El colapso de Infravest, una empresa
que desde 2022 captaba ahorros en los campamentos de Tinduf con promesas de
rentabilidades extraordinarias, ha provocado protestas y dejado al descubierto
una paradoja difícil de explicar: en una población refugiada asentada en uno de
los territorios más inhóspitos del planeta circulaban millones de dólares
destinados a una inversión que funcionaba como un esquema Ponzi.
Contenido:
Buenos
Aires - En septiembre de 2026, las calles de Rabuni y de Chahid El Hafed, en
los campamentos de Tinduf, en el Sáhara argelino, dejaron de hablar solamente
de supervivencia. Centenares de inversores, comerciantes y familias reclamaron
la devolución de unos fondos que habían confiado a Infravest for Contracting
and Investment, una empresa que había conseguido construir durante varios años
una apariencia de solvencia y respetabilidad. Su director, Sallamu Abba Ali
—también citado como Salamo Abaali— desapareció cuando comenzaron a
multiplicarse las reclamaciones. Las estimaciones difundidas localmente sitúan
el dinero comprometido en torno a los 886.000 millones de dinares argelinos,
unos 6,6 millones de dólares, aunque las cifras siguen pendientes de una
auditoría independiente.
Los
informes existentes hablan de 3.420 contratos y de 2.841 inversores. Otra
reconstrucción publicada posteriormente sitúa en 648.580 millones de dinares
argelinos, más 532 millones de ouguiyas mauritanas, las cantidades que habrían
sido captadas. Esas cifras proceden de estimaciones de fuentes locales y deben
ser verificadas.
La
importancia del caso no reside solamente en la eventual dimensión de la estafa.
Infravest plantea una cuestión mucho más incómoda: cómo pudo funcionar durante
años una estructura de captación masiva de dinero en una comunidad sometida a
una economía de subsistencia, sin que las autoridades políticas y
administrativas que controlan los campamentos detectaran, impidieran o
investigaran sus operaciones.
La
anatomía de una estafa Ponzi
Un
esquema Ponzi recibe su nombre de Charles Ponzi, el estafador
italoestadounidense que a comienzos del siglo XX popularizó un modelo basado en
una premisa elemental: ofrecer a los inversores beneficios extraordinarios que
no proceden de una actividad económica rentable, sino del dinero aportado por
nuevos participantes.
La
apariencia inicial es fundamental. Los primeros inversores pueden recibir
efectivamente sus beneficios. Pero esos pagos no demuestran que exista una
empresa rentable: simplemente sirven para consolidar la confianza y atraer más
capital. Mientras el flujo de nuevos aportantes sea suficiente, el mecanismo
puede mantenerse. Cuando el número de nuevos inversores disminuye o llega
simultáneamente el vencimiento de un número elevado de contratos, la estructura
se queda sin liquidez y se derrumba.
Ese
patrón es precisamente el que las informaciones conocidas atribuyen a
Infravest. La empresa habría comenzado construyendo una imagen legítima
mediante actividades de contratación y obras, iniciativas comunitarias y
acciones de carácter benéfico. Después habría ofrecido inversiones con
rendimientos mensuales extraordinarios, que, según el material aportado,
llegaron a situarse entre el 50% y el 70%. El dinero de los nuevos
participantes habría permitido atender los pagos prometidos a los anteriores.
La
llegada simultánea de cientos de vencimientos habría terminado por quebrar el
mecanismo. El análisis de Buda Mustafa señala 780 contratos que habrían llegado
al vencimiento, más del 22% del total registrado. Si esa información se
confirma documentalmente, constituiría precisamente el tipo de crisis de
liquidez característico de un esquema Ponzi: cuando las obligaciones de pago
superan la capacidad de atraer nuevo dinero, la arquitectura financiera deja de
funcionar.
La
desaparición de Abbali agravó todavía más el desconcierto. La empresa difundió
inicialmente un comunicado según el cual el director se encontraba fuera del
país por motivos de viaje y pidió paciencia a los inversores. Pero la posterior
desaparición del empresario convirtió el problema financiero en una crisis
política y social.
El
misterio de los seis millones de dólares
Hay,
sin embargo, una pregunta que precede incluso a la responsabilidad penal de
Infravest: ¿de dónde salió el dinero?
