Europa tiende la mano a Canadá: una membresía asociada para un mundo que se resquebraja

 

Ursula von der Leyen propone a Mark Carney un estatus inédito, sin precedente en los tratados, para convertir la relación comercial en una alianza estratégica de defensa, minerales, tecnología y Ártico, en plena ruptura con Washington.

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Buenos Aires - En el hemiciclo de Estrasburgo, ante un Parlamento Europeo que se puso en pie, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se dirigió el miércoles de forma directa al primer ministro canadiense, Mark Carney, sentado entre los invitados de honor. “Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la Unión Europea”, dijo. El gesto, acompañado de un abrazo, condensaba meses de acercamiento acelerado y una lectura común del momento: ambos consideran que el orden internacional basado en reglas se ha fracturado y que las democracias deben elegir con quién construyen su futuro.

La categoría de “miembro asociado” no figura en los tratados. El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea reserva la adhesión plena a Estados europeos que respeten los valores del bloque. Canadá, por geografía, queda fuera de ese procedimiento. La propuesta de Von der Leyen no pretende, por tanto, convertir a Ottawa en el vigésimo octavo Estado miembro, sino inventar un estatus intermedio que eleve la relación “al nivel más alto posible” y dé forma a lo que la propia presidenta denominó una Alianza para el Futuro. El anuncio sorprendió a varias capitales, que no habían sido consultadas con detalle, y el propio Gobierno canadiense se apresuró a bajar expectativas: “Todavía no estamos ahí”, resumió Jonathan Wilkinson, embajador de Canadá ante la UE.

Una relación ya densa, pero todavía incompleta

Las relaciones entre Canadá y la Unión Europea se remontan a 1976, cuando la entonces Comunidad Económica Europea firmó con Ottawa el primer acuerdo marco de cooperación económica con un país industrializado no europeo. Desde entonces se han sucedido declaraciones políticas, cumbres periódicas y, sobre todo, el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA), aplicado de forma provisional desde septiembre de 2017. Ese pacto eliminó la práctica totalidad de los aranceles y ha impulsado un crecimiento notable del intercambio. En 2025, el comercio bilateral de bienes y servicios superó los 130.000 millones de euros, un incremento de más del 80% respecto a 2016. El comercio de mercancías alcanzó cerca de 82.000 millones y el de servicios, unos 49.000. La Unión es el segundo socio comercial de Canadá —lejos, eso sí, de Estados Unidos— y Canadá ocupa el duodécimo lugar entre los socios de la UE. Bruselas mantiene un superávit de mercancías de alrededor de 16.000 millones.

El CETA, sin embargo, sigue sin estar plenamente ratificado: diez Estados miembros, entre ellos Francia e Italia, no han completado el proceso por reservas agrícolas y de inversión. Carney ha pedido públicamente que lo hagan. Paralelamente, Ottawa negocia su incorporación a programas como Horizonte Europa y Erasmus+, y el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales. En defensa, el avance ha sido más rápido. En junio de 2025 ambas partes firmaron una Asociación de Seguridad y Defensa. Meses después, Canadá se convirtió en el primer país no europeo admitido en el instrumento SAFE, el mecanismo de 150.000 millones de euros destinado a compras conjuntas y refuerzo de la base industrial de defensa. Ottawa obtuvo una excepción que le permite aportar hasta el 80% del valor de ciertos sistemas, a cambio de una contribución financiera. La industria canadiense, incluido el contrato millonario de submarinos U212-CD adjudicados al astillero alemán TKMS, se beneficia ya de esa aproximación.

Qué ganaría cada parte si la oferta se concreta

Para Canadá, la ganancia inmediata es estratégica más que jurídica. Estados Unidos absorbió en 2025 cerca del 72% de sus exportaciones de mercancías. La guerra arancelaria abierta por Donald Trump, las insinuaciones sobre una hipotética anexión y gestos simbólicos como el decreto que rebautizó el lago Ontario han empujado a Ottawa a diversificar. Una Alianza para el Futuro ofrecería acceso privilegiado a un mercado de 450 millones de consumidores, cadenas de suministro de minerales críticos, energía —incluido el GNL destinado a Alemania—, baterías, inteligencia artificial y computación cuántica. También permitiría a las empresas canadienses participar de forma más intensa en la reindustrialización europea de la defensa. El primer ministro ha prometido duplicar el comercio no estadounidense en una década.

La Unión Europea, por su lado, busca un socio fiable en materias primas, tecnología y Ártico, región que Von der Leyen quiere convertir en “proyecto insignia conjunto”. Canadá aporta recursos naturales, una industria avanzada y un ancla atlántica que no depende de Washington. En un momento en que Bruselas intenta reducir su dependencia de China en minerales y de Rusia en energía, Ottawa aparece como complemento natural. La integración de bases industriales de defensa permitiría a Europa ampliar escala de producción sin esperar a una adhesión formal de Ucrania u otros candidatos. El mensaje político es igualmente importante: las democracias, dijo Von der Leyen, “tienen la libertad de elegir con quién trabajar”.

El mecanismo para concretar esa adhesión asociada no existe. Requeriría un acuerdo mixto, probablemente un tratado específico que debería ser ratificado por los 27 Estados miembros y, en algunos casos, por parlamentos nacionales. Tendría que definir con precisión derechos de participación en programas, acceso al mercado interior, movilidad de personas, contribución presupuestaria y, sobre todo, si Canadá tendría voz —aunque no voto— en el Consejo, la Comisión o el Parlamento. El precedente más cercano es el planteado por el canciller alemán Friedrich Merz para Ucrania: asistencia a cumbres, un representante en la Comisión y acceso gradual a fondos, sin derecho de voto. Ese modelo recibió una acogida fría en Kiev, que aspira a la adhesión plena. Aplicarlo a un país que no está en guerra y que no es europeo exigiría una ingeniería jurídica inédita y un consenso político que hoy no está garantizado. Manon Aubry, eurodiputada de La Izquierda, preguntó en el hemiciclo quién había otorgado a Von der Leyen el mandato democrático para tal oferta.

La motivación real y el efecto sobre Estados Unidos

La motivación no es solo comercial. Tanto Bruselas como Ottawa perciben un entorno “abiertamente hostil”, en palabras de Von der Leyen. La competencia china, la guerra en Ucrania, la presión sobre el Ártico y la imprevisibilidad de la Administración Trump han coincidido. Canadá busca autonomía estratégica; Europa, socios que compartan su visión del multilateralismo, el Estado de derecho y la transición ecológica. Tobias Cremer, eurodiputado alemán impulsor de una resolución de mayor cooperación con Ottawa, lo resumió: no se trata solo de valores e historia, sino de “intereses comunes y una visión estratégica”. Valerie Hayer, líder de Renew, reclamó una respuesta conjunta a los aranceles y a la “coerción comercial”.

El impacto sobre Estados Unidos sería, sobre todo, político y simbólico. Washington seguiría siendo, con diferencia, el primer socio comercial y de seguridad de Canadá. Una membresía asociada no rompería el NORAD ni la integración estadounidense de las cadenas de valor. Pero sí enviaría a la Casa Blanca el recado de que Ottawa y Bruselas están dispuestos a construir un espacio de prosperidad y seguridad económica que no pasa necesariamente por el aliado tradicional. Von der Leyen insistió en que la alianza “no está contra nadie”. En la práctica, reduce el margen de presión arancelaria unilateral y refuerza la capacidad de ambos para negociar con Pekín y con Moscú desde una posición menos aislada.

