Groenlandia, la isla que puede incendiar el orden mundial

El interés de Donald Trump por anexionar el territorio autónomo danés no es una excentricidad ni una maniobra electoral: es el síntoma más nítido de cómo el Ártico se ha convertido en el nuevo centro de gravedad de la rivalidad entre las grandes potencias y de cómo Estados Unidos está dispuesto a poner en cuestión las reglas del sistema internacional para asegurarse su control.

 

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En los mapas escolares, Groenlandia aparece como una vasta extensión blanca, remota y casi vacía. En los despachos de Washington, Moscú y Pekín, en cambio, esa isla helada se ha convertido en uno de los territorios más codiciados del planeta. El renovado interés de la Administración Trump por hacerse con ella —incluso por vías que rozan abiertamente la coerción— revela hasta qué punto el Ártico ha dejado de ser una periferia geográfica para transformarse en uno de los grandes escenarios de la política mundial del siglo XXI.

Groenlandia es, en términos físicos, un coloso. Con más de dos millones de kilómetros cuadrados, es la mayor isla del mundo, aunque casi el 80% de su superficie esté cubierto por una capa de hielo de varios kilómetros de espesor. En ella viven apenas 56.000 personas, en su mayoría inuit, concentradas en la franja costera del suroeste. Políticamente, se trata de un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca que, desde 2009, gobierna sus asuntos internos y controla sus recursos naturales, mientras que Copenhague conserva la política exterior y la defensa. En el papel, es una periferia del Estado danés. En la práctica, es una pieza central del tablero geopolítico global.

La razón de ese interés es doble. Por un lado, su ubicación. Groenlandia se sitúa en el vértice entre América del Norte, Europa y el océano Ártico. Forma parte del corredor estratégico GIUK —Groenlandia, Islandia y Reino Unido— que desde la Guerra Fría constituye una barrera natural para vigilar el tránsito de submarinos y flotas rusas desde el Ártico hacia el Atlántico Norte. Quien controle ese corredor controla una de las arterias vitales de la seguridad euroatlántica. Por otro lado, su subsuelo y sus mares esconden una riqueza cada vez más accesible: hidrocarburos, hierro, uranio y, sobre todo, tierras raras, minerales imprescindibles para la industria tecnológica, las baterías, las energías renovables y los sistemas de defensa de última generación.

El calentamiento global ha multiplicado ese valor estratégico. A medida que el hielo retrocede, se abren nuevas rutas marítimas que prometen acortar miles de kilómetros los trayectos entre Asia, Europa y América del Norte. El Ártico, durante siglos un desierto congelado, empieza a parecerse a un nuevo Mediterráneo del norte, un espacio de tránsito, comercio y, inevitablemente, de competencia militar. En ese contexto, Groenlandia es una plataforma natural desde la cual proyectar poder sobre ese océano emergente.

Los Estados Unidos lo saben desde hace décadas. Durante la Segunda Guerra Mundial ocuparon la isla para impedir que cayera en manos de la Alemania nazi y, desde entonces, nunca se ha retirado del todo. Hoy mantiene en la Base Espacial Pituffik —la antigua Thule— uno de los pilares de su sistema de alerta temprana de misiles balísticos y de vigilancia espacial, integrado al mando del NORAD. Desde allí se monitorean posibles lanzamientos desde Rusia y se sigue el tráfico de satélites y objetos en órbita, un recordatorio de que, en la era nuclear y espacial, Groenlandia es una atalaya insustituible.

Pero el interés de Donald Trump va más allá de lo estrictamente militar. En un mundo marcado por la rivalidad con China, asegurar el acceso directo a las tierras raras de Groenlandia equivale a reducir una dependencia estratégica de Pekín, que hoy domina buena parte de esas cadenas de suministro. Y en un momento en que Rusia refuerza su presencia militar en el Ártico y China se autodefine como “Estado cercano al Ártico” para justificar su expansión económica en la región, Washington percibe la soberanía danesa sobre Groenlandia como una anomalía geopolítica, una grieta en un espacio que considera vital para su seguridad.

No es casual que Jorge Castro, haya resumido esta pulsión señalando que el interés de Trump por Groenlandia no es un capricho, sino una consecuencia directa del calentamiento global y del desplazamiento del eje estratégico hacia el Ártico

Donde el hielo se derrite, surgen nuevas fronteras de poder.

El problema es que la forma en que la Administración Trump plantea su ambición supone una ruptura con las reglas que los Estados Unidos ayudaron a construir tras 1945. El principio de integridad territorial y la prohibición del uso de la fuerza para adquirir territorios son pilares del derecho internacional. Si Washington los vulnera para anexionar o someter a Groenlandia, el golpe no sería solo jurídico, sino político y simbólico: la potencia que se erigió en garante del orden liberal pasaría a ser uno de sus principales infractores.

Las consecuencias se sentirían mucho más allá del Ártico. Rusia encontraría en ese precedente un argumento perfecto para legitimar sus anexiones en Ucrania, desde Crimea hasta los territorios ocupados del Donbás. Israel podría invocar la misma lógica para consolidar una ocupación indefinida de Gaza. El mensaje sería claro: las fronteras ya no las definen las normas, sino la correlación de fuerzas.

La OTAN, además, quedaría al borde de una crisis existencial. Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, uno de los miembros fundadores de la Alianza Atlántica. Una anexión estadounidense equivaldría a que un aliado despoja a otro de parte de su territorio. Incluso sin un conflicto armado, la confianza política que sostiene a la OTAN se vería gravemente dañada. ¿Qué valor tendría la cláusula de defensa colectiva si el agresor es el principal garante militar de la propia alianza?

Las declaraciones de Trump, de su vicepresidente J. D. Vance y de su secretario de Estado Marco Rubio apuntan en la misma dirección. El presidente ha definido Groenlandia como una “necesidad absoluta” para la seguridad estadounidense y no ha descartado el uso de la fuerza para obtenerla. Vance ha ido más lejos al presentar el orden internacional liberal como un obstáculo para la defensa de los intereses vitales de Estados Unidos. Rubio, con un tono más diplomático, ha dejado claro que la soberanía y el derecho internacional no pueden anteponerse a lo que Washington considere su seguridad estratégica. Es una visión del mundo de zonas de influencia, de realpolitik desnuda, que recuerda más a los repartos imperiales del siglo XIX que al multilateralismo de la posguerra.

