domingo, 13 de septiembre de 2026

BRICS 2026: el Sur Global busca convertir su peso económico en poder político


 

La Cumbre de los BRICS, celebrada en Nueva Delhi bajo la presidencia de Narendra Modi, confirma la transformación de una asociación inicialmente económica en uno de los principales espacios de articulación del llamado Sur Global. Con once miembros, diez países socios y la participación de dirigentes de organismos internacionales, el grupo reúne cerca de la mitad de la población mundial, alrededor del 40% del PIB global y una proporción extraordinaria de las reservas energéticas del planeta. La Declaración de Nueva Delhi, aprobada por unanimidad, reclama una reforma del sistema internacional, cuestiona el unilateralismo comercial y financiero, impulsa los pagos en monedas nacionales y llama a la máxima contención en Oriente Próximo. Pero, detrás de su creciente dimensión, persiste una cuestión decisiva: si los BRICS pueden transformar su enorme peso demográfico, económico y energético en una estrategia política coherente.

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La XVIII Cumbre de los BRICS se celebró los días 12 y 13 de septiembre en Bharat Mandapam, el gran centro internacional de convenciones de Nueva Delhi, bajo la presidencia de la India y con un lema que resume la ambición de la nueva etapa: “Construyendo para la Resiliencia, la Innovación, la Cooperación y la Sostenibilidad”. El encuentro se produjo en un momento de extraordinaria tensión internacional, marcado por la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, la guerra de Ucrania, las disputas comerciales y la creciente fragmentación del sistema multilateral.

Los BRICS nacieron originalmente como una asociación de Brasil, Rusia, India y China. La denominación procede del acrónimo acuñado en 2001 por el economista de Goldman Sachs Jim O’Neill para identificar a las grandes economías emergentes con mayor potencial de crecimiento. La primera reunión política tuvo lugar en 2006 y la primera cumbre presidencial se celebró en Ekaterimburgo en 2009. Sudáfrica se incorporó posteriormente, convirtiendo BRIC en BRICS. La gran transformación llegó con la ampliación acordada en Johannesburgo en 2023 y concretada durante 2024 y 2025.

En la actualidad, las fuentes oficiales consideran miembros a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. La situación de Riad merece, sin embargo, una precisión: aunque aparece incluida en las listas oficiales del bloque, el Gobierno saudí no ha confirmado públicamente en los mismos términos que los restantes miembros su incorporación formal. La propia documentación del BRICS mantiene a Arabia Saudí dentro de los once.

A ellos se suman diez países socios: Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam. Esta categoría fue creada en la cumbre de Kazán de 2024 y permite ampliar considerablemente el radio de influencia de la organización sin convertir automáticamente a todos sus participantes en miembros plenos.

La cumbre de Nueva Delhi incorporó además un importante componente de apertura internacional. Participaron como invitados de divulgación representantes de Bahréin, en representación del Consejo de Cooperación del Golfo; Burundi, en representación de la Unión Africana; Filipinas, por la ASEAN; y Uruguay, por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev participó, a su vez, como dirigente de un país socio y representante de la Unión Económica Euroasiática. Entre las organizaciones internacionales estuvieron Naciones Unidas, representada por António Guterres; la Organización Mundial de la Salud, por Tedros Adhanom Ghebreyesus; la Organización Mundial del Comercio, por Ngozi Okonjo-Iweala; el Nuevo Banco de Desarrollo, presidido por Dilma Rousseff; y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras.

El significado económico de esta arquitectura resulta difícil de exagerar. Los BRICS reúnen aproximadamente al 49% de la población mundial y alrededor del 40% del PIB planetario. La cifra es particularmente relevante cuando el producto se mide mediante paridad del poder adquisitivo, indicador que permite comparar el volumen efectivo de bienes y servicios producidos teniendo en cuenta las diferencias de precios internos. El FMI calcula que las economías emergentes y en desarrollo generan alrededor del 61% del PIB mundial medido por PPA.

El cruce entre PIB nominal y PPA revela la verdadera dimensión del fenómeno. China ocupa el primer lugar mundial por PPA, con unos 44,3 billones de dólares internacionales; Estados Unidos es segundo, con aproximadamente 32,4 billones; India aparece tercera, con cerca de 18,9 billones; Rusia cuarta, con unos 7,5 billones; Indonesia séptima, con aproximadamente 5,45 billones, y Brasil octava, con unos 5,23 billones. Es decir, cinco integrantes de los BRICS —China, India, Rusia, Indonesia y Brasil— concentran por sí solos una masa económica equivalente a más de 81 billones de dólares en términos de PPA.

La comparación con el G7 resulta especialmente reveladora. Mientras los BRICS representan alrededor del 40% del PIB mundial en PPA, el G7 se sitúa en torno al 30%. En términos de crecimiento, además, los BRICS han adquirido un peso creciente en la expansión de la economía mundial. Vladímir Putin sostuvo en el Foro Empresarial de Nueva Delhi que los BRICS habían generado más del 40% del PIB mundial en los últimos cinco años y que aportaron cerca de la mitad del crecimiento global durante ese período, frente al 18% del G7. Son cifras utilizadas políticamente por Moscú y deben interpretarse con cautela según la metodología estadística empleada, pero ilustran el argumento central del bloque: el centro de gravedad económico mundial se desplaza hacia Asia y otras regiones emergentes.

La comparación con la Unión Europea ofrece otra perspectiva. La UE posee una economía integrada, una moneda común en gran parte de sus miembros, instituciones supranacionales y un mercado único, características que los BRICS no poseen. Tampoco constituyen una alianza militar comparable a la OTAN. Su estructura es deliberadamente más flexible: las decisiones se adoptan por consenso y los Estados conservan plena autonomía en política exterior, defensa y economía. Esa debilidad institucional es, paradójicamente, una de sus fortalezas: permite sentar en la misma mesa a democracias como India y Brasil, monarquías como Arabia Saudí y Emiratos, regímenes autoritarios y potencias enfrentadas entre sí.

El peso energético constituye otra dimensión esencial. Según las estimaciones reunidas en el material utilizado para este análisis, los miembros del BRICS concentran aproximadamente el 41% de las reservas probadas mundiales de petróleo si se incluye Arabia Saudí, y más de la mitad de las reservas probadas de gas natural. Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Rusia concentran enormes reservas petroleras, mientras Rusia e Irán ocupan posiciones centrales en el gas. China e India agregan a esa ecuación la condición de grandes consumidores, mientras Brasil aporta una creciente dimensión energética atlántica a través de sus yacimientos del presal.

