Haití bajo fuego

 

Los persistentes problemas de gobernabilidad de Haití han estado determinados por la tumultuosa historia del país, definida por la corrupción política de larga data, las dificultades económicas, los constantes desastres naturales y las continuas intervenciones armadas extranjeras.

El escenario

Haití es el país más pobre del continente americano, lleva décadas sumido en el atraso económico, la inestabilidad política, con crisis económicas, sanitarias y de seguridad que han alimentado la creciente violencia e ingobernabilidad que lo sitúan al borde de la guerra civil.

Su PBI per cápita fue de tan solo U$S 3.306, en 2022, según el Banco Mundial, mientras que la media en América Latina y el Caribe fue de U$S 19.269, una cifra que no tiene en consideración las desigualdades de ingresos entre sus habitantes.

Haití ocupa el puesto 163 entre los 191 países del Índice de Desarrollo Humano que elabora Naciones Unidas. Más de la mitad de población vive por debajo del umbral de la pobreza y la esperanza de vida apenas supera los 64 años, en gran medida por las pésimas condiciones de vida en la mayoría del país y por la fragilidad de su sistema de salud. El hambre y la desnutrición han alcanzado niveles sin precedentes en el país con efectos potencialmente mortales. En 2023, tres millones de niños, la cifra más alta jamás registrada, dependieron de la ayuda humanitaria proporcionada por Naciones Unidas. En Haití casi uno de cada cuatro niños padece desnutrición crónica.

Además, el país tiene una de las tasas de tuberculosis más alta del mundo, y el cólera, que tras el devastador terremoto de 2010 causó cerca de 100.000 muertos, ha surgido en ciertos puntos del país. A ello se suma el HIV/Sida que afecta al 1,7% de la población adulta.

El analfabetismo afecta al 40% de la población, según datos del Banco Mundial y solo la mitad de los niños acuden a la escuela de acuerdo con Unicef.

Uno de los quince países soberanos del Caribe, Haití ocupa el tercio occidental de la isla de La Española, junto con República Dominicana, ubicada al este. Al oeste, a través del Paso de los Vientos, se encuentran Cuba y Jamaica. Al norte se encuentran las Islas Turcas y Caicos, las Bahamas y el estado de Florida, en los Estados Unidos.

Las porosas fronteras marítimas (900 millas) y terrestres del país, y su proximidad con los Estados Unidos, lo convierten en una base estratégica para el tráfico de drogas, las cuales llegan en aviones y barcos desde Colombia y Venezuela. Las abundantes pistas de aterrizaje clandestinas en el interior, así como los muelles ubicados a lo largo de las costas, han facilitado por mucho tiempo el trasiego de drogas a través del país.

Por otra parte, la ubicación geográfica de Haití lo ha hecho particularmente vulnerable a huracanes y terremotos por descansar sobre dos fallas geológicas. La falla del Enriquillo – Plantain Garden atraviesa todo el sur del país, mientras que la falla Septentrional Oeste recorre el norte. Las sencillas estructuras de concreto de las ciudades haitianas, sin amortiguación ninguna, se desmoronan como un castillo de naipes cuando hay movimientos sísmicos causando daños económicos significativos, así como incrementando la constante inestabilidad política.

En 2021, la naturaleza atacó por partida doble: tras un terremoto de magnitud 7,2 que mató a unas dos mil personas y destruyó el 30% de la península sur del país, la tormenta tropical Grace exacerbó la situación unos días después, con inundaciones y deslizamientos de tierras.

Estos desastres han generado flujos de ayuda internacional hacia el país, que han sido objeto de escándalos de corrupción política. Entre 2011 y 2021, el país recibió al menos U$S 13.000 millones en ayuda humanitaria. La asistencia internacional que ha llegado después de los desastres también se ha extendido al ámbito de la seguridad, pero estas ayudas no han estado exentas de problemas.

La turbulenta situación política de Haití, los frecuentes desastres naturales y la mala situación económica han llevado a cientos de miles de haitianos a huir del país en los últimos años. Este éxodo ha propiciado el crecimiento de las redes de tráfico de las personas que transportan clandestinamente a los migrantes en precarias naves por los peligrosos mares que unen a los países caribeños, a veces con resultados fatales. 