En el corto plazo, lo más probable no es una invasión, sino una presión creciente sobre Dinamarca y sobre el propio gobierno groenlandés. Inversiones, acuerdos de seguridad, promesas de prosperidad y una intensa campaña de influencia pueden convertir a la isla en un protectorado de facto de Estados Unidos sin necesidad de cambiar formalmente su estatus. Pero incluso ese camino erosionaría el delicado equilibrio político de la región y la credibilidad internacional de Washington.

Groenlandia, esa inmensa extensión de hielo y minerales, se ha convertido así en algo más que un territorio remoto. Es un espejo del mundo que emerge: un orden internacional cada vez menos regido por normas y cada vez más por la fuerza. Lo que ocurra en sus fiordos y en sus bases militares puede anticipar, mejor que ningún discurso, cómo será la política global en los años que vienen.

 

Irán en el ojo de la tormenta

Durante décadas, la República Islámica logró contener el descontento mediante una combinación de represión, control social y una narrativa ideológica que prometía justicia, independencia y dignidad frente a Occidente. En enero de 2026, ese andamiaje se encuentra peligrosamente erosionado. Las protestas que sacuden Irán ya no son una simple reacción emocional ni un estallido sectorial: son la expresión de un colapso económico, político y moral que se extiende por todo el país.

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Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el corazón simbólico del poder económico iraní, el Gran Bazar de Teherán. Comerciantes tradicionalmente leales al régimen cerraron sus tiendas y salieron a la calle cuando el Banco Central eliminó el tipo de cambio preferencial para importadores, lo que disparó de un día para otro el precio de productos básicos como el pollo, el aceite y el arroz. El rial, ya debilitado, se desplomó hasta rondar los 1,4 millones por dólar, pulverizando salarios y ahorros. En cuestión de horas, la protesta económica se transformó en una impugnación política.

Hoy, más de cien ciudades y pueblos, desde las grandes metrópolis como Teherán, Mashhad y Shiraz hasta localidades rurales y provincias kurdas del oeste, han sido escenario de manifestaciones. Organizaciones de derechos humanos estiman que al menos entre 38 y 45 personas han muerto, centenares han resultado heridas y más de 2.000 han sido detenidas. Los medios estatales apenas reconocen cifras parciales y hablan también de bajas entre las fuerzas de seguridad, lo que confirma que el nivel de violencia es elevado y sostenido.

El trasfondo de esta rebelión es una economía devastada. La inflación anual supera el 42 por ciento y en algunos rubros esenciales, como alimentos, alcanza cifras cercanas al 70 por ciento. La sequía más grave en seis décadas ha reducido la producción agrícola y obligado al racionamiento del agua. Las sanciones de Estados Unidos y de Naciones Unidas, reimpuestas tras los ataques a instalaciones nucleares iraníes en 2025, han congelado activos, paralizado transacciones y reducido las exportaciones de petróleo. A todo ello se suma una corrupción estructural que ha creado una élite obscenamente rica en medio de una sociedad cada vez más empobrecida.

Lo que distingue a estas protestas de otras anteriores es su composición social y su tono político. A diferencia de 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini encendió una revuelta liderada por mujeres y jóvenes urbanos, ahora el núcleo inicial lo formaron comerciantes, trabajadores y sectores populares golpeados por la inflación. Cuando el bazar, históricamente aliado del clero, se subleva, el régimen pierde uno de sus pilares tradicionales. Y cuando en las calles se escucha no solo “muerte al dictador” sino también “Pahlavi volverá”, la crisis deja de ser coyuntural para convertirse en existencial.

La respuesta del poder ha sido la esperada. La policía, la milicia Basij y la Guardia Revolucionaria han utilizado gas lacrimógeno, munición real, detenciones selectivas y asaltos a hospitales para capturar a manifestantes heridos. Paralelamente, el régimen ha impuesto un apagón digital que redujo drásticamente el acceso a internet y telefonía móvil, una táctica recurrente para aislar a la población antes de una represión más amplia. El líder supremo, Ali Jamenei, de 86 años, ha calificado a los manifestantes de “alborotadores” y ha dejado claro que el Estado no dudará en emplear la fuerza. El presidente Masoud Pezeshkian, de perfil reformista, intenta mantener una fachada de moderación, llamando al diálogo y anunciando subsidios en efectivo que resultan insignificantes frente al derrumbe del poder adquisitivo.

Desde el exterior, la presión se intensifica. Donald Trump ha advertido que Estados Unidos “golpeará muy duro” si Teherán masacra a manifestantes pacíficos, mientras la Unión Europea ha expresado su respaldo al “valiente pueblo de Irán”. Israel, que hace solo meses bombardeó territorio iraní, observa con atención un estallido interno que podría cambiar el equilibrio regional.

En este clima ha reaparecido con fuerza la figura de Reza Pahlavi, hijo del último sha. Exiliado desde la Revolución Islámica de 1979, Pahlavi se presenta como un líder secular, liberal y prooccidental, capaz de encarnar una transición ordenada. No propone explícitamente restaurar una monarquía absoluta, sino más bien una monarquía constitucional o un proceso que desemboque en una república democrática. Sus mensajes, amplificados por canales satelitales y redes sociales, han sido seguidos dentro de Irán por millones de personas, como demuestran los cánticos y los llamados coordinados a gritar desde las ventanas a una hora determinada. Para muchos iraníes, Pahlavi no simboliza tanto nostalgia monárquica como la memoria de un Estado laico, económicamente integrado al mundo y sin la tutela clerical.

Sin embargo, Pahlavi no es la única figura posible en un escenario de transición. En las cárceles iraníes se encuentran dirigentes reformistas de larga trayectoria como Mostafa Tajzadeh, antiguo viceministro del Interior, que ha pedido abiertamente la abolición de la teocracia y una reestructuración democrática del sistema. Fuera del país, activistas de derechos humanos como Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz, se han convertido en símbolos de resistencia cívica. En el ámbito religioso, algunos clérigos disidentes de Qom han criticado la corrupción y la instrumentalización del islam por parte del régimen. Ninguno de ellos tiene hoy una estructura política organizada, pero todos representan semillas de una alternativa.

