Marruecos convierte sus puertos en instrumentos de poder económico y proyección atlántica

 

El Rey Mohammed VI impulsa una transformación de la infraestructura marítima que combina competitividad internacional, seguridad energética, desarrollo de las provincias del sur y una nueva estrategia de integración africana. Nador West Med, la ampliación de Tánger Med y el futuro puerto de Dajla expresan una misma ambición: situar al reino en el centro de las grandes rutas comerciales entre Europa, África y América.

Buenos Aires - La geografía ha concedido a Marruecos una posición excepcional, pero es la decisión política de convertir esa ventaja en capacidad económica la que está redefiniendo su lugar en el comercio internacional. Situado entre el Mediterráneo y el Atlántico, a las puertas del estrecho de Gibraltar y frente a algunas de las principales rutas marítimas del planeta, el reino alauí ha emprendido una expansión portuaria que trasciende ampliamente la construcción de muelles, terminales y plataformas logísticas. Se trata de una estrategia de Estado que busca atraer inversiones, diversificar la estructura productiva, fortalecer la seguridad energética y consolidar una presencia africana con proyección transcontinental.

El rey Mohammed VI ocupa un lugar central en esa transformación. Su intervención directa en la evaluación de los grandes proyectos, la continuidad de las reuniones de trabajo en el Palacio Real y la insistencia en que las inversiones produzcan resultados sociales verificables revelan una concepción del desarrollo en la que la infraestructura constituye, al mismo tiempo, un instrumento de modernización económica y una palanca de influencia geopolítica.

El comunicado del Gabinete Real del 28 de octubre de 2026 ofrece una imagen particularmente significativa de esta orientación. Mohammed VI presidió una reunión dedicada al avance del complejo portuario e industrial Nador West Med y a la ampliación de Tánger Med mediante la construcción de una tercera instalación. El encuentro prolongaba una sesión de trabajo celebrada el 28 de enero y tenía como objetivo examinar el estado de las obras, las próximas etapas y la puesta en servicio de nuevas capacidades. El mensaje político era inequívoco: los proyectos portuarios forman parte de una planificación estratégica que exige seguimiento, coordinación institucional y cumplimiento de objetivos.

La importancia de esta política reside también en su continuidad. En julio de 2002, durante un discurso con motivo de la Fiesta del Trono, el monarca anunció la creación de un gran complejo portuario, comercial e industrial al este de Tánger. Aquella decisión sentó las bases de un modelo que posteriormente transformaría la relación de Marruecos con las cadenas internacionales de suministro. La Agencia Especial Tánger Mediterráneo recuerda que el proyecto fue concebido desde el principio como una plataforma integrada, en la que la infraestructura marítima debía vincularse con zonas industriales, comerciales y logísticas.

Tanger Med Special Agency

El resultado ha sido la consolidación de un sistema que ya no se limita a facilitar el tránsito de mercancías, sino que aspira a retener dentro del territorio marroquí una proporción creciente del valor generado por el comercio mundial. La siguiente etapa consiste en ampliar esa capacidad, extender sus beneficios hacia regiones menos favorecidas y proyectar la infraestructura nacional sobre la fachada atlántica africana.

Nador West Med, una nueva plataforma para el Mediterráneo occidental

La próxima entrada en funcionamiento de Nador West Med constituye uno de los hitos más relevantes de esta estrategia. El complejo, situado en la región Oriental, ha movilizado inversiones públicas y privadas por valor de 54.000 millones de dírhams, aproximadamente 5.000 millones de euros. Su diseño combina terminales de contenedores, instalaciones energéticas, espacios industriales y plataformas logísticas, con el propósito de convertir una infraestructura marítima en un polo de actividad económica de alcance regional.

La primera terminal de contenedores dispondrá de una capacidad prevista de 3,5 millones de TEU anuales —la unidad equivalente a un contenedor de veinte pies—. Una segunda terminal, con capacidad para 1,8 millones de TEU, tiene prevista su entrada en servicio en abril de 2027. La inversión privada asociada a ambas instalaciones alcanzará los 8.000 millones de dírhams. El proyecto contempla asimismo terminales para graneles sólidos y mercancías diversas, además de instalaciones destinadas al almacenamiento y la distribución de hidrocarburos.

La dimensión energética es particularmente significativa. El complejo prevé una zona de almacenamiento de hidrocarburos con una capacidad potencial de cuatro millones de metros cúbicos y una terminal de gas natural licuado capaz de procesar hasta 5.000 millones de metros cúbicos anuales. Estas instalaciones deberán contribuir a diversificar las vías de abastecimiento energético del reino, mejorar su capacidad de almacenamiento y facilitar la articulación entre las necesidades industriales y las redes internacionales de suministro.

En una economía expuesta a las oscilaciones de los mercados energéticos internacionales, la disponibilidad de infraestructuras adecuadas representa una ventaja estratégica. No elimina la dependencia de los suministros externos, pero puede proporcionar mayor flexibilidad para gestionar las importaciones, ampliar las alternativas de aprovisionamiento y responder a las fluctuaciones de la demanda.

La importancia del proyecto reside también en su capacidad para estimular la industrialización de la región Oriental. La zona industrial ya cuenta con una fábrica en funcionamiento y otras tres en construcción, según el comunicado oficial. Las previsiones iniciales apuntan a la creación de 14.000 empleos directos y 20.000 indirectos, mientras que las proyecciones de desarrollo a más largo plazo contemplan un volumen de ocupación considerablemente superior.

Mohamed Jamal Benjelloun, director general de Nador West Med, ha definido el complejo como una “locomotora del desarrollo territorial y regional”, una expresión que resume la expectativa de que la infraestructura contribuya a fortalecer el tejido industrial, generar riqueza y mejorar las condiciones de vida de la población.

Para que esa expectativa se materialice, Marruecos deberá garantizar que la actividad portuaria no quede aislada de la economía circundante. La conexión ferroviaria Selouane-Nador West Med y la autopista Guercif-Nador West Med son piezas fundamentales de esa integración. Su finalidad es facilitar el movimiento de mercancías, reducir los costes logísticos y permitir que las empresas de la región accedan a mercados nacionales e internacionales con mejores condiciones de competitividad.

El desafío consiste, en definitiva, en transformar la ventaja geográfica en una ventaja productiva. Un puerto puede multiplicar el tránsito de contenedores sin generar necesariamente un desarrollo proporcional en su entorno. La diferencia depende de la capacidad de atraer industrias, formar trabajadores, impulsar pequeñas y medianas empresas y crear cadenas de proveedores locales.

Tánger Med 3: ampliar un éxito internacional

La ampliación de Tánger Med responde a una lógica complementaria. El complejo se ha convertido en uno de los principales activos económicos de Marruecos y en una plataforma de referencia para el comercio marítimo entre Europa, África, Asia y América.

Las cifras de 2025 permiten comprender la dimensión alcanzada. Según la autoridad portuaria, Tánger Med gestionó 11.106.164 TEU, un crecimiento del 8,4% respecto del año anterior, y movilizó 161 millones de toneladas de mercancías. El tráfico de camiones alcanzó las 535.203 unidades, mientras que el movimiento de pasajeros superó los 3,2 millones. La actividad vinculada a las exportaciones industriales y agroalimentarias contribuyó a sostener ese dinamismo.

El proyecto Tánger Med 3 pretende aprovechar esa trayectoria mediante la construcción de una nueva instalación al oeste de Tánger Med 2. La infraestructura contará con 1.200 metros de muelles, una capacidad adicional de 4,5 millones de contenedores anuales y una inversión estimada de 8.000 millones de dírhams. El contrato de concesión para desarrollar la nueva terminal ha sido firmado con Maersk-APM, vinculación que confirma la participación de operadores internacionales de primer nivel en la expansión de la plataforma marroquí.

Una vez completadas las ampliaciones previstas, el complejo podría alcanzar una capacidad total de 20 millones de TEU anuales. Esa cifra constituye una capacidad proyectada, no un volumen de tráfico ya alcanzado, pero revela la escala de los proyectos marroquíes.

