¿ESTAMOS FRENTE A UNA PRIMAVERA SUDAMERICANA?

Octubre de 2019 posiblemente será recordado como el momento en que estalló una “Primavera Revolucionaria” que desestabilizó a las democracias de Sudamérica.

¿PRIMAVERA O CRISIS?

En 1968, la Primavera de Praga generó una bocanada de aire fresco en Europa Oriental. Pero en agosto los tanques de los países del Pacto de Varsovia aplastaron los deseos de libertad de los checoeslovacos y el Telón de Acero volvió a cerrarse.

En 2011, las Primaveras Árabes arrasaron con los regímenes dictatoriales del Norte de África y Medio Oriente. Pero pronto los aires de renovación, mayor libertad y democracia dieron paso al surgimiento de movimientos islamistas, guerra civiles y al establecimiento de dictaduras aún más opresivas de las que derrocaron.

Ahora parece haber florecido otra primavera revolucionaria en Sudamérica cuyos alcances aún no están claros pero, al menos por el momento, desestabilizan al mundo andino representado por Ecuador, Chile y Bolivia.

ECUADOR

El mes de octubre de 2019 comenzó con violentas protestas de indígenas en Ecuador. Acotado por sus obligaciones con el FMI, el presidente Lenín Moreno se vio obligado a tomar una serie de medidas de alto costo social.

Moreno impulsó una impopular reforma laboral; redujo a la mitad el período de vacaciones de los empleados de empresas públicas, aplicó un plan de despidos en el ámbito público para reducir la planta de personal, creó un contrato de trabajo para quienes inician un emprendimiento; convenios de reemplazo en caso de licencia por maternidad y paternidad; un marco legal para el teletrabajo; y cambio la fórmula de la jubilación patronal. Además, los contratos estatales que caducasen serían renovados con un 20% de recorte en el salario. También suprimió los subsidios a los combustibles dejándolos a precio de mercado, para ahorrar 1.300 millones de dólares al año.

La respuesta popular no se hizo esperar. El país estalló en fuertes protestas y el gobierno se vio forzado a restablecer el orden por medio de una dura represión policial. Desde entonces la gobernabilidad del país quedó seriamente comprometida. El 9 de octubre, los indígenas de la Confederación Nacional Indígena de Ecuador (CONAIE) avanzaron hacia Quito para sumarse a una huelga con movilización que prepararon los sindicatos ecuatorianos, con el apoyo de los partidarios del expresidente Rafael Correa, exilado en Bélgica, para el 9 de octubre.

El presidente Lenín Moreno declaró el estado de sitio y trasladó la sede del Gobierno a la ciudad de Guayaquil. Las columnas de manifestantes se apoderaron de Quito y la mantuvieron en su poder por casi una semana.

Tras once días de intensas movilizaciones que dejaron, según datos de la Defensoría del Pueblo, un saldo de ocho fallecidos, 1.192 detenidos y 1.340 heridos, la noche del 13 de octubre se dio paso a la tan anhelada paz que reclamaba una gran parte de la ciudadanía.

Gobierno y representantes del movimiento indígena acordaron revocar el Decreto Ejecutivo 883, origen del conflicto, que establecía la eliminación de los subsidios a los combustibles diésel y extra. Los precios de ambos volvieron a los vigentes el 1 de octubre pasado, según el Decreto Ejecutivo 894, y se conformó una comisión integrada por representantes indígenas y delegados del Gobierno para elaborar un nuevo decreto donde se contemple el reemplazo de esta política por otra de subsidios más focalizados.

Sin embargo, los resultados de la negociación siguen despertando recelo en diferentes sectores. Por una parte, los propios líderes del movimiento indígena han advertido que cualquier intento de la comisión por sacar adelante políticas de ajuste  resultará en un nuevo levantamiento popular. Para quienes apoyaron el paro, la derogatoria del Decreto 883 representa una victoria del pueblo frente al Gobierno y su deber es mantenerse alerta para asegurarse de proteger la voluntad del pueblo.

Por otra parte, representantes del sector privado y asociaciones profesionales como el Foro de Economía y Finanzas Públicas advierten del peligro que corre la economía ecuatoriana en caso de que no se adopten medidas de fondo destinadas a reactivar la economía y reducir de forma drástica el gasto público.

