Flávio Bolsonaro en Brasil: una oportunidad y un desafío para la Argentina de Milei

Un eventual triunfo del hijo de Jair Bolsonaro modificaría profundamente el equilibrio político de América del Sur. Para el Gobierno de Javier Milei supondría el fin de la incómoda convivencia con un Brasil gobernado por Lula da Silva, pero también abriría una competencia inédita por la atención de Washington, las inversiones occidentales y los mercados internacionales.

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Buenos Aires - La eventual llegada de Flávio Bolsonaro al Palacio de Planalto produciría una transformación de considerable magnitud en la geopolítica sudamericana. No se trataría solamente del regreso del apellido Bolsonaro al Gobierno de Brasil, sino de la incorporación de la mayor economía latinoamericana a un espacio político regional en el que ya se encuentran la Argentina de Javier Milei, Paraguay, Ecuador, Perú, Chile y, con diferentes matices, otros gobiernos de orientación conservadora. Después de una primera vuelta en la que Flávio obtuvo el 47,03% de los votos frente al 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva, la segunda vuelta del 25 de octubre aparece como una elección capaz de modificar simultáneamente el mapa político sudamericano y las relaciones entre las grandes potencias y la región.

Para la Argentina, el cambio tendría una característica paradójica: sería, al mismo tiempo, una oportunidad política extraordinaria y un desafío económico considerable. La llegada de un presidente brasileño ideológicamente próximo a Milei terminaría con la tensión política que caracterizó la relación entre Buenos Aires y Brasilia durante el Gobierno de Lula. Pero esa misma coincidencia convertiría a Brasil en un competidor mucho más poderoso que la Argentina por el favor de Washington, el capital internacional y la consideración estratégica de la Casa Blanca.

El fin de la anomalía Milei-Lula

La relación entre Milei y Lula ha estado condicionada desde el comienzo por una profunda incompatibilidad ideológica. El presidente argentino hizo de su rechazo al socialismo uno de los ejes de su política exterior y llegó a respaldar abiertamente la candidatura de Flávio durante su visita a Brasil. En aquella ocasión calificó duramente a Lula y expresó su voluntad de contribuir a una nueva mayoría conservadora en América Latina.

Un Gobierno de Flávio Bolsonaro permitiría transformar esa coincidencia ideológica en una relación institucional entre dos de las principales economías sudamericanas. La cooperación podría adquirir particular intensidad en seguridad, energía, infraestructura, comercio, lucha contra el crimen organizado y cooperación diplomática. También facilitaría la coordinación de posiciones en organismos multilaterales y en asuntos regionales en los que Buenos Aires y Brasilia han mantenido discrepancias durante la Administración Lula.

El propio programa de Flávio contempla un acercamiento explícito a la Argentina. El documento electoral registrado ante las autoridades brasileñas prioriza la aproximación a Estados Unidos, Israel y Argentina, además de la incorporación a la OCDE y una apertura comercial gradual. Esa referencia constituye un dato de enorme importancia para Buenos Aires: significa que la Argentina no sería considerada únicamente como un socio comercial, sino como una pieza relevante de la estrategia internacional del eventual Gobierno Bolsonaro.

La cuestión, sin embargo, es si esa proximidad política se traduciría automáticamente en beneficios económicos. La respuesta es menos evidente.

Un MERCOSUR más abierto e incierto

El punto donde podrían coincidir con mayor claridad Milei y Flávio sería el futuro del MERCOSUR. Ambos dirigentes comparten la percepción de que las restricciones institucionales del bloque, especialmente la obligación de negociar colectivamente con terceros países, limitan la capacidad de cada miembro para desarrollar una política comercial propia.

Flávio llegó a plantear durante la campaña que Brasil debería liberarse de las “amarras” del MERCOSUR para poder avanzar hacia acuerdos bilaterales, una posición extraordinariamente cercana a la sostenida desde hace tiempo por Milei. También cuestionó la utilización del bloque como instrumento de confrontación ideológica con Estados Unidos.

La consecuencia más probable no sería una retirada brasileña del MERCOSUR. El costo económico, jurídico y empresarial de abandonar el bloque sería demasiado elevado, especialmente para sectores brasileños integrados con la economía argentina, como el automotor, la industria de bienes de capital y numerosas cadenas manufactureras. Lo más plausible sería una transformación gradual del bloque desde una unión comercial relativamente disciplinada hacia una estructura más flexible, con mayores excepciones y mayor libertad para negociar acuerdos externos.

Para Milei, esa transformación tendría una ventaja inmediata. Argentina podría avanzar con mayor libertad hacia un acuerdo comercial con Estados Unidos sin quedar necesariamente condicionada por la posición brasileña. El problema es que la liberalización también funcionaría en sentido contrario. Brasil podría abrir sus mercados a Estados Unidos, Asia y otras economías y permitir que competidores internacionales accedieran con mayor facilidad al gigantesco mercado brasileño.

La preferencia que actualmente poseen determinados productos argentinos en Brasil podría, por tanto, perder valor relativo. La industria argentina debería competir con empresas estadounidenses, asiáticas y europeas en condiciones diferentes de las actuales. El problema sería particularmente sensible para el sector automotor, cuya integración productiva argentino-brasileña constituye uno de los pilares del comercio bilateral.

Los números explican la dimensión del riesgo. En 2025, el intercambio comercial entre Argentina y Brasil alcanzó 31.195 millones de dólares, el nivel más elevado desde 2013. Argentina exportó a Brasil 12.771 millones de dólares e importó 18.424 millones. Brasil continúa siendo, además, el principal destino de las exportaciones argentinas.

La flexibilización del MERCOSUR, por lo tanto, sería beneficiosa para la Argentina únicamente si Buenos Aires consigue simultáneamente aumentar su productividad y conquistar nuevos mercados. De lo contrario, podría producirse una paradoja: Milei obtendría el MERCOSUR más flexible que reclama, pero la industria argentina perdería parte de la protección que actualmente le proporciona el mercado brasileño.

Dos gobiernos, una competencia por Washington

El cambio más importante quizás no se produciría en Brasilia sino en Washington.

Durante los últimos años, la Argentina de Milei adquirió una posición singular como principal aliado político de Estados Unidos en Sudamérica. Un Brasil gobernado por Flávio Bolsonaro modificaría radicalmente esa ecuación. Estados Unidos dispondría entonces de dos grandes gobiernos sudamericanos ideológicamente próximos y, sobre todo, de acceso privilegiado a una economía brasileña de dimensiones incomparables con la argentina.

El problema para Buenos Aires no sería perder el favor estadounidense, sino dejar de tener la exclusividad que hasta ahora le había otorgado un valor estratégico adicional.

Brasil posee una escala demográfica, industrial, energética y minera que lo convierte en un socio extraordinariamente atractivo para Washington. El país dispone, además, de enormes reservas de minerales críticos y tierras raras. Brasil posee aproximadamente 21 millones de toneladas de reservas de tierras raras, frente a unos 44 millones de China, y concentra también proporciones relevantes de las reservas mundiales de grafito, niobio, níquel y litio.

Flávio ha comprendido perfectamente esa circunstancia. Su aproximación a Trump, J. D. Vance y Marco Rubio y su interés por convertir a Brasil en un proveedor occidental de minerales estratégicos muestran que la relación con Estados Unidos no estaría basada exclusivamente en afinidades ideológicas.

En este terreno, la Argentina debería asumir una realidad incómoda: Brasil podría convertirse simultáneamente en aliado y competidor.

La Casa Blanca tendría interés en el litio argentino, el cobre, el gas de Vaca Muerta y otros recursos, pero tendría también acceso a un Brasil con una escala productiva mucho mayor y una formidable dotación de minerales estratégicos. La competencia por inversiones estadounidenses podría intensificarse.

La cuestión no es menor porque el eventual Gobierno Bolsonaro parece querer presentar a Brasil como una alternativa occidental a la dependencia de China. Un documento vinculado a su entorno llegó a proponer que Brasil se convirtiera en uno de los principales proveedores mundiales de minerales críticos fuera de China y en un centro de procesamiento para las cadenas de suministro alineadas con Estados Unidos.