La relevancia de Tánger Med no se mide únicamente por el número de contenedores que recibe. Su integración con zonas industriales ha favorecido la conexión entre la producción manufacturera marroquí y los mercados exteriores. Los sectores automovilístico, agroalimentario y manufacturero encuentran en el puerto una infraestructura capaz de facilitar las exportaciones, reducir los tiempos de tránsito y reforzar la previsibilidad de las operaciones comerciales.

La decisión de ampliar Tánger Med mientras se desarrolla Nador West Med evidencia una planificación que procura distribuir las funciones logísticas entre distintos puntos de la costa mediterránea. El objetivo es fortalecer la posición internacional del reino y reducir la dependencia de una única plataforma portuaria, al tiempo que se generan nuevas oportunidades de inversión en regiones diferentes.

Dajla Atlántico y la ambición de construir una fachada africana

Sin embargo, la transformación más profunda de la geografía económica marroquí podría producirse en la costa atlántica de las provincias del sur. Allí, el puerto Dajla Atlántico representa una pieza esencial de la política impulsada por el rey Mohammed VI para convertir la fachada marítima meridional en un espacio de intercambio económico, industrial y logístico entre Marruecos y el resto del continente.

La iniciativa se inscribe en una visión expuesta por el monarca en su discurso del 6 de noviembre de 2023, con ocasión del aniversario de la Marcha Verde. En aquella intervención, Mohammed VI afirmó que, así como el Mediterráneo vincula a Marruecos con Europa, el Atlántico constituye su puerta de acceso a África y América. El rey defendió la rehabilitación de la costa nacional y la construcción de un espacio atlántico capaz de favorecer la integración económica y ampliar la proyección internacional del país.

El mensaje contenía una definición geopolítica de considerable alcance. Marruecos no debía limitarse a aprovechar su posición en el estrecho de Gibraltar, sino desarrollar las infraestructuras necesarias para convertir su litoral atlántico en una plataforma de articulación continental. La iniciativa contempla mejores conexiones marítimas y terrestres, plataformas logísticas, una economía marítima más desarrollada y una mayor capacidad para atraer inversiones productivas.

Dajla Atlántico constituye una expresión concreta de esa orientación. Situado al norte de la ciudad de Dajla, el proyecto incorpora un puerto comercial de aguas profundas, instalaciones para la pesca costera y de altura, y espacios destinados a la industria naval. Está concebido para respaldar actividades pesqueras, agrícolas, mineras, energéticas y comerciales, con una amplia zona industrial y logística asociada.

La evolución de las obras confirma la importancia que Rabat concede al proyecto. Según la información publicada en octubre de 2026 por medios económicos marroquíes, la ejecución física había superado el 74% al cierre de septiembre, de acuerdo con datos de la empresa constructora SGTM. El presupuesto actualizado supera los 15.000 millones de dírhams y el calendario oficial sitúa la conclusión de las obras principales hacia finales de 2028, con la entrada en explotación prevista a partir de 2029.

La nueva infraestructura deberá contribuir a diversificar la economía de las provincias del sur, ampliar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones para comercializar productos pesqueros y otras mercancías. También puede facilitar la conexión de las actividades económicas del interior africano con los mercados marítimos internacionales.

Este último aspecto tiene una dimensión estratégica. Los países del Sahel sin salida al mar afrontan costes adicionales de transporte y dificultades logísticas para acceder a los mercados globales. Marruecos pretende ofrecerles una vía de conexión atlántica mediante la combinación de puertos, carreteras, plataformas de almacenamiento y acuerdos de cooperación regional.

La propuesta forma parte de la iniciativa real destinada a facilitar el acceso de los países sahelianos al océano Atlántico. En su discurso de 2023, Mohammed VI sostuvo que los problemas de la región no podían resolverse exclusivamente mediante instrumentos militares y reclamó una estrategia basada en la cooperación y el desarrollo compartido.

El éxito de esa aspiración dependerá, no obstante, de la materialización de los corredores de transporte, de los acuerdos comerciales y aduaneros, de la estabilidad regional y de la capacidad de los países participantes para financiar sus infraestructuras. Dajla Atlántico puede ofrecer una oportunidad, pero la transformación de esa posibilidad en flujos comerciales regulares exigirá inversiones complementarias y una cooperación sostenida.

La supervisión real y la dimensión social del desarrollo

La intervención directa de Mohammed VI en el seguimiento de los proyectos portuarios responde a una concepción de la gobernanza en la que las grandes inversiones deben someterse a una supervisión política continuada. Las reuniones presididas por el monarca permiten evaluar los avances, identificar las próximas etapas y recordar a los responsables institucionales que la infraestructura debe cumplir objetivos económicos y sociales.

El comunicado del Gabinete Real del 28 de octubre de 2026 contiene una directiva especialmente relevante: los beneficios de Nador West Med y de la ampliación de Tánger Med deben llegar al conjunto de las provincias concernidas y traducirse en mejoras tangibles para sus habitantes. Mohammed VI reclamó asimismo que se aceleren los programas de formación adaptados a las nuevas actividades, con el propósito de facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

La importancia de esta instrucción reside en reconocer que la construcción de infraestructuras no garantiza por sí sola el desarrollo humano. La creación de puestos de trabajo requiere trabajadores cualificados; la llegada de empresas necesita proveedores locales; y el aumento de la actividad portuaria debe acompañarse de servicios públicos, conectividad y mejores oportunidades educativas.

La apuesta por el desarrollo territorial aparece igualmente en la estrategia de Tánger Med, cuya agencia gestora atribuye al proyecto una dimensión económica, industrial y logística integrada. La experiencia acumulada en ese complejo ofrece a Marruecos una base institucional para extender el modelo a Nador y a la fachada atlántica, aunque cada región deberá adaptarlo a sus recursos, necesidades y estructura productiva.

Una estrategia económica con consecuencias geopolíticas

La expansión portuaria marroquí adquiere su significado más profundo cuando se observa como parte de una estrategia de posicionamiento internacional. En una economía mundial marcada por la reorganización de las cadenas de suministro, la competencia entre plataformas logísticas y la búsqueda de rutas comerciales más flexibles, disponer de puertos eficientes constituye un factor de poder económico.

La combinación de Tánger Med, Nador West Med y Dajla Atlántico permitiría al reino articular capacidades complementarias en el Mediterráneo y el Atlántico. El primer complejo consolidaría su papel como plataforma internacional de contenedores; el segundo ampliaría la conectividad del este del país e incorporaría una dimensión energética e industrial; y el tercero contribuiría a proyectar la economía marroquí hacia África occidental y los países del Sahel.

Esta red también puede reforzar la posición del Reino en las relaciones con Europa, al proporcionar infraestructuras útiles para las cadenas industriales y comerciales que conectan ambos continentes. Al mismo tiempo, la fachada atlántica abre oportunidades de cooperación con los países africanos ribereños del océano y con los mercados americanos.

El propósito no consiste simplemente en aumentar la capacidad de manipulación de mercancías. Se trata de atraer inversión productiva, estimular las exportaciones, consolidar actividades industriales y convertir las infraestructuras en instrumentos de integración económica. La Declaración de Rabat de febrero de 2025, adoptada en el marco del proceso de los Estados africanos atlánticos, respaldó precisamente la aspiración de transformar la costa atlántica africana en un espacio integrado, próspero y conectado con el mundo.

El desafío será mantener la coherencia entre esa ambición y sus resultados concretos. La capacidad portuaria debe acompañarse de una marina mercante competitiva, redes terrestres eficientes, procedimientos comerciales ágiles, inversiones privadas sostenidas y una estrategia de desarrollo industrial que aumente el valor añadido generado dentro del país.

Marruecos dispone de una experiencia relevante para afrontar esa tarea. El crecimiento de Tánger Med demuestra que una infraestructura portuaria puede convertirse en un activo estratégico cuando se integra en una política económica de largo plazo. Nador West Med y Dajla Atlántico deberán demostrar que ese modelo puede reproducirse en contextos territoriales diferentes y producir beneficios duraderos para sus respectivas poblaciones.