No se trata, naturalmente, de que los BRICS posean esas reservas como una entidad supranacional. Cada Estado conserva el control soberano sobre sus recursos y sus intereses energéticos no siempre coinciden. Pero la concentración geográfica tiene consecuencias geopolíticas: dentro de un mismo espacio de cooperación conviven algunos de los principales exportadores mundiales de hidrocarburos con China e India, dos de los mayores consumidores. Esa combinación convierte al grupo en un actor particularmente relevante para la seguridad energética mundial. El Energy Institute confirma, además, la extraordinaria importancia de Rusia, Irán y China en la producción global de gas.

La dimensión estratégica se completa con el factor nuclear. Tres miembros del BRICS —Rusia, China e India— son potencias nucleares reconocidas de facto y poseen arsenales nucleares. Rusia y China son, además, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La India dispone de un arsenal nuclear independiente y reclama desde hace años una mayor representación en el Consejo. Irán no posee armas nucleares declaradas y no pertenece al grupo de Estados nuclearmente armados, aunque su programa nuclear constituye uno de los principales factores de tensión internacional. Esta composición otorga al BRICS una densidad estratégica que ninguna agrupación económica convencional puede ignorar.

La India procuró que la cumbre no se transformara en una plataforma abiertamente antioccidental. El profesor de Yale Sushant Singh advertía antes de la reunión que Nueva Delhi no se sentiría cómoda con una postura explícitamente hostil a Occidente debido a sus relaciones de defensa con Estados Unidos y sus vínculos comerciales con Europa y Norteamérica. Mihaela Papa, directora del BRICS Lab del MIT, observaba en cambio que la posición particular de India podía convertirla en un mediador entre potencias rivales.

Esa tensión quedó reflejada en la declaración final. Los once miembros aprobaron por unanimidad la Declaración de Nueva Delhi, un extenso documento de 140 puntos que procura conciliar posiciones nacionales muy diferentes. El texto reivindica un orden internacional “más representativo y justo”, la reforma del multilateralismo y una mayor presencia de Asia, África y América Latina en las instituciones globales. China y Rusia expresaron nuevamente su respaldo a las aspiraciones de Brasil e India de desempeñar un papel más importante en Naciones Unidas y en su Consejo de Seguridad.

El documento también condena el terrorismo en todas sus formas, respalda la solución pacífica de las controversias mediante diálogo y diplomacia y rechaza el incremento de medidas arancelarias y no arancelarias unilaterales que, según el bloque, distorsionan el comercio y contradicen las normas de la OMC. En materia financiera, reafirma el objetivo de desarrollar sistemas de pagos transfronterizos más rápidos, baratos y seguros y ampliar las liquidaciones en monedas nacionales. No se trata todavía de una moneda común ni de una sustitución inmediata del dólar, sino de una arquitectura destinada a reducir la dependencia de los mecanismos financieros dominados por Estados Unidos.

La cuestión más delicada fue Oriente Próximo. La declaración expresa “profunda preocupación” por la escalada y reclama “máxima contención”, además de la protección de civiles e infraestructuras, incluidas las instalaciones nucleares. El consenso fue significativo porque Irán forma parte del BRICS mientras Emiratos Árabes Unidos mantiene posiciones diferentes y Estados Unidos es aliado de varios de los países del Golfo. Reuters destacó que el acuerdo entre Teherán y Abu Dabi para respaldar el llamamiento conjunto representó un avance diplomático dentro de una organización atravesada por profundas divergencias.

El documento dedicó asimismo una atención sustancial a Palestina, Gaza y Líbano, mientras evitó mencionar expresamente la guerra de Ucrania, una omisión significativa si se la compara con la declaración de la cumbre de Río de Janeiro de 2025. Esa decisión parece responder a la necesidad de preservar el consenso interno y evitar que el conflicto europeo se convierta en un factor de ruptura entre Rusia, China, India, Brasil y los restantes miembros.

En economía, tecnología y energía, Nueva Delhi quiso proyectar un BRICS menos retórico y más operativo. La declaración respalda la cooperación en inteligencia artificial, economía digital, cadenas de suministro, innovación, agricultura, seguridad alimentaria y transición energética. El texto reconoce simultáneamente la necesidad de reducir emisiones y el papel todavía decisivo de los combustibles fósiles, defendiendo una transición energética “justa, ordenada, equitativa e inclusiva” y la neutralidad tecnológica.

Xi Jinping propuso avanzar hacia un “Greater BRICS” mediante mayor integración industrial y tecnológica, estabilidad de las cadenas de suministro, un mercado más conectado y una zona abierta de cooperación en inteligencia artificial. Putin, por su parte, presentó al grupo como uno de los motores del desplazamiento hacia un orden multipolar y destacó la necesidad de desarrollar infraestructura propia de pagos, inversión y comercio.

La paradoja de los BRICS aparece precisamente allí donde reside su mayor fortaleza. Ningún otro foro reúne simultáneamente semejante población, volumen económico, reservas energéticas, capacidad industrial y potencias nucleares. Pero tampoco resulta sencillo encontrar otro agrupamiento donde convivan tantos intereses contrapuestos: China e India compiten por la influencia asiática; Irán y algunos Estados del Golfo mantienen profundas diferencias; Rusia enfrenta a Occidente; India conserva estrechos vínculos estratégicos con Estados Unidos; Brasil procura mantener una política exterior autónoma y Arabia Saudí equilibra sus relaciones entre Washington, Pekín y Moscú.

Por eso, la XVIII Cumbre de Nueva Delhi no convirtió a los BRICS en una nueva superpotencia institucional. Hizo algo más importante: consolidó la existencia de un espacio internacional que ya no puede ser considerado periférico. Su verdadera importancia no reside únicamente en las declaraciones contra el unilateralismo ni en la aspiración de reducir el peso del dólar. Está en la acumulación de población, producción, energía, tecnología, territorio y capacidad militar que comienza a modificar la distribución mundial del poder.