Para Milei, la conclusión sería clara: un Brasil aliado no necesariamente significa un Brasil subordinado a la Argentina. Por el contrario, podría ser el principal competidor de Buenos Aires en la nueva carrera sudamericana por capitales occidentales.

China: pragmatismo antes que ruptura

La política hacia China constituiría probablemente el principal límite a una completa alineación brasileña con Washington.

Flávio ha utilizado un lenguaje duro respecto de los BRICS y de la desdolarización, pero su posición hacia China es considerablemente más pragmática. El propio material de campaña señala su intención de mantener una relación “económicamente pragmática” con Pekín: vender alimentos y energía, atraer inversiones y evitar que Brasil tenga que escoger formalmente entre China y Estados Unidos.

La razón es elemental. China es demasiado importante para Brasil como para ser sustituida mediante una decisión política.

En 2025, el comercio bilateral Brasil-China alcanzó un récord de 171.000 millones de dólares, con exportaciones brasileñas por unos 100.000 millones e importaciones cercanas a 70.900 millones. China representa, por tanto, un componente fundamental de la balanza comercial brasileña.

La dimensión inversora tampoco permite imaginar un desacoplamiento rápido. Brasil recibió 6.100 millones de dólares de inversiones chinas durante 2025, convirtiéndose en el principal destino mundial de las inversiones chinas ese año. El stock acumulado desde 2007 ascendía a unos 85.500 millones de dólares.

En consecuencia, un Gobierno de Flávio probablemente intentaría aplicar una fórmula de “China para el comercio, Estados Unidos para la seguridad”. La inversión china podría continuar en energía, minería y sectores productivos, mientras Brasil impondría mayores restricciones en telecomunicaciones, infraestructura portuaria, tecnologías sensibles y determinadas cadenas estratégicas.

Esta fórmula ya contiene una enseñanza para la Argentina. Brasil podría conseguir algo que Buenos Aires todavía intenta construir: beneficiarse simultáneamente de Washington y Pekín sin adoptar una dependencia política plena de ninguno de los dos.

Si Flávio consigue mantener abiertas las exportaciones brasileñas hacia China mientras obtiene inversiones y ventajas estratégicas de Estados Unidos, Argentina se encontraría compitiendo con un socio que juega simultáneamente en ambos tableros.

El futuro brasileño en los BRICS

La posición brasileña dentro de los BRICS constituiría uno de los mayores interrogantes.

Flávio ha sostenido que revisaría la permanencia brasileña en el grupo y ha cuestionado su utilización como instrumento de confrontación con Estados Unidos. Sin embargo, una retirada formal sería mucho más compleja que una modificación de la política brasileña dentro del bloque.

Lo más probable sería un BRICS con participación brasileña más fría y menos politizada. Brasil podría reducir su protagonismo en las iniciativas de desdolarización, evitar convertir al bloque en una plataforma explícitamente antiestadounidense y disminuir su participación en proyectos financieros concebidos como alternativas al sistema dominado por Washington.

Para la Argentina de Milei, que rechazó incorporarse a los BRICS, semejante evolución sería políticamente confortable. Pero tampoco supondría un beneficio económico directo. Brasil seguiría comerciando intensamente con China y otros miembros del grupo, mientras Argentina continuaría fuera de esa arquitectura institucional.

El escenario más interesante sería, precisamente, el de un Brasil que no abandone los BRICS, pero los convierta en un instrumento predominantemente económico y no geopolítico. La fórmula permitiría a Brasil conservar mercados, inversiones y capacidad de negociación mientras estrecha simultáneamente sus vínculos estratégicos con Estados Unidos.

Seguridad, fronteras y una nueva agenda bilateral

Existe otro terreno donde la coincidencia entre Milei y Flávio podría ser especialmente intensa: la seguridad.

El programa brasileño propone declarar al crimen organizado una amenaza de naturaleza narcoterrorista, endurecer las penas y fortalecer la cooperación con Estados Unidos. Desarrollando incluso una extensa infraestructura tecnológica de vigilancia fronteriza y urbana.

Para Argentina, una política brasileña más agresiva contra el crimen organizado podría ser beneficiosa. La Triple Frontera, el tráfico de drogas, el lavado de activos, el contrabando y las actividades vinculadas al Primeiro Comando da Capital constituyen problemas necesariamente transnacionales.

Una mayor coordinación de inteligencia entre Buenos Aires, Brasilia y Asunción podría mejorar considerablemente la capacidad de respuesta regional. También podrían acelerarse proyectos relacionados con infraestructura fronteriza, hidrovías, energía y conectividad.

Pero la seguridad sería igualmente una fuente potencial de controversias si el nuevo Gobierno brasileño adoptara posiciones demasiado confrontativas respecto de las instituciones democráticas, el Poder Judicial o los organismos internacionales.

Una relación más próxima, pero no necesariamente más fácil

La paradoja central de un eventual Gobierno de Flávio Bolsonaro puede resumirse de una manera sencilla: para Milei sería probablemente el mejor escenario político y uno de los escenarios económicos más complejos.

La convergencia ideológica entre Buenos Aires y Brasilia permitiría superar años de fricción presidencial, revitalizar la cooperación bilateral y crear un eje político de enorme peso en América del Sur. También podría favorecer la modernización del MERCOSUR, una política regional más coordinada frente al crimen organizado y una relación más estrecha con Washington.

Pero la misma convergencia transformaría a Brasil en un competidor formidable. Buenos Aires dejaría de ser el único gran socio sudamericano de Washington y tendría que competir con la economía brasileña por inversiones, acuerdos, preferencias comerciales y protagonismo estratégico.

La variable decisiva será la capacidad argentina para aprovechar la nueva situación. Si Buenos Aires utiliza una eventual convergencia con Brasil para impulsar acuerdos comerciales, mejorar la infraestructura regional, integrar cadenas productivas y atraer inversiones hacia energía, minería y tecnología, el resultado podría ser extraordinariamente favorable.

Si, por el contrario, Argentina se limita a celebrar la coincidencia ideológica con Brasil, corre el riesgo de descubrir que la amistad entre dos gobiernos no elimina la competencia entre dos economías.

El verdadero desafío para Milei no sería entonces conseguir que Flávio Bolsonaro sea un aliado. Todo indica que un eventual Gobierno Bolsonaro estaría dispuesto a serlo. El desafío sería conseguir que esa alianza convierta al eje Buenos Aires-Brasilia en un factor de poder regional sin que Brasil, por su mayor escala económica, demográfica y estratégica, termine ocupando en Washington el lugar que la Argentina conquistó durante los últimos años.

La frase que mejor resume el escenario pertenece, paradójicamente, al propio entorno económico de Flávio. Su eventual Gobierno, ha explicado Daniella Marques, mantendría “un gobierno abierto al diálogo con todos los países, China, Estados Unidos, Europa”, utilizando la riqueza natural brasileña para fortalecer la posición internacional del país. Esa doctrina contiene probablemente la clave del futuro: Brasil no parece destinado a elegir entre Washington y Pekín, sino a utilizar la rivalidad entre ambos para aumentar su propio poder de negociación.

Para la Argentina, la lección es inequívoca. Un Brasil gobernado por Flávio Bolsonaro podría abrir una extraordinaria ventana de oportunidad para la integración política del Cono Sur, pero también obligaría a Buenos Aires a abandonar cualquier ilusión de liderazgo regional automático. En el nuevo escenario, la relación bilateral dejaría de estar condicionada por la distancia ideológica entre Milei y Lula. Sería determinada, mucho más crudamente, por la capacidad de cada país para transformar sus recursos, su posición geográfica y sus alianzas internacionales en poder económico efectivo.

 

Kaliningrado, el enclave que puede convertir el Báltico en el escenario más peligroso de Europa

 

Entre Polonia y Lituania, separado físicamente del resto de Rusia y convertido en una de las principales plataformas militares de Moscú en el Báltico, Kaliningrado concentra una paradoja estratégica: es a la vez una fortaleza avanzada rusa y un territorio particularmente vulnerable. Su valor militar reside en la capacidad de proyectar misiles, aviación, defensa antiaérea y fuerzas navales sobre buena parte del flanco oriental de la OTAN; su fragilidad, en depender de unas líneas de comunicación que atraviesan o rodean países aliados. Las recientes advertencias nucleares de Moscú han devuelto al enclave al centro de la disputa entre Rusia y Occidente y plantean una cuestión inquietante: ¿podría Kaliningrado convertirse en el detonante de una guerra directa entre Rusia y la OTAN?