La supervisión ejercida por Mohammed VI revela que el Gobierno marroquí considera estos proyectos prioridades nacionales, no actuaciones aisladas de ingeniería. La continuidad de las reuniones de trabajo y las instrucciones dirigidas a los responsables políticos expresan la voluntad de mantener el control de los plazos, coordinar las inversiones y vincular los resultados económicos con objetivos de desarrollo social.

En última instancia, el éxito de esta transformación no se medirá exclusivamente por la posición de los puertos marroquíes en las clasificaciones internacionales, ni por el número de contenedores que atraviesen sus terminales. Su verdadera dimensión se determinará por la capacidad de generar empleos estables, diversificar la economía, fortalecer las empresas nacionales, mejorar la vida de las comunidades costeras y ampliar las oportunidades de las provincias del sur.

Mohammed VI ha situado la infraestructura marítima en el centro de una visión que combina modernización económica, integración africana y proyección atlántica. Si las inversiones previstas se traducen en conectividad efectiva, industrialización y desarrollo humano, Marruecos habrá conseguido transformar una ventaja geográfica en una plataforma duradera de influencia económica. El océano Atlántico dejará entonces de ser únicamente una frontera marítima para convertirse en uno de los principales espacios de expansión de su futuro nacional.

 

Lula ante el espejo de un Brasil fracturado

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, alcanzada el 25 de octubre de 2026 con el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, constituye un hito histórico —es el primer presidente en conseguir un cuarto mandato no consecutivo y la primera remontada en segunda vuelta desde la redemocratización—, pero dista de ser un cheque en blanco.

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La estrechez del resultado, con cerca de 4,4 millones de votos de diferencia y un país escindido en dos bloques de tamaño comparable, anticipa un mandato en el que la capacidad de movilización electoral del dirigente del Partido de los Trabajadores deberá traducirse en gobernabilidad efectiva a partir de enero de 2027. La desaceleración económica, el endeudamiento de hogares y empresas, la fortaleza institucional de la oposición y las tensiones con Washington pondrán a prueba su habilidad para conciliar promesas sociales con disciplina fiscal, mientras la edad del mandatario —cumplirá 81 años el 27 de octubre— convierte la sucesión en un interrogante central para la izquierda.

La victoria no ha cerrado la fractura política. Flávio Bolsonaro ha anunciado su intención de impugnar judicialmente el resultado, invocando la prórroga de dos horas en la votación por problemas de transporte. La autoridad electoral ha proclamado a Lula, y las acusaciones requieren pruebas verificables; no obstante, el bolsonarismo ha erigido parte de su identidad en la desconfianza hacia las instituciones electorales y judiciales. Esa negativa a aceptar el desenlace puede prolongar la polarización más allá de la campaña. Casi la mitad del electorado válido eligió al adversario, por motivos diversos —seguridad pública, carga tributaria, valores conservadores o el coste de la vida—, lo que impide interpretar el 51,79% como una mayoría social homogénea.

El Congreso refuerza esa restricción. El Partido Liberal, principal fuerza bolsonarista, contará con 121 diputados y 28 senadores, frente a los 70 diputados y nueve senadores del PT. La derecha y los partidos conservadores, en conjunto, poseen una capacidad de bloqueo superior a la de cualquier bancada individual. El Centrão, conglomerado heterogéneo de formaciones de centro y centroderecha, recuperará su papel de pivote: sus legisladores negocian según el asunto, pero a cambio de cargos, recursos presupuestarios y concesiones programáticas. Como ha señalado la politóloga Mayra Goulart, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la creciente autonomía de los parlamentarios, alimentada por su influencia en la distribución de una parte sustancial del presupuesto federal, complica la construcción de mayorías estables. Lula deberá evitar que cada acuerdo erosione la coherencia de su programa; de lo contrario, la oposición podrá utilizar comisiones, votaciones presupuestarias y el control político de las cámaras para desgastar al Ejecutivo.

El frente económico constituye la prueba más inmediata. Los organismos internacionales proyectan crecimiento, aunque moderado: el Fondo Monetario Internacional estimó en octubre una expansión del 2,2% para 2026 y del 1,9% para 2027. No se trata de una recesión confirmada, sino de una economía que pierde impulso y afronta presiones inflacionarias persistentes. La deuda pública bruta supera el 82% del PIB, y menos del 8% del presupuesto federal es susceptible de ajustes discrecionales debido al peso de los gastos obligatorios. Con tipos de interés de referencia en el 13,75% y una inflación interanual del 4,6% —por encima del límite superior de tolerancia del Banco Central—, la financiación empresarial se encarece, la inversión se retrae y la carga financiera de los hogares se multiplica. El economista Mauro Rochlin, de la Fundación Getulio Vargas, ha resumido el dilema con una formulación contundente: “los tres grandes problemas de Brasil son el problema fiscal, el problema fiscal y el problema fiscal”.

Cumplir simultáneamente las promesas de alivio a los consumidores, apoyo a microemprendedores, incremento real del salario mínimo y expansión de servicios públicos exigirá un diseño cuidadoso. Cerca de 84 millones de personas y 9,3 millones de empresas registraban atrasos, según estimaciones de Serasa; la renegociación con descuentos puede devolver solvencia y reactivar el consumo, pero no elimina las causas estructurales del sobreendeudamiento. La ampliación del régimen de microemprendedores individuales y ciertas condonaciones tributarias pueden favorecer la formalización, aunque una reducción permanente de ingresos sin compensación agravarían las tensiones. La propuesta de prohibir las apuestas deportivas en línea, argumentada como protección frente al endeudamiento familiar, conlleva una pérdida estimada de ingresos cercana a los 6.800 millones de reales hasta 2027. La gratuidad del transporte público los fines de semana ampliaría el acceso a empleo y cultura, pero requiere definir fuentes de financiación estables entre la Unión, estados y municipios. En conjunto, las iniciativas anunciadas pueden superar los 300.000 millones de reales, según la Institución Fiscal Independiente; la cifra no es un coste ejecutado, sino una advertencia sobre la magnitud de las decisiones. La distinción crítica residirá en separar medidas que eleven la productividad y los ingresos futuros —infraestructura, educación, innovación, transición energética— de aquellas que ofrecen alivio inmediato sin corregir desequilibrios.

La política exterior estará condicionada por la relación con Donald Trump. Durante 2026, Washington impuso aranceles adicionales a productos brasileños —del 25% en determinados casos y un recargo del 12,5% vinculado a medidas sobre trabajo forzoso—, en una disputa que mezcló comercio con el proceso judicial contra Jair Bolsonaro. Brasil rechazó las justificaciones y defendió la negociación sin descartar respuestas. El desafío consiste en impedir que la defensa de la soberanía derive en una confrontación que perjudique exportaciones e inversión. China absorbió más del 30% de las exportaciones brasileñas en 2025, frente al 12% de Estados Unidos y el 11% de la Unión Europea; esa concentración en agrícolas, petróleo y mineral de hierro fortalece ingresos externos, pero expone al país a las oscilaciones de la demanda china.

Lula ha reiterado que Brasil no debe subordinarse a ninguna potencia. Esa autonomía estratégica exige pragmatismo: una represalia indiscriminada encarecería importaciones y afectaría a empresas y consumidores; una concesión excesiva debilitaría el discurso soberanista.

Los BRICS ofrecen un marco de cooperación financiera y diplomática con economías emergentes, pero no constituyen una alianza homogénea ni una alternativa automática. La relación bilateral con China responde a intereses acumulados durante décadas; conviene evitar tanto la subordinación a Pekín como la ruptura motivada por presiones de Washington.

