Europa se blinda en Asia: el acuerdo con la India como respuesta estratégica a la presión de Trump

  

La Unión Europea y la India sellan un pacto comercial y estratégico de alcance histórico que trasciende el libre comercio. Seguridad, defensa, ciberseguridad y autonomía industrial vertebran una alianza concebida como contrapeso a la ofensiva arancelaria y diplomática de la Administración estadounidense y al deterioro del orden internacional basado en reglas.

Por Adalberto Agozino

 

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Buenos Aires. La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India en Nueva Delhi marca un punto de inflexión en la política exterior y estratégica de Bruselas. Tras casi dos décadas de negociaciones erráticas, el pacto se concreta en un momento de alta tensión geopolítica y adquiere un significado que va mucho más allá de la reducción de aranceles. Europa busca, de forma explícita, blindarse frente a un entorno internacional crecientemente hostil, caracterizado por el uso del comercio, la tecnología y la seguridad como instrumentos de coerción política.

El acuerdo —calificado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como “la madre de todos los acuerdos comerciales”— se suma al recientemente rubricado con el Mercosur y responde a una misma lógica estratégica: diversificar alianzas, reducir dependencias críticas y reforzar la autonomía europea frente a una Administración Trump que ha convertido los aranceles en una palanca de presión directa sobre sus aliados.

Del libre comercio a la seguridad estratégica

En términos económicos, el pacto prevé la eliminación o reducción de cerca del 90% de los aranceles entre ambas partes, con un impacto directo sobre sectores clave de la industria europea —automoción, maquinaria pesada, química, farmacéutica y agroindustria— y un ahorro anual estimado de 4.000 millones de euros en derechos aduaneros. Pero el núcleo político del acuerdo reside en sus capítulos estratégicos.

Por primera vez, un tratado comercial entre la UE y un gran actor asiático incorpora mecanismos estructurados de cooperación en defensa, seguridad marítima, industria militar y tecnologías de uso dual. El texto establece marcos para la adquisición conjunta, la coproducción y el desarrollo compartido de sistemas de defensa, con especial atención a drones, sistemas navales, defensa antiaérea, espacio y vigilancia estratégica.

“La cooperación industrial en defensa no es solo una cuestión económica, sino un elemento central de nuestra autonomía estratégica”, subrayó Von der Leyen en Nueva Delhi. “En un mundo en el que el comercio y la seguridad se utilizan cada vez más como armas, Europa debe aprender a protegerse”.

Ciberseguridad: el nuevo frente común

Uno de los elementos más novedosos del acuerdo es la incorporación explícita de la ciberseguridad como pilar de la relación estratégica. Bruselas y Nueva Delhi se comprometen a intensificar la cooperación frente a amenazas híbridas, ciberataques a infraestructuras críticas, espionaje industrial y desinformación.

El pacto prevé el intercambio de información entre agencias especializadas, la coordinación de respuestas ante incidentes cibernéticos y el desarrollo conjunto de estándares de seguridad digital aplicables tanto al sector civil como al militar. También se abre la puerta a proyectos comunes en inteligencia artificial, criptografía y protección de redes 5G y futuras infraestructuras 6G.

La alta representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, defendió recientemente que “la frontera entre seguridad económica y seguridad nacional ha desaparecido”. “La ciberseguridad es hoy tan decisiva como la defensa convencional”, afirmó, al señalar que la asociación con la India se produce en un contexto en el que “el orden internacional basado en reglas está sometido a una presión sin precedentes”.

Trump como acelerador del giro europeo

Aunque no se menciona de forma explícita en el texto del acuerdo, la sombra de Donald Trump planea sobre todo el proceso. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha intensificado una política de presión directa sobre Europa: amenazas de aranceles diferenciados, exigencias para que los europeos asuman el grueso de su propia defensa, respaldo condicionado a los planes estadounidenses para Rusia y Gaza y una retórica abiertamente coercitiva en torno a Groenlandia.

En Bruselas, este enfoque se interpreta como una ruptura de facto de las reglas tradicionales de la relación transatlántica. António Costa, presidente del Consejo Europeo, fue claro tras la última cumbre extraordinaria: “La Unión Europea defenderá sus intereses frente a cualquier forma de coacción. Tiene las herramientas para hacerlo y está dispuesta a utilizarlas”.

El acuerdo con la India —como el firmado con el Mercosur— es leído en ese contexto como una respuesta estructural, no coyuntural, a una estrategia estadounidense que concibe el comercio como un instrumento de subordinación política.

La India, socio imprescindible del nuevo equilibrio global

Para la India, el pacto refuerza su posición como actor central del sistema internacional. Cuarta economía mundial, país más poblado del planeta y con tasas de crecimiento superiores al 7%, Nueva Delhi se consolida como alternativa estratégica a China en las cadenas globales de valor y como socio clave para las democracias industriales.

El primer ministro Narendra Modi destacó que el acuerdo “refuerza el compromiso compartido con la democracia y con un comercio basado en reglas”, y subrayó que permitirá a la India “acceder a tecnología, capital e innovación europeos” sin renunciar a su autonomía estratégica.

Ese equilibrio es central para la diplomacia india. Mientras estrecha lazos con Bruselas, mantiene relaciones energéticas con Rusia y evita una confrontación directa con Pekín. El acuerdo con la UE amplía su margen de maniobra y reduce su dependencia histórica de la industria militar rusa, especialmente en un contexto marcado por las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania.

