GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA

Ni el anuncio de nuevas elecciones pudo acallar las protestas desatadas tras el fraude en el proceso electoral y el recuento de votos en los comicios del pasado 20 de octubre. Finalmente, la movilización popular y la pérdida del apoyo de las Fuerzas Armadas forzaron al presidente de Bolivia, Evo Morales a renunciar y partir hacia el exilio.  

Ni el anuncio de nuevas elecciones, ni la renovación total de los miembros del Tribunal Superior Electoral conformó a los activistas que impulsan la protesta social en el Estado Plurinacional de Bolivia. Los manifestantes demandaron la renuncia del presidente Evo Morales y que no fuera candidato en las próximas elecciones. La crisis terminó por resolverse con la renuncia del primer mandatario después de perder el apoyo de la Policía Nacional y los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Así, terminó la experiencia de catorce años de “socialismo del siglo XXI” y el mandato del primer presidente indígena de Bolivia.

El domingo 20 de octubre, 7,3 millones de bolivianos concurrieron a las urnas para elegir un presidente y a los miembros del Parlamento. La jornada de votación transcurrió en calma, aunque se produjeron algunos incidentes menores en algunos puntos del país del Altiplano.

Un gran operativo de seguridad, del que participaron efectivos policiales y militares patrullando las calles durante todo el acto comicial se había desplegado por precaución, luego de una campaña electoral que había terminado con episodios de violencia en algunas regiones del país.

Los problemas surgieron luego de la votación durante el recuento provisorio oficial de votos. A las 19,40 horas, cuando había sido escrutados el 83,76% de los votos el resultado asignaba al presidente Morales del Movimiento al Socialismo (MAS) el triunfo con el 45,28% de los votos. En segundo lugar se situaba el partido Comunidad Ciudadana, que logró el 38,16% de los sufragios para su candidato Carlos Mesa, un periodista e historiador de 66 años, que como vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada completo su mandato presidencial, entre 2003 y 2005, cuando el presidente se vio forzado a renunciar debido a la llamada “Guerra del Gas” que desato fuertes protestas protagonizadas por campesinos, sindicatos y organizaciones sociales.

Fue entonces cuando el Tribunal Supremo Electoral decidió en la noche del domingo suspender el recuento de votos.

Con estas cifras, al no alcanzar ningún candidato el 50% de los votos o el 40%, con una diferencia de diez puntos sobre el segundo, Bolivia tendría, por primera vez en 17 años, una segunda vuelta electoral donde competirían por la presidencia los dos candidatos más votados.

La segunda vuelta estaba prevista por el calendario electoral para el próximo domingo 15 de diciembre y participarían de la misma Evo Morales y Carlos Mesa.

Pero, luego de 24 horas de silencio del Tribunal Supremo Electoral, cuando todo parecía indicar que habría una segunda vuelta electoral, se reanudó sorpresivamente el recuento que esta vez mostró un panorama radicalmente distinto. El presidente Morales aparecía como vencedor en primera vuelta con diez puntos de diferencia sobre Carlos Mesa.

Con el 96,78% de los votos escrutados, el nuevo conteo preliminar señaló que Evo Morales obtuvo el 46,49% de los votos y Carlos Mesa el 36,01%, es decir una diferencia de 9,5%, cuando se necesitan diez puntos para evitar la segunda vuelta.

En ese momento, el presidente Morales se presentó por primera vez ante la prensa desde las elecciones del domingo 20.

“Quiero agradecer por este nuevo triunfo. Es la cuarta elección que ganamos democráticamente. Tenemos mayoría absoluta en diputados y senadores. Gracias a todos los sectores sociales. Hemos garantizado el crecimiento económico, la paz social y la justicia social. Nuestro proceso es imparable”, comenzó, desde la Casa del Pueblo, la sede del gobierno en La Paz, sin hacer ninguna mención a la posibilidad de una segunda vuelta. En esta forma Morales gobernaría en forma ininterrumpida de 2005 a 2025.

Este giro sorpresivo llamó la atención de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea y de la Iglesia Católica de Bolivia, que pidieron transparencia al Tribunal Superior Electoral y al gobierno.