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Buenos Aires - Kaliningrado ocupa en el mapa europeo una superficie relativamente modesta, pero ninguna consideración puramente geográfica permite comprender su verdadero peso estratégico. El óblast ruso, de unos 15.000 kilómetros cuadrados, se encuentra separado del territorio continental de la Federación Rusa y limita directamente con Polonia y Lituania, ambos miembros de la OTAN y de la Unión Europea. La frontera rusa más próxima se encuentra a varios cientos de kilómetros y Moscú está a más de mil. El enclave es, por tanto, una anomalía territorial nacida de la Segunda Guerra Mundial que, después de la desaparición de la Unión Soviética, adquirió una importancia todavía mayor al quedar incrustado entre Estados occidentales.

La historia explica buena parte de esa excepcionalidad. Kaliningrado fue Königsberg, una ciudad fundada en 1255 por la Orden Teutónica que se convirtió posteriormente en capital de Prusia Oriental y en uno de los grandes centros intelectuales del mundo germánico. Allí nació y vivió Immanuel Kant, cuya presencia continúa formando parte de la identidad histórica de la ciudad. Königsberg fue también un espacio de contacto entre las culturas alemana, polaca y lituana y una importante ciudad universitaria y comercial. La Segunda Guerra Mundial quebró definitivamente aquella continuidad histórica.

Los bombardeos británicos de 1944 y la batalla librada en 1945 destruyeron buena parte de la ciudad. La capitulación alemana fue seguida por el desplazamiento masivo de la población alemana y por la incorporación de la zona septentrional de Prusia Oriental a la Unión Soviética, decisión consolidada en el arreglo territorial de Potsdam. Königsberg fue rebautizada Kaliningrado en homenaje al revolucionario bolchevique Mijaíl Kalinin y la población alemana superviviente fue sustituida progresivamente por ciudadanos procedentes de otras regiones soviéticas.

La decisión soviética tuvo una racionalidad militar evidente. Moscú obtenía un puerto báltico de aguas relativamente libres de hielo durante el invierno y una posición avanzada en el corazón del norte europeo. Durante la Guerra Fría, Kaliningrado se convirtió en una importante base naval soviética y en un territorio fuertemente militarizado. La disolución de la URSS transformó aquella ventaja en un problema: Rusia conservó el enclave, pero perdió la continuidad territorial con él. La independencia de Lituania hizo de Kaliningrado una auténtica isla terrestre rusa dentro del espacio europeo.

La posterior incorporación de Polonia y Lituania a la Unión Europea, en 2004, y su pertenencia a la OTAN multiplicaron esa singularidad. Durante un tiempo, Moscú intentó combinar la dimensión militar con una estrategia económica que pretendía convertir Kaliningrado en una suerte de “Hong Kong del Báltico”. La región dispuso de una zona económica especial y desarrolló industrias manufactureras, actividad portuaria, pesca y una importante explotación del ámbar.

Ese proyecto de integración económica con el Báltico terminó subordinado a la lógica de seguridad. Estudios del European Council on Foreign Relations ya habían observado que las expectativas de transformar Kaliningrado en un puente entre Rusia y Europa fueron sustituidas por su progresiva conversión en una “fortaleza” rusa. Sergey Sukhankin, especialista en la región, ha estudiado precisamente esa transformación y la utilización simultánea de instrumentos militares, políticos e informativos.

Una fortaleza adelantada

El significado contemporáneo de Kaliningrado deriva fundamentalmente de su posición. Desde el enclave, Rusia puede amenazar con sistemas de misiles y defensa aérea amplias áreas del espacio aéreo y marítimo del Báltico. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) ha descrito la arquitectura militar rusa de la región como parte de una extensa red de capacidades A2/AD —anti-access/area denial— destinada a dificultar el acceso y la libertad de maniobra de fuerzas adversarias. En Kaliningrado se han desplegado sistemas Iskander y sistemas avanzados de defensa antiaérea, mientras que la Flota rusa del Báltico mantiene allí su principal infraestructura naval.

El concepto es fundamental para comprender la estrategia. Moscú no necesita necesariamente utilizar Kaliningrado para lanzar una ofensiva terrestre contra la OTAN. Su valor reside también en poder convertir el espacio que rodea al enclave en una zona de riesgo para aviones, buques y fuerzas terrestres aliadas. La combinación de misiles balísticos y de crucero, defensa antiaérea, aviación, guerra electrónica y fuerzas navales permite crear una burbuja militar que condiciona la planificación de la OTAN.

El Royal United  Service Institute ha señalado además que Kaliningrado podría desempeñar un papel relevante en operaciones sobre infraestructuras submarinas del Báltico, un ámbito particularmente sensible después de los incidentes registrados contra cables y conducciones energéticas. La organización británica ha destacado que las instalaciones submarinas de comunicación y energía constituyen objetivos estratégicos vulnerables y que Kaliningrado, sede de la Flota del Báltico, proporciona a Rusia una plataforma desde la que desarrollar operaciones de este tipo.

Pero precisamente esa potencia esconde una debilidad. Kaliningrado está rodeado por territorios de la OTAN. El enclave puede ser una fortaleza, pero es una fortaleza sin profundidad estratégica. En caso de una guerra prolongada, Rusia tendría dificultades para sostener sus fuerzas si las comunicaciones marítimas y aéreas fueran interrumpidas. El problema adquiere una dimensión todavía mayor al observar el denominado corredor de Suwałki, la estrecha franja de territorio polaco y lituano que separa Kaliningrado de Bielorrusia.

El corredor tiene alrededor de 65 kilómetros y constituye el vínculo terrestre entre Polonia y los Estados bálticos. Estudios del CSIS y RAND lo consideran una de las principales vulnerabilidades geográficas de la defensa de Estonia, Letonia y Lituania. En una crisis, las fuerzas rusas desplegadas en Kaliningrado y Bielorrusia podrían amenazar simultáneamente las líneas de comunicación terrestres de la OTAN.

La paradoja es extraordinaria: aquello que hace valioso a Kaliningrado para Rusia también lo convierte en un territorio difícil de defender. Para Moscú, perder la capacidad de mantener abierto el acceso al enclave significaría algo más que una dificultad logística. Implicaría la posibilidad de que una fuerza militar rusa desplegada en el Báltico quedara aislada.

El Báltico después de Finlandia y Suecia

La transformación estratégica del mar Báltico se aceleró con la incorporación de Finlandia y Suecia a la OTAN. Lo que durante la Guerra Fría había sido un espacio marítimo compartido entre países pertenecientes a bloques diferentes ha quedado mucho más favorable a la alianza atlántica. Kaliningrado constituye, en consecuencia, una plataforma rusa adelantada rodeada por una creciente arquitectura militar occidental.

El investigador ruso Andrey Kortunov resumió esa percepción desde Moscú al señalar que el Báltico podía convertirse prácticamente en un “lago de la OTAN”. La afirmación no describe por sí misma una realidad jurídica —el Báltico continúa siendo un mar internacional—, pero refleja la percepción rusa de una pérdida progresiva de profundidad estratégica.

Para la OTAN, la cuestión se presenta de manera inversa. Kaliningrado constituye una plataforma rusa desde la que pueden amenazarse los países aliados del Báltico y las líneas de refuerzo procedentes de Europa occidental. El problema no consiste solamente en la existencia de misiles Iskander o sistemas S-400, sino en la interacción entre esas capacidades, la geografía y la incertidumbre acerca de las intenciones políticas de Moscú. CSIS ha advertido que la combinación de Kaliningrado con las capacidades rusas desplegadas en Bielorrusia puede complicar la defensa y el refuerzo del flanco oriental.