La gran incógnita es el comportamiento de las fuerzas armadas y de la Guardia Revolucionaria. Con más de medio millón de efectivos combinados y enormes intereses económicos, estos cuerpos son el verdadero sostén del sistema. Si permanecen cohesionados, el régimen puede sobrevivir incluso a una ola de protestas masivas. Pero si una parte significativa decide no disparar o negociar una salida, la República Islámica podría colapsar con sorprendente rapidez.

En un primer horizonte posible, el régimen logra imponer el orden a sangre y fuego. El apagón digital se convierte en un cierre casi total, los líderes informales son arrestados o ejecutados, y las calles quedan bajo control militar. Irán seguiría existiendo como Estado, pero transformado en una fortaleza sitiada, aún más aislada y dependiente de la coerción, con una economía todavía más degradada y una población profundamente resentida.

En otro escenario, más probable a medio plazo, la crisis se prolonga. Las protestas no desaparecen del todo, sino que entran y salen en oleadas, erosionando la autoridad del Estado y agravando la fuga de capitales y cerebros. La República Islámica se convertiría en una suerte de Estado fallido funcional, incapaz de ofrecer prosperidad ni legitimidad, sostenido únicamente por la fuerza y por alianzas externas frágiles con Rusia o China.

Existe también la posibilidad de una ruptura histórica. Si el deterioro económico se vuelve insoportable, si las sanciones se endurecen y si una parte de las élites militares o religiosas decide que Jamenei y el sistema ya no son sostenibles, podría abrirse un proceso de transición. En ese contexto, figuras como Reza Pahlavi, Tajzadeh o Mohammadi podrían converger en un frente amplio que conduzca a un referéndum o a una asamblea constituyente. La restauración de la dinastía Pahlavi no sería automática ni segura, pero el solo hecho de que se grite su nombre en las calles de Irán ya indica que el monopolio simbólico de la Revolución Islámica se ha roto.

Lo que ocurre hoy en Irán es, en esencia, una lucha entre un régimen envejecido y una sociedad agotada. La economía ha desnudado la fragilidad de una teocracia que durante décadas se presentó como invencible. Puede que los ayatolás sobrevivan a esta tormenta, pero incluso si lo hacen, ya no gobernarán el mismo país. El miedo, que fue su principal aliado, ha comenzado a disiparse, y cuando eso ocurre, la historia suele acelerarse.

Un sunami que amenaza a todo Medio Oriente

Si el régimen iraní colapsara o entrara en una transición profunda, el impacto no se limitaría a las fronteras del país. Irán no es solo un Estado nacional: es el centro ideológico, financiero y militar de un sistema de poder regional construido durante cuatro décadas por la República Islámica. Hezbollah en Líbano, las milicias chiíes de Irak, los hutíes en Yemen y buena parte de la arquitectura militar del régimen sirio dependen, en distinto grado, de Teherán para su financiamiento, su entrenamiento, su armamento y su legitimidad religiosa. La caída del poder clerical en Irán sería, para todos ellos, un golpe existencial.

Hezbollah, el actor no estatal más poderoso de Medio Oriente, ha sido históricamente la joya estratégica de Irán. Sin el flujo constante de dinero, armas y asesoramiento que proviene de la Guardia Revolucionaria, su capacidad para sostener una confrontación prolongada con Israel se vería severamente reducida. Más aún, su narrativa de “resistencia islámica” perdería parte de su sustento ideológico si el propio régimen que la promovió es derrocado por su pueblo. En Irak, donde decenas de milicias chiíes operan bajo la tutela informal de Teherán, un colapso iraní podría provocar una fragmentación caótica, con grupos que busquen autonomía, alianzas con potencias regionales rivales o incluso una integración forzada en el Estado iraquí.

En Yemen, los hutíes también quedarían debilitados. Su guerra contra Arabia Saudí y sus ataques contra el tráfico marítimo en el mar Rojo dependen en gran medida del apoyo iraní, tanto material como político. Un Irán en transición, concentrado en sus propias crisis internas y en normalizar relaciones con Occidente, difícilmente podría sostener esa proyección de poder. El conflicto yemení podría entonces entrar en una fase de negociación real, algo que hasta ahora ha sido bloqueado por el respaldo estratégico de Teherán a los rebeldes.

El equilibrio de poder en Medio Oriente cambiaría de manera profunda. Israel vería disminuir la presión de su principal enemigo indirecto y podría enfrentar a Hezbollah y a Hamás en un contexto menos hostil. Arabia Saudí y los Estados del Golfo, que durante años han vivido bajo la sombra de la expansión iraní, ganarían margen para consolidar su influencia. Turquía, por su parte, intentaría ocupar parte del vacío geopolítico en Siria, el Cáucaso y Asia Central. Estados Unidos y Europa, finalmente, tendrían una oportunidad histórica para integrar a Irán en un sistema de seguridad regional más estable.

Pero este reordenamiento no estaría exento de riesgos. La desarticulación del eje iraní podría provocar guerras internas dentro de las milicias, luchas por el control de rutas de contrabando y territorios estratégicos, e incluso nuevos conflictos civiles en países ya frágiles como Irak, Líbano o Yemen. La caída de un poder hegemónico raramente produce una paz inmediata; más bien abre un período de incertidumbre en el que actores locales y regionales compiten por redefinir el mapa.

Lo que está en juego en las calles de Teherán, por tanto, no es solo el futuro de la República Islámica, sino el de todo el sistema político y militar que Irán ha construido desde 1979. Si ese sistema se derrumba, Medio Oriente entrará en su transformación más profunda desde el final de la Guerra Fría. Y por primera vez en décadas, ese cambio no estaría impulsado por ejércitos extranjeros, sino por la presión de una sociedad iraní que ha decidido desafiar al poder que durante una generación la gobernó con miedo y dogma.

 

 

El Plan de Paz de la Administración Trump para Venezuela, una propuesta audaz

 

La Administración del presidente Donald Trump ha presentado ante el mundo una hoja de ruta estratégica para Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro y la instauración de un gobierno interino bajo supervisión estadounidense.

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La propuesta, estructurada oficialmente en tres fases —estabilización, recuperación y transición política—, apunta a consolidar el control de Washington sobre el país caribeño, reorganizar su economía devastada y, finalmente, encaminarlo hacia un sistema democrático. Pero la ambición del plan se enfrenta ya a cuestionamientos prácticos y políticos que ponen en duda su viabilidad y sus efectos en la sociedad venezolana.