Los
campamentos de Tinduf se encuentran en una de las zonas más áridas y difíciles
del norte de África. La población local depende en gran medida de la asistencia
internacional para satisfacer necesidades básicas. Human Rights Watch describía
ya a los campamentos como asentamientos remotos en el desierto argelino cuya
población dependía principalmente de la ayuda internacional para sus
necesidades esenciales.
La
propia documentación de la Comisión Europea señala que los residentes saharauis
continúan dependiendo de la asistencia humanitaria y que la ayuda europea se
canaliza mediante organizaciones internacionales y ONG especializadas.
De
ahí nace la paradoja de Infravest. Resulta extraordinariamente llamativo que
una comunidad cuya economía formal está severamente limitada por el entorno
geográfico, el régimen de los campamentos y su dependencia de la asistencia
internacional haya podido movilizar varios millones de dólares para destinarlos
a una operación financiera privada.
Esto
no demuestra por sí mismo que el dinero procediera de actividades ilícitas.
Sería irresponsable convertir una anomalía económica en una acusación penal sin
una investigación financiera. Pero sí justifica una investigación sobre el
origen de los capitales. Entre las hipótesis que deberían ser examinadas
figuran las redes de contrabando transfronterizo, el tráfico de drogas, el
comercio ilegal de combustible y cigarrillos, la minería clandestina y la
eventual desviación y posterior comercialización de productos de ayuda
humanitaria.
La
existencia histórica de mercados informales vinculados a las rutas
transfronterizas del desierto está documentada. Human Rights Watch, por
ejemplo, registró en años anteriores incidentes relacionados con el transporte
de combustible y con presuntas actividades de contrabando en las proximidades
de la frontera con Mauritania.
Pero
una hipótesis sobre el origen de los fondos solamente puede transformarse en un
hecho cuando una investigación financiera reconstruya las operaciones. Ese
debería ser uno de los objetivos centrales de cualquier investigación sobre
Infravest: determinar quién entregó el dinero, en qué cantidades, de dónde
procedía, dónde fue depositado, qué intermediarios participaron y hacia qué
destinos terminó siendo transferido.
El
precedente de la ayuda humanitaria
La
cuestión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se recuerda el antecedente
de la investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF.
En
2003, la Comisión Europea recibió denuncias sobre posibles desviaciones de
ayuda destinada a los residentes de Tinduf y solicitó una investigación a la
OLAF. La investigación se realizó entre 2003 y 2007 y su informe fue conocido
públicamente años después. El Parlamento Europeo dejó constancia de que el
documento había identificado importantes problemas relacionados con la gestión
y distribución de la ayuda alimentaria.
La
Comisión Europea respondió que las conclusiones de la investigación habían
puesto de manifiesto debilidades en la cadena logística de la ayuda y que, a
partir de entonces, se habían reforzado los controles, incluyendo el
seguimiento de la distribución, auditorías y una mayor presencia de
organizaciones internacionales. La Comisión sostuvo además que, desde la
implantación de esas medidas, no había encontrado nuevas evidencias de
desviación de la ayuda financiada por ECHO.
Es
una precisión importante. El informe de la OLAF no puede utilizarse
legítimamente como prueba automática de que toda ayuda posterior haya sido
desviada ni de que cualquier actividad económica desarrollada décadas después
sea fruto de esa desviación. Pero sí constituye un antecedente institucional
relevante que obliga a observar con especial atención cualquier nuevo circuito
financiero surgido alrededor de los campamentos.
Una
estructura que difícilmente podía pasar inadvertida
La
cuestión política más delicada es la responsabilidad de las autoridades que
administran los campamentos. Human Rights Watch ha señalado que, con la
aquiescencia de las autoridades argelinas, el Frente Polisario administra los
campamentos próximos a Tinduf.
Infravest
no parece haber sido una operación clandestina desarrollada durante unas pocas
semanas. Según el material aportado, funcionó físicamente desde 2022, mantuvo
oficinas, realizó actividades de contratación, construyó una reputación pública
y captó capital durante varios años.
Por
ello, resulta difícil imaginar que una operación de semejante escala pudiera
desarrollarse completamente al margen de las estructuras de poder locales. Esa
circunstancia justifica investigar qué autorizaciones obtuvo la empresa, qué
funcionarios conocieron sus actividades, qué controles administrativos
existieron, qué instituciones permitieron su funcionamiento y si existieron
relaciones financieras o personales entre sus responsables y miembros del
aparato del Frente Polisario o funcionarios argelinos.