Historia

Tras convertirse en colonia francesa en el siglo XVIII, la población africana esclavizada de Haití se sublevó en 1791, liderada por Toussaint L’Ouverture (1743 – 1803), un exesclavo devenido en general revolucionario. Después de años de luchas, Haití declaró su independencia de Francia en 1804. Haití fue la primera nación de América Latina en independizarse, la república negra más antigua del mundo y la segunda república más antigua del hemisferio occidental después de Estados Unidos.

Después de que Toussaint L’Ouverture fue capturado por las tropas de Napoleón y enviado a Francia, el general Jean-Jaques Dessalines, otro exesclavo, organizó en 1802 un levantamiento contra los franceses a quienes venció en la batalla de Vertiéres, en 1803. Dessalines ordenó el exterminio de la minoría blanca y mestiza. En septiembre de 1804 se autoproclamó emperador, siendo oficialmente coronado el 8 de octubre en la ciudad de Le Cap, con el nombre Jaques I. En 1806, dos de sus lugartenientes Alexander Pétion y Henri Christophe lo asesinaron y se repartieron el poder.

Ningún país quiso reconocer a Haití diplomáticamente hasta que Francia, en 1825, accedió a hacerlo, pero con condiciones: o pagaban reparaciones por las haciendas y los esclavos perdidos o debían enfrentar la guerra. De esta forma, Haití se comprometió a pagar una indemnización de ciento cincuenta millones de francos (unos U$S 21.000 millones actuales), que debía abonar en cinco cuotas.

Como no contaba con fondos suficientes, debido a que los ingresos anuales del gobierno haitiano eran apenas una décima parte de los que exigía Francia, Haití tuvo que solicitar un préstamo. La antigua metrópoli accedió siempre y cuando fuera un banco francés.

Las comisiones draconianas que le aplicó el Crédit Industriel el Commercial duplicó  la deuda haitiana. Haití tuvo que pedir enormes préstamos a bancos estadounidenses, franceses y alemanes con tasas de interés exorbitantes que lo obligaban a destinar la mayor parte del presupuesto nacional a pagar la deuda externa. No fue hasta 1947 que Haití terminó de compensar a los herederos de los dueños franceses por las plantaciones.

Luego de la independencia, Haití estuvo afectada por la inestabilidad política, las dificultades económicas y las intervenciones extranjeras, incluida una ocupación por parte de las fuerzas estadounidenses entre 1915 y 1934.

En 1915, trescientos treinta marines de los Estados Unidos desembarcaron en Puerto Príncipe para defender los intereses de las empresas estadounidenses en el país. A esta primera incursión siguió una ocupación mayor, en la que los Estados Unidos se apoderaron del control de las aduanas de Haití y las principales instituciones económicas del país, como bancos y el tesoro nacional, que prácticamente vaciaron para cobrarse las deudas con empresas estadounidenses.

En 1922, Washington obligó a Haití a tomar préstamos de Wall Street aumentando su endeudamiento. La ocupación perduró hasta 1943, pero su control financiero del país se prolongó durante décadas.

La familia Duvalier, encabezada por François “Papa Doc” Duvalier, y más tarde por su hijo Jean-Claude, apodado “Baby Doc”, gobernó a Haití como una dictadura apoyada en la brujería “vudú” y la violencia para policial de los “Ton Ton Macoute” (los hombres del saco, en español), entre 1957 y 1986.

Durante las décadas de 1970 y 1980, gran parte de la cocaína consumida en Estados Unidos era traficada a través del Caribe, incluidos países como Haití y República Dominicana. El tráfico de drogas se convirtió en una importante fuente de ingresos para la élite política y empresarial de Haití, que utilizó sus conexiones para proteger a los narcotraficantes y lavar dinero. El gobierno de Jean-Claude Duvalier fue particularmente conocido por su participación en el tráfico de drogas. El régimen brindó protección y apoyo logístico a los narcotraficantes colombianos que utilizaron a Haití como punto de tránsito.