Europa ante el mundo que viene

Más allá de sus cifras comerciales, el acuerdo UE-India simboliza un cambio profundo en la forma en que Europa se concibe a sí misma. Tras décadas confiando su seguridad a Estados Unidos y su prosperidad a un orden comercial relativamente estable, Bruselas asume que ese mundo ha dejado de existir.

“El tiempo de la ingenuidad estratégica ha terminado”, advirtió recientemente el canciller alemán Friedrich Merz. En ese diagnóstico converge una parte creciente de las capitales europeas: la cooperación comercial ya no puede desligarse de la seguridad, la defensa y la soberanía tecnológica.

El pacto con la India, junto al acuerdo con el Mercosur, dibuja así una Europa que busca dejar de ser terreno de disputa entre grandes potencias para convertirse en un actor con capacidad de decisión propia. En un sistema internacional cada vez más dominado por la fuerza, Bruselas ensaya una respuesta basada en alianzas, diversificación y autonomía. El resultado de esa apuesta definirá su lugar en el mundo durante las próximas décadas.

 

Europa en el nuevo orden mundial de Donald Trump

 

El giro unilateral y expansionista del presidente estadounidense reabre viejos fantasmas en el continente y obliga a la Unión Europea a repensar su seguridad, su autonomía estratégica y su lugar en un sistema internacional cada vez más regido por la fuerza.

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Buenos Aires - Donald Trump ha iniciado su segundo mandato presidencial con una visión del mundo que rompe de forma explícita con los consensos básicos que, con mayor o menor coherencia, han estructurado el sistema internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El giro no es solo retórico ni coyuntural: afecta a los cimientos mismos del orden liberal construido en torno a instituciones multilaterales, alianzas estables y normas compartidas, pilares sobre los que Europa ha asentado su seguridad y prosperidad durante más de siete décadas. Para el presidente republicano, Estados Unidos se encuentra ante una amenaza existencial: la posible pérdida de su primacía global frente al ascenso sostenido de China, el desafío estratégico de Rusia y, de forma cada vez más explícita, la competencia económica y regulatoria de la Unión Europea, hasta ahora considerada un aliado natural.

Bajo el lema de hacer “América grande otra vez”, Trump ha desplegado una política exterior agresiva, basada en la presión económica, el uso instrumental de los aranceles comerciales y la lógica de los hechos consumados. En su concepción, ya no existe una distinción clara entre aliados históricos y adversarios geopolíticos: todos son sometidos a un cálculo estrictamente utilitarista de costes y beneficios. El resultado es un clima internacional crecientemente belicista, caracterizado por la militarización de las relaciones internacionales y el relanzamiento de carreras armamentísticas que evocan las tensiones más oscuras del siglo XX.

El propio Trump se encargó de explicitar esta visión en su discurso inaugural, donde anunció ambiciones abiertamente expansionistas. La idea de convertir a Canadá en el Estado número 51 de la Unión, la apropiación de Groenlandia y la recuperación del control del Canal de Panamá —con el objetivo declarado de desplazar a los operadores chinos de ese enclave estratégico del comercio mundial— no fueron meras provocaciones retóricas, sino señales de un giro doctrinario profundo. En ellas subyace una concepción del poder internacional basada en la fuerza y el dominio territorial, en abierta contradicción con los principios del derecho internacional contemporáneo.

Trump no ha dudado en recurrir al arma de los aranceles para forzar a los países de la OTAN a incrementar su gasto en defensa, orientándolo de manera preferente hacia la compra de armamento estadounidense. Del mismo modo, ha autorizado acciones militares directas contra Irán, con el argumento de poner fin a la llamada guerra de los trece días con Israel, y ha impulsado operaciones en Venezuela con el doble objetivo de capturar al presidente Nicolás Maduro —a quien acusa de narcotráfico— y asegurar el control de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta.

Estas políticas han generado tensiones en múltiples regiones del mundo, pero su impacto ha sido particularmente corrosivo en Europa, el principal aliado estratégico y socio comercial de Estados Unidos desde 1945. Washington parece haber olvidado no solo la historia compartida, sino también la densa red de interdependencias que incluye decenas de bases militares estadounidenses en suelo europeo y cerca de 80.000 efectivos desplegados de manera permanente.

La marginación de Europa de las grandes negociaciones internacionales se ha convertido en una constante. Los gobiernos europeos han sido excluidos de los contactos clave sobre una eventual salida negociada a la guerra de Ucrania, del rediseño del equilibrio de poder en Oriente Próximo tras el conflicto entre Israel, Hamás, Hezbolá e Irán, del futuro de Gaza y de las discusiones sobre la neutralización del programa nuclear iraní. Para Trump, las alianzas tradicionales son una rémora si no producen beneficios inmediatos y cuantificables.

El mundo que imagina el presidente estadounidense es, en sus propias palabras, un escenario “gobernado por la fuerza, gobernado por el poder, gobernado por el dominio”. Esta visión remite de manera inquietante a la concepción hobbesiana del estado de naturaleza, en la que el hombre es el lobo del hombre y la ausencia de una autoridad superior convierte la violencia en regla. En el plano internacional, esta lógica se traduce en la normalización de la impunidad del intervencionismo: ataques extrajudiciales, cambios de régimen, privatización de la paz y desprecio sistemático por los mecanismos multilaterales.

Con ello, Trump ha abandonado de forma explícita la tradición principista de la política exterior estadounidense, basada —al menos en el plano retórico— en la defensa de la democracia, la autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos, impulsada por presidentes como Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt o Jimmy Carter. Incluso supera el realismo clásico de figuras como Hans Morgenthau, Richard Nixon, Henry Kissinger o Ronald Reagan, quienes, pese a su pragmatismo, reconocían la necesidad de reglas compartidas para evitar el caos sistémico.