La pregunta que queda abierta es si esa masa crítica podrá transformarse en una estrategia común. Por ahora, la respuesta sigue siendo incierta. Pero la reunión de Nueva Delhi demuestra que el mundo que emerge ya no puede ser explicado exclusivamente desde Washington, Bruselas o Tokio. Los BRICS pretenden que el siglo XXI tenga más de un centro de gravedad. Y sus cifras indican que esa pretensión dejó de ser una hipótesis para convertirse en una realidad geopolítica.

 

sábado, 12 de septiembre de 2026

Rabat fija su posición ante Madrid por lo ocurrido durante la crisis de Ceuta



Marruecos ha roto su silencio sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta con un contundente comunicado en el que niega cualquier responsabilidad de sus autoridades, reclama una investigación sobre lo ocurrido y acusa a sectores políticos y mediáticos españoles de convertir al reino en un instrumento de la disputa interna. Rabat reivindica la relación estratégica construida con Madrid desde 2022, pero advierte de que la falta de visión política puede transformar esa asociación en una fuente permanente de desconfianza.

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Buenos Aires - La crisis de Ceuta ha abierto una grieta inesperada en una relación que Madrid y Rabat habían presentado durante los últimos años como una de las asociaciones estratégicas más sólidas del Mediterráneo occidental. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero de Marruecos ha decidido intervenir públicamente para fijar su posición después de semanas de acusaciones, debates parlamentarios y controversias políticas en España. Su mensaje es inequívoco: Marruecos niega haber organizado, facilitado o instigado la entrada masiva de migrantes que se produjo a finales de julio y rechaza convertirse en el responsable externo de una crisis que, según sostiene, tiene también profundas dimensiones de política interna española.

El comunicado difundido por Rabat el 10 de septiembre constituye la primera reacción oficial de alcance de las autoridades marroquíes desde el estallido de la crisis. Su tono es significativamente más político que defensivo. Marruecos no se limita a negar las acusaciones: cuestiona abiertamente el comportamiento de determinados partidos, medios de comunicación e instituciones españolas y advierte de que la instrumentalización de la relación bilateral puede terminar perjudicando a ambos países.

La cancillería marroquí recuerda que el reino eligió soberanamente construir con España una relación basada en la buena vecindad geográfica, el entendimiento político, la asociación económica y la cooperación en materia de seguridad. Esa política, sostiene Rabat, encontró su expresión más acabada en la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022, después del encuentro entre el rey Mohammed VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Aquel acuerdo abrió, según la interpretación marroquí, una nueva etapa sustentada en el respeto mutuo, la confianza, el diálogo permanente y la voluntad de construir una asociación beneficiosa para ambas partes.

No se trata de una referencia meramente diplomática. La mención a 2022 recuerda que la relación actual nació después de una de las crisis más graves entre Madrid y Rabat de las últimas décadas. Desde entonces, España modificó sustancialmente su posición respecto del conflicto del Sáhara y respaldó la propuesta marroquí de autonomía, mientras Marruecos consolidó su cooperación con España en materia migratoria, policial, antiterrorista y económica.

Los intereses materiales que sostienen ese acercamiento son considerables. Marruecos destaca que España es su principal socio económico y que el reino alauí se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de España fuera de la Unión Europea. La diplomacia marroquí subraya además que los dos países han obtenido resultados relevantes en la lucha contra las redes criminales y terroristas y en la prevención de los flujos migratorios.

Los datos proporcionados por la diplomacia española muestran hasta qué punto esa interdependencia ha crecido. El comercio bilateral alcanzó en 2024 alrededor de 22.000 millones de euros, según datos difundidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, y más de 5.000 empresas españolas mantienen actividad exportadora regular en Marruecos. El país magrebí es también uno de los principales destinos de la inversión española en África.

Precisamente por eso la cuestión migratoria adquiere una dimensión que excede con mucho la gestión de una frontera. Lo ocurrido durante los días 30 y 31 de julio transformó esa frontera en el epicentro de una crisis humanitaria y política sin precedentes recientes.

Decenas de miles de personas, en su mayoría procedentes de Marruecos, intentaron acceder a Ceuta por mar y a través de la frontera. Las estimaciones oficiales sitúan el volumen de entradas e intentos en una magnitud de entre 70.000 y 80.000 personas. El episodio provocó muertos, desaparecidos, una presión extraordinaria sobre los servicios de la ciudad y una crisis política que rápidamente alcanzó al Gobierno central de Pedro Sánchez.

La cuestión adquirió una nueva dimensión esta semana, cuando el Gobierno español desclasificó 40 informes y comunicaciones correspondientes al mes de julio. Los documentos muestran que el Centro Nacional de Inteligencia había detectado convocatorias difundidas a través de Facebook y WhatsApp y que el 29 de julio comunicó a los servicios de inteligencia marroquíes que se preparaban entradas a Ceuta tanto a nado como mediante el salto de la valla. Los grupos utilizados para movilizar a los migrantes reunían a decenas de miles de personas.

El contenido de esa documentación ha alimentado precisamente la controversia que Rabat intenta contener. Algunos informes elaborados después de la entrada masiva describieron una actuación pasiva o negligente de las fuerzas marroquíes. Uno de ellos planteó incluso, entre las hipótesis analizadas, la posibilidad de que existiera algún grado de connivencia como respuesta a acontecimientos políticos recientes. Pero esos documentos no demuestran que las autoridades marroquíes hubieran organizado la operación. De hecho, el propio Gobierno español ha insistido en que no dispone de pruebas sólidas que permitan atribuir a Rabat la planificación de la avalancha.

Ese matiz es el eje de la argumentación marroquí. Rabat sostiene que ningún dato, hecho o informe establece la implicación de sus autoridades. Y transforma la cuestión en una serie de preguntas dirigidas a Madrid: por qué se mantienen las acusaciones si no existen pruebas concluyentes, por qué no se devuelven los migrantes irregulares cuando Marruecos afirma haber aceptado oficialmente su readmisión y por qué continúan en España menores no acompañados cuyos retornos, asegura, Rabat ha solicitado reiteradamente.

La dureza del comunicado aumenta cuando aborda la política española. El Ministerio marroquí denuncia que determinados sectores políticos y mediáticos utilizan al reino como parte de una agenda interna y acusa a partidos con experiencia de Gobierno de haber sustituido el análisis racional por una retórica que califica de populista. Aunque no menciona expresamente al Partido Popular, la alusión ha sido interpretada en España como una referencia inequívoca a la principal fuerza de la oposición.

