Libia intenta cerrar quince años de guerra con una promesa de urnas

La firma en Trípoli de una hoja de ruta que prevé elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de 24 meses abre una nueva posibilidad para reunificar un país fracturado desde la caída de Muamar Gadafi. Pero el acuerdo, auspiciado por Naciones Unidas, debe todavía superar la rivalidad entre las autoridades del oeste y del este, el poder de las milicias, las ambiciones de los Haftar y la influencia de Turquía, Rusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. En el trasfondo se encuentra una riqueza energética extraordinaria —48.000 millones de barriles de petróleo y 53 billones de pies cúbicos de gas— cuya importancia aumenta ante la actual crisis energética provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

 

Buenos Aires - Libia vuelve a mirar hacia las urnas. Quince años después de la insurrección que acabó con el régimen de Muamar Gadafi y tras una sucesión casi ininterrumpida de gobiernos provisionales, guerras civiles, treguas incumplidas y elecciones frustradas, las principales fuerzas políticas y militares del país han dado un paso que, si logra sobrevivir a las profundas contradicciones libias, podría constituir el comienzo del final de una de las crisis más prolongadas de África.

El 30 de agosto, en Trípoli y bajo los auspicios de la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), representantes del oeste y del este del país firmaron un acuerdo destinado a modificar el marco electoral y crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales y legislativas dentro de un plazo máximo de 24 meses. El pacto fue alcanzado por el denominado encuentro reducido o “Small Convening”, integrado por representantes de las instituciones rivales y de las dos grandes estructuras de poder libias. Naciones Unidas lo considera un paso importante hacia la reunificación institucional y la celebración de comicios nacionales.

El acuerdo contempla la recomposición del órgano directivo de la Alta Comisión Electoral Nacional y la resolución de las cuestiones jurídicas y constitucionales que bloquearon las elecciones previstas para diciembre de 2021. Establece asimismo que las elecciones presidenciales y legislativas se celebren simultáneamente y bajo una autoridad ejecutiva unificada. El texto prevé, además, modificaciones destinadas a evitar algunos de los obstáculos que hicieron fracasar el proceso electoral anterior. Entre ellos figura la posibilidad de que militares y ciudadanos con doble nacionalidad puedan presentarse como candidatos, aunque quien resulte elegido y posea otra ciudadanía deberá renunciar a ella antes de asumir el cargo.

El significado político del acuerdo resulta difícil de exagerar, aunque tampoco conviene confundirlo con el nacimiento de un Estado nuevamente reunificado. El problema central de Libia continúa siendo precisamente que existen dos centros de poder que han construido durante años sus propios aparatos administrativos, financieros y militares. En Trípoli funciona el Gobierno de Unidad Nacional, dirigido por Abdul Hamid Dbeibah y reconocido internacionalmente, mientras en el este la Cámara de Representantes mantiene su alianza con el Ejército Nacional Libio del mariscal Jalifa Haftar. Ambas estructuras disponen de redes políticas, económicas y armadas propias y han contado con el respaldo de diferentes potencias extranjeras.

Para comprender la magnitud del desafío hay que regresar a 2011. La rebelión contra Gadafi, iniciada durante la denominada Primavera Árabe, se transformó rápidamente en una guerra civil. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó en marzo de aquel año la resolución 1973, que autorizó “todas las medidas necesarias” para proteger a la población civil y estableció una zona de exclusión aérea. La intervención de la OTAN terminó inclinando militarmente la balanza en favor de los insurgentes. Gadafi fue capturado y muerto en las proximidades de Sirte el 20 de octubre de 2011. Días después, Naciones Unidas puso fin formalmente al mandato que había permitido la campaña aérea aliada.

La caída del dictador, sin embargo, no produjo el Estado democrático y estable que muchos de sus protagonistas habían imaginado. El régimen había mantenido durante décadas un sistema político altamente personalista, en el que las instituciones estatales coexistían con estructuras tribales, redes de seguridad y mecanismos informales de distribución de poder. Una vez desaparecida la autoridad central, miles de combatientes que habían participado en la insurrección conservaron sus armas y sus propias áreas de influencia.

El vacío fue ocupado por milicias, ciudades rivales, grupos islamistas y redes tribales. La debilidad de las instituciones facilitó además la expansión del Estado Islámico, que llegó a controlar Sirte durante un periodo. Las elecciones y los intentos de construir nuevas instituciones no consiguieron superar la fragmentación. En 2014, el país quedó dividido entre gobiernos rivales en Trípoli y el este, mientras Haftar consolidaba progresivamente su poder militar.

La segunda guerra civil convirtió a Libia en un escenario de competencia internacional. Turquía se convirtió en el principal sostén del Gobierno instalado en Trípoli, proporcionando apoyo militar y enviando combatientes sirios aliados de Ankara. En el otro extremo, Haftar recibió respaldo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. La presencia del Grupo Wagner y posteriormente de estructuras vinculadas al Africa Corps ruso otorgó a Moscú una posición particularmente relevante en el este y el sur libios. La guerra dejó de ser, por tanto, únicamente una disputa interna: pasó a formar parte de la competición estratégica por el Mediterráneo, el norte de África, las rutas migratorias y los recursos energéticos.

La ofensiva de Haftar contra Trípoli, iniciada en 2019, agravó esa internacionalización. El riesgo de una guerra abierta entre las potencias que apoyaban a cada bando condujo finalmente a un alto el fuego en octubre de 2020. Fue un punto de inflexión decisivo. La violencia generalizada disminuyó, pero la paz militar no consiguió transformarse en una verdadera reunificación política.

El fracaso más significativo llegó en diciembre de 2021. Las elecciones presidenciales previstas no pudieron celebrarse. Las controversias sobre las candidaturas, las reglas electorales, el fundamento constitucional de los comicios y las condiciones para la participación de figuras militares impidieron la votación. Desde entonces, Libia permanece atrapada en una transición que parece no tener final.

La propia UNSMIL reconoce que las elecciones de 2021 constituyen una de las principales lecciones del actual proceso. La hoja de ruta presentada por su representante especial, Hanna Tetteh, propone avanzar de manera secuencial: primero reformar el marco electoral y fortalecer la comisión encargada de organizar los comicios; después establecer un Gobierno unificado capaz de administrar el país; y finalmente celebrar elecciones nacionales.

Durante 2025 y 2026 se multiplicaron las iniciativas para romper el bloqueo. La Carta de Reconciliación Libia, promovida por la Unión Africana, obtuvo nuevos apoyos y en enero de 2026 fue respaldada formalmente por Mohamed al-Menfi, presidente del Consejo Presidencial. En abril se alcanzó además, con mediación estadounidense, un acuerdo sobre un presupuesto nacional unificado, considerado particularmente significativo porque las instituciones rivales no habían logrado durante más de una década acordar un marco común de gasto público.

Estados Unidos ha incrementado paralelamente su implicación diplomática. Su enviado para África, Massad Boulos, ha mantenido contactos con los principales protagonistas libios y ha explorado fórmulas para una redistribución del poder. Washington tiene razones que exceden ampliamente la preocupación por la democratización de Libia: la posición geográfica del país, sus hidrocarburos, la seguridad del Mediterráneo, la lucha contra el terrorismo y la creciente competencia con Rusia constituyen intereses estratégicos de primer orden.

En este contexto debe interpretarse también la muerte de Saif al Islam Gadafi, hijo y antiguo heredero político de Muamar Gadafi. El 3 de febrero de 2026 fue asesinado a tiros en las proximidades de Zintan por varios hombres armados. Las autoridades libias emitieron posteriormente órdenes de arresto contra tres sospechosos, aunque no se estableció públicamente una autoría política definitiva.

La desaparición de Saif tuvo una evidente dimensión política. Había reaparecido en la escena pública como representante de una corriente gadafista que conservaba respaldo en determinados sectores tribales y sociales. En 2021 había intentado presentarse a las elecciones presidenciales que finalmente nunca se celebraron. Su muerte eliminó del tablero a una figura capaz, al menos potencialmente, de introducir un tercer polo en una disputa que progresivamente se había reducido a la competencia entre las estructuras de Dbeibah y Haftar.