En este contexto, Trump ha rescatado una doctrina profundamente controvertida del siglo XIX: la Doctrina Monroe, formulada en 1823, y especialmente su reinterpretación imperialista a comienzos del siglo XX, conocida como el corolario Roosevelt. El 2 de septiembre de 1901, Theodore Roosevelt proclamó su célebre máxima: “Habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos”. Aquella consigna justificó décadas de intervenciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe para proteger los intereses de sus empresas.

Trump ha actualizado ese legado bajo lo que numerosos analistas denominan, no sin ironía, la “Doctrina Donroe”. Su objetivo es claro: convertir a América Latina en una esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos, cerrada a la expansión económica y tecnológica de China. Esta estrategia ha tensado las relaciones con gobiernos latinoamericanos y ha reforzado la percepción de un retorno al más crudo imperialismo.

Simultáneamente, el presidente estadounidense ha exigido a Dinamarca y a la Unión Europea la cesión de Groenlandia, territorio autónomo danés y aliado histórico en el marco de la OTAN. Las amenazas de aranceles diferenciados y el uso explícito de la presión militar han puesto en cuestión la propia supervivencia de la Alianza Atlántica. Para Trump, el control del Ártico, de sus futuras rutas comerciales y de sus vastos recursos naturales —incluidas las tierras raras— justifica cualquier coste político. Además, incorporar a Groenlandia, sería llevar a cabo la mayor adquisición territorial efectuada por cualquier presidente estadounidense y convertiría a los Estados Unidos en el país con mayor extensión territorial del planeta.

La guerra de Ucrania es otro punto central de fricción. Mientras la Administración Trump busca una salida rápida al conflicto, incluso a costa de concesiones territoriales y garantías de seguridad para Moscú, los principales países europeos mantienen una postura mucho más dura. Francia, Alemania, Polonia, Finlandia, Reino Unido, España e Italia manejan informes de inteligencia que anticipan un enfrentamiento directo con Rusia hacia 2030. Según estas evaluaciones, Moscú produce más tanques de los que necesita, reorganiza su ejército, crea nuevos distritos militares orientados hacia Occidente y refuerza su marina.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha llegado a comparar el escenario actual con las guerras mundiales del siglo XX. “Somos el próximo objetivo de Rusia”, afirmó en diciembre en Berlín. En países con una memoria histórica marcada por las invasiones rusas, la amenaza se percibe como particularmente real. Según datos citados por el periodista Marc Bassets en El País, el 77% de los polacos considera elevado o muy elevado el riesgo de un ataque en los próximos años; en España, esa percepción alcanza al 49%.

Ante este panorama, Europa ha optado por ganar tiempo. Apoya la resistencia ucraniana mediante créditos y suministro de armamento, mientras acelera su propio rearme y debate el restablecimiento del servicio militar obligatorio. El objetivo es doble: desgastar a Rusia y prepararse para un eventual conflicto directo, aun al precio de prolongar una guerra que se libra, en gran medida, hasta el último ucraniano.

En el plano económico, las amenazas arancelarias de Washington han impulsado a la Unión Europea a reducir progresivamente su dependencia del dólar. El euro gana terreno como moneda de referencia, mientras Bruselas diversifica sus vínculos comerciales mediante acuerdos con el Mercosur, India y China. Al mismo tiempo, Europa ha mostrado cautela frente a las iniciativas diplomáticas de Trump: salvo Hungría y Bulgaria, ningún país europeo relevante se ha sumado a la Junta de Paz para Gaza promovida por la Casa Blanca.

Conclusiones

Paradójicamente, la política exterior de Donald Trump ha logrado un efecto que pocos habrían anticipado: ha reforzado la cohesión interna de Europa y ha acelerado su transformación en un actor geopolítico más consciente de su vulnerabilidad y de la necesidad de autonomía estratégica. Al tratar al continente como un socio prescindible y someterlo a una presión constante —comercial, militar y diplomática—, Washington ha empujado a la Unión Europea a replantearse su lugar en el mundo, a invertir en su propia defensa y a buscar una voz propia en un escenario internacional crecientemente hostil.

Este proceso, sin embargo, se desarrolla en un contexto extraordinariamente peligroso. El abandono deliberado de las reglas del derecho internacional y el retorno a una lógica de poder desnudo colocan al mundo al borde de una nueva era de conflictos, marcada por el expansionismo y la normalización de las conquistas territoriales. En este sentido, la situación actual evoca de manera inquietante a la Europa de 1938, cuando las potencias democráticas, debilitadas y divididas, observaron con una mezcla de temor y resignación el avance de una política de hechos consumados.

Entonces, como ahora, el cálculo pragmático y el deseo de evitar una confrontación inmediata llevaron a aceptar la erosión progresiva del orden existente. Los Acuerdos de Múnich, presentados en su momento como una garantía de paz, terminaron legitimando una lógica según la cual la fuerza prevalecía sobre el derecho y las fronteras podían modificarse mediante la amenaza o el uso de la violencia. El resultado fue una catástrofe de dimensiones históricas.

La analogía no es mecánica, pero sí aleccionadora. Hoy, como en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Europa se enfrenta al dilema de resignarse a un mundo gobernado por la ley del más fuerte.

 

 

Marruecos y Argentina sellan su adhesión al Consejo de Paz de Trump: un nuevo eje diplomático de coincidencias

 

Por Adalberto Agozino

La firma de la Carta Constitutiva del Consejo de Paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marca un hito en la diplomacia global de 2026. Marruecos, bajo las altas directivas del rey Mohammed VI y como primer país africano en integrarse, y Argentina, con la rúbrica del presidente Javier Milei, consolidan una alianza que refuerza sus vínculos estratégicos con Washington y reposiciona a ambos países en la escena internacional.