La respuesta de Moscú: disuasión y amenaza nuclear

La dimensión más inquietante de la crisis actual es que Rusia ha vinculado explícitamente la defensa de Kaliningrado con su capacidad nuclear. En septiembre de 2026, Moscú envió una comunicación a la OTAN en la que advertía de que utilizaría “todo su arsenal”, incluidas armas nucleares, si la alianza intentaba aislar el enclave. Reuters informó de que el documento ruso acusaba a la OTAN de seguir un rumbo peligroso que podía desembocar en un enfrentamiento militar directo.

La advertencia no quedó limitada al terreno diplomático. Vladímir Putin reiteró el 1 de octubre que, ante un ataque directo contra Kaliningrado, la cuestión del empleo de todas las armas disponibles por Rusia estaría inmediatamente sobre la mesa. Al mismo tiempo, afirmó que Moscú no pretendía atacar a los países europeos y presentó la amenaza nuclear como un mecanismo de disuasión frente a una eventual agresión.

Existe además una base doctrinal detrás de esa retórica. La política rusa de disuasión nuclear actualizada en noviembre de 2024 contempla el empleo de armas nucleares en determinadas circunstancias de agresión convencional que generen una amenaza crítica contra la soberanía o la integridad territorial de Rusia o Bielorrusia. El documento también contempla situaciones relacionadas con ataques masivos mediante medios aeroespaciales.

Esto no significa que Rusia haya decidido utilizar armas nucleares ante cualquier interrupción del tráfico hacia Kaliningrado. La doctrina establece condiciones y la decisión corresponde al presidente ruso. Pero sí significa que Moscú ha incorporado deliberadamente la incertidumbre nuclear a su estrategia de disuasión.

¿Puede Kaliningrado provocar una guerra entre Rusia y la OTAN?

La respuesta exige distinguir entre causa de una guerra y escenario de escalada. Kaliningrado difícilmente constituye por sí mismo una razón política inevitable para una guerra entre Rusia y la OTAN. Sí puede, sin embargo, convertirse en el punto geográfico donde una crisis local adquiera una dimensión estratégica.

El escenario más peligroso no sería necesariamente un ataque deliberado de la OTAN contra el enclave. Sería una cadena de acontecimientos en la que una operación rusa contra un Estado báltico, un incidente naval, un ataque híbrido, una interrupción del tránsito o una operación destinada a garantizar las comunicaciones con Kaliningrado provocase una respuesta aliada. En esas circunstancias, los objetivos militares de ambos contendientes podrían superponerse rápidamente.

Nikolai Sokov, antiguo diplomático ruso y especialista en asuntos nucleares, ha advertido precisamente sobre el riesgo de un error de cálculo. En declaraciones recogidas por Reuters, sostuvo que Moscú teme futuras restricciones al transporte marítimo en el Báltico y que, mientras Europa podría interpretar determinadas medidas como acciones de presión, Rusia podría considerarlas equivalentes a un acto de guerra.

Ese problema de percepción es central. Una operación de control marítimo que la OTAN considerara defensiva podría ser interpretada en Moscú como un intento de estrangulamiento del enclave. Del mismo modo, una acción rusa destinada a garantizar el acceso a Kaliningrado podría ser considerada por Polonia o Lituania como una agresión contra territorio aliado.

La OTAN, por su parte, ha negado que esté preparando un bloqueo de Kaliningrado. El secretario general Mark Rutte ha insistido en que la alianza es defensiva y que sus ejercicios militares no constituyen una amenaza contra territorio ruso.

La importancia de Kaliningrado reside precisamente en esa zona gris. No hace falta que ninguno de los dos actores desee una guerra general para que una crisis produzca una dinámica de escalada.

Mucho más que una base militar

Reducir Kaliningrado a una plataforma de misiles sería un error. La región posee una dimensión económica, energética, marítima, histórica y simbólica que amplía considerablemente su importancia.

Su puerto de Baltiysk permite a Rusia mantener una presencia naval permanente en el Báltico y proporciona acceso al mar durante todo el año. Su posición también le permite controlar, observar y disputar las rutas marítimas de una región donde confluyen las economías de Alemania, Polonia, los países bálticos, Escandinavia y Rusia.

El territorio posee además importantes reservas de ámbar y una tradición industrial vinculada a la transformación manufacturera, la pesca y la actividad portuaria. La explotación del ámbar constituye un elemento económico y cultural distintivo; fuentes recogidas en el documento proporcionado señalan que la región concentra una proporción extraordinariamente elevada de la producción mundial de esta resina fósil.

También existe una dimensión energética. Después de la desconexión de los Estados bálticos de la red eléctrica rusa, Kaliningrado ha desarrollado capacidades para funcionar de manera más autónoma, con generación térmica, almacenamiento de gas y una infraestructura energética destinada a reducir su vulnerabilidad ante el aislamiento. El European Council on Foreign Relations ha analizado esta transformación como parte de la preparación rusa para que el enclave pueda operar incluso en condiciones de separación del sistema energético regional.

Y existe, finalmente, una dimensión histórica que no debería ser menospreciada. Kaliningrado es simultáneamente una ciudad rusa, una antigua ciudad alemana y un territorio que pertenece al imaginario estratégico europeo desde hace siglos. La Universidad que lleva el nombre del filósofo alemán Inmanuel Kant simboliza esa continuidad paradójica entre la Königsberg ilustrada y la Kaliningrado militarizada.

El enclave resume así una de las contradicciones esenciales de la Europa contemporánea. Es una reliquia territorial de la Segunda Guerra Mundial convertida en pieza avanzada de la confrontación del siglo XXI; una región rusa rodeada por la OTAN que sirve a Moscú para proyectar poder pero que, al mismo tiempo, necesita ser protegida de un eventual aislamiento; una ciudad asociada a Kant, la razón cosmopolita y la paz perpetua, transformada en uno de los espacios donde más claramente se cruzan la disuasión convencional, la guerra híbrida y la amenaza nuclear.

Por eso Kaliningrado importa tanto. No porque sea inevitablemente el lugar donde comenzará una guerra entre Rusia y Occidente, sino porque reúne en pocos kilómetros casi todos los ingredientes capaces de hacer que una crisis regional se convierta en una crisis estratégica. El futuro del Báltico dependerá, en buena medida, de que Moscú y la OTAN sean capaces de mantener esa diferencia entre disuasión y confrontación. La reciente retórica nuclear demuestra que el margen de error se ha reducido. Y cuando el territorio en disputa es un enclave militarizado, rodeado por una alianza militar y conectado al resto de Rusia por rutas cuya seguridad no controla completamente Moscú, un error de cálculo puede tener consecuencias mucho mayores que las dimensiones de Kaliningrado.

 

La autonomía del Sáhara marroquí se consolida en Nueva York como horizonte diplomático

 

Por Adalberto Agozino

Paraguay, Bolivia, Malí, Jamaica y Mauricio han reafirmado o revisado en la Asamblea General su apoyo al plan presentado por Rabat en 2007, en la estela de la Resolución 2797 y de una red de respaldos atribuida al Rey Mohammed VI.

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Buenos Aires - Nueva York ha vuelto a funcionar, en los márgenes de la 81.ª Asamblea General, como el escenario en el que se mide el pulso real del diferendo del Sáhara. No ha sido un debate de hemiciclo, sino una sucesión de encuentros bilaterales en los que el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, ha recogido declaraciones que Rabat lee como la confirmación de una tendencia ya inscrita en el texto del Consejo de Seguridad. Paraguay ha reiterado el reconocimiento de la soberanía marroquí y su disposición a trabajar para que esa posición quede consagrada en una resolución de Naciones Unidas. Bolivia ha anunciado su voluntad de abrir una representación en Rabat y una oficina comercial en Dajla. Malí ha recordado la declaración gubernamental de abril. Jamaica y Mauricio han alineado su lenguaje con la fórmula de una autonomía bajo soberanía marroquí. El conjunto no altera por sí solo el equilibrio jurídico del expediente, pero sí describe el modo en que la diplomacia marroquí convierte cada periodo de sesiones en una ampliación de su perímetro de apoyos.