El documento de análisis aportado plantea que las circunstancias de su asesinato podrían apuntar a una operación políticamente motivada. Sin embargo, esa interpretación no ha sido demostrada y debe permanecer en el terreno de las hipótesis. Lo comprobado es que el asesinato se produjo en un momento de intensa negociación sobre la futura arquitectura política libia y que las autoridades todavía no han esclarecido públicamente quién ordenó la operación.

La dimensión energética explica, en buena medida, por qué Libia vuelve a ocupar un lugar destacado en las agendas internacionales. El país posee las mayores reservas probadas de petróleo de África: alrededor de 48.000 millones de barriles, equivalentes a aproximadamente el 41% de las reservas africanas y al 3% de las reservas mundiales. Además, dispone de unos 53 billones de pies cúbicos de reservas probadas de gas natural, una de las mayores dotaciones del continente.

Es una riqueza extraordinaria para un país de apenas siete millones de habitantes, pero también una de las principales causas de su fragilidad. El petróleo financia prácticamente toda la economía estatal y el control de los yacimientos, oleoductos, puertos y terminales de exportación proporciona un instrumento decisivo de poder político. Los bloqueos de instalaciones petroleras han sido utilizados repetidamente como mecanismo de presión por actores locales.

Europa observa especialmente el sector gasístico. El gasoducto GreenStream conecta la costa libia con Italia y constituye la principal vía de exportación de gas libio hacia Europa. La italiana Eni mantiene una posición central en el sector y en junio de 2026 anunció el inicio del proyecto de compresión de Sabratha, destinado a sostener la producción del campo Bahr Essalam y añadir aproximadamente 800 millones de metros cúbicos anuales de gas.

La importancia de estos recursos se ha multiplicado por la actual guerra entre Estados Unidos e Irán. La prolongada crisis en torno al estrecho de Ormuz ha reducido drásticamente las exportaciones energéticas procedentes de Oriente Próximo y ha provocado un fuerte aumento de los precios del gas en Europa cuando se aproxima el invierno. Reuters informaba esta semana de que el cierre prolongado de Ormuz había provocado una caída del 85% de las exportaciones de gas natural licuado de Oriente Próximo, mientras los precios europeos superaban los 75 euros por megavatio hora.

En ese escenario, Libia aparece como algo más que un productor africano de hidrocarburos. Su proximidad geográfica a Europa, su capacidad potencial para incrementar la producción de petróleo y gas y su conexión directa con Italia convierten la estabilidad libia en una cuestión de seguridad energética europea. Para Washington, además, la consolidación de instituciones libias capaces de garantizar la producción energética, combatir el terrorismo y limitar la penetración rusa ofrece una oportunidad estratégica en el Mediterráneo.

Pero la firma del 30 de agosto no garantiza todavía unas elecciones. El Alto Consejo de Estado no participó formalmente en la ceremonia y algunas fuerzas políticas han cuestionado el procedimiento. El Parlamento tampoco ha ratificado todavía plenamente el acuerdo. Naciones Unidas ha advertido que el éxito dependerá de que todas las instituciones acepten las disposiciones pactadas y permitan su aplicación efectiva.

Libia se encuentra, por tanto, ante una paradoja. Nunca desde 2011 había existido una combinación tan clara de intereses internos y externos favorable a una reunificación: los libios reclaman instituciones legítimas, Europa necesita seguridad energética y control migratorio, Estados Unidos busca estabilidad y limita el espacio estratégico ruso, mientras Naciones Unidas intenta recuperar la autoridad de un proceso político que lleva años bloqueado.

Sin embargo, la misma riqueza que puede financiar la reconstrucción continúa siendo el premio que alimenta la competencia por el poder. Las elecciones sólo serán verdaderamente transformadoras si consiguen trasladar la disputa libia desde las armas, las milicias y el reparto informal de los recursos hacia instituciones aceptadas por todos. El acuerdo de Trípoli ofrece por primera vez en mucho tiempo un calendario. Lo que todavía no ofrece es la certeza de que quienes han vivido de la división estén dispuestos a aceptar las consecuencias de la unidad.

Quince años después de la muerte de Gadafi, Libia no necesita únicamente votar. Necesita que el resultado de las urnas tenga detrás un Estado capaz de hacerlo respetar.

 

El mapa europeo que Marruecos está dibujando alrededor del Sáhara

 

Grecia y Dinamarca han dado un nuevo impulso europeo al Plan de Autonomía marroquí para el Sáhara. Atenas considera la propuesta una contribución “seria y creíble” y una de las soluciones más viables, mientras Copenhague la define como una base sólida para un acuerdo político. Detrás de estos pronunciamientos hay algo más que un cambio de lenguaje diplomático: el resultado de años de construcción de alianzas por parte de Marruecos, una estrategia impulsada por el rey Mohammed VI que ha convertido la cuestión del Sáhara en el eje de una red de relaciones políticas, económicas y estratégicas que trasciende el Magreb.

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Buenos Aires - La diplomacia marroquí ha obtenido en los últimos años una sucesión de apoyos europeos que hace tiempo parecían improbables. El movimiento más reciente procede de Grecia. El 7 de septiembre, durante la visita a Atenas del ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, su homólogo griego, George Gerapetritis, afirmó que la propuesta de autonomía constituye una “contribución seria y creíble” al proceso auspiciado por Naciones Unidas y que “podría constituir la solución más viable” para resolver el conflicto. Atenas añadió que respalda las negociaciones dirigidas por el enviado personal del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, sobre la base de la iniciativa marroquí.

La importancia del pronunciamiento griego no reside únicamente en sus palabras. Grecia es miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante 2025 y 2026 y volverá a presidir el órgano en octubre. El propio Gerapetritis destacó que su país participó en la elaboración de la resolución 2797, aprobada en octubre de 2025, y que contribuirá nuevamente a la próxima discusión sobre la renovación del mandato de la MINURSO. En otras palabras, el respaldo griego no procede de un observador distante, sino de un país que ocupa una posición institucional particularmente relevante en el momento en que Naciones Unidas intenta encauzar una solución política.

Grecia y Marruecos han encontrado, además, un terreno común que va mucho más allá del Sáhara. Ambos países se presentan como actores mediterráneos enfrentados a desafíos compartidos: seguridad marítima, migración, terrorismo, energía y estabilidad del norte de África. Atenas considera a Marruecos un “pilar de estabilidad” regional y ve al reino como una puerta de entrada a los mercados del África subsahariana. Las dos partes han identificado posibilidades de cooperación en infraestructuras, energía verde, gestión del agua, actividad portuaria, transporte marítimo y agroalimentación. El Mundial de fútbol de 2030, que Marruecos organizará, conjuntamente con España y Portugal, aparece también como una oportunidad para ampliar la cooperación económica.

La dimensión económica ayuda a comprender por qué la relación ha adquirido una importancia creciente. La diplomacia griega reconoce que sus exportaciones a Marruecos siguen concentradas en buena medida en productos petrolíferos, pero considera que existe un amplio margen para diversificar el intercambio. La próxima octava sesión de la Comisión Interministerial Mixta pretende precisamente convertir esa convergencia política en nuevos proyectos empresariales.

El caso danés es igualmente significativo, aunque tiene una trayectoria algo diferente. Copenhague había expresado ya en 2024 que consideraba el Plan de Autonomía presentado por Marruecos en 2007 una contribución “seria y creíble” al proceso de Naciones Unidas y una buena base para alcanzar una solución acordada entre las partes. En septiembre de 2026, el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, renovó esa posición y volvió a calificar la propuesta marroquí de creíble y de fundamento adecuado para una solución política consensuada.

También en este caso la coyuntura multiplica el valor político del respaldo. Dinamarca forma parte actualmente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su posición coincide con la creciente importancia que varios países europeos conceden al Plan de Autonomía dentro del proceso diplomático. Copenhague no plantea su respaldo como una ruptura con Naciones Unidas, sino precisamente como una forma de contribuir a un proceso político negociado bajo sus auspicios. Esta diferencia resulta esencial: el avance marroquí en Europa no se basa exclusivamente en reconocimientos formales de soberanía, sino en conseguir que cada vez más Gobiernos consideren su propuesta el marco más realista para alcanzar una solución.

