Colombia se prepara para una huelga masiva
con movilización para el próximo jueves 21 de noviembre en medio de un
subcontinente en llamas.
América
Latina vive tiempos convulsionados. Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Chile
enfrentaron o viven violentas protestas callejeras. En Perú, el presidente
Pedro Pablo Kuczynski debió renunciar y está preso acusado de corrupción. El
país tiene a tres expresidentes en prisión por corrupción y un cuarto se
suicidó antes de ser detenido. Bolivia, después del fraude electoral que derivó
en un golpe cívico de Estado contra el presidente Evo Morales, vive en una
suerte de guerra civil que por el momento ha costado la vida a más de veinte
personas, trescientos heridos y cuantiosos daños a la propiedad
Venezuela
tiene dos presidentes, el chavista Nicolás Maduro en ejercicio y el opositor Juan
Guaidós como presidente designado, más de cinco millones de venezolanos votaron
con los pies dejando su patria en búsqueda de mayor libertad y seguridad. Los
que permanecen en el país no han abandonado las protestas contra el socialismo
del siglo XXI.
Ahora,
parece haber llegado el momento de que Colombia también se enfrente a la
violencia callejera.
Curiosamente,
en 2019, Colombia será uno de los países de mayor crecimiento de América
Latina, superando el 3,3%, cuando la región apenas crecerá en promedio 0,2%,
según estimaciones realizadas por el FMI. La contracara de este crecimiento en
un desempleo que se mantiene en dos dígitos (10,9%).
Pese a
esta prosperidad, desde su llegada al poder en agosto de 2018, el presidente
Iván Duque ha debido enfrentar un descontento paulatino en las calles originado
en sus propuestas de reforma económica, impositiva, laboral y previsional, en
su política de seguridad enfocada en el combate abierto al narcotráfico y los
cultivos ilegales de drogas, además de su intento de modificar el acuerdo que
llevó al desarme de las FARC.
En la
más reciente encuesta de Gallup, la desaprobación al presidente Duque llega al
69% -la más alta desde que inició su mandato-; mientras que el 70% de los encuestados
considera que el país va por mal camino.
El núcleo
duro del descontento radica en la existencia de una clase media con conciencia
política y movilizada en defensa de las conquistas logradas en los últimos años.
Un sector social cansado de que las élites políticas y económicas manipulen los
gobiernos para descargar el costo de hacer a la economía colombiana más
competitiva sobre él.
Aunque
el gobierno de Duque asegure que aún no tiene proyectos concretos de las
reformas que piensa implementar y que las mismas se llevaran a cabo por consenso.
Algunas de las medidas en estudio por el gobierno han transcendido.
Los
sindicatos y los partidos de la oposición han denunciado que el gobierno
pretende rebajar los impuestos a las grandes empresas y multinacionales e
imponer tributos más altos a la clase media y a los trabajadores, pagar el 75%
del salario mínimo a los jóvenes que acceden a su primer empleo, suprimir la
indemnización por despido, el pago por horas extras, suprimir las primas por
trabajo en días festivos, sábados y domingos, aumentar la edad jubilatoria,
privatizar el sistema jubilatorio, las empresas productoras de electricidad y
otras empresas públicas.
Estos
planes de reforma socioeconómica afectan especialmente a la clase media que
además sufre el efecto contagio de lo que ocurre en Venezuela, Bolivia y Chile
y le llega a través de los medios de comunicación.
En
este nuevo escenario, los discursos populistas que promueven un papel más
activo del Estado en favor de las clases populares resultan más atractivos para
quienes buscan cumplir con sus expectativas educativas, laborales y de salud,
que otros que incluyen una férrea disciplina fiscal y nuevos ajustes de
cinturón para calmar a las calificadoras de riesgo y a los organismos
financieros internacionales con la esperanza de atraer nuevas inversiones.
Para
colmo de males, a los descontentos se suman grupos de activistas de extrema
izquierda financiados, adiestrados y coordinados desde Caracas y La Habana.
Es así
como, el jueves 21 de noviembre, algunos van a expresar su rechazo a los planes
de reforma económica, otros van a marchar agitando consignas ideológicas y
otros enarbolando pañuelos blancos en defensa de los “desmovilizados” y otros
líderes sociales asesinados y contra el reclutamiento forzado de niños por
parte de grupos ilegales.
En este
último sentido, la protesta recibió un mayor impulso, en los últimos días, al
conocerse la muerte de ocho menores en el bombardeo al campamento de las
disidencias de las FARC, en Caquetá, ocurrido el pasado 30 de agosto.
Es por
lo que campesinos, indígenas, docentes, estudiantes, comunidades de
afrodescendientes, mujeres, miembros de la comunidad LGTBI, jubilados y
trabajadores urbanos se movilizaran el próximo jueves.
La
protesta convocada y coordinada especialmente por redes sociales. Los
organizadores esperan reunir a tres millones de personas expresando su
descontento en las calles del país.
Entre
las más de ciento cincuenta organizaciones sociales que se han sumado a la
convocatoria se encuentran: la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de
Colombia, la Organización Colombiana de Pensionados, la Federación Colombiana
de Trabajadores de la Educación, la Central Unitaria de Trabajadores de
Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la
Confederación General del Trabajo (CGT), el Consejo Regional Indígena de
Colombia (CRIC), la Asociación Colombiana de representantes Estudiantiles, la
Asociación de Consejeros Comunitarios del Norte del Cauca y la Unión de
Comunidades de Afrodescendientes.
Entre
los partidos políticos convocantes a la marcha figuran la Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común (ex FARC), el Polo Democrático Alternativo, Alianza Verde
y Cambio Radical.
A
estas organizaciones se han sumado figuras independientes, intelectuales, artistas
y celebridades como el cantante Carlos Vives, Fernanda Aristizábal, la nueva “Señorita
Colombia”, los cantantes Adriana Lucía, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago
del grupo de rock “Aterciopelados”, Goyo de “ChocQuibtown”, el
actor Andrés Parra, entre otras personalidades.
Mientras
que, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe insiste en recalcar que detrás
del paro y la marcha se encuentran el Foro de Sâo Paulo, organización que reúne
a los grupos más radicalizados de la izquierda latinoamericana con su
estrategia de desestabilizar a las democracias de la región.
El
gobierno de Iván Duque teme que la protesta pacífica sea capitalizada por
activistas extranjeros violentos. En los últimos días expulsó a diez
extranjeros (venezolanos, chilenos y españoles) con antecedentes de activismo,
a los que las autoridades acusaron de querer “infiltrarse” en la movilización.
Al mismo tiempo, el gobierno anunció que otros once extranjeros podrían seguir el
mismo destino.
Así
planteada la situación de Colombia puede tornarse explosiva si finalmente la
marcha del próximo jueves deriva en incidentes violentos, destrucción de
propiedad y represión policial que genere víctimas y detenidos.
Estos
hechos servirían de escusa a quienes intentan desestabilizar Colombia para
prolongar las jornadas de protesta y multiplicar los hechos de violencia. El
fantasma de Chile, Ecuador y Bolivia esta presente más que nunca en América
Latina.
Por
eso, sorprende que el presidente Iván Duque no intente desmontar (al menos en
parte) la protesta anunciando un brusco cambio de rumbo económico que incluya
el abandono de sus impopulares planes de reforma. Aún está a tiempo de evitar
el caos, luego, posiblemente, igual se verá forzado a tomar esa medida si la
violencia de apodera de las calles.
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