Lula ante el espejo de un Brasil fracturado

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, alcanzada el 25 de octubre de 2026 con el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, constituye un hito histórico —es el primer presidente en conseguir un cuarto mandato no consecutivo y la primera remontada en segunda vuelta desde la redemocratización—, pero dista de ser un cheque en blanco.

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La estrechez del resultado, con cerca de 4,4 millones de votos de diferencia y un país escindido en dos bloques de tamaño comparable, anticipa un mandato en el que la capacidad de movilización electoral del dirigente del Partido de los Trabajadores deberá traducirse en gobernabilidad efectiva a partir de enero de 2027. La desaceleración económica, el endeudamiento de hogares y empresas, la fortaleza institucional de la oposición y las tensiones con Washington pondrán a prueba su habilidad para conciliar promesas sociales con disciplina fiscal, mientras la edad del mandatario —cumplirá 81 años el 27 de octubre— convierte la sucesión en un interrogante central para la izquierda.

La victoria no ha cerrado la fractura política. Flávio Bolsonaro ha anunciado su intención de impugnar judicialmente el resultado, invocando la prórroga de dos horas en la votación por problemas de transporte. La autoridad electoral ha proclamado a Lula, y las acusaciones requieren pruebas verificables; no obstante, el bolsonarismo ha erigido parte de su identidad en la desconfianza hacia las instituciones electorales y judiciales. Esa negativa a aceptar el desenlace puede prolongar la polarización más allá de la campaña. Casi la mitad del electorado válido eligió al adversario, por motivos diversos —seguridad pública, carga tributaria, valores conservadores o el coste de la vida—, lo que impide interpretar el 51,79% como una mayoría social homogénea.

El Congreso refuerza esa restricción. El Partido Liberal, principal fuerza bolsonarista, contará con 121 diputados y 28 senadores, frente a los 70 diputados y nueve senadores del PT. La derecha y los partidos conservadores, en conjunto, poseen una capacidad de bloqueo superior a la de cualquier bancada individual. El Centrão, conglomerado heterogéneo de formaciones de centro y centroderecha, recuperará su papel de pivote: sus legisladores negocian según el asunto, pero a cambio de cargos, recursos presupuestarios y concesiones programáticas. Como ha señalado la politóloga Mayra Goulart, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la creciente autonomía de los parlamentarios, alimentada por su influencia en la distribución de una parte sustancial del presupuesto federal, complica la construcción de mayorías estables. Lula deberá evitar que cada acuerdo erosione la coherencia de su programa; de lo contrario, la oposición podrá utilizar comisiones, votaciones presupuestarias y el control político de las cámaras para desgastar al Ejecutivo.

El frente económico constituye la prueba más inmediata. Los organismos internacionales proyectan crecimiento, aunque moderado: el Fondo Monetario Internacional estimó en octubre una expansión del 2,2% para 2026 y del 1,9% para 2027. No se trata de una recesión confirmada, sino de una economía que pierde impulso y afronta presiones inflacionarias persistentes. La deuda pública bruta supera el 82% del PIB, y menos del 8% del presupuesto federal es susceptible de ajustes discrecionales debido al peso de los gastos obligatorios. Con tipos de interés de referencia en el 13,75% y una inflación interanual del 4,6% —por encima del límite superior de tolerancia del Banco Central—, la financiación empresarial se encarece, la inversión se retrae y la carga financiera de los hogares se multiplica. El economista Mauro Rochlin, de la Fundación Getulio Vargas, ha resumido el dilema con una formulación contundente: “los tres grandes problemas de Brasil son el problema fiscal, el problema fiscal y el problema fiscal”.

Cumplir simultáneamente las promesas de alivio a los consumidores, apoyo a microemprendedores, incremento real del salario mínimo y expansión de servicios públicos exigirá un diseño cuidadoso. Cerca de 84 millones de personas y 9,3 millones de empresas registraban atrasos, según estimaciones de Serasa; la renegociación con descuentos puede devolver solvencia y reactivar el consumo, pero no elimina las causas estructurales del sobreendeudamiento. La ampliación del régimen de microemprendedores individuales y ciertas condonaciones tributarias pueden favorecer la formalización, aunque una reducción permanente de ingresos sin compensación agravarían las tensiones. La propuesta de prohibir las apuestas deportivas en línea, argumentada como protección frente al endeudamiento familiar, conlleva una pérdida estimada de ingresos cercana a los 6.800 millones de reales hasta 2027. La gratuidad del transporte público los fines de semana ampliaría el acceso a empleo y cultura, pero requiere definir fuentes de financiación estables entre la Unión, estados y municipios. En conjunto, las iniciativas anunciadas pueden superar los 300.000 millones de reales, según la Institución Fiscal Independiente; la cifra no es un coste ejecutado, sino una advertencia sobre la magnitud de las decisiones. La distinción crítica residirá en separar medidas que eleven la productividad y los ingresos futuros —infraestructura, educación, innovación, transición energética— de aquellas que ofrecen alivio inmediato sin corregir desequilibrios.

La política exterior estará condicionada por la relación con Donald Trump. Durante 2026, Washington impuso aranceles adicionales a productos brasileños —del 25% en determinados casos y un recargo del 12,5% vinculado a medidas sobre trabajo forzoso—, en una disputa que mezcló comercio con el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Brasil rechazó las justificaciones y defendió la negociación sin descartar respuestas. El desafío consiste en impedir que la defensa de la soberanía derive en una confrontación que perjudique exportaciones e inversión. China absorbió más del 30% de las exportaciones brasileñas en 2025, frente al 12% de Estados Unidos y el 11% de la Unión Europea; esa concentración en agrícolas, petróleo y mineral de hierro fortalece ingresos externos, pero expone al país a las oscilaciones de la demanda china.

Lula ha reiterado que Brasil no debe subordinarse a ninguna potencia. Esa autonomía estratégica exige pragmatismo: una represalia indiscriminada encarecería importaciones y afectaría a empresas y consumidores; una concesión excesiva debilitaría el discurso soberanista.

Los BRICS ofrecen un marco de cooperación financiera y diplomática con economías emergentes, pero no constituyen una alianza homogénea ni una alternativa automática. La relación bilateral con China responde a intereses acumulados durante décadas; conviene evitar tanto la subordinación a Pekín como la ruptura motivada por presiones de Washington.

La relación con Argentina añade una dificultad inmediata. Los ataques verbales de Javier Milei contra Lula y contra integrantes del Supremo Tribunal Federal llevaron a Brasilia a rebajar el nivel de representación diplomática en Buenos Aires. La intervención del presidente argentino en la campaña brasileña, respaldando a Flávio Bolsonaro, agravó la disputa, que se proyecta sobre el Mercosur. Las divergencias sobre apertura comercial e integración regional pueden dificultar las negociaciones, aunque los intereses industriales y comerciales compartidos hacen costosa una ruptura. Como ha señalado Oliver Stuenkel, de la Fundación Getulio Vargas, las diferencias ideológicas pesan en los encuentros simbólicos, pero no siempre transforman el contenido de las relaciones bilaterales. Preservar mecanismos institucionales resulta más relevante que la afinidad personal. En un entorno regional menos favorable que el de las primeras presidencias de Lula, su influencia dependerá menos de la convergencia ideológica y más del peso económico brasileño y de la utilidad concreta de la integración.

La dimensión personal del mandato no puede ignorarse. Lula concluirá el periodo con 85 años si lo completa. La edad no implica incapacidad, pero convierte la continuidad del liderazgo en una cuestión política. Durante décadas ha sido el principal factor de cohesión electoral de la izquierda; su trayectoria sindical, su experiencia y su capacidad comunicativa no han sido plenamente reproducidas por ningún sucesor. Entre los nombres mencionados figuran Fernando Haddad y Camilo Santana, aunque su capacidad para construir coaliciones nacionales permanece por demostrar. La ausencia de una sucesión ordenada puede desencadenar disputas internas y facilitar la persistencia del bolsonarismo más allá de Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por su participación en una tentativa de golpe. El riesgo del “pato rengo” —pérdida de influencia de un gobernante que se aproxima al final de su mandato— se acentúa: los aliados pueden mirar hacia el sucesor, los adversarios intensificar ofensivas y el presidente perder capacidad para disciplinar su coalición. Impulsar la renovación de cuadros y permitir que posibles sucesores adquieran experiencia exige una paradoja difícil: preparar el futuro sin debilitar la autoridad presente.