La relación entre Dinamarca y Marruecos tampoco se limita a la cuestión territorial. Empresas danesas como Maersk, Vestas, DSV, Novo Nordisk y FLSmidth mantienen actividades en el mercado marroquí. Maersk, además, tiene una posición destacada en Tánger Med, uno de los grandes centros portuarios del Mediterráneo y una infraestructura decisiva para la estrategia económica marroquí. El intercambio comercial, aunque todavía modesto, muestra también una tendencia de crecimiento: Dinamarca exportó a Marruecos bienes por unos 892 millones de coronas danesas en 2023 e importó productos marroquíes por unos 593 millones.

El significado político de Grecia y Dinamarca se comprende mejor al observar el contexto europeo. El respaldo marroquí ha dejado de ser una cuestión limitada a los tradicionales aliados mediterráneos. Francia constituye el caso más evidente tras su reconocimiento de que el presente y el futuro del Sáhara se inscriben dentro de la soberanía marroquí. España ha situado también el Plan de Autonomía como la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto. Alemania, Países Bajos, Portugal y otros Estados europeos han ido aproximándose, con diferentes fórmulas y grados de intensidad, a la posición marroquí.

La estrategia de Rabat ha consistido en transformar progresivamente la cuestión del Sáhara de un asunto territorial aislado en una pieza de una relación mucho más amplia con cada socio. Seguridad, lucha contra el terrorismo, control migratorio, inversiones, energía, comercio, infraestructuras, cooperación africana y estabilidad mediterránea forman parte del mismo entramado. El resultado es que los Gobiernos europeos ya no contemplan sus vínculos con Marruecos únicamente a través del prisma del conflicto sahariano. El Sáhara está integrado en una relación estratégica mucho más extensa.

Es precisamente aquí donde aparece la dimensión personal de la estrategia impulsada por Mohammed VI. Desde su llegada al trono en 1999, el monarca ha promovido una política exterior que ha buscado diversificar las alianzas de Marruecos, reducir su dependencia de cualquier socio individual y convertir al país en un interlocutor imprescindible para Europa, África, Estados Unidos y las monarquías árabes. El documento de referencia destaca precisamente que Marruecos ha fortalecido su posición mediante una diplomacia activa, alianzas estratégicas, estabilidad política e inversiones en las provincias del sur, mientras su iniciativa de autonomía es percibida por un número creciente de países como seria, creíble y pragmática.

La dimensión africana es igualmente importante. Rabat regresó a la Unión Africana en 2017 después de más de tres décadas de ausencia y desde entonces ha desplegado una intensa diplomacia económica y política en el continente. Bancos, compañías de telecomunicaciones, aseguradoras, empresas de construcción y proyectos de infraestructuras han convertido a Marruecos en un socio relevante para numerosos países subsaharianos. Esa presencia económica se ha transformado progresivamente en capital diplomático. El apoyo de países africanos a la posición marroquí no aparece así como un fenómeno exclusivamente ideológico, sino también como el resultado de una red creciente de intereses compartidos.

A ello se suma la relación privilegiada con Estados Unidos. El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara en 2020 modificó sustancialmente el equilibrio diplomático. La posterior profundización de los vínculos con Washington, junto con la relación estratégica establecida con Israel, proporcionó a Rabat un nuevo margen de maniobra internacional. La resolución 2797 del Consejo de Seguridad de 2025 añadió otro elemento decisivo al situar la autonomía bajo soberanía marroquí en el centro de las negociaciones impulsadas por Naciones Unidas.

El resultado no equivale, sin embargo, a que el conflicto esté resuelto. Tampoco significa que todos los Gobiernos europeos reconozcan formalmente la soberanía marroquí sobre el territorio. La posición europea continúa teniendo matices y sigue vinculada al proceso de Naciones Unidas. Grecia, por ejemplo, insiste en una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable” y en la actuación del enviado personal del secretario general. Dinamarca mantiene igualmente el lenguaje de una solución política consensuada.

Pero precisamente ese desplazamiento del lenguaje diplomático constituye uno de los mayores éxitos de Rabat. El debate internacional ha ido pasando de preguntarse únicamente qué alternativas existen a considerar cada vez con mayor frecuencia si la autonomía constituye el marco más realista para alcanzar un acuerdo. Para Marruecos, la batalla diplomática consiste en modificar el centro de gravedad de la discusión hasta hacer que la propuesta de 2007 deje de aparecer como una iniciativa unilateral y se convierta en la referencia inevitable de cualquier negociación.

Grecia y Dinamarca son, en este sentido, dos piezas especialmente reveladoras. Una potencia mediterránea con creciente proyección hacia el norte de África y un país nórdico con una tradicional política exterior multilateral convergen en una misma conclusión: el Plan de Autonomía es una propuesta seria y creíble que puede servir de base para una solución política.

El avance no se explica por una ofensiva diplomática circunstancial. Es la consecuencia de una estrategia de largo plazo. Mohammed VI ha construido para Marruecos una red de alianzas en la que cada vínculo refuerza a los demás. Europa necesita a Marruecos para gestionar migraciones y seguridad; África lo considera un socio económico y una puerta hacia los mercados europeos; Estados Unidos lo contempla como un aliado estratégico en el Mediterráneo y África; y las nuevas cadenas energéticas y logísticas aumentan el valor geopolítico del reino.

En ese entramado, el Sáhara ocupa el centro, pero ya no está solo. Es el punto de convergencia de una política exterior mucho más amplia. Y la sucesión de respaldos europeos, desde París y Madrid hasta Copenhague y Atenas, muestra hasta qué punto Rabat ha conseguido convertir una cuestión territorial en una prueba de la utilidad estratégica de Marruecos para sus socios. La diplomacia de Mohammed VI parece haber entendido una regla elemental de la política internacional: los países rara vez cambian de posición por un argumento aislado; lo hacen cuando descubren que sus intereses nacionales empiezan a coincidir con la posición de su interlocutor.

 

El día en que la AfD dejó de ser solo un partido de protesta

 

La victoria de Alternativa para Alemania, con el 43,8% de los votos, no se explica únicamente por la inmigración ni por el malestar económico. Ulrich Siegmund consiguió convertir una elección regional en un plebiscito sobre Friedrich Merz, movilizar a antiguos abstencionistas y presentar a la extrema derecha como una fuerza capaz de gobernar sin renunciar a sus posiciones esenciales. El resultado abre una nueva etapa para Alemania y ofrece un inquietante precedente para la extrema derecha europea.

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Buenos Aires - Hay elecciones que cambian gobiernos y otras que cambian el clima político de un país. La celebrada el domingo en Sajonia-Anhalt pertenece a la segunda categoría. Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el 43,8% de los votos, 20 puntos más que en 2021, y se quedó a solo tres escaños de la mayoría absoluta. La CDU del canciller Friedrich Merz, que gobierna el Estado desde 2002, cayó hasta el 17,2%, aproximadamente la mitad de su anterior respaldo. La participación alcanzó el 76,5%, un dato particularmente revelador: la AfD no se limitó a recibir votos de otros partidos, sino que consiguió llevar a las urnas a ciudadanos que habitualmente no participaban.

El resultado constituye la mayor victoria electoral de la derecha radical alemana desde la Segunda Guerra Mundial. Pero su importancia no reside solamente en la magnitud del porcentaje. Por primera vez, una formación de extrema derecha se encuentra realmente a las puertas de gobernar un Estado federado alemán. El cordón sanitario que durante años mantuvo a la AfD fuera de los ejecutivos sigue vigente, pero su eficacia política ha quedado seriamente cuestionada. La cuestión ya no es si el partido puede ganar elecciones. Ha demostrado que puede hacerlo. La pregunta es si los demás partidos podrán seguir impidiendo que una fuerza que concentra casi la mitad de los votos gobierne.

El documento de análisis electoral elaborado antes de los comicios ya advertía que el resultado debía entenderse como la convergencia de varios factores: descontento con el Gobierno federal, debilitamiento de la CDU, preocupación por la inmigración, problemas económicos estructurales de la antigua Alemania Oriental y una campaña destinada a presentar a la AfD como una alternativa de gobierno y no solamente como una fuerza de protesta.

Un referéndum sobre Merz

La elección era regional, pero terminó funcionando como un referéndum sobre Berlín. Friedrich Merz pretendía recuperar para la CDU parte del electorado que había emigrado hacia la AfD mediante un discurso conservador más duro. El resultado sugiere que la estrategia ha fracasado, al menos en Sajonia-Anhalt. Los votantes que consideraban insuficientemente conservadora a la CDU encontraron una alternativa más contundente, mientras que aquellos que podían haber respaldado al centro-derecha no necesariamente se sintieron atraídos por su endurecimiento.