El Partido Popular sostiene que la relación con Rabat debe sustentarse en el respeto recíproco y en la defensa de las fronteras españolas.

Desde otros sectores políticos las interpretaciones son diferentes. El expresidente Felipe González ha cuestionado la gestión del Gobierno de Sánchez y ha considerado que la respuesta ante la crisis fue manifiestamente mejorable. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha hablado de una gestión desastrosa y ha advertido del riesgo de que la controversia termine favoreciendo a la extrema derecha.

Entre los analistas de seguridad tampoco existe una lectura unánime. El analista de inteligencia Fernando Cocho ha sostenido que Marruecos utiliza históricamente los flujos migratorios como instrumento de presión estratégica y ha interpretado los documentos españoles como indicios de una responsabilidad marroquí mayor de la que admite Rabat. Su lectura contrasta, sin embargo, con la posición oficial del Gobierno español, que no considera probado que Marruecos organizara la operación.

También desde el ámbito periodístico la cuestión se ha planteado como una prueba de resistencia para la relación bilateral. Los análisis publicados en los últimos días coinciden en que los documentos desclasificados demuestran que existieron señales previas y fallos de coordinación, pero no resuelven definitivamente la pregunta fundamental sobre la intención de las autoridades marroquíes. El propio diario El País ha destacado que el CNI comunicó a Marruecos la existencia de convocatorias para cruzar la frontera y que posteriores informes españoles detectaron falta de reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes.

La posición de Rabat, por tanto, no consiste simplemente en negar una acusación. Es también una advertencia diplomática. Marruecos afirma que la cooperación migratoria ha sido históricamente eficaz y que el episodio de julio debe ser objeto de una investigación exhaustiva para determinar sus circunstancias, identificar posibles injerencias y evitar que vuelva a producirse.

La advertencia final es quizás la más significativa. Rabat afirma que no acepta convertirse en “moneda de cambio” electoral ni en “chivo expiatorio” de las disputas políticas españolas. La cancillería marroquí sostiene que la vecindad geográfica es inmutable, pero que corresponde a los responsables políticos convertirla en un activo estratégico. Si se impone, por el contrario, lo que denomina «ceguera estratégica», el capital acumulado durante los últimos años podría convertirse en una fuente permanente de desconfianza y tensiones recurrentes.

Esa es, en definitiva, la cuestión de fondo. Ceuta ha puesto a prueba no solo los mecanismos de control de una frontera particularmente sensible, sino también el modelo de relación construido entre Madrid y Rabat desde 2022. España necesita la cooperación marroquí para controlar los flujos migratorios, combatir el terrorismo y proteger sus intereses económicos en el norte de África. Marruecos, por su parte, necesita preservar su asociación con España, uno de sus principales interlocutores europeos y uno de los países que más profundamente se ha implicado en su nueva estrategia diplomática.

La crisis ha demostrado que esa asociación es sólida, pero no inmune. Las acusaciones, la desclasificación de información de inteligencia y la utilización política de la inmigración han introducido un elemento de desconfianza que puede resultar difícil de gestionar. La diplomacia marroquí ha optado por responder con firmeza, pero sin cerrar la puerta al diálogo. Al recordar la arquitectura construida desde 2022, Rabat parece estar enviando a Madrid un mensaje doble: no acepta cargar con una responsabilidad que considera no demostrada, pero tampoco desea que una crisis fronteriza destruya una relación que considera estratégica.

La frontera de Ceuta seguirá siendo, por su propia naturaleza, un punto de fricción. Pero el comunicado de Rabat deja claro que el futuro de la relación hispano-marroquí no se decidirá únicamente en esa frontera. Se decidirá también en Madrid, en Rabat y en la capacidad de ambos Gobiernos para impedir que una crisis migratoria termine convirtiéndose en una crisis estratégica.

 

  

jueves, 10 de septiembre de 2026

Libia intenta cerrar quince años de guerra con una promesa de urnas


La firma en Trípoli de una hoja de ruta que prevé elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de 24 meses abre una nueva posibilidad para reunificar un país fracturado desde la caída de Muamar Gadafi. Pero el acuerdo, auspiciado por Naciones Unidas, debe todavía superar la rivalidad entre las autoridades del oeste y del este, el poder de las milicias, las ambiciones de los Haftar y la influencia de Turquía, Rusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. En el trasfondo se encuentra una riqueza energética extraordinaria —48.000 millones de barriles de petróleo y 53 billones de pies cúbicos de gas— cuya importancia aumenta ante la actual crisis energética provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

 

Buenos Aires - Libia vuelve a mirar hacia las urnas. Quince años después de la insurrección que acabó con el régimen de Muamar Gadafi y tras una sucesión casi ininterrumpida de gobiernos provisionales, guerras civiles, treguas incumplidas y elecciones frustradas, las principales fuerzas políticas y militares del país han dado un paso que, si logra sobrevivir a las profundas contradicciones libias, podría constituir el comienzo del final de una de las crisis más prolongadas de África.

El 30 de agosto, en Trípoli y bajo los auspicios de la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), representantes del oeste y del este del país firmaron un acuerdo destinado a modificar el marco electoral y crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales y legislativas dentro de un plazo máximo de 24 meses. El pacto fue alcanzado por el denominado encuentro reducido o “Small Convening”, integrado por representantes de las instituciones rivales y de las dos grandes estructuras de poder libias. Naciones Unidas lo considera un paso importante hacia la reunificación institucional y la celebración de comicios nacionales.

El acuerdo contempla la recomposición del órgano directivo de la Alta Comisión Electoral Nacional y la resolución de las cuestiones jurídicas y constitucionales que bloquearon las elecciones previstas para diciembre de 2021. Establece asimismo que las elecciones presidenciales y legislativas se celebren simultáneamente y bajo una autoridad ejecutiva unificada. El texto prevé, además, modificaciones destinadas a evitar algunos de los obstáculos que hicieron fracasar el proceso electoral anterior. Entre ellos figura la posibilidad de que militares y ciudadanos con doble nacionalidad puedan presentarse como candidatos, aunque quien resulte elegido y posea otra ciudadanía deberá renunciar a ella antes de asumir el cargo.