La relación con Argentina añade una dificultad inmediata. Los ataques verbales de Javier Milei contra Lula y contra integrantes del Supremo Tribunal Federal llevaron a Brasilia a rebajar el nivel de representación diplomática en Buenos Aires. La intervención del presidente argentino en la campaña brasileña, respaldando a Flávio Bolsonaro, agravó la disputa, que se proyecta sobre el Mercosur. Las divergencias sobre apertura comercial e integración regional pueden dificultar las negociaciones, aunque los intereses industriales y comerciales compartidos hacen costosa una ruptura. Como ha señalado Oliver Stuenkel, de la Fundación Getulio Vargas, las diferencias ideológicas pesan en los encuentros simbólicos, pero no siempre transforman el contenido de las relaciones bilaterales. Preservar mecanismos institucionales resulta más relevante que la afinidad personal. En un entorno regional menos favorable que el de las primeras presidencias de Lula, su influencia dependerá menos de la convergencia ideológica y más del peso económico brasileño y de la utilidad concreta de la integración.

La dimensión personal del mandato no puede ignorarse. Lula concluirá el periodo con 85 años si lo completa. La edad no implica incapacidad, pero convierte la continuidad del liderazgo en una cuestión política. Durante décadas ha sido el principal factor de cohesión electoral de la izquierda; su trayectoria sindical, su experiencia y su capacidad comunicativa no han sido plenamente reproducidas por ningún sucesor. Entre los nombres mencionados figuran Fernando Haddad y Camilo Santana, aunque su capacidad para construir coaliciones nacionales permanece por demostrar. La ausencia de una sucesión ordenada puede desencadenar disputas internas y facilitar la persistencia del bolsonarismo más allá de Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por su participación en una tentativa de golpe. El riesgo del “pato rengo” —pérdida de influencia de un gobernante que se aproxima al final de su mandato— se acentúa: los aliados pueden mirar hacia el sucesor, los adversarios intensificar ofensivas y el presidente perder capacidad para disciplinar su coalición. Impulsar la renovación de cuadros y permitir que posibles sucesores adquieran experiencia exige una paradoja difícil: preparar el futuro sin debilitar la autoridad presente.

El legado del cuarto mandato dependerá de la capacidad para priorizar. Avanzar en la reindustrialización, las infraestructuras, la transición energética y la reducción de la desigualdad, al tiempo que se mantienen programas como Bolsa Família, responde a problemas estructurales, pero exige movilizar recursos, atraer capital privado y elevar la productividad en un contexto de incertidumbre comercial y costes financieros elevados. Brasil cuenta con ventajas —dimensión territorial, recursos naturales, capacidad agroindustrial y potencial energético—, pero convertirlas en desarrollo diversificado requiere estabilidad regulatoria, formación e innovación. Conciliar el alivio de las dificultades materiales de la población, la confianza en las cuentas públicas y la negociación política sin desdibujar el programa constituye la prueba central. Si privilegia el gasto inmediato sin financiación, agrava los desequilibrios; si aplica un ajuste severo, erosiona su base social. La autonomía estratégica solo será sostenible si se traduce en mercados diversificados y beneficios económicos. La victoria del 25 de octubre ha prolongado la trayectoria de Lula, pero no ha resuelto la polarización, las restricciones presupuestarias ni el vacío sucesorio. A los 80 años, ha demostrado de nuevo su capacidad para disputar elecciones competitivas; ahora deberá demostrar que puede gobernar un país dividido y dejar instituciones capaces de funcionar cuando él ya no ocupe el centro de la escena.

 

La rebelión de los jóvenes: el futuro que las democracias ya no saben garantizar

 

Las protestas estudiantiles que recorren Europa y América Latina expresan mucho más que el rechazo a los recortes educativos o al encarecimiento de la vida. La inflación energética, la crisis de la vivienda, la incertidumbre laboral provocada por la inteligencia artificial y la creciente competencia entre el gasto social y las nuevas exigencias militares están erosionando el contrato entre generaciones. Sin embargo, detrás de unas consignas compartidas existen diferencias históricas profundas entre las movilizaciones europeas y las latinoamericanas.

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Buenos Aires - Las calles han vuelto a convertirse en el lugar donde una generación intenta hacer visible aquello que las instituciones políticas parecen incapaces de resolver. En octubre de 2026, las protestas estudiantiles y las movilizaciones sociales se han extendido por Francia, Bélgica, Italia, España, Portugal y Albania, mientras Argentina y Chile vuelven a situar la defensa de la educación pública en el centro de la confrontación política. Los motivos inmediatos varían, desde las condiciones de las aulas hasta los alquileres, los salarios y los presupuestos universitarios. Pero una misma pregunta atraviesa las manifestaciones: ¿qué posibilidades reales tiene la juventud de construir una vida mejor que la de sus padres?

La coincidencia temporal no significa que exista un movimiento mundial unificado, dirigido por una organización común o inspirado en una ideología homogénea. Lo que se observa es algo más complejo: una sincronización de conflictos nacionales que comparten problemas estructurales y encuentran en las redes sociales un mecanismo de difusión, coordinación y reconocimiento mutuo. Las investigaciones sobre las movilizaciones juveniles internacionales han señalado reiteradamente la convergencia de tres factores: dificultades económicas, desconfianza hacia las instituciones y percepción de que las decisiones públicas se adoptan sin escuchar a quienes sufrirán sus consecuencias.

El material reunido sobre las protestas de 2026 muestra precisamente esa combinación. Los estudiantes franceses reclaman docentes, instalaciones adecuadas y mejores perspectivas educativas; los belgas denuncian las restricciones presupuestarias; los portugueses y españoles sitúan la vivienda en primer plano; los italianos vinculan los salarios y el coste de la vida con el incremento del gasto militar. En Argentina, la controversia gira alrededor de la financiación de las universidades públicas, mientras que en Chile las movilizaciones responden a los recortes previstos en determinadas partidas educativas. La diversidad de demandas no impide reconocer un denominador común: la creciente distancia entre las expectativas que acompañaron a la expansión educativa y las oportunidades que ofrece la economía contemporánea.

La economía cotidiana detrás de la protesta

La explicación más sencilla atribuye estas manifestaciones a la inflación, los recortes presupuestarios o el malestar contra determinados gobiernos. Son causas importantes, pero insuficientes. Para comprender la amplitud del fenómeno hay que distinguir entre las circunstancias que deterioran las condiciones de vida, los acontecimientos que desencadenan las movilizaciones y la crisis de confianza que permite que una reivindicación sectorial se transforme en una protesta política general.

La inflación constituye una de las primeras piezas de esta cadena. El encarecimiento de los combustibles repercute en el transporte, la distribución de alimentos, los costes industriales y numerosos servicios. El petróleo alcanzó el 20 de octubre un máximo de cinco meses, con el barril de Brent en torno a los 111 dólares, impulsado por la tensión en Oriente Próximo, los ataques contra infraestructuras energéticas y las amenazas a la navegación comercial. La incertidumbre geopolítica añade una prima de riesgo a los mercados y encarece las decisiones de consumo y producción.

El problema no termina cuando los precios dejan de subir. Una vez que la energía y los alimentos se encarecen, los hogares necesitan más ingresos para conservar su nivel de vida, mientras que las empresas afrontan mayores costes y pueden trasladarlos al consumidor, reducir contrataciones o contener los salarios. Aunque la inflación se modere posteriormente, el nivel de precios puede permanecer elevado. La pérdida acumulada de poder adquisitivo se convierte así en una experiencia duradera, especialmente para quienes comienzan su vida laboral con remuneraciones modestas y deben afrontar alquileres, transporte y gastos educativos.

La presión es particularmente intensa en las grandes ciudades europeas. La vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la emancipación juvenil. El aumento de los alquileres, la escasez de oferta asequible y la competencia por los inmuebles más accesibles dificultan que incluso quienes tienen empleo estable puedan independizarse. La educación superior ya no garantiza por sí sola una posición económica suficientemente sólida para acceder a una vivienda. El ascenso social, que durante décadas legitimó el esfuerzo académico, pierde credibilidad cuando un título universitario no permite asegurar condiciones materiales básicas.