Pese al celebrado acuerdo entre indígenas y Gobierno, el escenario que se abre en Ecuador es ante todo incierto. El déficit sigue siendo un problema real y la economía ecuatoriana no puede esperar más, como tampoco lo harán muchas demandas sociales postergadas por años ni la ejecución de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. 

Asimismo, el Gobierno de Lenin Moreno ha demostrado su incapacidad para prever y canalizar el estallido de la violencia. Sin mayoría en la Asamblea Legislativa y desgastado por meses de dura gestión, parece poco probable que el presidente sea capaz de generar alianzas estables en el tiempo que permitan integrar las diferentes demandas sociales, proyectos de Gobierno y presiones internacionales.

La existencia de visiones de país en continua tensión no hacen más que poner de manifiesto el verdadero foco del conflicto: la acuciante crisis económica, social e institucional que afecta al Estado ecuatoriano, la más grave en los últimos catorce años, haciendo recordar a muchos la debilidad institucional de las administraciones de la década de 1990 y la caída de Lucio Gutiérrez en 2005. Y es que la divergencia tan marcada sobre el rumbo hacia el que debe girar la economía tiene una repercusión directa en la realidad política y social ecuatoriana.

La crispación alcanzada durante las manifestaciones dejó al país polarizado, avivando antiguas articulaciones regionales y etnográficos, y puso de manifiesto la persistencia de amplias brechas sociales y culturales.

A la polarización deben sumarse los fallecidos, detenidos y heridos que dejó la represión ejercida por la fuerzas de seguridad en el marco del estado de excepción declarado por el Gobierno el mismo día en el que empezaron la protestas. También los U$S 2.400 millones de dólares de pérdidas económicas, atendiendo a datos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que registra el sector privado como consecuencia del paro, y los numerosos daños materiales (incluyendo destrucción de bienes patrimoniales) que se contabilizan en las principales ciudades ecuatorianas.

Uno de los pocos puntos sobre el que parece haber acuerdo entre la ciudadanía, los movimientos sociales y el Gobierno es en el papel desempeñado por el presidente Correa y sus seguidores. El “correísmo” fue el gran perdedor de las protestas al convertirse en chivo expiatorio tanto del Ejecutivo como del movimiento indígena.

Unos y otros lo acusaron de promover un golpe de Estado mediante la infiltración de elementos violentos en la protesta con apoyo del Gobierno venezolano. Para ello, aprovecharon incidentes como el asalto a la Contraloría General del Estado, los comunicados del propio Correa en redes sociales (donde llamó a las fuerzas armadas a rebelarse en contra del presidente Moreno y donde se propuso como candidato a la Presidencia) y los intentos de la bancada legislativa de la “Revolución Ciudadana” para iniciar un proceso de revocatoria del mandato.

CHILE

Hasta comienzos de octubre Chile era el país más estable de Sudamérica. Tenía la mejor educación de América Latina (el 80% de los jóvenes egresa de la secundaria), tiene la tasa de homicidios más baja de la región (3,46 por 100.000 habitantes), el segundo menos corrupto (puesto 27) y el mejor país de la zona en competitividad global, es decir, la capacidad de proveerle prosperidad a sus propios habitantes. Exhibe el ingreso per cápita más alto de América Latina -más de U$S 20.000-, con un crecimiento económico que se había estimado para este año en 2,5% del PBI (por encima del promedio regional) y una inflación de tan sólo el 2% anual.

Pero, a partir del 11 de octubre estalló una protesta social ininterrumpida que ha forzado al presidente Sebastián Piñera a declarar el “estado de emergencia” y el “toque de queda”, el sábado 19.

Ni la presencia de los militares patrullando las calles, algo que no ocurría desde 1990 cuando el dictador Augusto Pinochet Ugarte dejó el gobierno, logró calmar los ánimos o detener la rebelión social y la violencia callejera.

El detonante de las protestas fue el incremento del precio del viaje en el metro trasandino que paso de 800 a 830 pesos chilenos (un dólar a U$S 1,16). Aunque pronto se sumaron otras demandas. Entre ellas están las “pensiones de hambre” que cobran los jubilados, la privatización del agua, Chile es el único país del mundo donde esto ocurre. Este año el país sufre una mega sequía que agrava la situación de los tres millones de personas que no tienen acceso al agua potable. A ello se agregan los bajos salarios (un salario mínimo de U$S 450, el segundo más alto de la región, mientras que el salario mínimo en Venezuela es de U$S 8), las extensas jornadas laborales y muchos etcétera más.