El legado del cuarto mandato dependerá de la capacidad para priorizar. Avanzar en la reindustrialización, las infraestructuras, la transición energética y la reducción de la desigualdad, al tiempo que se mantienen programas como Bolsa Família, responde a problemas estructurales, pero exige movilizar recursos, atraer capital privado y elevar la productividad en un contexto de incertidumbre comercial y costes financieros elevados. Brasil cuenta con ventajas —dimensión territorial, recursos naturales, capacidad agroindustrial y potencial energético—, pero convertirlas en desarrollo diversificado requiere estabilidad regulatoria, formación e innovación. Conciliar el alivio de las dificultades materiales de la población, la confianza en las cuentas públicas y la negociación política sin desdibujar el programa constituye la prueba central. Si privilegia el gasto inmediato sin financiación, agrava los desequilibrios; si aplica un ajuste severo, erosiona su base social. La autonomía estratégica solo será sostenible si se traduce en mercados diversificados y beneficios económicos. La victoria del 25 de octubre ha prolongado la trayectoria de Lula, pero no ha resuelto la polarización, las restricciones presupuestarias ni el vacío sucesorio. A los 80 años, ha demostrado de nuevo su capacidad para disputar elecciones competitivas; ahora deberá demostrar que puede gobernar un país dividido y dejar instituciones capaces de funcionar cuando él ya no ocupe el centro de la escena.

 

La rebelión de los jóvenes: el futuro que las democracias ya no saben garantizar

 

Las protestas estudiantiles que recorren Europa y América Latina expresan mucho más que el rechazo a los recortes educativos o al encarecimiento de la vida. La inflación energética, la crisis de la vivienda, la incertidumbre laboral provocada por la inteligencia artificial y la creciente competencia entre el gasto social y las nuevas exigencias militares están erosionando el contrato entre generaciones. Sin embargo, detrás de unas consignas compartidas existen diferencias históricas profundas entre las movilizaciones europeas y las latinoamericanas.

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Buenos Aires - Las calles han vuelto a convertirse en el lugar donde una generación intenta hacer visible aquello que las instituciones políticas parecen incapaces de resolver. En octubre de 2026, las protestas estudiantiles y las movilizaciones sociales se han extendido por Francia, Bélgica, Italia, España, Portugal y Albania, mientras Argentina y Chile vuelven a situar la defensa de la educación pública en el centro de la confrontación política. Los motivos inmediatos varían, desde las condiciones de las aulas hasta los alquileres, los salarios y los presupuestos universitarios. Pero una misma pregunta atraviesa las manifestaciones: ¿qué posibilidades reales tiene la juventud de construir una vida mejor que la de sus padres?

La coincidencia temporal no significa que exista un movimiento mundial unificado, dirigido por una organización común o inspirado en una ideología homogénea. Lo que se observa es algo más complejo: una sincronización de conflictos nacionales que comparten problemas estructurales y encuentran en las redes sociales un mecanismo de difusión, coordinación y reconocimiento mutuo. Las investigaciones sobre las movilizaciones juveniles internacionales han señalado reiteradamente la convergencia de tres factores: dificultades económicas, desconfianza hacia las instituciones y percepción de que las decisiones públicas se adoptan sin escuchar a quienes sufrirán sus consecuencias.

El material reunido sobre las protestas de 2026 muestra precisamente esa combinación. Los estudiantes franceses reclaman docentes, instalaciones adecuadas y mejores perspectivas educativas; los belgas denuncian las restricciones presupuestarias; los portugueses y españoles sitúan la vivienda en primer plano; los italianos vinculan los salarios y el coste de la vida con el incremento del gasto militar. En Argentina, la controversia gira alrededor de la financiación de las universidades públicas, mientras que en Chile las movilizaciones responden a los recortes previstos en determinadas partidas educativas. La diversidad de demandas no impide reconocer un denominador común: la creciente distancia entre las expectativas que acompañaron a la expansión educativa y las oportunidades que ofrece la economía contemporánea.

La economía cotidiana detrás de la protesta

La explicación más sencilla atribuye estas manifestaciones a la inflación, los recortes presupuestarios o el malestar contra determinados gobiernos. Son causas importantes, pero insuficientes. Para comprender la amplitud del fenómeno hay que distinguir entre las circunstancias que deterioran las condiciones de vida, los acontecimientos que desencadenan las movilizaciones y la crisis de confianza que permite que una reivindicación sectorial se transforme en una protesta política general.

La inflación constituye una de las primeras piezas de esta cadena. El encarecimiento de los combustibles repercute en el transporte, la distribución de alimentos, los costes industriales y numerosos servicios. El petróleo alcanzó el 20 de octubre un máximo de cinco meses, con el barril de Brent en torno a los 111 dólares, impulsado por la tensión en Oriente Próximo, los ataques contra infraestructuras energéticas y las amenazas a la navegación comercial. La incertidumbre geopolítica añade una prima de riesgo a los mercados y encarece las decisiones de consumo y producción.

El problema no termina cuando los precios dejan de subir. Una vez que la energía y los alimentos se encarecen, los hogares necesitan más ingresos para conservar su nivel de vida, mientras que las empresas afrontan mayores costes y pueden trasladarlos al consumidor, reducir contrataciones o contener los salarios. Aunque la inflación se modere posteriormente, el nivel de precios puede permanecer elevado. La pérdida acumulada de poder adquisitivo se convierte así en una experiencia duradera, especialmente para quienes comienzan su vida laboral con remuneraciones modestas y deben afrontar alquileres, transporte y gastos educativos.

La presión es particularmente intensa en las grandes ciudades europeas. La vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la emancipación juvenil. El aumento de los alquileres, la escasez de oferta asequible y la competencia por los inmuebles más accesibles dificultan que incluso quienes tienen empleo estable puedan independizarse. La educación superior ya no garantiza por sí sola una posición económica suficientemente sólida para acceder a una vivienda. El ascenso social, que durante décadas legitimó el esfuerzo académico, pierde credibilidad cuando un título universitario no permite asegurar condiciones materiales básicas.

La décima edición del estudio Junges Europa, publicada en junio de 2026 por la Fundación TUI a partir de 8.024 entrevistas a jóvenes de entre 16 y 26 años de siete países europeos, ofrece una medida de esa transformación. Solo el 25% de los encuestados cree que su generación vivirá mejor que la de sus padres, mientras que el 52% espera encontrarse en una situación peor. El optimismo sobre el futuro descendió del 70% en 2017 al 57% en 2026. No se trata de una generación completamente desprovista de iniciativa —el 55% contempla la posibilidad de crear su propia empresa—, sino de jóvenes que combinan aspiraciones personales con una creciente incertidumbre sobre las condiciones colectivas necesarias para realizarlas.

El deterioro de las expectativas también se refleja en el empleo. La Organización Internacional del Trabajo, en su informe Global Employment Trends for Youth 2026, estimó que el desempleo mundial entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanzó el 12,4% en 2025, equivalente a unos 67 millones de personas. El organismo relaciona esta evolución con el crecimiento económico insuficiente, la debilidad de la creación de puestos de trabajo, las tensiones geopolíticas y los cambios tecnológicos. La dificultad no consiste únicamente en conseguir una ocupación, sino en acceder a un empleo formal, productivo y suficientemente remunerado para sostener un proyecto de vida.

Cuando estudiar ya no parece garantizar trabajo, y trabajar tampoco permite independizarse, el malestar deja de ser exclusivamente económico. Se convierte en una crisis de expectativas y, finalmente, en una impugnación de la legitimidad de las instituciones que prometieron movilidad social.

Defensa, Ucrania y el dilema de los presupuestos

A esas tensiones se suma una transformación de las prioridades estratégicas de Occidente. Estados Unidos reclama desde hace años una distribución más equilibrada de las responsabilidades defensivas entre los miembros de la OTAN. En la cumbre de La Haya de 2025, los aliados acordaron avanzar hacia una inversión anual equivalente al 5% del producto interior bruto para 2035, de la cual al menos el 3,5% se destinaría a las necesidades esenciales de defensa y el resto a partidas relacionadas con la seguridad y la resiliencia. La OTAN informó de que el gasto de los aliados europeos y Canadá había aumentado casi un 20% en términos reales durante 2025 respecto del año anterior.

Este compromiso modifica el horizonte presupuestario de los Estados europeos. La guerra de Rusia contra Ucrania ha demostrado que la seguridad continental no puede darse por garantizada y que los ejércitos necesitan municiones, sistemas de defensa aérea, capacidades industriales y medios de disuasión que requieren inversiones sostenidas. El apoyo a Kiev responde, además, a una consideración estratégica: impedir que la agresión militar altere por la fuerza las fronteras europeas.

Sin embargo, las decisiones militares tienen consecuencias distributivas. Cada gobierno debe determinar cómo financiar sus compromisos: mediante mayores impuestos, endeudamiento, reasignación de partidas o una combinación de esas alternativas. Cuando se exige simultáneamente contener el déficit, aumentar la defensa y sostener sistemas de pensiones y sanidad sometidos a presiones demográficas, la educación y las políticas juveniles pueden terminar compitiendo por recursos escasos.

La afirmación de que cada euro destinado a defensa se resta automáticamente del gasto social sería, no obstante, una simplificación. Los presupuestos no funcionan como compartimentos estancos: también pueden modificarse los ingresos fiscales, el endeudamiento y las prioridades de inversión. Pero la competencia por el espacio fiscal es real, y se vuelve políticamente explosiva cuando los ciudadanos perciben que se les exige aceptar sacrificios sin una explicación convincente de sus beneficios ni un reparto equitativo de las cargas.

