España y Marruecos: una crisis migratoria no puede borrar una alianza estratégica

 

La desmentida de Madrid sobre un supuesto “plan de contingencia” contra Rabat revela hasta qué punto cualquier información que sugiera una nueva confrontación entre los dos países puede tener consecuencias que exceden el debate migratorio. España y Marruecos atraviesan una etapa de intensa cooperación económica, policial y diplomática y, pese a las tensiones provocadas por la presión migratoria en Ceuta y Melilla, ambos gobiernos parecen interesados en preservar una relación que consideran estratégica.

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Buenos Aires - La noticia duró poco, pero su impacto potencial fue considerable. Un programa de la radiotelevisión pública española, Mañaneros 360, difundió la existencia de un supuesto “plan de contingencia” elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez para responder a una eventual nueva crisis migratoria provocada desde Marruecos. La información sugería que Madrid estudiaba mecanismos destinados a elevar el coste para Rabat de una eventual utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión sobre España, particularmente en las fronteras de Ceuta y Melilla. El Gobierno español negó posteriormente, de manera categórica, que semejante plan existiera y calificó de falsa la información. RTVE retiró después la publicación de sus redes sociales.
La precisión no es menor. La versión inicialmente difundida no hablaba simplemente de medidas preventivas para proteger las fronteras españolas, algo perfectamente compatible con las obligaciones de cualquier Estado. Presentaba, en cambio, la posibilidad de que Marruecos estuviera dispuesto a provocar deliberadamente una crisis migratoria y atribuía a Madrid la intención de preparar una respuesta de carácter disuasorio. El Gobierno español rechazó precisamente esa interpretación.

La controversia aparece, además, en un momento particularmente sensible. Durante el verano de 2026, Ceuta volvió a experimentar una fuerte presión migratoria. A finales de julio se produjo una llegada masiva de migrantes por tierra y mar, mientras que durante los días siguientes las autoridades españolas y marroquíes reforzaron sus dispositivos de seguridad ante nuevas convocatorias difundidas a través de las redes sociales. Reuters informó el 14 de agosto de que las autoridades marroquíes habían detenido a más de un centenar de personas que intentaban alcanzar Ceuta, mientras España incrementaba sustancialmente su presencia policial en el enclave.

El episodio confirma que existe un problema migratorio real y que España necesita disponer de mecanismos de prevención y respuesta. Pero de ello no se desprende necesariamente la existencia de una estrategia española dirigida contra Marruecos. La diferencia es sustancial. Una política de protección fronteriza puede coexistir con una relación bilateral cooperativa; un plan concebido explícitamente para penalizar o presionar al país vecino implicaría, en cambio, una modificación mucho más profunda de la relación estratégica.

Una relación demasiado importante para quedar subordinada a la cuestión migratoria

La realidad de las relaciones hispano-marroquíes difícilmente encaja con la imagen de dos Estados encaminados hacia una nueva confrontación. Desde la adopción de la hoja de ruta de abril de 2022, Madrid y Rabat han procurado construir un marco de cooperación más amplio y estable. La XIII Reunión de Alto Nivel, celebrada en diciembre de 2025, volvió a ratificar la voluntad de ambos gobiernos de profundizar una relación definida oficialmente como moderna, global y transversal.

El fundamento material de esa relación es particularmente sólido. España es desde hace años el principal socio comercial de Marruecos. En 2024, los intercambios bilaterales alcanzaron los 22.693 millones de euros, un récord histórico, con un crecimiento superior al 7%. Más de 6.000 empresas españolas exportan regularmente al mercado marroquí y más de 900 cuentan con filiales o participaciones significativas en compañías del país. Marruecos se ha convertido, además, en el principal destino de la inversión española en África.

Las cifras revelan una interdependencia que trasciende ampliamente el comercio convencional. Empresas españolas participan en proyectos marroquíes de infraestructura, transporte, agua y energía, mientras Marruecos ocupa una posición cada vez más importante dentro de las cadenas productivas que conectan Europa con África. Para España, la proximidad geográfica convierte al reino alauí en una plataforma natural hacia el continente africano; para Marruecos, la vinculación con la economía española facilita su conexión con el mercado europeo.

Esa dimensión económica explica por qué una crisis diplomática tendría costes para ambos países. Madrid no tiene interés en deteriorar una relación que ofrece oportunidades comerciales, energéticas y empresariales crecientes. Rabat tampoco parece tener incentivos para poner en riesgo una asociación que le proporciona acceso privilegiado a uno de los principales mercados europeos.

La misma lógica opera en materia de seguridad. España y Marruecos mantienen una cooperación estrecha contra el terrorismo, la radicalización violenta, el crimen organizado y las redes dedicadas al tráfico de personas. En febrero de 2025, los ministros del Interior de ambos países calificaron la cooperación policial bilateral de extraordinaria y reafirmaron su voluntad de profundizarla. Madrid destacó entonces el papel marroquí en la lucha contra las mafias de tráfico de seres humanos y definió a Marruecos como un socio leal y fiable de España y de la Unión Europea.

La cooperación migratoria, por tanto, no constituye un elemento marginal de la relación bilateral. Es uno de sus pilares. Madrid necesita la colaboración marroquí para contener las redes de tráfico de personas y reducir las salidas hacia territorio español, mientras Rabat obtiene de esa cooperación reconocimiento político, asistencia europea y un interlocutor privilegiado dentro de la Unión Europea.

Ceuta y Melilla: el punto más vulnerable

La cuestión migratoria constituye, sin embargo, el área donde la relación bilateral presenta mayores riesgos. Ceuta y Melilla son espacios especialmente sensibles porque allí confluyen soberanía, seguridad fronteriza, movilidad humana y las complejas relaciones de vecindad entre España y Marruecos.

La crisis de 2021 demostró hasta qué punto una alteración de la cooperación puede provocar consecuencias inmediatas. Pero también puso de manifiesto el elevado coste de una ruptura. Desde entonces, Madrid y Rabat han trabajado para evitar que la cuestión migratoria vuelva a convertirse en un mecanismo de confrontación general.

Incluso durante la reciente crisis, la interlocución entre ambos gobiernos se mantuvo abierta. El presidente Pedro Sánchez afirmó durante su visita a Ceuta, a finales de julio, que la cooperación con Marruecos había sido constante y fluida y destacó que la interlocución con las autoridades marroquíes había sido muy distinta de la registrada en 2021.

Ese dato resulta particularmente significativo. Si existiera una decisión política de Madrid de considerar a Marruecos como adversario estratégico, resultaría difícil conciliarla con la continuidad de los canales de cooperación que funcionan precisamente durante los episodios de mayor tensión.

El riesgo de una crisis fabricada por terceros

Es en este punto donde adquiere interés la hipótesis de que existan actores interesados en deteriorar la relación entre España y Marruecos. No existen, al menos a partir de la información disponible, elementos suficientes para atribuir la difusión del supuesto plan a una organización o Estado concreto. Sería, por tanto, imprudente convertir esa posibilidad en una acusación.

Pero la existencia de intereses que podrían beneficiarse de una confrontación hispano-marroquí constituye una hipótesis políticamente razonable. La relación entre ambos países afecta a equilibrios mucho más amplios que los estrictamente bilaterales. Incide sobre la política migratoria europea, la seguridad del Mediterráneo occidental, las rutas comerciales, las inversiones, la cooperación antiterrorista y la posición de Marruecos dentro de la arquitectura estratégica europea y africana.

Por ello, cualquier información que presente a Rabat como una amenaza para España puede ser utilizada para alimentar percepciones de desconfianza y favorecer posiciones políticas contrarias a la cooperación. La difusión de una información posteriormente desmentida, especialmente cuando procede de un medio público y adquiere rápidamente circulación en medios españoles y marroquíes, puede generar consecuencias incluso después de haber sido retirada. El propio documento aportado señala que la publicación terminó circulando en ambos países y trasladó al terreno bilateral una versión que carecía de respaldo oficial.