Luego se produjo la renuncia de uno de los seis miembros del Tribunal Superior Electoral, Antonio Casas, que según la Misión de Observadores de la OEA “debilita aún más la institucionalidad electoral y aumenta los niveles de desconfianza.”

La irregularidad manifiesta en el conteo de votos motivaron que tanto el partido Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, como diversas organizaciones civiles reunidas en el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, convocaron para el martes 22 un “cabildo abierto” en las principales ciudades del país, desconociendo el triunfo de Evo Morales y convocaron a la “resistencia civil”.

Mientras que varias organizaciones sociales afines al MAS, reunidas en la Coordinadora Departamental por el Cambio (Codelcam), anunciaron que se declaraban en “emergencia” y que no aceptarían la realización de una segunda vuelta electoral.

La constitución de Bolivia establece una única reelección para el presidente, es decir, un máximo de diez años consecutivos de mandato, Evo Morales está en su tercer mandato consecutivo decir que ejerce la presidencia desde hace catorce años. El 21 de febrero de 2016, Morales organizó un referéndum nacional para modificar el artículo 168 de la Constitución boliviana y así aspirar a una cuarta reelección consecutiva y el pueblo boliviano se expidió en contra por más del 50% de los votos emitidos en ese momento.

De todas formas Evo Morales se presentó como candidato presidencial. Para ello tras una presentación de legisladores oficialistas, en 2017 el Tribunal Supremo Constitucional (en manos de jueces afines a Morales) declaró inválido el artículo de la Constitución que impedía presentarse al presidente para competir. Los juristas argumentaron que impedirle ser candidato vulneraría los derechos humanos esenciales de Evo Morales de elegir y ser elegido. Por tanto, el presidente podía alterar la letra escrita de la Constitución aspirando a lo que de hecho era una reelección indefinida.

Competir como candidato presidencial no fue suficiente para Evo Morales. En su afán de perpetuarse en el gobierno, el presidente socialista directamente recurrió lisa y llanamente a adulterar el resultado de la votación presidencial.

Ante las protestas callejeras y la huelga general que se desató en Santa Cruz de la Sierra, el mandatario boliviano denunció que está “en proceso” un golpe de Estado en su contra. “La derecha se ha preparado con apoyo internacional. Declaro el estado de emergencia para defender la democracia”, replicó.

La desconfianza en el conteo de votos despertó una ola de masivas manifestaciones de grupos oficialistas y opositores a lo largo de Bolivia. Los incidentes afectaron a ciudades como Potosí, Sucre, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca

El jefe de la misión de observación electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, presentó el miércoles 23 un informe en La Paz de cómo se desarrollaron las elecciones generales, donde destacó que “el órgano electoral ha perdido credibilidad, generando polarización y desconfianza frente al árbitro de este proceso y la falta de transparencia en el proceso posterior a la votación, pero también por la inequidad que se registró durante la campaña previa” […] “Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”, afirmo el jefes de los observadores.

En respuesta, Evo Morales denunció ese mismo día que la derecha de Bolivia, con apoyo internacional, se preparó para un golpe de Estado. El mandatario hizo un llamado a los bolivianos para que defiendan la democracia. “Quieren sangre y muerte”, acusó el presidente.

La respuesta fue el incremento de los enfrentamientos callejeros entre militantes del MAS y partidarios de oposición que reclamaban por la segunda vuelta. Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz ganó protagonismo como líder de la oposición demandando directamente la renuncia del presidente boliviano.

El lunes 28 se sumó al repudio de la manipulación electoral el gobierno de los Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo, tuiteó: “Estamos profundamente preocupados por las irregularidades en el proceso de conteo de votos de las elecciones de Bolivia del 20 de octubre”.

“Hacemos un llamado a Bolivia para restaurar la integridad electoral procediendo a una segunda vuelta en elecciones libres, justas, transparentes y creíbles entre los dos principales ganadores”

“Estados Unidos respalda a nuestros socios en la región y a los observadores de la OEA al pedir una contabilidad precisa de los votos emitidos, o si eso no es factible en opinión de la misión de observadores de la OEA, una segunda ronda que sea creíble y transparente”, concluyó el secretario de Estado.

