Haití,
el país más pobre entre los 35 que integran el continente americano, se ha
precipitado en una grave crisis institucional que amenaza la continuidad del
presidente Jovenel Moïse.
El año
2019 se presenta complicado para la estabilidad y el crecimiento de la región
del Caribe. Ahora a la crisis humanitaria y política en Venezuela y a las
protestas violentas contra el gobierno del comandante sandinista Daniel Ortega
se ha sumado ahora Haití
El
pasado 7 de febrero, cuando se cumplía el segundo aniversario de su cargo por
el presidente Jovenel Moïse, un empresario bananero de 51 años, la población de Haití ha salido a las calles
para exigir la renuncia del primer mandatario.
Haití
es uno de los países más singulares del continente americano. Es el más pobre
de todos ellos con un PBI de sólo 19.357 millones de dólares y uno de los más desfavorecidos
del mundo, ocupa la posición 145 de 177 según el Índice de Desarrollo Humano de
la ONU.
Es el
único país americano cuyo idioma oficial es el francés. Además, por ser su población
principalmente descendiente de esclavos africanos subsaharianos, se lo
considera más bien un país afroamericano o afrocaribeño.
Esta
ubicado en la zona central de las Antillas, en el tercio occidental de la Isla La
Española que comparte con la República Dominicana.
Densamente
poblado, con más de 270 personas por kilómetro cuadrado, su población de casi
diez millones de habitantes agrega una diáspora de aproximadamente dos millones
de haitianos distribuidos por el mundo (1.100.000 en la República Dominicana,
600.000 en los Estados Unidos, 100.000 en Canadá y otros 100.000 en las Islas
Bahamas).
Se
estima que el 80% de los haitianos con altos niveles educativos han emigrado,
sumando la “fuga de cerebros” a los
males del país.
El
promedio de hijos por mujer es de 2,69 y la tasa de crecimiento de la población
es de 1,7% anual.
La
mayoría de esta población vive en la pobreza más absoluta dependiendo de la
ayuda humanitaria internacional. El 80% de los haitianos subsiste con menos de
un dólar al día.
Además
de un origen étnico común, Haití comparte con algunos países africanos los
mismos problemas estructurales. No la maldición de los recursos naturales
porque no los posee, pero sí el subdesarrollo y la falta de inversiones
extranjeras.
Aproximadamente
el 70% de los haitianos depende de la agricultura que consiste principalmente
en agricultura de subsistencia con cultivos a pequeña escala y emplea cerca de
dos terceras partes de la población económicamente activa. La economía haitiana
casi no genera nuevos puestos de trabajo por lo que la emigración es la única
alternativa que se presenta a los jóvenes.
Tres
cuartas partes del territorio haitiano están constituidas por suelos
montañosos, y las llanuras están formadas por tierras deforestadas y
actualmente estériles. La causa principal de la degradación del suelo ha sido
la explotación forestal intensiva por una población que cada vez incrementa su
demanda de leña y madera, lo que ha provocado la desertificación y la escasez
de agua potable. Haití ha perdido el 98% de sus bosques. Esta situación
contrasta con la de la vecina República Dominicana, que con un clima similar y
condiciones iniciales similares práctico una política forestal adecuada y
actualmente posee una cubierta vegetal sostenible.
A los
males de la economía se agrega la inestabilidad política y los desastres
naturales.
La
historia de este país afrocaribeño es un continuo de inestabilidad y violencia
producto de guerras civiles, golpes de Estado, dictaduras sangrientas,
revueltas callejeras y frecuentes intervenciones militares extranjeras.
Desde
que el 14 d agosto de 1791 se inició la Revolución Haitiana, que culminó con la
independencia en 1804, el país ha vivido en la violencia, mucha violencia, que
convierte a la actual crisis política e institucional, tan sólo en una etapa
más.
Pero,
como las calamidades nunca vienen solas. El 12 de enero de 2010 un devastador
terremoto de magnitud siete en la escala de Richter golpeó al país provocando
la muerte de 300.000 personas y gran destrucción en la escasa infraestructura
existente.
Puerto
Príncipe, la capital, quedó particularmente afectada. El Palacio Presidencial
quedó muy afectado, colapsando el segundo piso sobre el primero. El edificio
del Parlamento, la sede de la ONU y la Catedral de Puerto Príncipe también sufrieron
fuertes daños. Esto generó que la mayor parte de actividad se traslade a
Pétion-Ville, a unos ocho kilómetros, donde se hallan casi todas las embajadas,
bancos, hoteles y restaurantes.
Los
haitianos, con gran ayuda internacional, intentaban recuperarse de este desastre
cuando, en 2016, otra catástrofe natural, el huracán Mattew, azotó al país
dejando a su paso más de mil muertos y nueva destrucción.
Las
actuales protestas, que han generado un clima de caos e incertidumbre, son
producto de una combinación de factores. Principalmente, la crisis económica
que se ha visto agravada en el último año por la depreciación del 20% del
gourde, la moneda oficial. La alta inflación del 14,50% ha afectado el poder
adquisitivo de la población. Los productos básicos en la dieta de los
haitianos, como el arroz han duplicado su valor. Una bolsa de arroz cuesta 18
dólares, una lata de frijoles siete y los cinco litros de aceite pasaron de 7 a
11 dólares.
Pero
lo que ha exaltado los ánimos de la población es el elevado nivel de corrupción.
En especial las supuestas irregularidades en el programa “Petrocaribe” -a través del cual Venezuela suministra petróleo a
varios países caribeños a precios ventajosos a cambio de apoyo político y
diplomático. El programa fue creado por Hugo Chávez en 2005 y Haití se incorporó al mismo en 2008-.
Una
reciente auditoria presentada por el Tribunal de Cuentas reveló irregularidades
entre 2008 y 2016, donde se habrían malversado unos 4.000 millones de dólares y
que involucran al menos a quince altos funcionarios gubernamentales y a un
grupo de empresas, entre ellas una que dirigía el presidente Moïse, en 2017,
antes de asumir la presidencia.
La
difusión de la auditoria detonó las protestas motorizadas por jóvenes desocupados
de los barrios populares, con barricadas y saqueos a comercios y oficinas, que
sacuden al país intermitentemente desde entonces y han provocado la muerte de
siete manifestantes y un policía.
El
gobierno de Moïse trata de controlar la situación convocando al diálogo. Pero los
partidos de la oposición y organizaciones sociales, reunidos en el “Sector Democrático Popular”, presionan desde
hace meses para obtener la renuncia del Presidente sin ofrecer un programa económico
alternativo ni garantías reales frente a la corrupción.
Protestas
similares se desarrollaron en julio -generada por un incremento del 50% en el
precio del combustible-, septiembre y noviembre de 2018, pero las actuales son
de mayor intensidad.
En
este marco, el lunes fueron detenidos ocho contratistas militares -cinco
estadounidenses, un haitiano, un ruso y un serbio- de la empresa de servicios
militares Kroeker Partners Group que
ingresaron al país con fuerte armamento y equipo táctico.
La
oposición ha denunciado que los mercenarios fueron contratados para garantizar
la seguridad del presidente, pero el gobierno lo niega y afirma que los
someterá a proceso judicial.
La
inestabilidad del país ha llevado a los Estados Unidos, Canadá y Brasil a
evacuar a su personal diplomático.
En
este conflictivo marco, la oposición ha convocado una nueva movilización
popular para exigir la renuncia del presidente Moïse y se negó a participar de
cualquier intento de diálogo con el gobierno. Por lo cual la situación en Haití
es de un final abierto.
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