En el ámbito de la defensa occidental, el efecto sería acumulativo más que revolucionario. Canadá ya es miembro de la OTAN y ha incrementado sus compromisos. La integración industrial con Europa —compras conjuntas, estándares, proyectos árticos— podría complementar, no sustituir, la arquitectura atlántica. Algunos analistas del Atlantic Council advierten, no obstante, que la falta de detalle sobre el estatus asociado genera confusión y que la UE ha resistido históricamente las alianzas flexibles precisamente para no diluir el acervo. La cumbre de Montreal, prevista para finales de octubre, será la primera prueba de si el anuncio se traduce en hojas de ruta o se queda en una declaración de intenciones.

La opinión pública y el horizonte político

Una encuesta de Abacus Data publicada antes del discurso mostraba que el 49% de los canadienses apoyaba o estaba dispuesto a explorar una membresía en la UE, frente a un 30% de oposición. El dato refleja el malestar con Washington más que un deseo de adoptar el acervo comunitario. En Europa, la recepción ha sido desigual: ovación en el Parlamento, escepticismo en varias cancillerías y críticas de quienes temen que se abra una vía de adhesión a la carta que luego reclamen otros socios. La población europea, habituada a debates sobre ampliación hacia los Balcanes o Ucrania, apenas ha comenzado a discutir qué significaría un vínculo institucional con un país al otro lado del Atlántico.

Carney intervendrá este jueves ante los eurodiputados. Von der Leyen ha dejado claro que comparte océano, valores y una forma de ver el mundo. Lo que queda por construir —el contenido jurídico de esa membresía asociada, el equilibrio entre soberanía canadiense y normas europeas, la reacción de Washington y el consentimiento de los Veintisiete— definirá si el miércoles de Estrasburgo fue un punto de inflexión o un gesto elocuente en un año político ya cargado de incertidumbre.

Marruecos y Guinea: la diplomacia que busca convertir el Atlántico africano en un espacio de prosperidad

 

La VIII Comisión Mixta de Cooperación celebrada en Conakri ha elevado la relación entre Marruecos y Guinea a una nueva dimensión estratégica. Los 25 acuerdos suscritos, el respaldo guineano al Plan de Autonomía para el Sáhara y la convergencia en torno al desarrollo sostenible revelan una asociación en la que la diplomacia, la economía y la geopolítica africana avanzan por un mismo cauce.

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Buenos Aires — En África occidental, donde las fronteras heredadas de la descolonización conviven con nuevos corredores económicos, grandes proyectos mineros y una creciente competencia por las rutas atlánticas, Marruecos y Guinea han decidido mirar más allá de la diplomacia tradicional. La VIII Comisión Mixta de Cooperación, reunida el 8 de septiembre en Conakri, no fue únicamente una cita destinada a revisar el estado de las relaciones bilaterales. Fue, sobre todo, una declaración de intenciones: Rabat y Conakri quieren convertir una relación histórica de amistad y solidaridad en una asociación estratégica capaz de producir infraestructuras, inversiones, conocimiento y desarrollo.

El encuentro, copresidido por los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Nasser Bourita y Morissanda Kouyaté, concluyó con la firma de 25 acuerdos de cooperación. Economía y finanzas, transporte aéreo, aduanas, agricultura, energía, turismo, justicia, salud, meteorología, puertos, vivienda, urbanismo, deporte, cultura, artesanía, enseñanza superior, investigación científica, innovación, becas y formación profesional quedaron incorporados al nuevo entramado jurídico bilateral.

La extensión de esta agenda revela la naturaleza de la transformación que ambos Gobiernos pretenden imprimir a sus vínculos. Ya no se trata solamente de mantener relaciones diplomáticas cordiales, sino de construir una plataforma multidimensional de cooperación Sur-Sur. El comunicado conjunto habla expresamente de elevar la asociación a un nivel estratégico sustentado en intereses mutuos, coprosperidad y desarrollo sostenible, con la aspiración de convertirla en un modelo innovador de cooperación africana.

Una relación que viene de lejos

Los vínculos entre Marruecos y Guinea tienen una profundidad histórica que precede al actual ciclo de expansión diplomática africana de Rabat. Durante décadas, ambos países mantuvieron una relación asentada sobre el respeto mutuo y la cooperación, aunque su intensidad haya variado de acuerdo con las circunstancias políticas y económicas del continente.

El reinado de Mohammed VI introdujo una nueva dinámica. La diplomacia marroquí comenzó a conceder una importancia creciente a África subsahariana y a privilegiar una política basada en la presencia económica, la cooperación técnica y las relaciones directas entre instituciones públicas y empresas. Guinea ocupó progresivamente un lugar destacado dentro de esa estrategia.

Las visitas del monarca marroquí a Conakri contribuyeron a consolidar esa aproximación y a crear un marco político favorable para el desarrollo de proyectos económicos. El resultado es una relación en la que los intereses de ambos países han ido adquiriendo una creciente complementariedad.

Marruecos posee una economía diversificada, una infraestructura logística relativamente desarrollada y experiencia en agricultura, banca, telecomunicaciones, industria, formación profesional, energías renovables y gestión del agua. Guinea dispone de enormes recursos minerales, una posición privilegiada sobre el Atlántico y un considerable potencial energético y agrícola. La complementariedad es evidente: uno busca ampliar su presencia económica africana; el otro necesita transformar sus recursos naturales en desarrollo industrial y bienestar social.

El desafío de transformar recursos en desarrollo

La importancia económica de Guinea ha aumentado considerablemente durante los últimos años. El país se encuentra en una etapa de profunda transformación vinculada, en particular, con la explotación de sus enormes reservas de bauxita y con el desarrollo del complejo minero de Simandou.

El proyecto de Simandou constituye uno de los mayores emprendimientos mineros actualmente en desarrollo en África y comenzó a exportar mineral de hierro en 2025. Su dimensión económica ha convertido a Guinea en un actor cada vez más relevante dentro de las cadenas mundiales de suministro de materias primas.

Pero precisamente allí aparece uno de los principales desafíos de la economía guineana: transformar la riqueza mineral en industrialización, infraestructura, empleo y capacidades nacionales. La experiencia de numerosos países africanos demuestra que disponer de grandes recursos naturales no garantiza por sí mismo el desarrollo. La cuestión decisiva consiste en crear las condiciones para que la extracción de materias primas genere cadenas de valor, formación de capital humano y diversificación productiva.

Es en ese contexto donde debe interpretarse la disposición marroquí a colaborar con el programa Simandou 2040, una estrategia concebida por las autoridades de Conakri para utilizar la transformación asociada a Simandou como catalizador de un proceso económico de mayor alcance.

Durante la Comisión Mixta, Nasser Bourita elogió la visión del presidente Mamadi Doumbouya respecto de Simandou 2040 y expresó la disposición de Marruecos a compartir su experiencia en desarrollo. La cooperación propuesta incluye infraestructuras, seguridad, pesca, salud, transformación industrial y agrícola, seguridad alimentaria, formación, gestión hidráulica y energía.

El planteamiento es significativo. Marruecos no ofrece únicamente bienes o financiación: ofrece conocimiento acumulado. La cooperación se desplaza así desde la asistencia tradicional hacia un esquema basado en transferencia de capacidades, formación de recursos humanos y participación empresarial.

Los 25 acuerdos y la nueva arquitectura bilateral

Los 25 instrumentos suscritos en Conakri constituyen la expresión jurídica de esa nueva voluntad. Su diversidad permite apreciar la magnitud de la agenda.