El significado político del acuerdo resulta difícil de exagerar, aunque tampoco conviene confundirlo con el nacimiento de un Estado nuevamente reunificado. El problema central de Libia continúa siendo precisamente que existen dos centros de poder que han construido durante años sus propios aparatos administrativos, financieros y militares. En Trípoli funciona el Gobierno de Unidad Nacional, dirigido por Abdul Hamid Dbeibah y reconocido internacionalmente, mientras en el este la Cámara de Representantes mantiene su alianza con el Ejército Nacional Libio del mariscal Jalifa Haftar. Ambas estructuras disponen de redes políticas, económicas y armadas propias y han contado con el respaldo de diferentes potencias extranjeras.

Para comprender la magnitud del desafío hay que regresar a 2011. La rebelión contra Gadafi, iniciada durante la denominada Primavera Árabe, se transformó rápidamente en una guerra civil. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó en marzo de aquel año la resolución 1973, que autorizó “todas las medidas necesarias” para proteger a la población civil y estableció una zona de exclusión aérea. La intervención de la OTAN terminó inclinando militarmente la balanza en favor de los insurgentes. Gadafi fue capturado y muerto en las proximidades de Sirte el 20 de octubre de 2011. Días después, Naciones Unidas puso fin formalmente al mandato que había permitido la campaña aérea aliada.

La caída del dictador, sin embargo, no produjo el Estado democrático y estable que muchos de sus protagonistas habían imaginado. El régimen había mantenido durante décadas un sistema político altamente personalista, en el que las instituciones estatales coexistían con estructuras tribales, redes de seguridad y mecanismos informales de distribución de poder. Una vez desaparecida la autoridad central, miles de combatientes que habían participado en la insurrección conservaron sus armas y sus propias áreas de influencia.

El vacío fue ocupado por milicias, ciudades rivales, grupos islamistas y redes tribales. La debilidad de las instituciones facilitó además la expansión del Estado Islámico, que llegó a controlar Sirte durante un periodo. Las elecciones y los intentos de construir nuevas instituciones no consiguieron superar la fragmentación. En 2014, el país quedó dividido entre gobiernos rivales en Trípoli y el este, mientras Haftar consolidaba progresivamente su poder militar.

La segunda guerra civil convirtió a Libia en un escenario de competencia internacional. Turquía se convirtió en el principal sostén del Gobierno instalado en Trípoli, proporcionando apoyo militar y enviando combatientes sirios aliados de Ankara. En el otro extremo, Haftar recibió respaldo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. La presencia del Grupo Wagner y posteriormente de estructuras vinculadas al Africa Corps ruso otorgó a Moscú una posición particularmente relevante en el este y el sur libios. La guerra dejó de ser, por tanto, únicamente una disputa interna: pasó a formar parte de la competición estratégica por el Mediterráneo, el norte de África, las rutas migratorias y los recursos energéticos.

La ofensiva de Haftar contra Trípoli, iniciada en 2019, agravó esa internacionalización. El riesgo de una guerra abierta entre las potencias que apoyaban a cada bando condujo finalmente a un alto el fuego en octubre de 2020. Fue un punto de inflexión decisivo. La violencia generalizada disminuyó, pero la paz militar no consiguió transformarse en una verdadera reunificación política.

El fracaso más significativo llegó en diciembre de 2021. Las elecciones presidenciales previstas no pudieron celebrarse. Las controversias sobre las candidaturas, las reglas electorales, el fundamento constitucional de los comicios y las condiciones para la participación de figuras militares impidieron la votación. Desde entonces, Libia permanece atrapada en una transición que parece no tener final.

La propia UNSMIL reconoce que las elecciones de 2021 constituyen una de las principales lecciones del actual proceso. La hoja de ruta presentada por su representante especial, Hanna Tetteh, propone avanzar de manera secuencial: primero reformar el marco electoral y fortalecer la comisión encargada de organizar los comicios; después establecer un Gobierno unificado capaz de administrar el país; y finalmente celebrar elecciones nacionales.

Durante 2025 y 2026 se multiplicaron las iniciativas para romper el bloqueo. La Carta de Reconciliación Libia, promovida por la Unión Africana, obtuvo nuevos apoyos y en enero de 2026 fue respaldada formalmente por Mohamed al-Menfi, presidente del Consejo Presidencial. En abril se alcanzó además, con mediación estadounidense, un acuerdo sobre un presupuesto nacional unificado, considerado particularmente significativo porque las instituciones rivales no habían logrado durante más de una década acordar un marco común de gasto público.

Estados Unidos ha incrementado paralelamente su implicación diplomática. Su enviado para África, Massad Boulos, ha mantenido contactos con los principales protagonistas libios y ha explorado fórmulas para una redistribución del poder. Washington tiene razones que exceden ampliamente la preocupación por la democratización de Libia: la posición geográfica del país, sus hidrocarburos, la seguridad del Mediterráneo, la lucha contra el terrorismo y la creciente competencia con Rusia constituyen intereses estratégicos de primer orden.

En este contexto debe interpretarse también la muerte de Saif al Islam Gadafi, hijo y antiguo heredero político de Muamar Gadafi. El 3 de febrero de 2026 fue asesinado a tiros en las proximidades de Zintan por varios hombres armados. Las autoridades libias emitieron posteriormente órdenes de arresto contra tres sospechosos, aunque no se estableció públicamente una autoría política definitiva.

La desaparición de Saif tuvo una evidente dimensión política. Había reaparecido en la escena pública como representante de una corriente gadafista que conservaba respaldo en determinados sectores tribales y sociales. En 2021 había intentado presentarse a las elecciones presidenciales que finalmente nunca se celebraron. Su muerte eliminó del tablero a una figura capaz, al menos potencialmente, de introducir un tercer polo en una disputa que progresivamente se había reducido a la competencia entre las estructuras de Dbeibah y Haftar.

El documento de análisis aportado plantea que las circunstancias de su asesinato podrían apuntar a una operación políticamente motivada. Sin embargo, esa interpretación no ha sido demostrada y debe permanecer en el terreno de las hipótesis. Lo comprobado es que el asesinato se produjo en un momento de intensa negociación sobre la futura arquitectura política libia y que las autoridades todavía no han esclarecido públicamente quién ordenó la operación.

