Los intercambios de disparos
registrados en la noche del lunes en las inmediaciones del Palacio de
Miraflores no fueron un episodio aislado ni un mero sobresalto urbano. Fueron,
más bien, el síntoma audible de un poder que se resquebraja. Tras la detención
de Nicolás Maduro y ante la incapacidad de la presidenta Darcy Rodríguez para
consolidar el control político y militar, Venezuela se adentra en su fase más
peligrosa: la de la fragmentación del Estado, la proliferación de actores
armados y la amenaza concreta de una guerra civil que tendría consecuencias
devastadoras para toda América Latina.
Contenido:
La
madrugada en Caracas volvió a llenarse del sonido de los disparos y del vuelo
de drones. En la zona de Miraflores, corazón simbólico y operativo del poder
venezolano, se escucharon intercambios de disparos, se desplegaron unidades
armadas sin identificación clara y circularon versiones contradictorias sobre
enfrentamientos entre facciones de seguridad. El Gobierno habló de “incidentes
controlados”. En los barrios cercanos, la lectura fue otra: algo se está
rompiendo en el centro mismo del poder.
Desde
una perspectiva estratégica, esos intercambios de disparos adquieren un
significado preciso. No se trató de un intento clásico de golpe de Estado ni de
una ofensiva coordinada, sino de una señal de fragmentación del monopolio de la
fuerza. Cuando distintas unidades armadas operan en un mismo perímetro
estratégico sin una cadena de mando unificada y precisa, el mensaje es
inequívoco: el Estado ya no controla plenamente su núcleo duro.
La
detención de Nicolás Maduro, lejos de cerrar la crisis venezolana, ha abierto
un escenario de alta volatilidad. Durante más de una década, el expresidente
concentró poder político, control institucional y arbitraje entre facciones
militares y económicas. Su caída dejó un vacío que la presidenta Darcy
Rodríguez no ha logrado llenar. Su autoridad es formal, pero su capacidad de
mando real —en especial sobre las Fuerzas Armadas— es limitada y decreciente.
Los
informes que circulan en ámbitos diplomáticos y de seguridad regional coinciden
en un punto central: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya no actúa como un
bloque cohesionado. Gobernadores militares que responden a intereses locales,
comandantes regionales con autonomía operativa y unidades que priorizan la
protección de economías ilícitas antes que la obediencia institucional
configuran un mapa inquietante. El riesgo no es una sublevación frontal, sino
una disolución progresiva del mando.
En
ese contexto, el mayor peligro para Venezuela no es un cambio de régimen
fallido, sino la implosión del Estado unificado. La experiencia comparada —de
Libia a Irak, de Siria a ciertas regiones del Sahel— muestra que cuando cae el
poder central sin un reemplazo legítimo y funcional, el territorio se
fragmenta. Y cuando eso ocurre, los actores mejor posicionados no son los
políticos civiles, sino los grupos armados y las redes criminales.
Venezuela
reúne todos los factores de riesgo. Desde hace años, vastas zonas del país
funcionan al margen del Estado de derecho. El Arco Minero del Orinoco, las
rutas del narcotráfico hacia el Caribe y el Pacífico, y los corredores
fronterizos con Colombia y Brasil están controlados por una constelación de
actores: organizaciones criminales, disidencias guerrilleras, colectivos
armados y estructuras híbridas donde se entrelazan militares, contrabandistas y
caciques locales.
La
caída de Maduro no desmanteló ese entramado criminal. Por el contrario, amenaza
con liberarlo de los últimos mecanismos de coordinación central que aún
existían. Desde un enfoque estratégico, este es el escenario clásico previo a
una guerra civil de baja intensidad: múltiples focos de violencia, alianzas
cambiantes y una población civil atrapada entre poderes armados que compiten
por territorio, rentas y legitimidad.
La
hipótesis de guerra civil en Venezuela no remite a un conflicto convencional
entre dos bandos definidos. Se perfila, más bien, una violencia fragmentada,
prolongada y difícil de contener. Un conflicto sin frentes claros, pero con un
enorme potencial de contagio regional. América Latina ya conoce los efectos de
Estados colapsados: expansión del narcotráfico, tráfico de armas, migraciones
masivas y desestabilización política en los países vecinos.
En
este tablero, el papel de Estados Unidos ha sido cuidadosamente delimitado en
el plano discursivo. El presidente Donald Trump ha evitado cualquier referencia
a democracia, elecciones o transición política. Su narrativa es inequívoca:
Washington define su accionar como una operación policial ampliada, orientada a
cortar el flujo de drogas desde Venezuela y a desarticular redes criminales
que, según sus agencias, convirtieron al país en un nodo central del
narcotráfico hemisférico.
Trump
ha sido igualmente explícito en otro punto clave: el petróleo. La
administración estadounidense plantea la gestión y explotación de los recursos
energéticos venezolanos a través de empresas estadounidenses como un objetivo
estratégico. No se trata, en su discurso, de reconstrucción institucional ni de
reconciliación política, sino de seguridad y control de activos. Ese enfoque
refuerza la percepción, dentro y fuera de Venezuela, de que el futuro inmediato
del país se discute más en términos geoeconómicos que democráticos.
Del
lado venezolano, la presidenta Darcy Rodríguez tampoco ha ofrecido señales de
distensión. No ha anunciado elecciones, ni una apertura política, ni una
amnistía para presos políticos y exiliados. Tampoco ha tendido puentes creíbles
hacia una oposición fragmentada y debilitada. Desde el punto de vista
estratégico, esta ausencia de horizonte político es un factor multiplicador del
riesgo: sin una salida institucional visible, los actores armados ganan
centralidad.
El
escenario más inquietante es la emergencia de señores de la guerra. Oficiales
que controlan regiones, recursos y hombres armados, y que comienzan a
presentarse como garantes del orden frente a un poder central vacilante.
Venezuela ya ha mostrado indicios de este fenómeno, con mandos militares
convertidos en autoridades políticas de facto y con unidades involucradas
directamente en economías ilícitas.
Para
la región, el deterioro venezolano plantea un dilema de primer orden. Una
guerra civil o una balcanización del país tendría efectos inmediatos sobre
Colombia, Brasil y el Caribe, pero también sobre el conjunto de América Latina.
El éxodo migratorio podría intensificarse de manera dramática y las redes
criminales encontrarían un espacio aún más favorable para expandirse.
Los
disparos escuchados en Miraflores no fueron solo un episodio de seguridad.
Fueron una advertencia. La historia venezolana demuestra que la estabilidad
autoritaria puede colapsar de forma súbita cuando se rompe el equilibrio
interno de poder. Pero también enseña que la caída de un liderazgo no
garantiza, por sí sola, la reconstrucción democrática.
Hoy,
el mayor riesgo no es el retorno del autoritarismo clásico, sino algo más
caótico y más peligroso: un país sin Estado, disputado por actores armados,
convertido en epicentro de inestabilidad continental. Evitar ese escenario
exige algo que, por ahora, no aparece en el horizonte: conducción política,
acuerdos amplios y control efectivo del monopolio de la fuerza. Sin ello,
Venezuela corre el riesgo de deslizarse hacia una guerra civil silenciosa y
prolongada, cuyas consecuencias se sentirán mucho más allá de sus fronteras.