La décima edición del estudio Junges Europa, publicada en junio de 2026 por la Fundación TUI a partir de 8.024 entrevistas a jóvenes de entre 16 y 26 años de siete países europeos, ofrece una medida de esa transformación. Solo el 25% de los encuestados cree que su generación vivirá mejor que la de sus padres, mientras que el 52% espera encontrarse en una situación peor. El optimismo sobre el futuro descendió del 70% en 2017 al 57% en 2026. No se trata de una generación completamente desprovista de iniciativa —el 55% contempla la posibilidad de crear su propia empresa—, sino de jóvenes que combinan aspiraciones personales con una creciente incertidumbre sobre las condiciones colectivas necesarias para realizarlas.

El deterioro de las expectativas también se refleja en el empleo. La Organización Internacional del Trabajo, en su informe Global Employment Trends for Youth 2026, estimó que el desempleo mundial entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanzó el 12,4% en 2025, equivalente a unos 67 millones de personas. El organismo relaciona esta evolución con el crecimiento económico insuficiente, la debilidad de la creación de puestos de trabajo, las tensiones geopolíticas y los cambios tecnológicos. La dificultad no consiste únicamente en conseguir una ocupación, sino en acceder a un empleo formal, productivo y suficientemente remunerado para sostener un proyecto de vida.

Cuando estudiar ya no parece garantizar trabajo, y trabajar tampoco permite independizarse, el malestar deja de ser exclusivamente económico. Se convierte en una crisis de expectativas y, finalmente, en una impugnación de la legitimidad de las instituciones que prometieron movilidad social.

Defensa, Ucrania y el dilema de los presupuestos

A esas tensiones se suma una transformación de las prioridades estratégicas de Occidente. Estados Unidos reclama desde hace años una distribución más equilibrada de las responsabilidades defensivas entre los miembros de la OTAN. En la cumbre de La Haya de 2025, los aliados acordaron avanzar hacia una inversión anual equivalente al 5% del producto interior bruto para 2035, de la cual al menos el 3,5% se destinaría a las necesidades esenciales de defensa y el resto a partidas relacionadas con la seguridad y la resiliencia. La OTAN informó de que el gasto de los aliados europeos y Canadá había aumentado casi un 20% en términos reales durante 2025 respecto del año anterior.

Este compromiso modifica el horizonte presupuestario de los Estados europeos. La guerra de Rusia contra Ucrania ha demostrado que la seguridad continental no puede darse por garantizada y que los ejércitos necesitan municiones, sistemas de defensa aérea, capacidades industriales y medios de disuasión que requieren inversiones sostenidas. El apoyo a Kiev responde, además, a una consideración estratégica: impedir que la agresión militar altere por la fuerza las fronteras europeas.

Sin embargo, las decisiones militares tienen consecuencias distributivas. Cada gobierno debe determinar cómo financiar sus compromisos: mediante mayores impuestos, endeudamiento, reasignación de partidas o una combinación de esas alternativas. Cuando se exige simultáneamente contener el déficit, aumentar la defensa y sostener sistemas de pensiones y sanidad sometidos a presiones demográficas, la educación y las políticas juveniles pueden terminar compitiendo por recursos escasos.

La afirmación de que cada euro destinado a defensa se resta automáticamente del gasto social sería, no obstante, una simplificación. Los presupuestos no funcionan como compartimentos estancos: también pueden modificarse los ingresos fiscales, el endeudamiento y las prioridades de inversión. Pero la competencia por el espacio fiscal es real, y se vuelve políticamente explosiva cuando los ciudadanos perciben que se les exige aceptar sacrificios sin una explicación convincente de sus beneficios ni un reparto equitativo de las cargas.

El sostenimiento de Ucrania añade otra dimensión. Las ayudas militares, financieras y humanitarias implican compromisos considerables, mientras la reconstrucción de las capacidades defensivas europeas demanda inversiones adicionales. La decisión de respaldar a Kiev puede justificarse por razones de seguridad colectiva, pero eso no elimina la obligación de explicar cómo se financiará sin deteriorar innecesariamente los servicios públicos. La discusión democrática no debería enfrentar de manera automática la defensa con la educación, sino exigir que los gobiernos hagan explícitos sus costes, objetivos y alternativas.

El incremento de los precios energéticos agrava el problema. Si los hogares deben destinar una mayor proporción de sus ingresos al combustible, la calefacción y el transporte, disminuye su capacidad para afrontar otros gastos. Si, además, los Estados dedican recursos crecientes a defensa y deben pagar intereses más elevados por su deuda, el margen para ampliar becas, contratar profesores o financiar vivienda asequible se estrecha.

En Francia, donde las protestas educativas han coincidido con una profunda crisis política y dificultades presupuestarias, esa acumulación resulta especialmente visible. En Italia y Bélgica, las reivindicaciones sociales también se han vinculado con el coste de la vida y la orientación del gasto público. La cuestión decisiva no es si la seguridad nacional importa, sino quién soporta el coste de garantizarla y qué mecanismos permiten impedir que la generación más joven termine pagando una parte desproporcionada de la factura.

 

Mohammed VI designa al nuevo Gabinete y preside un Consejo de Ministros

 

El rey Mohammed VI presidió el viernes 16 de octubre de 2026, en el Palacio Real de la capital, la ceremonia de nombramiento y toma de juramento del nuevo Ejecutivo marroquí, encabezado por Fatima Ezzahra El Mansouri y al día siguiente presidió el Consejo de Ministros.

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Buenos Aires - La designación, consecuencia directa de la victoria del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM) en las elecciones legislativas del 23 de septiembre, convierte a El Mansouri en la primera mujer que asume la jefatura del Gobierno en la historia del país y sitúa a Marruecos como el segundo Estado árabe en contar con una mujer al frente del Ejecutivo, después de Túnez.

Al día siguiente, el sábado 17 de octubre, el soberano, acompañado por el príncipe heredero Moulay El Hassan, presidió un Consejo de Ministros dedicado al examen y la aprobación de las orientaciones generales del Proyecto de Ley de Finanzas para 2027, un instrumento presupuestario que, en un entorno internacional marcado por tensiones geoestratégicas, tendencias proteccionistas y competencia por energía, tecnología y financiación, busca consolidar la resiliencia económica del Reino y profundizar los pilares del Estado social.

El proceso se desarrolló conforme al artículo 47 de la Constitución de 2011, que obliga al monarca a encargar la formación de Gobierno a un miembro del partido más votado. El PAM, formación de corte centrista y modernizador fundada en 2008 y tradicionalmente próxima al Palacio, obtuvo 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes, por delante del Reagrupamiento Nacional de Independientes (RNI), que con 66 escaños quedó fuera de la coalición después de haber liderado el Ejecutivo desde 2021 bajo Aziz Akhannouch. Le siguieron el Istiqlal con 65 escaños, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) islamista con 54, el Movimiento Popular con 29, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) con 26 y el Partido del Progreso y el Socialismo (PPS) con 19.

Tras las consultas, el PAM selló una alianza con el Istiqlal, la USFP y el PPS, sumando 207 diputados, nueve por encima de la mayoría absoluta de 198. El proceso, validado por las comisiones de escrutinio y el Tribunal Constitucional, ilustró la capacidad del sistema para articular mayorías estables a partir de resultados claros, mientras que la supervisión real sobre las llamadas carteras de soberanía permanece intacta.