La dimensión energética explica, en buena medida, por qué Libia vuelve a ocupar un lugar destacado en las agendas internacionales. El país posee las mayores reservas probadas de petróleo de África: alrededor de 48.000 millones de barriles, equivalentes a aproximadamente el 41% de las reservas africanas y al 3% de las reservas mundiales. Además, dispone de unos 53 billones de pies cúbicos de reservas probadas de gas natural, una de las mayores dotaciones del continente.

Es una riqueza extraordinaria para un país de apenas siete millones de habitantes, pero también una de las principales causas de su fragilidad. El petróleo financia prácticamente toda la economía estatal y el control de los yacimientos, oleoductos, puertos y terminales de exportación proporciona un instrumento decisivo de poder político. Los bloqueos de instalaciones petroleras han sido utilizados repetidamente como mecanismo de presión por actores locales.

Europa observa especialmente el sector gasístico. El gasoducto GreenStream conecta la costa libia con Italia y constituye la principal vía de exportación de gas libio hacia Europa. La italiana Eni mantiene una posición central en el sector y en junio de 2026 anunció el inicio del proyecto de compresión de Sabratha, destinado a sostener la producción del campo Bahr Essalam y añadir aproximadamente 800 millones de metros cúbicos anuales de gas.

La importancia de estos recursos se ha multiplicado por la actual guerra entre Estados Unidos e Irán. La prolongada crisis en torno al estrecho de Ormuz ha reducido drásticamente las exportaciones energéticas procedentes de Oriente Próximo y ha provocado un fuerte aumento de los precios del gas en Europa cuando se aproxima el invierno. Reuters informaba esta semana de que el cierre prolongado de Ormuz había provocado una caída del 85% de las exportaciones de gas natural licuado de Oriente Próximo, mientras los precios europeos superaban los 75 euros por megavatio hora.

En ese escenario, Libia aparece como algo más que un productor africano de hidrocarburos. Su proximidad geográfica a Europa, su capacidad potencial para incrementar la producción de petróleo y gas y su conexión directa con Italia convierten la estabilidad libia en una cuestión de seguridad energética europea. Para Washington, además, la consolidación de instituciones libias capaces de garantizar la producción energética, combatir el terrorismo y limitar la penetración rusa ofrece una oportunidad estratégica en el Mediterráneo.

Pero la firma del 30 de agosto no garantiza todavía unas elecciones. El Alto Consejo de Estado no participó formalmente en la ceremonia y algunas fuerzas políticas han cuestionado el procedimiento. El Parlamento tampoco ha ratificado todavía plenamente el acuerdo. Naciones Unidas ha advertido que el éxito dependerá de que todas las instituciones acepten las disposiciones pactadas y permitan su aplicación efectiva.

Libia se encuentra, por tanto, ante una paradoja. Nunca desde 2011 había existido una combinación tan clara de intereses internos y externos favorable a una reunificación: los libios reclaman instituciones legítimas, Europa necesita seguridad energética y control migratorio, Estados Unidos busca estabilidad y limita el espacio estratégico ruso, mientras Naciones Unidas intenta recuperar la autoridad de un proceso político que lleva años bloqueado.

Sin embargo, la misma riqueza que puede financiar la reconstrucción continúa siendo el premio que alimenta la competencia por el poder. Las elecciones sólo serán verdaderamente transformadoras si consiguen trasladar la disputa libia desde las armas, las milicias y el reparto informal de los recursos hacia instituciones aceptadas por todos. El acuerdo de Trípoli ofrece por primera vez en mucho tiempo un calendario. Lo que todavía no ofrece es la certeza de que quienes han vivido de la división estén dispuestos a aceptar las consecuencias de la unidad.

Quince años después de la muerte de Gadafi, Libia no necesita únicamente votar. Necesita que el resultado de las urnas tenga detrás un Estado capaz de hacerlo respetar.

 


martes, 8 de septiembre de 2026

El mapa europeo que Marruecos está dibujando alrededor del Sáhara


 

Grecia y Dinamarca han dado un nuevo impulso europeo al Plan de Autonomía marroquí para el Sáhara. Atenas considera la propuesta una contribución “seria y creíble” y una de las soluciones más viables, mientras Copenhague la define como una base sólida para un acuerdo político. Detrás de estos pronunciamientos hay algo más que un cambio de lenguaje diplomático: el resultado de años de construcción de alianzas por parte de Marruecos, una estrategia impulsada por el rey Mohammed VI que ha convertido la cuestión del Sáhara en el eje de una red de relaciones políticas, económicas y estratégicas que trasciende el Magreb.

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Buenos Aires - La diplomacia marroquí ha obtenido en los últimos años una sucesión de apoyos europeos que hace tiempo parecían improbables. El movimiento más reciente procede de Grecia. El 7 de septiembre, durante la visita a Atenas del ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, su homólogo griego, George Gerapetritis, afirmó que la propuesta de autonomía constituye una “contribución seria y creíble” al proceso auspiciado por Naciones Unidas y que “podría constituir la solución más viable” para resolver el conflicto. Atenas añadió que respalda las negociaciones dirigidas por el enviado personal del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, sobre la base de la iniciativa marroquí.

La importancia del pronunciamiento griego no reside únicamente en sus palabras. Grecia es miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante 2025 y 2026 y volverá a presidir el órgano en octubre. El propio Gerapetritis destacó que su país participó en la elaboración de la resolución 2797, aprobada en octubre de 2025, y que contribuirá nuevamente a la próxima discusión sobre la renovación del mandato de la MINURSO. En otras palabras, el respaldo griego no procede de un observador distante, sino de un país que ocupa una posición institucional particularmente relevante en el momento en que Naciones Unidas intenta encauzar una solución política.

Grecia y Marruecos han encontrado, además, un terreno común que va mucho más allá del Sáhara. Ambos países se presentan como actores mediterráneos enfrentados a desafíos compartidos: seguridad marítima, migración, terrorismo, energía y estabilidad del norte de África. Atenas considera a Marruecos un “pilar de estabilidad” regional y ve al reino como una puerta de entrada a los mercados del África subsahariana. Las dos partes han identificado posibilidades de cooperación en infraestructuras, energía verde, gestión del agua, actividad portuaria, transporte marítimo y agroalimentación. El Mundial de fútbol de 2030, que Marruecos organizará, conjuntamente con España y Portugal, aparece también como una oportunidad para ampliar la cooperación económica.

