchos temores yo voy a votar por Humala”.

El 5 de junio de 2011, se realizó la segunda vuelta electoral, donde Humala resultó ganador con el 51,49 % de los votos válidos (7.937.704 votos), ​ con lo cual se convirtió en presidente del Perú. Así se constituyó el primer gobernante izquierdista en el Perú en 36 años.

El primer año de la presidencia de Humala estuvo marcado por decenas de conflictos sociales que dejaron varios muertos y lo llevaron a declarar en tres ocasiones el estado de emergencia.

En marzo de 2015, el Congreso removió a su primer ministra Ana Jara por denuncias de que la agencia nacional de inteligencia había espiado a legisladores, periodistas, líderes empresariales y ciudadanos comunes durante años.

PRESIDENCIA DE KUCZYNSKI

En las elecciones presidenciales del 10 de abril de 2016, el exbanquero de Wall Street, Pedro Pablo Kuczynski se presentó como candidato presidencial por segunda vez al frente del partido Peruanos por el Kambio, postulando junto con el exgobernador de la región de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo como primer vicepresidente y con la exministra de Economía y Finanzas, Mercedes Aráoz, como segunda vicepresidenta. Logró pasar a la segunda vuelta electoral sobrepasando ajustadamente a la candidata del Frente Amplio Veronika Mendoza. Tras enfrentar en el balotaje a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, resultó vencedor con el 50,124% de los votos. ​

En diciembre de 2016 la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de Perú ordenó investigar si Kuczynski, en su condición de primer ministro de Alejandro Toledo,  favoreció en el año 2006 a la firma brasileña Oderbrecht a ganar una concesión. ​ Contrario al mensaje dado al inicio de su mandato, su segundo informe a la nación trasmitido el 28 de julio de 2017 fue recibido con poca expectativa e incredulidad entre varios de los principales analistas políticos y económicos. ​

El 15 de diciembre de 2017 el Congreso del Perú admitió a trámite un primer pedido de vacancia presidencial, figura por la que el legislativo puede destituir al mandatario invocando su incapacidad moral o física. La decisión fue aprobada por 93 votos a favor y 17 en contra. ​ Aprobado así el pedido de vacancia, el Congreso acordó que el 21 de diciembre, Kuczynski debía presentarse, con o sin su abogado, ante el pleno del Congreso para realizar sus descargos, luego se procedería a debate y finalmente se votaría para decidir la vacancia presidencial, necesitándose para esto 87 votos del total de los 130 congresistas. ​Concluida la defensa del presidente, este y su abogado se retiraron del Congreso, luego de lo cual inició el debate sobre la moción de vacancia. La votación se produjo a las 23:15 minutos del 21 de diciembre del 2017, tras casi 14 horas de debate, teniendo como resultado que no se alcanzara el mínimo de 87 votos necesarios para aprobar la moción de vacancia presidencial, quedando por tanto rechazada.

El 24 de diciembre de 2017 Pedro Pablo Kuczynski le concedió un indulto humanitario y derecho de gracia al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una polémica condena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos, entre ellos las masacres de Barrios Altos[1] y La Cantuta[2]. ​ El indulto generó rechazo tanto en el interior como fuera del país, incluso instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresaron que la decisión del presidente no cumplió con los requisitos legales mínimos.​ La decisión desencadenó protestas masivas en la ciudad de Lima y otras ocho ciudades,​ así como la renuncia de tres de sus ministros y las críticas de un amplio espectro de personalidades. ​

El 20 de marzo de 2018, a dos días de un segundo pedido de vacancia presidencia contra Kuczynski, Moisés Mamani, congresista del partido Fuerza Popular presentó una colección de vídeos de formato casero denominados “kenjivideos”, en los cuales aparecían Kenji Fujimori y otros individuos, intentando sobornar a Mamani con acceso a obras a cambio de votar “en contra” del segundo pedido de vacancia presidencial.​ Al día siguiente, el 21 de marzo, a raíz del escándalo generado por los vídeos, Kuczynski oficializó su carta de renuncia a la presidencia del Perú. En reemplazo de Kuczynski, asumió la presidencia su vice: Martín Vizcarra.

VIZGARRA PRESIDENTE

En abril de 2019, el expresidente Alan García Pérez se suicida cuando la policía se disponía a arrestarlo por imputaciones en la causa de los pagos ilegales a la empresa Odebrecht.

En mayo, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine enfrentan formalmente cargos por supuesto lavado de dinero en el mismo escándalo de corrupción.

El expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp son arrestados, en julio de 2019, en los Estados Unidos donde dictaba clases, con el propósito de extraditarlo al Perú por imputaciones de haber recibido pagos por veinte millones de dólares por parte de la empresa brasileña.