El sostenimiento de Ucrania añade otra dimensión. Las ayudas militares, financieras y humanitarias implican compromisos considerables, mientras la reconstrucción de las capacidades defensivas europeas demanda inversiones adicionales. La decisión de respaldar a Kiev puede justificarse por razones de seguridad colectiva, pero eso no elimina la obligación de explicar cómo se financiará sin deteriorar innecesariamente los servicios públicos. La discusión democrática no debería enfrentar de manera automática la defensa con la educación, sino exigir que los gobiernos hagan explícitos sus costes, objetivos y alternativas.

El incremento de los precios energéticos agrava el problema. Si los hogares deben destinar una mayor proporción de sus ingresos al combustible, la calefacción y el transporte, disminuye su capacidad para afrontar otros gastos. Si, además, los Estados dedican recursos crecientes a defensa y deben pagar intereses más elevados por su deuda, el margen para ampliar becas, contratar profesores o financiar vivienda asequible se estrecha.

En Francia, donde las protestas educativas han coincidido con una profunda crisis política y dificultades presupuestarias, esa acumulación resulta especialmente visible. En Italia y Bélgica, las reivindicaciones sociales también se han vinculado con el coste de la vida y la orientación del gasto público. La cuestión decisiva no es si la seguridad nacional importa, sino quién soporta el coste de garantizarla y qué mecanismos permiten impedir que la generación más joven termine pagando una parte desproporcionada de la factura.

 

Mohammed VI designa al nuevo Gabinete y preside un Consejo de Ministros

 

El rey Mohammed VI presidió el viernes 16 de octubre de 2026, en el Palacio Real de la capital, la ceremonia de nombramiento y toma de juramento del nuevo Ejecutivo marroquí, encabezado por Fatima Ezzahra El Mansouri y al día siguiente presidió el Consejo de Ministros.

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Buenos Aires - La designación, consecuencia directa de la victoria del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM) en las elecciones legislativas del 23 de septiembre, convierte a El Mansouri en la primera mujer que asume la jefatura del Gobierno en la historia del país y sitúa a Marruecos como el segundo Estado árabe en contar con una mujer al frente del Ejecutivo, después de Túnez.

Al día siguiente, el sábado 17 de octubre, el soberano, acompañado por el príncipe heredero Moulay El Hassan, presidió un Consejo de Ministros dedicado al examen y la aprobación de las orientaciones generales del Proyecto de Ley de Finanzas para 2027, un instrumento presupuestario que, en un entorno internacional marcado por tensiones geoestratégicas, tendencias proteccionistas y competencia por energía, tecnología y financiación, busca consolidar la resiliencia económica del Reino y profundizar los pilares del Estado social.

El proceso se desarrolló conforme al artículo 47 de la Constitución de 2011, que obliga al monarca a encargar la formación de Gobierno a un miembro del partido más votado. El PAM, formación de corte centrista y modernizador fundada en 2008 y tradicionalmente próxima al Palacio, obtuvo 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes, por delante del Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI), que con 66 escaños quedó fuera de la coalición después de haber liderado el Ejecutivo desde 2021 bajo Aziz Akhannouch. Le siguieron el Istiqlal con 65 escaños, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) islamista con 54, el Movimiento Popular con 29, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) con 26 y el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS) con 19.

Tras las consultas, el PAM selló una alianza con el Istiqlal, la USFP y el PPS, sumando 207 diputados, nueve por encima de la mayoría absoluta de 198. El proceso, validado por las comisiones de escrutinio y el Tribunal Constitucional, ilustró la capacidad del sistema para articular mayorías estables a partir de resultados claros, mientras que la supervisión real sobre las llamadas carteras de soberanía permanece intacta.

En la ceremonia del viernes, celebrada en presencia del chambelán Sidi Mohammed El Alaoui, los miembros del nuevo equipo prestaron juramento ante el soberano, que posó después con el conjunto gubernamental. El Ejecutivo, integrado por 32 personas —la jefa del Gobierno, 20 ministros y 11 ministros delegados—, combina un hito de representación de género con una marcada continuidad en las carteras estratégicas. Fatima Ezzahra El Mansouri, nacida el 3 de enero de 1976 en Marrakech en una familia de influencia local —su padre fue pachá de la ciudad y embajador en los Emiratos Árabes Unidos—, abogada especializada en derecho contractual e inmobiliario con formación en Rabat, Montpellier y Nueva York, fundadora del PAM en 2008, primera mujer alcaldesa de Marrakech en 2009 y ministra desde 2021, encabeza el equipo. Permanecen en sus puestos Abdelouafi Laftit en Interior, Nasser Bourita en Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero —diplomático al frente de la cartera desde abril de 2017, Abdellatif Ouahbi en Justicia, Ahmed Toufiq en Habices y Asuntos Islámicos, y Abdeltif Loudyi como ministro delegado ante la jefa del Gobierno encargado de la Administración de la Defensa Nacional. Hassan Tariq asume la Secretaría General del Gobierno, mientras Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol y anterior ministro delegado de Presupuestos, pasa a Economía, Finanzas y Rendimiento Público. Nizar Baraka retiene Equipamiento, Agua y Bosques; Nabil Benabdallah ocupa Educación Nacional, Preescolar, Formación Profesional y Cualificación; Youns Bjijou dirige Sanidad y Protección Social; Khalid Hatimy asume Agricultura, Pesca Marítima y Soberanía Alimentaria; Ryad Mezzour continúa en Industria, Comercio, Inversión e Inclusión Económica; Mohamed Mehdi Bensaid lleva Juventud, Cultura y Deportes; Azzeddine El Midaoui está en Enseñanza Superior, Investigación Científica e Innovación; Abdessamad Kayouh permanece en Transporte y Logística; Charafat Afailal es ministra de Energía, Minas y Desarrollo Sostenible; Abderrahim Chahid ocupa Empleo y Diálogo Social; Samir Belfkih combina Ordenación del Territorio Nacional, Urbanismo, Vivienda y Política de la Ciudad con la portavocía del Gobierno; Ahmed Rahhou asume Inteligencia Artificial, Transformación Digital y Reforma de la Administración; Jalal Charaf dirige Turismo, Artesanía y Economía Solidaria; y Najwa Koukouss está al frente de Familia, Desarrollo Social e Igualdad.

Completan el equipo los ministros delegados Kouloub Faitah (Relaciones con el Parlamento y la Sociedad Civil), Omar Hejira (Comercio Exterior), Ahmed Mehdi Mezouari (Pesca Marítima), Kamal Hachoumi (Preescolar y lucha contra el abandono escolar), Madiha Khayr (Formación Profesional y Cualificación), Fatima Saadi (Vivienda y Política de la Ciudad), Salah-Eddine Abkari (Juventud), Rachid Hamouni (Inclusión Social), Aïcha Guellaa (Reforma de la Administración) y Abdeljabbar Errachidi (Artesanía y Economía Solidaria).

La continuidad en las carteras de soberanía responde a la lógica constitucional y a la sabia dirección estratégica que imprime a su reinado el Rey Mohammed VI, mientras los cambios en áreas económicas y sectoriales buscan renovar la gestión sin alterar los equilibrios de poder.

Al día siguiente, el Consejo de Ministros presidido por Mohammed VI y el príncipe heredero Moulay El Hassan examinó, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución, las líneas generales del Proyecto de Ley de Finanzas para 2027, presentadas por el ministro de Economía, Finanzas y Rendimiento Público.

El entorno internacional, caracterizado por el aumento del coste de los conflictos geoestratégicos, el auge del proteccionismo y la exacerbación de la competencia en torno a recursos críticos, enmarca un proyecto que proyecta para el cierre de 2026 un crecimiento del 4,7 por ciento, una inflación contenida en el 0,7 por ciento y un déficit presupuestario reducido al 3 por ciento del PIB.

Las cinco prioridades articuladas reflejan las altas orientaciones reales y las demandas sociales acumuladas. La primera apunta a la recuperación del poder adquisitivo y a la consolidación de un Estado social sostenible mediante una reforma estructural de los mercados y los precios a partir de 2027, la continuación de la generalización de la cobertura médica con atención a la sostenibilidad de los regímenes, la revalorización de la ayuda social directa, la actualización de los sistemas públicos de salud y educación, y el refuerzo del acceso a una vivienda decente a través del programa de ayuda directa.

La segunda se centra en la inserción de los jóvenes en la educación, la formación y el empleo decente, con el lanzamiento de un programa nacional integrado para 2027-2031 que articule formación, incubación, acceso a financiación, mecanismos de garantía y mercados, superando la dispersión de programas sectoriales.

La tercera busca acelerar la regionalización avanzada y la nueva generación de programas de desarrollo territorial integrado, de acuerdo con las orientaciones reales sobre reorganización de competencias regionales, claridad, eficacia, coordinación y contractualización entre el Estado y las regiones, y plena aplicación de la Carta Nacional de Desconcentración Administrativa, con una movilización aproximada de 25.000 millones de dírhams.

