Colombia ha vivido los últimos sesenta
años en una cruenta guerra civil y hoy sufre las consecuencias de una pandemia
que está destruyendo su economía, en ese contexto un ataque al helicóptero del
presidente Iván Duque incrementa las tensiones.
EL
ATENTADO
El pasado
viernes 25 de junio, en horas de la tarde, cuando el helicóptero UH-60 Black Hawks
de la Fuerza Aérea Colombiana matricula FAC 007, que transportaba al presidente
Iván Duque sobrevolaba un área boscosa próxima a los barrios de La Ermita,
Toledo Plata, Virgilio Barco y La Conquista situados aproximadamente a 1.200
metros del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, capital
de Norte de Santander, recibió fuego de armas automáticas portátiles desde
tierra.
A
bordo de la aeronave viajaban el presidente Iván Duque, el ministro del
Interior, Daniel Palacios y de Defensa Molano, así como el gobernador de Norte
de Santander, Silvano Serrano y el alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez y el consejero
presidencial para la Estabilidad y la Consolidación Emilio Archila, todos los
tripulantes resultaron ilesos.
Los
pilotos iniciaron maniobras evasivas y rápidamente aterrizaron en el Aeropuerto
de Cúcuta donde verificaron que el aparato había sido impactado por seis
proyectiles.
La
aeronave de la FAC pese a la importancia de la comitiva que trasportaba no
estaba artillada ni contaba con custodia aérea pero, al parecer, el fuselaje
contaba con algún tipo de protección o blindaje liviano (por tratarse de un
helicóptero de uso civil y por el peso adicional que implicaría un mayor
blindaje el mismo no era completo) que impidió que los proyectiles penetraran
en el helicóptero.
La
comitiva presidencial había viajado el mismo día a Sardinata, localidad situada
en la convulsionada región de Catatumbo para presentar los avances del programa
“Paz y legalidad” dentro del capítulo “Catatumbo sostenible”.
La
región de Catatumbo abarca unos 10.089 km², en su mayoría selváticos, en la
frontera con Venezuela y está compuesta por once municipios. En ese territorio
operan las narcoguerrillas del Ejército de Liberación Nacional, las denominadas
“disidencias” de las FARC, como GAR Frente 33, que se niegan a abandonar
las armas y sus actividades de narcotráfico, es también un reduco del Ejército
Popular de Liberación Nacional y otras bandas de narcotraficantes.
La ciudad de Cúcuta también es el ámbito de acción de Los Rastrojos o
Rondas Campesinas Populares (RCP) una grupo narco paramilitar. Fue organizado
por disidentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar
que se desmovilizó en 2006. Uno de los dos “ejércitos” del Cartel del
Norte del Valle.
Los Rastrojos ayudaron al presidente de la
Asamblea de Venezuela, y parcialmente reconocido como presidente de Venezuela
Juan Guaidó a cruzar a Colombia para el concierto de Aid Live, en medio del
cierre fronterizo que ordenó el dictador Nicolás Maduro.
El 22 de agosto de 2020 son capturados en
zonal rural de Los Patios (Norte de Santander) cinco miembros de este
grupo criminal; entre ellos, dos hermanos que ejercían como cabecillas máximos
de la organización, responsables del asesinato de seis personas en Cúcuta a
comienzos de mes. En noviembre de ese año son capturados once presuntos
miembros de Los Rastrojos en el Área Metropolitana de Cúcuta, sumando un total
de cuarenta miembros de esta organización capturados en 2020, quedando una vez
más diezmada esta organización. A inicios de 2021, es capturado en Cúcuta al líder de Los
Rastrojos Ricardo Trigos, alias “Resorte”, exmiembro de Los
Pelusos que coordinaba las actividades ilícitas de estos grupos
delictivos en el tema de narcotráfico y de la lucha contra el ELN.
En
síntesis, en la ciudad de Cúcuta, capital de la región y sede de los
principales pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, hay fuerte presencia
de estos grupos y de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión
y el contrabando. El último informe de Naciones Unidas advierte que en el Norte
de Santander se encuentran 36.000 hectáreas sembradas con cultivos ilícitos.
Fuerzas
policial que llevaron a cabo rastrillajes y allanamientos en el barrio popular
La Conquista, en un lugar próximo al perímetro de la alambrada del Aeropuerto,
encontraron un fusil FAL calibre 7,62X51 con inscripciones del Ejército de
Venezuela, que había sido ensamblado con piezas de distintas armas. La otra arma
era un fusil de asalto marca Kalashnikov 47 calibre 7,62X31, fabricado en la
antigua República Democrática Alemana. Junto a las armas se hallaron con cinco
cargadores y 20 vainas servidas (14 de FAL y 6 de AK 47) de fabricación
sudafricana, china, venezolana, rusa y china.
El
Ejército Bolivariano empleó el FAL de fabricación belga hasta 2005 en que lo
reemplazo por el AK 47 de fabricación rusa. Los FAL remanentes pasaron a ser el
armamento de la Milicia Bolivariana.
