Por
el Dr. Adalberto C. Agozino
En
América Latina la década de los años 10 del siglo XXI posiblemente será
recordada como la “década perdida”. Un periodo signado por la crisis económica,
los hechos de corrupción y los problemas de gobernabilidad que impidieron el
progreso de la región.
Los
expertos suelen discutir si los problemas económicos derivan en crisis sociales
o viceversa. En el caso de la actual crisis que afecta América Latina es muy
difícil saber qué fue primero si “el
huevo o la gallina”. Es decir, si la crisis económica detonó las denuncias
por corrupción o fue la corrupción generalizada la que derivó en problemas de
gobernabilidad que a su vez potenciaron el deterioro de la economía.
Lo
cierto es que los problemas se iniciaron en los Estados Unidos, en 2008, con el
affaire de las hipotecas subprime que provocaron la quiebra del banco de
inversión Lehman Brothers que a su vez llevo la inestabilidad a las bolsas y
mercados de los países tecnotrónicos.
En
los Estados Unidos la recesión económica hizo resurgir el proteccionismo y la
histórica tendencia al aislacionismo de los estadounidenses y terminó
proyectado a la presidencia a un líder antisistema: Donald Trump.
En
Europa la recesión de la economía y la desocupación gestaron movimientos de “indignados”
que a su vez derivaron también en la aparición de partidos y líderes antisistema
como el español Podemos. El separatismo catalán e incluso el Brexit son hijos
de este proceso.
Lentamente,
el crack económico fue contagiándose del
prospero mundo desarrollado a los países más pobres. En un proceso similar a
las ondas que produce la caída de una piedra en el centro de un lago. En cada
región la depresión de la economía derivó en crisis políticas de diferente
naturaleza.
Hoy
las grandes economías de la región se ven afectadas por serios problemas que
vulneran su gobernabilidad y alejan las tan necesitadas inversiones
extranjeras.
Además
de las graves crisis venezolana y nicaragüense -que parecieran no encontrar de
momento una salida democrática y pacífica-, hay que poner foco en la compleja
situación que afecta a los países del Triángulo Norte, en especial, los altos
nieles de criminalidad, corrupción e impunidad, la marcada debilidad
institucional, la penetración creciente del narcotráfico y del crimen
organizado, y la constante presión del presidente Trump sobre la cuestión
migratoria.
A lo
anterior debemos sumarle el complicado inicio de las presidencias de Jair
Bolsonaro en Brasil, Andrés Manuel López Obrador en México e Iván Duque en
Colombia. A ello se agrega la decisión del ex número dos de las FARC, Iván
Márquez, de retomar las armas amenazando de este modo el frágil proceso de paz
en Colombia, unido al aumento de tensión en la frontera colombo-venezolana.
En
Perú, Martín Vizcarra, vicepresidente en ejercicio de la presidencia desde la
renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2018; disolvió el lunes 30 de
septiembre el Congreso y llamó a elecciones generales para el próximo 26 de
enero de 2020.
Una
disolución del Congreso en Perú no ocurría desde el 5 de abril de 1992, cuando
el entonces presidente Alberto Fujimori llevó a cabo un “autogolpe” y
asumió plenos poderes con el apoyo de las fuerzas armadas. En esta ocasión, en
cambio Vizcarra se amparó en la Constitución para tomar esa medida.
El
disuelto parlamento controlado por los fujimoristas que responden a Keiko
Fujimori, hoy en prisión preventiva por el caso Odebrecht, reaccionó
suspendiendo por un año a Vizcarra para ejercer el cargo de presidente y
designó en su lugar a la excongresista Mercedes Aráoz. Pero, las FF. AA. y de
seguridad respaldaron a Vizcarra que retuvo la presidencia.
En mayo pasado, los presidente Mario Abdo Benítez de
Paraguay y Jair Bolsonaro de Brasil suscribieron un acta estableciendo precios
y cupos para la producción de la represa hidroeléctrica de Itaipú. Brasil
obtuvo una importante reducción en el precio que paga por la electricidad
excedente que adquiere. La oposición consideró la negociación como “traición
a la patria” afirmando que ocasionaría una pérdida de entre doscientos
y trescientos millones de dólares al Paraguay.
La crisis
pronto se expandió obligando al presidente Mario Abdo Benítez a aceptar la
renuncia del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, del embajador
paraguayo en Brasilia, Hugo Saguier Caballero y el director de Itaipú, José
Alderete. Pero estas renuncias no fueron suficientes para contener la crisis.
Inmediatamente,
los legisladores “cartistas” que integran el sector “Honor
Colorado” comunicaron su apoyo a los legisladores opositores para someter a
juicio político al presidente y vicepresidente.
Fue necesaria
una negociación entre el presidente Mario Abdo Benítez y el expresidente
Horacio Cartés sumado al anuncio de que los gobiernos de Paraguay y Brasil
acordaban dejar sin efecto el acta suscripta y continuar las negociaciones respecto
de la energía producida por Itaipú, para que los legisladores de Honor Colorado
retiraron su apoyo al juicio político y la crisis se descomprimiera
inmediatamente.
Al
presidente Lenín Moreno de Ecuador le ha tocado administrar un país que ya no gozaba
desde hacía tiempo de los beneficios del precio récord del petróleo. La
estrechez de las cuentas fiscales lo forzó a buscar financiamiento en el Fondo
Monetario Internacional e impulsar un severo ajuste de las cuentas públicas.