En 1986, las protestas y huelgas motivadas por la crisis económica y política condujeron al derrocamiento, por un golpe de Estado militar, de “Baby Doc” Duvalier. Haití experimentó una breve transición hacia la democracia en 1990, cuando el exsacerdote salesiano Jean-Bertrand Aristide fue elegido presidente. Sin embargo, Aristide fue derrocado mediante un golpe militar y forzado a exiliarse al año siguiente. El país estuvo gobernado por un régimen militar hasta 1994, cuando las tropas estadounidenses intervinieron para volver a instaurar a Aristide en el poder. A su regreso, Aristide disolvió el ejército haitiano, un organismo de seguridad bastante corrupto, pero esta medida también privó a Haití de otro método de lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.

La presidencia de Aristide, durante la segunda mitad de la década de 1990, se vio empañada por actos de corrupción, violencia política y participación en el tráfico de drogas. Durante sus mandatos como presidente, los narcotraficantes haitianos se vincularon con el Cartel de Medellín, y más tarde con el Cartel del Norte del Valle, para pasar cientos de toneladas de cocaína de Colombia a través de Haití y hasta los Estados Unidos, presuntamente sobornando a funcionarios locales, policías e incluso al propio Aristide.

En 2004, Aristide fue derrocado de nuevo, y se estableció una misión de la ONU, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) para el mantenimiento de la paz, con el fin de estabilizar al país. La MINUSTAH se prolongó hasta 2017. La misión estuvo plagada de acusaciones de abusos contra los derechos humanos por parte de las fuerzas de paz de la ONU, que fueron imputadas especialmente por delitos sexuales. La ONU también ha reconocido su papel en el inicio de un brote de cólera que mató a miles de personas.

Los narcotraficantes cambiaron sus métodos y empezaron a utilizar rutas terrestres por Centroamérica, después de que las autoridades comenzaron a actuar de manera enérgica contra el tráfico por vías marítimas. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimaba que, hacia 2006, el 8 por ciento de la cocaína que llegaba a Estados Unidos todavía pasaba por La Española.

En 2010, un devastador terremoto causó la muerte de más de 200.000 haitianos, llevó al desplazamiento de millones más y provocó una enorme destrucción.

Poco después del terremoto, en 2011, Michel Martelly fue elegido presidente, heredando el control de un país con niveles extremos de pobreza, incremento de la violencia y corrupción arraigada. En 2017, Martelly fue acusado de malversación de fondos, como parte del famoso escándalo de Petrocaribe, que involucró la desaparición de U$S 3,8 mil millones de un programa de subsidios petroleros de Venezuela, que tenía el objetivo de proporcionar petróleo con bajos precios a Haití.

En 2016 se hicieron elecciones en Haití, pero las acusaciones de fraude y supresión de votantes provocaron protestas y deslegitimaron al recién elegido Jovenel Moïse. En 2018, estallaron protestas en todo Haití, en las que se pedía la renuncia de Moïse, quien fue acusado de corrupción y mala gestión de los recursos del país.

El 7 de julio de 2021, Moïse fue ultimado por un comando de mercenarios colombianos en la residencia presidencial, en Puerto Príncipe, lo que causó mayor agitación política en el país. Ariel Henry se convirtió en el primer ministro interino de facto, en medio de protestas y actos de violencia en todo el país. Se suponía que debía convocar a elecciones para transferir el poder antes del 7 de febrero de 2024 pero no lo hizo.

Después del magnicidio, el gobierno interino perdió el control (que nunca tuvo en forma total) de gran parte del territorio nacional. Las pandillas pasaron a controlar Puerto Príncipe. La extorsión a comerciantes callejeros y empresarios, los secuestros masivos y el flujo incesante de armas hacia el país han contribuido al continuo deterioro de la economía de Haití.

En 2022, la ONU y los gobiernos de Estados Unidos y Canadá impusieron sanciones de manera coordinada contra los más notorios líderes de los grupos criminales y de las élites políticas y empresariales de Haití por su presunto papel en el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el financiamiento de actividades delictivas, pero los efectos de dichas sanciones han sido mínimos hasta el momento.