La cuarta refuerza la soberanía estratégica en materia hídrica, energética, alimentaria y digital, garantizando la seguridad hídrica, acelerando las energías renovables y la Oferta Marruecos para el hidrógeno verde, aplicando progresivamente la hoja de ruta de la infraestructura gasística, y adoptando medidas de seguridad alimentaria y soberanía digital.

La quinta aspira a construir una economía capaz de financiar la ambición social y soberana, acelerando reformas institucionales, preservando equilibrios macroeconómicos y presupuestarios, movilizando financiación para grandes proyectos y estrategias sectoriales, desarrollando ecosistemas industriales soberanos, reforzando la inversión privada mediante la Carta de Inversiones y la reforma de los Centros Regionales de Inversión, y prestando atención especial a las muy pequeñas, pequeñas y medianas empresas, así como a las trayectorias de los jóvenes desde la educación hasta el empleo y la vivienda.

La importancia de este Proyecto de Ley de Finanzas radica en su carácter de hoja de ruta para la legislatura, en un momento en que Marruecos prepara su participación en la organización conjunta de la Copa del Mundo de 2030 con España y Portugal, consolida su posición como hub regional y mantiene la presión diplomática sobre la cuestión del Sáhara.

El instrumento busca equilibrar la expansión del Estado social —heredera de los impulsos reales de la última década— con la disciplina fiscal y la resiliencia ante shocks externos, mientras responde a las expectativas de una población joven que ha manifestado su descontento con la calidad de los servicios y las oportunidades.

La presencia del príncipe heredero en el Consejo subraya la continuidad institucional y la transmisión de la visión estratégica del monarca, en un sistema en el que el rey reina y gobierna, y en el que el Gobierno, aun encabezado por una figura histórica en términos de género, opera dentro de los márgenes definidos por el Palacio.

El nuevo Ejecutivo inicia así su andadura con un presupuesto que privilegia la cohesión social, la inserción juvenil, el desarrollo territorial equilibrado y las soberanías estratégicas, en un contexto de baja participación electoral y de desafíos internos y externos que exigirán una ejecución rigurosa para traducir las orientaciones reales en resultados tangibles.

 

Mohammed VI y Fatima Ezzahra El Mansouri: la democracia marroquí en acción

La audiencia celebrada el 14 de octubre en el Palacio Real de Rabat confirma el papel del soberano como garante de la continuidad constitucional y de la estabilidad institucional del Reino. Tras la victoria electoral del Partido Autenticidad y Modernidad y la constitución de una mayoría parlamentaria de cuatro formaciones, la futura jefa del Ejecutivo afronta el desafío de trasformar un nombramiento histórico en reformas, empleo y mejores servicios públicos.

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Buenos Aires - La política marroquí ha entrado en una nueva etapa. La recepción que el rey Mohammed VI concedió el miércoles 14 de octubre a Fatima Ezzahra El Mansouri, encargada de formar el próximo Gobierno, constituye un momento relevante en la transición entre dos legislaturas y en la consolidación de un modelo de monarquía constitucional cuya estabilidad descansa en la articulación entre la Corona, las instituciones representativas y las fuerzas políticas. La audiencia, celebrada en el Palacio Real de Rabat, no fue un mero acto protocolario: permitió al soberano conocer los avances de las negociaciones para constituir el Ejecutivo y transmitir las prioridades que deberán orientar su actuación.

El comunicado del Gabinete Real precisó que El Mansouri informó al monarca sobre las distintas etapas superadas en el proceso de formación gubernamental. Mohammed VI le expresó sus deseos de éxito y acierto y subrayó que la nueva etapa exige «una movilización global, una acción gubernamental seria y responsable», en atención a la magnitud de los retos, los desafíos y las expectativas existentes en los distintos ámbitos. El comunicado oficial añadió que la recepción se inscribe en las atribuciones constitucionales del rey y en su determinación de garantizar el buen funcionamiento de las instituciones.

La sobriedad del comunicado no disminuye la relevancia política del encuentro. En el sistema marroquí, la formación de un Gobierno es un procedimiento constitucional, pero también una negociación que exige conciliar la representación parlamentaria, la capacidad de gestión y la continuidad de las grandes orientaciones estratégicas del Estado. La intervención del soberano expresa precisamente esa doble dimensión: respeto a los resultados electorales y responsabilidad institucional ante una coyuntura que demanda eficacia.

La Corona como garantía de continuidad constitucional

La Constitución marroquí de 2011 establece, en su artículo 47, que el rey nombra al jefe del Gobierno entre los miembros del partido que obtiene el primer puesto en las elecciones a la Cámara de Representantes, atendiendo a sus resultados. Corresponde después al jefe del Ejecutivo proponer los integrantes del gabinete, cuyo nombramiento compete al monarca. El procedimiento combina, por tanto, legitimidad electoral, iniciativa política del Gobierno y prerrogativas constitucionales de la Corona.

Mohammed VI aplicó ese principio el 29 de septiembre, seis días después de las elecciones legislativas del día 23, cuando recibió a El Mansouri y le confió la formación del nuevo Ejecutivo. El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), cuya dirección colegiada coordina la dirigente, había obtenido la mayor representación parlamentaria, con 97 de los 395 escaños de la Cámara. La designación de la dirigente no fue, en consecuencia, una decisión desvinculada de las urnas, sino la aplicación de la regla constitucional que determina quién debe encabezar las negociaciones para formar Gobierno.

La audiencia del 14 de octubre se inscribe en esa misma lógica. El rey no sustituye a las fuerzas parlamentarias en la negociación de la mayoría, pero su posición constitucional resulta decisiva en la configuración final del gabinete y en el funcionamiento de las instituciones. La monarquía conserva, además, competencias y responsabilidades relevantes en ámbitos estratégicos, como la defensa, la política exterior y la presidencia del Consejo de Ministros. El equilibrio marroquí no responde, por ello, al esquema de una monarquía exclusivamente ceremonial: articula un Gobierno surgido de la representación parlamentaria con una Corona que ejerce funciones constitucionales propias y constituye uno de los principales centros de continuidad del Estado.

Una mayoría de cuatro partidos para gobernar

El resultado electoral obligó al PAM a buscar aliados. Sus 97 diputados lo convirtieron en la primera fuerza de la Cámara, pero estaban lejos de los 198 escaños necesarios para disponer de mayoría absoluta. La Agrupación Nacional de Independientes (RNI), que había encabezado el Gobierno saliente de Aziz Akhannouch, obtuvo 66 escaños; el histórico Partido del Istiqlal alcanzó 65, mientras que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), de orientación islamista, reunió 54.

La solución llegó mediante una coalición de cuatro formaciones: el PAM, el Istiqlal, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), con 26 diputados, y el Partido del Progreso y del Socialismo (PPS), con 19. En conjunto, los socios suman 207 escaños, nueve por encima del umbral de la mayoría absoluta. El acuerdo, anunciado el 12 de octubre después de las consultas políticas, proporciona a El Mansouri una base parlamentaria suficiente para avanzar hacia la constitución del Ejecutivo.

La composición de la alianza tiene un significado que excede la aritmética parlamentaria. Reúne a una formación centrista y modernizadora como el PAM, a la tradición nacionalista del Istiqlal y a dos partidos vinculados a la izquierda marroquí, la USFP y el PPS. La convergencia no elimina las diferencias ideológicas ni garantiza por sí misma la cohesión gubernamental, pero revela una voluntad de articular una mayoría alrededor de prioridades compartidas y de evitar que la fragmentación parlamentaria paralice la acción del Estado.

La nueva coalición también marca una distancia respecto de la fórmula gubernamental saliente, en la que el RNI desempeñaba el papel central. La exclusión de esa formación de la mayoría entrante evidencia que las elecciones han modificado la distribución del poder entre los partidos, aun cuando persista una importante continuidad en las orientaciones estratégicas del Reino. La estabilidad del futuro Gobierno dependerá ahora de que los acuerdos entre las direcciones partidarias se traduzcan en compromisos programáticos verificables y en una distribución de responsabilidades ministeriales que no convierta cada decisión en una negociación interminable.

La audiencia real permitió examinar el avance de este proceso, pero no debe confundirse con la presentación definitiva del gabinete. Una vez acordada la composición ministerial, El Mansouri deberá someterla al nombramiento real. Después, conforme al procedimiento constitucional, el Gobierno habrá de presentar su programa ante el Parlamento y obtener la confianza de la Cámara de Representantes. La formación de la mayoría es un paso sustancial, no el final del proceso institucional.

 

Sáhara Marroquí: las sospechas de fraude documental reabren un conflicto de identidad y soberanía

La investigación policial sobre posibles irregularidades en documentos de parentesco de los campamentos de Tinduf coincide con la controversia legislativa sobre el acceso de los saharauis a la ciudadanía española. Los antecedentes de falsificación acreditan que existe un riesgo real de fraude con posible implicación de redes vinculadas al Frente Polisario.