En la ceremonia del viernes, celebrada en presencia del chambelán Sidi Mohammed El Alaoui, los miembros del nuevo equipo prestaron juramento ante el soberano, que posó después con el conjunto gubernamental. El Ejecutivo, integrado por 32 personas —la jefa del Gobierno, 20 ministros y 11 ministros delegados—, combina un hito de representación de género con una marcada continuidad en las carteras estratégicas. Fatima Ezzahra El Mansouri, nacida el 3 de enero de 1976 en Marrakech en una familia de influencia local —su padre fue pachá de la ciudad y embajador en los Emiratos Árabes Unidos—, abogada especializada en derecho contractual e inmobiliario con formación en Rabat, Montpellier y Nueva York, fundadora del PAM en 2008, primera mujer alcaldesa de Marrakech en 2009 y ministra desde 2021, encabeza el equipo. Permanecen en sus puestos Abdelouafi Laftit en Interior, Nasser Bourita en Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero —diplomático al frente de la cartera desde abril de 2017, Abdellatif Ouahbi en Justicia, Ahmed Toufiq en Habices y Asuntos Islámicos, y Abdeltif Loudyi como ministro delegado ante la jefa del Gobierno encargado de la Administración de la Defensa Nacional. Hassan Tariq asume la Secretaría General del Gobierno, mientras Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol y anterior ministro delegado de Presupuestos, pasa a Economía, Finanzas y Rendimiento Público. Nizar Baraka retiene Equipamiento, Agua y Bosques; Nabil Benabdallah ocupa Educación Nacional, Preescolar, Formación Profesional y Cualificación; Youns Bjijou dirige Sanidad y Protección Social; Khalid Hatimy asume Agricultura, Pesca Marítima y Soberanía Alimentaria; Ryad Mezzour continúa en Industria, Comercio, Inversión e Inclusión Económica; Mohamed Mehdi Bensaid lleva Juventud, Cultura y Deportes; Azzeddine El Midaoui está en Enseñanza Superior, Investigación Científica e Innovación; Abdessamad Kayouh permanece en Transporte y Logística; Charafat Afailal es ministra de Energía, Minas y Desarrollo Sostenible; Abderrahim Chahid ocupa Empleo y Diálogo Social; Samir Belfkih combina Ordenación del Territorio Nacional, Urbanismo, Vivienda y Política de la Ciudad con la portavocía del Gobierno; Ahmed Rahhou asume Inteligencia Artificial, Transformación Digital y Reforma de la Administración; Jalal Charaf dirige Turismo, Artesanía y Economía Solidaria; y Najwa Koukouss está al frente de Familia, Desarrollo Social e Igualdad.

Completan el equipo los ministros delegados Kouloub Faitah (Relaciones con el Parlamento y la Sociedad Civil), Omar Hejira (Comercio Exterior), Ahmed Mehdi Mezouari (Pesca Marítima), Kamal Hachoumi (Preescolar y lucha contra el abandono escolar), Madiha Khayr (Formación Profesional y Cualificación), Fatima Saadi (Vivienda y Política de la Ciudad), Salah-Eddine Abkari (Juventud), Rachid Hamouni (Inclusión Social), Aïcha Guellaa (Reforma de la Administración) y Abdeljabbar Errachidi (Artesanía y Economía Solidaria).

La continuidad en las carteras de soberanía responde a la lógica constitucional y a la sabia dirección estratégica que imprime a su reinado el Rey Mohammed VI, mientras los cambios en áreas económicas y sectoriales buscan renovar la gestión sin alterar los equilibrios de poder.

Al día siguiente, el Consejo de Ministros presidido por Mohammed VI y el príncipe heredero Moulay El Hassan examinó, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución, las líneas generales del Proyecto de Ley de Finanzas para 2027, presentadas por el ministro de Economía, Finanzas y Rendimiento Público.

El entorno internacional, caracterizado por el aumento del coste de los conflictos geoestratégicos, el auge del proteccionismo y la exacerbación de la competencia en torno a recursos críticos, enmarca un proyecto que proyecta para el cierre de 2026 un crecimiento del 4,7 por ciento, una inflación contenida en el 0,7 por ciento y un déficit presupuestario reducido al 3 por ciento del PIB.

Las cinco prioridades articuladas reflejan las altas orientaciones reales y las demandas sociales acumuladas. La primera apunta a la recuperación del poder adquisitivo y a la consolidación de un Estado social sostenible mediante una reforma estructural de los mercados y los precios a partir de 2027, la continuación de la generalización de la cobertura médica con atención a la sostenibilidad de los regímenes, la revalorización de la ayuda social directa, la actualización de los sistemas públicos de salud y educación, y el refuerzo del acceso a una vivienda decente a través del programa de ayuda directa.

La segunda se centra en la inserción de los jóvenes en la educación, la formación y el empleo decente, con el lanzamiento de un programa nacional integrado para 2027-2031 que articule formación, incubación, acceso a financiación, mecanismos de garantía y mercados, superando la dispersión de programas sectoriales.

La tercera busca acelerar la regionalización avanzada y la nueva generación de programas de desarrollo territorial integrado, de acuerdo con las orientaciones reales sobre reorganización de competencias regionales, claridad, eficacia, coordinación y contractualización entre el Estado y las regiones, y plena aplicación de la Carta Nacional de Desconcentración Administrativa, con una movilización aproximada de 25.000 millones de dírhams.

La cuarta refuerza la soberanía estratégica en materia hídrica, energética, alimentaria y digital, garantizando la seguridad hídrica, acelerando las energías renovables y la Oferta Marruecos para el hidrógeno verde, aplicando progresivamente la hoja de ruta de la infraestructura gasística, y adoptando medidas de seguridad alimentaria y soberanía digital.

La quinta aspira a construir una economía capaz de financiar la ambición social y soberana, acelerando reformas institucionales, preservando equilibrios macroeconómicos y presupuestarios, movilizando financiación para grandes proyectos y estrategias sectoriales, desarrollando ecosistemas industriales soberanos, reforzando la inversión privada mediante la Carta de Inversiones y la reforma de los Centros Regionales de Inversión, y prestando atención especial a las muy pequeñas, pequeñas y medianas empresas, así como a las trayectorias de los jóvenes desde la educación hasta el empleo y la vivienda.

La importancia de este Proyecto de Ley de Finanzas radica en su carácter de hoja de ruta para la legislatura, en un momento en que Marruecos prepara su participación en la organización conjunta de la Copa del Mundo de 2030 con España y Portugal, consolida su posición como hub regional y mantiene la presión diplomática sobre la cuestión del Sáhara.

El instrumento busca equilibrar la expansión del Estado social —heredera de los impulsos reales de la última década— con la disciplina fiscal y la resiliencia ante shocks externos, mientras responde a las expectativas de una población joven que ha manifestado su descontento con la calidad de los servicios y las oportunidades.

La presencia del príncipe heredero en el Consejo subraya la continuidad institucional y la transmisión de la visión estratégica del monarca, en un sistema en el que el rey reina y gobierna, y en el que el Gobierno, aun encabezado por una figura histórica en términos de género, opera dentro de los márgenes definidos por el Palacio.

El nuevo Ejecutivo inicia así su andadura con un presupuesto que privilegia la cohesión social, la inserción juvenil, el desarrollo territorial equilibrado y las soberanías estratégicas, en un contexto de baja participación electoral y de desafíos internos y externos que exigirán una ejecución rigurosa para traducir las orientaciones reales en resultados tangibles.

 

Mohammed VI y Fatima Ezzahra El Mansouri: la democracia marroquí en acción

La audiencia celebrada el 14 de octubre en el Palacio Real de Rabat confirma el papel del soberano como garante de la continuidad constitucional y de la estabilidad institucional del Reino. Tras la victoria electoral del Partido Autenticidad y Modernidad y la constitución de una mayoría parlamentaria de cuatro formaciones, la futura jefa del Ejecutivo afronta el desafío de trasformar un nombramiento histórico en reformas, empleo y mejores servicios públicos.

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Buenos Aires - La política marroquí ha entrado en una nueva etapa. La recepción que el rey Mohammed VI concedió el miércoles 14 de octubre a Fatima Ezzahra El Mansouri, encargada de formar el próximo Gobierno, constituye un momento relevante en la transición entre dos legislaturas y en la consolidación de un modelo de monarquía constitucional cuya estabilidad descansa en la articulación entre la Corona, las instituciones representativas y las fuerzas políticas. La audiencia, celebrada en el Palacio Real de Rabat, no fue un mero acto protocolario: permitió al soberano conocer los avances de las negociaciones para constituir el Ejecutivo y transmitir las prioridades que deberán orientar su actuación.