El 29 de febrero de 2024, el primer ministro Ariel Henry, viajó a Kenia para firmar un convenio para posibilitar que un contingente de mil policías kenianos concurriera al país caribeño para colaborar en el mantenimiento del orden. Cuando intentó regresar a Haití no puedo hacerlo porque el aeropuerto de Puerto Príncipe estaba bajo fuego de las pandillas que demandaban su renuncia. Henry debió aterrizar en Puerto Rico ante la negativa de República Dominicana de recibirlo transitoriamente. Intentó infructuosamente conseguir un avión militar estadounidense para retornar a su país hasta que, falto de todo apoyo interno e internacional se vio forzado a renunciar el miércoles 13 de marzo.

El primer ministro Ariel Henry será sustituido por un Consejo Presidencial de Transición compuesto por siete miembros, que designará a un primer ministro provisorio.

La implementación de este consejo, que contará también con dos observadores, se acordó el lunes 11 de marzo, en una reunión convocada por la Comunidad del Caribe (CARICOM), en Jamaica, a la que asistieron representantes haitianos, de la ONU y de socios internacionales, entre ellos los Estados Unidos, cuya delegación encabezó el secretario de Estado Antony Blinken.

Los miembros del Consejo Presidencial de Transición serán designados por los entes: Colectivo 30 de enero, Acuerdo de Montana, Acuerdo del 21 de diciembre, EDE/RED, las fuerzas políticas Fanmi Lavalas y Pitti Desalin y el sector privado, mientras que los observadores representarán al Reagrupamiento por una Entente Nacional y Soberna (REN) y a la diáspora de haitianos residentes en el extranjero.

Dentro de Haití, el Consejo Presidencial de Transición ha encontrado gran oposición por parte de Jimmy Chérizier y la coalición de bandas armadas que lidera “Vivre Ensemble” y de los políticos como el exsenador y candidato presidencial Jean Charles Moïse, el exlíder rebelde Guy Philippe y el excoronel Himmler Rébu, presidente de la Gran Reunión para la Evolución de Haití, entre otros.

Fuerzas de aplicación de la ley

Haití cuenta con fuerzas de seguridad débiles, plagadas de corrupción, ineficacia, vínculos con pandillas y permanente falta de personal y recursos.

El principal organismo encargado de hacer cumplir la ley es la Policía Nacional de Haití (Police Nationale d’Haiti, PNH), creada en 1995 para remplazar a las disueltas Fuerzas Armadas de Haití, cuenta con nueve mil efectivos para controlar a una población de 11, 5 millones de habitantes. Es decir, solo un agente por cada 1.200 personas. En comparación, el Departamento de Policía de New York cuenta con 36.000 efectivos para tan solo 8,5 millones de habitantes y tiene a su disposición importantes recursos tecnológicos de vigilancia.

Para colmo de males, sus miembros han sido frecuentemente acusados de violaciones a los derechos humanos, llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y participar en golpes de Estado.

La ausencia de un gobierno electo operativo implica que las fuerzas de seguridad tienen poca supervisión, reciben escasa y mala instrucción profesional y carecen de medios tecnológicos, por lo cual muchos de sus integrantes terminan por dedicarse al crimen. Los agentes de la PNH, cuya remuneración siempre ha sido deficientes, actualmente es de unos doscientos dólares, mientras que los jefes criminales les ofrecen mil dólares mensuales por su complicidad en la comisión de delitos.

No puede sorprender entonces que los policías haitianos estén sospechados de participar en el tráfico de armas y de integrar los “escuadrones de la muerte” patrocinados en secreto por las autoridades.

Un contingente fuertemente armado de policías activos y retirados, conocido como “Fantom 509”, actúa como un grupo criminal y ha llegado a atacar edificios e instalaciones gubernamentales para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo para los agentes de policía.

