sábado, 9 de febrero de 2019

LA DERECHA ESPAÑOLA PONE EN JAQUE AL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ



Los partidos de centro derecha en España: Partido Popular, Ciudadanos y VOX convocan  a poner fin al gobierno minoritario del PSOE y preservar la unidad del Reino.

Muchos analistas políticos insisten en afirmar que el siglo XX fue el tiempo de las ideologías y que estas han muerto en el siglo XXI donde impera el pragmatismo político. Esto puede ser cierto en muchos países pero no en España.

En pocos meses más se cumplirán 80 años del fin de la Guerra Civil que ensangrentó a la Península pero las pasiones ideológicas que desataron la tragedia no parecen haber desaparecido totalmente.

El PSOE gobierna en España desde el 12 de junio de 2018 gracias a una discutida moción de censura que desplazó a Mariano Rajoy, del Partido Popular. Sánchez gobierno con el apoyo de lo que constituye una verdadera coalición de izquierda formada, además del PSOE, por Unidos Podemos, Ezquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco, Partido Demócrata Europeo Catalán, Compromís, Bildu y Nueva Canaria. Es decir, una extraña asociación de formaciones políticas populistas de izquierda, anticapitalistas, separatistas y antimonárquicos.

Una coalición en que cada integrante tiene una agenda distinta y que solo se mantiene unida por la ambición de Pedro Sánchez y un sector de la dirigencia del PSOE de mantenerse a toda costa en La Moncloa.

Con sólo 84 escaños sobre 350 en la Cámara de Diputados, Sánchez debe hacer continuamente concesiones a sus aliados para sobrevivir hasta el final de la presente legislatura en 2020.

Para ello será preciso que logre que el Parlamento le apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado y atravesar con relativo éxito las elecciones municipales y autonómicas del super domingo 26 de mayo.

Los separatistas catalanes tienen una agenda basada en la liberación de los presos del procés y implementación de negociaciones que conduzcan a la realización de un referéndum sobre la independencia y separación de Cataluña del resto de España.
En otras palabras el nacionalismo catalán sigue sin aceptar que un empate es lo máximo a lo que puede aspirar y plantea demandas inalcanzables.

El 20 de diciembre pasado Pedro Sánchez se reunió con el presidente catalán Quim Torra, en Pedralbes, en esa ocasión los separatistas presentaron un documento con veintiún peticiones al gobierno español.

Por un momento, el gobierno socialista mantuvo en secreto el contenido del documento, pero los separatistas catalanes presionaron con no aprobar la Ley de Presupuestos y dieron a conocer el documento conteniendo las peticiones.

Sánchez cedió a comienzos de la semana accediendo a tratar la cuestión catalana en una “mesa de negociación” del Estado español con todos los partidos políticos catalanes -incluso aquellos que carecen de representación parlamentaria- y con un “mediador internacional” que se elegirá de una lista elaborada por los catalanes.

Esta negociación, al margen del Parlamento español, y la presencia de un “mediador internacional” despertaron inmediatamente el rechazo de quienes temen por la integridad territorial del Reino de España, incluso dentro del propio Partido Socialista Obrero Español.
La protesta fue encabezada por separado pero en forma coordinada por los líderes del Partido Popular, Pablo Casado, del partido Ciudadanos, Alberto Rivera y del partido VOX, Santiago Abascal, que convocaron a una manifestación de protesta para el domingo 10 a las 11.00 horas, en la emblemática Plaza Colón de Madrid Bajo la consigna de “sumar fuerzas en las calles para echar a Sánchez”.

Es decir, para forzar a la coalición gobernante a adelantar las elecciones generales.

Los líderes de las formaciones de centro derecha han sido categóricos en condena a la decisión del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Pablo Casado, por ejemplo, ha dicho: “No se puede vender a España a cambio de un plato de lentejas por seguir en La Moncloa.”

Para VOX una “mediación internacional” supone “un reconocimiento de facto de la independencia de Cataluña”. “Y por lo tanto una traición de Pedro Sánchez a España y a la Constitución. A los golpistas separatistas solo hay que aplicarles el Código Penal. A Pedro Sánchez parece que también.”

Mientras que Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha convocado a los españoles a manifestarse para “defender la Constitución más allá de las ideologías o siglas” y a crear un “frente cívico” que diga “basta ya” a Sánchez. “Hay que frenar a Sánchez en las calles”, enfatizó.

Pero el rechazo a la decisión de Sánchez se ha extendido también a las propias filas del socialismo.

La diputada socialista por Valladolid Soraya Rodríguez pidió que en “el diálogo entre el Estado” y Cataluña se respete la Constitución, el Estatuto de Autonomía y a las propias instituciones”. “Ni mediadores ni relatores”, ha señalado.

Soraya Rodríguez no es la única socialista que se ha mostrado escéptica ante el movimiento del Ejecutivo. El presidente de Aragón y Secretario General del PSOE en la región, Javier Lambán, ha recordado que “aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el estado de derecho y la decencia.”

También el expresidente de Gobierno, Felipe González, cuestionó la decisión del líder socialista. “No necesitamos relatores” dijo tajante. “Esa es una figura de Naciones Unidas”, recuerda González para dejar claro que en un asunto interno de un país no cabe incrustar ese elemento. Pero sus discrepancias de fondo y forma son más profundas, ya que no está de acuerdo con la propia existencia de esa mesa de partidos, toda vez que esa función de diálogo, con el que está de acuerdo, corresponde al propio Parlamento catalán, “donde hay muchos asesores y muchas personas que pueden hacer de notarios”, agregó.

En síntesis, dos coaliciones, una de centro derecha y la otra de centro izquierda se están disputando el poder en España con el conflicto en Cataluña y la unidad del Reino como telón de fondo. Habrá que esperar para ver cual es el poder de convocatoria de los opositores a Pedro Sánchez y la capacidad de maniobra del presidente de Gobierno para lograr que sus aliados aprueben la Ley de Presupuestos para saber si España votará en mayo un nuevo gobierno.

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