Los argentinos expresan su rechazo al
presidente Alberto Fernández por su decisión de liberar a homicidas y
violadores peligrosos para protegerlos del hacinamientos en las cárceles,
mientras médicos, policías, guardiacárceles y otros trabajadores deben seguir exponiéndose
al contagio.
Pese a
que el aparato de propaganda en manos del kirchnerista insiste con el relato de
que el presidente Alberto Fernández “se puso el país al hombro” y que su
imagen positiva del gobierno han crecido
debido a su acertado manejo de la crisis provocada por la pandemia de
coronavirus Covid 19, la sociedad argentina evidencia otra realidad.
Al mal
humor provocado por las medidas restrictivas a los desplazamientos y las
limitaciones a las actividades económicas, se suman un conjunto de medidas
impopulares impulsadas por los sectores ultracristinistas del gobierno, con la
escusa de contener la pandemia.
Primero
fue el intento de estatizar el sistema de medicina privada para que todos, los
que pagado durante años para disponer llegado el momento un servicio médico de
mayor calidad y los que no han destinado ni un centavo de sus ingresos a este
propósito, tengan el mismo servicio gerenciado por un Estado que ha demostrado
su ineficacia en la gestión de la salud pública.
La
iniciativa populista inmediatamente erizó la piel de las empresas propietarias
de las clínicas médicas, los poderosos laboratorios farmacéuticos,
profesionales de todas las ramas de la salud y especialmente de los influyentes
sindicatos, que administran los fondos de las obras sociales y tiene una sólida
e invisible red de intereses con la medicina privada.
Rápidamente,
el presidente debió salir a decir que no se tocaría a la medicina privada.
Siguió
inmediatamente la decisión de importar varios centenares de “médicos” de
Cuba. Los colegios médicos argentinos objetaron al instante la idoneidad
profesional de los supuestos médicos cubanos y que el gobierno, contradiciendo
la abundante legislación existente, les permitiera ejercer sin revalidar sus
títulos profesionales.
En
tanto que, la oposición de centro derecha no dudo en acusar a los profesionales
cubanos de ser en realidad agentes de inteligencia que llegaban al país para apoyar
al aparato de poder kirchnerista para perpetuarse en el gobierno como hicieron
en Venezuela con el dictador Nicolás Maduro.
Por
último, llegó la liberación de los presos peligrosos con el justificativo del
hacinamiento en las cárceles y de que los liberados constituyen población en
riesgo ante la pandemia por su edad o por presentar patologías previas.
En
realidad, desde tiempos de la campaña presidencial, el kirchnerismo había
anunciado que propiciaba una liberación masiva de los “compañeros presos”
comenzando con los exfuncionarios procesados y detenidos por hechos de
corrupción durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, siguiendo
luego con los condenados y procesados por delitos comunes que forman el “batallón
militante” de presos que apoya al kirchnerismo dentro de los penales.
Diversos
militantes kirchneristas se expresaron en ese sentido. El actor cómico Dady
Brieva levantó una polvareda mediática con sus afirmaciones de que los peronistas
como él sentían “respeto por el oficio de chorro”. En el mismo sentido,
el dirigente social y amigo del papa Francisco, el abogado Juan Grabois afirmó
que si le hubiera tocado ser padre de familia durante la crisis económica de
diciembre de 2001, en lugar de salir a “cartonear”, estaba seguro de que
“hubiera salido a robar de caño”. Por último, el ex secretario de
Comercio Interior, Guillermo Moreno, pidió: “Si algún muchacho quiere vivir
de lo ajeno, que viva de lo ajeno, pero con códigos”, es decir, con una
violencia administrada y racional.
Una
vez en el gobierno, el Frente de Todos no sólo liberó a los exfuncionarios
corruptos sino también a peligroso criminales comunes.
Es así
como entre el 17 de marzo y el 17 de abril, el gobierno dejó en libertad a 2.244
presos de la cárceles bonaerenses. La mayoría, 1607, fueron liberados por haber
cumplido sus penas o porque estaban en condiciones de obtener la libertad
condicional. Otros 637 reclusos recibieron el beneficio de arresto domiciliario.
De ese grupo 439 lo hicieron por pertenecer al grupo de contagio con el Covid
19.