Allí
existe una cuestión institucional de enorme gravedad: ¿cómo pudo una empresa
captar durante años cantidades millonarias dentro de un espacio sometido a
estructuras administrativas y de seguridad concretas sin que esas estructuras
intervinieran?
Las
víctimas no son quienes deben pagar la factura
Hay
otra dimensión que corre el riesgo de quedar sepultada bajo el escándalo. Las
víctimas inmediatas son los propios refugiados.
El
expediente describe a comerciantes, empleados públicos, estudiantes y familias
que habrían colocado sus ahorros en Infravest atraídos por la promesa de
rentabilidades excepcionales.
Convertir
a esos damnificados en responsables colectivos sería una injusticia adicional.
La población saharaui de los campamentos no puede ser confundida con quienes
administran sus estructuras políticas, ni puede atribuirse a una comunidad
entera la eventual conducta criminal de individuos concretos.
Precisamente
por eso, el caso Infravest debería servir para separar dos realidades que con
frecuencia aparecen mezcladas: la población local, que continúa viviendo en
condiciones de dependencia y vulnerabilidad, y las estructuras de poder que
gestionan los campamentos.
La
República Árabe Saharaui Democrática (RASD), entidad fantasma proclamada por el
Frente Polisario y sin reconocimiento internacional, forma parte de ese
entramado político, pero su existencia como estructura control por el
movimiento separatista no convierte automáticamente a todos los saharauis
locales en responsables de sus decisiones.
El
dinero como radiografía de un sistema
El
escándalo de Infravest puede terminar siendo mucho más importante que la
desaparición de un empresario y la pérdida de varios millones de dólares. Puede
convertirse en una radiografía de la economía informal de los campamentos y de
la corrupción imperante entre los altos mandos del Polisario.
Si
las cifras se confirman, habrá que explicar cómo una economía oficialmente
dependiente de la asistencia internacional consiguió reunir semejante volumen
de liquidez privada. Habrá que reconstruir también el circuito del dinero y
determinar si existieron conexiones con redes comerciales transfronterizas.
El
antecedente de la OLAF demuestra que los riesgos de desvío y comercialización
irregular de recursos destinados a los refugiados no son una invención
reciente. La propia Unión Europea modificó sus procedimientos precisamente para
reducir esos riesgos y estableció mecanismos de seguimiento que, según la
Comisión, no habían detectado nuevas desviaciones después de su implantación.
Infravest
abre ahora un capítulo diferente: ya no se trata solamente de saber si una
mercancía humanitaria llegó o no a su destinatario, sino de descubrir de dónde
procede el capital privado que permitió montar una operación financiera de
millones de dólares en un territorio donde las oportunidades económicas
formales son extremadamente reducidas.
La
respuesta determinará también la verdadera naturaleza del escándalo. Podría
tratarse de una gigantesca estafa privada aprovechándose de una comunidad
vulnerable. Podría revelar una economía informal mucho más importante de lo que
muestran las estadísticas oficiales. O una investigación judicial y financiera
podría descubrir conexiones con redes ilícitas de alcance regional. Incluso
podrían coexistir esas realidades.
Por
ahora, hay una certeza y una pregunta. La certeza es que miles de personas
aseguran haber perdido sus ahorros y que Infravest presenta, según las
informaciones disponibles, numerosos rasgos compatibles con un esquema Ponzi.
La pregunta —mucho más profunda— es dónde estaba el dinero antes de entrar en
Infravest y dónde está ahora.
En
los campamentos de Tinduf, el desierto ha vuelto a revelar una paradoja: detrás
de una comunidad cuya imagen internacional es la de una población dependiente
de la ayuda humanitaria apareció, durante años, una masa de capital suficiente
para alimentar una gigantesca operación financiera. Saber quién generó ese
dinero, quién lo permitió circular y quién terminó beneficiándose de él será
indispensable para distinguir el fraude individual de la existencia de una
economía clandestina e ilegal más amplia. Y, sobre todo, para evitar que
quienes vuelven a quedar abandonados sean, una vez más, los propios refugiados.