Mientras que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, luego de renunciar a su cargo, se encuentra cumpliendo detención domiciliaria por treinta y seis meses

En octubre de 2019, la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori es enviada a prisión preventiva mientras avanza la investigación del caso Odebrecht. Es excarcelada dos meses después, pero es devuelta a prisión en enero de 2020. Finalmente, sale en libertad provisional el pasado 4 de mayo.

El 30 de septiembre de 2019, el presidente Vizcarra disuelve el Congreso unicameral del Perú, luego de que el legislativo obstruyera una serie de reformas anticorrupción, y convocó a nuevos comicios legislativos.

Miles de peruanos marcharon en las principales ciudades del país en respaldo del presidente Vizcarra y las fuerzas armadas y de seguridad ratificaron su lealtad al primer mandatario.

El 26 de enero de 2020 el pueblo peruano eligió un nuevo parlamento. El Congreso electo quedó configurado por nueve grupos parlamentarios minoritarios, en su mayoría populistas y ninguno identificado con el primer mandatario.

El presidente y el nuevo Congreso tuvieron una primera confrontación en agosto, cuando los legisladores le negaron el voto de confianza para la designación de un  nuevo primer ministro, obligando a reestructurar el gabinete. Los legisladores resistían en especial la campaña moralizadora y de lucha contra la corrupción política encarada por el presidente Vizcarra debido a que 68 de los 130 diputados estaban bajo investigación o imputados ante la justicia por este tipo de delitos y, seguramente, algunos de ellos podrían terminar en prisión.

Finalmente, el Congreso aprobó el viernes 6 de noviembre una moción de vacancia para destituir al presidente por “incapacidad moral”, un día después de que unos audios mostraran que el presidente supuestamente les habría pedido a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria creada para verificar el supuesto favoritismo al contratar irregularmente al cantante Richard Cisneros, alias Richard Swing, como conferenciante y animador durante la campaña del covid 19.

Además, sobre Vizcarra pesaban sospechas de haber recibido seiscientos cincuenta mil de dólares en sobornos de dos empresas constructoras para beneficiarlas con la adjudicación de dos obras públicas -en el hospital regional y en una red de riego-, cuando era gobernador del sureño estado de Moquegua de 2011 a 2014. Aunque aún no fue formalmente acusado.

El 9 de noviembre el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra con el voto de los legisladores de siete partidos con representación parlamentaria: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Frente Amplio, Frepap, Podemos Perú, Unión por el Perú y Somos Perú, que sumaron 105 votos por la destitución, 19 en contra en su mayoría pertenecientes a la bancada del Partido Morado y 4 abstenciones.

BREVE INTERINATO DE MERINO

En reemplazo de Vizcarra, asumió la presidencia el hasta entonces presidente del Congreso, Manuel Merino de Lamas, de 59 años, porque la vicepresidente segunda Mercedes Aráoz había renunciado a su cargo.

Merino debería convocar a elecciones presidenciales el próximo 11 de abril de 2021, pero continuará gobernando hasta el 28 de julio de ese años.   

El nuevo presidente es un empresario ganadero que llegó al Congreso desde su región natal de Tumbes, con solo cinco mil votos, como candidato del derechista partido Acción Popular, fundado dos veces por el veterano caudillo Fernando Belaúnde Terry.

Merino designó un gabinete de corte conservador con figuras tradicionales de la política peruana encabezado por Antero Flórez Aráoz como primer ministro. Flórez Aráoz de 79 años ha sido funcionario de diversos gobierno pero no había ocupado  un cargo público en los últimos diez años.

Conocida la decisión del Congreso de destituir a un presidente que contaba con amplio apoyo popular (superior al 50% según las encuestas de opinión), miles de peruanos han tomado las calles para expresar su rechazo a la asunción de un presidente que llega al cargo sin el voto popular. Las protestas siguieron todas las tardes desde el mismo lunes. Desafiando las restricciones impuestas por la pandemia, los manifestantes se han lanzado a las calles y plazas de Lima y de las principales ciudades del país. “Congreso golpista”, “Merino no representa”, “Merino delincuente, no eres presidente”, son algunas de las consignas que coreaban los indignados ciudadanos, que llevaban tapabocas y levantaban banderas peruanas y carteles de repudio al nuevo presidente. La policía reprimió a los manifestantes con gases, salvas de goma, chorros de agua y golpes de palos, sin lograr que cedieran en sus protestas.

El sábado 14 de noviembre las protestas se intensificaron. Grupos de manifestantes, algunos vestidos de emperadores incas, otros con camisetas blanquirrojas de la selección peruana de fútbol, coparon la céntrica plaza San Martín y el parque del distrito turístico de Miraflores, en el sur de la ciudad, para expresar su oposición al nuevo gobierno.