La cuestión fundamental, por tanto, no es solamente quién difundió la información, sino a quién podría beneficiar una percepción de creciente hostilidad entre Madrid y Rabat.

La necesidad de separar la crisis de la relación estratégica

España tiene el derecho y la obligación de proteger sus fronteras y de preparar respuestas ante eventuales crisis migratorias. Marruecos, por su parte, tiene la responsabilidad de controlar sus fronteras y combatir las redes criminales que utilizan a los migrantes. Ninguna de esas obligaciones requiere transformar al otro país en un adversario.

La cooperación bilateral ya ha demostrado que puede producir resultados. En 2024, Madrid destacó la reducción de las llegadas irregulares y la eficacia de la cooperación contra las mafias dedicadas al tráfico de personas. Al mismo tiempo, la apertura de las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, la expansión de la migración circular y la coordinación policial muestran que la relación se encuentra asentada sobre intereses concretos y no únicamente sobre declaraciones diplomáticas.

A ello se añade un horizonte que difícilmente encaja con una estrategia de confrontación: España, Marruecos y Portugal serán países anfitriones del Mundial de Fútbol de 2030. Ambos gobiernos consideran el acontecimiento una oportunidad para profundizar los vínculos económicos, sociales y humanos entre las dos sociedades.

La desmentida del Gobierno español adquiere así una dimensión que supera el episodio mediático. Madrid ha enviado un mensaje inequívoco: la existencia de problemas migratorios en Ceuta y Melilla no significa que España haya decidido modificar su estrategia hacia Marruecos. La seguridad fronteriza continuará siendo una prioridad, pero dentro de un marco de cooperación.

La conclusión más razonable es que la relación hispano-marroquí atraviesa una fase de tensión localizada, no una nueva crisis estratégica. La presión migratoria puede provocar episodios graves y exigir respuestas contundentes, pero los intereses económicos, de seguridad y geopolíticos que vinculan a ambos países son demasiado profundos como para quedar subordinados a cada sobresalto fronterizo.

En este contexto, resulta especialmente importante evitar que informaciones no verificadas conviertan una dificultad concreta en una crisis diplomática general. España y Marruecos tienen numerosos intereses compartidos y ambos gobiernos parecen comprender que la estabilidad del Mediterráneo occidental depende, en buena medida, de preservar esa asociación. Precisamente por eso, cualquier actor que pretendiera convertir la cuestión migratoria en una fuente permanente de desconfianza estaría actuando contra una de las relaciones estratégicas más relevantes de la arquitectura política y económica entre Europa y el norte de África.

 

Japón vuelve a mirar hacia las armas: el rearme que puede cambiar el equilibrio de Asia

 

Ochenta años después de Hiroshima, Japón está dejando atrás algunas de las restricciones militares que definieron su identidad internacional desde la derrota de 1945. El Gobierno de Sanae Takaichi ha llevado el gasto de defensa hasta el 2% del PIB, ha abierto la puerta a las exportaciones de armamento y quiere convertir la industria militar en una fuente de innovación y crecimiento. Detrás de la transformación está China, pero también Corea del Norte, Rusia y la incertidumbre sobre el futuro compromiso estadounidense en Asia. El resultado puede ser una nueva arquitectura de seguridad en el Pacífico, con Taiwán en el centro y una relación cada vez más estrecha entre Tokio, Washington, Seúl y Canberra.

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Buenos Aires - Hay algo profundamente simbólico en el nuevo Japón que se está construyendo. Mientras el país conmemora estos días el 81º aniversario de Hiroshima, su Gobierno presenta un nuevo modelo de seguridad que habría resultado difícil de imaginar para cualquiera de las generaciones que crecieron bajo el trauma de la guerra. Japón, la única potencia que ha sufrido un ataque nuclear en la historia, está incrementando aceleradamente sus capacidades militares y haciendo de la industria de defensa una pieza de su estrategia económica.

No se trata ya solamente de disponer de unas Fuerzas de Autodefensa capaces de proteger el territorio nacional. Tokio quiere radares, misiles de largo alcance, submarinos, sistemas espaciales, inteligencia artificial, drones, capacidades cibernéticas y una industria militar capaz de producir para Japón y para otros países. El nuevo Libro Blanco de Defensa presenta esa transformación como una respuesta al deterioro del entorno estratégico, pero también como una oportunidad económica. La industria de defensa, sostiene el documento, puede contribuir a la innovación, fortalecer la base tecnológica y generar actividad para empresas grandes y pequeñas.

Es la última estación de un viaje que comenzó mucho antes de Sanae Takaichi.

El país que quiso dejar atrás la guerra

La Constitución japonesa de 1947 nació bajo la ocupación estadounidense y convirtió el pacifismo en uno de los fundamentos de la nueva identidad nacional. Su artículo 9 renunció a la guerra como derecho soberano y prohibió el mantenimiento de fuerzas terrestres, navales o aéreas destinadas a un conflicto bélico. Sin embargo, la Guerra Fría pronto hizo evidente la contradicción entre ese principio y la necesidad estratégica de contener a la Unión Soviética y a la China comunista.

En 1954 nacieron las Fuerzas de Autodefensa. El lenguaje fue deliberadamente cuidadoso: Japón no tenía un ejército, sino fuerzas destinadas exclusivamente a la defensa. Durante décadas, ese equilibrio funcionó. Washington asumía la mayor parte de la responsabilidad estratégica mientras Tokio concentraba sus recursos en convertirse en una potencia económica.

La situación comenzó a cambiar después del final de la Guerra Fría. La primera guerra del Golfo, los atentados del 11-S, el programa nuclear de Corea del Norte y, sobre todo, el ascenso militar de China, fueron erosionando las antiguas restricciones.

Shinzo Abe aceleró el proceso. La legislación de seguridad aprobada en 2015 permitió ejercer el derecho de autodefensa colectiva en determinadas circunstancias y convirtió el denominado “pacifismo proactivo” en la fórmula política para conciliar el pasado pacifista con una mayor capacidad de acción militar. Ahora Takaichi está llevando esa lógica a una nueva dimensión.

China es la razón que explica casi todo

En el discurso oficial japonés, China ocupa un lugar que ningún otro país puede disputar. El nuevo Libro Blanco la define como el mayor desafío estratégico para Japón y advierte de la rápida expansión de sus capacidades militares.

Pekín responde que Tokio exagera la amenaza para justificar su remilitarización. El Ministerio de Defensa chino ha acusado al Gobierno japonés de recuperar una política de “nuevo militarismo” y ha advertido de que Taiwán constituye una línea roja que Japón no debe cruzar.

La disputa no es retórica. En los últimos años, China ha incrementado sus actividades alrededor de Taiwán y mantiene una presencia creciente alrededor de las islas Senkaku, administradas por Japón y reclamadas por Pekín como Diaoyu. El archipiélago se encuentra en una zona estratégica próxima a las principales rutas marítimas y a las islas japonesas más occidentales.

Para Tokio, el problema es que una guerra por Taiwán difícilmente podría quedar confinada al estrecho. Las instalaciones militares estadounidenses en Japón serían esenciales para cualquier operación de Washington. Las islas japonesas situadas en el sudoeste del archipiélago quedarían cerca de la zona de operaciones. Las rutas comerciales japonesas también podrían verse afectadas. Por eso, Taiwán ha dejado de ser, desde la perspectiva japonesa, una cuestión exclusivamente china.

La primera ministra Takaichi lo expresó con una claridad que provocó una fuerte reacción de Pekín al plantear que un ataque chino contra Taiwán podría crear una situación que amenazara la supervivencia de Japón y justificara la actuación de sus Fuerzas de Autodefensa. La crisis diplomática posterior ha llevado las relaciones entre Tokio y Pekín a uno de sus momentos más delicados de los últimos años.

La conclusión estratégica japonesa parece sencilla: cuanto mayor sea la capacidad china para modificar por la fuerza el statu quo alrededor de Taiwán, mayor debe ser el precio que Pekín tenga que pagar por intentarlo.