Siegmund no ocultó la dimensión nacional de la elección. Después de conocer el resultado afirmó que el triunfo constituía una señal para Berlín. Más revelador todavía fue su comentario durante la campaña: el propio Merz había sido, en su opinión, uno de los mejores propagandistas de la AfD. La impopularidad del canciller fue excepcionalmente elevada en el Estado; según una encuesta reciente, solamente el 9% de los electores se declaraba satisfecho con su política.

De este modo, AfD consiguió transformar una elección sobre carreteras, escuelas, empleo o administración regional en un juicio sobre la dirección de Alemania. El voto local adquirió una dimensión nacional y permitió canalizar hacia una sola papeleta un malestar mucho más amplio.

El territorio donde el progreso tarda en llegar

Sajonia-Anhalt ofrece un terreno particularmente fértil para esa estrategia. La reunificación transformó profundamente el territorio, pero no eliminó las diferencias de ingresos, productividad, estructura industrial y oportunidades laborales con los Estados occidentales. Más que una pobreza absoluta, existe una percepción persistente de atraso relativo y de que la prosperidad alemana se distribuye de manera desigual.

Los datos recientes permiten entender esa sensación. En 2025, el PIB del Estado cayó un 0,2% en términos reales, frente a un crecimiento del 0,2% en el conjunto de Alemania. El retroceso fue especialmente significativo en la industria manufacturera, con una caída real del 1,8%.

El mercado laboral tampoco ayuda a construir una sensación de seguridad. En agosto de 2026, la tasa de desempleo alcanzó el 8,2%, frente al 6,5% nacional, y 90.709 personas estaban registradas como desempleadas. La propia Agencia Federal de Empleo advertía de la debilidad coyuntural y señalaba que los trabajadores de origen extranjero contribuían de manera creciente a compensar el declive demográfico.

La inflación constituye otro componente de la frustración cotidiana. En agosto los precios aumentaron un 3,2% interanual, después del 2,7% de julio, con un incremento particularmente fuerte de la energía, cuyos precios crecieron un 11,7%. El comercio minorista, además, registró en el primer semestre de 2026 una caída real del 2,4%.

Y la pobreza relativa sigue siendo considerablemente superior a la media nacional. En 2025, el 21,3% de los habitantes se encontraba en riesgo de pobreza y el 24,1% estaba expuesto a riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 21,2% en Alemania.

Sobre este paisaje económico se superpone una memoria política particular. Una parte de la población de la antigua Alemania Oriental conserva la sensación de que la reunificación significó incorporarse a un sistema diseñado desde el Oeste. La AfD ha convertido esa memoria en un instrumento político: habla de abandono, de élites alejadas de las provincias y de una Alemania oriental que habría pagado un precio excesivo por transformaciones decididas en Berlín.

El efecto Siegmund

En ese contexto aparece Ulrich Siegmund, de 35 años, un político muy distinto de la imagen tradicional del dirigente de extrema derecha. Nacido en Havelberg en 1990, estudió psicología económica y administración de empresas, trabajó en el sector privado y es diputado regional desde 2016.

Su principal activo electoral no es tanto la radicalidad de sus posiciones como su capacidad para hacerlas digeribles. Siegmund habla con un tono afable, utiliza un lenguaje cotidiano y cultiva deliberadamente una imagen de político próximo al ciudadano. Durante la campaña recurrió incluso a símbolos de la Alemania Oriental, entre ellos los populares ciclomotores Simson, para construir una relación emocional con un electorado que se siente poco representado por las élites nacionales.

La estrategia contiene una paradoja fundamental. Siegmund ha moderado la forma de comunicación de la AfD mucho más que su contenido esencial. Su campaña proyectó una formación amable, racional y pragmática, pero el programa mantiene posiciones radicales en inmigración, energía, educación y política exterior. El ZDF resumió esa contradicción señalando que el tono de Siegmund era amistoso mientras el programa aprobado por la formación conservaba propuestas profundamente radicales.

Su programa contempla deportaciones inmediatas de personas sin residencia legal, centros adicionales para expulsiones, clases separadas para determinados hijos de refugiados y programas obligatorios de trabajo para solicitantes de asilo. También plantea reducir el peso de la radiotelevisión pública, eliminar determinados programas de financiación política y modificar profundamente la política energética.

En energía, la AfD propone detener la expansión de la energía eólica, terminar con determinadas subvenciones a las renovables y recuperar los vínculos energéticos con Rusia, incluida la reapertura de Nord Stream. En materia fiscal promete reducir impuestos y burocracia y limitar el crecimiento del Estado.

La inmigración continúa siendo, sin embargo, el núcleo identitario del proyecto. La AfD defiende una política de fuerte restricción de la entrada, deportaciones y “remigración”. El partido cuestiona asimismo la política climática, se opone a buena parte de las políticas de género y mantiene una posición favorable a restablecer relaciones más estrechas con Rusia.

De la protesta a la adhesión

Quizá la clave más importante del resultado esté en lo que ocurrió fuera de los circuitos tradicionales de transferencia de votos. La AfD no solamente recibió antiguos electores de la CDU. Una parte sustancial de su crecimiento procedió de antiguos abstencionistas. La participación extraordinariamente elevada convirtió el descontento latente en participación efectiva.

Ese fenómeno explica por qué sería insuficiente interpretar el resultado como una protesta pasajera. La AfD consiguió reunir tres electorados que hasta ahora habían tenido comportamientos diferentes: quienes querían castigar al Gobierno, quienes comparten su ideología nacionalista y antiinmigración y quienes, sin identificarse necesariamente con todo el programa, creen que el partido ofrece una alternativa más eficaz que unas formaciones tradicionales debilitadas.

La transformación es políticamente decisiva. Un partido de protesta necesita que exista un adversario contra el cual votar. Un partido que se convierte en alternativa necesita convencer al elector de que puede gobernar. En Sajonia-Anhalt, la AfD ha dado un paso importante hacia esa segunda condición.

Una señal que atraviesa Alemania

La victoria tampoco garantiza que Siegmund vaya a ocupar la jefatura del Gobierno regional. La AfD tiene 39 de los 83 escaños y necesita apoyos. El BSW, con cinco diputados, puede resultar decisivo, aunque los partidos tradicionales mantienen formalmente el rechazo a cualquier coalición con la extrema derecha.

Pero incluso si Siegmund no logra gobernar, el efecto político ya se ha producido. La barrera psicológica ha sido superada. El electorado ha demostrado que está dispuesto a entregar casi la mitad de los votos de un Estado federado a una formación que durante décadas estuvo confinada al margen del sistema político. El propio análisis electoral del documento de referencia concluye que el problema de la AfD ha dejado de ser exclusivamente electoral y se ha convertido en un problema de gobernabilidad para Alemania.

El laboratorio europeo

La repercusión de Sajonia-Anhalt puede ser mayor fuera de sus fronteras. La lección que observarán Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni y Roberto Vannacci en Italia, Nigel Farage en Reino Unido o Vox en España no será solamente que el malestar favorece a la extrema derecha. Será que una formación radical puede ampliar su electorado cuando consigue presentar un rostro más convencional sin abandonar las posiciones que constituyen su identidad.

Ese es probablemente el elemento más exportable de la experiencia de Siegmund: moderar el personaje, no necesariamente el programa; transformar una elección sobre problemas concretos en un plebiscito sobre el Gobierno nacional; y convertir a los abstencionistas en una reserva electoral.

El resultado alemán no permite afirmar que la extrema derecha vaya a ganar inevitablemente las próximas elecciones europeas. Italia demuestra que puede alcanzar el poder y estabilizarse, mientras Países Bajos muestra que también puede fracasar en el Gobierno. Francia, con Marine Le Pen al frente de los sondeos, será probablemente la prueba decisiva. Pero Sajonia-Anhalt ha proporcionado a los partidos radicales europeos algo más valioso que una victoria: un método.

La AfD ha descubierto que puede dejar de pedir al elector que proteste y empezar a pedirle que confíe. Esa diferencia, mucho más profunda que un porcentaje electoral, es la verdadera noticia llegada el domingo desde Magdeburgo.