 

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En el corazón del Foro Económico Mundial de Davos, el 22 de enero de 2026 quedará inscrito como un punto de inflexión en la diplomacia internacional. En la emblemática ciudad suiza, decenas de jefes de Estado y representantes de gobiernos rubricaron la Carta Constitutiva del Consejo de Paz para Gaza, la ambiciosa iniciativa promovida por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, destinada inicialmente a supervisar la reconstrucción y estabilización de la Franja de Gaza tras más de dos años de conflicto.

Entre las firmas que destacan por su simbolismo y alcance geopolítico figuran las de Marruecos y Argentina, dos países con conexiones profundas con Washington que ahora alinean sus agendas diplomáticas con la del liderazgo estadounidense.

Marruecos: el primer país africano que responde al llamado real

Marruecos no solo se sumó a la iniciativa: fue el primer país africano en firmar la adhesión al Consejo de Paz. Lo hizo bajo las altas directivas de Su Majestad el rey, Mohammed VI, cuyo mandato político y diplomático fue determinante para que Rabat aceptara la invitación de Trump. El ministro de Relaciones Exteriores marroquí, Nasser Bourita, estampó su firma en presencia del mandatario estadounidense, activando formalmente la creación del organismo junto con Baréin y otros Estados fundadores.

Esta adhesión, más allá de la formalidad burocrática, responde a un posicionamiento estratégico profundo: Marruecos busca consolidar su papel como actor de equilibrio y mediación en Oriente Medio y en el tablero internacional. El rey Mohammed VI, además de jefe de Estado, desempeña desde hace años un papel central en la causa palestina como presidente del Comité Al-Quds, un organismo de la Organización de Cooperación Islámica dedicado a la defensa de los derechos del pueblo palestino y al estatus de Jerusalén.

La presidencia del Comité Al-Quds confiere al monarca alauí no solo una legitimidad política sino también una autoridad moral y religiosa, crucial en un conflicto donde las dimensiones espirituales y nacionales se entrelazan. Esta doble vara de liderazgo —como monarca y como custodio de la causa palestina— explica en parte por qué Marruecos emergió como uno de los primeros Estados dispuestos a respaldar la propuesta estadounidense.

Argentina: un socio clave en el tablero occidental

A la par de Marruecos, Argentina rubricó su adhesión al Consejo de Paz. El presidente Javier Milei firmó la adhesión en Davos, incorporando a nuestro país a este nuevo foro diplomático de alcance global. Aunque los detalles logísticos y financieros de la participación argentina —incluidos posibles compromisos económicos exigidos por la Casa Blanca— han generado debate interno, la decisión política subraya un alineamiento más estrecho de la Casa Rosada con las prioridades exteriores de la Administración Trump.

La presencia de Argentina en este organismo pone de relieve un fenómeno geopolítico notable: Estados Unidos, Marruecos y Argentina comparten no solo intereses en relación con la gestión de la crisis en Gaza, sino también lazos estratégicos recientes con la Administración Trump, que van desde acuerdos de cooperación hasta respaldos políticos en foros multilaterales. Esa base común de coincidencias crea un campo fértil para estrechar aún más las relaciones diplomáticas bilaterales, en un contexto global caracterizado por la fragmentación de alianzas tradicionales.

Una diplomacia en tiempos de incertidumbre

El Consejo de Paz impulsado por Trump llega en un momento de tensiones persistentes en Oriente Medio. Tras el alto el fuego y los esfuerzos por reconstruir Gaza, la iniciativa estadounidense —que algunos analistas consideran paralela y, en ciertos aspectos, competitiva frente a la diplomacia tradicional de la ONU— pretende establecer un nuevo régimen de cooperación internacional con mecanismos propios.

Para Marruecos, formar parte de este Consejo representa tanto una oportunidad como un desafío: reafirma su compromiso histórico con la causa palestina, pero lo inserta dentro de una arquitectura diplomática liderada desde Washington, con todas las implicancias políticas que ello conlleva en un escenario global polarizado. Para Argentina, la adhesión pone a prueba su proyección internacional en una coyuntura en que su política exterior está redefiniéndose y buscando espacios de influencia más amplios, aun si estos implican costosas inversiones o compromisos multilaterales complejos.

Una nueva cartografía de alianzas

La firma de Marruecos y Argentina se inscribe en un momento en que la diplomacia internacional parece reconfigurarse alrededor de nuevos centros de gravedad. La iniciativa del Consejo de Paz, aunque aún en sus etapas iniciales, ya refleja la capacidad de ciertos líderes y Estados de moldear cuerpos diplomáticos alternativos, y de colocar temas como la paz en Gaza en el centro de sus agendas globales.

Para Marruecos, el protagonismo no es accidental: responde a una visión monárquica que combina realismo político con un compromiso preexistente hacia la causa palestina, encarnado en la figura del rey Mohammed VI y en su liderazgo del Comité Al-Quds. Para Argentina, la firma es parte de una estrategia de reenganche global, con Washington como socio preferente. En conjunto, estas adhesiones ofrecen una pista sobre cómo podría reescribirse, en los próximos años, la geopolítica del siglo XXI: no solo en los centros tradicionales del poder, sino en redes dispersas que conectan dignidades nacionales, alianzas históricas y visiones compartidas de un orden internacional en transformación.

