La pulseada entre el presidente Kaïs Said
y el partido islamista Ennahda ha creado una crisis de gobernabilidad en Túnez.
El presidente destituyó al primer ministro y disolvió la Asamblea de Representantes
del Pueblo.
CONTENIDO
Túnez
es el más pequeño de los cuatro países africanos que forman el Magreb. Aunque
sus más de once millones de habitantes lo sitúan por encima de Libia en
población.
Precursor
de las “primaveras árabes” con la llamada “Revolución de los Jazmines”,
que puso fina -al costo de más de trescientas vidas- a dos décadas de la
dictadura de Zine El Abidine Ben Alí y su partido Reagrupamiento Constitucional
Democrático (RCD), Túnez ha tenido desde entonces diez gobierno que no han
logrado estabilizar al país.
La
pandemia del Covid 19 se ha hecho sentir intensamente en Túnez, convirtiéndolo
en el país con más muertos por Covid en África según la Organización Mundial de
la Salud. Solo algo más del 5% de la población tunecina ha sido vacunada contra
el Covid y falta toda clase de insumos médicos en especial respiradores y
oxígeno. Las camas de los hospitales se encuentran ocupadas en un 90%.
También
la economía tunecina ha sufrido por la pandemia. La desocupación afecta al
40,8% de los jóvenes tunecinos y en 2020 el PBI cayó un 8,8%. La pandemia
afectó especialmente a los sectores que integran la industria turística que
aportaba el 8% al PBI.
LOS
PROLÓMNOS DE LA CRISIS
Las elecciones
legislativas de octubre de 2019 dieron origen a un parlamento dividido entre
más de treinta partidos. La primera minoría quedó en manos del partido “demócrata
musulmán” de carácter conservador Ennahda que obtuvo 64 de los 217 escaños de
la Cámara de Representantes del Pueblo. La fragmentación del Parlamento fue una
de las causas de la paralización del gobierno.
En las
elecciones presidenciales, realizadas por separado de las legislativas, se
impuso el jurista Kaïs Said de 63 años. Un profesor jubilado de Derecho
Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de
Túnez que era asiduo panelista de los programas políticos en la televisión
local.
Sus
partidarios se refieren al Presidente como “Robocop” por su imperturbable
rostro y el tono monocorde de su voz.
Said,
que realizó una campaña electoral basada en denunciar la corrupción de los
partidos políticos, en anunciar una política conservadora y en formular
promesas populistas, se impuso en la segunda vuelta por el 72,71% de los votos.
Tras
la dimisión del primer ministro Elyés Fakhfakh, en julio de 2020, por un
conflicto de intereses, el presidente Said nombró en ese cargo a Hilchen Mechichi,
un tecnócrata que hasta entonces se desempeñaba como ministro del Interior.
Said y el nuevo primer ministro, que contaba con el apoyo de los conservadores
de Ennahda, pronto entraron en colisión por el poder. La puja culminó, en
febrero, cuando el Presidente anuló un cambio de gabinete -que tiene 25
integrantes- que el Primer Ministro había concertado con el partido Ennahda.
EL
GOLPE DE ESTADO
La
crisis actual comenzó el miércoles 21 de julio, cuando ante el creciente
descontento popular por el manejo de la pandemia, el Primer Ministro Hilchen
Mechichi cesó al ministro de salud Fawzi Mahdi.
La
medida resultó insuficiente para calmar la indignación popular por la falta de
vacunas y el presidente Said y sus partidarios vieron la oportunidad de sacar
provecho de la situación que se había creado.
Manifestantes
exaltados atacaron la sede del partido Ennahda en la ciudad de Túnez y en las
provincias de Tozuer, Kairouam, Sidis Bouzid, Sfax Nabeul, Gafsa, Sousse,
Mahdia y ekl Kef coreando consignas contra el presidente de la Cámara de
Representantes y líder del Ennahda, Rashid Ghannouchi.
El
domingo 25 de julio en un mensaje televisivo el presidente Kaïs Said, con el
apoyo del Ejército, destituyó al primer ministro Hichen Mechichi y al día siguiente
decretó el cese del ministro de Defensa Ibrahim Bartaji y al ministro de
Justicia Hasna Ben Slimane. También clausuró al Parlamento y cerró sus
instalaciones, el quitó la inmunidad a los diputados y prohibió la salida del
país de Rashid Ghannouchi y del resto de los diputados de Ennahda.
Además
ordenó el cierre de las oficinas de la agencia notciosa catarí Al Jazeera. El
marte 27 el presidente destituyó a veinte altos funcionarios de gobierno entre
los que se figuraron el Fiscal general de Estado, el Secretario de Gobierno, el
Director de Gabinete de la presidencia de gobierno, el Jefe de la Autoridad
General de Resistentes, Mártires y Heridos de la Revolución y de Operaciones
Terroristas, así como de los consejeros del depuesto primer ministro.
Al mismo tiempo la Fiscalía General anunció una
investigación contra Ennahdha, su partido aliado Qalb Tounes y la formación
Aich Tounsi, por la presunta financiación con dinero del extranjero de sus
respectivas campañas electorales en 2019.
El presidente
invocó el artículo 80 de la Constitución de 2014 para justificar la legalidad
de sus actos.
Según
el artículo 80, el presidente puede adoptar “medidas excepcionales” en
caso de “peligro inminente de las instituciones del país”. Sin embargo,
el Presidente solo puede adoptar el Estado de Excepción, previa consulta con el
Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo y
luego de informar al Presidente del Tribunal Constitucional.
Ninguno
de estos procedimientos fueron cumplidos por el presidente Kaïs Said pese a su
profundo conocimiento del derecho constitucional. Además, Túnez carece de
Tribunal Constitucional porque el Presidente se ha negado sistemáticamente a
aprobar la ley que los constituiría.
Por lo
tanto, el proceder del presidente Kaïs Said es claramente ilegal y constituye
un auténtico golpe de Estado.
El
presidente Said ha prometido “normalizar” al país en el plazo de treinta
días pero existen dudas de que cumpla su promesa.
Internacionalmente
la crisis en Túnez ha despertado honda preocupación. Los Estados Unidos, la
Federación de Rusia, la Comunidad Europea y la Unión Africana han demandado una
solución rápida y pacífica que restaure el régimen constitucional en el país.
Los
islamistas del partido Ennahda demandan la celebración de nuevas elecciones
legislativas y presidenciales como parte de una hoja de ruta que restablezca la
democracia en Túnez.
En
tanto la poderos central sindical Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT),
que representa a tres millones de trabajadores, y diversas asociaciones de
abogados y profesionales demandan también el cumplimiento estricto del plazo
anunciado por el Presidente para restaurar la legalidad democrática.
Por el
momento, los principales analistas se preguntan que camino seguirá Túnez. Los
más pesimistas consideran que podría ocurrir como en Libia que vive desde hace
diez años en guerra civil o como en Egipto, donde un golpe de Estado anti
islamista derivó en una dictadura autocrática apoyada por el Ejército.
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