La cuestión de la nacionalidad española de los saharauis ha vuelto a situarse en la intersección de tres asuntos particularmente sensibles: la responsabilidad histórica de España por su presencia colonial en el Sáhara, la situación jurídica de una población dispersa entre varios países del norte de África y el riesgo de que los procedimientos administrativos destinados a reparar antiguas injusticias sean utilizados para obtener derechos mediante documentación fraudulenta. La controversia no es nueva. Sin embargo, la reactivación de una iniciativa legislativa para facilitar el acceso a la ciudadanía y las informaciones sobre verificaciones policiales de documentos procedentes de los campamentos de Tinduf han incrementado su relevancia.

El problema exige distinguir entre hechos acreditados, indicios que merecen investigación y escenarios geopolíticos hipotéticos. La existencia de redes que han falsificado documentos para conseguir permisos de residencia o nacionalidades españolas está respaldada por antecedentes policiales.

Un documento fechado el 1 de octubre de 2026 y atribuido a la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación Documental (UCRIF) de la Policía Nacional en Ibiza, señala sospechas de irregularidades en justificantes de parentesco paterno presentados por personas procedentes de los campamentos de Tinduf ante organizaciones y empresas españolas. Según ese texto, la Policía habría solicitado verificaciones sobre la autenticidad de los documentos utilizados para acreditar vínculos familiares y antecedentes de origen saharaui en procedimientos relacionados con la obtención de la nacionalidad.

La información disponible permite presentar el caso como una señal de alerta sobre la necesidad de verificar los documentos.

Un precedente revelador: la red que operó desde Granada

El antecedente más significativo se remonta a febrero de 2021, cuando la Policía Nacional anunció la detención de 18 personas por su presunta participación en una organización que habría facilitado documentación falsa a miles de ciudadanos marroquíes para que aparentaran ser naturales del Sáhara o descendientes de antiguos residentes de la colonia española. La investigación, con epicentro en Granada y ramificaciones en otras provincias, apuntaba a una estructura que habría operado desde 2015 y que utilizaba un despacho de abogados españoles como centro de tramitación

El Independiente de Granada

Según las informaciones publicadas entonces, los intermediarios cobraban cantidades de entre 4.000 y 12.000 euros por gestionar autorizaciones de residencia o solicitudes de nacionalidad. Entre los documentos presuntamente utilizados figuraban certificaciones destinadas a acreditar el origen saharaui y justificantes relacionados con pensiones del antiguo personal militar español. La investigación también examinó el posible cobro irregular de prestaciones vinculadas a supuestos servicios prestados durante la etapa colonial.

La importancia de aquel caso no reside únicamente en su dimensión económica. Puso de manifiesto que la documentación histórica del Sáhara podía convertirse en un instrumento de fraude cuando los procedimientos administrativos dependían de certificados difíciles de contrastar, genealogías familiares incompletas o archivos dispersos entre distintas jurisdicciones.

La falsificación de un documento de identidad y la simulación de un vínculo de parentesco no son conductas equivalentes, aunque ambas puedan integrar una operación fraudulenta. En estos procedimientos pueden intervenir partidas de nacimiento, certificados de filiación, documentos militares, registros de residencia, declaraciones de testigos y otros justificantes. Una red organizada con vínculos en la jerarquía del Frente Polisario puede tratar de hacerlos compatibles entre sí para construir una identidad documental aparentemente coherente.

El precedente de Granada demuestra, por tanto, que el riesgo no es meramente teórico.

La hipótesis de que existan intermediarios especializados en producir, distribuir o validar certificados fraudulentos procedentes de Tinduf merece atención policial, especialmente tomando en consideración que miembros del Frente Polisario suelen mantener vínculos con redes criminales para el desvío de ayuda humanitaria y el contrabando de combustible rumbo a los mercados irregulares de Mauritania y el Sahel.

Una ley que elevó el valor de los documentos históricos

La controversia documental coincide con una iniciativa legislativa que pretende corregir las dificultades históricas de acceso a la nacionalidad española para los saharauis nacidos bajo la administración de España. El Congreso de los Diputados aprobó el texto el 10 de septiembre de 2026, con 168 votos favorables, 31 contrarios y 145 abstenciones, y lo remitió al Senado. La propuesta contempla una vía específica para los nacidos en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977 y establece condiciones para facilitar el acceso de determinados descendientes.

Conviene precisar su situación jurídica. Aunque la iniciativa superó la votación del Congreso, no llegó a convertirse en ley. La ficha oficial del Senado registra su caducidad después de la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026. Por tanto, a fecha de este artículo no existe un nuevo derecho a la nacionalidad derivado de esa proposición que pueda ejercerse conforme al procedimiento propuesto.

La reforma pretendía facilitar la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a quienes hubieran nacido bajo administración española y reducir de diez a dos años el plazo general de residencia exigido a los saharauis que cumplieran los requisitos previstos para acceder a la ciudadanía por esa vía. El texto también trataba de establecer medios probatorios específicos para acreditar las circunstancias personales y familiares de los solicitantes.

Para los promotores de la reforma, facilitar la nacionalidad representa una medida de reparación histórica y una respuesta a la prolongada incertidumbre jurídica de personas con vínculos acreditables con España. Los críticos pueden plantear objeciones sobre el alcance de los beneficiarios, la calidad de las pruebas y la capacidad de la Administración para comprobar expedientes antiguos. Ambas cuestiones son compatibles: reconocer un vínculo histórico legítimo no obliga a aceptar cualquier documento presentado para demostrarlo.

La expectativa de una modificación legal puede, además, incentivar el fraude. Cuando se anuncia una vía potencialmente más favorable, aumenta el valor económico de los certificados que permiten acceder a ella. Ese fenómeno crea oportunidades para intermediarios que prometen reconstruir genealogías, conseguir documentos supuestamente oficiales o acelerar procedimientos a cambio de dinero. El antecedente de 2021 ofrece una advertencia concreta sobre ese mecanismo, aunque no demuestra por sí mismo que la iniciativa de 2026 haya originado las sospechas detectadas en Ibiza.

La disolución de las Cortes y la caducidad del texto no eliminan el problema. La propuesta podría volver a plantearse en una futura legislatura, mientras continúan existiendo solicitantes que recurren a los procedimientos ordinarios de residencia, apatridia o nacionalidad. La incertidumbre normativa puede prolongar la vulnerabilidad de quienes necesitan acreditar su identidad y, simultáneamente, mantener incentivos para quienes intentan explotar las lagunas documentales.

Una población dispersa entre varios Estados

La dimensión geográfica de la cuestión complica cualquier intento de establecer una relación automática entre identidad saharaui, residencia territorial y nacionalidad. La población saharaui se distribuye entre el Sáhara, las provincias meridionales de  Marruecos, los campamentos de refugiados próximos a Tinduf, en Argelia, y comunidades asentadas en Mauritania y otros países. También existen grupos y redes familiares en Mali, aunque su dimensión y distribución exactas no deben confundirse con las de los principales núcleos de población.

Los campamentos de Tinduf albergan a una minoría del total de la población saharaui. Allí se encuentran las principales estructuras del Frente Polisario, la población residente depende en gran medida de las autoridades argelinas y de los mecanismos de asistencia humanitaria. Durante décadas el Polisario ha impedido un registro civil manteniendo a la población local como indocumentada.

En el Sáhara marroquí, la situación es distinta. Allí residen familias saharauis totalmente integradas a la sociedad marroquí que no obstante mantienen su lengua y tradiciones. En Mauritania, por su parte, existen vínculos históricos, comerciales, lingüísticos y familiares que atraviesan las fronteras contemporáneas. Mali forma parte de un espacio saheliano en el que las redes de movilidad y parentesco no siempre coinciden con las delimitaciones estatales.

Esta dispersión tiene consecuencias directas para la verificación documental. Una partida de nacimiento puede haberse expedido durante la administración española, mientras que otros documentos familiares se han producido décadas después en un país diferente. Los nombres pueden aparecer con transcripciones distintas, las fechas pueden variar entre registros y las familias pueden haber perdido originales durante desplazamientos forzosos. Tales circunstancias justifican procedimientos especializados de comprobación, pero no constituyen por sí mismas indicios de fraude.

El desafío consiste en reconstruir una cadena documental fiable.

Las posibles repercusiones en el sur de Marruecos

El debate adquiere una dimensión geopolítica adicional cuando se considera la posibilidad de que un número significativo de saharauis obtenga la ciudadanía española y mantenga su residencia en las provincias saharianas de Marruecos. Se trata de un escenario hipotético, no de un resultado demostrado de la propuesta legislativa ni de una tendencia demográfica cuantificada.

La nacionalidad española no comporta automáticamente el derecho a residir de manera permanente en Marruecos. La entrada, la residencia, la participación política y el ejercicio de derechos civiles dentro del reino seguirían sujetos al ordenamiento marroquí, a los acuerdos internacionales aplicables y a las circunstancias particulares de cada persona.

Sin embargo, si una comunidad numerosa adquiriera la ciudadanía española mientras permaneciera asentada en el territorio, podrían aparecer consecuencias políticas y diplomáticas relevantes. La primera sería una mayor internacionalización de las controversias sobre derechos, representación política e identidad nacional. La segunda afectaría a las relaciones consulares entre Madrid y Rabat, especialmente si ciudadanos españoles residentes en Marruecos alegaran restricciones a sus derechos o solicitaran protección diplomática.