El dinero cambia de dirección

La transformación tiene una dimensión económica que no debe subestimarse. Japón ha llevado su gasto de defensa hasta el equivalente del 2% de su PIB, cumpliendo el objetivo que se había fijado para fortalecer su capacidad militar. El presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 alcanza los 9,0353 billones de yenes, mientras que el gasto relacionado directamente con el fortalecimiento de la defensa se sitúa en torno a los 8,8 billones. Es una transformación considerable para un país que durante décadas mantuvo el gasto militar alrededor del 1% del PIB.

Pero el Gobierno quiere convencer a los japoneses de que no se trata únicamente de gastar. La apuesta consiste en crear una industria de defensa competitiva, tecnológica y exportadora. Es una idea que habría resultado políticamente difícil hace una generación. Durante décadas, las empresas japonesas fabricaron sistemas militares principalmente para las Fuerzas de Autodefensa y bajo estrictas restricciones a la exportación. Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Electric y Fuji Heavy Industries desarrollaron capacidades avanzadas, pero dentro de un mercado doméstico relativamente cerrado. Ahora las puertas se están abriendo.

La fragata Mogami constituye el ejemplo más visible. Australia ha elegido el diseño japonés para su futura flota de fragatas, convirtiendo a Mitsubishi Heavy Industries en uno de los grandes beneficiarios de la nueva política de exportaciones militares. El contrato australiano tiene además un significado estratégico: Japón empieza a integrarse como proveedor de seguridad de otros países del Indopacífico.

La transformación alcanza también a la aviación de combate. Japón participa junto con Reino Unido e Italia en el Global Combat Air Programme, destinado a desarrollar un nuevo avión de combate para la década de 2030. Mitsubishi Heavy Industries lidera la participación japonesa y Mitsubishi Electric está preparando nuevas instalaciones para producir sistemas electrónicos del aparato. La empresa prevé que su negocio de defensa pueda alcanzar 690.000 millones de yenes anuales hacia 2031.

El mensaje es evidente: Japón quiere que el rearme genere una industria. Y quiere que esa industria proporcione, a su vez, rearme.

La economía será la prueba más difícil

La idea de utilizar la defensa como motor de crecimiento no carece de fundamentos. La inversión militar puede estimular sectores de alta tecnología en los que Japón conserva ventajas extraordinarias: electrónica, robótica, sensores, materiales avanzados, inteligencia artificial, espacio, construcción naval y sistemas de precisión.

El Gobierno también quiere que las start-ups participen en este proceso, una ruptura con el tradicional sistema japonés de contratación de defensa. La guerra de Ucrania ha demostrado, además, el valor de drones baratos, inteligencia artificial y sistemas autónomos frente a plataformas militares convencionales extraordinariamente costosas. El nuevo Libro Blanco japonés dedica precisamente una atención considerable a esas tecnologías.

Pero hay una segunda cara de la moneda. Japón es una sociedad envejecida, con una población en descenso y una deuda pública extraordinariamente elevada. El Fondo Monetario Internacional proyecta para 2026 un crecimiento real de apenas el 0,8%, después del 1,1% de 2025, y advierte de que el gasto en intereses, sanidad y cuidados de larga duración ejercerá una presión creciente sobre las cuentas públicas.

El problema no es que Japón no pueda financiar el rearme. Puede hacerlo. El problema es qué deberá sacrificar si decide continuar incrementándolo. Un yen invertido en un misil no puede invertirse simultáneamente en educación, investigación civil, cuidados para una población envejecida o infraestructuras. El FMI ha pedido a Tokio una política fiscal prudente y una trayectoria creíble de reducción de la deuda.

Por eso el argumento de que la defensa será un nuevo motor del crecimiento debe tomarse con cautela. Puede impulsar determinadas industrias. Puede generar innovación. Puede abrir mercados internacionales. Pero no sustituirá las reformas estructurales que Japón necesita para recuperar un crecimiento sostenido. El rearme puede ser una política industrial. No es una solución mágica al problema demográfico japonés.

Una nueva industria militar

La consecuencia más profunda puede producirse en el corazón de la economía japonesa. Durante décadas, la industria de defensa fue casi una actividad residual de grandes conglomerados industriales. Ahora puede convertirse en un sector estratégico. Mitsubishi Electric, por ejemplo, aspira a aumentar sustancialmente sus ventas militares durante los próximos años gracias a radares, misiles, sistemas para el programa GCAP y componentes destinados a la fragata Mogami australiana.

También está cambiando la relación con Estados Unidos.

En mayo de 2026, Tokio y Washington acordaron acelerar la cooperación industrial para producir conjuntamente misiles, entre ellos los SM-3 Block IIA y AMRAAM. El Ministerio de Defensa japonés ha bautizado esa iniciativa como “Operation Supercharge”.

La alianza deja así de ser solamente militar. Se está convirtiendo en una alianza industrial. Japón aporta tecnología, capital, capacidad manufacturera y una base industrial sofisticada. Estados Unidos aporta tecnologías militares críticas, inteligencia, experiencia operacional y un mercado gigantesco. La combinación puede convertir a ambos países en un bloque tecnológico-militar mucho más integrado. Y eso es precisamente lo que preocupa a China.

El nuevo equilibrio del Pacífico

La consecuencia geopolítica más importante del rearme japonés será probablemente la modificación del equilibrio de la primera cadena de islas del Pacífico.

Un Japón militarmente más poderoso complica cualquier estrategia china destinada a proyectar fuerza hacia el Pacífico occidental. Sus submarinos, aviones, misiles antibuque, sistemas de vigilancia y capacidades espaciales aumentan el coste de cualquier operación china. Pero Japón tampoco está actuando solo.

Estados Unidos está reforzando la alianza. Australia se ha convertido en un socio militar cada vez más estrecho. Filipinas ha adquirido una importancia renovada. India participa en el entramado del Quad. Y Corea del Sur, pese a sus profundas reservas históricas hacia Japón, está aumentando la cooperación trilateral con Tokio y Washington.

El propio Ministerio de Defensa japonés señala que en 2026 se ha intensificado la cooperación con Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y Filipinas. Es difícil imaginar una arquitectura de contención de China en el Indopacífico sin Japón en su centro.

Corea del Sur: un aliado incómodo

Aquí aparece una de las paradojas de la nueva estrategia. Japón y Corea del Sur tienen razones para desconfiar mutuamente, pero tienen razones aún mayores para cooperar. Ambos se encuentran bajo la amenaza de los misiles y armas nucleares de Corea del Norte. Ambos dependen de Estados Unidos. Ambos tienen intereses fundamentales en impedir que China modifique unilateralmente el equilibrio regional.

Durante 2026, Tokio y Seúl han intensificado el diálogo militar, con reuniones de ministros de Defensa y mecanismos de cooperación que habrían resultado difíciles de imaginar durante los peores momentos de sus disputas históricas.  Pero el pasado colonial japonés sigue presente.

El fortalecimiento militar japonés puede ser aceptado por Seúl mientras sea percibido como una respuesta a China y Corea del Norte. Si Tokio avanzara hacia una reinterpretación más amplia de su Constitución o hacia capacidades inequívocamente ofensivas, la reacción coreana podría ser mucho menos favorable.  La memoria histórica continúa siendo una variable estratégica.

Taiwán, el punto de fractura

En ningún otro lugar será más visible el efecto del rearme japonés que en Taiwán. Para China, la isla forma parte de su soberanía. Para Japón, un conflicto en el estrecho podría afectar directamente su seguridad nacional. Para Estados Unidos, Taiwán es uno de los principales escenarios en los que se pondría a prueba su credibilidad estratégica.

La geografía hace el resto. Japón se encuentra muy cerca de Taiwán y controla posiciones decisivas en el sudoeste de su archipiélago. Okinawa alberga instalaciones militares estadounidenses esenciales. Las islas Yonaguni e Ishigaki se encuentran en primera línea frente al escenario taiwanés.

