El candidato del Frente de Todos, Alberto
Fernández teme una posible recuperación del presidente Mauricio Macri y la
eventualidad de una segunda vuelta a las elecciones presidenciales del 27 de
octubre e intenta impedirlo con una suerte de golpe de Estado económico.
A lo
largo del tiempo, el peronismo ha demostrado una singular vocación de poder que
lo ha llevado además de otras formas antidemocráticas a impulsar una suerte de
golpes de Estado civiles, al menos en dos ocasiones.
La
primera de ellas fue en 1989, cuando una vez electo Carlos S. Menem, los
peronistas desestabilizaron de tal manera al país que el presidente radical
Raúl Alfonsín debió “resignar” su cargo seis meses antes del fin de su
período presidencial.
De acuerdo con un estudio hecho por la
Fundación Nueva Mayoría, durante la hiperinflación de 1989, tuvieron lugar 676
saqueos de comercios de alimentos entre el 16 de mayo de 1989 y el 9 de julio
del mismo año. De ellos 433 fueron en mayo, 164 en junio y 79 en julio. Los
saqueos y disturbios se dieron en todo el país, principalmente en las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Mendoza, dejando un
saldo de 14 muertos y 80 heridos. En tanto que la inflación en el último mes de
Alfonsín alcanzó al 95,6%.
La historia se repitió en diciembre de 2001 cuando
el presidente Fernando De la Rúa fue erosionado y desestabilizado de tal manera
que debió dejar su cargo dos años antes del fin de su mandato. Es cierto que De
la Rúa no dejó errores sin cometer, como el alejar a su vicepresidente Carlos “Chacho”
Álvarez y poner al frente de la economía a Domingo F. Cavallo.
Pero el país terminó pagando un alto costo para
que el peronismo volviera al poder en la figura del caudillo bonaerense Eduardo
Duhalde. La crisis económica y política terminó con la convertibilidad y en la
devaluación siguiente los ahorristas en dólares perdieron más del 33% de su
capital. El país cayó en la recesión, el gobierno redujo los salarios de los
trabajadores del Estado y las jubilaciones en 13%, la clase media además fue
castigada con la imposición del I.V.A. a la televisión por cable, la medicina
prepagada, la educación privada, etc.
La mitad de los argentinos cayeron por debajo
de la línea de la pobreza y los más afectados comenzaron a alimentarse con las
sobras que tiraban los restaurantes. Se multiplicaron los comedores populares
en iglesias y asociaciones diversas. Algunos argentinos comenzaron a vivir de
la basura que otros descartaban: habían nacido los “cartoneros”.
Las organizaciones sociales se apropiaron de
las calles y ya no las dejaron nunca más. Los piquetes y cortes de rutas y
calles se hicieron endémicos.
En los incidentes por todo el país que
precedieron a la renuncia de Fernando De la Rúa murieron en las calles 39
argentinos. En un mes se alternaron en el “sillón de Rivadavia” cinco
presidentes. Ese fue el precio que la Argentina pagó para que Eduardo Duhalde
fuera presidente.
La llamada “marcha de los gerentes”, los
autoconvocados que el sábado 25 de agosto ocuparon las plazas y calles de todo
el país sin que nadie los llevara, les pagara por ir o les diera un “choripán”.
Gente que solo agitaba banderas argentinas, entonaba el himno nacional o
coreaba la consigna de “Sí, se puede”, despertó la alarma en el
kirchnerismo.
Los kirchneristas sintieron que los gorilas de
clase media estaban profanando el “santuario popular” de la Plaza de mayo. Ese lugar
sagrado que pertenecía exclusivamente a Perón, Evita o la “Jefa”. Allí
donde las “madres” habían desafiado con sus marchas a la Dictadura.
Los burgueses no tenían nada que hacer allí,
tampoco podrían torcer con su voto la “voluntad popular”.
Había que poner fin a la contraofensiva
neoliberal y Alberto y los muchachos de La Cámpora comenzaron a implementar una
estrategia de respuesta asustando a los mercados y recuperando el control de la
calle para detener cualquier intento de recuperar la iniciativa política por
parte de los neoliberales.
La reunión con los funcionarios del FMI, el
lunes 26, brindó el escenario propicio para el inicio de la campaña. Alberto
Fernández aprovecho la ocasión para responsabilizar al acuerdo con ese
organismo de deteriorar la situación macroeconómica argentina y amenazó con
aceptar una generosa oferta de financiamiento que le había llegado desde
Beijing.