La hipótesis más delicada sería la creación de un partido político de orientación separatista que pretendiera actuar legalmente dentro de Marruecos. Para que tal formación pudiera concurrir a las elecciones tendría que cumplir la legislación marroquí sobre partidos políticos, incluidos sus requisitos de constitución y las restricciones relativas a la integridad territorial y a los fundamentos constitucionales del Estado. Por tanto, la ciudadanía española de sus promotores no bastaría para garantizar su legalidad.

Un partido de esas características podría intentar utilizar la condición de ciudadanos de otro Estado de sus integrantes para obtener atención internacional, formular denuncias ante instituciones europeas o convertir los conflictos locales en asuntos diplomáticos. También podría generar tensiones si las autoridades marroquíes considerasen que sus actividades vulneran el ordenamiento nacional o amenazan la integridad territorial.

La nacionalidad no debe convertirse en una mercancía documental ni en un arma diplomática.

 

Mohammed VI ante el Parlamento: soberanía, democracia y un nuevo marco para las relaciones con España

 

El rey Mohammed VI inauguró el viernes 9 de octubre de 2026 la primera sesión del primer año legislativo de la 12.ª Legislatura con un discurso que reafirma el compromiso institucional del Reino con los principios democráticos, traza prioridades claras para el trabajo de los legisladores y aborda con firmeza y experiencia diplomática la gestión del fenómeno migratorio, en particular a la luz de la crisis que afectó a Ceuta el pasado verano, proponiendo una nueva orientación estratégica para las relaciones con España y los socios europeos.

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Buenos Aires - En el hemiciclo de Rabat, acompañado del príncipe heredero Moulay El Hassan, del príncipe Moulay Rachid y del príncipe Moulay Ahmed, el monarca comenzó por felicitar a los miembros de la Cámara de Representantes “por la confianza que el electorado ha depositado en ellos”. Esta referencia explícita al mandato popular, pronunciada en la apertura de una legislatura surgida de las elecciones del 23 de septiembre, subraya la adhesión del Soberano a los mecanismos de representación democrática y a la legitimidad que confiere el voto. El Rey situó esta nueva etapa en una “coyuntura excepcional, rica en oportunidades únicas”, y expresó su expectativa de que el periodo legislativo y gubernamental marque “un verdadero punto de inflexión en el avance de las aspiraciones de Marruecos como potencia económica emergente y fiable, conciliando el crecimiento económico con el fortalecimiento de la justicia social y espacial”.

Desde el atril, el Rey Mohammed VI recordó las palabras que pronunció en 2014 —“El sentimiento más valioso que albergo en mi vida es el orgullo que siento por mi identidad marroquí” y afirmó que ese sentimiento “no hace sino fortalecerse y arraigarse más profundamente con el paso de los años”. Vinculó este orgullo nacional, anclado en la antigüedad de la monarquía y en la identidad religiosa y cultural bajo el Emirato de los Creyentes, no a la autocomplacencia, sino a una fuerza motriz que transforma “el sentido de pertenencia en responsabilidad, y la confianza en un deber nacional”. Esta reflexión enmarca las orientaciones que el monarca dirigió a los parlamentarios.

El Soberano exhortó a los legisladores a colocar en el centro de las políticas públicas las cuestiones relativas a la juventud, mediante “un enfoque integral que garantice la igualdad de oportunidades y abarque la educación, la capacitación en competencias y la integración económica”. Este enfoque, precisó, debe fomentar la confianza de los jóvenes “en su capacidad para lograr el ascenso social, así como la confianza en las instituciones de la nación y en las oportunidades existentes para construir un futuro mejor, cimentado en la libertad, la dignidad y la estabilidad”. Al mismo tiempo, llamó a lanzar una nueva generación de grandes estrategias en materia de seguridad hídrica, energética y alimentaria, desarrollo industrial, economía digital e inteligencia artificial, y a que el sector privado asuma un papel de actor estratégico, con mayor iniciativa, innovación y capacidad de creación de empleo, inversión y exportación.

El desafío territorial ocupó un lugar destacado. El Rey Mohammed VI insistió en que el desarrollo integrado, la mejora de los servicios públicos y el estímulo de la inversión productiva están estrechamente vinculados a la regionalización avanzada y a la desconcentración administrativa. Declaró inaceptable “todo retraso o demora en la plena implementación de la Carta de la desconcentración”, lo que implica la transferencia de competencias y de los recursos humanos y financieros necesarios desde el centro hacia las provincias y regiones. Exigió, asimismo, una definición más clara de las competencias de las instituciones regionales y el establecimiento de mecanismos de coordinación y contratación que les otorguen el poder de decidir y materializar proyectos. Estas orientaciones fijan el marco concreto en el que los parlamentarios deberán ejercer sus funciones de legislación, control y evaluación de las políticas públicas.

El núcleo del análisis que el discurso invita a realizar se concentra, sin embargo, en la dimensión internacional y, de modo particular, en la gestión migratoria. El Rey afirmó que “el Reino ha logrado consolidar su posición en el ámbito internacional en tanto que socio responsable y fiable, comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones y que espera de sus socios un trato análogo”. Recordó que el enfoque equilibrado adoptado por Marruecos para la gestión del fenómeno migratorio “ha dado resultados concretos”. A continuación, con la objetividad que caracteriza su estilo diplomático, reconoció que “el actual modelo de cooperación en este ámbito ha quedado obsoleto, y la mejor prueba de ello son las crisis que se han producido de manera recurrente”.

Aplicó este diagnóstico de manera explícita a España: “Esto mismo se aplica a nuestro país vecino, España, con quien nuestra cooperación ha experimentado importantes avances, en diversos ámbitos, incluida la lucha contra la migración irregular. Sin embargo, esta cooperación se enfrenta hoy a grandes desafíos relacionados con determinadas disposiciones legales superadas y con decisiones judiciales alejadas de la realidad, que, lamentablemente, impiden la repatriación de menores y de personas que adoptan actitud de refugiados, alimentando así las codicias de las redes criminales”. La referencia, aunque no cite nominalmente a Ceuta, alude con claridad a la entrada masiva de decenas de miles de personas —la mayoría de ellas marroquíes— que se produjo a finales de julio, y a las dificultades posteriores para gestionar los retornos, especialmente de menores.

Ante lo que calificó de “declaraciones irresponsables y la flagrante explotación de la cuestión por parte de determinados sectores políticos y mediáticos”, el monarca reafirmó un principio fundamental de su política exterior: “afirmamos que la asociación es una opción soberana y un compromiso voluntario, que de ningún modo será sujeta a cualquier presión, amenaza o chantaje”. Esta formulación, producto de una larga experiencia diplomática, sitúa la relación con España en el terreno de la reciprocidad y del respeto mutuo, lejos de cualquier lógica de instrumentalización o subordinación. Al mismo tiempo, anunció que “Marruecos presentará a sus socios un documento que contiene una visión estratégica, clara y práctica, que funda una nueva orientación destinada a consolidar el desarrollo compartido, la competitividad económica y la estabilidad regional”.

Esta propuesta refleja la preocupación constante del Soberano por el lugar que Marruecos debe ocupar en el escenario internacional: el de un actor responsable que cumple sus compromisos, protege a las personas vulnerables frente a las redes criminales y promueve soluciones estructurales basadas en el codesarrollo. El enfoque marroquí, como se desprende del discurso, no renuncia a la cooperación, sino que busca actualizarla para que resulte eficaz, equitativa y sostenible. La protección de los migrantes, en esta lógica, pasa tanto por el combate a las redes que los explotan como por la creación de oportunidades en origen y por una cooperación que no quede bloqueada por marcos jurídicos o judiciales desfasados.

El discurso se cerró recordando a los parlamentarios que “el mandato parlamentario constituye un compromiso político y un contrato ético que os vincula con los ciudadanos”, y exhortándolos a estar a la altura de esa responsabilidad “ante Dios, ante los ciudadanos y ante la historia”. En su conjunto, la intervención del Rey Mohammed VI articula con coherencia la adhesión a los principios democráticos de representación, las prioridades internas de desarrollo territorial y social, y una visión internacional que privilegia la soberanía, la reciprocidad y la búsqueda de soluciones compartidas. En el ámbito de las relaciones con España, el monarca ha dejado claro tanto el valor de los avances logrados como la necesidad de superar un modelo que ha demostrado sus límites, abriendo la puerta a un diálogo renovado fundamentado en el respeto mutuo y en una agenda de desarrollo conjunto.

 

Brasil: Flávio Bolsonaro aventaja a Lula y convierte el balotaje en un plebiscito sobre el poder

 

El resultado de la primera vuelta electoral en Brasil ha desbaratado los pronósticos y colocado al senador conservador en una posición favorable para la votación del 25 de octubre. El desgaste del Gobierno, la inseguridad, el encarecimiento de la vida y la fortaleza de las redes bolsonaristas explican parte de la sorpresa. Lula intenta recuperar terreno con una campaña más cercana a los ciudadanos, mientras su rival suma apoyos políticos y explota la demanda de cambio. Las primeras encuestas de la segunda vuelta favorecen a Bolsonaro, aunque la movilización de los abstencionistas y el voto de los candidatos eliminados pueden alterar el desenlace.