 

China pone sus ojos en el Canal de Suez

La primera visita de Xi Jinping a Egipto en una década, coincidente con los 70 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, va mucho más allá de la celebración de una antigua amistad. China busca convertir a Egipto en una plataforma económica, tecnológica y diplomática hacia el mundo árabe y África, mientras El Cairo intenta diversificar sus alianzas sin romper con Washington. El Canal de Suez, la energía, las nuevas tecnologías y la cooperación militar sitúan el encuentro en el centro de la nueva disputa por la influencia en Oriente Medio.

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El Cairo ha recibido a Xi Jinping con banderas chinas, ceremonias militares y una escenografía destinada a recordar que la relación entre China y Egipto tiene una historia más profunda que la actual rivalidad entre Pekín y Washington. Pero detrás de los gestos protocolares existe una realidad mucho más contemporánea: China está tratando de convertir su creciente presencia económica en influencia estratégica, y Egipto pretende aprovechar esa competencia para ampliar su margen de maniobra internacional.

La visita de Xi, la primera a Egipto desde 2016, realizada en el 70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, llega además en un momento excepcionalmente delicado para Oriente Medio. La guerra entre Estados Unidos e Irán, las consecuencias del conflicto de Gaza, las incertidumbres sobre las rutas energéticas y una percepción creciente de que el orden regional está cambiando han creado un escenario favorable para que Pekín se presente como una potencia capaz de ofrecer alternativas a la tradicional arquitectura de seguridad dominada por Washington.

Egipto ocupa una posición privilegiada en esa estrategia. Es el país árabe más poblado, controla el Canal de Suez, posee una influencia política considerable en el mundo árabe y mantiene vínculos históricos con África. Para China, El Cairo es simultáneamente mercado, plataforma industrial, corredor logístico y puerta de entrada a dos regiones consideradas prioritarias por Pekín.

Una relación que dejó de ser simbólica

Egipto fue el primer Estado árabe y africano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, en 1956. La relación adquirió una nueva dimensión en 2014, cuando ambos Gobiernos la elevaron a la categoría de asociación estratégica integral. Desde entonces, la cooperación se ha extendido desde la diplomacia y las infraestructuras hasta la energía, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, el espacio, la industria y la defensa.

El resultado es visible en el paisaje de El Cairo. Empresas chinas han construido el distrito central de negocios de la Nueva Capital Administrativa, incluida la Iconic Tower, de casi 386 metros, y han participado en el ferrocarril eléctrico que conecta El Cairo con las nuevas ciudades del este. Cerca del Canal de Suez, la zona industrial chino-egipcia de Ain Sokhna se ha convertido en uno de los principales símbolos de la penetración económica china.

El comercio bilateral se aproximó a los 21.000 millones de dólares en 2025, según las autoridades egipcias, aunque la relación presenta un desequilibrio considerable. En los primeros seis meses de 2026 Egipto exportó a China unos 841 millones de dólares, mientras sus importaciones alcanzaron los 10.400 millones. La maquinaria, los equipos eléctricos, los vehículos, el acero, los plásticos y los productos químicos dominan las compras egipcias. China, por tanto, no solo vende a Egipto: aspira a producir dentro de Egipto y utilizar el país como plataforma de exportación hacia África y otros mercados.

Ese es precisamente el siguiente capítulo de la relación. El Gobierno de Abdel Fattah Al Sisi quiere que la inversión china deje de estar concentrada en grandes obras de infraestructura y genere mayor transferencia tecnológica, fabricación local y empleo. Vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, inteligencia artificial, telecomunicaciones, manufactura avanzada y construcción naval aparecen entre las áreas que El Cairo pretende desarrollar con capital y tecnología chinos.

La propia presidencia egipcia ha señalado que la localización industrial y la transferencia tecnológica constituyen prioridades de la nueva etapa.

El Canal de Suez, la verdadera joya estratégica

Para Pekín, sin embargo, ninguna infraestructura egipcia posee tanta importancia como el Canal de Suez, especialmente después de haber perdido parte de sus intereses en otro emplazamiento estratégico: el Canal de Panamá.

China es una potencia comercial cuya economía depende de la seguridad de las rutas marítimas que conectan Asia con Europa. El canal constituye uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio mundial y permite evitar la larga circunnavegación de África. La guerra y las interrupciones en otras rutas han aumentado todavía más su valor estratégico.

Egipto controla además el oleoducto SUMED, que conecta el mar Rojo con el Mediterráneo. La Administración de Información Energética de Estados Unidos considera tanto al canal como al SUMED infraestructuras fundamentales para los mercados energéticos internacionales.

La ecuación es especialmente significativa para China porque las crisis del estrecho de Ormuz y del mar Rojo han demostrado hasta qué punto las cadenas de suministro pueden quedar expuestas a conflictos regionales. Tener una relación privilegiada con el Estado que controla Suez permite a Pekín reducir riesgos comerciales y, al mismo tiempo, aumentar su capacidad de influencia sobre una de las principales arterias del comercio entre Asia y Europa.

Por eso la relación chino-egipcia no puede entenderse simplemente como una asociación entre un país industrial y otro necesitado de inversiones. Para Pekín, Egipto forma parte de una geografía mucho mayor: es el punto donde confluyen Asia, Europa, África y Oriente Medio.

Petróleo y gas: menos reservas, más importancia estratégica

El interés energético chino por Egipto también existe, aunque conviene evitar una interpretación simplista. Egipto no posee las gigantescas reservas petroleras de Arabia Saudí, Irak o Irán, ni sus reservas gasíferas convierten al país en una superpotencia energética mundial. Su importancia reside en la combinación entre recursos, infraestructura y posición geográfica.

El descubrimiento de Zohr transformó a Egipto en un actor central del gas del Mediterráneo oriental. El país dispone además de instalaciones de gas natural licuado en Idku y Damietta y es el único Estado del Mediterráneo oriental con capacidad operativa de exportación de GNL. Esto permite a Egipto recibir gas de otros productores regionales, procesarlo y eventualmente enviarlo a los mercados internacionales.

La paradoja es que Egipto atraviesa simultáneamente una crisis de producción interna. El crecimiento de la demanda eléctrica y el declive de algunos campos han obligado al país a importar GNL pese a sus ambiciones de convertirse nuevamente en un centro regional de exportación. Los recientes descubrimientos de gas, entre ellos Denise West, ofrecen una perspectiva favorable, pero los especialistas advierten que no serán suficientes por sí solos para transformar inmediatamente el balance energético egipcio.

Para China, por tanto, la importancia energética de Egipto no se limita a comprar petróleo o gas egipcio. Lo verdaderamente valioso es su posición como plataforma energética del Mediterráneo oriental, capaz de conectar potencialmente los recursos de Egipto, Israel y Chipre con los mercados internacionales. Es una lógica similar a la que Pekín aplica a Suez: controlar o asociarse con nodos estratégicos puede ser más importante que poseer directamente grandes reservas.

Los aviones que inquietan a Washington

La dimensión militar constituye quizá el aspecto más novedoso de la relación.

Egipto continúa siendo uno de los principales receptores de asistencia militar estadounidense y durante décadas ha considerado a Washington su socio fundamental en materia de seguridad. La ayuda militar estadounidense ronda los 1.300 millones de dólares anuales y las Fuerzas Armadas egipcias utilizan una mezcla de equipamiento estadounidense, francés y de otros proveedores occidentales.

Pero El Cairo ha comenzado a diversificar deliberadamente sus opciones. En agosto, aviones de combate chinos J-16 realizaron maniobras con Rafale franceses de la Fuerza Aérea egipcia en el ejercicio Eagles of Civilization. Las maniobras incluyeron entrenamiento de combate aéreo, superioridad aérea, búsqueda y rescate y despliegue conjunto. Es un salto cualitativo respecto de la cooperación militar meramente simbólica.

Para Pekín, estas maniobras tienen un valor que excede la relación bilateral. Permiten demostrar que la Fuerza Aérea china puede operar lejos de su territorio y familiarizarse con sistemas occidentales de primera línea. Para Egipto, representan una señal inequívoca de que no desea depender de un único proveedor estratégico.