El comunicado del Gabinete Real precisó que El Mansouri informó al monarca sobre las distintas etapas superadas en el proceso de formación gubernamental. Mohammed VI le expresó sus deseos de éxito y acierto y subrayó que la nueva etapa exige «una movilización global, una acción gubernamental seria y responsable», en atención a la magnitud de los retos, los desafíos y las expectativas existentes en los distintos ámbitos. El comunicado oficial añadió que la recepción se inscribe en las atribuciones constitucionales del rey y en su determinación de garantizar el buen funcionamiento de las instituciones.

La sobriedad del comunicado no disminuye la relevancia política del encuentro. En el sistema marroquí, la formación de un Gobierno es un procedimiento constitucional, pero también una negociación que exige conciliar la representación parlamentaria, la capacidad de gestión y la continuidad de las grandes orientaciones estratégicas del Estado. La intervención del soberano expresa precisamente esa doble dimensión: respeto a los resultados electorales y responsabilidad institucional ante una coyuntura que demanda eficacia.

La Corona como garantía de continuidad constitucional

La Constitución marroquí de 2011 establece, en su artículo 47, que el rey nombra al jefe del Gobierno entre los miembros del partido que obtiene el primer puesto en las elecciones a la Cámara de Representantes, atendiendo a sus resultados. Corresponde después al jefe del Ejecutivo proponer los integrantes del gabinete, cuyo nombramiento compete al monarca. El procedimiento combina, por tanto, legitimidad electoral, iniciativa política del Gobierno y prerrogativas constitucionales de la Corona.

Mohammed VI aplicó ese principio el 29 de septiembre, seis días después de las elecciones legislativas del día 23, cuando recibió a El Mansouri y le confió la formación del nuevo Ejecutivo. El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), cuya dirección colegiada coordina la dirigente, había obtenido la mayor representación parlamentaria, con 97 de los 395 escaños de la Cámara. La designación de la dirigente no fue, en consecuencia, una decisión desvinculada de las urnas, sino la aplicación de la regla constitucional que determina quién debe encabezar las negociaciones para formar Gobierno.

La audiencia del 14 de octubre se inscribe en esa misma lógica. El rey no sustituye a las fuerzas parlamentarias en la negociación de la mayoría, pero su posición constitucional resulta decisiva en la configuración final del gabinete y en el funcionamiento de las instituciones. La monarquía conserva, además, competencias y responsabilidades relevantes en ámbitos estratégicos, como la defensa, la política exterior y la presidencia del Consejo de Ministros. El equilibrio marroquí no responde, por ello, al esquema de una monarquía exclusivamente ceremonial: articula un Gobierno surgido de la representación parlamentaria con una Corona que ejerce funciones constitucionales propias y constituye uno de los principales centros de continuidad del Estado.

Una mayoría de cuatro partidos para gobernar

El resultado electoral obligó al PAM a buscar aliados. Sus 97 diputados lo convirtieron en la primera fuerza de la Cámara, pero estaban lejos de los 198 escaños necesarios para disponer de mayoría absoluta. La Agrupación Nacional de Independientes (RNI), que había encabezado el Gobierno saliente de Aziz Akhannouch, obtuvo 66 escaños; el histórico Partido del Istiqlal alcanzó 65, mientras que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), de orientación islamista, reunió 54.

La solución llegó mediante una coalición de cuatro formaciones: el PAM, el Istiqlal, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), con 26 diputados, y el Partido del Progreso y del Socialismo (PPS), con 19. En conjunto, los socios suman 207 escaños, nueve por encima del umbral de la mayoría absoluta. El acuerdo, anunciado el 12 de octubre después de las consultas políticas, proporciona a El Mansouri una base parlamentaria suficiente para avanzar hacia la constitución del Ejecutivo.

La composición de la alianza tiene un significado que excede la aritmética parlamentaria. Reúne a una formación centrista y modernizadora como el PAM, a la tradición nacionalista del Istiqlal y a dos partidos vinculados a la izquierda marroquí, la USFP y el PPS. La convergencia no elimina las diferencias ideológicas ni garantiza por sí misma la cohesión gubernamental, pero revela una voluntad de articular una mayoría alrededor de prioridades compartidas y de evitar que la fragmentación parlamentaria paralice la acción del Estado.

La nueva coalición también marca una distancia respecto de la fórmula gubernamental saliente, en la que el RNI desempeñaba el papel central. La exclusión de esa formación de la mayoría entrante evidencia que las elecciones han modificado la distribución del poder entre los partidos, aun cuando persista una importante continuidad en las orientaciones estratégicas del Reino. La estabilidad del futuro Gobierno dependerá ahora de que los acuerdos entre las direcciones partidarias se traduzcan en compromisos programáticos verificables y en una distribución de responsabilidades ministeriales que no convierta cada decisión en una negociación interminable.

La audiencia real permitió examinar el avance de este proceso, pero no debe confundirse con la presentación definitiva del gabinete. Una vez acordada la composición ministerial, El Mansouri deberá someterla al nombramiento real. Después, conforme al procedimiento constitucional, el Gobierno habrá de presentar su programa ante el Parlamento y obtener la confianza de la Cámara de Representantes. La formación de la mayoría es un paso sustancial, no el final del proceso institucional.

 

Sáhara Marroquí: las sospechas de fraude documental reabren un conflicto de identidad y soberanía

La investigación policial sobre posibles irregularidades en documentos de parentesco de los campamentos de Tinduf coincide con la controversia legislativa sobre el acceso de los saharauis a la ciudadanía española. Los antecedentes de falsificación acreditan que existe un riesgo real de fraude con posible implicación de redes vinculadas al Frente Polisario.

La cuestión de la nacionalidad española de los saharauis ha vuelto a situarse en la intersección de tres asuntos particularmente sensibles: la responsabilidad histórica de España por su presencia colonial en el Sáhara, la situación jurídica de una población dispersa entre varios países del norte de África y el riesgo de que los procedimientos administrativos destinados a reparar antiguas injusticias sean utilizados para obtener derechos mediante documentación fraudulenta. La controversia no es nueva. Sin embargo, la reactivación de una iniciativa legislativa para facilitar el acceso a la ciudadanía y las informaciones sobre verificaciones policiales de documentos procedentes de los campamentos de Tinduf han incrementado su relevancia.

El problema exige distinguir entre hechos acreditados, indicios que merecen investigación y escenarios geopolíticos hipotéticos. La existencia de redes que han falsificado documentos para conseguir permisos de residencia o nacionalidades españolas está respaldada por antecedentes policiales.

Un documento fechado el 1 de octubre de 2026 y atribuido a la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación Documental (UCRIF) de la Policía Nacional en Ibiza, señala sospechas de irregularidades en justificantes de parentesco paterno presentados por personas procedentes de los campamentos de Tinduf ante organizaciones y empresas españolas. Según ese texto, la Policía habría solicitado verificaciones sobre la autenticidad de los documentos utilizados para acreditar vínculos familiares y antecedentes de origen saharaui en procedimientos relacionados con la obtención de la nacionalidad.

La información disponible permite presentar el caso como una señal de alerta sobre la necesidad de verificar los documentos.

Un precedente revelador: la red que operó desde Granada

El antecedente más significativo se remonta a febrero de 2021, cuando la Policía Nacional anunció la detención de 18 personas por su presunta participación en una organización que habría facilitado documentación falsa a miles de ciudadanos marroquíes para que aparentaran ser naturales del Sáhara o descendientes de antiguos residentes de la colonia española. La investigación, con epicentro en Granada y ramificaciones en otras provincias, apuntaba a una estructura que habría operado desde 2015 y que utilizaba un despacho de abogados españoles como centro de tramitación

El Independiente de Granada

Según las informaciones publicadas entonces, los intermediarios cobraban cantidades de entre 4.000 y 12.000 euros por gestionar autorizaciones de residencia o solicitudes de nacionalidad. Entre los documentos presuntamente utilizados figuraban certificaciones destinadas a acreditar el origen saharaui y justificantes relacionados con pensiones del antiguo personal militar español. La investigación también examinó el posible cobro irregular de prestaciones vinculadas a supuestos servicios prestados durante la etapa colonial.

