El 23 de enero
de 1989, la Argentina vivió el último ataque del terrorismo setentista. Setenta
terroristas del Movimiento Todos por la Patria atacaron las instalaciones del
RIM 3, el la localidad de La Tablada, asesinando a nueve militares y dos
policías.
El 10 de diciembre de 1983, el voto
popular restableció el régimen republicano y constitucional en Argentina. El
abogado Raúl Ricardo Alfonsín, perteneciente a la Unión Cívica Radical, asumió
la presidencia. Inmediatamente comenzó a desmantelar el sistema represivo
organizado por los militares durante su gobierno y a investigar las
desapariciones forzadas de personas ocurridas durante el régimen de facto entre
1976 y 1983.
La restauración de convivencia
democrática no fue una tarea sencilla. Había demasiadas pasiones encontradas,
demasiados sentimientos de revancha.
Alfonsín ordenó investigar los
crímenes de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar. Para ello
creó la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas -CONADEP-, presidida
por el escritor Ernesto Sábato. También ordenó enjuiciar a los integrantes de
todas las Juntas Miliares del Proceso de Reorganización Nacional, así como a
las cúpulas de las dos principales organizaciones terroristas que actuaron en
las décadas de 1960 y 1970, la Organización Político Militar Montoneros y
el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario
del Pueblo (PRT – ERP).
Debido a un acuerdo entre la UCR y el
Partido Justicialista, solo se investigaron los hechos ocurridos a partir del
día del golpe de Estado, es decir desde el 24 de marzo de 1976. En esta forma
nunca se investigaron los delitos de lesa humanidad cometidos por las
organizaciones terroristas entre 1967 y 1976, ni los hechos de terrorismo de
Estado ocurridos durante los gobiernos constitucionales de Juan D. Perón
(12/10/1973 a 1/7/1974) y de María Estela Martínez Carta de Perón (1/7/1974 a
23/3/1976) a través de grupos parapoliciales como la “Triple A”, o
Alianza Anticomunista Argentina.
En 1985, el Juicio a las Juntas
terminó con la condena de nueve de los militares enjuiciados, dos de ellos a
reclusión perpetua. Inmediatamente se abrieron juicios contra otros militares
por los hechos ocurridos durante la lucha antisubversiva.
Los militares no aceptaron dócilmente
la revisión de los hechos ocurridos durante la represión de las actividades
terroristas.
Hubo protestas militares con actos de
rebeldía en Campo de Mayo durante la Semana Santa de 1978, en la localidad
correntina de Monte Caseros (16/1/1988) y en la bonaerense de Villa Martelli
(1/12/1988).
Alfonsín tampoco demostró mucha
idoneidad en la gestión del país. El “Plan Austral” pergeñado
por el ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille fracaso estruendosamente.
La inflación, en 1987, alcanzó al 174% y en 1988, superó el 387% anual.
Alfonsín debió suspender las negociaciones paritarias pese a la oposición del
sindicalismo peronista que le hizo trece huelgas generales al gobierno radical.
En el tórrido verano de 1989, el gobierno radical se vio obligado a imponer
cortes de energía eléctrica y a reducir las emisiones televisivas al horario de
18.00 a 24.00 horas. El mal humor se instaló sólidamente en la sociedad
argentina.
En ese contexto un grupo remanente de
terroristas del PRT-ERP, liderado por Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, creó el
8 de mayo de 1986, una nueva organización del Movimiento Todos por la Patria.
El terrorista Gorriarán Merlo (1941 –
2006), nombre de guerra “El Pelado”, tenía un largo historial de
violencia y como mercenario al servicios de gobiernos comunistas.
Perteneciente a una familia de origen radical de la localidad bonaerense
de San Nicolás de los Arroyos, Gorrirán participó de la fundación del PRT-ERP,
de la fuga de guerrilleros del Penal de Rawson, en 1972, y del ataque a la
Guarnición Militar de Azul, provincia de Buenos Aires, el 14 de enero de 1974,
en que murieron el coronel Camilo Arturo Gay, su esposa Nilda Cazaux de Gay, el
teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal y el soldado conscripto Daniel
González.
Cuando el PRT-ERP debió retirarse de la Argentina, tras la muerte de
Mario Roberto Santucho y otros miembros del Comité Central, el 19 de julio de
1976, los cuadros terroristas sobrevivientes se trasladaron a Nicaragua para
combatir en las filas del Frente Sandinista de Liberación nacional que conducía
el comandante Daniel Ortega.