Ayman Zaineldine, antiguo diplomático egipcio, resumió la lógica de El Cairo al señalar que Egipto busca ampliar sus relaciones con las grandes potencias y que esa política coincide con el objetivo chino de aumentar su presencia internacional.

El delicado juego con Estados Unidos

La cuestión central para Washington no es que Egipto vaya a convertirse mañana en un aliado chino. No parece ser ese el objetivo de El Cairo. La estrategia de Al Sisi es más sofisticada: mantener a Estados Unidos como garante fundamental de la seguridad mientras utiliza a China, Rusia, Europa y los países del Golfo para ampliar sus alternativas económicas y diplomáticas.

Es una política de equilibrio.

Egipto necesita a Estados Unidos por razones militares, financieras y diplomáticas. Washington, por su parte, necesita a Egipto por el Canal de Suez, por su peso en el mundo árabe, por su papel en Gaza y por su capacidad de interlocución con actores regionales.

Pero esa dependencia ya no es absoluta. El crecimiento chino ofrece a Al Sisi una alternativa económica y tecnológica, mientras que la creciente cooperación militar demuestra que Pekín puede convertirse gradualmente en un proveedor adicional de capacidades estratégicas.

La cuestión tecnológica puede ser todavía más sensible. China busca ampliar su presencia en inteligencia artificial y telecomunicaciones en Egipto, incluido un proyecto de gran centro de datos de Huawei. Egipto es especialmente atractivo porque por su territorio pasan cables submarinos que conectan Europa, Asia y Oriente Medio. Washington observa con preocupación que infraestructuras digitales críticas puedan quedar vinculadas a empresas chinas.

Una nueva pieza en el tablero de Oriente Medio

La visita de Xi no altera por sí sola el equilibrio de poder regional, pero sí confirma una tendencia: Oriente Medio está dejando de ser un espacio donde la influencia estadounidense pueda darse por descontada.

Pekín no parece dispuesto a sustituir militarmente a Washington. Su modelo es diferente. China ofrece comercio, infraestructura, tecnología, financiación y, cada vez más, cooperación diplomática y militar. Su intervención en la reconciliación entre Arabia Saudí e Irán ya había mostrado que pretende desempeñar un papel político mayor.

Ahora Xi propone incluso una arquitectura regional de seguridad menos dependiente de potencias externas, en un discurso que encaja con la defensa china de un mundo multipolar.

Egipto es una pieza particularmente adecuada para esa estrategia. No es un Estado subordinado a Pekín, ni pretende abandonar a Estados Unidos. Precisamente por eso resulta útil: su acercamiento a China demuestra que un aliado histórico de Washington puede ampliar sus vínculos sin romper con Occidente.

La visita de Xi debe interpretarse, por tanto, como una operación de largo alcance. China no busca solamente vender trenes, construir edificios o invertir en fábricas egipcias. Busca consolidar una posición alrededor de los corredores por los que circulan mercancías, energía, datos e influencia política.

Y Egipto sabe que su valor estratégico acaba de aumentar. En un Oriente Medio atravesado por guerras, sanciones y alianzas cambiantes, el país que controla Suez, influye sobre Gaza y mantiene abiertas sus relaciones con Washington, Pekín, Moscú, Europa y las monarquías del Golfo posee algo que escasea cada vez más: capacidad de maniobra.

La fotografía de Xi y Al Sisi en El Cairo representa, en ese sentido, algo más que una celebración de siete décadas de amistad. Es el retrato de un orden internacional en transición.

 

Organización de Cooperación de Shanghái, la otra cara del nuevo orden mundial

La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái ha mostrado en la capital de Kirguistán hasta qué punto Eurasia está construyendo espacios de poder capaces de reducir la centralidad de Estados Unidos. China, Rusia, India e Irán, acompañados por otras seis naciones, reúnen una formidable combinación de población, territorio, energía, materias primas y capacidad económica. No forman una alianza militar ni un bloque compacto, pero la OCS empieza a funcionar como una de las principales plataformas desde las que se negocia el tránsito hacia un sistema internacional más multipolar.

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Buenos Aires - Hay fotografías que explican mejor una época que muchos tratados. La de Xi Jinping, Vladímir Putin y Narendra Modi compartiendo escenario en Biskek pertenece a esa categoría. El presidente chino, el líder ruso y el primer ministro indio representan intereses profundamente diferentes y mantienen entre sí rivalidades que en ocasiones son difíciles de disimular. Sin embargo, los tres han encontrado en la Organización de Cooperación de Shanghái un espacio común suficientemente amplio como para defender una idea que hasta hace pocos años parecía más una aspiración que una realidad: el poder mundial ya no puede organizarse alrededor de un único centro.

La cumbre celebrada el 1 de septiembre en la capital de Kirguistán, coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario de la organización, ha servido para confirmar esa transformación. La OCS, creada en 2001 a partir de los antiguos Cinco de Shanghái, nació esencialmente como un mecanismo destinado a resolver disputas fronterizas y combatir el terrorismo, el separatismo y el extremismo. Hoy agrupa a diez países y se ha convertido en un foro de seguridad, comercio, energía, tecnología, conectividad y diplomacia internacional.

Su dimensión resulta difícil de ignorar. China, India y Rusia se encuentran entre las mayores economías del planeta; Irán es una potencia energética de primer orden; Pakistán posee armas nucleares; y las repúblicas de Asia Central ocupan una posición estratégica entre China, Rusia, Oriente Próximo y Europa. En conjunto, los miembros de la OCS representan alrededor del 43% de la población mundial y aproximadamente una cuarta parte del PIB global.

Pero las estadísticas demográficas y económicas apenas cuentan una parte de la historia. La verdadera importancia de la organización reside en la acumulación de recursos estratégicos. Sus miembros concentran aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo y cerca de la mitad de las reservas probadas de gas natural. En las tierras raras, cuya importancia para las industrias electrónica, energética, aeroespacial y militar crece aceleradamente, China, India y Rusia concentran conjuntamente alrededor del 60% de las reservas conocidas. El dato adquiere especial relevancia porque China no solo dispone de grandes reservas: domina además buena parte de las fases de procesamiento y refinamiento de estos minerales.

Es, por tanto, una organización asentada sobre una formidable base material. Territorio, población, energía, minerales críticos, corredores comerciales y mercados internos se combinan en un espacio que se extiende desde Europa oriental hasta el Extremo Oriente y desde el Ártico hasta el océano Índico.

La pregunta que comienza a plantearse en las capitales occidentales es inevitable: ¿está naciendo un bloque alternativo a Occidente?

La respuesta exige cierta prudencia. La OCS no es una OTAN asiática. Sus miembros no están obligados a defenderse mutuamente ni existe una estructura militar integrada. Tampoco poseen una política exterior común. La rivalidad entre India y Pakistán continúa siendo profunda; India y China mantienen una competencia estratégica; Rusia y China tienen intereses divergentes en Asia Central; y los pequeños Estados centroasiáticos procuran evitar convertirse en simples piezas de cualquiera de las grandes potencias.

Precisamente por ello resulta más interesante observar lo que la OCS sí está construyendo.

La Declaración de Biskek y los documentos aprobados durante la cumbre ampliaron considerablemente el campo de cooperación. Se adoptaron acuerdos sobre seguridad y narcotráfico, inteligencia artificial, centros de datos, protección medioambiental, energía, transporte y logística. La organización también avanzó en la creación de mecanismos financieros y en la utilización de monedas nacionales para el comercio entre sus integrantes.

No se trata de una revolución financiera inmediata. El dólar continúa siendo la principal moneda de reserva y de transacción internacional y las instituciones financieras occidentales mantienen una influencia extraordinaria. Pero la dirección del movimiento es significativa. Rusia, sometida a amplias sanciones occidentales, tiene un interés evidente en reducir su dependencia del sistema financiero dominado por Estados Unidos. China observa con atención esa experiencia. India, aunque mantiene estrechos vínculos económicos y tecnológicos con Washington, tampoco desea que sus opciones estratégicas puedan quedar condicionadas por decisiones adoptadas en otra capital.

Vladímir Putin lo expresó con claridad durante la cumbre. Según el presidente ruso, más del 98% de las operaciones comerciales de Rusia con los miembros de la OCS ya se realizan en monedas nacionales. Moscú aspira además a que el eventual Banco de Desarrollo de la organización tenga independencia respecto de las estructuras financieras occidentales.