La dimensión económica ayuda a comprender por qué la relación ha adquirido una importancia creciente. La diplomacia griega reconoce que sus exportaciones a Marruecos siguen concentradas en buena medida en productos petrolíferos, pero considera que existe un amplio margen para diversificar el intercambio. La próxima octava sesión de la Comisión Interministerial Mixta pretende precisamente convertir esa convergencia política en nuevos proyectos empresariales.

El caso danés es igualmente significativo, aunque tiene una trayectoria algo diferente. Copenhague había expresado ya en 2024 que consideraba el Plan de Autonomía presentado por Marruecos en 2007 una contribución “seria y creíble” al proceso de Naciones Unidas y una buena base para alcanzar una solución acordada entre las partes. En septiembre de 2026, el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, renovó esa posición y volvió a calificar la propuesta marroquí de creíble y de fundamento adecuado para una solución política consensuada.

También en este caso la coyuntura multiplica el valor político del respaldo. Dinamarca forma parte actualmente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y su posición coincide con la creciente importancia que varios países europeos conceden al Plan de Autonomía dentro del proceso diplomático. Copenhague no plantea su respaldo como una ruptura con Naciones Unidas, sino precisamente como una forma de contribuir a un proceso político negociado bajo sus auspicios. Esta diferencia resulta esencial: el avance marroquí en Europa no se basa exclusivamente en reconocimientos formales de soberanía, sino en conseguir que cada vez más Gobiernos consideren su propuesta el marco más realista para alcanzar una solución.

La relación entre Dinamarca y Marruecos tampoco se limita a la cuestión territorial. Empresas danesas como Maersk, Vestas, DSV, Novo Nordisk y FLSmidth mantienen actividades en el mercado marroquí. Maersk, además, tiene una posición destacada en Tánger Med, uno de los grandes centros portuarios del Mediterráneo y una infraestructura decisiva para la estrategia económica marroquí. El intercambio comercial, aunque todavía modesto, muestra también una tendencia de crecimiento: Dinamarca exportó a Marruecos bienes por unos 892 millones de coronas danesas en 2023 e importó productos marroquíes por unos 593 millones.

El significado político de Grecia y Dinamarca se comprende mejor al observar el contexto europeo. El respaldo marroquí ha dejado de ser una cuestión limitada a los tradicionales aliados mediterráneos. Francia constituye el caso más evidente tras su reconocimiento de que el presente y el futuro del Sáhara se inscriben dentro de la soberanía marroquí. España ha situado también el Plan de Autonomía como la base más seria, realista y creíble para resolver el conflicto. Alemania, Países Bajos, Portugal y otros Estados europeos han ido aproximándose, con diferentes fórmulas y grados de intensidad, a la posición marroquí.

La estrategia de Rabat ha consistido en transformar progresivamente la cuestión del Sáhara de un asunto territorial aislado en una pieza de una relación mucho más amplia con cada socio. Seguridad, lucha contra el terrorismo, control migratorio, inversiones, energía, comercio, infraestructuras, cooperación africana y estabilidad mediterránea forman parte del mismo entramado. El resultado es que los Gobiernos europeos ya no contemplan sus vínculos con Marruecos únicamente a través del prisma del conflicto sahariano. El Sáhara está integrado en una relación estratégica mucho más extensa.

Es precisamente aquí donde aparece la dimensión personal de la estrategia impulsada por Mohammed VI. Desde su llegada al trono en 1999, el monarca ha promovido una política exterior que ha buscado diversificar las alianzas de Marruecos, reducir su dependencia de cualquier socio individual y convertir al país en un interlocutor imprescindible para Europa, África, Estados Unidos y las monarquías árabes. El documento de referencia destaca precisamente que Marruecos ha fortalecido su posición mediante una diplomacia activa, alianzas estratégicas, estabilidad política e inversiones en las provincias del sur, mientras su iniciativa de autonomía es percibida por un número creciente de países como seria, creíble y pragmática.

La dimensión africana es igualmente importante. Rabat regresó a la Unión Africana en 2017 después de más de tres décadas de ausencia y desde entonces ha desplegado una intensa diplomacia económica y política en el continente. Bancos, compañías de telecomunicaciones, aseguradoras, empresas de construcción y proyectos de infraestructuras han convertido a Marruecos en un socio relevante para numerosos países subsaharianos. Esa presencia económica se ha transformado progresivamente en capital diplomático. El apoyo de países africanos a la posición marroquí no aparece así como un fenómeno exclusivamente ideológico, sino también como el resultado de una red creciente de intereses compartidos.

A ello se suma la relación privilegiada con Estados Unidos. El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara en 2020 modificó sustancialmente el equilibrio diplomático. La posterior profundización de los vínculos con Washington, junto con la relación estratégica establecida con Israel, proporcionó a Rabat un nuevo margen de maniobra internacional. La resolución 2797 del Consejo de Seguridad de 2025 añadió otro elemento decisivo al situar la autonomía bajo soberanía marroquí en el centro de las negociaciones impulsadas por Naciones Unidas.

El resultado no equivale, sin embargo, a que el conflicto esté resuelto. Tampoco significa que todos los Gobiernos europeos reconozcan formalmente la soberanía marroquí sobre el territorio. La posición europea continúa teniendo matices y sigue vinculada al proceso de Naciones Unidas. Grecia, por ejemplo, insiste en una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable” y en la actuación del enviado personal del secretario general. Dinamarca mantiene igualmente el lenguaje de una solución política consensuada.

Pero precisamente ese desplazamiento del lenguaje diplomático constituye uno de los mayores éxitos de Rabat. El debate internacional ha ido pasando de preguntarse únicamente qué alternativas existen a considerar cada vez con mayor frecuencia si la autonomía constituye el marco más realista para alcanzar un acuerdo. Para Marruecos, la batalla diplomática consiste en modificar el centro de gravedad de la discusión hasta hacer que la propuesta de 2007 deje de aparecer como una iniciativa unilateral y se convierta en la referencia inevitable de cualquier negociación.

Grecia y Dinamarca son, en este sentido, dos piezas especialmente reveladoras. Una potencia mediterránea con creciente proyección hacia el norte de África y un país nórdico con una tradicional política exterior multilateral convergen en una misma conclusión: el Plan de Autonomía es una propuesta seria y creíble que puede servir de base para una solución política.