En caso de conflicto, Japón podría proporcionar bases, inteligencia, defensa aérea, logística y apoyo a las fuerzas estadounidenses incluso sin entrar inicialmente en combate. Si el conflicto afectara directamente territorio japonés, la situación sería completamente diferente.

Eso explica por qué Pekín observa con tanta atención cada reforma militar japonesa. China no teme solamente a Japón. Teme a Japón unido a Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y otros socios regionales.

Washington obtiene el socio que necesitaba

Para Estados Unidos, el rearme japonés es una buena noticia estratégica. Washington lleva años reclamando que sus aliados asiáticos asuman una mayor responsabilidad en su propia defensa. Japón está respondiendo.

La alianza se vuelve más útil cuanto más capaz sea Japón de defender sus propias islas, interceptar misiles, vigilar los mares y producir armas. En mayo, los ministros de Defensa de ambos países acordaron avanzar rápidamente en la profundización de la cooperación y reforzar la presencia militar conjunta en el sudoeste japonés. Pero hay una diferencia importante con respecto al Japón de la Guerra Fría. Tokio ya no quiere ser simplemente el protegido. Quiere convertirse en un socio estratégico.

La consecuencia puede ser un Japón más autónomo dentro de una alianza más estrecha con Estados Unidos. No es una contradicción. La autonomía militar japonesa puede, paradójicamente, fortalecer la alianza estadounidense.

La paradoja del rearme

La historia tiene aquí una ironía difícil de ignorar. Japón dice que se rearma para evitar una guerra. China interpreta el rearme como una amenaza. China aumenta sus capacidades. Japón responde. Estados Unidos refuerza su alianza con Tokio. Pekín profundiza sus preparativos militares. Corea del Norte utiliza el nuevo entorno como argumento para mantener su arsenal nuclear.

La lógica de la disuasión funciona precisamente porque cada actor sabe que una guerra tendría un coste insoportable. Pero la misma lógica puede generar una espiral de acumulación militar. El recuerdo de Hiroshima introduce una dimensión adicional.

Los supervivientes de la bomba atómica han advertido que el abandono progresivo del pacifismo puede erosionar uno de los elementos centrales de la identidad internacional japonesa. Masako Wada, de Nihon Hidankyo, ha defendido que Japón recuperó la confianza internacional precisamente porque prometió no volver a hacer la guerra.

Su advertencia no es una objeción menor. Japón no está modificando solamente su presupuesto de defensa. Está revisando uno de los pilares de su identidad nacional.

El país que durante décadas convirtió Hiroshima en símbolo universal de los peligros de la guerra se está convirtiendo nuevamente en una potencia militar de primer orden. La diferencia fundamental es que esta vez Japón no parece buscar un imperio ni una esfera de influencia propia. Su objetivo declarado es impedir que otros puedan imponerla. Ese matiz será decisivo.

Si Tokio consigue construir una capacidad militar suficiente para disuadir a China sin alimentar una dinámica incontrolable de confrontación, el rearme japonés puede convertirse en uno de los principales pilares de estabilidad del Indopacífico. Si fracasa, Asia podría entrar en una nueva carrera armamentista.

La paradoja es que ambas posibilidades nacen de la misma decisión.

Japón está volviendo a armarse porque considera que el mundo que lo rodea se ha vuelto demasiado peligroso para seguir siendo el Japón de la posguerra. Y al hacerlo está contribuyendo, inevitablemente, a crear un Asia diferente: un Asia en la que el equilibrio ya no dependerá solamente de Washington y Pekín, sino también de la capacidad de Tokio para decidir hasta dónde está dispuesto a llegar.

 

Colombia gira hacia Marruecos y redefine el tablero diplomático del Sáhara

Por Adalberto Agozino

El nuevo Gobierno colombiano ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y ha congelado sus relaciones con la inexistente República Árabe Saharaui Democrática, en un viraje que rompe con la política de Gustavo Petro y abre una nueva etapa en los vínculos entre Bogotá y Rabat. La decisión, impulsada en el marco de una renovada asociación estratégica, constituye además otro éxito de la diplomacia marroquí, que durante el reinado de Mohammed VI ha convertido la cuestión del Sáhara en uno de los principales ejes de su política exterior.

 

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Buenos Aires - El cambio de posición de Colombia apenas necesitó unas horas para adquirir una dimensión que trasciende las relaciones bilaterales. El nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció primero, el 7 de agosto, durante la investidura presidencial celebrada en Cali, que reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Tres días después, Bogotá formalizó el giro mediante un comunicado en el que confirmó el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre todo su territorio y anunció la congelación del reconocimiento de la inexistente RASD, así como la interrupción de los contactos políticos y diplomáticos con sus representantes.

La decisión fue comunicada después del encuentro mantenido entre el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, el canciller Omar Bula Escobar y el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, quien había viajado a Colombia para representar al rey Mohammed VI en la ceremonia de investidura. El propio Bourita calificó el cambio de posición de Bogotá como “histórico” y consideró que podía proporcionar “un gran impulso” a las relaciones bilaterales. El vicepresidente colombiano, por su parte, definió el movimiento como “un nuevo comienzo” y señaló a Marruecos como el primer aliado de Colombia en África.

La decisión tiene una importancia especial porque supone deshacer el movimiento realizado por el gobierno de Gustavo Petro. Colombia había establecido relaciones diplomáticas con la falsa RASD en 1985, durante la presidencia de Belisario Betancur, pero aquellas relaciones fueron congeladas, en 2001, durante el Gobierno de Andrés Pastrana. En agosto de 2022, Petro decidió restablecerlas, modificando nuevamente la posición tradicional de Bogotá. El gobierno de De la Espriella ha efectuado ahora el movimiento inverso.

La nueva política colombiana no se limita, sin embargo, a una declaración simbólica. Bogotá ha anunciado que no mantendrá contactos políticos o diplomáticos con la inexistente RASD, que no intercambiará misiones y que no respaldará a esa entidad en organismos multilaterales, incluidas Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, donde Colombia ocupa actualmente un asiento no permanente. El Ejecutivo colombiano sostiene que la decisión es consecuencia de una “revisión soberana” de la política seguida por la anterior Administración.

El argumento resulta particularmente significativo en el contexto actual del conflicto. En octubre de 2025, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2797, que renovó el mandato de la MINURSO y colocó el Plan de Autonomía presentado por Marruecos en 2007 en el centro del proceso negociador. La resolución reafirmó al mismo tiempo la necesidad de alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para las partes.

Ese contexto internacional explica en buena medida la oportunidad política del movimiento colombiano. El reconocimiento de Bogotá llega cuando Rabat ha conseguido transformar progresivamente el tratamiento internacional de la cuestión del Sáhara. Lo que durante décadas fue esencialmente un conflicto regional entre Marruecos, el Frente Polisario y Argelia se ha convertido en una cuestión en la que cada vez más Estados consideran la propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí como una alternativa viable para cerrar una disputa artificial, enquistada desde la retirada española de 1975.

La diplomacia de Mohammed VI

El giro colombiano constituye, en este sentido, otro capítulo de una estrategia diplomática desarrollada durante décadas bajo las expresas directivas del rey Mohammed VI. Desde su llegada al trono en 1999, el monarca ha situado la defensa de la integridad territorial en el centro de la política exterior marroquí, pero acompañándola de una diplomacia económica, africana y multilateral cada vez más activa.

La estrategia ha consistido en desplazar el debate desde una lógica exclusivamente territorial hacia una concepción más amplia, en la que el Sáhara aparece vinculado al desarrollo económico, la integración africana, las inversiones, la seguridad regional y la proyección atlántica de Marruecos.

La presentación del plan de autonomía en 2007 fue uno de los instrumentos fundamentales de esa política. Rabat sostiene que la propuesta permitiría dotar al territorio de amplias competencias de autogobierno manteniendo la soberanía marroquí. Durante los últimos años, numerosos Gobiernos han expresado su respaldo a esta fórmula y varios países han abierto consulados en las ciudades de Dajla y El Aaiún.