El sistema judicial de Haití, por su parte, ha enfrentado múltiples desafíos en los últimos años, como falta de recursos, corrupción e interferencia política. El sistema prácticamente llegó a colapsar por la saturación de casos provocada por los retrasos en los nombramientos de secretarios, fiscales y jueces y las frecuentes huelgas de funcionarios demandando mayores salarios o mejores condiciones de trabajo.

Las cárceles de Haití se caracterizan por el hacinamiento, la carencia de asistencia sanitaria y la falta de financiación, hay pocos recursos y deficiente supervisión. Los funcionarios penitenciarios reciben peores salarios y menor preparación que el personal policial.

Hasta el 80%, de las casi 12.000 personas que conforman la población carcelaria del país, se encuentran en prisión preventiva, lo que significa que nunca han tenido un juicio debido al deteriorado sistema de justicia del país.

Las constantes fugas masivas también ponen de relieve las deficiencias del sistema penitenciario. Más de 170 reclusos escaparon en una sola acción, en 2016, y otros 300 internos se fugaron más tarde después de un tiroteo entre guardias y asaltantes armados.

El 2 de marzo de 2024, los pandilleros, a las órdenes de Jimmy Chérizier, “Barbecue” llevaron a cabo el asalto a las dos principales prisiones de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Según los testigos se podían observar al menos quince cadáveres de presos en los alrededores de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. De un total estimado de cuatro mil reclusos fugaron 3.696, el 97% del total. Tan solo 98 internos permanecieron en el recinto.

En la Penitenciaria Nacional de Puerto Príncipe estaban alojados los principales líderes de las pandillas y los 17 mercenarios colombianos acusados de asesinar al presidente Jovenel Moïse.

La otra cárcel, la prisión civil de Croix-des-Bouquets, que albergaba a unos 1.400 reclusos, también fue invadida, pero no trascendieron detalles sobre el número de internos fugados. De todas formas, se estima que más de un tercio de los presos de Haití fugaron durante esos ataques.

Finalmente es importante consignar, que las prisiones también sufren constantemente por el deterioro de las instalaciones, la falta de alimentos y de personal, lo que, en 2022, llevó a la muerte de más de cien haitianos privados de la libertad.

Las Bandas criminales

Según un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, publicado en 2022, en Haití existían en ese entonces doscientas bandas criminales, 95 de las cuales operaban especialmente en Puerto Príncipe[i]. No puede sorprender entonces que Puerto Príncipe sea la ciudad que más ha padecido la violencia proveniente de los grupos criminales. La ONU estima que las pandillas controlan el sesenta por ciento de la capital, pero muchos haitianos piensan que casi toda la ciudad ha caído bajo el control de grupos criminales. Hay algunas bandas que son bastante poderosas.

Con frecuencia, las pandillas se han asociado a los políticos haitianos, de quienes han recibido pagos por la cooperación y la movilización de votos durante las elecciones. Pero en Haití no se han realizado elecciones desde 2016, lo que ha llevado a las pandillas a recurrir a los secuestros extorsivos para suplir los vacíos económicos.

Para controlar sus territorios, las pandillas haitianas aterrorizan a las comunidades locales, utilizando la violación sistemática de mujeres y niñas como arma de guerra, tal como señala Naciones Unidas.

El G9, por ejemplo, ha utilizado la violación para castigar a las mujeres que viven en los territorios controlados por pandillas rivales. Un terrible caso se presentó en abril de este año, cuando miembros del G9 violaron a 49 mujeres en Cité Soleil, el barrio más poblado y pobre de Puerto Príncipe. Las mujeres se encontraban huyendo de la violencia en un barrio controlado por otra pandilla, según un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH).

Las pandillas también han atacado escuelas y colegios, robando equipos, muebles y comida. De acuerdo con UNICEF, 72 escuelas fueron vandalizadas en 2022 contra ocho en 2021.

El virtual estado de guerra civil provocado por las pandillas en Haití ha provocado un 362.000 desplazados internos. Las personas desplazadas aumentaron un 430% entre 2021 y 2022, a ellos se suman 35.000 nuevos desplazados en los primeros meses de 2024, el mayor incremento que se haya experimentado en América Latina desde que se comenzaron a recopilar datos en 2018.

