Según detalló
el periodista Jorge Lanata en su programa Periodismo Para Todos durante la
pandemia el gobierno kirchnerista gastó quince millones de pesos en encuestas
destinadas a medir la imagen del gobierno. Esto abre un interrogante sobre la credibilidad
e independencia de los encuestadores.
En su programa Periodismo Para Todos, del domingo 11 de junio, el
periodista Jorge Lanata denunció que el gobierno de Alberto Fernández firmó
contratos de consultoría con cinco encuestadoras por valor de quince millones
de dólares y estaría negociando con una sexta.
Las firmas contratadas fueron: María Florencia Filadoro, Multimedios
& Marketing S.R.L., Julio Francisco Antonio Aurelio S.A., Ágora Consultores
S.R.L., Analía Graciela Consultores, Gustavo Córdoba y Asociados.
La cuestión es grave no sólo porque el gobierno esta empleando fondos
públicos con propósitos partidarios es decir particulares del partido gobernante
que es una práctica tan ilegal como frecuente sino por su impacto sobre la credibilidad
e independencia de los encuestadores.
Podría darse el caso que una encuestadora cuyo principal cliente es el
gobierno se sienta tentada a no difundir o al menos “suavizar” los datos
que resultan adversos para quien contrata sus servicios.
Además, porque muchos de estos encuestadores son consultados por
periodistas, entrevistados en los medios e incluso invitados como panelistas a
programas periodísticos de opinión política. En esos casos, quien escucha sus
opiniones o lee sus artículos y analiza sus encuestas cree que esta opinando
una profesional independiente y objetivo cuando en realidad a quién oye es a un
empleado del gobierno.
Esto hace que en Argentina las encuestas preelectorales han demostrado
ser poco confiables, cuando no están mal confeccionadas están manipuladas para
mostrar que algún candidato será el indiscutible ganador.
Las causas de la escasa confiabilidad que presentan las consultas de
intención de voto en Argentina son diversas. Algunas empresas encuestadoras,
por falta de recursos o por carecer de idoneidad en el tema, insisten en
emplear métodos de medición que otros profesionales actualmente se
han descartado por sus reiterados fallos. En especial, el empleo de consultas
telefónicas que no discriminan la franja etaria ni las zonas geográficas donde
se realizaron las mediciones.
En otros casos hay errores en el diseño de la muestra (por ser demasiado
reducida o estar mal distribuida geográfica y etariamente). También algunas
encuestas fracasan por que los cuestionarios son administrados por
encuestadores poco capacitados para llevar a cabo esta tarea o, lo que es más
grave aún, son inescrupulosos e inventan los datos que deberían recabar.
Lo mismo ocurre con mediciones elaboradas en base al seguimiento de
redes sociales o focus group (que consiste en evaluar la
opinión de un pequeño grupo de personas, 12 a 30 sujetos fijos y evaluar cómo
evoluciona con el tiempo y los acontecimientos). La validez instrumental de
tales metodologías aún no ha sido totalmente verificada.
Por último, cabe considerar que muchas personas desconfían de las
encuestas y se niegan contestar o dan respuestas distintas de lo que realmente
votaran porque creen que esa es la respuesta que espera el encuestador o para
ser “políticamente correcto” apoyando verbalmente al candidato
que aparece como triunfador aunque finalmente vote a otro.
Por último, están las encuestas que en realidad nunca han sido
implementadas y son tan sólo un dibujo más o menos creativo sobre intención de
voto para sostener el triunfo de un candidato o sus datos surgen de realizar el
promedio de las cifras dadas a conocer por otros encuestadores.
En muchos casos las encuestas deben ser consideradas como “fake
news” o, como se decía antes en la jerga periodística, “pescado
podrido”.
Difundir encuestas falsas sirve para convencer a los indecisos de que la
elección ya está resuelta y que no vale la pena concurrir a los comicios o
votar por un candidato que de todos modos va a perder la votación.
En esta forma se desalienta a la oposición esperando que sus militantes
bajen los brazos, pierdan el entusiasmo y hasta descuiden la fiscalización de
los comicios y acepten presiones y fraudes en los lugares de votación.
También permite implantar en la población la idea de que un resultado
distinto del esperado solo puede deberse a la comisión de fraude.
Por lo tanto, cuando se aproximan las fechas de elecciones legislativas
de medio término (PASO en septiembre y comicios en noviembre) es conveniente
recordar que firmas de consultoría electoral están vinculadas al gobierno o tienen
tradición de trabajar en cada elección para el mismo partido político para evitar
prestar demasiada atención a las encuestas interesadas que se difunden con poca
seriedad a través de los medios de comunicación. Siempre termina ocurriendo que
la encuestas estaban equivocadas.
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