La cooperación económica y financiera se encuentra acompañada por acuerdos relativos al transporte aéreo y las aduanas, sectores fundamentales para facilitar el comercio. Agricultura y energía apuntan directamente a la seguridad alimentaria y a la diversificación productiva. Salud, educación superior, investigación científica y formación profesional se orientan hacia el capital humano. Puertos, transporte y vivienda se relacionan con la transformación física de Guinea.

También aparecen ámbitos menos visibles pero estratégicos, como la meteorología y la climatología. En un continente especialmente vulnerable a la variabilidad climática, la capacidad de anticipar fenómenos meteorológicos, administrar recursos hídricos y adaptar la producción agrícola constituye una cuestión económica y de seguridad.

El concepto de desarrollo sostenible adquiere, por tanto, una dimensión concreta. Guinea reconoce en la visión promovida por Mohammed VI un enfoque que vincula crecimiento económico, infraestructura, integración regional y protección de los recursos naturales. El reconocimiento guineano de las iniciativas del monarca marroquí en favor del desarrollo africano y del cuidado del medioambiente se inserta en esta concepción más amplia de la cooperación.

El Atlántico como nuevo espacio geopolítico

La relación bilateral también debe contemplarse desde una perspectiva geopolítica. Marruecos está impulsando una arquitectura africana atlántica destinada a fortalecer las conexiones entre los Estados de la fachada occidental del continente.

Guinea ha expresado su respaldo a la iniciativa marroquí relativa al Proceso de los Estados Africanos Atlánticos, orientado a reforzar la cooperación, la estabilidad y la prosperidad de los países ribereños. Conakri también valoró la iniciativa destinada a facilitar a los Estados del Sahel el acceso al océano Atlántico.

La importancia de esta política reside en que el Atlántico africano está adquiriendo una relevancia económica creciente. Puertos, corredores ferroviarios, energía, minería, agricultura y comercio convergen en un espacio que puede convertirse en una de las grandes plataformas de conectividad del continente.

El Gasoducto Africano-Atlántico constituye otro elemento de esa estrategia. Guinea forma parte del proyecto impulsado por Marruecos y Nigeria, concebido como una infraestructura energética de alcance continental. Para Conakri, el proyecto representa un ejemplo de cooperación Sur-Sur y una oportunidad de integración económica.

El interés de Guinea no resulta difícil de comprender. Un país con abundantes recursos minerales necesita corredores eficientes para transportar sus productos, pero también energía, infraestructura portuaria y conexiones que permitan desarrollar industrias de transformación. El Atlántico puede ser, en ese sentido, mucho más que una frontera marítima: puede convertirse en la puerta de entrada de Guinea a los mercados internacionales.

El Sáhara, una cuestión que también une a Rabat y Conakri

Sin embargo, detrás de la dimensión económica de la VIII Comisión Mixta existe una cuestión política que Marruecos considera fundamental: el Sáhara.

Guinea volvió a expresar en Conakri su apoyo a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y al Plan de Autonomía bajo soberanía marroquí. Morissanda Kouyaté calificó la posición guineana de constante e inequívoca y recordó que Conakri considera la autonomía la solución que respalda ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La apertura del Consulado General de Guinea en Dajla, en enero de 2020, constituye para Rabat la expresión institucional más visible de esa posición. Nasser Bourita agradeció durante la reunión el respaldo mantenido por Guinea en los foros regionales e internacionales.

La cuestión del Sáhara se encuentra, de este modo, integrada en una relación bilateral mucho más amplia. Para Marruecos, el respaldo africano a su propuesta de autonomía forma parte de una estrategia diplomática sostenida durante años. Para Guinea, la relación con Rabat representa simultáneamente una asociación política, económica y de cooperación.

El hecho de que ambas dimensiones aparezcan juntas no es accidental. En la política exterior africana contemporánea, la cooperación económica y la convergencia diplomática suelen reforzarse mutuamente.

Mohammed VI y una determinada idea de África

Uno de los elementos más significativos de la reunión fue el reconocimiento explícito de Conakri a la visión de Mohammed VI para el desarrollo de África.

La diplomacia guineana destacó la iniciativa de los Estados Africanos Atlánticos, el proyecto de acceso del Sahel al Atlántico y el Gasoducto Africano-Atlántico. No son proyectos aislados. Forman parte de una concepción en la que Marruecos busca desempeñar el papel de plataforma entre África occidental, el Mediterráneo, Europa y el Atlántico.

Esa política se apoya en una premisa esencial: la integración africana no tiene por qué limitarse a la eliminación de barreras comerciales. También requiere carreteras, puertos, energía, agua, capacitación profesional, redes digitales y mecanismos financieros capaces de conectar economías nacionales.

Guinea parece encontrar en esta visión una correspondencia con sus propias necesidades. El desafío que plantea Simandou 2040 consiste precisamente en transformar una formidable dotación de recursos naturales en una economía más integrada, industrializada y capaz de generar mayor valor agregado.

La cooperación con Marruecos puede contribuir a ese propósito, aunque su eficacia dependerá de la ejecución efectiva de los acuerdos y de la capacidad para movilizar inversiones privadas.

Una asociación cuyo verdadero examen comienza ahora

La VIII Comisión Mixta ha proporcionado a Marruecos y Guinea una arquitectura ambiciosa. Veinticinco acuerdos, una agenda económica amplia, convergencia política respecto del Sáhara y coincidencias sobre la integración atlántica constituyen una base considerable.

Pero la diplomacia africana conoce bien la distancia que puede existir entre la firma de un acuerdo y su materialización. El verdadero examen de esta nueva etapa comenzará cuando los proyectos abandonen los documentos oficiales y aparezcan en los puertos, las carreteras, los hospitales, las universidades, las explotaciones agrícolas, las redes eléctricas y las empresas.

El desafío consiste en que la relación no quede reducida a una sucesión de declaraciones políticas. Su éxito dependerá de que la cooperación produzca capacidades permanentes y contribuya a una transformación económica que Guinea pueda sostener por sí misma.

Marruecos, mientras tanto, encuentra en Guinea un socio situado en un punto estratégico del Atlántico africano, dotado de recursos naturales extraordinarios y embarcado en un ambicioso proceso de transformación. Guinea encuentra en Marruecos un país africano con experiencia acumulada en infraestructura, agricultura, industria, formación, energía y conectividad.

La convergencia explica la profundidad de la nueva asociación.

En Conakri, la diplomacia dejó de ser solamente el arte de mantener abiertas las puertas. Se convirtió en el instrumento para construir corredores, mercados, infraestructuras y capacidades. El Sáhara permanece como uno de los principales puntos de coincidencia política entre ambos países, pero alrededor de esa cuestión se está edificando algo mucho más amplio: una relación en la que la geopolítica y la economía comienzan a hablar el mismo idioma.

En el fondo, esa es la apuesta de Marruecos y Guinea: que el Atlántico africano deje de ser simplemente un espacio geográfico y se convierta en una infraestructura política y económica de integración. Y que la cooperación Sur-Sur, tantas veces invocada en los discursos oficiales del continente, pueda adquirir finalmente una forma tangible en proyectos capaces de modificar la realidad.

 

Singapur, la nueva puerta del Mercosur hacia Asia: qué cambia para Argentina

La aprobación argentina del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur abre una nueva etapa para la inserción internacional del bloque y ofrece a Argentina una vía de acceso preferencial a uno de los grandes centros financieros, logísticos y tecnológicos del planeta. El desafío ya no consiste en firmar acuerdos, sino en convertir las preferencias arancelarias en exportaciones, inversiones y nuevas cadenas productivas.