Una estrategia tripartita con el petróleo como eje

Según declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, a principios de enero de 2026, la primera fase consiste en “estabilizar” Venezuela para evitar que el vacío de poder tras la captura de Maduro lleve al país al caos social y económico. El control del sector petrolero —el corazón de la economía venezolana— es el instrumento central de esta etapa: Washington ha incautado decenas de millones de barriles de crudo retenidos y planea venderlos en los mercados internacionales bajo su supervisión, manteniendo los ingresos en cuentas controladas por Estados Unidos para “beneficio del pueblo venezolano” y no de funcionarios corruptos o de grupos armados.

La segunda fase, denominada recuperación, supone atraer inversión extranjera —especialmente de empresas estadounidenses y occidentales— para rehabilitar infraestructura crítica, reconstruir servicios básicos y reinsertar a Venezuela en la economía global. Paralelamente, Rubio ha señalado que se comenzaría un proceso de reconciliación interna, que podría incluir amnistías y la liberación de presos políticos, algo que ha comenzado en el día de hoy, y el retorno de exiliados.

La última etapa, la transición política, sería el momento en que se transferiría gradualmente la autoridad a actores venezolanos mediante un proceso que todavía no ha sido detallado de manera pública. Esta fase pretende culminar con elecciones democráticas y con un sistema de gobierno legítimo reconocido internacionalmente.

Rubio ha señalado que algunas actividades económicas y políticas de la segunda y tercera fase podrían solaparse temporalmente, dejando abierta la posibilidad de que las transiciones no sean estrictamente secuenciales sino, en cierta medida, simultáneas.

¿Un plan realista o un armazón sin base local?

La implementación práctica de esta estrategia enfrenta obstáculos profundos. En primer lugar, aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha mostrado una aparente cooperación con Washington, figuras de la cúpula chavista que aún detentan poder real dentro del aparato militar e institucional venezolano podrían rechazar categóricamente la entrega de control político y económico. Rodríguez misma ha negado que Venezuela sea colonia y ha exigido la liberación de Maduro, al tiempo que el chavismo moviliza estructuras de poder residual en Caracas.

Además, varios de los altos jerarcas chavistas siguen requeridos por la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo, un factor que complica cualquier negociación de cara a su participación en un proceso de transición que, por definición, exige ciertas garantías de legitimidad e inclusión. La reticencia de estos actores a aceptar un plan sujetado a condiciones judiciales estrictas y a la supervisión de Estados Unidos podría estancar la agenda antes de que se consolide.

Desde el punto de vista económico, la idea de controlar indefinidamente las exportaciones petroleras venezolanas ha sido criticada como una forma de neo-protectorado económico que podría generar rechazo popular y resistencia tanto dentro como fuera de los sectores tradicionales. Expertos advierten que el proceso de reconstrucción de la industria petrolera —de infraestructura colapsada y con capacidad de producción reducida drásticamente— demandará inversiones a largo plazo, no solo gestión administrativa.

Una oposición dividida ante el control estadounidense

La reacción de la oposición venezolana no ha sido monolítica. Sectores importantes, incluyendo figuras prominentes que han abogado por elecciones libres y supervisadas internacionalmente, han expresado cautela ante un plan que —aunque promete democracia— mantiene al chavismo en el poder durante un tiempo indefinido y con influencia decisiva de actores externos. Algunos líderes opositores han advertido que un proceso supervisado desde Washington podría ser percibido como una sustitución de una hegemonía por otra, más que como un retorno genuino de soberanía al pueblo venezolano.

Organizaciones opositoras han señalado también que el tiempo político de Venezuela no puede estar sujeto estrictamente a los ritmos de la Casa Blanca y que la expectativa de elecciones y de normalización debe ser gestionada desde adentro del país, no impuesta desde el exterior. Este escepticismo pone en entredicho la tercera fase del plan: sin respaldo doméstico amplio, cualquier intento de transición podría fracasar o, en el peor de los casos, reavivar tensiones que desemboquen en violencia.

Conclusión: ¿transición, ocupación o transición bajo tutela?

El plan de tres fases de la Administración Trump representa un enfoque audaz y profundamente intervencionista que busca combinar estabilidad económica, reforma institucional y transición política en Venezuela. Sin embargo, la falta de detalles operativos, la resistencia de sectores chavistas con poder de facto, las ambigüedades sobre la secuencia de fases y el escepticismo de la oposición venezolana plantean serias dudas sobre su implementación exitosa.

Más allá de la retórica de apoyo democrático, el desafío central será responder a una pregunta crucial: ¿puede Estados Unidos diseñar una salida que devuelva el protagonismo al pueblo venezolano sin reproducir dinámicas de dominación externa? La respuesta a esa pregunta marcará no solo el destino inmediato de Venezuela, sino también el legado histórico del plan que hoy se debate en Washington y Caracas.

 

Histórico hallazgo refuerza el papel del Reino de Marruecos como una de las cunas de la Humanidad.

 

Durante décadas, la pregunta sobre el origen del ser humano moderno ha dividido a la comunidad científica entre hipótesis africanas y euroasiáticas, con África oriental como epicentro casi indiscutido del relato evolutivo. Sin embargo, un hallazgo reciente en el norte de África obliga a ampliar el mapa y a replantear viejas certezas.

 

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En una cantera de Casablanca, a orillas del Atlántico marroquí, un conjunto de fósiles humanos datados en unos 773.000 años ha irrumpido con fuerza en el debate sobre los orígenes de nuestra especie, aportando nuevas pruebas de la profunda raíz africana del linaje humano y del papel decisivo del Reino de Marruecos en esa historia.

Los restos —mandíbulas, dientes y fragmentos vertebrales— fueron descubiertos en el yacimiento conocido como Thomas Quarry I, en una cavidad denominada significativamente Grotte à Hominidés. Aunque el hallazgo se produjo en 2008, su análisis exhaustivo y su datación precisa, ahora publicados en la prestigiosa revista de divulgación científica Nature, han permitido situarlos en un momento clave de la evolución humana, cuando los linajes que darían origen al Homo sapiens, a los neandertales y a los denisovanos comenzaban a divergir

Un mosaico de rasgos antiguos y modernos

Lo que hace excepcional a los fósiles de Casablanca no es solo su antigüedad, comparable a la del Homo antecessor hallado en Atapuerca, sino su morfología. Los investigadores describen una combinación poco habitual de rasgos arcaicos —vinculados a poblaciones próximas al Homo erectus— y características más derivadas, algunas de ellas cercanas a las que definen a los humanos modernos. Ese mosaico anatómico sitúa a estos homínidos cerca del punto de bifurcación evolutiva entre África y Eurasia, en una fase todavía poco documentada del registro fósil africano.