El
hecho de que uno de los fusiles sea ensamblado y las municiones de distinto
origen indica que este armamento proviene del mercado negro donde se abastecen
los grupos criminales y las bandas terroristas de Sudamérica. La mayor parte de
este armamento es robado de los depósitos militares o intercambiado por droga.
LA
SITUACIÓN EN COLOMBIA
El
desarrollo de Colombia se ha visto afectado por las consecuencias combinadas de
la guerra civil y las actividades criminales derivadas del narcotráfico.
Consecuencias que se hicieron particularmente intensas durante los tres años de
Iván Duque aun antes del comienzo de la pandemia.
Durante
el segundo semestre de 2019 el gobierno anunció una reforma del sistema jubilatorio
y del régimen laboral que provocó protestas callejeras y choques entre
manifestantes y policial que forzaron al presidente Duque a implementar el
toque de queda. Los incidentes dejaron un saldo de 17 muertos y 846 heridos.
En
este contexto llegó la pandemia del covid que paralizó no sólo la economía
colombiana sino también la economía global generando una recesión similar a la
de 1929.
Como
resultado de este proceso el PIB de Colombia se redujo en 6,8% en 2020, el
mayor descenso de su historia.
En
marzo de 2021, el gobierno intentó nivelar el déficit fiscal aplicando una
reforma tributaria que implantó el IVA del 19% al consumo de servicios
públicos, los combustibles, servicio de internet, telefonía celular, además de
ciertos productos de la canasta básica. Así mismo se intentó crear un impuesto
a los réditos para quienes ganaron a partir de los 663 dólares mensuales y un
impuesto a los servicios públicos y se implantaron peajes urbanos.
La
reacción popular no se hizo esperar. Los sindicatos convocaron a un paro
general el 28 de abril que se prolongó durante cuarenta días. El presidente
Duque debió retirar el proyecto y cambiar al ministro de Economía.
Sin
embargo, las protestas continuaron y desencadenaron una ola de violencia policial
que fue condenada por Human Rights Watch y Amnistia Internacional que dejó 43
muertes, miles de heridos y 87 personas desaparecidas.
Después
de los cuarenta días de paro nacional, el Centro Estratégico Latinoamericano de
Geopolítica (CELAG) dio a conocer una encuesta sobre temas sociales y políticos
en Colombia en donde señalaba que el presidente Iván Duque tenía una imagen negativa
de 77,5% y de una positiva de solo 17,6%.
La
situación de seguridad y los derechos humanos en Colombia se ha deteriorado
debido al asesinato generalizado de
líderes sociales, guerrilleros de las FARC desmovilizados y civiles en general
-incluyendo a los manifestantes-, comenzaron a operar grupos parapoliciales y
se incrementaron los abusos del personal policial.
Colombia
es el mayor productor mundial de cocaína y Estados Unidos es el principal
consumidor. El área de cultivo de hojas de coca, en 2020, se expandió en
245.000 hectáreas, un 15%, y la capacidad de producción de cocaína aumento a
1.010 toneladas, según un informe de la Oficina de Política Nacional de Control
de Drogas de EE. UU.
A
principios del mes de junio fue asesinada a tiros Esperanza Navas, una fiscal
especializada del municipio de Tibú, que forma parte del Catatumbo.
El 15
de junio, a las 15,00 horas, una Toyota Fortuner 2017 blanca, convertida en
autobomba explotó en la sede de la Trigésima Brigada del Ejército en Cúcuta y
dejó un saldo de 36 personas con heridas de diversa gravedad.
CONCLUSIONES
Debe
considerarse la posibilidad de que el helicóptero con la comitiva presidencial
puede haberse convertido en un “blanco de ocasión” al sobrevolar un área
con fuerte actividad de grupos narcoterroristas. Los atacantes pueden haber
disparado para alejar una nave militar que pensaron se disponía a observar sus
instalaciones o actividades. Sin saber a quién transportaba el helicóptero de
las FAC. Porque parece difícil que se halla pensado en derribar ese tipo de
aeronave con un armamento tan poco apto para ese propósito como los dos fusiles
de asalto hallados.
La
región de Cúcuta constituye claramente un “espacio sin ley” donde
abundan los grupos armados de distinta naturaleza y con capacidad de llevar a
cabo un atentado eficaz contra el helicóptero presidencial.
Resulta
evidente que las medidas de seguridad en torno al presidente Iván Duque
fracasaron en la evaluación de los riesgos que implicaba concurrir a la región
de Catatumbo y en prevenir y contrarrestar el atentado.
En este
contexto, deberán llevarse a cabo elecciones presidenciales el 29 de mayo de
2022 en primera vuelta y el 19 de junio en segundo, según las encuestas el
candidato que encabeza las preferencias es el senador izquierdista Gustavo
Petro del partido Colombia Humana, quien tiene un pasado como guerrillero del
desmovilizado grupo terrorista Movimiento 19 de Abril (M-19).
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