El marco normativo de esa lectura es la Resolución 2797, adoptada el 31 de octubre de 2025. El Consejo prorrogó el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2026, tomó nota del respaldo de numerosos Estados miembros a la propuesta de autonomía presentada por Marruecos al secretario general el 11 de abril de 2007 y afirmó que una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría constituir la única solución realista y factible. El texto encarga al secretario general y a su enviado personal que faciliten negociaciones tomando esa propuesta como base, mantiene la referencia a una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que contemple la libre determinación, y pide a las partes que entablen las conversaciones sin condiciones previas. Fue aprobada por once votos a favor, con las abstenciones de China, Rusia y Pakistán y sin la participación de Argelia. Para Rabat, el documento cierra el ciclo en el que la iniciativa de 2007 era apenas “seria y creíble” y abre otro en el que opera como referencia exclusiva de la negociación. Esa resolución ha dado lugar a que, once meses después, varias cancillerías reproduzcan en Nueva York el vocabulario del Consejo.

El caso paraguayo es el más explícito de América Latina. El canciller Rubén Darío Ramírez Lezcano declaró, tras reunirse con Bourita, que Paraguay reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y que trabaja en el seno de Naciones Unidas para lograr una resolución que consagre esa decisión. La posición no es improvisada. Asunción la formalizó en septiembre de 2025, durante la 80.ª Asamblea, y la ha acompañado de gestos materiales: una sede diplomática en Dajla desde 2022 y, según la propia cancillería paraguaya, la voluntad de elevar la relación tras una visita de trabajo a Rabat en septiembre de este año. En la gramática de Rabat, un consulado o una oficina en las provincias del sur no es un acto protocolario. Es la traducción territorial de un reconocimiento político. Paraguay se sitúa así en una corriente latinoamericana que, en la misma semana neoyorquina, Bourita vinculó también a Chile y a Perú, este último con la decisión de apoyar la soberanía marroquí y de abrir un consulado en Dajla.

Bolivia ofrece un matiz distinto y, por eso, políticamente más revelador. El comunicado conjunto firmado por Bourita y por el canciller Héctor Francisco Huanca Gutiérrez toma nota de la propuesta de autonomía de 2007 y considera que puede constituir una vía para hacer avanzar unas negociaciones destinadas a una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable. Al mismo tiempo anuncia la disposición a abrir una representación diplomática en Rabat y una oficina comercial en Dajla que sirva de plataforma de acceso a los mercados africanos para los productos bolivianos. El texto reafirma el respeto de la soberanía, de la integridad territorial y de la no injerencia, prevé reactivar el Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales instituido en 1999 y se cerró con un acuerdo de supresión de visados para pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales, además de un memorando entre las academias diplomáticas. La fórmula es prudente, pero el gesto de Dajla no lo es. Una oficina comercial en esa ciudad implica aceptar, en la práctica administrativa, la geografía que Marruecos defiende. Para un país andino con escasa proyección africana, el atractivo no es solo ideológico: es la promesa de usar el Sáhara marroquí como puerta al continente.

En África occidental, Malí ha optado por la reiteración. Abdoulaye Diop, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, recordó en Nueva York la declaración del Gobierno maliense del 10 de abril de 2026, según la cual Bamako apoya el plan de autonomía como la única base seria y creíble para resolver el diferendo y considera que una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí constituye la solución más realista. Diop añadió el pleno apoyo a la Resolución 2797, que calificó de etapa importante, y expresó el deseo de que la Asamblea General permita concretarla. Subrayó además que la cooperación con Marruecos descansa en el respeto de la soberanía y de la integridad territorial de ambos Estados, y evocó la Comisión Mixta celebrada en julio en Bamako como cimiento de una relación densa en clave Sur-Sur. El enunciado importa porque Malí no es un observador lejano. Comparte con Rabat la preocupación por el Sahel, el tránsito atlántico y una vecindad en la que Argelia también disputa influencia. Al fijar la autonomía como única base seria, Bamako se aparta de la ambigüedad que durante años permitió a varias capitales africanas votar resoluciones técnicas sin pronunciarse sobre el fondo.

Jamaica y Mauricio desplazan el mismo argumento al Caribe y al Índico. Kamina Johnson Smith suscribió con Bourita un comunicado en el que Kingston se felicita por la Resolución 2797 y considera que una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser una de las soluciones más realizables. El texto recoge el pleno apoyo al secretario general y a su enviado personal para llevar las negociaciones tomando como base el plan marroquí, y felicita los esfuerzos diplomáticos destinados a crear consenso bajo el impulso del Rey Mohammed VI. Dhananjay Ramful, ministro mauriciano de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional, fue más categórico: calificó la propuesta de solución más creíble y precisó que ofrece la salida más realista, justa y duradera. La revisión, adoptada en un Consejo de Ministros y referida expresamente a la Resolución 2797, convierte a Port Louis en un caso de cambio de postura, no de simple continuidad. Que dos Estados insulares, alejados del teatro militar del diferendo y atentos a su propia inserción comercial, adopten ese lenguaje sugiere que la autonomía ha dejado de ser un expediente magrebí para convertirse en una posición de alineamiento multilateral.

Estas declaraciones no pueden separarse de la arquitectura que Rabat recibió del Rey Mohammed VI. Desde la presentación del plan en 2007, la estrategia real ha consistido en sustituir la expectativa de un referéndum, bloqueado durante décadas por el desacuerdo sobre el censo, por una oferta de autogobierno regional bajo soberanía marroquí, con competencias locales y con la reserva de los atributos de soberanía en defensa, relaciones exteriores y asuntos religiosos para el Reino.

El reconocimiento estadounidense de 2020, el giro español de 2022 y la posición francesa, consolidada tras la visita de Estado de Emmanuel Macron en octubre de 2024, dieron a esa oferta el aval de tres capitales decisivas. La Resolución 2797 la trasladó al lenguaje del Consejo. En vísperas de la votación, fuentes diplomáticas cifraban en más de un centenar los países que respaldaban el plan y en unas tres decenas los que habían abierto consulados en el Sáhara, una cifra que la prensa española situó entonces por encima de los 120 apoyos. La semana de Nueva York de 2026 funciona, en esa secuencia, como cosecha y no como punto de partida. Bourita lo formuló al término de la Asamblea: varios países de continentes distintos se han inscrito en la dinámica de apoyo a la marroquinidad del Sáhara y al plan de autonomía, una dinámica que el ministro vincula de manera explícita al Rey.

Hay también una base material que las cancillerías invitadas a Dajla pueden observar. El Banco Mundial describe 2025 como el ciclo de crecimiento más intenso de Marruecos en más de una década, con un avance del PIB real del 4,9%, una inflación contenida en el 0,8% y un déficit fiscal reducido al 3,5% del PIB. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 4,4% en 2026, sostenido por la agricultura y por la inversión pública en infraestructuras, pese al efecto del conflicto en Oriente Próximo sobre la energía y el flete. Standard & Poor’s ha devuelto al Reino al grado de inversión. El aparato exportador, en particular el automóvil, y el programa de obras vinculado al Mundial de 2030 refuerzan la imagen de un Estado capaz de ejecutar. En el Sáhara, esa imagen tiene obras con nombre. La vía expresa Tiznit-Dajla, de 1.055 kilómetros, está concluida. El puerto de Dajla Atlántico, presupuestado en unos 12.650 millones de dirhams, avanzaba en torno al 66%. El puerto fosfatero de El Aaiún rozaba la finalización. A ello se añade la iniciativa real de facilitar al Sahel una salida al Atlántico, que Malí y otros socios del hinterland leen como una oferta de conectividad y no solo como un argumento de soberanía. La oficina comercial que Bolivia contempla en Dajla se entiende mejor sobre ese mapa que sobre un comunicado.

Lo que la semana neoyorquina muestra es que la autonomía bajo soberanía marroquí ha dejado de ser una propuesta aislada de Rabat para convertirse en la referencia que un número creciente de Estados, de Asunción a Bamako y de Kingston a Port Louis, está dispuesto a repetir. Esa repetición es el resultado visible de una diplomacia real pacientemente construida, de un crecimiento que vuelve creíble la promesa de desarrollo en el Sáhara marroquí y de una red de apoyos que ya no se limita a los aliados tradicionales del Reino.