A este pedido se sumaron la Unión Europea, Argentina, Brasil, Canadá y Colombia. Solo Rusia, Cuba, México y Venezuela felicitaron a Morales por su victoria.

El miércoles 30, la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Evo Morales acordaron una auditoria de las elecciones presidenciales que fue rechazada por la oposición.

La auditoría tiene como objetivo determinar si efectivamente hubo alteración de los resultados en el cómputo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo de los comicios del pasado 20 de octubre y que dio como ganador al presidente Evo Morales, entre denuncias de fraude de la oposición.

El gobierno de Morales insistió que se compromete a aceptar lo que resuelva la OEA e incluso ir a una segunda vuelta con el opositor Carlos Mesa si se confirma alguna irregularidad. Pero, Carlos Mesa expresó a la prensa su rechazó a los términos de la auditoría por haber sido pactados sin la intervención de oposición y sin acordar el mecanismo de verificación a emplearse, sin consultar cuáles eran sus condiciones o asegurar la participación de representantes de la sociedad civil.

Mientras tanto se multiplican los bloqueos, huelgas, cabildos (denominación que en Bolivia se da a las “asambleas populares”), saqueos de supermercados, marchas y recriminaciones y el Gobierno y la oposición en Bolivia mantiene la confrontación a más de veinte días de los comicios, que ha provocado al menos tres muertos y 384 heridos.

Ante el incremento de las protestas y la violencia callejera un gobernador y tres alcaldes oficialistas renunciaron a sus puestos, mientras que dos de los tres principales partidos opositores rechazaron participar de una mesa de diálogo convocada por el gobierno.

La Iglesia Católica boliviana ha hecho un llamamiento a la paz lamentando la polarización social “por capricho de unos cuántos agentes políticos” […] “Lamentablemente, vemos una Bolivia enfrentada. Llamamos a la calma, a la no violencia, no nos dejemos ganar por la rabia”, ha dicho el obispo auxiliar de El Alto, Giovanni Arana.

El 4 de noviembre, el canciller boliviano Diego Party declaró durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA: “La voz de un pueblo corre el riesgo de ser silenciada ante el surgimiento de hordas fascistas incrustadas en organizaciones cívicas que expresan su odio contra todo aquel que no comulga con sus ideas, imponiendo medidas de hecho de forma violenta y abusiva”.

Según el canciller boliviano, las protestas “no se tratan de una agresión contra Evo Morales”, sino contra “todo un pueblo que tiene identidad de Evo, el color de piel de Evo o las ideas de Evo”.

Entre el viernes 8 y el sábado 9 de noviembre, el presidente Morales perdió el control total de la Policía, que se ha amotinado en todo el país pidiendo su renuncia y reivindicando la democracia, además de demandas sectoriales. Comenzaron rebelándose el viernes los agentes de las ciudades de Cochabamba, Sucre, Tarija y Sana Cruz. Y el sábado se sumaron uniformados de Potosí, Pando y La Paz. Incluso el cordón de seguridad de la Casa Grande del Pueblo, la nueva sede de la Presidencia del país abandonó sus posiciones.

El domingo 10 de noviembre, la Organización de los Estados Americanos presentó un informe de trece páginas donde afirmó que era “improbable estadísticamente” que el presidente de Bolivia, Evo Morales, hubiera ganado loas elecciones presidenciales en la primera vuelta y recomendó realizar nuevas elecciones.

El documento consignaba contundentemente: “el equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral” y señala que “cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables.”

Luego de la difusión del informe de la OEA, el presidente, desde una base de la Fuerza Aérea Boliviana, anunció que acataba la recomendación de repetir las elecciones y además anunció el nombramiento de nuevos integrantes para el Tribunal Superior Electoral. “Nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades incorporando a nuevos actores políticos”, dijo Evo Morales aunque sin precisar si sería candidato nuevamente.