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Buenos Aires - La escena tiene una dimensión que excede largamente el comercio entre dos mercados separados por más de 15.000 kilómetros. Con la promulgación de la Ley 27.819 y el Decreto 1010/2026, publicados este martes en el Boletín Oficial, Argentina completó su procedimiento interno para aprobar el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado en Río de Janeiro el 7 de diciembre de 2023. El Congreso había convertido el proyecto en ley el 26 de agosto, con 234 votos a favor y apenas cuatro en contra. El tratado consta de 19 capítulos y abarca bienes, servicios, inversiones, compras públicas, comercio electrónico, propiedad intelectual, reglas de origen y pequeñas y medianas empresas.

La aprobación argentina completa el proceso interno de los cuatro miembros fundadores del Mercosur. El acuerdo ya comenzó a aplicarse bilateralmente entre Singapur y Paraguay, Uruguay y Brasil durante 2026. Para Argentina, sin embargo, todavía corresponde distinguir entre la aprobación legislativa y la plena entrada en vigor internacional: después de la promulgación debe completarse el depósito del instrumento de ratificación conforme al mecanismo previsto por el tratado.

La importancia del pacto no está tanto en el tamaño actual del intercambio bilateral como en el lugar que ocupa Singapur dentro de la economía mundial. La ciudad-Estado tiene apenas unos 6 millones de habitantes, pero en 2025 registró un producto interno bruto de unos 789.500 millones de dólares singapurenses a precios corrientes y más del 70% de su valor agregado procedió de los servicios. Es uno de los grandes nodos financieros, portuarios, tecnológicos, logísticos y comerciales de Asia. Su economía creció un 4,8% en 2025, según las estadísticas oficiales de Singapur.

Por eso, observar a Singapur solamente como destino final sería interpretar mal el alcance del tratado. El verdadero atractivo consiste en utilizarlo como plataforma de entrada al Sudeste Asiático, una región integrada por las economías de ASEAN y cada vez más conectada con las cadenas productivas de China, Japón, Corea del Sur, India, Australia y Nueva Zelanda. Singapur cuenta además con una extensa red de acuerdos comerciales y se encuentra profundamente integrado en la arquitectura económica del Indo-Pacífico.

El contraste con el Mercosur es significativo. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay reúnen una población y una base de recursos naturales considerablemente mayores y poseen una oferta exportadora sustentada en alimentos, energía, minerales, productos agroindustriales y manufacturas. Brasil aporta una estructura industrial y agrícola de gran escala, además de importantes reservas minerales y energéticas. Argentina combina una de las grandes plataformas agroalimentarias del mundo con Vaca Muerta, recursos mineros estratégicos y capacidades crecientes en servicios basados en conocimiento. Paraguay dispone de una poderosa base agroexportadora y una enorme disponibilidad de energía hidroeléctrica, mientras Uruguay ha desarrollado ventajas en alimentos, servicios y logística.

El acuerdo intenta conectar esas capacidades con una economía que funciona como una bisagra entre Occidente y Asia. Singapur importa más del 90% de los alimentos que consume y en 2025 obtuvo abastecimiento alimentario de más de 180 países y regiones. Para Argentina, cuya estructura exportadora dispone de grandes excedentes agrícolas y agroindustriales, existe aquí una oportunidad evidente. Carnes, cereales, aceites, alimentos elaborados, productos pesqueros y otros bienes de origen agropecuario pueden encontrar mejores condiciones de acceso y, sobre todo, una plataforma de distribución hacia mercados asiáticos.

La liberalización es amplia. Singapur eliminará los aranceles para el 100% de los productos originarios del Mercosur, mientras el bloque sudamericano liberalizará alrededor del 95,8% de sus líneas arancelarias correspondientes a productos singapurenses. La apertura no será simultánea para todas las mercancías: existen productos con eliminación inmediata y otros sometidos a períodos de desgravación que llegan hasta 15 años. El tratado contempla, además, reglas de origen específicas y mecanismos de acumulación regional, destinados a impedir que mercancías de terceros países sean presentadas artificialmente como originarias de alguna de las partes.

Este último punto tiene especial importancia frente a la magnitud de los intercambios de Singapur con China y otras economías asiáticas. El acuerdo establece requisitos de origen destinados a evitar la triangulación. Para las industrias del Mercosur, las reglas son al mismo tiempo una garantía y un desafío: garantía porque protegen las preferencias frente a una eventual utilización abusiva de Singapur como plataforma de reexportación; desafío porque obligan a las empresas a demostrar con precisión el origen de sus productos y componentes.

La apertura tendrá efectos diferentes dentro del Mercosur. Brasil posee una estructura industrial más diversificada y empresas con mayor capacidad financiera, tecnológica y logística. Podría aprovechar las nuevas condiciones para ampliar sus exportaciones de alimentos elaborados, productos químicos, maquinaria y manufacturas. Argentina presenta un perfil diferente. Sus oportunidades más visibles se concentran en agroindustria, alimentos, energía, minería y servicios profesionales y tecnológicos.

En materia energética, el tratado llega en un momento particularmente significativo. El desarrollo de Vaca Muerta está modificando las perspectivas argentinas para petróleo y gas, mientras el país intenta ampliar su capacidad exportadora y avanzar hacia proyectos de gas natural licuado. Singapur, por su condición de centro financiero, comercial y marítimo, puede desempeñar un papel relevante como nodo de negocios y captación de capital, aunque el acuerdo no garantiza por sí mismo que se convierta en un gran comprador de hidrocarburos argentinos.

La minería ofrece otra posibilidad. El litio y el cobre han convertido a Argentina en un territorio de interés para las cadenas internacionales vinculadas con la electrificación, el almacenamiento energético y la transición tecnológica. Singapur posee grandes inversores institucionales y empresas internacionales capaces de participar en proyectos de infraestructura, energía, logística, tecnología y recursos naturales. GIC, uno de los grandes gestores de las reservas de Singapur, ha informado que duplicó su exposición a América Latina en los últimos años y que la región representa actualmente alrededor del 4% de su cartera global, con inversiones en infraestructura, tecnología, servicios financieros, salud, educación y transición energética.

El atractivo inversor no se limita a Singapur. ASEAN recibió 243.900 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2025, según datos difundidos por la propia organización a partir del informe de UNCTAD. Singapur captó 150.900 millones, convirtiéndose nuevamente en el principal receptor de inversión extranjera de la asociación. Esa capacidad financiera constituye un elemento adicional del acuerdo: Argentina y sus socios no solamente buscan vender en Asia, sino también atraer capital asiático hacia América del Sur.

La oportunidad puede extenderse a otros socios del Sudeste Asiático. Indonesia, Vietnam, Malasia y Tailandia son mercados de dimensiones mucho mayores que Singapur y poseen economías industriales y demográficas de gran escala. Vietnam, además, ya constituye para Argentina un objetivo explícito: el Mercosur lanzó en diciembre de 2025 las negociaciones para un acuerdo comercial preferencial. El pacto con Singapur puede funcionar, por tanto, como una primera estación de una estrategia más amplia de aproximación a ASEAN.

El comercio digital es otro terreno en el que Argentina podría encontrar una ventaja menos evidente que la agroalimentaria. El acuerdo incorpora disposiciones sobre comercio electrónico, servicios, movimiento de personas e inversiones. Argentina dispone de empresas competitivas en software, fintech, servicios profesionales, ingeniería, diseño y economía del conocimiento. Singapur, por su parte, se encuentra entre los principales centros digitales y financieros de Asia. La distancia geográfica pierde importancia cuando el producto exportado es un algoritmo, un servicio profesional, una plataforma tecnológica o conocimiento especializado.