 

Trump, desde Davos, sitúa a Groenlandia en el centro del escenario mundial

 

La reivindicación del control estadounidense sobre la mayor isla del planeta, formulada por Donald Trump en el Foro Económico Mundial, reactualiza viejas ambiciones geopolíticas, tensiona el vínculo con Europa y reabre el debate sobre el equilibrio de poder en el Ártico y el futuro de la alianza atlántica.

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El discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos no fue una intervención económica en sentido clásico, sino una declaración de principios geopolíticos. Bajo la apariencia de una reflexión sobre seguridad y prosperidad global, Trump colocó a Groenlandia en el centro de su visión estratégica, vinculándola de manera directa con el futuro de Europa, la OTAN y el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. La contundencia del mensaje —y su tono abiertamente transaccional— obliga a un análisis que trascienda la coyuntura y se adentre en las raíces históricas y en las consecuencias estratégicas de una pretensión que muchos creían desterrada del lenguaje político occidental: la adquisición de territorio soberano entre aliados.

La idea de Groenlandia como pieza estratégica para Estados Unidos no es nueva. A mediados del siglo XIX, Washington ya había explorado la posibilidad de adquirir la isla a Dinamarca, y tras la Segunda Guerra Mundial la presencia militar estadounidense se consolidó con la instalación de la base aérea de Thule, hoy integrada en el sistema de alerta temprana y defensa antimisiles. En la lógica de la Guerra Fría, Groenlandia fue concebida como un bastión avanzado frente a la Unión Soviética, una posición clave en el control del Atlántico Norte y del acceso al Ártico. Trump recupera esa tradición estratégica, pero lo hace despojándola del ropaje multilateral que caracterizó a la política estadounidense durante décadas.

En Davos, el presidente no habló de cooperación reforzada ni de nuevas fórmulas dentro de la OTAN, sino de propiedad y control. Al afirmar que para defender Groenlandia “hay que ser su dueño”, Trump introdujo una lógica patrimonial en un sistema internacional que, al menos en su discurso formal, se rige por el respeto a la soberanía y la integridad territorial. Esta afirmación no solo desafía a Dinamarca y a las autoridades groenlandesas, sino que interpela directamente a Europa en su conjunto, al sugerir que el continente carece de capacidad real para garantizar su propia seguridad en el extremo norte.

Desde el punto de vista estratégico, Groenlandia ocupa una posición singular en el nuevo escenario global. El deshielo progresivo del Ártico abre rutas marítimas antes inaccesibles, reduce distancias entre Asia, Europa y América del Norte y expone vastos recursos naturales, desde tierras raras hasta hidrocarburos. En este contexto, el control de la isla implica influencia directa sobre el Atlántico Norte, sobre las rutas polares emergentes y sobre la arquitectura de defensa del hemisferio norte. Trump lo expresó con crudeza: para él, Groenlandia no es un territorio periférico, sino una plataforma central desde la cual proyectar poder frente a Rusia y China.

La dimensión histórica del planteo resulta clave para entender su alcance. Durante la posguerra, Estados Unidos construyó su liderazgo global combinando poder militar con un entramado de alianzas y normas multilaterales. La OTAN fue el pilar de ese sistema en Europa, y Dinamarca, como miembro fundador, formó parte de ese consenso. Al cuestionar implícitamente la capacidad de la alianza para proteger un territorio estratégico sin que este pase a manos estadounidenses, Trump erosiona uno de los fundamentos simbólicos de la OTAN: la defensa colectiva entre iguales.

Esta tensión se refleja en la reacción europea. Líderes como Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen interpretaron las palabras de Trump no solo como una amenaza territorial, sino como un intento de redefinir la relación transatlántica en términos de subordinación. El mensaje implícito es claro: Estados Unidos garantiza la seguridad, pero exige contrapartidas que ya no se limitan al gasto militar o a concesiones comerciales, sino que alcanzan cuestiones de soberanía. En este marco, la propuesta de Trump funciona como un catalizador de un debate más amplio sobre la autonomía estratégica europea, una aspiración largamente discutida y hasta ahora difícil de materializar.

El caso de Groenlandia también plantea interrogantes sobre el derecho internacional y el precedente que podría sentar. Si una potencia occidental legitima la idea de adquirir territorio de un aliado por razones estratégicas, ¿con qué autoridad moral podrá oponerse a movimientos similares en otras regiones del mundo? Esta pregunta recorre las cancillerías europeas y alimenta la inquietud de que el discurso de Davos marque un punto de inflexión en la narrativa occidental sobre el orden internacional.

Desde la perspectiva estadounidense, el planteo de Trump responde a una visión realista y unilateral del poder. La seguridad nacional, en su discurso, no admite zonas grises ni soluciones compartidas cuando están en juego intereses vitales. Groenlandia aparece así como una extensión natural del perímetro defensivo estadounidense, un territorio cuya pertenencia formal debería alinearse con una realidad estratégica que, según Trump, ya existe de facto. Esta lectura ignora deliberadamente la dimensión política y cultural de Groenlandia, así como el derecho de sus habitantes a decidir su futuro.

Las implicancias estratégicas de este enfoque son profundas. En el corto plazo, la controversia debilita la cohesión de la OTAN y alimenta la desconfianza entre aliados. En el mediano plazo, puede acelerar los esfuerzos europeos por reducir su dependencia de Estados Unidos en materia de defensa, aun cuando esa autonomía sea difícil de concretar. Y en el largo plazo, contribuye a normalizar una lógica de competencia territorial entre grandes potencias, incluso dentro del mundo occidental.