Juan Luis Arsuaga, uno de los principales referentes europeos en paleoantropología, ha subrayado que estos restos norteafricanos deben compararse cuidadosamente con los de Atapuerca, ya que ambos yacimientos se sitúan cronológicamente en un umbral decisivo de la evolución humana. Las diferencias morfológicas, no obstante, sugieren trayectorias evolutivas distintas, reforzando la idea de que África albergó una diversidad de poblaciones humanas mucho mayor de lo que se pensaba hace apenas unos años.

Marruecos en el centro del relato evolutivo

El hallazgo de Casablanca no es un episodio aislado. En 2017, el descubrimiento en Jebel Irhoud, al sur de Marruecos, de restos de Homo sapiens de unos 315.000 años ya había desplazado hacia el noroeste africano el foco tradicional del origen de nuestra especie. Ahora, los fósiles de casi 800.000 años refuerzan esa tendencia y sugieren que el norte de África fue un escenario clave durante cientos de miles de años, mucho antes de la emergencia del Homo sapiens plenamente reconocido.

Según los responsables del estudio, estas poblaciones humanas arcaicas del Magreb podrían representar uno de los mejores candidatos conocidos al último ancestro común de los humanos modernos y de las ramas europeas y asiáticas del género Homo. Los datos paleogenéticos sitúan a ese ancestro en un intervalo comprendido entre hace 765.000 y 550.000 años, una franja temporal que encaja de manera notable con la antigüedad de los restos de Casablanca.

África, origen indiscutido del homo sapiens

Más allá de los matices técnicos, el mensaje de fondo es claro: el origen del ser humano moderno es africano. Frente a hipótesis que durante años concedieron a Europa un papel central en la génesis de nuestra especie, los fósiles marroquíes inclinan de nuevo la balanza hacia África, no como un punto único de origen, sino como un continente dinámico, poblado por múltiples grupos humanos que interactuaron, se separaron y evolucionaron a lo largo de cientos de miles de años.

El director de la misión franco-marroquí de Prehistoria de Casablanca, Abderrahim Mohib, ha señalado que estos restos “llenan un vacío importante en el registro fósil africano” y confirman “la antigüedad y la profundidad de las raíces africanas de nuestra especie”, subrayando además el papel estratégico del norte de África en las grandes etapas de la evolución humana.

Una historia aún abierta

Como ocurre con todos los grandes hallazgos paleoantropológicos, la prudencia acompaña al entusiasmo. Los restos son parciales y no permiten, por sí solos, definir una nueva especie ni cerrar definitivamente el debate sobre el último ancestro común de la humanidad. Pero su valor reside precisamente en eso: en abrir nuevas preguntas y en ampliar el horizonte geográfico y cronológico de nuestra propia historia.

La bella ciudad-puerto de Casablanca, hoy conocida por su dinamismo urbano y su peso económico, emerge así como un escenario inesperado de la prehistoria humana. Bajo sus canteras yacen huellas de un pasado remoto que recuerda que la historia del ser humano comenzó en África, y que Marruecos, lejos de ser un margen del relato, ocupa un lugar central en la larga y compleja gestación de la Humanidad.

 

Muere Aldrich Ames, el topo que vació a la CIA desde dentro

 

Aldrich Hazen Ames murió el 5 de enero de 2026 en una prisión federal estadounidense, a los 84 años. Con él desaparece el protagonista del episodio más devastador de espionaje interno en la historia de Estados Unidos, un hombre que, desde el corazón del contraespionaje de la CIA, entregó a Moscú —primero soviético, luego ruso— la identidad de casi todos los agentes que Washington había logrado infiltrar tras el Telón de Acero.

 

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El fallecimiento de Aldrich Ames cierra una biografía marcada por la traición, pero no clausura la magnitud del daño que provocó ni el debate sobre las fallas estructurales de la inteligencia estadounidense que hicieron posible su impunidad durante casi una década.

Ames no fue un espía movido por la ideología ni por una causa histórica. No creyó en el comunismo ni en la URSS. Fue, más bien, el producto de una mezcla corrosiva de resentimiento profesional, alcoholismo, ambición material y debilidad institucional. Su traición no fue épica ni romántica: fue contable. Vendió secretos para pagar deudas, sostener un estilo de vida y preservar una relación sentimental que sentía amenazada por su mediocridad económica.

Un funcionario gris con acceso letal

Hijo de un analista de la CIA, Ames ingresó en la Agencia en 1962. Su carrera nunca fue brillante. Acumuló sanciones informales, errores de seguridad y evaluaciones tibias. Bebía en exceso, era descuidado con documentos clasificados y mostraba una alarmante falta de disciplina. Sin embargo, ascendió. No por talento excepcional, sino por la lógica burocrática de una institución que premiaba la permanencia y confiaba en sus propios rituales de control.

Ese ascenso lo condujo a un puesto decisivo: jefe de la rama soviética del área de contrainteligencia, un cargo que le otorgaba acceso casi ilimitado a las identidades reales de los agentes soviéticos reclutados por Estados Unidos, a informes compartidos con servicios aliados y a evaluaciones estratégicas destinadas a los más altos niveles del poder político. Desde ese escritorio anodino, Ames pudo causar un daño que ningún espía extranjero había logrado jamás.

El derrumbe íntimo

Mientras su carrera se estancaba, su vida personal se desmoronaba. Casado desde 1969 con Nancy Segebarth, también agente de la CIA, Ames acumulaba fracasos conyugales, infidelidades y un alcoholismo cada vez menos disimulado. El punto de inflexión llegó en México, a comienzos de los años ochenta, cuando conoció a María del Rosario Casas Dupuy, agregada cultural colombiana al servicio de la CIA, formada en el mundo académico y proveniente de una familia de prestigio intelectual y social.

El romance se convirtió en dependencia. El divorcio, el nuevo matrimonio y el intento de sostener un nivel de vida acorde al entorno social de su esposa lo empujaron a un abismo financiero. Deudas, tarjetas de crédito y pensiones alimenticias configuraron el escenario perfecto para la racionalización de la traición. Ames llegó a convencerse de que vender secretos era una salida transitoria, controlable, casi inocua.