La importancia de aquel caso no reside únicamente en su dimensión económica. Puso de manifiesto que la documentación histórica del Sáhara podía convertirse en un instrumento de fraude cuando los procedimientos administrativos dependían de certificados difíciles de contrastar, genealogías familiares incompletas o archivos dispersos entre distintas jurisdicciones.

La falsificación de un documento de identidad y la simulación de un vínculo de parentesco no son conductas equivalentes, aunque ambas puedan integrar una operación fraudulenta. En estos procedimientos pueden intervenir partidas de nacimiento, certificados de filiación, documentos militares, registros de residencia, declaraciones de testigos y otros justificantes. Una red organizada con vínculos en la jerarquía del Frente Polisario puede tratar de hacerlos compatibles entre sí para construir una identidad documental aparentemente coherente.

El precedente de Granada demuestra, por tanto, que el riesgo no es meramente teórico.

La hipótesis de que existan intermediarios especializados en producir, distribuir o validar certificados fraudulentos procedentes de Tinduf merece atención policial, especialmente tomando en consideración que miembros del Frente Polisario suelen mantener vínculos con redes criminales para el desvío de ayuda humanitaria y el contrabando de combustible rumbo a los mercados irregulares de Mauritania y el Sahel.

Una ley que elevó el valor de los documentos históricos

La controversia documental coincide con una iniciativa legislativa que pretende corregir las dificultades históricas de acceso a la nacionalidad española para los saharauis nacidos bajo la administración de España. El Congreso de los Diputados aprobó el texto el 10 de septiembre de 2026, con 168 votos favorables, 31 contrarios y 145 abstenciones, y lo remitió al Senado. La propuesta contempla una vía específica para los nacidos en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977 y establece condiciones para facilitar el acceso de determinados descendientes.

Conviene precisar su situación jurídica. Aunque la iniciativa superó la votación del Congreso, no llegó a convertirse en ley. La ficha oficial del Senado registra su caducidad después de la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026. Por tanto, a fecha de este artículo no existe un nuevo derecho a la nacionalidad derivado de esa proposición que pueda ejercerse conforme al procedimiento propuesto.

La reforma pretendía facilitar la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a quienes hubieran nacido bajo administración española y reducir de diez a dos años el plazo general de residencia exigido a los saharauis que cumplieran los requisitos previstos para acceder a la ciudadanía por esa vía. El texto también trataba de establecer medios probatorios específicos para acreditar las circunstancias personales y familiares de los solicitantes.

Para los promotores de la reforma, facilitar la nacionalidad representa una medida de reparación histórica y una respuesta a la prolongada incertidumbre jurídica de personas con vínculos acreditables con España. Los críticos pueden plantear objeciones sobre el alcance de los beneficiarios, la calidad de las pruebas y la capacidad de la Administración para comprobar expedientes antiguos. Ambas cuestiones son compatibles: reconocer un vínculo histórico legítimo no obliga a aceptar cualquier documento presentado para demostrarlo.

La expectativa de una modificación legal puede, además, incentivar el fraude. Cuando se anuncia una vía potencialmente más favorable, aumenta el valor económico de los certificados que permiten acceder a ella. Ese fenómeno crea oportunidades para intermediarios que prometen reconstruir genealogías, conseguir documentos supuestamente oficiales o acelerar procedimientos a cambio de dinero. El antecedente de 2021 ofrece una advertencia concreta sobre ese mecanismo, aunque no demuestra por sí mismo que la iniciativa de 2026 haya originado las sospechas detectadas en Ibiza.

La disolución de las Cortes y la caducidad del texto no eliminan el problema. La propuesta podría volver a plantearse en una futura legislatura, mientras continúan existiendo solicitantes que recurren a los procedimientos ordinarios de residencia, apatridia o nacionalidad. La incertidumbre normativa puede prolongar la vulnerabilidad de quienes necesitan acreditar su identidad y, simultáneamente, mantener incentivos para quienes intentan explotar las lagunas documentales.

Una población dispersa entre varios Estados

La dimensión geográfica de la cuestión complica cualquier intento de establecer una relación automática entre identidad saharaui, residencia territorial y nacionalidad. La población saharaui se distribuye entre el Sáhara, las provincias meridionales de  Marruecos, los campamentos de refugiados próximos a Tinduf, en Argelia, y comunidades asentadas en Mauritania y otros países. También existen grupos y redes familiares en Mali, aunque su dimensión y distribución exactas no deben confundirse con las de los principales núcleos de población.

Los campamentos de Tinduf albergan a una minoría del total de la población saharaui. Allí se encuentran las principales estructuras del Frente Polisario, la población residente depende en gran medida de las autoridades argelinas y de los mecanismos de asistencia humanitaria. Durante décadas el Polisario ha impedido un registro civil manteniendo a la población local como indocumentada.

En el Sáhara marroquí, la situación es distinta. Allí residen familias saharauis totalmente integradas a la sociedad marroquí que no obstante mantienen su lengua y tradiciones. En Mauritania, por su parte, existen vínculos históricos, comerciales, lingüísticos y familiares que atraviesan las fronteras contemporáneas. Mali forma parte de un espacio saheliano en el que las redes de movilidad y parentesco no siempre coinciden con las delimitaciones estatales.

Esta dispersión tiene consecuencias directas para la verificación documental. Una partida de nacimiento puede haberse expedido durante la administración española, mientras que otros documentos familiares se han producido décadas después en un país diferente. Los nombres pueden aparecer con transcripciones distintas, las fechas pueden variar entre registros y las familias pueden haber perdido originales durante desplazamientos forzosos. Tales circunstancias justifican procedimientos especializados de comprobación, pero no constituyen por sí mismas indicios de fraude.

El desafío consiste en reconstruir una cadena documental fiable.

Las posibles repercusiones en el sur de Marruecos

El debate adquiere una dimensión geopolítica adicional cuando se considera la posibilidad de que un número significativo de saharauis obtenga la ciudadanía española y mantenga su residencia en las provincias saharianas de Marruecos. Se trata de un escenario hipotético, no de un resultado demostrado de la propuesta legislativa ni de una tendencia demográfica cuantificada.

La nacionalidad española no comporta automáticamente el derecho a residir de manera permanente en Marruecos. La entrada, la residencia, la participación política y el ejercicio de derechos civiles dentro del reino seguirían sujetos al ordenamiento marroquí, a los acuerdos internacionales aplicables y a las circunstancias particulares de cada persona.

Sin embargo, si una comunidad numerosa adquiriera la ciudadanía española mientras permaneciera asentada en el territorio, podrían aparecer consecuencias políticas y diplomáticas relevantes. La primera sería una mayor internacionalización de las controversias sobre derechos, representación política e identidad nacional. La segunda afectaría a las relaciones consulares entre Madrid y Rabat, especialmente si ciudadanos españoles residentes en Marruecos alegaran restricciones a sus derechos o solicitaran protección diplomática.

La hipótesis más delicada sería la creación de un partido político de orientación separatista que pretendiera actuar legalmente dentro de Marruecos. Para que tal formación pudiera concurrir a las elecciones tendría que cumplir la legislación marroquí sobre partidos políticos, incluidos sus requisitos de constitución y las restricciones relativas a la integridad territorial y a los fundamentos constitucionales del Estado. Por tanto, la ciudadanía española de sus promotores no bastaría para garantizar su legalidad.

Un partido de esas características podría intentar utilizar la condición de ciudadanos de otro Estado de sus integrantes para obtener atención internacional, formular denuncias ante instituciones europeas o convertir los conflictos locales en asuntos diplomáticos. También podría generar tensiones si las autoridades marroquíes considerasen que sus actividades vulneran el ordenamiento nacional o amenazan la integridad territorial.

La nacionalidad no debe convertirse en una mercancía documental ni en un arma diplomática.