Los manifestantes se movilizaban con consignas de “nos roban las AFP y los isapres (seguros de salud privados)”, “le vendimos todo a los privados”, “el neoliberalismo explotador de Pinochet” o “los sueldos son miserables” publicados en las redes sociales.

Es que Chile es el país más desigual en el continente con mayor desigualdad.

La protesta, que se inició con los estudiantes secundarios saltando las barreras del metro -lo que en Chile se denominan “evasiones masivas”- para no pagar el pasaje, fue sumando rápidamente a otros sectores y haciéndose más y más violenta.

El viernes 18 los manifestantes comenzaron a incendiar las estaciones del metro, buses y el edificio de la compañía eléctrica ENEL -cuestionada por el alza de las tarifas de electricidad y por una fallida política de actualización de medidores- y una sucursal del Banco de Chile.

Una semana más tarde, 79 de las 136 estaciones de metros sufrieron considerables daños. Además fueron atacadas cuatro líneas de buses, supermercados, bancos, hoteles, estaciones de venta de combustible (bencineras) y oficinas públicas de todo tipo que sucumbieron a la furia incendiaria de los manifestantes.

Alrededor del 25% de los supermercados del país han sufrido serios daños y uno de cada cinco han sido saqueados. La cadena estadounidense de supermercados Walmart sufrió cuatrocientos eventos de saqueo en 125 de sus locales distribuidos por todo Chile. Algunos locales fueron saqueados hasta dieciséis veces y nueve de ellos fueron incendiados totalmente. En ocasiones los militares debieron permitir el saqueo de los supermercados con el compromiso de los atacantes de no incendiar las instalaciones.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) calculó las pérdidas comerciales de más de U$S 1.400 millones de dólares tan sólo por la primera semana de protestas. De las pérdidas estimadas, U$S 900 millones de dólares corresponden solamente a los destrozos ocasionados por saqueos y destrucción de comercios minoristas, además de U$S 500 millones de dólares por falta de ventas por el robo de especies y los días en que los comercios permanecieron cerrados. Las estimaciones de la Cámara consideran que los incendios, saqueos o destrozos superan los 25.000 locales y de ellos 10.000 pertenecen a pequeñas o medianas empresas.

Los destrozos se produjeron en todo el país andino, desde Arica a Magallanes, aunque curiosamente no se produjeron disturbios semejantes durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando el pasaje en el metro aumentó en $80 pesos chilenos. Las víctimas fatales provocadas por los incidentes se elevaron a 20 -tres de ellas son de nacionalidad peruana-, los heridos superan el millar de personas (entre ellos más de 300 carabineros y militares) y tres mil chilenos han sido detenidos por las autoridades y procesados por la justicia.

Mientras que la mayoría de los ciudadanos se limitan a expresar su descontento en forma pacífica golpeando sus cacerolas en las calles, grupos minoritarios de violentos se dedicaron a llevar a cabo ataques incendiarios sistemáticos y bien coordinados.

Las protestas terminaron por convertirse en vandalismo puro y simple. Estas protestas lucen en las calles como un movimiento enorme y bien organizado, pero carecen de líderes identificables, se convocan sobre todo a través de las redes sociales por agrupaciones minoritarias de ultraizquierda como los eco anarquistas denominados Individualistas Tendientes a los Salvaje.

Entre los protagonistas de las protestas y los saqueos hay personas mayores, el activismo más violento está protagonizado por jóvenes de entre los quince y veintitantos años. Son los miembros de llamada “generación centenial”.

El viernes 25 de octubre se llevó a cabo la protesta pacífica más numerosa de la historia de Chile con una participación de entre 800.000 y 1.000.000 de asistentes concentrados en la Plaza Baquedano de la capital chilena, una ciudad de siete millones de habitantes.

La concentración se realizó en tono festivo. Los asistentes entonaban canciones populares durante los años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973 – 1990), saltando y golpeando cacerolas, agitaban banderas chilenas y mapuches.