El día que cruzó el umbral

El 16 de abril de 1985, tras beber para darse valor, Ames entró en la embajada soviética en Washington. Llevaba un sobre con nombres, documentos y pruebas de su acceso. Pidió 50.000 dólares. Lo que entregó, sin embargo, no eran rumores ni confirmaciones marginales, sino activos humanos reales, operativos y desconocidos para el KGB.

Aquel gesto desencadenó una purga inmediata. Moscú comprendió que tenía ante sí a una joya estratégica. Ames pasó de ser un funcionario desesperado a convertirse en el activo más valioso del espionaje soviético dentro de la CIA, una fuente permanente y disciplinada que seguiría operando incluso después de la disolución de la URSS.

La devastación silenciosa

Entre 1985 y 1993, Ames entregó información que comprometió más de cien operaciones de inteligencia. Reveló nombres, métodos, prioridades y evaluaciones. Al menos diez agentes soviéticos que colaboraban con Estados Unidos fueron ejecutados, entre ellos figuras de valor histórico como el general Dmitri Poliakov. Otros fueron encarcelados, neutralizados o forzados a colaborar con Moscú.

El golpe fue total. La CIA perdió prácticamente toda su red humana en la Unión Soviética en el momento más delicado del final de la Guerra Fría. Durante años, Washington no supo qué ocurría en el Kremlin y, peor aún, tomó decisiones estratégicas basadas en información manipulada por el propio Ames, que alimentó campañas de desinformación soviética destinadas a exagerar capacidades militares y confundir a la Casa Blanca.

Presidentes como Ronald Reagan y George H. W. Bush fueron engañados sistemáticamente. La inteligencia estadounidense no solo fue cegada: fue utilizada en su contra.

El dinero como huella

Ames no fue cuidadoso con el botín. Compró una casa de más de medio millón de dólares al contado, condujo Jaguars sucesivos, pagó trajes a medida y sostuvo gastos que superaban ampliamente su salario oficial, que no llegaba a los 70.000 dólares anuales. La CIA aceptó explicaciones absurdas, como herencias inexistentes, y falló en aplicar controles financieros elementales.

La búsqueda del topo se desvió durante años hacia hipótesis técnicas o externas. La posibilidad de que el traidor estuviera sentado en la cúpula del contraespionaje resultaba psicológicamente inaceptable para la institución.

El FBI entra en escena

Fue el FBI quien finalmente tomó el control de la investigación. A comienzos de los años noventa, el Buró infiltró personal en Langley y sometió a Ames a vigilancia constante. Documentó sus métodos de contacto con los rusos —señales de tiza, puntos muertos, encuentros en el extranjero— y desmontó su coartada financiera.

El 21 de febrero de 1994, Ames fue detenido frente a su casa en Arlington cuando se dirigía a su trabajo. Su esposa fue arrestada junto a él. El escándalo sacudió a Washington y obligó a una revisión profunda —aunque incompleta— de los sistemas de control interno de la CIA.

El último trueque

Ames evitó la pena de muerte cooperando con la justicia. Confesó, detalló nombres y operaciones. A cambio, obtuvo una condena menor para su esposa. Él recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional; ella, una pena limitada y la posterior deportación a Colombia.

En prisión, Ames mostró escaso arrepentimiento. Nunca asumió plenamente el costo humano de su traición. Murió convencido de que el daño había sido exagerado, aferrado a la idea de que el espionaje es un juego sin víctimas.

Un legado incómodo

La muerte de Aldrich Ames no repara nada. Su caso sigue siendo una advertencia central para las democracias: el mayor riesgo para la seguridad nacional no siempre proviene del enemigo externo, sino de la combinación de acceso privilegiado, negligencia institucional y fragilidad moral.

Ames no fue un genio del espionaje. Fue algo más perturbador: un hombre común, mediocre y resentido, colocado en una posición extraordinaria. Desde allí, con una calma burocrática, vació a la CIA desde dentro y dejó una cicatriz que todavía hoy define los límites de la confianza en los servicios de inteligencia occidentales.

 

El Helicoide, la sombra de la Lubianka stalinista en Sudamérica

 

El régimen dictatorial y represivo del chavismo en Venezuela ha hecho de las violaciones a los derechos humanos algo habitual. Ahora hacer justicia a las víctimas y sancionar a los responsables de la tortura se presenta como uno de los dilemas centrales de la justicia en una transición democrática

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— “…y la noche no termina en los pasillos”, escribía un sobreviviente de El Helicoide, la siniestra sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas. Para cientos de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, esa frase no es metáfora: es la arquitectura —física y psicológica— de un régimen que ha convertido la tortura en herramienta de dominación política.

Desde las protestas masivas de 2014, 2017 y hasta las más recientes, las fuerzas de seguridad del Estado venezolano han practicado violaciones sistemáticas de derechos humanos contra quienes disienten del gobierno bolivariano. La evidencia acumulada por organizaciones internacionales, la ONU y ONG’s es abundante: detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, violencia sexual, incomunicación forzada y tratos degradantes han sido documentados con rigor.

El Helicoide: de mall futurista a centro de tortura política

El Helicoide, un edificio de curvas futuristas construido en los años 60, devino con el chavismo en uno de los centros de detención política más temidos de América Latina. Hoy funciona bajo control del SEBIN y es referido por víctimas, abogados y activistas como el principal centro de tortura de Venezuela.

Allí han sido recluidos, aislados y maltratados opositores prominentes como Freddy Superlano, coordinador de Voluntad Popular, y el periodista Roland Carreño, sometidos a incomunicación durante largos períodos sin acceso a defensa legal ni transparencia judicial.

Los testimonios recopilados por ONG’s y la propia ONU consignan métodos de tortura que incluyen golpes, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, posiciones de estrés prolongadas y violencia sexual, así como la negación de atención médica y contacto con el exterior.

Este patrón estructural de tortura —planificado, sistemático y con múltiples casos documentados en décadas— recuerda, en su función política y su construcción de terror, a lugares emblemáticos de represión ideológica del pasado, como la Lubianka en tiempos de Iósif Stalin en la desaparecida Unión Soviética. Como aquella sede del NKVD-KGB, El Helicoide ha sido un espacio donde el Estado neutraliza la disidencia no simplemente por medio del encarcelamiento, sino mediante la degradación del cuerpo y la mente del opositor.