El proceso alcanzó una nueva dimensión con la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de 2025. La prensa internacional describió entonces la resolución como un paso decisivo, al situar el plan de autonomía marroquí como base de la negociación auspiciada por Naciones Unidas.

La diplomacia marroquí ha acompañado esta ofensiva política con una intensa expansión de sus relaciones con África y América Latina. El objetivo ha sido construir una red de apoyos que reduzca progresivamente el aislamiento diplomático que durante décadas caracterizó la posición de Rabat respecto del Sáhara.

Colombia adquiere especial relevancia porque es uno de los países latinoamericanos de mayor peso político y económico. Su decisión puede contribuir a modificar las percepciones regionales y ofrecer a Marruecos un nuevo punto de apoyo en América Latina. Para Bogotá, a su vez, la relación con Rabat abre la posibilidad de utilizar Marruecos como plataforma de acceso a mercados africanos y europeos.

Una relación de medio siglo que busca contenido económico

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Marruecos se aproximan ya a cinco décadas. Durante ese período los vínculos políticos han sido relativamente estables, aunque el comercio bilateral nunca alcanzó una dimensión acorde con el potencial de ambas economías.

Ya a comienzos de los años noventa, Rabat identificaba a Colombia como una posible puerta de entrada a América Latina. En 1988. el intercambio bilateral había alcanzado aproximadamente 30 millones de dólares, una cifra que entonces era considerada elevada respecto de los años precedentes. Un estudio de la Embajada marroquí señalaba ya en 1992 las posibilidades de ampliar las ventas de fosfatos y derivados, productos agroalimentarios, pescado, textiles y manufacturas de cuero.

Tres décadas después, el comercio continúa siendo relativamente modesto, pero muestra un potencial de crecimiento considerable. En 2023, las importaciones colombianas procedentes de Marruecos rondaron los 53,3 millones de dólares, según datos de la DIAN. Por su parte, ProColombia ha señalado a Marruecos entre los mercados africanos de interés para las exportaciones colombianas, particularmente para productos agroalimentarios y bienes con capacidad de penetración en ese continente.

La nueva Administración colombiana pretende precisamente transformar esa relación comercial limitada en una asociación económica más ambiciosa. El Gobierno ha planteado incluso la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio y ampliar las inversiones marroquíes en Colombia.

La agenda anunciada por Bogotá y Rabat es extensa: comercio, inversión, turismo, seguridad alimentaria, desarrollo portuario y logístico y conectividad atlántica. No se trata de una coincidencia menor. Marruecos aspira desde hace años a consolidarse como plataforma entre Europa, África y el Atlántico, mientras Colombia posee una posición privilegiada para conectar Sudamérica con los mercados del Caribe y del Pacífico.

Más allá del Sáhara

El reconocimiento colombiano también debe interpretarse como parte de una transformación más profunda de la relación bilateral. Bourita ha señalado que ambos países pueden convertirse en plataformas económicas recíprocas aprovechando sus posiciones geográficas. Esa visión coincide con la política marroquí de convertir la cuestión del Sáhara en un componente de una estrategia nacional de alcance mucho mayor.

La reacción del Frente Polisario era previsible y rutinaria. La organización calificó la decisión de contraria al Derecho Internacional y sostuvo que el Sáhara continúa siendo un territorio pendiente de descolonización. También advirtió de sus posibles consecuencias sobre el proceso de Naciones Unidas.

Pero, más allá de las controversias jurídicas y políticas, el dato diplomático resulta difícil de ignorar: Colombia se suma ahora al grupo de Estados que han decidido respaldar la posición marroquí en un momento en que Rabat dispone de una coyuntura internacional especialmente favorable.

El alcance definitivo del giro dependerá de su traducción en hechos. Si el reconocimiento viene acompañado de inversiones, acuerdos comerciales, cooperación portuaria, intercambio tecnológico y una mayor presencia empresarial, la decisión dejará de ser exclusivamente diplomática para convertirse en una nueva arquitectura de relaciones entre América Latina y el Magreb.

Para Marruecos, el movimiento supone además la confirmación de que la estrategia impulsada bajo las directivas de Mohammed VI continúa produciendo resultados. Para Colombia, representa una ruptura significativa con la política exterior de la Administración anterior y una apuesta por estrechar vínculos con una potencia regional que aspira a convertirse en puente entre África, Europa y América Latina.

El mapa diplomático del Sáhara vuelve así a moverse. Esta vez, la señal llega desde Bogotá, a miles de kilómetros de Rabat y del desierto donde comenzó la disputa. Su significado, sin embargo, es mucho mayor que la distancia geográfica: Marruecos ha conseguido que la cuestión del Sáhara deje de ser únicamente una controversia territorial para convertirse en un elemento central de su política de alianzas. Y Colombia acaba de decidir que quiere estar del lado de Rabat.

 

El nuevo eje de La Meca: Arabia Saudí, Turquía y Pakistán redibujan el mapa de seguridad de Medio Oriente

 

Arabia Saudí, Turquía y Pakistán han firmado en La Meca un acuerdo de defensa mutua que establece que un ataque contra cualquiera de los tres será considerado una agresión contra todos. El pacto reúne petróleo, industria militar, capacidad nuclear y peso diplomático en un momento en que los Estados de Medio Oriente comienzan a desconfiar de las garantías tradicionales de Washington. No constituye todavía una “OTAN islámica”, pero sí puede ser el primer eslabón de una arquitectura de seguridad regional más autónoma, con consecuencias para Irán, Israel, Estados Unidos, China, India y el futuro de los Acuerdos de Abraham.

Buenos Aires - La fotografía de Mohammed bin Salman, Recep Tayyip Erdogan y Shehbaz Sharif reunidos en La Meca contiene una poderosa carga simbólica. Tres dirigentes de tres de las principales potencias musulmanas sunitas han decidido colocar la seguridad de sus países bajo un mismo paraguas político y militar. El denominado Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, firmado el 7 de agosto, establece que un ataque armado contra cualquiera de los tres Estados será considerado un ataque contra todos. El documento prevé además una ampliación de la cooperación defensiva, incluidos ejercicios conjuntos, entrenamiento, intercambio de inteligencia y transferencia de tecnología.

La importancia del pacto, sin embargo, no reside únicamente en sus cláusulas. Reside en lo que representan sus tres firmantes. Arabia Saudí aporta recursos financieros, energía y una posición central en el mundo árabe e islámico. Turquía dispone del segundo mayor Ejército de la OTAN y de una industria de defensa que se ha convertido en uno de los instrumentos de proyección exterior de Ankara. Pakistán es el único Estado de mayoría musulmana que posee un arsenal nuclear.

La combinación resulta extraordinariamente significativa. No porque haya nacido una nueva alianza militar comparable con la OTAN —el tratado todavía carece de mecanismos públicos de activación y no determina qué respuesta concreta corresponde a cada miembro— sino porque tres potencias regionales han comenzado a construir una alternativa parcial a una arquitectura de seguridad que durante décadas estuvo dominada por Estados Unidos. Reuters subraya precisamente la ausencia de compromisos militares específicos, pese a la fórmula política de defensa colectiva.

La seguridad deja de depender de un solo garante

Para Arabia Saudí, el acuerdo representa sobre todo una política de diversificación. Durante décadas, la seguridad del reino descansó fundamentalmente sobre la relación estratégica con Washington. Pero los ataques sufridos por instalaciones petroleras saudíes, la guerra de Yemen, las incertidumbres generadas por la política estadounidense y la incapacidad de las garantías externas para impedir que el territorio de los aliados del Golfo quedara expuesto han modificado el cálculo de Riad.

El pacto bilateral firmado con Pakistán en septiembre de 2025 ya había anticipado este movimiento. El nuevo acuerdo incorpora ahora a Turquía y convierte una relación bilateral en una red de seguridad de mayor alcance. El International Institute for Strategic Studies considera que el acuerdo saudí-pakistaní ya estaba alterando los vínculos estratégicos entre Oriente Próximo y Asia meridional.