A comienzos de los años ochenta, Gorriarán Merlo condujo el comando de
mercenarios argentinos, ex miembros del PRT-ERP, que llevó a cabo la “Operación
Reptil”, el asesinato del exdictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle,
el 17 de septiembre de 1980, en su exilio de la ciudad de Asunción, en
Paraguay, por encargo del gobierno sandinista de Nicaragua.
En 1986, Gorrirán Merlo contando con el apoyo político – financiero de
la inteligencia cubana, del gobierno sandinista y con considerables fondos
provenientes de sus operaciones ilegales, decidió crear una estructura política
movimientista y cristiana para impulsar “la revolución” en
Argentina. Además, de un partido político el Movimiento Todos por la Patria,
Gorriarán Merlo decidió crear canales de difusión política e ideológica al
servicio de este movimiento.
Para ello financió la creación, el 26 de mayo de 1987, el diario Página
12, que dirigió por el joven periodista Jorge Lanata contaba con la
colaboración de un grupo de periodistas de izquierda integrado por
Horacio “el perro” Verbitsky, Osvaldo Soriano, Osvaldo Bayer,
Martín Caparrós, Eduardo Blaustein, Carlos Alberto “Quito” Burgos,
Alfredo Leuco y Francisco “Pancho” Provenzano y Jorge Baños.
Las rebeliones militares, la crisis económica y el mal humor social
imperante en la sociedad argentina, convencieron a Gorriarán Merlo, un
dirigente revolucionario con vocación “foquista castro guevarista” y
tendencia militarista, que desde 1970 se movía en la más absoluta clandestinidad,
vinculado a estructuras de inteligencia y seguridad, que nunca había hecho
militancia de masas, que no era un dirigente surgido de un barrio, una fábrica
o la militancia universitaria, que estaban dadas las “condiciones objetivas”
para desencadenar una “insurrección popular de masas”.
Es así como unos setenta militantes del Movimiento Todos por la Patria,
bajo la dirección estratégica del “Pelado Gorriarán” se
lanzaron a atacar el cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizada 3, en La Tablada,
partido bonaerense de La Matanza, con la intención de llamar la atención de los
medios de comunicación para desencadenar la esperada “insurrección
popular” y con los tanques del Regimiento emprender una marcha a la
Casa Rosada, en la Plaza de Mayor, distante a 23 kilómetros, para “exigir
cambios de fondo” en el gobierno y “hacer la Revolución”.
Todo ello bajo la patraña de que estaban repeliendo un inexistente golpe
de Estado de militares carapintadas.
Este delirio de una “Armada Brancaleone” de setenta
iluminados, mal armados, sin ninguna experiencia militar, ni apoyo aéreo,
tomando el control de un país de treinta millones de habitantes, era una
graciosa comedia. Pero, en su loco intento, los improvisados terroristas
asesinaron a nueve militares y dos miembros de la Policía Bonaerense y
provocaron mutilaciones y heridas de consideración a otros sesenta militares y
policías.
En el ataque murieron 32 terroristas. El 5 de octubre de 1989, veintiún
integrantes del Movimiento Todos por la Patria fueron juzgados y sentenciados a
penas que fueron de reclusión perpetua a diez años de prisión.
En 1997, después de su detención en México, Enrique Haroldo Gorriarán
Merlo y su compañera de ese entonces, Ana María Sívori fueron condenados a
cadena perpetua y 19 años de prisión respectivamente.
En diciembre del año 2000, el entonces presidente radical Fernando de la
Rúa conmutó las penas de todos los condenados en 1989, permitiendo que nueve de
los once condenados por el ataque terrorista que aún estaban encarcelados
salieron en libertad en 2001, mientras que los dos restantes (Felicetti y
Acosta) salieron recién en 2006.
El 20 de mayo de 2003, por decreto N° 1230/2003, el presidente Eduardo
Duhalde indultó a todos los condenados por el ataque terrorista al RIM 3, esto
permitió a Gorriarán Merlo y Ana María Sívori salir en libertad después de tan
sólo seis años de cárcel.
No hubo ningún indulto para el mayor Horacio Fernández Cutiellos y a los
otros diez héroes que perdieron su vida defendiendo la ley y el orden constitucional
en el Cuartel de La Tablada por los delirios de un grupo de iluminados
conducidos por un mercenario loco.
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