La evidencia internacional

Informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU han concluido que las acciones del Estado venezolano constituyen crímenes contra la humanidad, destacando el papel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el SEBIN y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en una estrategia coordinada de persecución política desde al menos 2014.

La represión no ha sido accidental ni aislada: los mecanismos del Estado venezolano han sido utilizados para intimidar, castigar y neutralizar la crítica política. Según Amnistía Internacional, cientos de defensores de derechos humanos, como Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda, han sido detenidos arbitrariamente y mantenidos en El Helicoide con violaciones claras al debido proceso.

La gravedad de estos hechos ha suscitado la apertura de una investigación penal ante la Corte Penal Internacional (CPI) desde 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, aunque la cooperación del régimen ha sido mínima y ha dificultado avances sustanciales.

Los nombres detrás de la represión

Los mecanismos de represión del chavismo no han operado en el vacío. La comunidad internacional ha identificado a varios funcionares y miembros de las fuerzas de seguridad como responsables de violaciones graves de derechos humanos:

• Alexander Granko Arteaga, coronel y jefe de la unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM, ha sido señalado por múltiples informes de la ONU por su papel en torturas, ejecuciones extrajudiciales y maltratos dentro de las celdas de la DGCIM. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido le han impuesto sanciones personales.
• Bladimir Lugo Armas, brigadier general de la Guardia Nacional Bolivariana, ha sido objeto de sanciones por su implicación en abusos contra periodistas, políticos y civiles opositores, incluidos arrestos arbitrarios y violencia física directa.
• Altos mandos del SEBIN y DGCIM han sido incluidos en amplios paquetes de sanciones internacionales por su papel central en la represión —incluyendo miembros del aparato de inteligencia y cadenas de mando vinculadas directamente con Maduro— aunque Venezuela sigue resistiendo cualquier responsabilidad doméstica por estos crímenes.

Hasta la fecha no hay constancia pública de notificaciones rojas oficiales de Interpol emitidas contra altos cargos chavistas por crímenes de derechos humanos, dado que las notificaciones rojas se gestionan sobre la base de solicitudes de países o tribunales concretos y en virtud de delitos comunes —no exclusivos de derechos humanos— y su publicación es restringida a las fuerzas de seguridad.

Un caso colateral y polémico ha sido la solicitud del propio régimen chavista para que Interpol emita una notificación roja contra el líder opositor Leopoldo López, quien vive en España y es acusado por Caracas de “traición y conspiración”. Dicha petición fue anunciada por la Fiscalía venezolana, pero Interpol no ha confirmado su publicación, y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el uso político de estos mecanismos.

La trampa de la justicia: ¿castigo o reconciliación?

La cuestión de castigar a los responsables de torturas y crímenes de lesa humanidad en Venezuela plantea un dilema clásico de las transiciones desde regímenes represivos: ¿cómo equilibrar justicia con estabilidad política?

Por un lado, la rendición de cuentas es esencial para romper con la cultura de impunidad que ha permitido que las torturas sistemáticas sean parte de la política estatal. La impunidad no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que normaliza la violencia como instrumento político y socava las bases de una sociedad democrática. La Corte Penal Internacional, a pesar de obstáculos como la falta de cooperación estatal, sigue siendo un foro clave para documentar, procesar y eventualmente condenar a quienes han cometido crímenes atroces contra la población civil.

Sin embargo, la búsqueda de justicia internacional puede tensar aún más la delicada transición en Venezuela. El gobierno de Maduro ha utilizado reiteradamente las amenazas de enjuiciamiento y sanciones internacionales como herramientas de legitimación interna, presentando a Venezuela como víctima de lo que denomina “injerencia extranjera”. En este contexto, un proceso de justicia penal internacional puede ser instrumentalizado por sectores del régimen como un pretexto para reforzar narrativas de victimización, polarizar aún más la sociedad o justificar una represión adicional en nombre de la “soberanía nacional”.

Además, sin una clara separación de poderes ni un sistema judicial independiente, la persecución selectiva de figuras políticas —aunque sean responsables de graves abusos— corre el riesgo de ser percibida por amplios sectores como justicia victoriosa, no justicia legítima. Este riesgo es especialmente elevado en un país donde las instituciones han sido funcionales al proyecto político hegemónico del chavismo durante más de dos décadas.

El largo camino hacia la democracia

En Venezuela, la justicia y la democracia están entrelazadas con los debates sobre memoria, verdad y reparación. El registro oficioso de las torturas en El Helicoide y otros centros de detención no solo documenta abusos; también simboliza el desafío de una sociedad que debe procesar un pasado reciente de violencia estatal sin repetirlo.

Desmontar —o incluso reformar— las estructuras de poder que permitieron estos abusos implica, a su vez, promover una cultura de legalidad y respeto por los derechos humanos que hoy brilla por su ausencia. Pero también exige instituciones independientes, mecanismos mixtos de justicia transicional (verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición) y voluntad política, tanto interna como internacional, para acompañar un proceso que vaya más allá de la mera sustitución de nombres en los cargos del poder.

La cuenta regresiva hacia una Venezuela democrática no puede prescindir de la memoria de quienes resistieron en las oscuras galerías del Helicoide, ni de la exigencia de justicia para quienes sufrieron torturas sistemáticas. Pero tampoco puede obviar que, sin un equilibrio estratégico entre justicia y reconciliación, la transición estará condenada a repetir las mismas fracturas que han marcado la historia reciente del país.

El pasado inmediato de tortura y represión en Venezuela es una página de horror. El reto democrático de mañana es escribir, sin repeticiones, las páginas de una justicia verdaderamente universal.

 

Venezuela frente al abismo

 

Los intercambios de disparos registrados en la noche del lunes en las inmediaciones del Palacio de Miraflores no fueron un episodio aislado ni un mero sobresalto urbano. Fueron, más bien, el síntoma audible de un poder que se resquebraja. Tras la detención de Nicolás Maduro y ante la incapacidad de la presidenta Darcy Rodríguez para consolidar el control político y militar, Venezuela se adentra en su fase más peligrosa: la de la fragmentación del Estado, la proliferación de actores armados y la amenaza concreta de una guerra civil que tendría consecuencias devastadoras para toda América Latina.