El presidente Sebastián Piñera respondió a la movilización levantando el toque de queda y el estado de emergencia y pidiendo a todo su Gabinete de Ministros la renuncia para acallar la crisis social. Pero esto no detuvo las protestas y los saqueos que se repitieron con igual o mayor intensidad el lunes 28 y el martes 29 multiplicándose los choques con las fuerzas de seguridad y los militares.

El miércoles 30, el gobierno de Sebastián Piñera comunico que debido a la situación de violencia imperante en Chile el país se veía forzado a renunciar a ser la sede del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico prevista para los próximos días 16 y 17 de noviembre y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2010 (COP 25) que estaba prevista para las dos primeras semanas del mes de diciembre (entre el 2 y 13).

Hasta el momento la protesta violenta en Chile no se ha detenido. Todo parece indicar que lo único que puede poner fin a las protestas es la renuncia del presidente Piñera y al reformulación en profundidad del llamado “modelo chileno” de desarrollo.

BOLIVIA

En la República Plurinacional de Bolivia, por el contrario, el presidente Evo Morales apela al fraude más descarado para evitar competir en una segunda vuelta contra el expresidente Carlos Mesa. Morales sabe que es una segunda vuelta en la que las ocho fórmulas opositoras unirían sus fuerzas contra él derrotándolo.

El domingo 20 de octubre, 7,3 millones de bolivianos concurrieron a las urnas para elegir un presidente y a los miembros del Parlamento. La jornada de votación transcurrió en calma, aunque se produjeron algunos incidentes menores en algunos puntos del país del Altiplano.

Un gran operativo de seguridad, del que participaron efectivos policiales y militares patrullando las calles durante todo el acto comicial se había desplegado por precaución, luego de una campaña electoral que había terminado con episodios de violencia en algunas regiones del país.

Los problemas surgieron luego de la votación durante el recuento provisorio oficial de votos. A las 19,40 horas, cuando había sido escrutados el 83,76% de los votos el resultado asignaba al presidente Morales del Movimiento al Socialismo (MAS) el triunfo con el 45,28% de los votos. En segundo lugar se situaba el partido Comunidad Ciudadana, que logró el 38,16% de los sufragios para su candidato Carlos Mesa, un periodista e historiador de 66 años, que como vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada completo su mandato presidencial, entre 2003 y 2005, cuando el presidente se vio forzado a renunciar debido a la llamada “Guerra del Gas” que desato fuertes protestas protagonizadas por campesinos, sindicatos y organizaciones sociales.

Fue entonces cuando el Tribunal Supremo Electoral decidió en la noche del domingo suspender el recuento de votos.

Con estas cifras, al no alcanzar ningún candidato el 50% de los votos o el 40%, con una diferencia de diez puntos sobre el segundo, Bolivia tendría, por primera vez en 17 años, una segunda vuelta electoral donde competirían por la presidencia los dos candidatos más votados.

La segunda vuelta estaba prevista por el calendario electoral para el próximo domingo 15 de diciembre y participarían de la misma Evo Morales y Carlos Mesa.

Pero, luego de 24 horas de silencio del Tribunal Supremo Electoral, cuando todo parecía indicar que habría una segunda vuelta electoral, se reanudó sorpresivamente el recuento que esta vez mostró un panorama radicalmente distinto. El presidente Morales aparecía como vencedor en primera vuelta con diez puntos de diferencia sobre Carlos Mesa.

Con el 96,78% de los votos escrutados, el nuevo conteo preliminar señaló que Evo Morales obtuvo el 46,49% de los votos y Carlos Mesa el 36,01%, es decir una diferencia de 9,5%, cuando se necesitan diez puntos para evitar la segunda vuelta.

En ese momento, el presidente Morales se presentó por primera vez ante la prensa desde las elecciones del domingo 20.

“Quiero agradecer por este nuevo triunfo. Es la cuarta elección que ganamos democráticamente. Tenemos mayoría absoluta en diputados y senadores. Gracias a todos los sectores sociales. Hemos garantizado el crecimiento económico, la paz social y la justicia social. Nuestro proceso es imparable”, comenzó, desde la Casa del Pueblo, la sede del gobierno en La Paz, sin hacer ninguna mención a la posibilidad de una segunda vuelta. En esta forma Morales gobernaría en forma ininterrumpida de 2005 a 2025.