Pero la apertura también tiene costos potenciales. Las industrias argentinas acostumbradas a niveles elevados de protección arancelaria pueden enfrentar una competencia más intensa de productos provenientes de una economía altamente integrada a las cadenas asiáticas. El propio diseño del tratado reconoce esa sensibilidad al conservar protección para una parte del comercio del Mercosur y establecer calendarios de desgravación prolongados.

Aquí aparece la discusión política y económica que acompañó el proceso legislativo. El canciller Pablo Quirno definió el acuerdo como “clave para la integración de Argentina con el mundo” y sostuvo que ahora corresponde al sector privado aprovechar las condiciones creadas. En la misma dirección, el senador Francisco Paoltroni defendió durante el debate la apertura comercial como herramienta para reducir el rezago externo argentino. En cambio, durante el tratamiento parlamentario también surgieron advertencias sobre la necesidad de reforzar los controles técnicos y sanitarios. El exgobernador y legislador opositor Jorge Capitanich puso el acento en el papel que deberían desempeñar organismos como el INTA y el INTI para preservar estándares y capacidades productivas.

Ambas perspectivas señalan una cuestión fundamental. Un tratado comercial no crea por sí solo competitividad. Reduce barreras, establece reglas y genera oportunidades. El resultado depende de la capacidad de las empresas para producir a costos internacionales, obtener certificaciones, asegurar volúmenes, desarrollar marcas, cumplir normas sanitarias y construir redes de distribución.

Para Argentina, la cuestión resulta especialmente relevante porque la apertura comercial puede producir simultáneamente expansión exportadora y presión sobre determinados segmentos industriales. Los productores agroalimentarios, mineros y energéticos con capacidad exportadora parten de una posición diferente a la de las pequeñas industrias que dependen del mercado interno. El efecto final dependerá también de la evolución del tipo de cambio, los costos logísticos, el crédito, la infraestructura y la estabilidad regulatoria.

Para el Mercosur, el acuerdo tiene una dimensión institucional que puede ser incluso más importante que sus efectos comerciales inmediatos. Durante años el bloque fue criticado por su dificultad para concluir acuerdos con economías extrarregionales. Singapur representa la primera incursión formal del Mercosur en el Sudeste Asiático y demuestra que el bloque puede construir instrumentos comerciales más allá de sus relaciones tradicionales con Europa, Estados Unidos y China.

El efecto demostración puede ser relevante. Un Mercosur capaz de negociar con Singapur dispone de un precedente para profundizar vínculos con Indonesia, Vietnam, Malasia y Tailandia y, eventualmente, con otras economías del Indo-Pacífico. La reciente conclusión de las negociaciones con EFTA y las conversaciones con otros países muestran que la agenda externa del bloque se encuentra en una etapa de mayor dinamismo.

El desafío argentino consiste ahora en transformar el tratado en una política comercial concreta. La Cancillería ya prepara una misión empresarial a Singapur para septiembre, con compañías de alimentos, bebidas y software, precisamente para aprovechar las oportunidades abiertas por el nuevo marco. Ese paso resulta revelador: el éxito del acuerdo dependerá menos de la ceremonia de su firma que de la capacidad de construir vínculos comerciales permanentes.

La experiencia de otros países latinoamericanos muestra también que la inversión asiática busca activos concretos. UNCTAD registró en 2025 una entrada de inversión extranjera directa de 188.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe, un aumento del 14%. Brasil recibió 77.000 millones, convirtiéndose nuevamente en el principal receptor regional. La competencia por esos capitales será intensa y los proyectos capaces de atraerlos deberán ofrecer seguridad jurídica, infraestructura, rentabilidad y reglas estables.

El Acuerdo Mercosur-Singapur no es, por tanto, una simple reducción de aranceles. Es una apuesta por insertar a América del Sur en una región que concentra una parte creciente del comercio, las inversiones, la tecnología y las cadenas globales de producción. Para Argentina, representa una oportunidad particularmente significativa en alimentos, energía, minería, servicios profesionales y economía digital.

Pero también plantea una exigencia. La apertura no sustituye a la competitividad. La preferencia arancelaria solamente tiene valor si existen productos capaces de utilizarla y empresas preparadas para llegar al mercado. Singapur puede convertirse en un destino comercial relevante, pero su mayor valor estratégico reside en su condición de plataforma hacia el Indo-Pacífico y en su capacidad para conectar capitales, tecnología, logística y mercados.

La aprobación argentina marca así el final de una etapa y el comienzo de otra. Durante años, el debate estuvo concentrado en si el Mercosur debía abrirse al mundo. El acuerdo con Singapur desplaza la pregunta hacia un terreno mucho más concreto: qué hará Argentina con la puerta que acaba de abrirse. El tratado ofrece preferencias, previsibilidad y acceso. Convertirlas en exportaciones, inversiones, empleo y nuevas cadenas productivas será una tarea de empresas, gobiernos y organismos técnicos. El resultado dependerá de esa capacidad. Singapur puede ser para el Mercosur un pequeño mercado de seis millones de habitantes o, si la estrategia es adecuada, una de las principales puertas de entrada sudamericanas al gran espacio económico del Indo-Pacífico.

El Reino Unido ante el riesgo de una ruptura histórica: Escocia, Gales e Irlanda del Norte desafían a Westminster

La alianza inédita de los nacionalistas de las tres naciones británicas abre un proceso político cuyo desenlace todavía está lejos de la independencia, pero que obliga a Londres, Washington, Bruselas y la OTAN a prepararse para un eventual rediseño constitucional de las islas británicas. Escocia aparece como el eslabón más vulnerable de la Unión; Irlanda del Norte dispone del mecanismo jurídico más claro para abandonarla y Gales es, por ahora, el territorio con menor respaldo popular a la separación.

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Buenos Aires – Hay momentos en la historia constitucional de los Estados en los que una declaración política adquiere una importancia que excede largamente su contenido jurídico. La reunión celebrada este lunes en Cardiff por los dirigentes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte pertenece a esa categoría. John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill, junto con Mary Lou McDonald, firmaron un memorando que proclama el derecho de sus respectivas naciones a la autodeterminación y reclama a Westminster que prepare y facilite futuros cambios constitucionales. Los firmantes sostienen, además, que el futuro de sus territorios está en la Unión Europea.

El documento no equivale a una declaración de independencia ni pone en marcha automáticamente un proceso de disolución del Reino Unido. Los propios nacionalistas reconocen que cada territorio tiene una historia, un marco jurídico y una relación diferente con Londres. Pero el significado político es considerable: por primera vez desde el comienzo de la descentralización, las tres administraciones autónomas están encabezadas por fuerzas partidarias de modificar radicalmente su vínculo con el Estado británico.

El Reino Unido se enfrenta así a una paradoja. Su sistema constitucional permitió durante décadas acomodar identidades nacionales distintas dentro de una misma estructura estatal. Sin embargo, el Brexit, el fortalecimiento de los nacionalismos periféricos y el creciente cuestionamiento del modelo centralizado de Westminster han convertido aquella flexibilidad en una posible vía hacia la fragmentación.

Tres nacionalismos, tres proyectos diferentes

Escocia es el caso más avanzado. El SNP aspira a celebrar un nuevo referéndum durante la actual legislatura de Holyrood. En 2014, el 55,3% de los escoceses votó por permanecer en el Reino Unido, pero el Brexit modificó sustancialmente el contexto político: Escocia había votado mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea. Para el nacionalismo escocés, la salida del Reino Unido significó que una decisión adoptada por el conjunto del electorado británico terminó imponiendo a Escocia un resultado que la mayoría de sus votantes había rechazado.