El discurso de Trump en Davos, lejos de ser un exabrupto aislado, se inscribe en una reconfiguración más amplia del orden internacional. Groenlandia se convierte así en símbolo y en síntoma: símbolo de la creciente centralidad del Ártico en la geopolítica del siglo XXI y síntoma de una ruptura en la forma en que Estados Unidos concibe su relación con Europa. En un foro pensado para el consenso y la cooperación, Trump dejó claro que su visión del mundo se rige por el control, la fuerza y la primacía nacional. Las consecuencias de ese mensaje, como el hielo del Ártico que lentamente se derrite, apenas comienzan a hacerse visibles.

 

Para Marruecos el futbol es mucho más que un deporte popular.

Por expreso mandato del rey Mohammed VI, el príncipe Moulay Rachid recibió a la selección nacional tras su actuación en la Copa Africana de Naciones. El gesto, cuidadosamente escenificado en el corazón institucional del Reino, vuelve a situar al fútbol como una pieza central de la proyección estratégica y diplomática de Marruecos en África y en el mundo.

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En el Palacio de los Huéspedes Reales de Rabat, uno de los espacios más cargados de simbolismo de la monarquía marroquí, la recepción ofrecida por el príncipe Moulay Rachid a los integrantes de la selección nacional de fútbol no fue un acto protocolar más. Convocada por Altas Instrucciones del rey Mohammed VI, la audiencia al equipo finalista de la Copa Africana de Naciones (CAN Marruecos 2025) se inscribió en una narrativa política más amplia, en la que el deporte —y en particular el fútbol— se ha convertido en una herramienta de cohesión interna, afirmación identitaria y proyección internacional.

El hermano del Rey por encargo real saludó uno a uno a los protagonistas del ciclo deportivo que volvió a situar a Marruecos entre las potencias futbolísticas del continente. Junto a él estuvieron el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, figura clave en la modernización del sector, y el seleccionador nacional, Walid Regragui, artífice de un proyecto que combina disciplina táctica, apuesta por el talento joven y una identidad de juego reconocible. La fotografía oficial, difundida ampliamente por los medios nacionales, selló una escena que el Palacio Real concibe como parte de un relato de continuidad y estabilidad.

La recepción fue leída en Rabat como una nueva manifestación de la “Alta Benevolencia” con la que el monarca acompaña a la juventud marroquí y respalda su realización a través del deporte. No se trata de una retórica circunstancial. Desde su ascenso al trono, Mohammed VI ha promovido una política sostenida de inversión en capital humano, en la que el fútbol ocupa un lugar privilegiado como fenómeno social de masas y como escaparate internacional del Reino. El mensaje de felicitación dirigido por el soberano a los jugadores tras la final de la CAN insistió en valores como la perseverancia, la seriedad y el espíritu de equipo, presentados no solo como virtudes deportivas, sino como atributos de una nación en proceso de modernización.

El éxito relativo de los Leones del Atlas en los últimos años —con hitos que trascienden el ámbito africano— ha reforzado la convicción del Palacio de que el fútbol puede funcionar como un vector diplomático de primer orden. Marruecos ha sabido articular sus resultados deportivos con una política exterior activa en África, Europa y el mundo árabe, utilizando el deporte como lenguaje común y como plataforma de influencia blanda. La organización de grandes competiciones, la cooperación federativa con otros países africanos y la presencia de dirigentes marroquíes en instancias internacionales del fútbol forman parte de esa estrategia silenciosa, pero persistente.

La recepción encabezada por Moulay Rachid se inscribe, además, en un momento clave del calendario estratégico del Reino. Marruecos se prepara para asumir desafíos organizativos de alcance global, con infraestructuras deportivas que el propio rey ha señalado como ejemplo de resiliencia y estándares internacionales. La modernización de estadios, centros de entrenamiento y redes logísticas no responde únicamente a exigencias deportivas, sino a una visión de largo plazo que vincula desarrollo urbano, imagen país y competitividad internacional.

En este contexto, el fútbol aparece como un instrumento de diplomacia pública capaz de proyectar una imagen de estabilidad, ambición y apertura. Cada recepción oficial, cada mensaje real y cada gesto institucional buscan consolidar una narrativa en la que el éxito deportivo es inseparable de un proyecto nacional. La audiencia a la selección nacional tras la CAN 2025 reafirmó esa lógica: el reconocimiento no se limita al resultado en el campo, sino que celebra el papel del deporte como embajador del Marruecos contemporáneo.

Así, bajo la mirada del príncipe Moulay Rachid y por mandato directo de Mohammed VI, la selección fue recibida no solo como un equipo de fútbol, sino como un símbolo de una estrategia de Estado. En Rabat, el balón vuelve a rodar más allá del césped, convertido en una herramienta de proyección diplomática que Marruecos ha decidido jugar con ambición y método.

 

El Rey Mohammed VI se integra como miembro fundador al Consejo de Paz sobre Gaza y refuerza la importancia de Marruecos en la política internacional

 

La incorporación del monarca alauí, comendador de los creyentes y presidente del Comité Al-Quds, a la iniciativa de la Administración Trump, subraya el peso político y religioso de Rabat en Oriente Medio y consolida una relación histórica con Washington marcada por la cooperación estratégica y el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara.

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La invitación cursada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al rey de Marruecos, Mohammed VI, para integrarse como miembro fundador del nuevo Consejo de Paz sobre Gaza no es un gesto protocolario ni una mera cortesía diplomática. Se trata de una decisión cargada de simbolismo político, religioso y estratégico, que confirma el papel singular que el monarca alauí desempeña en los equilibrios de Oriente Medio y en la arquitectura de alianzas que Washington intenta reconstruir en una región devastada por la guerra y la desconfianza.