Este giro sorpresivo llamó la atención de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea y de la Iglesia Católica de Bolivia, que pidieron transparencia al Tribunal Electoral y al gobierno.

Luego se produjo la renuncia de uno de los seis miembros del tribunal Superior Electoral, Antonio Casas, que según la Misión de Observadores de la OEA “debilita aún más la institucionalidad electoral y aumenta los niveles de desconfianza.”

La irregularidad manifiesta en el conteo de votos motivaron que tanto el partido Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, como diversas organizaciones civiles reunidas en el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, convocaron para el martes 22 un “cabildo abierto” en las principales ciudades del país, desconociendo el triunfo de Evo Morales y convocaron a la “resistencia civil”.

Mientras que varias organizaciones sociales afines al MAS, reunidas en la Coordinadora Departamental por el Cambio (Codelcam), anunciaron que se declaraban en “emergencia” y que no aceptarían la realización de una segunda vuelta electoral.

La constitución de Bolivia establece una única reelección para el presidente, es decir, un máximo de diez años consecutivos de mandato, Evo Morales está en su tercer mandato consecutivo decir que ejerce la presidencia desde hace catorce años. El 21 de febrero de 2016, Morales organizó un referéndum para aspirar a una cuarta reelección consecutiva y el pueblo boliviano se expidió en contra por más del 50% de los votos emitidos en ese momento.

De todas formas Evo Morales se presentó como candidato presidencial. Para ello convenció a los miembros del Tribunal Supremo Constitucional que lo habilitara para competir. Los juristas argumentaron que impedirle ser candidato vulneraría los derechos humanos de Evo Morales y que, por tanto el presidente podía vulnerar la letra escrita de la Constitución aspirando a lo que de hecho era una reelección indefinida.

Ahora vemos que en su afán de perpetuarse en el gobierno, el presidente socialista Evo Morales directamente recurrió lisa y llanamente a adulterar el resultado de la votación presidencial.

Ante las protestas callejeras y la huelga general que se desató en Santa Cruz de la Sierra, el mandatario boliviano denunció que está “en proceso” un golpe de Estado en su contra. “La derecha se ha preparado con apoyo internacional. Declaro el estado de emergencia para defender la democracia”, replicó.

La desconfianza en el conteo de votos despertó una ola de masivas manifestaciones de grupos oficialistas y opositores a lo largo de Bolivia. Los incidentes afectaron a ciudades como Potosí, Sucre, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca

El jefe de la misión de observación electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, presentó el miércoles 23 un informe en La Paz de cómo se desarrollaron las elecciones generales, donde destacó que “el órgano electoral ha perdido credibilidad, generando polarización y desconfianza frente al árbitro de este proceso y la falta de transparencia en el proceso posterior a la votación, pero también por la inequidad que se registró durante la campaña previa” […] “Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”, afirmo el jefes de los observadores.

El lunes 28 se sumó al repudio de la manipulación electoral el gobierno de los Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo, tuiteó: “Estamos profundamente preocupados por las irregularidades en el proceso de conteo de votos de las elecciones de Bolivia del 20 de octubre”.

“Hacemos un llamado a Bolivia para restaurar la integridad electoral procediendo a una segunda vuelta en elecciones libres, justas, transparentes y creíbles entre los dos principales ganadores”

“Estados Unidos respalda a nuestros socios en la región y a los observadores de la OEA al pedir una contabilidad precisa de los votos emitidos, o si eso no es factible en opinión de la misión de observadores de la OEA, una segunda ronda que sea creíble y transparente”, concluyó el secretario de Estado.

A este pedido se sumaron la Unión Europea, Argentina, Brasil, Canadá y Colombia. Solo Rusia, Cuba, México y Venezuela felicitaron a Morales por su victoria.

El miércoles 30, la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Evo Morales acordaron una auditoria de las elecciones presidenciales que fue rechazada por la oposición.

La auditoría tiene como objetivo determinar si efectivamente hubo alteración de los resultados en el cómputo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo de los comicios del pasado 20 de octubre y que dio como ganador al presidente Evo Morales, entre denuncias de fraude de la oposición.