China, sin embargo, parece perseguir un objetivo más sofisticado que la simple construcción de un bloque antiestadounidense. Xi Jinping ha hablado de un mundo “multipolar igualitario y ordenado”, de una reforma de la gobernanza internacional y de la necesidad de preservar el papel central de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, Beijing impulsa proyectos de infraestructura, energía renovable, inteligencia artificial, centros de datos y corredores comerciales capaces de proporcionar a Eurasia mayor autonomía.

El mensaje chino consiste menos en destruir el sistema internacional existente que en modificar la distribución del poder dentro de él.

Ese matiz es importante. El especialista de Carnegie Endowment Evan A. Feigenbaum advertía durante la cumbre contra la interpretación simplista de la OCS como una organización en la que Rusia estaría perdiendo su “patio trasero” frente a China. A su juicio, la organización nació fundamentalmente como un instrumento chino y la presencia económica de Beijing en Asia Central lleva ya décadas siendo determinante.

La investigación académica reciente también invita a evitar las conclusiones precipitadas. James MacHaffie, en Asia & the Pacific Policy Studies, considera que la OCS posee capacidad para convertirse en un importante mecanismo de equilibrio frente a las estructuras de seguridad occidentales, pero advierte que las rivalidades entre sus principales miembros podrían limitar seriamente esa posibilidad. Susanne Weigelin-Schwiedrzik, especialista en China y Rusia, llega a una conclusión similar desde otra perspectiva: las limitaciones de la OCS difícilmente desaparecerán mientras China, Rusia e India no alcancen algún tipo de entendimiento sobre la distribución del poder dentro de la propia organización.

India constituye quizá el mejor ejemplo de esa ambivalencia. Narendra Modi no acudió a Biskek para incorporarse a una cruzada contra Estados Unidos. Nueva Delhi mantiene una relación estratégica con Washington y participa en el Quad junto a Estados Unidos, Japón y Australia. Pero India también compra energía rusa, desarrolla vínculos con Irán y participa en la OCS porque entiende que el mundo que emerge no puede ser administrado exclusivamente desde las instituciones creadas bajo predominio occidental.

Modi aprovechó incluso su encuentro con Putin para reclamar nuevamente el final de la guerra en Ucrania. La escena sintetiza perfectamente la naturaleza de la OCS: cooperación sin subordinación y convergencia sin alianza.

También resulta significativo lo ocurrido con Irán. La cumbre respaldó la soberanía iraní y condenó los ataques contra su territorio, mientras reclamó el respeto de su derecho al desarrollo nuclear con fines pacíficos. En cambio, la guerra de Ucrania quedó prácticamente fuera de la declaración colectiva, precisamente porque no existe consenso entre los miembros sobre el conflicto.

Esa diferencia revela la verdadera lógica de Biskek. Los miembros pueden coincidir en que no desean un sistema internacional excesivamente dependiente de Washington sin compartir necesariamente las políticas exteriores de Moscú, Beijing o Teherán.

La expansión de la OCS tampoco se detiene en sus diez miembros. Turquía, que mantiene desde 2012 el estatus de socio de diálogo, ha expresado nuevamente su aspiración de incorporarse plenamente. El presidente Recep Tayyip Erdogan, sin embargo, se apresuró a aclarar tras la cumbre que el acercamiento a China y Rusia no supone abandonar las alianzas occidentales. Esa declaración constituye otra prueba de que el nuevo sistema internacional se parece menos a una división en dos bloques que a una compleja red de asociaciones superpuestas.

Ahí reside, probablemente, la mayor trascendencia de la OCS.

Durante la Guerra Fría, la lógica internacional tendía a organizarse alrededor de bloques relativamente definidos. Hoy las grandes potencias cooperan en un ámbito, compiten en otro y mantienen alianzas cruzadas en un tercero. India puede pertenecer simultáneamente a la OCS y al Quad. Turquía puede ser miembro de la OTAN y aspirar a una relación más estrecha con la OCS. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos pueden mantener estrechos vínculos con Washington mientras profundizan sus relaciones con Beijing y Moscú.

La OCS no necesita convertirse en una alianza militar para modificar el equilibrio mundial. Le basta con contribuir a que sus miembros tengan más alternativas. Alternativas energéticas. Alternativas financieras. Alternativas tecnológicas. Alternativas logísticas. Alternativas diplomáticas.

En ese sentido, la organización representa una de las respuestas más visibles al uso creciente de sanciones, restricciones comerciales, controles tecnológicos y medidas financieras como instrumentos de poder internacional. Cuanto mayor sea la percepción de que el acceso a los mercados, al crédito, a las tecnologías o al sistema de pagos puede ser utilizado como mecanismo de presión, mayor será el incentivo de las potencias emergentes para desarrollar redes alternativas.

Biskek no ha proclamado el nacimiento de un nuevo imperio ni la desaparición del orden occidental. Ha mostrado algo más importante y probablemente más duradero: que el monopolio de la capacidad para definir las reglas internacionales está siendo cuestionado.

La OCS todavía tiene demasiadas contradicciones para convertirse en un bloque compacto. Pero quizá ese no sea su propósito. Su verdadera fuerza puede estar precisamente en ser una plataforma flexible donde potencias que no confían plenamente unas en otras encuentran razones suficientes para cooperar.

La fotografía de Biskek, por tanto, no anuncia una nueva Guerra Fría. Anuncia algo más incierto: un mundo en el que ya no será posible asumir que todas las grandes decisiones se tomarán en Washington, Bruselas o las capitales occidentales.

Y esa transformación, más silenciosa que espectacular, puede ser el acontecimiento geopolítico más importante de la cumbre.

 

Moscú no necesita invadir Europa para poner a prueba a la OTAN

Las amenazas rusas contra Reino Unido y Francia, el envío de tecnología de misiles de largo alcance a Ucrania y las señales cruzadas de Washington dibujan un escenario de baja probabilidad de guerra abierta y de riesgo creciente de una operación limitada, híbrida o deliberadamente ambigua.

 

Buenos Aires - La posibilidad de que Rusia ataque a un Estado miembro de la OTAN no puede descartarse. Pero una invasión convencional deliberada de territorio aliado, en el horizonte inmediato, sigue siendo un escenario de baja probabilidad. El problema estratégico que se abre ahora es otro, más difícil de nombrar y más difícil de gestionar: una acción limitada, encubierta o de naturaleza híbrida, calibrada para erosionar la cohesión política de la Alianza sin cruzar de forma inequívoca el umbral que activaría una respuesta militar colectiva.

Esa distinción —entre capacidad de dañar y decisión de conquistar— es la que importa. Rusia puede golpear. No está claro que pueda, ni que quiera, sostener una guerra contra una coalición superior en recursos económicos, industriales y tecnológicos. El Kremlin lo sabe. Por eso el instrumento más racional, desde su punto de vista, no es todavía la ofensiva clásica, sino la coerción: amenazas, sabotaje, ciberataques, interferencias y operaciones cuya autoría o calificación jurídica puedan discutirse.

La línea que se desdibuja

Durante las primeras fases de la guerra de Ucrania, Moscú intentó preservar una frontera relativamente nítida entre la asistencia occidental a Kiev y la intervención directa de los Estados de la OTAN. Esa frontera se ha ido diluyendo. El motivo no es solo el volumen de armas entregadas, sino el tipo de armas y el grado de implicación en su empleo.

Los misiles de crucero Storm Shadow británicos y sus equivalentes franceses SCALP permiten atacar objetivos situados a gran distancia del frente. La decisión de Londres —anunciada esta misma semana, durante la visita a Kiev del primer ministro británico, Andy Burnham— de facilitar a Ucrania tecnología clasificada para producir esos sistemas en su propio territorio modifica el problema. Ya no se trata únicamente de transferir munición. Se trata de contribuir a una capacidad ucraniana más autónoma de ataque profundo.