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La madrugada en Caracas volvió a llenarse del sonido de los disparos y del vuelo de drones. En la zona de Miraflores, corazón simbólico y operativo del poder venezolano, se escucharon intercambios de disparos, se desplegaron unidades armadas sin identificación clara y circularon versiones contradictorias sobre enfrentamientos entre facciones de seguridad. El Gobierno habló de “incidentes controlados”. En los barrios cercanos, la lectura fue otra: algo se está rompiendo en el centro mismo del poder.

Desde una perspectiva estratégica, esos intercambios de disparos adquieren un significado preciso. No se trató de un intento clásico de golpe de Estado ni de una ofensiva coordinada, sino de una señal de fragmentación del monopolio de la fuerza. Cuando distintas unidades armadas operan en un mismo perímetro estratégico sin una cadena de mando unificada y precisa, el mensaje es inequívoco: el Estado ya no controla plenamente su núcleo duro.

La detención de Nicolás Maduro, lejos de cerrar la crisis venezolana, ha abierto un escenario de alta volatilidad. Durante más de una década, el expresidente concentró poder político, control institucional y arbitraje entre facciones militares y económicas. Su caída dejó un vacío que la presidenta Darcy Rodríguez no ha logrado llenar. Su autoridad es formal, pero su capacidad de mando real —en especial sobre las Fuerzas Armadas— es limitada y decreciente.

Los informes que circulan en ámbitos diplomáticos y de seguridad regional coinciden en un punto central: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya no actúa como un bloque cohesionado. Gobernadores militares que responden a intereses locales, comandantes regionales con autonomía operativa y unidades que priorizan la protección de economías ilícitas antes que la obediencia institucional configuran un mapa inquietante. El riesgo no es una sublevación frontal, sino una disolución progresiva del mando.

En ese contexto, el mayor peligro para Venezuela no es un cambio de régimen fallido, sino la implosión del Estado unificado. La experiencia comparada —de Libia a Irak, de Siria a ciertas regiones del Sahel— muestra que cuando cae el poder central sin un reemplazo legítimo y funcional, el territorio se fragmenta. Y cuando eso ocurre, los actores mejor posicionados no son los políticos civiles, sino los grupos armados y las redes criminales.

Venezuela reúne todos los factores de riesgo. Desde hace años, vastas zonas del país funcionan al margen del Estado de derecho. El Arco Minero del Orinoco, las rutas del narcotráfico hacia el Caribe y el Pacífico, y los corredores fronterizos con Colombia y Brasil están controlados por una constelación de actores: organizaciones criminales, disidencias guerrilleras, colectivos armados y estructuras híbridas donde se entrelazan militares, contrabandistas y caciques locales.

La caída de Maduro no desmanteló ese entramado criminal. Por el contrario, amenaza con liberarlo de los últimos mecanismos de coordinación central que aún existían. Desde un enfoque estratégico, este es el escenario clásico previo a una guerra civil de baja intensidad: múltiples focos de violencia, alianzas cambiantes y una población civil atrapada entre poderes armados que compiten por territorio, rentas y legitimidad.

La hipótesis de guerra civil en Venezuela no remite a un conflicto convencional entre dos bandos definidos. Se perfila, más bien, una violencia fragmentada, prolongada y difícil de contener. Un conflicto sin frentes claros, pero con un enorme potencial de contagio regional. América Latina ya conoce los efectos de Estados colapsados: expansión del narcotráfico, tráfico de armas, migraciones masivas y desestabilización política en los países vecinos.

En este tablero, el papel de Estados Unidos ha sido cuidadosamente delimitado en el plano discursivo. El presidente Donald Trump ha evitado cualquier referencia a democracia, elecciones o transición política. Su narrativa es inequívoca: Washington define su accionar como una operación policial ampliada, orientada a cortar el flujo de drogas desde Venezuela y a desarticular redes criminales que, según sus agencias, convirtieron al país en un nodo central del narcotráfico hemisférico.

Trump ha sido igualmente explícito en otro punto clave: el petróleo. La administración estadounidense plantea la gestión y explotación de los recursos energéticos venezolanos a través de empresas estadounidenses como un objetivo estratégico. No se trata, en su discurso, de reconstrucción institucional ni de reconciliación política, sino de seguridad y control de activos. Ese enfoque refuerza la percepción, dentro y fuera de Venezuela, de que el futuro inmediato del país se discute más en términos geoeconómicos que democráticos.

Del lado venezolano, la presidenta Darcy Rodríguez tampoco ha ofrecido señales de distensión. No ha anunciado elecciones, ni una apertura política, ni una amnistía para presos políticos y exiliados. Tampoco ha tendido puentes creíbles hacia una oposición fragmentada y debilitada. Desde el punto de vista estratégico, esta ausencia de horizonte político es un factor multiplicador del riesgo: sin una salida institucional visible, los actores armados ganan centralidad.

El escenario más inquietante es la emergencia de señores de la guerra. Oficiales que controlan regiones, recursos y hombres armados, y que comienzan a presentarse como garantes del orden frente a un poder central vacilante. Venezuela ya ha mostrado indicios de este fenómeno, con mandos militares convertidos en autoridades políticas de facto y con unidades involucradas directamente en economías ilícitas.

Para la región, el deterioro venezolano plantea un dilema de primer orden. Una guerra civil o una balcanización del país tendría efectos inmediatos sobre Colombia, Brasil y el Caribe, pero también sobre el conjunto de América Latina. El éxodo migratorio podría intensificarse de manera dramática y las redes criminales encontrarían un espacio aún más favorable para expandirse.

Los disparos escuchados en Miraflores no fueron solo un episodio de seguridad. Fueron una advertencia. La historia venezolana demuestra que la estabilidad autoritaria puede colapsar de forma súbita cuando se rompe el equilibrio interno de poder. Pero también enseña que la caída de un liderazgo no garantiza, por sí sola, la reconstrucción democrática.

Hoy, el mayor riesgo no es el retorno del autoritarismo clásico, sino algo más caótico y más peligroso: un país sin Estado, disputado por actores armados, convertido en epicentro de inestabilidad continental. Evitar ese escenario exige algo que, por ahora, no aparece en el horizonte: conducción política, acuerdos amplios y control efectivo del monopolio de la fuerza. Sin ello, Venezuela corre el riesgo de deslizarse hacia una guerra civil silenciosa y prolongada, cuyas consecuencias se sentirán mucho más allá de sus fronteras.