Milei y el tren fantasma educativo

 

Una marcha convocada bajo el lema: “En defensa de la universidad pública y gratuita” permitió en Argentina a la oposición kirchnerista encontrar cierta sintonía con la opinión pública tras su traumática salida del gobierno el pasado diciembre.

Los prejuicios educativos de los libertarios

El presidente Javier Milei y su equipo no parecen tener ningún proyecto claro en materia educativa. Lo que si muestran es la existencia de muchos prejuicios. Algunos pueden estar justificados, otros no.

Los libertarios suelen considerar que la educación pública es de muy baja calidad y está sesgada ideológicamente. En su visión, en las escuelas y colegios algunos docentes suelen adoctrinar a los alumnos más jóvenes y las universidades son centros de reclutamiento y financiación de todos los partido políticos y en especial de algunos grupúsculos ultraizquierdistas. Por lo tanto, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) se propone terminar con esta situación.

Los negocios de la universidad

Los centros de estudiantes son dirigidos por estudiantes que pertenecen a agrupaciones estudiantiles que representan en el ámbito universitario a los partidos políticos. La agrupación Franja Morada, por ejemplo, representa a la Unión Cívica Radial en las universidades.

Especialmente desde la restauración de la democracia en 1983, los centros de estudiantes se han convertido en lucrativas pymes que administran los puestos internos de venta de bebidas y alimentos, la comercialización de apuntes y fotocopias que emplean los estudiantes y, en algunos casos, también brindan clases de refuerzo y cursos de capacitación en temáticas afines, todas estas actividades son aranceladas, se desarrollan en instalaciones de la universidad, no pagan electricidad y se realizan totalmente al margen de la ley, no pagan impuestos de ningún tipo y en muchos casos violan los derechos de autor vendiendo fotocopias de libros.

Los centros de estudiantes son tan lucrativos que algunos alumnos-militantes no concluyen sus carreras para no perder sus empleos bien remunerados en estos centros.

En los claustros universitarios suele predominar una visión antisistema, anticapitalista y, en especial, antiliberal.

Por otra parte, la cantidad de alumnos ingresantes no se condice con el escaso número de profesionales egresantes. Son frecuentes los estudiantes crónicos que prolongan su permanencia en la Universidad por décadas, como el exministro de Economía Sergio Massa quien demoró 22 años en concluir su carrera de derecho, proyectada para una duración de 5 años de estudio.

La mitad de los alumnos que concluyen sus estudios lo hacen en tan sólo cuatro de las 57 universidades de gestión estatal. En tanto, 44 de cada 100 graduados de todas las universidades estudiaron las denominadas “carreras blandas” (ciencias sociales, humanidades, arte, etc.), algunas de ellas de muy escasa proyección laboral (periodismo, psicología, filosofía, sociología, etc.)

Mientras que las escuelas primarias y los establecimientos secundarios son administrados por las provincias, las 57 universidades nacionales son autónomas, es decir, se dan sus propias autoridades y normas de funcionamiento sin intervención de los gobiernos provinciales o del Estado nacional.

En las universidades argentinas trabajan unas 250.000 personas, entre docentes y no docentes y un número no declarado de “docentes ad honorem” que brindan su trabajo sin otra remuneración, e incluso pagando de su propio bolsillo los viáticos y materiales de trabajo, de la que brinda el prestigio de ser profesor universitario.

Las afirmaciones vertidas por el periodista colombiano Andrés Villota Gómez, en el diario PanAmPost, sobre las universidades colombianas son totalmente aplicables a las casas de altos estudios de Argentina. “Los rectores -señala Villota Gómez- de las instituciones educativas, dilapidan los recursos a discreción. No tienen que rendirle cuentas a nadie, ni ser sometidos a incómodas auditorias porque no tienen socios dolientes, stakeholders -partes interesadas-, pero a su vez, no es de nadie y, el rector, hace lo que se le dé la gana en lo que a gasto se refiere, con un criterio totalmente subjetivo.” […]

“A nadie le importa las consecuencias del gasto desbordado e improductivo, porque las universidades son feudos inexpugnables en nombre de la autonomía universitaria, un concepto que se degeneró y terminó convirtiendo a las universidades en lugares en los que los académicos pueden apropiarse del dinero del presupuesto porque, dicen, es un derecho. Un acto supremo de conflicto de interés que se traduce en un acto criminal, una estafa social a gran escala”, concluye el periodista colombiano.

Para agravar aún más la situación, durante los gobiernos del kirchnerismo, los convenios con las universidades fueron una constante para desviar fondos de los controles. Aprovechando la “ventana de oportunidad” que brindaba el particular régimen de autonomía financiera podían adquirir bienes y hacer contrataciones sin necesidad de efectuar licitaciones públicas o siquiera un concurso de precios.