El obstáculo es jurídico. El Tribunal Supremo británico estableció en 2022 que el Parlamento escocés no puede organizar unilateralmente un referéndum de independencia. La autorización corresponde a Westminster.

La cuestión es, por tanto, política antes que jurídica: ¿cuánto tiempo puede Londres negarse a una consulta si una mayoría clara y sostenida de los escoceses la reclama? El Gobierno de Andy Burnham ha optado por resistir, argumentando que las prioridades son económicas y sociales. Pero una negativa prolongada puede terminar alimentando precisamente el argumento nacionalista que pretende neutralizar.

Gales presenta una situación distinta. El nacionalismo galés posee una tradición cultural y lingüística profunda, pero el apoyo a la independencia sigue siendo considerablemente inferior al existente en Escocia. Plaid Cymru no reclama una consulta inmediata y pretende primero construir una base económica, política y social para la independencia. Según los datos recogidos en el documento de referencia, el apoyo independentista ronda actualmente el 32%, frente a aproximadamente un 68% contrario.

El problema galés es, además, económico. La economía depende fuertemente del mercado inglés y de las transferencias provenientes de Westminster. La desaparición del sistema de financiación británico obligaría a Cardiff a sustituir en forma acelerada recursos públicos que actualmente proceden del Estado central. El nacionalismo galés puede tener una poderosa dimensión identitaria, pero todavía no ha demostrado que pueda traducirse en una mayoría partidaria de asumir los costes económicos de la soberanía.

Irlanda del Norte constituye el caso más peculiar porque no se trataría estrictamente de una independencia, sino de una reunificación con la República de Irlanda. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 estableció un principio fundamental: el estatus constitucional de Irlanda del Norte puede modificarse si una mayoría de sus ciudadanos expresa democráticamente esa voluntad. El mecanismo es un border poll.

El Sinn Féin aspira a que esa consulta pueda producirse antes de 2030. Sin embargo, los datos disponibles todavía no muestran una mayoría favorable a la reunificación. El desafío es especialmente delicado porque cualquier proceso que sea percibido por la comunidad unionista como una imposición podría reabrir heridas que el Acuerdo de Viernes Santo consiguió cerrar después de tres décadas de violencia.

El factor europeo

El elemento que une a los tres movimientos nacionalistas es Europa. Los dirigentes sostienen que el Brexit perjudicó a sus territorios y que el futuro debería estar vinculado nuevamente a la Unión Europea.

Pero aquí aparece una diferencia entre la retórica política y la realidad jurídica. Una Escocia o un Gales independientes no regresarían automáticamente a la Unión. Como nuevos Estados deberían solicitar su ingreso mediante el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, procedimiento que exige una decisión unánime del Consejo y la ratificación del acuerdo de adhesión por todos los Estados miembros conforme a sus respectivas normas constitucionales.

Eso significa que la independencia no produciría un retorno automático al mercado único europeo. Escocia y Gales tendrían que negociar su incorporación mientras gestionan simultáneamente una nueva frontera con el resto del Reino Unido. La transición podría convertirse en el período más complejo de todo el proceso.

Irlanda del Norte tendría una ventaja sustancial. Si se produjera una reunificación conforme al Acuerdo de Viernes Santo, el territorio pasaría a formar parte de un Estado que ya pertenece a la Unión Europea. No habría una candidatura norirlandesa independiente. La cuestión sería cómo adaptar institucional y financieramente el territorio al Estado irlandés y al marco comunitario.

Los costos de la independencia

La principal debilidad del proyecto independentista se encuentra en las cuentas públicas. La independencia no consiste simplemente en reemplazar una bandera por otra. Implica crear un Estado: recaudar impuestos, emitir deuda, garantizar pensiones, organizar la defensa, establecer relaciones comerciales y disponer de una política monetaria.

Escocia parte de una situación paradójica. Posee una economía diversificada, importantes servicios financieros, universidades de prestigio, una potente industria energética y enormes posibilidades de desarrollo de la energía eólica marina. Pero también presenta un déficit fiscal elevado. Según las cifras recogidas en el documento, el déficit nocional de 2025-2026 alcanzaría unos 25.300 millones de libras, aproximadamente el 10,9% del PIB.

El petróleo del Mar del Norte no resolvería por sí solo el problema. Los hidrocarburos siguen siendo un activo estratégico, pero la producción ha dejado de tener la magnitud necesaria para financiar sin dificultades un Estado moderno. La verdadera oportunidad escocesa estaría en combinar energía renovable, servicios financieros, tecnología, universidades y una eventual integración europea.

Gales se encontraría en una posición más complicada. Su dependencia de las transferencias británicas y del mercado inglés es mayor, mientras su base fiscal es más estrecha. Una frontera comercial con Inglaterra podría afectar particularmente a la industria galesa y al corredor económico del sur del país.

Para Irlanda, en cambio, la reunificación tendría un costo fiscal considerable. Irlanda del Norte presenta un déficit que actualmente es cubierto en buena medida por Westminster. Las estimaciones disponibles oscilan ampliamente, desde unos 3.000 millones de euros anuales hasta cifras mucho mayores. La incertidumbre refleja la dificultad de calcular los efectos sobre salarios, pensiones, infraestructura, sanidad y servicios públicos.

Pero también habría beneficios. Desaparecería la frontera terrestre entre ambas Irlandas, el Norte quedaría plenamente integrado en el mercado único y adoptaría el euro, mientras Irlanda ampliaría su territorio, población y peso económico.

¿Puede realmente desaparecer el Reino Unido?

A corto plazo, una disolución simultánea parece improbable. El propio pacto de Cardiff reconoce que cada nación seguirá su propio camino. El escenario más plausible es una secuencia y no una ruptura simultánea: primero Escocia, eventualmente Irlanda del Norte y, en un horizonte mucho más distante, Gales.

Escocia constituye hoy el principal foco de riesgo. Gales todavía carece de una mayoría independentista y el proceso norirlandés está sometido a un mecanismo jurídico específico. La posibilidad de una ruptura completa dependerá, sobre todo, de tres variables: la evolución de la opinión pública, la disposición de Westminster a aceptar consultas y la capacidad de los nacionalistas para presentar proyectos económicos convincentes.

La peor alternativa sería una separación unilateral. La mejor, tanto para los territorios como para Londres, sería una negociación constitucional pactada.

El mecanismo debería comenzar con acuerdos políticos sobre la pregunta sometida a consulta, el padrón electoral, la mayoría necesaria y las garantías de imparcialidad. Después de un eventual triunfo independentista debería abrirse una negociación formal sobre deuda pública, activos, pensiones, ciudadanía, defensa, fronteras, recursos energéticos, moneda, comercio y bases militares. Solo después tendría sentido establecer la fecha efectiva de independencia.

El proceso completo podría durar muchos años. Algunas fuentes estiman entre cinco y quince años para resolver las cuestiones derivadas de una separación plena.

Estados Unidos, la OTAN y Europa ante el posible divorcio

Washington tendría que actuar con especial prudencia. El reciente respaldo de Donald Trump a una Irlanda unificada añade una dimensión internacional al debate, aunque la política estadounidense debería evitar la apariencia de intervenir directamente en la arquitectura constitucional británica.

Estados Unidos tiene un interés estratégico superior: preservar la alianza atlántica, la cooperación de inteligencia con Londres y la estabilidad militar del norte de Europa. Un Reino Unido fragmentado seguiría siendo importante para Washington, pero su capacidad diplomática y militar podría reducirse.