Un grupo que intentó llegar al Congreso fue dispersado por la fuerza antidisturbios de la Policía Nacional con gases lacrimógenos y postas de goma. Los manifestantes quemaron neumáticos y maderas y se enfrentaron con piedras y palos a los agentes policiales.

Marchas similares se desarrollaron al caer la noche en las ciudades de Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cusco, Chimbote, Abancay, Tacna, Huancayo y Tumbes, entre otras.

La jornada de protesta terminó con un saldo de dos estudiantes universitarios muertos, 107 manifestantes heridos, de los cuales 34 demandaron una hospitalización prolongada y 65 personas denunciadas como desaparecidas.

Ante el repudio expreso de la ciudadanía el presidente designado por el Congreso Manuel Merino de Lama renunció el domingo 15 de noviembre antes de cumplir una semana en el cargo. La misma fue aceptada por el Congreso que lo designó.

En su reemplazo, el Parlamento peruano realizó una nueva votación para elegir presidente. Los candidatos a la presidencia debían ser legisladores que no hubieran votado en a favor de la destitución de Vizcarra. En esta forma resultó electo como presidente provisional Francisco Sagasti Hochhausler del Partido Morado, acompañado por Zenaida Solís, Angélica Palomino y José Antonio Núñez como vicepresidentes primero, segundo y tercero respectivamente.

FRANCISCO SAGASTI  HOCHHAUSLER, LA ÚLTIMA ESPERANZA

El nuevo presidente provisional es un tecnócrata, ingeniero industrial, de 76 años que ha ocupado cargos públicos de segundo orden y que había asumido como legislador por primera vez en las elecciones legislativas de abril de 2020. Ocupó una de las nueve bancas del Partido Morado de orientación centroderechista que se define como “republicana” .

En sus comienzos desempeñó diversos cargos en el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, tras el golpe de Estado llevado a cabo por el general Juan Velazco Alvarado, entre el 3 de octubre de 1968 y el 29 de agosto de 1975. En esa época ocupó el cargo de asesor del ministro de Industria, el contralmirante Alberto Jiménez Lucio. Asimismo, colaboró en asuntos de industrialización y tecnología y asesoró al Consejo de Investigación Nacional.

En 1985 a 1987 fue asesor del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Allan Wagner Tizón, durante el gobierno de Alan García. Luego, entre 1988 y 1989, se desempeñó como presidente del Comité Consultor de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas.

En su larga trayectoria también fue un alto ejecutivo del Banco Mundial, donde ejerció como jefe de División de Planeamiento Estratégico entre 1987 y 1990. Luego, de 1990 a 1992, pasó a desempeñarse como asesor principal de los Departamentos de Evaluación Políticas y de Relaciones Externas del organismo internacional.

Sagasti también ejerció como profesor de la Universidad del Pacífico y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor visitante del Instituto de Empresa en Madrid, en la cátedra Silberberg de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania y en la Universidad para la Paz en Costa Rica, entre otras casas de altos estudios.

En 1996 fue uno de los rehenes tomados por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, cuando capturaron la residencia del embajador del Japón en Perú. Después de un par de días en cautiverio fue liberado y regreso a Costa Rica, donde se encontraba viviendo con su esposa costarricense.

Sagasti es autor de diez libros sobre temáticas políticas, económicas de desarrollo y tecnología, entre otras cuestiones.

El nuevo presidente provisional del Perú deberá organizar las elecciones presidenciales de abril de 2021 y gobernar hasta el 28 de julio de ese año.

Mientras asumía el nuevo presidente, la justicia investigaba al saliente presidente Manuel Merino de Lama por su responsabilidad en la represión policial que derivó en la muerte de dos manifestantes.

Por el momento, la crisis de gobernabilidad en el Perú tiene un final abierto.

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[1] MASACRE DE BARRIOS ALTOS: sucedió el 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, una zona popular del “cercado” de Lima. Quince personas, erróneamente vinculadas al PCP – Sendero Luminoso, fueron asesinadas -incluido un niño de ocho años, y otras cuatro más fueron identificados como miembros del Grupo Colina, un destacamento paramilitar formado por miembros de las fuerzas armadas y dependiente del servicio de inteligencia peruano. El operativo fue ordenado por Vladimiro Montesino jefe del servicios de inteligencia cumpliendo expresas directivas del presidente Fujimori.

[2] MASACRE DE LA CANTUTA: se produjo el 18 de julio de 1992, cuando nueve estudiantes y un profesor fueron secuestraron de las viviendas estudiantiles de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle por integrantes del Grupo Colina. Sus restos calcinados se encontraron en 1993 en fosas clandestinas en las afueras de Lima.