El kirchnerismo encontró la manera de “hacer caja para la política” (y para los bolsillos siempre voraces de los políticos) a través de ellas realizando algunos negocios no muy claros. Desde el gobierno nacional se le giraban a ciertas universidades controladas por organización juvenil “La Cámpora” fondos extras para actividades extracurriculares y de investigación. Luego las universidades contrataban a funcionarios kirchneristas para realizar “investigaciones” o financiaban actividades sin ninguna vinculación o propósito académico.

Un caso testigo de estas prácticas, investigado por la justicia, fue el de la Universidad Nacional de San Martín (USAM) que realizó convenios por 334 millones de pesos (unos treinta millones de dólares a valores de 2015).

En febrero de 2019, el fiscal Gerardo Policita pidió que la actriz Andrea del Boca, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, al exrector de la USAM Carlos Ruta, la ex responsable del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y exdiputada kirchnerista Liliana Mazzure y otros exfuncionarios nacionales y autoridades universitarias fueran sometidos a juicio oral.

En su pedido de elevación a juicio oral, el fiscal Policita imputó a los procesados haber intervenido en maniobras defraudatorias en perjuicio de la administración pública que posibilitaron que, a través de la UNSAM, se asignaran de manera irregular fondos pertenecientes al ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MINPLAN) a las productoras privadas “Cooperativas de Trabajo Tostaki Ltda.” y “a+A Group SRL” para la realización de la miniserie “El Pacto” y la telenovela “Mamá Corazón”.

El fiscal explicó que “se desviaron fondos provenientes del erario, transfiriéndolos a la órbita de la UNSAM”, con el fin de “eludir los procedimientos de selección y sortear los diversos controles en materia de contratación pública que fijaba la normativa vigente”.

Durante la instrucción, dijo el Ministerio Público, se probó que con “el dinero proveniente del ex MINPLAN se financió la producción de la miniserie “El Pacto” -luego de un concurso gestionado y direccionado por el INCAA y de la telenovela “Mamá Corazón” -a través de la adjudicación directa por parte de la UNSAM-, posibilitándose de esta manera la asignación discrecional de fondos a productoras privadas mediante la suscripción de los convenios mencionados a partir de los cuales se beneficiaron no sólo éstas que obtuvieron el financiamiento para la realización de sus obras con las cuales obtuvieron sus propias ganancias, sino también la propia UNSAM que percibió un canon del 10% de los recursos comprometidos en concepto de honorarios y gastos administrativos.”  

No es necesario aclarar que las temáticas de la miniserie “El Pacto” o de la telenovela “Mamá Corazón” (que por otra parte nunca se grabó) no albergaban ningún contenido académico.

Curiosamente, en 2018, el fiscal Policita solicitó la elevación a juicio oral de la causa, pero una mano invisible, no de Adam Smith sino de la mafia kirchnerista que protege a los exfuncionarios imputados por actos de corrupción, ha impedido hasta hoy la realización del juicio oral. La causa está a punto de prescribir por el paso del tiempo.

Este es solo un ejemplo, otras investigaciones similares han involucrado a las Universidades Nacional de La matanza y Universidad Tecnológica Nacional.

Es por estos motivos que, Milei, un antiguo profesor universitario egresado de una universidad privada y doctor honoris causa de otra de ellas, conoce muy bien lo que ocurre en la mayoría de las casas de altos estudios públicas, además, sabe que el inmenso aparato de militantes rentados del kirchnerismo se encuentra en crisis.

El kirchnerismo ha perdido el control del Estado nacional, pero debe “contener a los compañeros” que vivían de la política. Al mismo tiempo, el gobierno de La Libertad Avanza, ha realizado un brusco recorte del gasto público que cerró dependencias estatales y provocó el despido de miles de empleados públicos, muchos de ellos nombrados durante los años del kirchnerismo. Algunos eran “ñoquis” -seudo trabajadores que no concurrían a sus lugares de trabajo o que no cumplían funciones reales y solo desarrollaban actividades proselitistas- otros eran empleados efectivos, pero en su mayoría se movilizaban, apoyaban y votaban al kirchnerismo.

Los dirigentes kirchneristas y también los radicales se ven en la obligación de encontrar lugares de trabajo donde colocar a los funcionarios que han perdido sus cargos y a los militantes que han sido despedidos de sus empleos en el Estado. Son tantos, que no alcanza con los gobiernos provinciales que controlan -en especial la provincia de Buenos Aires- para albergar a tantos desocupados de la política.

Por lo tanto, los kirchneristas y sus aliados de un sector de la UCR -en particular el grupo Evolución que conduce el diputado y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti- defienden denodadamente el presupuesto universitario y en especial los fondos de investigación y actividades extracurriculares de extensión universitaria. Estos fondos son los más flexibles para ser asignados a propósitos proselitistas.