La OTAN tendría que adoptar una posición estrictamente neutral respecto de la cuestión constitucional. Su prioridad sería garantizar que cualquier nuevo Estado miembro que surgiera de una separación pactada pudiera incorporarse a las estructuras aliadas sin generar un vacío de seguridad. El asunto nuclear sería particularmente sensible. La base de Faslane, en Escocia, alberga la disuasión nuclear británica, por lo que una independencia escocesa obligaría a Londres a encontrar una nueva infraestructura para sus submarinos estratégicos. La OTAN, que considera las fuerzas nucleares estratégicas parte esencial de su arquitectura de disuasión, no podría ignorar las consecuencias.

Bruselas tendría que ser todavía más cautelosa. La Unión Europea no debería estimular una secesión dentro de un Estado europeo, pero tampoco podría permanecer indiferente ante un proceso democrático y pactado. Para Escocia y Gales, la fórmula sería clara: independencia reconocida, solicitud de adhesión y negociación. Para Irlanda del Norte, la situación sería distinta y potencialmente mucho más sencilla.

El nuevo mapa de las islas

La cuestión decisiva no es si el Reino Unido puede desaparecer mañana. No puede. La cuestión es si el modelo político creado por las uniones de 1707 y 1921 continuará siendo capaz de contener las identidades nacionales que conviven dentro de él.

El pacto de Cardiff no es todavía el acta de defunción del Reino Unido. Es, más bien, la primera advertencia de que la discusión ha cambiado de naturaleza. Escocia ya no debate solamente cuánto poder debe recibir de Westminster; discute qué ventajas tendría dejar de pertenecer al Estado británico. Irlanda del Norte ya no considera la reunificación una hipótesis histórica distante. Y Gales, aunque más cauteloso, ha incorporado la soberanía a su debate político.

La paradoja final es que una separación ordenada podría no significar necesariamente una ruptura de la cooperación. Escocia, Gales, Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido seguirían compartiendo geografía, comercio, historia, cultura, seguridad y millones de vínculos personales.

El verdadero desafío para Londres será comprender que preservar la Unión quizá ya no consista en impedir que sus territorios voten, sino en convencerlos de que todavía tienen razones suficientes para permanecer juntos. Si Westminster fracasa en esa tarea, el Reino Unido podría descubrir que su mayor amenaza no procede del exterior, sino de una pregunta elemental que cada vez más ciudadanos de sus naciones parecen dispuestos a formular: ¿por qué seguir juntos?

 

BRICS 2026: el Sur Global busca convertir su peso económico en poder político

 

La Cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi bajo la presidencia de Narendra Modi, confirma la transformación de una asociación inicialmente económica en uno de los principales espacios de articulación del llamado Sur Global. Con once miembros, diez países socios y la participación de dirigentes de organismos internacionales, el grupo reúne cerca de la mitad de la población mundial, alrededor del 40% del PIB global y una proporción extraordinaria de las reservas energéticas del planeta. La Declaración de Nueva Delhi, aprobada por unanimidad, reclama una reforma del sistema internacional, cuestiona el unilateralismo comercial y financiero, impulsa los pagos en monedas nacionales y llama a la máxima contención en Oriente Próximo. Pero, detrás de su creciente dimensión, persiste una cuestión decisiva: si los BRICS pueden transformar su enorme peso demográfico, económico y energético en una estrategia política coherente.

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La XVIII Cumbre de los BRICS se celebró los días 12 y 13 de septiembre en Bharat Mandapam, el gran centro internacional de convenciones de Nueva Delhi, bajo la presidencia de la India y con un lema que resume la ambición de la nueva etapa: “Construyendo para la Resiliencia, la Innovación, la Cooperación y la Sostenibilidad”. El encuentro se produjo en un momento de extraordinaria tensión internacional, marcado por la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, la guerra de Ucrania, las disputas comerciales y la creciente fragmentación del sistema multilateral.

Los BRICS nacieron originalmente como una asociación de Brasil, Rusia, India y China. La denominación procede del acrónimo acuñado en 2001 por el economista de Goldman Sachs Jim O’Neill para identificar a las grandes economías emergentes con mayor potencial de crecimiento. La primera reunión política tuvo lugar en 2006 y la primera cumbre presidencial se celebró en Ekaterimburgo en 2009. Sudáfrica se incorporó posteriormente, convirtiendo BRIC en BRICS. La gran transformación llegó con la ampliación acordada en Johannesburgo en 2023 y concretada durante 2024 y 2025.

En la actualidad, las fuentes oficiales consideran miembros a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. La situación de Riad merece, sin embargo, una precisión: aunque aparece incluida en las listas oficiales del bloque, el Gobierno saudí no ha confirmado públicamente en los mismos términos que los restantes miembros su incorporación formal. La propia documentación del BRICS mantiene a Arabia Saudí dentro de los once.

A ellos se suman diez países socios: Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Esta categoría fue creada en la cumbre de Kazán de 2024 y permite ampliar considerablemente el radio de influencia de la organización sin convertir automáticamente a todos sus participantes en miembros plenos.

La cumbre de Nueva Delhi incorporó además un importante componente de apertura internacional. Participaron como invitados de divulgación representantes de Bahréin, en representación del Consejo de Cooperación del Golfo; Burundi, en representación de la Unión Africana; Filipinas, por la ASEAN; y Uruguay, por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev participó, a su vez, como dirigente de un país socio y representante de la Unión Económica Euroasiática. Entre las organizaciones internacionales estuvieron Naciones Unidas, representada por António Guterres; la Organización Mundial de la Salud, por Tedros Adhanom Ghebreyesus; la Organización Mundial del Comercio, por Ngozi Okonjo-Iweala; el Nuevo Banco de Desarrollo, presidido por Dilma Rousseff; y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras.

El significado económico de esta arquitectura resulta difícil de exagerar. Los BRICS reúnen aproximadamente al 49% de la población mundial y alrededor del 40% del PIB planetario. La cifra es particularmente relevante cuando el producto se mide mediante paridad del poder adquisitivo, indicador que permite comparar el volumen efectivo de bienes y servicios producidos teniendo en cuenta las diferencias de precios internos. El FMI calcula que las economías emergentes y en desarrollo generan alrededor del 61% del PIB mundial medido por PPA.

El cruce entre PIB nominal y PPA revela la verdadera dimensión del fenómeno. China ocupa el primer lugar mundial por PPA, con unos 44,3 billones de dólares internacionales; Estados Unidos es segundo, con aproximadamente 32,4 billones; India aparece tercera, con cerca de 18,9 billones; Rusia cuarta, con unos 7,5 billones; Indonesia séptima, con aproximadamente 5,45 billones, y Brasil octava, con unos 5,23 billones. Es decir, cinco integrantes de los BRICS —China, India, Rusia, Indonesia y Brasil— concentran por sí solos una masa económica equivalente a más de 81 billones de dólares en términos de PPA.

La comparación con el G7 resulta especialmente reveladora. Mientras los BRICS representan alrededor del 40% del PIB mundial en PPA, el G7 se sitúa en torno al 30%. En términos de crecimiento, además, los BRICS han adquirido un peso creciente en la expansión de la economía mundial. Vladímir Putin sostuvo en el Foro Empresarial de Nueva Delhi que los BRICS habían generado más del 40% del PIB mundial en los últimos cinco años y que aportaron cerca de la mitad del crecimiento global durante ese período, frente al 18% del G7. Son cifras utilizadas políticamente por Moscú y deben interpretarse con cautela según la metodología estadística empleada, pero ilustran el argumento central del bloque: el centro de gravedad económico mundial se desplaza hacia Asia y otras regiones emergentes.