Los mercados espantados interpretaron
inmediatamente que la Argentina se encaminaba hacia un nuevo default y reaccionaron
en consecuencia. El dólar se disparó superando los $60 y el riesgo país llegó a
los dos mil puntos.
Mientras tanto la izquierda combativa y los
piqueteros del amigo y operador del papa Francisco, Juan Grabois, colapsaron el
centro porteño con sus columnas rebosantes de banderas y pancartas rojas y wiphalas
andinas pero carentes de banderas argentinas recorriendo las calles. Las
columnas de las organizaciones sociales mostraban una sólida y abundante logística,
numerosos micros y camiones, camisetas, globos, bombos y viandas.
La campaña de difundir caos siguió con ignotos
economistas haciendo circular en entrevistas de radio y televisión versiones de
que los funcionarios del FMI habían solicitado el adelantamiento de las
elecciones generales y, luego, de que el organismo financiero internacional no
desembolsaría el último tramo del préstamo, unos U$S 5.400 millones de dólares,
acordado con el gobierno.
El presidente Macri apeló a medidas de emergencia:
reemplazó al cuestionado ministro de Economía Nicolás Dujovne por Hernán
Lacunza. Apremiado por las circunstancias el nuevo ministro comenzó a quemar
reservas para contener al dólar y con mucho dolor abandono su disciplina económica
y anunció un “reperfilamiento” parcial de la deuda pública en activos
locales y en títulos públicos en dólares lo que le permitió un ahorro en
dólares de 12.000 millones, y el inicio de negociaciones para reprogramar los
desembolsos previstos con el FMI.
Un par de días después, el gobierno también
obligó a los bancos que operan en Argentina a pedir autorización previa al
Banco Central para poder girar utilidades (en dólares) fuera del país.
Las consultoras de riesgo calificaron las
medidas inmediatamente como “default” selectivo de la deuda.
La oposición kirchnerista y sus aliados en la
Iglesia no estaban dispuestos a darle tregua al gobierno. Alberto Fernández
multiplicaba sus contactos con empresarios, economistas y políticos prometiendo
ventajas, asegurando a cada sector que su gobierno no tocaría sus intereses y
ofreciendo cargos y embajadas. El candidato puede hacer amplios ofrecimientos
sabiendo muy bien que quien definirá el futuro gabinete nacional, si es que
gana, será en realidad la “Jefa”: Cristina Fernández de Kirchner…
Seducidos por esos ofrecimientos el economista
y aún candidato presidencial Roberto Lavagna y la Comisión de Pastoral Social
de la Iglesia Católica demandaron al presidente Macri que “disponga las
medidas necesarias para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en Argentina”,
creando la sensación en el mundo de que Argentina era una nueva Venezuela.
Mientras tanto, Alberto Fernández en una
entrevista con el diario estadounidense “The Wall Street Journal” arrojaba
más nafta al fuego económico al declarar que la Argentina “está en un default
virtual y escondido”.
“Lo que quiero que entiendan en el FMI es que
son culpables de esta situación […] Fue un acto de complicidad con la
administración Macri. Fue la campaña de reelección más cara de la humanidad, y
le dieron dinero a un gastador compulsivo”, agrego el candidato kirchnerista.
Para colmo de males, desde el propio
oficialismo algunas voces innecesarias lanzaban algunas declaraciones
imprudentes buscando protagonismo sin medir el daño que causaban.
El senador radical por Mendoza, Julio Cobos,
encontró muy oportuno hablar de buscar “otra alternativa” en referencia
a la imposición de medidas de control de cambios para terminar con la corrida
hacia el dólar.
El clima de incertidumbre que estas
declaraciones incendiarias provocaban y las versiones sobre un posible “cepo”
cambiario desataron el pánico de algunos pequeños ahorristas que concurrieron a
los bancos para retirar depósitos.
Al kirchnerismo le sería muy conveniente que
Macri, antes de dejar el gobierno en diciembre, declare el default de la deuda
externa y reinstale el “cepo” al dólar que, entre 2011 y 2015,
impusieron Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Economía Axel
Kicillof. En esta forma Alberto Fernández evitaría pagar el costo político de
esas impopulares medidas.
A estas alturas, es importante comprender que
la crisis ha dejado de ser económica para transformarse en política y de
credibilidad.
Este es el momento oportuno para que el
presidente Mauricio Macri envíe claras señales de que esta ejerciendo el
comando del país y que peleará día a día, voto a voto, para revertir los
resultados adversos de las PASO. Pero si no retoma rápida y decididamente la
iniciativa política estará pedido y la Argentina seguirá su derrotero hacia el
caos.
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