Riad no está abandonando a Estados Unidos. Está haciendo algo más sofisticado: reduciendo su dependencia de un único garante. La estrategia consiste en disponer simultáneamente de Washington, Islamabad, Ankara y, en el plano económico y tecnológico, Pekín. La diversificación permite aumentar el margen de maniobra y evitar que una eventual decisión de Washington deje al reino estratégicamente expuesto.

Ese comportamiento responde a una tendencia más amplia. Un análisis reciente del Carnegie Endowment señala que los países de Oriente Próximo están practicando una política de hedging, es decir, de cobertura estratégica entre Estados Unidos y China, pero también mediante relaciones con potencias intermedias como Pakistán, Corea del Sur o Turquía. El objetivo no consiste necesariamente en elegir entre Washington y Pekín, sino en evitar depender exclusivamente de cualquiera de ellos.

La expresión más precisa para definir la nueva estrategia saudí no es, por tanto, “ruptura con Estados Unidos”, sino reaseguro estratégico islámico. Riad busca que su supervivencia no dependa de una sola relación de seguridad.

Un mensaje para Washington y Pekín

La nueva alianza también introduce una variable en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Pekín no necesita convertirse en el garante militar de Arabia Saudí para beneficiarse de esta transformación. China puede aprovechar el creciente deseo de autonomía estratégica de las monarquías del Golfo mientras mantiene su posición como principal socio comercial y energético de numerosos países de la región.

Washington conserva, no obstante, ventajas militares que China está lejos de igualar. Estados Unidos dispone de una extensa red de bases y acuerdos de seguridad en Oriente Próximo, mientras China carece de una arquitectura militar comparable. Pekín ha optado hasta ahora por una presencia más prudente, combinando inversiones, comercio, tecnología, diplomacia y ventas de armamento.

El pacto de La Meca puede acelerar esa competencia indirecta. Cuanto mayor sea la autonomía militar de las potencias regionales, menor será la capacidad estadounidense de utilizar su posición como proveedor indispensable de seguridad. Pero también puede beneficiar a Washington: una mayor capacidad regional para contener amenazas puede reducir el coste de la presencia militar estadounidense.

El resultado dependerá de si la alianza evoluciona hacia una estructura militar permanente o permanece como mecanismo flexible de coordinación. Por ahora, las autoridades saudíes y turcas insisten en que el acuerdo no está dirigido contra ningún Estado concreto y que no pretende sustituir las alianzas existentes.

El factor israelí

La dimensión más delicada del nuevo eje es Israel. Turquía mantiene una relación cada vez más conflictiva con el Gobierno de Benjamin Netanyahu, especialmente por la guerra de Gaza. Arabia Saudí, aunque no ha convertido a Israel en enemigo estratégico, ha endurecido sus condiciones políticas para una eventual normalización. Pakistán, por su parte, no reconoce diplomáticamente a Israel.

La existencia de una estructura militar que vincula a los tres países aumenta el coste potencial de una escalada regional. Pero sería exagerado interpretar automáticamente el pacto como una alianza antiisraelí. El propio texto evita identificar adversarios y Riad ha rechazado expresamente que se trate de un bloque sectario o militar dirigido contra un Estado determinado.

La consecuencia más probable es otra: Israel deberá incorporar a sus cálculos estratégicos una nueva variable. Hasta ahora podía contemplar por separado las capacidades militares turcas, la riqueza saudí y la disuasión pakistaní. El pacto crea, al menos potencialmente, un espacio de coordinación entre esas capacidades.

Eso resulta especialmente importante para Turquía. Ankara es miembro de la OTAN, pero su política exterior lleva años buscando mayor autonomía respecto de Washington. Una cooperación militar estrecha con Pakistán y Arabia Saudí incrementa las opciones turcas y puede reforzar su posición frente a Israel sin obligarla necesariamente a una confrontación directa.

¿Qué ocurrirá con los Acuerdos de Abraham?

El efecto sobre los Acuerdos de Abraham puede ser considerable, aunque no necesariamente definitivo. Arabia Saudí nunca se incorporó formalmente a ellos y continúa condicionando una normalización con Israel a avances sustanciales en la cuestión palestina. En julio, Donald Trump vinculó públicamente la cooperación nuclear civil estadounidense con Riad a la incorporación saudí a los Acuerdos de Abraham, precisamente cuando Arabia Saudí seguía resistiéndose a dar ese paso sin una perspectiva creíble de Estado palestino.

El pacto de La Meca fortalece la posición negociadora saudí. Riad puede ahora argumentar ante Washington que dispone de alternativas de seguridad y que la normalización con Israel no es una necesidad existencial para su defensa. Al mismo tiempo, Arabia Saudí puede utilizar su relación con Estados Unidos, Turquía y Pakistán simultáneamente para obtener mejores condiciones.

Esto no significa que los Acuerdos de Abraham estén muertos. Significa que la adhesión saudí, que Washington considera uno de los grandes objetivos estratégicos de su política regional, se vuelve más compleja y costosa diplomáticamente.

La sombra nuclear

La presencia de Pakistán introduce inevitablemente la cuestión nuclear. Pero conviene separar tres fenómenos diferentes: la existencia de armas nucleares pakistaníes, una eventual extensión de su disuasión a Arabia Saudí y la posibilidad de que Turquía o Arabia Saudí desarrollen armas propias.

El acuerdo de La Meca no contiene públicamente una cláusula de transferencia nuclear. De hecho, las autoridades saudíes han negado expresamente que el pacto esté relacionado con ambiciones nucleares o con una carrera armamentística.

La cuestión, sin embargo, no puede descartarse tan fácilmente. El acuerdo bilateral saudí-pakistaní de 2025 generó ya especulaciones sobre una posible garantía nuclear pakistaní. La Arms Control Association informó entonces de declaraciones del ministro de Defensa pakistaní Khawaja Asif según las cuales las capacidades nucleares de Pakistán estarían disponibles para Arabia Saudí bajo aquel acuerdo, aunque el texto publicado no especificaba expresamente una garantía nuclear.

La diferencia es fundamental. Una garantía de disuasión no equivale a entregar armas nucleares. Mucho menos significa que Turquía o Arabia Saudí hayan recibido acceso a un arsenal pakistaní. La transferencia de armas nucleares supondría un salto cualitativo extraordinario y chocaría con el régimen internacional de no proliferación.

Pero existe un fenómeno más inquietante: la aparición de disuasiones superpuestas. Arabia Saudí podría contar con la protección convencional estadounidense, el respaldo militar turco y una eventual garantía estratégica pakistaní, al mismo tiempo que desarrolla su propio programa nuclear civil. Estados Unidos y organismos de control internacional están siguiendo con atención esa posibilidad. El acuerdo nuclear civil estadounidense-saudí anunciado en 2026 ha generado precisamente preocupación porque podría abrir la puerta a capacidades de enriquecimiento que, aunque civiles, tienen relevancia potencial para la proliferación.

¿Una nueva carrera nuclear?

La pregunta sobre si otros Estados están reconsiderando la opción nuclear tiene una respuesta inquietante: sí existe una tendencia internacional hacia una mayor valoración de las armas nucleares como instrumento de seguridad.

La experiencia que puede influir en el cálculo de otros países es la percepción de que los Estados sin capacidad de disuasión estratégica pueden quedar expuestos a presiones, sanciones o intervención militar mientras los países dotados de armas nucleares, por ejemplo Corea del Norte, disfrutan de un nivel diferente de cautela por parte de sus adversarios.

SIPRI advierte en su informe de 2026 de una expansión y modernización de los arsenales nucleares y del deterioro del régimen internacional de control de armas. India y Pakistán continúan desarrollando nuevos sistemas de lanzamiento y ambos protagonizaron en 2025 un enfrentamiento militar que puso nuevamente a prueba la lógica de la disuasión nuclear.