El Gobierno marroquí confirmó que Mohammed VI respondió favorablemente a la invitación y que el Reino procederá a ratificar la Carta constitutiva del Consejo, una iniciativa impulsada directamente por la Casa Blanca con la ambición declarada de contribuir a los esfuerzos de paz en Oriente Medio y de ensayar un nuevo enfoque para la resolución de conflictos a escala global. La participación estará reservada a un grupo reducido de líderes internacionales, seleccionados personalmente por el presidente estadounidense, lo que refuerza el carácter político del organismo y su dependencia directa de la visión estratégica de Trump.

El perfil del monarca marroquí explica en buena medida esta elección. Mohammed VI no es solo jefe de Estado: en su condición de amir al-muminin, comendador de los creyentes, encarna una autoridad religiosa reconocida más allá de las fronteras de Marruecos. A ello se suma su presidencia del Comité Al-Quds, órgano permanente de la Organización de Cooperación Islámica encargado de la defensa del estatuto de Jerusalén y de los derechos del pueblo palestino. Esta doble legitimidad, política y espiritual, le otorga una posición singular como interlocutor entre Occidente, el mundo árabe y el islam suní moderado, un capital diplomático que Washington considera clave para cualquier intento de estabilización en Gaza.

La creación del Consejo de Paz se inscribe, además, en la segunda fase del plan global de Trump para Oriente Medio, que incluye la puesta en marcha de un Comité Nacional para la Administración de Gaza como estructura transitoria. Según los estatutos conocidos, el nuevo organismo aspira a constituirse en una organización internacional con capacidad para promover la estabilidad, restaurar la gobernanza y garantizar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos, apoyándose en la cooperación práctica y en asociaciones orientadas a resultados concretos, más que en declaraciones multilaterales de alcance limitado.

La relación entre Estados Unidos y Marruecos proporciona el trasfondo histórico de esta iniciativa. Ambos países mantienen uno de los vínculos diplomáticos más antiguos del mundo: Marruecos fue el primer Estado en reconocer la independencia estadounidense, en 1777, y desde entonces la relación ha atravesado monarquías, repúblicas, guerras mundiales y transformaciones geopolíticas profundas sin perder continuidad. En el siglo XXI, esta alianza se ha traducido en cooperación militar, acuerdos de seguridad, intercambios económicos y una coordinación política constante en el Magreb y el Sahel.

Durante el primer mandato de Trump, esa relación alcanzó un punto de inflexión con la decisión de Estados Unidos de reconocer la plena soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, convirtiéndose en el primer país en hacerlo de forma explícita. Aquel reconocimiento, es considerado por los analistas internacionales como un movimiento de alto impacto estratégico, reforzó el posicionamiento internacional de Rabat y consolidó a Marruecos como socio preferente de Washington en el norte de África, al tiempo que alteró equilibrios regionales largamente congelados.

El Consejo de Paz refleja también la voluntad de Trump de articular un directorio restringido de líderes con capacidad de decisión real. Entre los jefes de Estado y de Gobierno invitados figuran dirigentes de perfiles ideológicos muy diversos, desde potencias tradicionales hasta actores emergentes. En este marco destaca la invitación cursada al presidente argentino, Javier Milei, cuya presencia subraya la intención estadounidense de otorgar al organismo una proyección global y no exclusivamente regional.

La aceptación de Mohammed VI refuerza, por último, la narrativa de Marruecos como actor de paz. Rabat reiteró su compromiso con una solución justa, global y duradera al conflicto de Oriente Medio, basada en la creación de un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital, conviviendo en paz con Israel. Esta posición, constante en la diplomacia marroquí, busca equilibrar la normalización de relaciones con Israel con la defensa del derecho palestino, un ejercicio de equilibrios que explica la confianza que Washington deposita en el monarca alauí.

En un contexto internacional marcado por la fragmentación del multilateralismo clásico y por la emergencia de fórmulas ad hoc impulsadas por las grandes potencias, el Consejo de Paz promovido por Trump se presenta como un experimento político de alto riesgo. La incorporación de Mohammed VI como miembro fundador no garantiza el éxito de la iniciativa, pero sí aporta una legitimidad difícil de replicar y confirma que, en la compleja ecuación de Gaza, Marruecos vuelve a ocupar un lugar central.

 

Con una base naval en el Perú, Washington se posiciona en la costa latinoamericana al Pacífico Sur

 

La aprobación de un ambicioso proyecto para modernizar la Base Naval del Callao, con respaldo técnico y financiero de Estados Unidos, introduce un nuevo factor en el equilibrio estratégico del Pacífico sur. Con una inversión estimada en hasta 1.500 millones de dólares, la iniciativa se inscribe en la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense para 2025 y se interpreta como una respuesta directa al avance de China en infraestructuras críticas de América Latina.

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La costa central del Perú se ha convertido en un escenario privilegiado de la competencia geopolítica global. La decisión del Gobierno de Estados Unidos de autorizar un acuerdo de cooperación para la modernización integral de la Base Naval del Callao, principal instalación de la Marina de Guerra peruana, no solo redefine la relación bilateral en materia de defensa, sino que proyecta sus efectos mucho más allá del ámbito estrictamente militar. En un contexto de creciente rivalidad con China, Washington vuelve a poner el foco en el hemisferio occidental y, en particular, en el eje estratégico del océano Pacífico.