 

Marruecos abre un nuevo capítulo: Fatima Ezzahra El Mansouri, primera mujer al frente del Gobierno

El Rey Mohammed VI ha confiado por primera vez en la historia del Reino la jefatura del Gobierno a una mujer. Fatima Ezzahra El Mansouri, jurista, alcaldesa de Marrakech, exministra y dirigente del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), deberá ahora formar un Ejecutivo de coalición. Su designación culmina, además, un proceso de incorporación creciente de la mujer marroquí a las instituciones y proyecta al Reino hacia una nueva etapa política en el mundo árabe.

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Buenos Aires - La imagen tiene una fuerza simbólica que trasciende las fronteras de Marruecos. El 29 de septiembre, en el Palacio Real de Rabat, el rey Mohammed VI recibió a Fatima Ezzahra El Mansouri y, en aplicación del artículo 47 de la Constitución, la nombró jefa del Gobierno y le encargó formar el nuevo Ejecutivo. El comunicado de la Casa Real fue lacónico, como corresponde a la naturaleza institucional del acto, pero sus consecuencias políticas y sociales son de una dimensión considerable: por primera vez una mujer ocupará la jefatura del Gobierno marroquí.

La designación no constituye una ruptura con el procedimiento constitucional. El Partido Autenticidad y Modernidad, cuya dirección colegiada coordina El Mansouri, fue la formación más votada en las elecciones legislativas del 23 de septiembre y obtuvo 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes. La Constitución establece que el monarca designa al jefe del Gobierno entre los miembros del partido que haya obtenido el mayor número de escaños. La novedad, por tanto, no reside en el procedimiento, sino en la persona elegida para encabezar el Ejecutivo y en el significado histórico de que esa persona sea una mujer.

El resultado electoral, sin embargo, obliga a El Mansouri a construir una mayoría parlamentaria. El PAM quedó por delante de la Reagrupación Nacional de Independientes, que obtuvo 66 diputados, y del Partido Istiqlal, con 65. El Partido de la Justicia y el Desarrollo, de orientación islamista, consiguió 54 escaños y ha anunciado su paso a la oposición. La nueva jefa del Gobierno deberá, por tanto, negociar una coalición capaz de proporcionar estabilidad parlamentaria al Ejecutivo. .

El primer mensaje de El Mansouri después de la audiencia real fue deliberadamente institucional. Dijo que trabajaría para presentar un Gobierno a la altura de las expectativas del monarca y de los ciudadanos y anunció consultas con su propia formación y con el resto de los partidos. También situó a los jóvenes en el centro de las preocupaciones del nuevo Ejecutivo y prometió un programa basado en “soluciones realistas y concretas”.

Una jurista formada entre Marruecos, Francia y Estados Unidos

Fatima Ezzahra El Mansouri, nacida en Marrakech el 3 de enero de 1976, llega a la jefatura del Gobierno después de una trayectoria que combina formación jurídica, experiencia municipal, actividad parlamentaria, gestión ministerial y liderazgo partidario. Según la biografía oficial difundida tras su nombramiento, posee una licenciatura en Derecho Privado por la Universidad Mohammed V de Rabat, un DEA en Derecho de los Contratos de Negocios por la Universidad de Montpellier y un certificado en Derecho Angloamericano por Pace University, en Estados Unidos. Es abogada especializada en derecho inmobiliario y estuvo inscrita en el Colegio de Abogados de Marrakech desde 2005.

Su carrera política comenzó en el Movimiento de Todos los Demócratas, antecedente del PAM, formación que participó en la fundación del partido en 2008. Dos años después, El Mansouri alcanzó una posición que ya entonces tenía una fuerte carga simbólica: en 2009 se convirtió en la primera mujer en ocupar la alcaldía de Marrakech. Regresó al cargo en 2021, después de haber sido diputada durante dos legislaturas y de haber presidido durante años el Consejo Nacional del PAM. En 2021 ingresó en el Gobierno de Aziz Akhannouch como ministra de Ordenación Territorial Nacional, Urbanismo, Vivienda y Política de la Ciudad. Desde 2024 coordinaba la dirección colegiada del PAM.

Su trayectoria no se ha limitado al ámbito nacional. En 2014 fue incluida por Forbes entre las jóvenes africanas más influyentes y ese mismo año fue reconocida como Young Global Leader por el Foro Económico Mundial. Su perfil, esencialmente jurídico y administrativo, ha contribuido a construir una imagen política vinculada a la gestión, la modernización urbana y la capacidad de interlocución institucional.

El Mansouri procede, además, de una familia vinculada durante generaciones a la administración y a la diplomacia marroquí. Su padre, Abderrahmane El Mansouri, fue funcionario en Marrakech y posteriormente embajador en los Emiratos Árabes Unidos. Este origen familiar, unido a sus vínculos con sectores influyentes de la vida política y económica del Reino, ha sido señalado por distintos medios como un elemento relevante para comprender su ascenso.

La nueva jefa del Gobierno llega al poder, por tanto, no como una figura ajena a las estructuras tradicionales del Reino, sino como una dirigente profundamente integrada en ellas. Su ascenso representa una renovación generacional y, sobre todo, una transformación en la representación de la autoridad política: una mujer situada en el centro de las instituciones de un país cuya vida política continúa teniendo a la monarquía como eje fundamental.

El PAM, entre el liberalismo económico y el reformismo social

El Partido Autenticidad y Modernidad nació en 2008 y se configuró como una formación centrista y modernizadora, en buena medida como alternativa al crecimiento del Partido de la Justicia y el Desarrollo. Su posición política combina una defensa de la economía de mercado, la atracción de inversiones y la modernización de las infraestructuras con políticas sociales destinadas a mejorar el poder adquisitivo y los servicios públicos.

El programa electoral del PAM para 2026 se articula en torno a cinco grandes compromisos relacionados con el poder adquisitivo, la integración de los jóvenes, la ciudadanía y los servicios públicos, la seguridad estratégica y el crecimiento sostenible. La formación calcula un coste global de 350.000 millones de dírhams para cinco años y plantea la creación de al menos un millón de empleos netos durante el período 2027-2031.

El empleo constituye probablemente la principal apuesta económica. El partido aspira a reducir el desempleo hasta el 7% en 2031 mediante el impulso de los servicios de mayor valor añadido, la industria y la sustitución de importaciones, la agricultura, el turismo y la economía vinculada al deporte. El programa concede especial importancia a la juventud, las mujeres y el mundo rural como componentes activos del crecimiento.

En materia social, el PAM plantea una concepción de la mujer que va más allá de las políticas asistenciales. La formación sostiene que la incorporación femenina debe alcanzar la producción económica, la autonomía social y los centros de decisión política. En su programa, las cuestiones relacionadas con el empleo femenino, la participación económica y la presencia de las mujeres en los espacios de poder forman parte de una concepción más amplia del desarrollo nacional.

Esta orientación encaja con el perfil de El Mansouri: una dirigente que ha construido su carrera en la administración pública y en la política institucional y que ahora deberá transformar los compromisos electorales de su formación en políticas de Estado.

Una decisión que trasciende a Marruecos

La dimensión más visible del nombramiento es, sin embargo, la simbólica. El Mansouri se convierte en la primera mujer en dirigir un Gobierno marroquí y en una de las escasas mujeres que han alcanzado la jefatura de un Ejecutivo en el mundo árabe. Después de Najla Bouden en Túnez, que encabezó el Gobierno entre 2021 y 2023, y de Sara Zaafarani, también en Túnez desde 2025, su llegada confirma una tendencia todavía minoritaria en la región.

El significado regional resulta especialmente relevante porque la presencia de mujeres en las instituciones árabes ha avanzado de manera desigual. Marruecos ha optado durante las últimas décadas por una política gradual de incorporación femenina a la vida pública, vinculada a reformas legislativas, administrativas y constitucionales. En 2025, las autoridades marroquíes señalaban que las mujeres representaban el 24,3% de la Cámara de Representantes tras las elecciones de 2021 y que constituían el 41,23% del funcionariado. También destacaban la presencia de seis ministras y el incremento de mujeres en puestos de responsabilidad administrativa.

La diplomacia ofrece otro ejemplo. Samira Sitaïl ejerce como embajadora de Marruecos en Francia, una de las representaciones diplomáticas de mayor importancia estratégica para Rabat. La política exterior marroquí ha defendido, además, la incorporación de las mujeres a la diplomacia y a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. En abril de 2025, Marruecos impulsó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una resolución sobre el papel de las mujeres en la diplomacia y su participación en la defensa y promoción de los derechos humanos, adoptada por consenso.