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Buenos Aires - La elección presidencial brasileña ha entrado en una fase decisiva. Luiz Inácio Lula da Silva, el dirigente que regresó al poder en 2023 con la promesa de reconstruir las políticas sociales y restablecer la normalidad institucional, afronta ahora una amenaza que hasta hace pocas semanas parecía menos probable: perder la presidencia ante Flávio Bolsonaro, un senador de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y representante de una derecha que ha demostrado una capacidad de movilización superior a la que anticipaban numerosos sondeos.

El 4 de octubre, Flávio obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula. La diferencia fue de 2.227.651 sufragios, suficiente para invertir el clima político de la campaña, pero no para resolver la elección. El Tribunal Superior Electoral confirmó que ambos disputarían la segunda vuelta del 25 de octubre, después de que ninguno alcanzara la mayoría absoluta requerida.

La magnitud política del resultado supera la diferencia numérica. El oficialismo había llegado a la jornada electoral con expectativas más favorables, mientras que Flávio, que no figuraba al comienzo del año entre los principales protagonistas de la carrera presidencial, consiguió convertir el apellido Bolsonaro en una candidatura competitiva y, finalmente, en la opción más votada.

La segunda vuelta será, por tanto, algo más que una elección entre dos proyectos económicos. Pondrá a prueba la capacidad de Lula para renovar su legitimidad, el arraigo social del bolsonarismo y la disposición de una parte considerable de los brasileños a respaldar una alternativa conservadora pese a las controversias judiciales que rodean al entorno del antiguo presidente.

Una primera vuelta que desmintió los pronósticos

Los resultados oficiales muestran una competencia más equilibrada de lo que sugerían algunos estudios publicados antes de la votación. La sorpresa no consistió únicamente en que Flávio terminara por delante, sino en que el presidente no consiguiera convertir su condición de favorito en una ventaja electoral efectiva.

El Tribunal Superior Electoral registró 56.104.268 votos para Bolsonaro y 53.876.617 para Lula. Hubo, además, 2.300.781 votos en blanco, equivalentes al 1,84%, y 3.674.149 votos nulos, el 2,93%. En conjunto, casi seis millones de sufragios no se tradujeron en apoyo válido a ninguna candidatura.

La derrota relativa del oficialismo no puede explicarse por un único factor. La economía brasileña presenta indicadores que el Gobierno considera favorables, especialmente en empleo y actividad, pero esos resultados agregados no se han convertido necesariamente en una percepción generalizada de bienestar. Para muchos hogares, la experiencia cotidiana está determinada por el precio de los alimentos, el combustible, la vivienda, el endeudamiento y la calidad de los servicios públicos.

El periodista de CNN Brasil Caio Junqueira ha señalado precisamente la distancia entre el discurso presidencial y las preocupaciones expresadas por los ciudadanos. Según su análisis, Lula concentró parte de sus mensajes en cuestiones como la soberanía nacional sobre los minerales estratégicos, mientras muchos electores estaban más pendientes del coste de la vida y de las controversias institucionales que afectaban a la confianza pública.

El sociólogo Alberto Carlos Almeida, por su parte, atribuyó el resultado a la evaluación negativa de la gestión presidencial y sostuvo que el Gobierno no había actuado con suficiente anticipación para mejorarla. Su diagnóstico apunta a una dificultad característica de los oficialismos: los buenos indicadores macroeconómicos pierden eficacia electoral cuando los ciudadanos no perciben una mejora equivalente en sus ingresos y sus expectativas.

La seguridad pública ha reforzado esa dinámica. El bolsonarismo ha convertido el incremento de la delincuencia y la sensación de desprotección en elementos centrales de su discurso, presentándose como la fuerza dispuesta a restaurar el orden mediante políticas más severas. Aunque la inseguridad brasileña tiene causas estructurales que ningún Gobierno puede resolver de manera inmediata, la percepción de amenaza constituye un recurso político poderoso, especialmente cuando la ciudadanía considera insuficientes las respuestas oficiales.

A ello se suma el desgaste de una presidencia que vuelve a pedir confianza después de haber gobernado durante buena parte de las últimas dos décadas. Lula conserva una trayectoria excepcional y una base social consolidada, pero su experiencia también lo convierte en el principal responsable, a ojos de los electores descontentos, de los problemas que persisten.

La candidatura de Flávio ha sabido explotar esa contradicción. Su mensaje de cambio permite reunir a votantes ideológicamente conservadores, ciudadanos desencantados con el Partido de los Trabajadores y electores que no necesariamente comparten todas las posiciones del bolsonarismo, pero desean castigar al Gobierno.

La abstención y el voto blanco: una advertencia para todo el sistema político

Uno de los datos más inquietantes de la primera vuelta fue la ausencia de 33.469.244 electores, el 21,08% del censo. Se trata del nivel más alto de abstención en una primera vuelta presidencial desde 1998, según los datos recogidos en el material electoral y las informaciones publicadas después de los comicios. A esa cifra deben añadirse los casi seis millones de votos blancos y nulos.

La abstención no significa automáticamente rechazo a Lula ni adhesión potencial a Bolsonaro. Esconde motivaciones diversas: desinterés, dificultades para acudir a votar, desconfianza en las instituciones, desencanto con los partidos y la convicción de que ninguno de los candidatos puede modificar sustancialmente las condiciones de vida. En Brasil, donde el voto es obligatorio para los ciudadanos alfabetizados de entre 18 y 70 años, la magnitud de la ausencia adquiere una relevancia política adicional.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, reconoció tras la votación que una abstención superior al 20% no era deseable y planteó la necesidad de mejorar los mecanismos para reducirla. Lula, por su parte, pidió a su equipo que investigara las razones del alejamiento electoral, en lugar de atribuir la derrota exclusivamente a errores de su campaña.

Los testimonios recogidos por Associated Press ilustran el problema. Algunos ciudadanos rechazan la asociación entre religión y política promovida por sectores conservadores; otros desconfían de la izquierda por los escándalos de corrupción. También existen votantes que consideran que ambos candidatos representan opciones poco satisfactorias. La politóloga Carolina Almeida de Paula, de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, ha advertido sobre el riesgo de interpretar la polarización como si toda la sociedad estuviera comprometida con uno de los dos bandos.

El voto blanco y el nulo tienen una lógica parcialmente distinta. El primero puede expresar la decisión de no apoyar a ninguna candidatura; el segundo puede obedecer a una protesta deliberada o a un error al emitir el sufragio. Los datos agregados no permiten determinar cuántos electores actuaron por cada motivo. Atribuirlos en bloque a una supuesta tercera fuerza política sería, por tanto, incorrecto.

La campaña definitiva tiene ante sí una paradoja: los candidatos necesitan movilizar a quienes permanecieron al margen, pero una parte de esos ciudadanos puede preferir mantener su distancia. Además, los casi seis millones de votos blancos y nulos no constituyen un depósito electoral disponible para ninguno de los dos aspirantes.

El comportamiento de los abstencionistas será especialmente importante si la participación cambia de forma significativa el 25 de octubre. Un aumento de la movilización podría beneficiar a Lula si recupera a antiguos votantes del Partido de los Trabajadores; pero también podría favorecer a Bolsonaro si la derecha logra activar a electores que en la primera vuelta se quedaron en casa.

Lula cambia el guion y busca recuperar la calle

El presidente ha reaccionado a la derrota con una reorganización de su campaña. La primera modificación es política: Geraldo Alckmin, vicepresidente y antiguo gobernador de São Paulo, ha ganado protagonismo como interlocutor con el empresariado y los votantes moderados. Su presencia pretende contrarrestar la imagen de un Gobierno demasiado concentrado en su base tradicional y transmitir una mayor disposición al diálogo con los sectores productivos.

La segunda modificación es comunicacional. Lula, que ha expresado reiteradamente su desconfianza hacia los teléfonos móviles, ha comenzado a grabar vídeos en formato de selfi para Instagram y TikTok. La iniciativa busca humanizar al candidato, acercarlo a los electores jóvenes y reducir la distancia que la campaña oficialista ha mantenido respecto de las plataformas digitales, donde el bolsonarismo ha construido una comunidad especialmente activa.

El presidente admite que la experiencia acumulada y la comunicación tradicional ya no bastan para disputar la atención de una sociedad conectada permanentemente a las redes.

La reorganización también responde a críticas internas. Según informaciones publicadas por Reuters, el equipo pretende sustituir los mensajes excesivamente abstractos sobre soberanía y minerales estratégicos por una comunicación más directa sobre los precios, los ingresos familiares y los riesgos que una victoria conservadora podría entrañar para los programas sociales.