El proyecto, aprobado por el Departamento de Estado y notificado al Congreso estadounidense en enero de 2026, contempla una posible Venta Militar Extranjera (Foreign Military Sale, FMS) por un monto máximo de 1.500 millones de dólares. A diferencia de otros acuerdos de defensa, no se trata de la adquisición de armamento pesado ni del establecimiento formal de una base extranjera con tropas permanentes, sino de un paquete amplio de servicios y equipamiento destinados al diseño, la construcción y la modernización de infraestructuras marítimas y terrestres en el Callao. El objetivo declarado es fortalecer las capacidades logísticas y operativas de la Armada peruana, adaptándolas a los estándares contemporáneos y a las exigencias de una región cada vez más expuesta a dinámicas globales.

La iniciativa prevé una transformación profunda de la actual base naval, cuyas instalaciones se remontan en gran parte a mediados del siglo XX. La modernización apunta a reorganizar los espacios, optimizar los accesos y mejorar la funcionalidad de muelles, áreas de mantenimiento y edificios operativos. Un elemento central del plan es la reducción de la superposición entre actividades civiles y militares, un problema histórico en el Callao, donde la base naval convive con el principal puerto comercial del país. Al liberar y redistribuir áreas estratégicas, el proyecto permitiría, además, facilitar la expansión del puerto civil, clave para el comercio exterior peruano.

Desde el punto de vista técnico, el acuerdo incluye estudios de ingeniería, planificación del ciclo de vida de las instalaciones, gestión integral del proyecto y supervisión de las obras durante un período que podría extenderse hasta diez años. Para ello, está prevista la presencia en Perú de hasta una veintena de representantes estadounidenses, entre funcionarios gubernamentales y especialistas de empresas contratistas autorizadas por el Pentágono. Su rol será estrictamente técnico y de asesoramiento, según han subrayado las autoridades de Washington, que insisten en que la operación no alterará el equilibrio militar regional.

La ubicación de la base confiere al proyecto una relevancia estratégica singular. El Callao se encuentra frente a Lima, concentra la mayor parte del tráfico marítimo del país y está situado a menos de 80 kilómetros del megapuerto de Chancay, una infraestructura de escala continental impulsada y financiada por capitales chinos. Inaugurado recientemente como uno de los nodos más ambiciosos de la proyección logística de Pekín en Sudamérica, Chancay simboliza la creciente influencia económica de China en la región y su apuesta por controlar puntos neurálgicos de las rutas comerciales del Pacífico.

Es precisamente en ese contexto donde la inversión estadounidense adquiere una dimensión geopolítica más amplia. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para 2025 identifica al hemisferio occidental como un espacio prioritario, subrayando la necesidad de contrarrestar la influencia de potencias extrahemisféricas y de asegurar que activos estratégicos no queden bajo control de competidores globales. Sin mencionar explícitamente a China en cada apartado, el documento refleja una preocupación creciente por la presencia de Pekín en infraestructuras críticas, desde puertos hasta telecomunicaciones y energía, en América Latina y el Caribe.

La modernización de la Base Naval del Callao puede leerse, así, como una respuesta indirecta pero contundente a esa expansión. Al reforzar su cooperación con Perú en el ámbito naval y logístico, Washington busca consolidar un socio estratégico en la costa pacífica sudamericana y mantener capacidad de influencia en una región donde el comercio con Asia crece de manera sostenida. La iniciativa se inscribe en una lógica más amplia de reposicionamiento estadounidense, que algunos analistas interpretan como una actualización pragmática del viejo principio de la Doctrina Monroe, adaptado a un mundo multipolar y a una rivalidad cada vez más abierta con China.

Para el Perú, el acuerdo plantea oportunidades y dilemas. Desde una perspectiva interna, la inversión promete modernizar una infraestructura clave, dinamizar sectores vinculados a la construcción y la ingeniería, y fortalecer las capacidades de su Marina de Guerra sin recurrir a la compra directa de armamento. También refuerza una relación histórica con Estados Unidos en materia de defensa, cooperación que se ha mantenido durante décadas, especialmente en áreas como la seguridad marítima y la lucha contra amenazas transnacionales.

Sin embargo, el proyecto también obliga a Lima a gestionar con cautela su política exterior. China es hoy el principal socio comercial del Perú y un actor central en su estrategia de inserción económica global. La coexistencia de una fuerte presencia china en infraestructuras portuarias civiles y de una cooperación militar reforzada con Estados Unidos convierte al litoral peruano en un espacio de equilibrio delicado, donde cualquier movimiento puede ser interpretado como un alineamiento estratégico. La tradicional aspiración peruana de mantener una política de no alineación estricta se enfrenta, así, a las tensiones propias de una rivalidad global que se expresa cada vez más en el terreno.

Las críticas no han tardado en aparecer. Algunos sectores advierten que la prolongada presencia de asesores y contratistas estadounidenses, aunque limitada en número y funciones, podría sentar un precedente para una mayor injerencia externa en asuntos de defensa. Otros señalan el riesgo de que América Latina vuelva a ser escenario de disputas entre grandes potencias, con proyectos de cooperación convertidos en piezas de un tablero geopolítico que excede las prioridades nacionales.

Con todo, la modernización de la Base Naval del Callao marca un punto de inflexión. Más que una obra de infraestructura, se trata de un símbolo del regreso de América Latina —y del Pacífico sur en particular— al centro de las preocupaciones estratégicas de Washington. En un mundo atravesado por la competencia entre Estados Unidos y China, el puerto peruano se perfila como uno de los escenarios donde esa rivalidad se materializa con mayor nitidez, anticipando una década en la que la geopolítica volverá a mirar con atención hacia las costas de Sudamérica.