La sumatoria de eventos que conforman la actual crisis, en que se encuentra sumido el país, ha provocado que 1,4 millones de haitianos vivan al borde de la hambruna, según señala Jean-Martín Bauer, responsable del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas en Haití.

El G9 y Familia (G9 an fanmi, G9) es una federación de grupos que congrega a nueve de las pandillas más poderosas de Puerto Príncipe. El G9 está dirigido por el expolicía Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”. El grupo estuvo vinculado previamente al Partido Haitiano Tèt Kale, de Moïse y Henry (Parti Haïtien Tèt Kale, PHTK), actuando como brazo armado de este partido. El Partido Haitiano Tèt Kale (cabeza calva, en criollo haitiano) fue creado en 2012 y tiene ideología liberal conservadora.

Sin embargo, “Barbecue” rompió relaciones con ellos después del asesinato de Moïse, ya que el grupo criminal había ganado un capital político significativo en las áreas que controla en Puerto Príncipe.

Chérizier es sin lugar a duda, el hombre fuerte del crimen organizado en Haití, Se trata de un expolicía nacido en el barrio de Delmas, en Puerto Príncipe, el 20 de marzo de 1977. Su carrera criminal comenzó, en 2017, cuando era policía y participó de un “escuadrón de la muerte” policial que ultimó a nueve civiles vinculados a la mafia de Grand Revine, un barrio de Puerto Príncipe.

Al dejar la policía, rápidamente adquirió el control de la pandilla de su barrio “Delmas 6”. Para ello habría contado con el apoyo de sus antiguos colegas policías y de los políticos del Partido Haitiano Tèt Kale, en especial el presidente Jovele Moïse.

Pronto Chérizier se convirtió en el nexo que distribuía fondos suministrados por Moïse a las distintas bandas haitianas. Según el portal especializado InSight Crime, antes del asesinato de Moïse, el 50% del financiamiento de la G-9 provenía del dinero del gobierno, con un 30% procedente de secuestros y el 20% restante recaudado a través de extorsiones a comerciantes.

Con ese poderío, Chérizier comenzó una cruenta batalla por el control territorial de Puerto Príncipe, donde se cometieron una serie de masacres que sembraron el terror no solo en la capital sino en todo el país. Fue entonces cuando Chérizier ganó su apodo de “Barbecue” porque tiene la costumbre de incinerar a sus víctimas e incluso a las viviendas para borrar todo rastro que pueda incriminarlo.

Naciones Unidas y los Estados Unidos han señalado que fue uno de los policías involucrados en la matanza de La Saline. Según testigos, afirman que un camión de la policía que transportaba a policías uniformados llegó a los barrios pobres de La Saline, en Puerto Príncipe, alrededor de las 15:00 horas del 13 de noviembre de 2018. Luego, los policías abrieron fuego contra los civiles, mientras que pandilleros locales mataron a algunos otros con machetes o armas de fuego. Según un grupo de derechos humanos, al menos 21 hombres murieron en la masacre, además de reportarse casos de violencia sexual contra mujeres y cientos de desplazados.

Hacia junio de 2020, y aprovechando el caos reinante, Chérizier promovió la unión de nueve pandillas -entre ellas la 400 Mawozo, la banda a la que se atribuyó el secuestro de un grupo de 17 misioneros estadounidenses y canadienses en 2021- en una agrupación que finalmente bautizó como G-9 y Familia.

Otros líderes de pandillas del G9 han actuado como sus principales aliados. Entre estos se encuentran James Alexander, alias “Sonson”, de la pandilla Baz Krache Dife; Ezeckiel Alexandre de la pandilla Baz Pilatos; Christ Roy Chery, alias “Chrisla”, de la pandilla Nan Ti Bwa; Albert Stevenson, alias “Djouma”, de la pandilla Simon Pelé (quien ya ha sido arrestado); Serge Alectis, alias “Ti Junior”, de la pandilla Baz Nan Chabon; Jean Emiliano Micanor, alias “King Micano”, de la pandilla Waf Jérémie; Matias Saintil, de la pandilla Nan Boston y el asesinado Andris Icard, alias “Iska”, de la pandilla Belekou. Ti Junior y Iska fueron asesinados en 2022 y 2023 respectivamente.