La comparación con la Unión Europea ofrece otra perspectiva. La UE posee una economía integrada, una moneda común en gran parte de sus miembros, instituciones supranacionales y un mercado único, características que los BRICS no poseen. Tampoco constituyen una alianza militar comparable a la OTAN. Su estructura es deliberadamente más flexible: las decisiones se adoptan por consenso y los Estados conservan plena autonomía en política exterior, defensa y economía. Esa debilidad institucional es, paradójicamente, una de sus fortalezas: permite sentar en la misma mesa a democracias como India y Brasil, monarquías como Arabia Saudí y Emiratos, regímenes autoritarios y potencias enfrentadas entre sí.

El peso energético constituye otra dimensión esencial. Según las estimaciones reunidas en el material utilizado para este análisis, los miembros del BRICS concentran aproximadamente el 41% de las reservas probadas mundiales de petróleo si se incluye Arabia Saudí, y más de la mitad de las reservas probadas de gas natural. Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Rusia concentran enormes reservas petroleras, mientras Rusia e Irán ocupan posiciones centrales en el gas. China e India agregan a esa ecuación la condición de grandes consumidores, mientras Brasil aporta una creciente dimensión energética atlántica a través de sus yacimientos del presal.

No se trata, naturalmente, de que los BRICS posean esas reservas como una entidad supranacional. Cada Estado conserva el control soberano sobre sus recursos y sus intereses energéticos no siempre coinciden. Pero la concentración geográfica tiene consecuencias geopolíticas: dentro de un mismo espacio de cooperación conviven algunos de los principales exportadores mundiales de hidrocarburos con China e India, dos de los mayores consumidores. Esa combinación convierte al grupo en un actor particularmente relevante para la seguridad energética mundial. El Energy Institute confirma, además, la extraordinaria importancia de Rusia, Irán y China en la producción global de gas.

La dimensión estratégica se completa con el factor nuclear. Tres miembros del BRICS —Rusia, China e India— son potencias nucleares reconocidas de facto y poseen arsenales nucleares. Rusia y China son, además, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La India dispone de un arsenal nuclear independiente y reclama desde hace años una mayor representación en el Consejo. Irán no posee armas nucleares declaradas y no pertenece al grupo de Estados nuclearmente armados, aunque su programa nuclear constituye uno de los principales factores de tensión internacional. Esta composición otorga al BRICS una densidad estratégica que ninguna agrupación económica convencional puede ignorar.

La India procuró que la cumbre no se transformara en una plataforma abiertamente antioccidental. El profesor de Yale Sushant Singh advertía antes de la reunión que Nueva Delhi no se sentiría cómoda con una postura explícitamente hostil a Occidente debido a sus relaciones de defensa con Estados Unidos y sus vínculos comerciales con Europa y Norteamérica. Mihaela Papa, directora del BRICS Lab del MIT, observaba en cambio que la posición particular de India podía convertirla en un mediador entre potencias rivales.

Esa tensión quedó reflejada en la declaración final. Los once miembros aprobaron por unanimidad la Declaración de Nueva Delhi, un extenso documento de 140 puntos que procura conciliar posiciones nacionales muy diferentes. El texto reivindica un orden internacional “más representativo y justo”, la reforma del multilateralismo y una mayor presencia de Asia, África y América Latina en las instituciones globales. China y Rusia expresaron nuevamente su respaldo a las aspiraciones de Brasil e India de desempeñar un papel más importante en Naciones Unidas y en su Consejo de Seguridad.

El documento también condena el terrorismo en todas sus formas, respalda la solución pacífica de las controversias mediante diálogo y diplomacia y rechaza el incremento de medidas arancelarias y no arancelarias unilaterales que, según el bloque, distorsionan el comercio y contradicen las normas de la OMC. En materia financiera, reafirma el objetivo de desarrollar sistemas de pagos transfronterizos más rápidos, baratos y seguros y ampliar las liquidaciones en monedas nacionales. No se trata todavía de una moneda común ni de una sustitución inmediata del dólar, sino de una arquitectura destinada a reducir la dependencia de los mecanismos financieros dominados por Estados Unidos.

La cuestión más delicada fue Oriente Próximo. La declaración expresa “profunda preocupación” por la escalada y reclama “máxima contención”, además de la protección de civiles e infraestructuras, incluidas las instalaciones nucleares. El consenso fue significativo porque Irán forma parte del BRICS mientras Emiratos Árabes Unidos mantiene posiciones diferentes y Estados Unidos es aliado de varios de los países del Golfo. Reuters destacó que el acuerdo entre Teherán y Abu Dabi para respaldar el llamamiento conjunto representó un avance diplomático dentro de una organización atravesada por profundas divergencias.

El documento dedicó asimismo una atención sustancial a Palestina, Gaza y Líbano, mientras evitó mencionar expresamente la guerra de Ucrania, una omisión significativa si se la compara con la declaración de la cumbre de Río de Janeiro de 2025. Esa decisión parece responder a la necesidad de preservar el consenso interno y evitar que el conflicto europeo se convierta en un factor de ruptura entre Rusia, China, India, Brasil y los restantes miembros.

En economía, tecnología y energía, Nueva Delhi quiso proyectar un BRICS menos retórico y más operativo. La declaración respalda la cooperación en inteligencia artificial, economía digital, cadenas de suministro, innovación, agricultura, seguridad alimentaria y transición energética. El texto reconoce simultáneamente la necesidad de reducir emisiones y el papel todavía decisivo de los combustibles fósiles, defendiendo una transición energética “justa, ordenada, equitativa e inclusiva” y la neutralidad tecnológica.

Xi Jinping propuso avanzar hacia un “Greater BRICS” mediante mayor integración industrial y tecnológica, estabilidad de las cadenas de suministro, un mercado más conectado y una zona abierta de cooperación en inteligencia artificial. Putin, por su parte, presentó al grupo como uno de los motores del desplazamiento hacia un orden multipolar y destacó la necesidad de desarrollar infraestructura propia de pagos, inversión y comercio.

La paradoja de los BRICS aparece precisamente allí donde reside su mayor fortaleza. Ningún otro foro reúne simultáneamente semejante población, volumen económico, reservas energéticas, capacidad industrial y potencias nucleares. Pero tampoco resulta sencillo encontrar otro agrupamiento donde convivan tantos intereses contrapuestos: China e India compiten por la influencia asiática; Irán y algunos Estados del Golfo mantienen profundas diferencias; Rusia enfrenta a Occidente; India conserva estrechos vínculos estratégicos con Estados Unidos; Brasil procura mantener una política exterior autónoma y Arabia Saudí equilibra sus relaciones entre Washington, Pekín y Moscú.

Por eso, la XVIII Cumbre de Nueva Delhi no convirtió a los BRICS en una nueva superpotencia institucional. Hizo algo más importante: consolidó la existencia de un espacio internacional que ya no puede ser considerado periférico. Su verdadera importancia no reside únicamente en las declaraciones contra el unilateralismo ni en la aspiración de reducir el peso del dólar. Está en la acumulación de población, producción, energía, tecnología, territorio y capacidad militar que comienza a modificar la distribución mundial del poder.

La pregunta que queda abierta es si esa masa crítica podrá transformarse en una estrategia común. Por ahora, la respuesta sigue siendo incierta. Pero la reunión de Nueva Delhi demuestra que el mundo que emerge ya no puede ser explicado exclusivamente desde Washington, Bruselas o Tokio. Los BRICS pretenden que el siglo XXI tenga más de un centro de gravedad. Y sus cifras indican que esa pretensión dejó de ser una hipótesis para convertirse en una realidad geopolítica.