El mensaje que reciben otros países es peligroso: en un mundo de alianzas menos previsibles, la capacidad nuclear puede aparecer como una póliza de seguro frente a la coerción de una gran potencia.

Pakistán mira hacia India

Para Islamabad, el acuerdo tiene una dimensión todavía más concreta. India continúa siendo la principal referencia de su estrategia de seguridad. La confrontación de 2025 demostró que la rivalidad indo-pakistaní puede volver a adquirir una dimensión militar de alta intensidad. SIPRI señala que Pakistán continúa desarrollando sistemas de lanzamiento y acumulando material fisible, mientras India moderniza su arsenal tanto frente a Pakistán como frente a China.

La alianza ofrece a Islamabad profundidad estratégica y acceso a recursos saudíes. Turquía puede aportar tecnología, drones, sistemas navales y cooperación industrial; Arabia Saudí, capital e inversiones; Pakistán, experiencia militar y disuasión nuclear. Es una división de capacidades particularmente atractiva para un Estado sometido a fuertes restricciones económicas.

No obstante, sería erróneo imaginar que Islamabad puede trasladar automáticamente su disuasión contra India al escenario de Medio Oriente. La lógica nuclear pakistaní continúa vinculada fundamentalmente a la India. La dimensión nuclear difícilmente se convertirá en un componente formal de la nueva alianza trilateral.

Un pacto que todavía no es una OTAN islámica

El nombre que probablemente acompañará durante meses al nuevo acuerdo será “OTAN islámica”. Pero la comparación puede resultar engañosa. La OTAN posee instituciones permanentes, estructuras de mando integradas, procedimientos de consulta, planificación militar conjunta y décadas de interoperabilidad. El Acuerdo de La Meca todavía no tiene nada semejante.

Lo que sí existe es algo potencialmente más importante: una voluntad política de construir una arquitectura regional que reduzca la dependencia de las garantías externas.

El verdadero significado del pacto se medirá en los próximos años. Si produce ejercicios permanentes, producción conjunta de armamentos, intercambio sistemático de inteligencia, integración de sistemas de defensa aérea y cooperación naval, habrá nacido una nueva estructura de seguridad. Si permanece como una declaración política de solidaridad, su efecto será principalmente diplomático.

Pero incluso en este último caso, el mensaje ya ha sido enviado. Medio Oriente  comienza a comportarse como un sistema en el que los Estados buscan múltiples seguros simultáneos. Arabia Saudí no rompe con Estados Unidos; Turquía no abandona la OTAN; Pakistán no renuncia a su relación con China. Los tres están haciendo algo más característico del nuevo orden internacional: acumular opciones.

La fotografía de La Meca no anuncia todavía una nueva OTAN. Anuncia algo quizá más profundo: el principio del fin de la idea de que la seguridad de Oriente Próximo puede organizarse desde una sola capital extranjera.

 

Trump y Lula: la disputa por el liderazgo de Occidente y del Sur Global que redefine el futuro de Brasil

 

La creciente confrontación entre Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva trasciende el enfrentamiento personal entre dos dirigentes de concepciones ideológicas opuestas. Detrás de los cruces diplomáticos, los aranceles comerciales y las acusaciones de injerencia electoral se desarrolla una competencia mucho más profunda por el liderazgo político del continente, la influencia sobre las economías emergentes y el lugar que Brasil debe ocupar en un sistema internacional cada vez más polarizado. A pocos meses de las elecciones presidenciales brasileñas, Lula intenta convertir esa disputa en una poderosa herramienta de movilización nacionalista, mientras Washington procura contener la creciente autonomía estratégica de la principal potencia sudamericana.

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Buenos Aires - Las relaciones entre Estados Unidos y Brasil atraviesan uno de sus momentos más delicados desde el restablecimiento de la democracia brasileña. Lo que durante décadas constituyó una relación caracterizada por una combinación de cooperación económica, diferencias puntuales y diálogo permanente se ha transformado en un escenario de creciente confrontación política, comercial y diplomática, cuyo desenlace podría influir tanto en el equilibrio de poder regional como en la configuración de las alianzas internacionales durante los próximos años.

La reciente decisión de la Administración de Donald Trump de revocar la visa de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, constituye el episodio más visible de una escalada que se viene desarrollando desde hace meses. Washington justificó la medida como respuesta a la demora del Gobierno brasileño en conceder el beneplácito al embajador estadounidense designado para Brasilia, mientras que el Palacio del Planalto denunció una política deliberada de hostilidad y una tentativa de interferir en el proceso electoral previsto para octubre.

Sin embargo, reducir el conflicto a un simple desacuerdo protocolario supondría ignorar las verdaderas dimensiones de una disputa mucho más compleja. La controversia diplomática constituye apenas la expresión más reciente de un enfrentamiento cuyos orígenes son simultáneamente ideológicos, económicos y geopolíticos.

Las diferencias personales entre Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva son evidentes. Ambos representan proyectos políticos prácticamente antagónicos. Mientras Trump ha construido buena parte de su identidad política sobre el nacionalismo económico, la defensa del unilateralismo estadounidense y una concepción transaccional de las relaciones internacionales, Lula reivindica el multilateralismo, el fortalecimiento de los organismos internacionales y la autonomía estratégica de las potencias emergentes.

No obstante, las divergencias doctrinarias, por profundas que sean, no bastan para explicar el deterioro de los vínculos bilaterales. La política internacional rara vez responde únicamente a afinidades o diferencias ideológicas. Los intereses permanentes de los Estados suelen imponerse sobre las preferencias personales de sus dirigentes.

Desde esa perspectiva, el principal motivo de preocupación para Washington no reside exclusivamente en la orientación social – populista del Gobierno brasileño, sino en la creciente aspiración de Brasil de actuar como un polo autónomo de poder dentro del sistema internacional.

Durante sus distintos mandatos, Lula ha procurado consolidar la imagen de Brasil como una potencia intermedia capaz de mantener relaciones simultáneamente fluidas con Estados Unidos, Europa, China, Rusia, India, África y Oriente Medio. Esa estrategia, conocida en la diplomacia brasileña como autonomía por diversificación, busca reducir la dependencia respecto de cualquier gran potencia y ampliar el margen de maniobra internacional de Brasil.

Esta orientación resulta particularmente incómoda para una Administración estadounidense que considera la competencia con China como el eje ordenador de la política mundial contemporánea. Desde la perspectiva de Washington, los aliados estratégicos deberían alinearse con los intereses estadounidenses en cuestiones tecnológicas, comerciales, industriales y de seguridad. Brasil, en cambio, se resiste a aceptar esa lógica de bloques.

La aproximación de Lula hacia China constituye probablemente el elemento más sensible de esta disputa.

Durante la última década, el gigante asiático se consolidó como el principal socio comercial brasileño. Las exportaciones de soja, mineral de hierro, petróleo, carne y otros productos agroindustriales dependen crecientemente del mercado chino, mientras las inversiones procedentes de Pekín abarcan sectores estratégicos como infraestructura, energía eléctrica, minería, puertos, telecomunicaciones y nuevas tecnologías.

Lejos de considerar esa relación como un problema, Lula la presenta como una oportunidad histórica para diversificar las asociaciones internacionales de Brasil y disminuir la excesiva dependencia de los mercados occidentales.

Esa visión se proyecta igualmente en el fortalecimiento de los BRICS, agrupación que Brasil considera uno de los principales instrumentos para construir un orden internacional más multipolar. La promoción de mecanismos financieros alternativos, el impulso a nuevas instituciones de crédito y la búsqueda de mayores intercambios comerciales en monedas nacionales son interpretados por numerosos sectores estadounidenses como iniciativas destinadas a reducir la influencia económica global de Washington.

La preocupación estadounidense tampoco obedece únicamente al crecimiento del comercio bilateral entre Brasil y China. Lo que realmente modifica los cálculos estratégicos es la posibilidad de que Brasil termine convirtiéndose en un actor capaz de articular posiciones comunes entre las principales economías emergentes, otorgando mayor capacidad de negociación al denominado Sur Global frente a las potencias occidentales.