Barbecue ha trabajado estrechamente con estos líderes para lograr la expansión territorial y atacar a sus rivales. El poder que Barbecue ha acumulado como parte del G9 es inusual, incluso dentro de la larga historia de Haití, donde ha habido pactos bajo cuerda entre dichos grupos y los líderes políticos.

Los discursos y las apariciones de Barbecue en las redes sociales muestran una retórica cada vez más política. En septiembre, el líder pandillero apareció en un video de YouTube en el que se refería a G9 y Familia y Aliados como un movimiento revolucionario; “Hemos decidido tomar las riendas del destino del país. Ello significa liberarlo del 5% de las personas que controlan el 85% de la riqueza del país”.

Su declaración en otro video publicado en un medio de comunicación local es similar, excepto que en este lo acompaña un oficial de policía activo; “Hoy, en este mismo momento, estaba en las calles porque ha comenzado la revolución para liberar al país [en este momento aparece una policía marchando]. Saludamos además a los policías que se están uniendo al movimiento”.

El intento de Barbecue de hacer del G9 un movimiento revolucionario en lugar de un grupo criminal indica que las pandillas se han vuelto más autónomas con respecto a la élite política. A pesar de que Barbecue no puede aspirar a puestos políticos debido a que existe una orden de arresto en su contra, tiene la capacidad de poner en la esfera política a alguien elegido por él. Sin embargo, dado que su padrino político Jovenel Moïse ya no está, cuenta con menos aliados en ese sector; de hecho, incluso la élite económica ha puesto un precio sobre su cabeza.

Naciones Unidas por su parte, acusa Chérizier de cometer abusos contra los derechos humanos y de perpetrar ataques mortales contra la población civil, alegando que sus acciones “han contribuido directamente a la parálisis económica y la crisis humanitaria de Haití”.

Mientras que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también imputa a Barbecue de abuso contra los derechos humanos y de realizar ataques brutales contra civiles en Puerto Príncipe, al menos desde 2018, como líder de la alianza de bandas conocida como G9, por lo que le impuso sanciones.

Otras once organizaciones criminales de Puerto Príncipe cooperan y mantienes negocios con el G9. Cuando es necesario, brindan apoyo a Barbecue y a otros líderes de pandillas. Esta unión a veces se conoce como el G20. Pero en la presente crisis ha ampliado su coalición criminal conformando una alianza de bandas denominada “Viv ansam” (o Vivir Juntos) a la que, como hemos visto, pretende presentar común un movimiento revolucionario y no como un grupo criminal.

Los negocios criminales de la pandilla G9 y Familia se vinculan sobre todo a la extorsión, sus hombres controlan los abundantes mercados al aire libre de la capital, que mueven gran cantidad de bienes y dinero, donde los puesteros deben pagar por “protección” a las pandillas. También lleva a cabo secuestros extorsivos y se ha apoderado de servicios públicos como la electricidad o el suministro de agua, por los cuales cobran. Barbecue y el G9 han bloqueado dos veces la Terminal Varreux, la terminal petrolera más grande de Haití, acción coordinada por varios grupos criminales para restringir el acceso al combustible en todo el país, con el fin de desestabilizar al gobierno.

Regularmente se han presentado incidentes entre los hombres de Barbecue y los grupos rivales por negocios y territorios. Por ejemplo, en mayo de 2020, Barbecue atacó a Fanmi Lavalas, una pandilla de Cité Soleil, junto con otras bandas.

Barbecue también podría considerar que los antiguos miembros del G9 son sus enemigos. Según informes, la pandilla Grand Ravine se retiró de la alianza a principios de 2021, debido a enfrentamientos internos. En octubre de 2020, el líder de la pandilla apareció en una transmisión de radio, diciendo que había secuestrado a un alto ejecutivo de una lotería porque Barbecue no lo estaba apoyando financieramente.