En tiempos del kirchnerismo, era frecuente que se utilizaran las universidades del conurbano para pagar sobresueldos encubiertos a altos funcionarios y legisladores asignándoles jugosos contratos para dirigir proyectos de investigación que se pagaban pero que nadie controlaba su cumplimiento.  

El presidente Javier Milei ha dicho en varias oportunidades que está en medio de una batalla cultural contra el marxismo y la cultura woke y ambos tienen en las universidades públicas su reducto. Por lo tanto, el gobierno de La Libertad Avanza comenzó por suspender la apertura de cinco nuevas universidades nacionales que carecían del adecuado soporte científico y académico: La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la Universidad de Pilar, Ezeiza y del Delta, las dos primeras en los municipios homólogos la última en el municipio de Tigre, área de influencia de Sergio Massa, las tres en municipios gobernados por el kirchnerismo, pertenecientes a la provincia de Buenos Aires gobernada también por este. La última universidad estaba situada en la localidad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba donde gobierna el peronismo. Cabe recordar que el pasado 1° de marzo, en su discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, el presidente Javier Milei había planteado que la “creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política.”

Luego efectuó reducciones en el presupuesto de las universidades como parte de su ajuste del gasto público e intenta auditar en que se emplean los fondos que manda a las Universidades para evitar que terminen financiando a los partidos y políticos opositores. También se propone imponer el arancelamiento de los estudios universitarios para los extranjeros, que estudian gratis en las universidades públicas argentinas sin siquiera pagar impuestos en el país.

Mientras que los docentes y los centros de estudiantes se oponen al arancelamiento atrincherándose en la tradición de la enseñanza pública gratuita implantada en el siglo XIX cuando el país atraía una gran cantidad de inmigrantes. Porque temen que la implantación de aranceles para extranjeros sea un primer paso en el proyecto de arancelamiento total de las universidades públicas. Saben muy bien que los libertarios consideran que la universidad la deben pagar quienes la usan y no la totalidad de los argentinos, como es hasta hoy.

El problema consiste en que el ideario popular de los argentinos, y en especial en la clase media que ha votado a Milei y La Libertad Avanza, están instalados los conceptos de autonomía universitaria y de los estudios universitarios absolutamente gratuitos. Recuerdan que los estudios superiores gratuitos fueron uno de los principales canales de ascenso social de los hijos de inmigrantes. Para muchos inmigrantes analfabetos de los que ayudaron a construir la Argentina, el mayor sueño era ver a “mi hijo el Doctor”. En el siglo XX, en una Argentina de recién llegados, sin títulos de nobleza ni aristocracia, el título universitario oficiaba como un elemento de diferenciación social. Aún hoy, los argentinos suelen anteponer su título universitario al nombre cuando se presentan ante un extraño.

Por este motivo, la opinión pública reaccionó adversamente cuando el gobierno embistió contra las universidades y la enseñanza pública. En general, lo consideró como un exceso de la lógica económica liberal que no se debía permitir. Para muchos jóvenes, el acceso a un título universitario es todavía la única alternativa para conseguir un trabajo bien remunerado y prosperar en la vida.

El gobierno cometió el error de no presentar adecuadamente, ante la opinión pública, su plan para reformar el funcionamiento de las universidades. Para agravar aún más la situación, el diputado libertario Alberto Benegas Lynch (h), cercano al presidente Milei, realizó unas inoportunas declaraciones a la prensa apoyando la supresión del carácter “obligatorio” de la enseñanza. El presidente rápidamente salió a desmentirlo, pero el daño estaba hecho.

En la percepción de mucha gente quedó la idea de que el gobierno se disponía a terminar con la enseñanza pública gratuita y obligatoria.

Incluso muchos jóvenes, votantes de Milei, sintieron que si arancelaba la universidad pública se cerraban sus posibilidades de acceder a un título profesional y se atentaba contra su futuro.

El Tren Fantasma

La oposición leyó muy bien la situación y comprendió que tenía apoyo social que necesitaba para golpear con una marcha multitudinaria al gobierno y no dejó pasar la ocasión.

En la “Marcha en defensa de la universidad pública y gratuita” se unió toda la oposición el kirchnerismo con figuras tales como el gobernador Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner y el exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa acompañado de su esposa Malena Galmarini, presidente del Grupo Bapro. Incluso la incombustible Cristina Kirchner saludó la marcha desde una ventana del Instituto Patria con un suéter de la Universidad Nacional de La Plata.