La dimensión económica del conflicto también explica buena parte de la creciente tensión. Los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a diversos productos brasileños fueron oficialmente justificados por supuestas prácticas comerciales desleales y por el funcionamiento del sistema brasileño de pagos electrónicos Pix, cuya expansión ha reducido significativamente la participación de empresas estadounidenses en ese mercado. Brasil rechazó esas acusaciones y sostuvo que las medidas obedecen a decisiones esencialmente políticas más que comerciales.

Para el Gobierno de Lula, la controversia en torno a Pix simboliza algo mucho más importante que un simple desacuerdo regulatorio. Representa la defensa de una innovación tecnológica desarrollada por instituciones públicas brasileñas que ha logrado transformar el sistema financiero nacional y convertirse en una referencia internacional. La reivindicación de ese modelo ha sido incorporada por el presidente como parte de un discurso más amplio sobre la capacidad de Brasil para desarrollar soluciones propias sin depender de las grandes corporaciones tecnológicas extranjeras.

A ello se suma la creciente disputa por sectores considerados estratégicos para la economía del siglo XXI. La competencia por minerales críticos, tierras raras, inteligencia artificial, infraestructura digital y cadenas de suministro convierte a Brasil en un actor cada vez más relevante debido a la magnitud de sus recursos naturales y a su potencial industrial. Desde esta perspectiva, la política exterior brasileña deja de ser un asunto exclusivamente regional para convertirse en una variable significativa dentro de la competencia global entre Estados Unidos y China.

La confrontación entre Trump y Lula adquiere además una dimensión electoral imposible de ignorar. La proximidad de las elecciones presidenciales brasileñas ha transformado cada incidente diplomático en un instrumento de la disputa política interna. El Gobierno brasileño sostiene que determinadas decisiones adoptadas desde Washington —entre ellas la revocación de la visa de la embajadora, las sanciones contra autoridades brasileñas y las presiones diplomáticas vinculadas al proceso de designación del nuevo embajador estadounidense— forman parte de una estrategia orientada a influir sobre el clima político previo a los comicios. Esa interpretación aparece reflejada reiteradamente en los comunicados oficiales emitidos por el Palacio del Planalto.

Aunque la Administración Trump rechaza categóricamente esa acusación y presenta sus decisiones como respuestas basadas en el principio de reciprocidad diplomática y en diferencias comerciales concretas, el contexto político vuelve inevitable que cada movimiento sea leído en clave electoral. La tradicional prudencia que caracterizó durante décadas las relaciones entre Washington y Brasilia ha cedido paso a un lenguaje inusualmente duro, donde las acusaciones públicas sustituyen a la discreción diplomática.

En ese escenario, Lula ha demostrado una notable capacidad para transformar una situación potencialmente desfavorable en un activo político. Lejos de adoptar una posición defensiva, el presidente brasileño ha procurado convertir el enfrentamiento con Trump en la prueba de que Brasil está siendo objeto de presiones externas precisamente porque ha decidido defender sus propios intereses nacionales.

No se trata de una estrategia novedosa dentro de la historia política latinoamericana. La apelación a la soberanía nacional frente a las injerencias extranjeras ha constituido, durante décadas, uno de los recursos retóricos más eficaces para fortalecer la legitimidad de gobiernos enfrentados a dificultades internas. Sin embargo, en el caso brasileño adquiere características particulares debido a la magnitud económica y política del país.

Brasil no es una economía pequeña dependiente exclusivamente del mercado estadounidense. Su peso demográfico, su capacidad industrial, la diversificación de sus mercados de exportación y el creciente protagonismo de Asia le proporcionan un margen de maniobra considerablemente mayor que el de la mayoría de los países latinoamericanos. Esa realidad permite a Lula sostener un discurso de firmeza frente a Washington sin afrontar, al menos en el corto plazo, los costos económicos que implicaría una confrontación semejante para economías más vulnerables.

Al mismo tiempo, el mandatario ha procurado asociar políticamente a su principal adversario electoral, Flávio Bolsonaro, con las presiones procedentes de Estados Unidos. Según esta narrativa, el respaldo explícito de Trump a la familia Bolsonaro demostraría que determinados sectores de la oposición estarían privilegiando sus intereses políticos por encima de los intereses permanentes del Estado brasileño. El objetivo consiste en presentar la elección de octubre no únicamente como una competencia entre proyectos económicos o ideológicos, sino también como una decisión sobre la defensa de la soberanía nacional. El Gobierno brasileño ha insistido en vincular las acciones de Washington con un supuesto intento de favorecer electoralmente al candidato bolsonarista.

Ese discurso encuentra además un terreno fértil en una parte importante de la opinión pública brasileña, históricamente sensible a cualquier percepción de tutela extranjera sobre los asuntos nacionales. La identidad internacional de Brasil se ha construido durante décadas alrededor de la idea de autonomía, independencia y vocación universalista. Desde la política exterior desarrollada por el Barón de Río Branco hasta las doctrinas de autonomía formuladas durante la segunda mitad del siglo XX, la diplomacia brasileña ha procurado evitar alineamientos automáticos con cualquier potencia. Lula recupera ahora esa tradición para reforzar su legitimidad interna.

Ello no significa que el presidente ignore los riesgos derivados de un deterioro prolongado de las relaciones con Estados Unidos. La economía estadounidense continúa siendo un socio comercial de primera magnitud, una fuente relevante de inversiones y un actor decisivo en sectores como la innovación tecnológica, las finanzas y la cooperación científica. Un conflicto sostenido podría generar incertidumbre para numerosos sectores productivos brasileños y afectar las perspectivas de crecimiento.

De igual modo, la Administración Trump tampoco obtiene beneficios evidentes de una confrontación prolongada con la mayor economía latinoamericana. Brasil constituye un actor indispensable en cuestiones tan diversas como la estabilidad sudamericana, la seguridad alimentaria global, la transición energética, la preservación de la Amazonia, el suministro de minerales críticos y la gobernanza del Atlántico Sur. Convertir esa relación en un conflicto permanente implicaría debilitar la capacidad de influencia estadounidense precisamente en una región donde China incrementa año tras año su presencia económica, financiera y tecnológica.

Por ello, detrás de las declaraciones altisonantes y de los gestos diplomáticos de elevada carga simbólica persiste una paradoja. Ambos gobiernos necesitan preservar una relación funcional, pero al mismo tiempo consideran políticamente rentable exhibir firmeza frente al otro. Trump refuerza ante su electorado la imagen de un presidente dispuesto a defender sin concesiones los intereses estadounidenses frente a cualquier socio comercial. Lula, por su parte, proyecta la figura de un jefe de Estado capaz de resistir las presiones de la principal potencia mundial y de afirmar la autonomía de Brasil en un escenario internacional crecientemente competitivo.

En definitiva, la confrontación entre Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva trasciende el enfrentamiento entre un dirigente conservador y otro progresista. Expresa la transición hacia un sistema internacional donde las potencias emergentes reclaman mayores márgenes de autonomía mientras Estados Unidos intenta preservar su capacidad de liderazgo frente al ascenso de nuevos centros de poder, especialmente China. Brasil ocupa una posición singular en esa disputa: demasiado importante para ser tratado como un actor secundario y todavía insuficientemente poderoso para imponer por sí solo las reglas del juego internacional.

Consciente de esa realidad, Lula ha optado por transformar la presión externa en un elemento central de su narrativa electoral. Al presentar cada sanción, cada arancel y cada roce diplomático como una prueba de la necesidad de defender la soberanía brasileña, intenta convertir el conflicto con Washington en un factor de cohesión nacional. Si esa estrategia contribuirá efectivamente a garantizar su continuidad en el Palacio del Planalto dependerá, en última instancia, de la respuesta de un electorado que deberá decidir no solo entre dos proyectos políticos, sino también entre dos visiones contrapuestas acerca del lugar que Brasil debe ocupar en el mundo del siglo XXI.