La política de Mohammed VI hacia la condición femenina tiene antecedentes anteriores a la llegada de El Mansouri a la jefatura del Gobierno. Uno de los momentos decisivos fue la reforma de la Mudawana, el Código de Familia, impulsada por el monarca a comienzos de su reinado y aprobada en 2004. La reforma introdujo, entre otras medidas, una concepción de responsabilidad compartida dentro de la familia, reconoció la tutela matrimonial como derecho de la mujer adulta y fijó en 18 años la edad general para contraer matrimonio, aunque con excepciones judiciales.

Desde entonces, la incorporación de mujeres a ministerios, alcaldías, embajadas, parlamentos y altos puestos administrativos ha formado parte de una evolución institucional sostenida. El nombramiento de El Mansouri lleva ahora ese proceso a su expresión más elevada: una mujer no solo participa en el Gobierno, sino que pasa a dirigirlo.

El desafío será convertir el símbolo en política pública

El nombramiento de Fatima Ezzahra El Mansouri posee dos dimensiones inseparables. Es, por un lado, la consecuencia de una trayectoria política personal y de la victoria electoral del PAM. Pero es también el resultado visible de una evolución institucional en la que la mujer marroquí ha ido ocupando espacios cada vez más relevantes en la administración, la diplomacia, el Parlamento y el Gobierno.

Al recibir el encargo, El Mansouri definió su designación como “un momento histórico” y dijo que constituía un motivo de orgullo para las mujeres del país. Ahora comienza la parte menos simbólica y más exigente de su mandato: transformar ese gesto histórico en resultados concretos. La primera mujer que llega a la jefatura del Gobierno marroquí deberá demostrar que su ascenso no es solamente el final de una larga marcha hacia la representación política femenina, sino también el comienzo de una nueva etapa en la que esa representación se traduzca en empleo, servicios públicos, igualdad efectiva y mayor participación ciudadana.

 

En el polvorín del Cuerno de África: Etiopía reabre las puertas del infierno con una nueva guerra civil

Tras el colapso del pacto de paz de 2022, una inédita y heterogénea alianza insurgente de siete milicias encabezada por el Tigray busca derrocar al primer ministro Abiy Ahmed. El conflicto amenaza con internacionalizarse y arrastrar a todo el Cuerno de África a una conflagración sin precedentes.

 

Buenos Aires - La frágil tregua que en noviembre de 2022 detuvo una de las conflagraciones más mortíferas del siglo XXI ha saltado por los aires. En la madrugada del pasado 23 de septiembre de 2026, las fuerzas armadas del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) lanzaron una amplia y coordinada ofensiva en el norte de Etiopía, tomando el control de tres aeropuertos estratégicos regionales —Mekelle, la capital tigrayana, Axum y Shire—, forzando la suspensión inmediata de todos los vuelos comerciales de la aerolínea estatal Ethiopian Airlines y extendiendo los combates a las vecinas regiones de Afar y Amhara. Mientras las autoridades de Tigray justifican las operaciones militares como una "guerra defensiva" ante los constantes e incrementados ataques federales con drones, el Gobierno central del primer ministro y galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2019, Abiy Ahmed, califica el movimiento de "ofensiva total" e irresponsabilidad absoluta. En esta nueva conflagración, el mapa de lealtades políticas se ha invertido por completo: milicias y facciones que hace apenas cuatro años se enfrentaban a muerte en el campo de batalla combaten hoy unidas bajo una misma bandera contra el poder central de Adís Abeba.

Una geografía clave para el equilibrio regional

Etiopía es un gigante demográfico y geopolítico de más de 120 millones de habitantes, lo que lo convierte en el segundo país más poblado de África y en el corazón gravitacional del Cuerno de África. Su relieve, dominado por el vasto macizo etíope cortado de norte a sur por el Gran Valle del Rift, configura tanto una barrera natural como un complejo mosaico de microclimas y etnias aisladas. La nación es, además, la cuna del Nilo Azul, cuyas fuentes en el lago Tana aportan la inmensa mayoría del caudal que fluye hacia el norte, haciendo del control hídrico un asunto de vital importancia estratégica.

Desde que Eritrea se independizó en 1993, Etiopía se convirtió en un Estado mediterráneo, sin acceso directo al mar. Esta limitación geográfica ha condicionado de manera severa su política exterior y comercial, obligando al país a depender de forma crítica de la infraestructura portuaria de Yibuti, por donde transita prácticamente el 95% de su comercio internacional y abastecimiento de combustible. La estabilidad de Etiopía es el pilar sobre el que descansa el delicado equilibrio de la región; limita con Eritrea, Sudán, Sudán del Sur, Kenia, Somalia y Yibuti. Cualquier fractura de sus fronteras desencadena de inmediato un efecto dominó de refugiados, tráfico de armas e inestabilidad en zonas vulnerables como el estrecho de Bab el-Mandeb y la cuenca del mar Rojo.

Las raíces del colapso: la quiebra de Pretoria

Para comprender la magnitud de la crisis actual es necesario remontarse al estallido de la guerra civil de 2020-2022. Durante casi tres décadas, entre 1991 y 2018, el TPLF dominó con mano de hierro la coalición del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope que gobernó el país tras la caída de la dictadura del Derg. A pesar de representar a una minoría étnica que apenas conforma el 6% de la población nacional, la elite tigrayana concentró el poder político, militar y económico de la federación. Esta hegemonía se quebró con la llegada al poder de Abiy Ahmed en 2018, un político oromo que disolvió la antigua coalición, fundó el Partido de la Prosperidad y comenzó un proceso de recentralización y desplazamiento de los líderes tigrayanos.

Las crecientes fricciones desembocaron en noviembre de 2020 en una devastadora guerra civil que atrajo la intervención militar de la vecina Eritrea y de milicias amharas del lado federal. Aquel conflicto dejó un saldo trágico estimado en 600.000 muertos —principalmente a causa de la hambruna y el bloqueo humanitario— y más de cinco millones de desplazados internos. En noviembre de 2022, el Acuerdo de Paz de Pretoria, auspiciado por la Unión Africana, puso fin formalmente a las hostilidades, disponiendo el cese del fuego, el desarme paulatino del TPLF y el restablecimiento de la autoridad federal.

Sin embargo, el Acuerdo de Pretoria contenía gérmenes de su propia destrucción al excluir de las mesas de negociación a dos actores clave: el Gobierno de Eritrea y las fuerzas milicianas de la región de Amhara. Los territorios del oeste de Tigray continuaron bajo ocupación militar amhara, el proceso de desarme quedó incompleto y cerca de 750.000 desplazados tigrayanos se vieron imposibilitados de retornar a sus hogares. El detonante final sobrevino en 2025 y 2026, cuando el Gobierno federal intentó integrar a la fuerza a las unidades de seguridad regionales dentro de la estructura militar nacional y desplegó sistemáticos ataques con drones contra supuestos objetivos en Tigray. En mayo de 2026, la facción dura del TPLF restauró a Debretsion Gebremichael como presidente regional, rompiendo toda colaboración con la administración interina impuesta desde la capital.