También asistieron a la marcha representantes el peronismo tradicional, los radicales de Evolución encabezados por el diputado Yacobitti y el Senador Martín Lousteau, los sindicalistas de la CGT y su rival la CTA, organizaciones piqueteras, agrupaciones estudiantiles de izquierda, las organizaciones defensoras de los derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, los empleados públicos despedidos y los que temen ser despedidos en el futuro, los artistas que repudian el cierre del INCAA, quienes defienden las políticas de género y el mundo intelectual “woke”.  

Este bizarro agrupamiento de sectores opositores que lo único tienen en común es su rechazo al gobierno liberal de Milei, fue calificada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, de “tren fantasma” del pasado.

Lo cierto es que la marcha, donde no faltaron reclamos de juicio político al presidente o directamente el pedido de la inmediata renuncia del primer mandatario y la convocatoria a nuevas elecciones, fue multitudinaria y su impacto oportunamente amplificado por algunos medios de prensa y periodistas que se oponen a la ideología liberal o que están afectados por la supresión de la llamada “pauta oficial”, es decir, los pagos que el Estado realiza a los medios de prensa para que difundan publicidad oficial. Posiblemente, algunos periodistas también extrañen el dinero que recibían de los gobiernos anteriores por hacer comentarios favorables a su gestión.

 

Lo cierto es que el gobierno sintió el impacto de la marcha opositora y decidió escuchar la voz de la calle. El presidente que en un primer momento calificó los reclamos de las universidades públicas como “lágrimas de zurdos”, pronto cambio de aptitud y emitió un largo texto de disculpa en X, titulado “Causas Nobles. Motivos Oscuros”.

 

“Ayer vimos cómo -decía el mensaje-, una vez más, aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses.

 

“Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para un país en el que seis de cada diez chicos menores de 14 años son pobres, los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta. 

 

“En ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales. Lejos de eso, ya el día anterior a la manifestación de ayer estaban hechos los giros de recursos para los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales. Pero como la clase política no deja pasar ninguna oportunidad para defender sus privilegios, montaron sobre una consigna justa un acto netamente político de oposición al gobierno. 

 

“Así es como ayer vimos las mismas caras de siempre de aquellos que quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios. Massa, Cristina, Lousteau, Yacobitti, la CGT, la CTA, el radicalismo cómplice, y todos los demás actores de la clase política que se oponen a cualquier cambio porque han sido los principales beneficiarios del antiguo régimen. 

 

“No defienden la educación. Defienden sus privilegios y utilizan a la sociedad para hacerlo. Lo hicieron con Aerolíneas, lo hicieron con los jubilados cuando se robaron los fondos de las AFJP, lo hicieron con YPF, lo hacen con la obra pública. Así opera la casta. Se montan sobre una bandera justa para despojar a los argentinos.

 

“La diferencia ahora es que la mayoría de los argentinos eligieron un Presidente para terminar con los privilegios de los políticos. No vamos a ser cómplices del negocio que algunos hacen con la universidad pública. Vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades y vamos a auditar cómo se utilizan esos fondos. Porque ese dinero surge del esfuerzo que hacen la mayoría de los argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza y no puede ni debe ser utilizado para engordar los bolsillos de algunos que han hecho un negocio de la educación pública.

 

“Lejos de doblegarnos, cada vez que todos esos dirigentes, que son la cara del fracaso argentino, se juntan detrás de una bandera, lo único que hacen es reafirmar nuestra convicción de que estamos dando las batallas para las que nos eligieron la mayoría de los argentinos.”

 

El texto tuvo una favorable acogida por parte de la opinión pública según señalan algunas mediciones, pero lo cierto es que, por primera vez, el gobierno sientió los efectos de una masiva protesta que contó con apoyo popular y no solo la movilización de los profesionales de la protesta.

 

Es que, conforme avanza el tiempo, los efectos del ajuste fiscal se hacen sentir a pleno, especialmente sobre los sectores medios que han apoyado con su voto a Milei. Si bien la inflación parece estar en franca remisión, otros efectos negativos golpean a los argentinos, el sinceramiento de las tarifas de la energía (electricidad y gas) y el transporte, la recesión y el creciente desempleo, la caída del valor adquisitivo de salarios y jubilaciones, entre otros males han comenzado a alterar el ánimo de los argentinos.

 

El tiempo corre y la paciencia se acerca a su límite. La gente debe comenzar a vislumbrar la luz al final del túnel para mantener su apoyo al gobierno.

 

Milei está determinado a llevar adelante todas las reformas que considera necesarias para sacar al país de la mayor crisis de su historia, pero también ha comenzado a escuchar “la voz de la calle”. Como dicen en mi barrio, el presidente puede “masticar vidrio, pero no se lo traga”. De todas formas, la batalla cultural solo ha comenzado.