El gobierno de Morales insistió que se compromete a aceptar lo que resuelva la OEA e incluso ir a una segunda vuelta con el opositor Carlos Mesa si se confirma alguna irregularidad. Pero, Carlos Mesa expresó a la prensa su rechazó a los términos de la auditoría por haber sido pactados sin la intervención de oposición y sin acordar el mecanismo de verificación a emplearse, sin consultar cuáles eran sus condiciones o asegurar la participación de representantes de la sociedad civil.

Mientras tanto se multiplican los bloqueos, huelgas, cabildos (denominación que en Bolivia se da a las “asambleas populares”), saqueos de supermercados, marchas y recriminaciones y el Gobierno y la oposición en Bolivia mantiene la confrontación a diez días de los comicios. La Iglesia Católica boliviana ha hecho un llamamiento a la paz lamentando la polarización social “por capricho de unos cuántos agentes políticos” […] “Lamentablemente, vemos una Bolivia enfrentada. Llamamos a la calma, a la no violencia, no nos dejemos ganar por la rabia”, ha dicho el obispo auxiliar de El Alto, Giovanni Arana.

Por su parte, el presidente Evo Morales se apresta para asumir un nuevo mandato presidencial, llevando a Bolivia a seguir el mismo camino que la Venezuela bolivariana de Nicolás Maduro y exponiéndose a que los Estados Unidos y la Unión Europea le apliquen sanciones económicas.

Las manipulaciones jurídicas e incluso la apelación al fraude que realiza el presidente boliviano Evo Morales son una muestra más del escaso, o ningún, respeto que los presidente del llamado “socialismo del siglo XXI” sienten por los valores de la democracia.

LA INTERVENCIÓN DEL FORO DE SĀO PAULO

Como puede apreciarse, los países andinos de Sudamérica atraviesan una oleada de inestabilidad que, montada sobre justos reclamos de condiciones de vida más justas, derivan en violencia, saqueos y destrucción, que solo traen más pobreza, desempleo y subdesarrollo en una auténtica “Primavera Revolucionaria” que algunos no consideran espontánea sino provocada.

Esta sospecha ha sido alimentada incluso por el dictador Nicolás Maduro que explotó la paranoia de los sectores de derecha latinoamericanos hacia el llamado Foro de São Paulo.

“El Foro de São Paulo, podemos decir desde Venezuela que estamos cumpliendo el Plan. El plan va como los hicimos, va perfecto. Ustedes me entienden. El plan va en pleno desarrollo, victorioso. Todas las metas que nos hemos propuesto […] las estamos cumpliendo una por una”, manifestó el dictador, cuyo régimen es el principal promotor de la alianza de movimientos de izquierda.

“Vamos mucho mejor de lo que pensábamos, y todavía lo que falta. No puede decir más”, dijo Maduro alimentado las sospechas y la entrega.

Posteriormente el número dos del régimen chavista de Venezuela, Diosdado Cabello agregó un poco más de leña al fuego afirmando: “Nosotros recientemente […] hablamos de una brisa bolivariana. Parece que esa brisa bolivariana irritó a un gentío. Pero si apenas eso es una brisa, no nos hemos convertido en una ventolera. Y ay, si nos llegamos a convertir en un huracán que sea capaz de llegar a todos lados”.

El Foro de São Paulo es un congreso anual que reúne a partidos y grupos de izquierda latinoamericanos, desde reformistas hasta movimientos de liberación nacional, grupos separatistas y otros grupos que participan de la lucha armada.

Fue fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en São Paulo, en 1990, para coordinar a los partidos y movimientos de izquierda, para debatir sobre el escenario internacional después de la caída del Muro de Berlín con el objeto de fijar estrategias comunes para enfrentar el llamado Consenso de Washington y lo que denominaban un avance de los partidos y políticas neoliberales. Sin embargo, en la práctica funciona como una suerte de think tank revolucionario.

Los miembros latinoamericanos del Foro de São Paulo tienen voz y voto, sin embargo, a los encuentros anuales asisten también partidos y movimientos sociales de izquierda de otras regiones del mundo (como Europa y Asia) los cuales tienen voz pero no voto (aunque sí votan en las comisiones especiales).

En 2019, ante la asunción del presidente Jair Bolsonaro, sumamente crítico con este evento. El Foro de São Paulo trasladó sus sesiones a Caracas bajo el amparo del gobierno bolivariano.