Moreno
impulsó una impopular reforma laboral; redujo a la mitad el período de
vacaciones de los empleados de empresas públicas, aplicó un plan de despidos en
el ámbito público para reducir la planta de personal, creó un contrato para
quienes inician un emprendimiento; convenios de reemplazo en caso de licencia
por maternidad y paternidad; un marco legal para el teletrabajo; y cambio la
fórmula de la jubilación patronal. Además, los contratos estatales que caducan
serán renovados con un 20% de recorte en el salario. También suprimió los
subsidios a los combustibles dejándolos a precio de mercado, para ahorrar 1.300
millones de dólares al año.
La
respuesta popular no se hizo esperar. El país estalló en fuertes protestas y el
gobierno se vio forzado a restablecer el orden por medio de una fuerte
represión policial. Desde entonces la gobernabilidad del país está seriamente comprometida.
Dos manifestantes han resultado muertos y los indígenas avanzan hacia Quito
para sumarse a una huelga con movilización que preparan los sindicatos
ecuatorianos el próximo miércoles 9 de octubre.
En
Bolivia, el próximo 20 de octubre, el presidente populista Evo Morales del
Movimiento al Socialismo buscará su cuarto mandato consecutivo. La derrota
sufrida por Evo en el referéndum del 21 de febrero de 2016 le había cerrado la
posibilidad de obtener una nueva postulación. Sin embargo, Morales forzó la
interpretación de la Constitución política, y con la ayuda del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Electoral (ambos bajo su influencia) logró que lo
habilitaran para competir por un nuevo mandato. Las últimas encuestas ofrecen
escenarios diferentes. Una, de inicios de setiembre, da una ventaja de siete
puntos a Evo Morales sobre el expresidente Carlos Mesa, principal candidato
opositor, líder de movimiento Comunidad Ciudadana (34% a 27% respectivamente),
y coloca en tercer lugar a Oscar Ortiz (Bolivia Dice No) con el 13% de
intención de voto. Una segunda encuesta realizada por Ipsos en nueve capitales
y El Alto reduce la ventaja de Evo sobre Mesa a tres puntos (31% a 28%),
ubicando a Ortiz en tercer lugar con el 13%. Esta última encuesta señala que, en
caso de producirse una segunda ronda electoral Mesa se impondría sobre Mesa por
una diferencia de diez puntos (46% a 36% respectivamente. La legislación
electoral boliviana establece la obligatoriedad de una segunda vuelta si ningún
candidato logra superar el 50% más uno de los votos o supera el 40% con una
distancia del 10% entre el primero y el segundo.
En Argentina, las elecciones del próximo 27 de octubre tendrán lugar en
un contexto de profunda crisis económica, alta volatilidad e incertidumbre política.
Los sorpresivos y contundentes resultados de las Primarias Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias, del pasado 11 de agosto provocaron un terremoto en
la sociedad argentina.
El triunfo del populista Frente de Todos integrado por el Partido
Justicialista y la kirchnerista Unidad Ciudadana, con la fórmula Alberto
Fernández – Cristina Fernández de Kirchner se impuso al oficialista Junto
por el Cambio, que postuló a Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, por 16
puntos (47,7% a 31,7% de los votos emitidos) debilitó al presidente Macri.
El próximo gobierno argentino heredará una pobreza del 35%, informalidad
laboral superior al 30%, una recesión pertinaz, elevado desempleo y una deuda
externa total de U$S 320.000 millones de dólares cuyos vencimientos deben ser
renegociados el próximo año.
En este complicado panorama político el crecimiento regional de América
Latina será pobre, un escaso 0,6% según el FMI. Uno de cada tres
latinoamericanos es y seguirá sumergida en la pobreza. La desigualdad seguirá
siendo elevada y el mercado laboral continuará siendo incapaz de acompañar el
crecimiento poblacional con la generación de empleos de calidad.
La crisis socioeconómica impacta directamente sobre la cultura política
en América Latina que presenta una seria “fatiga democrática”. Según el
Latinbarómetro 2018 el apoyo a la democracia descendió al 48% (el nivel más
bajo desde 2001); la indiferencia entre democracia y autoritarismo se elevó del
16% al 28%; la insatisfacción con la democracia se incrementó del 51% al 71%
mientras la satisfacción descendió del 44% al 24%.
El sentimiento de descontento incide negativamente sobre los niveles de
confianza en las instituciones políticas, afectando en especial al Poder
Legislativo y los partidos políticos. Ambas instituciones obtienen los niveles
más bajos de aceptación ciudadana: 21% y 13% como promedio regional
respectivamente. Estos datos confirman que el rechazo hacia los partidos
políticos siguen aumentando (el 58% de los latinoamericanos consultados dicen
no adherir a ningún partido), acompañado por el rechazo de los ciudadanos hacia la política
y los dirigentes políticos.
La combinación de estos factores afecta negativamente en la calidad de
la democracia. Según el Índice Democrático 2018 que elabora la Unidad de
Inteligencia del prestigioso semanario británico The Economist, solo Uruguay y
Costa Rica califican como “democracias maduras”. Diez países son considerados
“democracia con fallas” (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana). Por su parte, cuatro
países: Bolivia, Guatemala, Honduras y El Salvador son tipificados como
regímenes híbridos. Por último, Cuba, Nicaragua y Venezuela son calificados
como regímenes autoritarios.
Por último, América Latina es la región más violenta del mundo. Según la
Oficina de la ONU de Lucha contra la Droga y el Delito de los 437.000
homicidios dolosos cometidos en el mundo, el 36% han ocurrido en el continente
americano, seguido de África con el 31% y Asia con el 28%.
En América, el país con mayor tasa de homicidios en Honduras con 90,4
asesinatos por cada 100.000 habitantes, seguido de Venezuela con 53,7
asesinatos cada 100.000 habitantes por año.
Estos alarmantes indicadores señalan
porque la región sigue estancada económicamente y de crisis en crisis, una
situación que, lamentablemente, se prolongará en los próximos años.
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