Pese a
las afirmaciones del gobierno de que no liberaría a presos violentos entre los
liberados figuran personas condenadas por homicidio, en especial femicidios,
narcotraficantes, violadores y pedófilos.
Lo que
sucede es que el kirchnerismo adhiere al “garantismo jurídico” extremo
que propicia el exjuez Eugenio Zaffaroni. Una teoría de filosofía jurídica que
parte del principio de que la propiedad privada es producto de un robo y que
por tanto el robar no es un delito. De que los delincuentes no son individuos
antisociales sino víctimas de la una sociedad injusta y de un sistema legal
impuesto compulsivamente por los ricos y poderosos que se han apropiado de la
riqueza que en realidad es de todos.
Además,
de estos grandes temas que movilizan a la opinión pública contra el Gobierno,
otros hechos han contribuido también a incrementar el mal humor social.
· La
negativa del gobierno y de toda la clase política a rebajarse los salarios en
solidaridad con el resto de la sociedad ante la crisis económica y los mayores
gastos fiscales generados por la pandemia.
· La devaluación
del peso argentino frente al dólar. El 10 de diciembre de 2019, cuando asumió
la presidencia Alberto Fernández, el dólar paralelo o “blue” cotizaba a
40 pesos y hoy, cinco meses después, lo hace a 120 pesos.
· El
gobierno debió despedir a quince altos funcionarios del ministerio de
Desarrollo Social por adquirir alimentos para distribuir entre la población
necesitada con una licitación amañada que en algunos casos pagar sobreprecios
de hasta tres veces el costo en un supermercado de barrio. Los funcionarios
fueron despedidos pero no se les labró el sumario reglamentario ni se le
aplicaron sanciones administrativas ni penales con lo cual en el futuro podrían
ser designados en otros cargos de la administración pública o acogerse a la
jubilación.
· Los
efectos económicos provocados por el cese de la actividad económica en los trabajadores
cuentapropistas que se quedaron de un día a otro sin ingresos de ningún tipo y
sobre las empresas paralizadas que debían seguir afrontando los costos salariales,
alquileres, seguros, impuestos, etc. La actividad económica en abril cayó un
70% comparada con igual mes de 2019 y la venta de naftas cayó un 90%.
· La
falta de medidas reales, efectivas y concretas para apoyar en tiempo y forma a
todos los afectados por la interrupción de la cadena de pagos, incluyendo
municipios y provincias que dejaron de percibir impuestos porque la población
carece de recursos para cumplir con los pagos.
· Y el
masivo maltrato a los ancianos que debían cobrar sus pensiones, el viernes 3 de
abril, forzados a soportar largas horas de cola al frío frente a las puertas de
los bancos, por la improvisación de las autoridades. A lo que se suman las lamentables
declaraciones del presidente Alberto Fernández culpando a los ancianos de vivir
demasiado y ocasionar mayores gastos fiscales en pago de jubilaciones y
prestación de cobertura médica
Todos
estos factores confluyeron en el ánimo de la población ayer jueves 30 a las 20.00
horas para que expresara su descontento en un masivo cacerolazo contra el
Gobierno.
De
nada sirvió que la ministra de Seguridad Sabrina Frederick tratara de infundir
temor en la oposición amenazando con un “patrullaje cibernético” contra
quienes agitaran la protesta a través de Internet.
La
protesta fue convocada exitosamente mediante las redes sociales y los hashtag #Cacerolazo30A,
#CacerolazoContraLaImpunidad y #CacerolazoContraPresos entre
otros, y se hizo masiva en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
municipios de Olivos, Bahía Blanca y Mar del Plata en la provincia de Buenos
Aires y en las provincias de Santa Fe, Jujuy, Salta, Córdoba y La Pampa.
Miles
de personas golpearon cacerolas, hicieron palmas en los balcones de los
edificios, patios y jardines de las casas. También se escucharon bocinazos de
los automovilistas y hasta sirenas de los vehículos policiales.
La
masiva y prolongada protesta constituye una clara advertencia del mal humor
social para el gobierno de Alberto Fernández que el año próximo, cuando la
pandemia se haya atenuado o desaparecido, deberá afrontar las decisivas
elecciones legislativas de mitad de mandato.
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