Además, Morales pidió “bajar la tensión tras las protestas y movilizaciones de la oposición contra las últimas elecciones”. “Todos tenemos la obligación de pacificar Bolivia. Hago una convocatoria: respeto a la propiedad privada, respeto a autoridades, respeto a todos los sectores sociales. Todo lo que tenemos en Bolivia es el patrimonio boliviano y entre bolivianos no podemos estar enfrentados para hacer daño”, destacó el mandatario.

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. Waldo Albarracín, miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) de Bolivia, adelantó que su sector no respaldaría la nueva convocatoria electoral si Evo Morales insistía en participar como candidato.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda renunció a primera hora para preservar la integridad física de su hermano tomado prisionero por los manifestantes.

Desde la mañana muchos funcionarios del gobierno de Evo Morales comenzaron a presentar su renuncia al jefe de Estado. En algunos caso las dimisiones se produjeron después de que las familias o viviendas de los funcionarios sufrieron ataques o amenazas. En otros los funcionarios expresaron su necesidad de contribuir con sus renuncias a la pacificación del país y las presentaron llamando al presidente a la reflexión.

Las Fuerzas Armadas se sumaron a quienes exigían la renuncia de Evo Morales. “Ante la escalada del conflicto que atraviesa el país, velando por la vida y la seguridad de la población, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia” dijo el comandante en Jefe, General Williams Kalima.

Posteriormente, el comandante general de Policía, Vladimir Yuri Calderón, también reclamó la dimisión del mandatario. “Nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en estos duros momentos que atraviesa nuestra nación”, expresó el funcionario.

Evo Morales empleó un avión de la Fuerza Aérea Boliviana para dejar La Paz y trasladarse a la ciudad de Chimoré, en la provincia de José Carrasco, en el departamento  de Cochabamba donde se reunió con las bases de su partido, el Movimiento Al Socialismo, y con dirigentes cocaleros.

Cercado por las protestas y sin apoyo de los mandos policiales y militares finalmente, a las 17.00 horas del domingo 10, tanto el presidente Evo Morales como el vicepresidente Álvaro García Limera presentaron su renuncia.

El artículo 169 de la Constitución de Bolivia indica que, en caso de “impedimento o ausencia definitiva” del jefe de Estado, será reemplazado por el vicepresidente y, si tampoco hay, establece la opción de que ocupe su cargo el presidente del Senado.

Desde enero, esa persona era Adriana Salvatierra, integrante del partido político Movimiento al Socialismo (MAS) que preside Evo Morales, pero anunció su dimisión poco después del pronunciamiento del expresidente de Bolivia.

En última instancia, la Carta Magna boliviana prevé que la jefatura de Estado la asuma el presidente de la Cámara de Diputados caso en que “se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días” y su último titular, Víctor Borda, también ha renunciado como diputado.

La segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores e integrante del opositor Movimiento Demócrata Social, Jeanine Añez, comunicó al canal Unitel que este 11 de noviembre se presentará en La Paz para “asumir formalmente la responsabilidad, siguiendo el orden de sucesión, con objeto de convocar a nuevas elecciones”.

Al momento de concluir el presente artículo no está claro quien efectivamente ha asumido el gobierno de Bolivia ni cual es el paradero e intenciones del expresidente Evo Morales y de su vice Álvaro García Limera que han recibido la solidaridad y ofertas de asilo político en diversos países.

CONCLUSIONES

El golpe de Estado fue una respuesta del pueblo boliviano ante el fraude descarado y la manipulación de la voluntad popular. Ni hubo un complot contra el presidente o el sistema democrático, sólo la errónea apreciación por parte de Evo Morales de que podía hacer su voluntad con total impunidad terminó por detonar la crisis y forzar su renuncia.

Con la caída del gobierno socialista en Bolivia, elemento de la izquierda de ese país pueden buscar refugio en el territorio argentino donde continuarán desarrollando actividades políticas con los partidos y movimientos sociales argentinos que le son ideológicamente afines.

De continuar los problemas de gobernabilidad y la crisis económica en Bolivia es probable que aumenta la ya importante migración de bolivianos que ingresen en forma irregular a la Argentina instalándose en zonas marginales y aumentando la carga de los servicios sociales y educativos del país.