El PT busca, además, reforzar su presencia territorial en regiones donde la diferencia fue estrecha y entre los ciudadanos que se abstuvieron. El Nordeste, tradicional bastión electoral de Lula, seguirá siendo fundamental, pero el partido necesita mejorar su desempeño en los grandes centros urbanos y en el electorado joven. En São Paulo, el mayor colegio electoral del país, Alckmin puede desempeñar un papel importante para recuperar votantes moderados.

La estrategia tiene una dificultad evidente: Lula debe defender su gestión y, al mismo tiempo, reconocer que no ha respondido suficientemente a algunas preocupaciones ciudadanas. Si se limita a denunciar los peligros del bolsonarismo, corre el riesgo de confirmar la impresión de que el oficialismo no escucha. Si dedica demasiado espacio a reconocer errores, puede debilitar la confianza de sus propios partidarios.

El presidente dispone, no obstante, de activos que su adversario todavía no posee: la experiencia de gobierno, una identidad política consolidada y una estructura partidaria con capacidad de movilización. Su desafío consiste en convertirlos en votos adicionales, no simplemente en reafirmar la fidelidad de quienes ya lo apoyaron.

Flávio Bolsonaro consolida la alianza conservadora

El senador ha afrontado la segunda vuelta desde una posición más favorable. Su principal ventaja es política: ha logrado transformar el resultado de la primera ronda en una secuencia de adhesiones que refuerza la percepción de que su candidatura representa la alternativa con mayores posibilidades de victoria.

Ronaldo Caiado, exgobernador de Goiás, y Romeu Zema, exgobernador de Minas Gerais, han respaldado a Bolsonaro después de competir contra él. El escritor y psiquiatra Augusto Cury, tercer candidato más votado, también anunció su apoyo. Cury obtuvo el 2,89% de los sufragios válidos, unos 3,4 millones de votos, una cantidad superior a la diferencia que separó a los dos aspirantes principales.

La adhesión de Cury resulta especialmente interesante porque su campaña había intentado presentarlo como una alternativa a la polarización. Su respaldo no supone, sin embargo, una transferencia automática de todos sus electores. El propio escritor aclaró que su apoyo no constituía un cheque en blanco y vinculó su decisión a compromisos sobre responsabilidad fiscal, protección de las mujeres, transparencia y respeto a las instituciones.

Flávio también ha sumado el respaldo de importantes formaciones de centroderecha, entre ellas Republicanos, Novo, Podemos y la federación integrada por Unión Brasil y Progresistas. Esos apoyos proporcionan estructura territorial, dirigentes locales y capacidad de movilización, aunque no garantizan que todos los votantes de esos partidos sigan las indicaciones de sus líderes.

Su campaña se articula alrededor de tres ideas: seguridad, rechazo al Partido de los Trabajadores y cambio político. Bolsonaro intenta presentar a Lula como el representante de un ciclo agotado y reivindica una administración más severa contra la delincuencia. También busca tranquilizar a los electores preocupados por las políticas sociales, asegurando que no pretende eliminar programas como Bolsa Família.

El candidato ha moderado parte de su tono para atraer a ciudadanos que rechazan los excesos retóricos de su padre, sin romper con el núcleo ideológico del bolsonarismo. Su reto consiste en ampliar su base sin perder a los sectores más militantes que hicieron posible su victoria inicial.

La relación con Jair Bolsonaro sigue siendo decisiva. El expresidente conserva una enorme capacidad de movilización entre sus seguidores, pero su condena por la trama golpista y su enfrentamiento con las instituciones judiciales representan también un riesgo. Flávio necesita heredar el capital político de su padre sin que la elección se convierta en un referéndum sobre su legado más controvertido.

Las encuestas favorecen a Bolsonaro, pero la elección no está decidida

Los primeros sondeos posteriores a la primera vuelta confirman que el senador ha aprovechado el impulso de su victoria. La distancia entre ambos candidatos es suficientemente consistente como para considerar a Flávio favorito, aunque todavía no permite descartar una recuperación del presidente.

La fotografía electoral del 9 de octubre

Intención de voto para la segunda vuelta: 52,8% para Flávio y 47,2% para Lula. Fuentes: UOL, AtlasIntel/Bloomberg y Folha de S.Paulo, Datafolha.

Las dos consultoras sitúan al senador por delante. Aunque, los resultados deben interpretarse con cautela. Una encuesta es una fotografía de las preferencias en un momento determinado, no una predicción infalible del resultado final.

El dato más importante no es únicamente la ventaja de Bolsonaro, sino su capacidad para mantenerla mientras la campaña de Lula intenta modificar el clima político. Si la diferencia se mantiene en las próximas mediciones y se reproduce en el comportamiento de los votantes, el presidente afrontará una tarea especialmente difícil.

Una elección que trasciende las fronteras brasileñas

El desenlace tendrá repercusiones más allá de Brasil. Lula ha defendido una política exterior multilateral, con protagonismo en los BRICS, cooperación con China y una relación con Estados Unidos que preserve la autonomía brasileña. Flávio, por el contrario, ha expresado una mayor afinidad con Donald Trump y ha defendido un acercamiento político a Washington.

La diferencia no implica que un eventual Gobierno conservador pueda prescindir de China. El gigante asiático es el principal socio comercial de Brasil y mantiene inversiones relevantes en energía, industria e infraestructura. Cualquier presidente deberá conciliar sus afinidades ideológicas con esos intereses económicos. Reuters ha señalado que el acceso a los minerales críticos brasileños, las relaciones comerciales y la competencia entre Washington y Pekín figuran entre las cuestiones estratégicas que podrían cambiar de orientación después de la elección.

La política económica también será determinante. Los mercados han reaccionado favorablemente a las expectativas de mayor disciplina fiscal asociadas a Bolsonaro, pero las promesas de reducción de impuestos, inversión en infraestructura y mantenimiento de los programas sociales deberán enfrentarse a las restricciones presupuestarias y a la necesidad de negociar con el Congreso.

El economista Paulo Dutra Constantin, profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, ha advertido que ambos candidatos mantienen diferencias ideológicas importantes, pero comparten una dependencia significativa de la inversión pública para impulsar el desarrollo. Su análisis plantea una cuestión que la campaña ha dejado en segundo plano: quien gane tendrá que resolver las tensiones entre gasto social, inversión y equilibrio fiscal.

La elección también puede afectar al funcionamiento de las instituciones brasileñas. Una victoria de Flávio fortalecería a las fuerzas conservadoras que buscan revisar el papel del Supremo Tribunal Federal y la situación judicial de Jair Bolsonaro. Una reelección de Lula, por su parte, no eliminaría la influencia de una derecha que ha demostrado contar con un respaldo social y parlamentario considerable.

El pronóstico para el 25 de octubre

A dos semanas de la votación, Flávio Bolsonaro parte con ventaja. Ha ganado la primera vuelta, ha reunido apoyos importantes de la centroderecha y aparece por delante en los dos principales sondeos publicados después del 4 de octubre. Su mensaje de cambio conecta con una parte del electorado que no considera suficientes los resultados económicos del Gobierno y reclama respuestas más contundentes frente a la delincuencia.

Lula conserva, sin embargo, posibilidades reales de remontar. La elección todavía depende de la participación, de la capacidad de atraer a los votantes moderados y de la transferencia efectiva de los sufragios obtenidos por los candidatos eliminados. El presidente necesita demostrar que puede escuchar las preocupaciones económicas cotidianas, recuperar la confianza de los electores jóvenes y convencer a quienes se alejaron de las urnas de que una nueva presidencia suya puede ofrecer resultados diferentes.

Su principal dificultad es el tiempo. La reorganización de la campaña y la incorporación de Alckmin y de nuevos responsables de comunicación pueden mejorar su mensaje, pero no garantizan que cambie la evaluación de su gestión. Bolsonaro, por su parte, debe evitar que la consolidación de su ventaja derive en exceso de confianza y demostrar que puede atraer a electores que no comparten todas las posiciones del bolsonarismo.

El pronóstico, con la información disponible al 10 de octubre, es una victoria de Flávio Bolsonaro el 25 de octubre, probablemente por un margen moderado. Los sondeos sitúan su ventaja entre cuatro y seis puntos porcentuales en votos válidos, una distancia que lo convierte en favorito, pero que todavía puede reducirse. No considero prudente proyectar una victoria arrolladora ni dar por cerrado el resultado.

Si las tendencias actuales se mantienen, Bolsonaro podría obtener entre el 51% y el 53% de los votos válidos, frente a un Lula situado entre el 47% y el 49%. Se trata de una estimación analítica, no de un resultado asegurado: una movilización superior a la prevista de los abstencionistas o una recuperación del voto moderado por parte del presidente podrían estrechar considerablemente la diferencia.

La paradoja de esta elección es que Lula no se enfrenta únicamente a un rival más joven, sino a una demanda de cambio que ha conseguido imponerse incluso allí donde el Gobierno reivindica resultados económicos y sociales positivos. Flávio Bolsonaro ha transformado esa insatisfacción en una oportunidad histórica para su familia política. El 25 de octubre se sabrá si esa oportunidad basta para devolver el poder al bolsonarismo o si Lula consigue, una vez más, convertir una campaña adversa en una victoria.