El principal rival del grupo es el G-PEP, otra agrupación de bandas, liderada por Gabriel Jean-Pierre, alias “Ti Gabriel”, de la banda “Brooklyn”. Los opositores políticos del PHTK apoyan al grupo, pero no está claro hasta qué punto le suministran recursos  materiales o financieros. Están aliados otras bandas como Bel-Air, Grand Ravine y Cité Soleil.

Existen muchas otras pandillas independientes menos importantes, pero una de las más conocida es 5 Seconds, dirigida por Johnson André, alias “Izo”, que ha sitiado importantes obras de infraestructura e instalaciones, como el edificio de la Corte Suprema de Haití, y le exigió al gobierno un pago por su liberación. La pandilla Kraze Baryè, liderada por Vitel’Homme Innocent, también llegó a ser conocida tras asesinar a varios policías e incendiar una estación de policía a principios de 2023.

Apreciación final

Como puede apreciarse la situación en Haití se ha tornado sumamente compleja y de difícil solución.

El país se encuentra en la práctica acéfalo y al borde de la guerra civil. El primer ministro dimitente, Ariel Henry, está, en algún lugar de Puerto Rico, imposibilitado de retornar a Haití, impartiendo órdenes por teléfono, que nadie acepta ni está en condiciones de cumplir. La policía haitiana totalmente desbordada a duras penas puede proteger los edificios públicos y ha perdido el control de infraestructuras estratégicas: aeropuerto, puerto y terminales petroleras.

El poder real sobre el terreno se encuentra en manos de los diversos grupos criminales que han encontrado en Jimmy “Barbecue” Chérizier un líder (o al menos un vocero) que los represente y un programa: tomar el poder como un movimiento de liberación y formar un gobierno para controlar “legalmente” al país.

Mientras no se resuelve la crisis política y de seguridad, la economía está paralizada, los comercios y las escuelas permanecen cerradas, aumenta el número de personas desplazadas (35.000 tan solo la última semana) y el hambre acecha a 1,4 millones de haitianos.

En este contexto, la élite política y empresarial local y las bandas criminales se oponen a cualquier solución política salida de organismos internacionales (ONU, OEA, CARICOM, etc.) que no cuente con su participación.

Aún suministrar y distribuir la ayuda humanitaria que evite una hambruna generalizada demanda de muchos acuerdos y es un desafío logístico y de seguridad en las actuales condiciones.

La iniciativa de Naciones Unidas de conformar una “Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad” con la participación de mil policías kenianos o el involucramiento del presidente salvadoreño Nayibe Bukele, parecen soluciones insuficientes que no garantizan que estas fuerzas no terminen cometiendo nuevas violaciones a los derechos humanos como ha ocurrido en el pasado con la MINUSTAH.

El único actor con capacidad para tomar el control de la situación son los Estados Unidos. Pero, al menos por el momento, Washington, si bien muestra preocupación por la evolución de la situación en Haití y ha ofrecido fondos para ayuda humanitaria a Naciones Unidas, no parece estar dispuesto a involucrarse directamente en el conflicto con sus efectivos militares sobre el terreno.

Sin decir, que una presencia militar extranjera en Haití seguramente exacerbará los ánimos de los criminales y aún de ciertos políticos locales.

La única solución viable sería convocar al diálogo a todas las fuerzas políticas del país para reorganizarlo en base a un acuerdo consensuado que establezca una hoja de ruta que contemple una inminente consulta electoral, con reglas claras que garanticen elecciones transparentes y el establecimiento de un pacto político mínimo que otorgue cierta gobernabilidad al país.

Solo así será admisible la presencia de fuerzas de seguridad internacionales para reforzar a la policía haitiana y crear un marco de seguridad que permita distribuir la ayuda humanitaria y controlar gradualmente la actividad criminal de las pandillas.

No obstante, este tipo de solución, al parecer, por el momento, ni siquiera se encuentra en los papeles.

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[i] PAREDES, Norberto: Tres claves para entender la grave crisis que atraviesa Haití. BBC News Mundo. 6 de marzo de 2024.