Radiografía del frente rebelde y de las fuerzas federales

El mapa del conflicto actual destaca por su notable complejidad ideológica y territorial. La ofensiva de septiembre de 2026 fue precedida por el anuncio, el 20 de septiembre, de la formación de la Alianza de Fuerzas de los Pueblos Etíopes por la Supervivencia, conocida popularmente como la "Alianza de los 7 Ejércitos". Esta heterogénea coalición agrupa a organizaciones insurgentes de seis regiones diferentes con el objetivo explícito de derrocar al Ejecutivo de Abiy Ahmed e instaurar un gobierno de transición:

• Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF): Encabezado por Debretsion Gebremichael y con Amanuel Assefa como vicepresidente, constituye el núcleo con mayor disciplina militar y experiencia táctica del frente. Aporta las curtidas Fuerzas de Defensa de Tigray (TDF) y el control operativo de la provincia septentrional. La formación ha declarado que el pacto de Pretoria carece de validez tras la ruptura de compromisos por parte de Adís Abeba.
• Movimiento Nacional Amhara Fano: Dirigido por Zemene Kassie —quien actúa como portavoz de la alianza—, agrupa a milicias nacionalistas de la segunda región más poblada del país. Paradójicamente, Fano luchó del lado del Gobierno federal contra Tigray en la guerra de 2020-2022. Sin embargo, se levantó en armas contra Abiy Ahmed en 2023 cuando el Ejecutivo buscó desarmar a las fuerzas regionales. Su ideología combina la defensa radical de la identidad amhara y la reivindicación de disputas territoriales.
• Ejército de Liberación Oromo (OLA): Dirigido militarmente por Jaal Marroo, sostiene desde 2018 una insurrección armada en Oromia, la región con mayor superficie y población de Etiopía. Reclama la autodeterminación del pueblo oromo y combate el modelo recentralizador de Adís Abeba.
• Frente Revolucionario de Unidad Democrática Afar (ARDUF / Ugugumo): Liderado por Ibrahim Osman Aliyu, opera en la franja nororiental. Su participación es fundamental para el avance insurgente hacia las localidades fronterizas de Abala, Erebti y Berhale, con la meta implícita de asfixiar las vías terrestres de suministro federal.
• Fuerzas suplementarias de la Alianza: La coalición la completan el Frente de Liberación Nacional de Ogadén (ONLF, de la región somalí), el Movimiento de Liberación Popular de Benishangul y el Movimiento Democrático Popular Gumuz. El único elemento articulador entre grupos tan dispares es el rechazo frontal a la figura del primer ministro.

Frente a la alianza insurrecta se erige el Gobierno federal y las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF), comandadas por el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Birhanu Jula. El Gobierno de Adís Abeba mantiene el respaldo de las autoridades locales de Afar, de unidades de la policía federal y de la facción moderada del TPLF alineada con Getachew Reda. Aunque las Fuerzas Armadas han sufrido reveses iniciales en tierra y la pérdida de plazas como Sekota y Alamata —esta última recuperada parcialmente en contraofensivas recientes—, la baza estratégica del Gobierno radica en su incontestable superioridad aérea. El despliegue sistemático de aeronaves no tripuladas (drones de combate de fabricación turca e iraní) le permite golpear la infraestructura rebelde a gran distancia, habiendo alcanzado la sede de la cadena regional Tigray TV en Mekelle y provocado cuantiosas bajas en los avances enemigos.

El ajedrez geopolítico: actores internacionales e intereses en juego

El conflicto de Etiopía trasciende las fronteras nacionales para convertirse en un tablero de ajedrez donde convergen los intereses de potencias regionales e internacionales.

Eritrea representa el factor más peligroso de internacionalización. Bajo el mando autoritario del presidente Isaias Afwerki, Asmara fue el aliado indispensable de Abiy Ahmed en la guerra de 2020-2022 contra su enemigo histórico, el TPLF. Sin embargo, tras quedar marginado de la tregua de Pretoria y ver con alarma las recientes pretensiones de Abiy Ahmed de obtener un puerto en el mar Rojo —que Asmara interpreta como una amenaza directa a su soberanía sobre Assab o Massawa—, las relaciones entre ambos Gobiernos se han roto por completo. Funcionarios etíopes acusan a Eritrea de financiar y coordinar a la Alianza de los 7 Ejércitos. Por su parte, la intervención directa de tropas eritreas con artillería pesada en las zonas fronterizas de Afar busca aislar el corredor de Yibuti para impedir el reabastecimiento de Adís Abeba.

En el flanco occidental, Sudán y Egipto miran el deterioro etíope bajo la lente del proyecto hidroeléctrico de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD). El jefe del Estado Mayor etíope, Birhanu Jula, acusó abiertamente a El Cairo y Jartum de suministrar pertrechos y soporte logístico a los insurgentes. Mientras las Fuerzas Armadas sudanesas del general Abdel Fattah al-Burhan mantienen lazos estrechos con Eritrea y Egipto, se reporta que combatientes tigrayanos han utilizado suelo sudanés como retaguardia logística. La posibilidad de que la guerra civil etíope y la sangrienta contienda interna sudanesa terminen fusionándose mediante corredores militares transfronterizos supone una amenaza sin precedentes para el noreste africano.

Por otro lado, los Emiratos Árabes Unidos han emergido como el sostén financiero y diplomático más firme del régimen de Abiy Ahmed, condenando las acciones del TPLF y garantizando el flujo de recursos militares al Gobierno federal. En el plano global, Estados Unidos, la Unión Europea y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) observan la situación con alarma, urgiendo una desescalada inmediata para no comprometer la seguridad de las rutas de navegación comercial en el mar Rojo. China, por su parte, siendo el principal inversor en infraestructura y acreedor de Etiopía, prioriza la preservación de la estabilidad del Estado central etíope y la seguridad de sus activos en la región.

La voz de los protagonistas y el clamor internacional

Las posturas vertidas por los líderes del conflicto reflejan la imposibilidad de encontrar, a corto plazo, un punto de encuentro diplomático. Desde el bando insurgente, el vicepresidente de las autoridades del Tigray, Amanuel Assefa, declaró con contundencia a los medios internacionales la gravedad de la situación: "Hay combates por todas partes. Ahora nos encontramos en una situación de guerra total". En una línea similar, el analista de la Universidad de Oslo Kjetil Tronvoll explicó que la toma de aeropuertos y la penetración en Afar "reflejan la estrategia de cortar las líneas de suministro hacia Adís Abeba, buscando asfixiar la economía federal al interrumpir el flujo de combustible e importaciones que llegan desde Yibuti".

Desde la cúpula gubernamental, la respuesta no ha dejado margen a la negociación. Getachew Reda, actual consejero del primer ministro, criticó con dureza la acción rebelde señalando que "la cúpula político-militar del TPLF ha llevado la irresponsabilidad a nuevas alturas al lanzar una ofensiva total y tomar aeropuertos federales". El jefe del Estado Mayor militar, Birhanu Jula, reafirmó la tesis de la conspiración externa: "Estamos combatiendo fuerzas que están organizadas y aliadas para servir a los intereses de potencias externas. Ni Eritrea ni el TPLF pueden lograr nada por sí solos si no cuentan con el respaldo, el apoyo y el suministro de Sudán, Egipto y otras potencias".

Entretanto, los organismos internacionales insisten en la vía del diálogo antes de que la catástrofe sea irreversible. El portavoz de la Secretaría General de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, enfatizó la preocupación del organismo "por el uso indiscriminado de drones y los ataques que causan daños devastadores sobre la población civil". Asimismo, la investigadora de Human Rights Watch, Laetitia Bader, advirtió sobre las dramáticas consecuencias humanas: "La región ya afronta crisis devastadoras de derechos humanos y humanitarias. Vemos que el riesgo para la población se extiende en un momento en que la atención diplomática y el escrutinio sobre Etiopía han disminuido".

Un futuro en la cuerda floja

Etiopía se encuentra atrapada en una trampa histórica derivada de su propio diseño constitucional. El federalismo étnico, concebido en los noventa para otorgar representación a las diferentes nacionalidades del país, ha terminado por institucionalizar las divisiones y armar a las identidades regionales. La Alianza de los 7 Ejércitos ha logrado canalizar el descontento heterogéneo contra el autoritarismo de Adís Abeba, pero adolece de fragilidades internas extremas: las históricas disputas territoriales entre amharas y tigrayanos no han desaparecido y amenazan con fracturar el frente insurgente en cuanto el enemigo común retroceda.

Si el Gobierno de Abiy Ahmed logra preservar el corredor logístico con Yibuti y hacer valer su poderío aéreo, la ofensiva rebelde podría ser contenida como una crisis de seguridad regional manejable. No obstante, si los frentes se consolidan, el corte de suministros se concreta y las potencias vecinas escalan su implicación, Etiopía corre el riesgo de precipitarse hacia la balcanización. En un Cuerno de África desbordado por las crisis humanitarias y la violencia, la caída de Etiopía representaría la pérdida del último ancla de estabilidad regional, abriendo un capítulo de consecuencias impredecibles para todo el continente africano.