Desde la perspectiva rusa, lo decisivo no es que Ucrania posea un misil concreto. Lo decisivo es quién aporta la tecnología, quién sostiene la logística, quién facilita inteligencia y quién participa, de un modo u otro, en la cadena que termina en un impacto dentro de Rusia. Esa ambigüedad es precisamente la que Moscú utiliza para justificar sus amenazas.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, acusó esta semana a Reino Unido y Francia de “jugar con fuego” y advirtió que cualquier instalación o equipo militar británico, “en Ucrania u otros lugares”, podría ser objeto de represalias si Kiev sigue empleando armamento británico contra territorio ruso. No es una fórmula nueva, pero el tono es más explícito. El mensaje tiene un doble propósito: disuadir a Londres y París de profundizar su asistencia, y establecer una regla de reciprocidad. Si Occidente permite ataques profundos con sistemas occidentales, Rusia se reserva el derecho de considerar legítimos determinados objetivos occidentales.

Amenaza no es todavía decisión de guerra

En análisis estratégico conviene separar tres variables: capacidad, intención y oportunidad. Rusia tiene capacidad para atacar ciertos objetivos europeos. Tiene, además, un incentivo creciente para modificar por la vía de la coacción la conducta de los aliados. De ahí no se sigue que el Kremlin haya resuelto iniciar una guerra contra la OTAN.

El coste de esa decisión sería extraordinario. Un ataque inequívoco contra territorio de un aliado podría activar el artículo 5° del Tratado de Washington: un ataque armado contra uno se considera un ataque contra todos. Moscú se expondría entonces a una coalición muy superior. El cálculo cambia, sin embargo, si la operación es ambigua. Un ciberataque grave, un sabotaje contra infraestructura crítica, una interferencia electrónica, un incidente fronterizo o una acción clandestina cuya autoría resulte discutible no producen automáticamente el mismo efecto político que una invasión.

La OTAN ha reconocido que determinados ataques híbridos y cibernéticos de suficiente gravedad podrían llegar a considerarse dentro del ámbito del artículo 5°. Esa admisión es, a la vez, una advertencia y una zona gris. El objetivo ruso más sofisticado no sería conquistar Tallin o Riga, sino obligar a los aliados a discutir si se hallan ante un ataque armado, un incidente o una operación encubierta. En esa discusión reside la prueba de la credibilidad de la Alianza.

Londres, París y el Báltico

Reino Unido es hoy uno de los principales puntos de fricción. La transferencia tecnológica de los Storm Shadow altera, a ojos de Moscú, la relación entre el proveedor occidental y el usuario ucraniano. Se abren, en términos analíticos, tres escenarios. El más probable es que las amenazas permanezcan en el terreno de la disuasión verbal. El segundo sería una respuesta rusa contra instalaciones vinculadas al apoyo británico, pero situadas en territorio ucraniano: una escalada, todavía no un ataque a la OTAN. El tercero, de baja probabilidad y altísimo impacto, sería una operación contra un objetivo británico en el Reino Unido o en otro Estado aliado.

Francia presenta una analogía y una diferencia. París comparte con Londres la responsabilidad sobre el SCALP/Storm Shadow, pero posee una capacidad militar y nuclear autónoma y una tradición de política exterior menos subordinada a Washington. Un golpe contra territorio francés tendría, por eso, una carga estratégica particularmente sensible.

Si Rusia decidiera poner a prueba militarmente a la Alianza, los Estados bálticos seguirían siendo el teatro más delicado. Estonia, Letonia y Lituania combinan proximidad geográfica a Rusia y Bielorrusia, tiempos de reacción reducidos y la presencia de Kaliningrado. Precisamente porque son miembros de la OTAN, una agresión abierta tendría consecuencias mayores que una operación contra un Estado no aliado. De ahí que el escenario más plausible no sea una invasión de gran escala, sino una crisis local diseñada para sembrar duda sobre la naturaleza del ataque.

Washington habla en dos registros

A esa tensión se suma una aparente contradicción estadounidense. El presidente Donald Trump afirmó el 27 de agosto que Vladímir Putin “no va a atacar” territorio de la OTAN y que esa posibilidad no le preocupa. Al mismo tiempo, informaciones publicadas en Estados Unidos —empezando por The Wall Street Journal— indicaron que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú y trasladó a interlocutores rusos la preocupación estadounidense ante una eventual acción contra un aliado. Trump restó importancia al viaje y negó que Ratcliffe llevara un mensaje extraordinario. Fuentes consultadas por agencias internacionales sostienen, en cambio, que la posibilidad de una operación contra un miembro de la Alianza sí se planteó.

No es imprescindible interpretar esa discrepancia como una fractura estratégica. Puede ser, simplemente, la división clásica entre comunicación pública y gestión confidencial del riesgo. Washington puede intentar cerrar una vía de escalada en privado mientras el presidente procura, en público, evitar una espiral de alarma. Una cosa es considerar improbable un ataque. Otra, muy distinta, es no prepararse para él.

El Kremlin, por su parte, ha calificado de “historias para asustar” los reportes sobre una ofensiva contra la OTAN. El portavoz Dmitri Peskov negó planes de ese tipo y acusó a Europa de hostilidad. La negación no cierra el análisis: forma parte del mismo repertorio de señales contradictorias.

Lo que Rusia puede hacer y lo que no puede sostener

Hay un argumento material que reduce la probabilidad de una ofensiva convencional inmediata: Rusia sigue comprometida en Ucrania. Abrir un segundo frente contra la OTAN exigiría unidades terrestres, aviación, municiones, defensa aérea y logística en una escala que Moscú no parece en condiciones de sustraer del teatro ucraniano sin debilitar su campaña principal. Poder atacar no es lo mismo que poder ocupar y sostener territorio aliado.

Eso no convierte a Rusia en un actor inerme. Su arsenal de misiles, sus capacidades cibernéticas, la guerra electrónica, la aviación estratégica, los submarinos y, sobre todo, las armas nucleares constituyen un instrumento de coerción formidable. La retórica nuclear ha acompañado la guerra de Ucrania desde el primer año. Un empleo nuclear contra un miembro de la Alianza sería, no obstante, una ruptura cualitativa de consecuencias incontrolables. El uso más plausible del factor nuclear no es el disparo inmediato, sino la disuasión inversa: convencer a los gobiernos occidentales de que una respuesta demasiado enérgica entrañaría un riesgo inaceptable.

En la cumbre de Ankara de julio de 2026, los aliados reafirmaron el compromiso con el artículo 5° y definieron a Rusia como amenaza de largo plazo para la seguridad euroatlántica. Anunciaron nuevas adquisiciones, insistieron en el refuerzo de las capacidades convencionales, nucleares, antimisiles, cibernéticas y espaciales, y comprometieron un apoyo militar a Ucrania de 70.000 millones de euros para 2026. La declaración no elimina la duda política que Moscú busca explotar: si la solidaridad aliada es tan automática como afirma la doctrina.

Indicadores, no profecías

La diferencia entre la amenaza retórica y la preparación operativa se mide en indicadores. Una movilización extraordinaria fuera del teatro ucraniano, el desplazamiento de unidades aéreas y navales hacia posiciones desde las que se pueda alcanzar territorio aliado, un aumento sustancial de la actividad de inteligencia rusa en países de la OTAN, evacuaciones diplomáticas, acumulación de munición de precisión o cambios en el despliegue de fuerzas nucleares serían señales de otro orden. También lo sería un incremento coordinado de sabotajes contra infraestructura crítica europea, acompañado de campañas de desinformación destinadas a presentar a los gobiernos como incapaces de proteger a sus ciudadanos.

La aparición simultánea de varias de esas señales sería particularmente grave. Su ausencia, mientras continúan las advertencias públicas, favorece la interpretación de que Moscú está usando la retórica como instrumento de coerción, no como preludio inmediato de una ofensiva.

El factor decisivo sigue siendo el cálculo de costes y beneficios del Kremlin. Mientras Putin considere que una guerra abierta con la OTAN pondría en peligro intereses fundamentales de Rusia, la disuasión debería funcionar. El riesgo aparece si Moscú concluye que la Alianza está políticamente dividida, que Estados Unidos reducirá de forma sustancial su compromiso militar en Europa o que una operación limitada puede ejecutarse sin desencadenar una respuesta colectiva contundente.

Ese es, en los próximos meses, el verdadero dilema estratégico. No una invasión rusa de Europa. Una operación pensada para demostrar que el artículo 5° puede ponerse a prueba sin provocar una guerra general. Por eso la credibilidad de la disuasión aliada —no solo el inventario de misiles o el texto de las declaraciones— será más importante que nunca.