El avance no se explica por una ofensiva diplomática circunstancial. Es la consecuencia de una estrategia de largo plazo. Mohammed VI ha construido para Marruecos una red de alianzas en la que cada vínculo refuerza a los demás. Europa necesita a Marruecos para gestionar migraciones y seguridad; África lo considera un socio económico y una puerta hacia los mercados europeos; Estados Unidos lo contempla como un aliado estratégico en el Mediterráneo y África; y las nuevas cadenas energéticas y logísticas aumentan el valor geopolítico del reino.

En ese entramado, el Sáhara ocupa el centro, pero ya no está solo. Es el punto de convergencia de una política exterior mucho más amplia. Y la sucesión de respaldos europeos, desde París y Madrid hasta Copenhague y Atenas, muestra hasta qué punto Rabat ha conseguido convertir una cuestión territorial en una prueba de la utilidad estratégica de Marruecos para sus socios. La diplomacia de Mohammed VI parece haber entendido una regla elemental de la política internacional: los países rara vez cambian de posición por un argumento aislado; lo hacen cuando descubren que sus intereses nacionales empiezan a coincidir con la posición de su interlocutor.

 

El día en que la AfD dejó de ser solo un partido de protesta


 

La victoria de Alternativa para Alemania, con el 43,8% de los votos, no se explica únicamente por la inmigración ni por el malestar económico. Ulrich Siegmund consiguió convertir una elección regional en un plebiscito sobre Friedrich Merz, movilizar a antiguos abstencionistas y presentar a la extrema derecha como una fuerza capaz de gobernar sin renunciar a sus posiciones esenciales. El resultado abre una nueva etapa para Alemania y ofrece un inquietante precedente para la extrema derecha europea.

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Buenos Aires - Hay elecciones que cambian gobiernos y otras que cambian el clima político de un país. La celebrada el domingo en Sajonia-Anhalt pertenece a la segunda categoría. Alternativa para Alemania (AfD) obtuvo el 43,8% de los votos, 20 puntos más que en 2021, y se quedó a solo tres escaños de la mayoría absoluta. La CDU del canciller Friedrich Merz, que gobierna el Estado desde 2002, cayó hasta el 17,2%, aproximadamente la mitad de su anterior respaldo. La participación alcanzó el 76,5%, un dato particularmente revelador: la AfD no se limitó a recibir votos de otros partidos, sino que consiguió llevar a las urnas a ciudadanos que habitualmente no participaban.

El resultado constituye la mayor victoria electoral de la derecha radical alemana desde la Segunda Guerra Mundial. Pero su importancia no reside solamente en la magnitud del porcentaje. Por primera vez, una formación de extrema derecha se encuentra realmente a las puertas de gobernar un Estado federado alemán. El cordón sanitario que durante años mantuvo a la AfD fuera de los ejecutivos sigue vigente, pero su eficacia política ha quedado seriamente cuestionada. La cuestión ya no es si el partido puede ganar elecciones. Ha demostrado que puede hacerlo. La pregunta es si los demás partidos podrán seguir impidiendo que una fuerza que concentra casi la mitad de los votos gobierne.

El documento de análisis electoral elaborado antes de los comicios ya advertía que el resultado debía entenderse como la convergencia de varios factores: descontento con el Gobierno federal, debilitamiento de la CDU, preocupación por la inmigración, problemas económicos estructurales de la antigua Alemania Oriental y una campaña destinada a presentar a la AfD como una alternativa de gobierno y no solamente como una fuerza de protesta.

Un referéndum sobre Merz

La elección era regional, pero terminó funcionando como un referéndum sobre Berlín. Friedrich Merz pretendía recuperar para la CDU parte del electorado que había emigrado hacia la AfD mediante un discurso conservador más duro. El resultado sugiere que la estrategia ha fracasado, al menos en Sajonia-Anhalt. Los votantes que consideraban insuficientemente conservadora a la CDU encontraron una alternativa más contundente, mientras que aquellos que podían haber respaldado al centro-derecha no necesariamente se sintieron atraídos por su endurecimiento.

Siegmund no ocultó la dimensión nacional de la elección. Después de conocer el resultado afirmó que el triunfo constituía una señal para Berlín. Más revelador todavía fue su comentario durante la campaña: el propio Merz había sido, en su opinión, uno de los mejores propagandistas de la AfD. La impopularidad del canciller fue excepcionalmente elevada en el Estado; según una encuesta reciente, solamente el 9% de los electores se declaraba satisfecho con su política.

De este modo, AfD consiguió transformar una elección sobre carreteras, escuelas, empleo o administración regional en un juicio sobre la dirección de Alemania. El voto local adquirió una dimensión nacional y permitió canalizar hacia una sola papeleta un malestar mucho más amplio.

El territorio donde el progreso tarda en llegar

Sajonia-Anhalt ofrece un terreno particularmente fértil para esa estrategia. La reunificación transformó profundamente el territorio, pero no eliminó las diferencias de ingresos, productividad, estructura industrial y oportunidades laborales con los Estados occidentales. Más que una pobreza absoluta, existe una percepción persistente de atraso relativo y de que la prosperidad alemana se distribuye de manera desigual.

Los datos recientes permiten entender esa sensación. En 2025, el PIB del Estado cayó un 0,2% en términos reales, frente a un crecimiento del 0,2% en el conjunto de Alemania. El retroceso fue especialmente significativo en la industria manufacturera, con una caída real del 1,8%.

El mercado laboral tampoco ayuda a construir una sensación de seguridad. En agosto de 2026, la tasa de desempleo alcanzó el 8,2%, frente al 6,5% nacional, y 90.709 personas estaban registradas como desempleadas. La propia Agencia Federal de Empleo advertía de la debilidad coyuntural y señalaba que los trabajadores de origen extranjero contribuían de manera creciente a compensar el declive demográfico.

La inflación constituye otro componente de la frustración cotidiana. En agosto los precios aumentaron un 3,2% interanual, después del 2,7% de julio, con un incremento particularmente fuerte de la energía, cuyos precios crecieron un 11,7%. El comercio minorista, además, registró en el primer semestre de 2026 una caída real del 2,4%.

Y la pobreza relativa sigue siendo considerablemente superior a la media nacional. En 2025, el 21,3% de los habitantes se encontraba en riesgo de pobreza y el 24,1% estaba expuesto a riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 21,2% en Alemania.

Sobre este paisaje económico se superpone una memoria política particular. Una parte de la población de la antigua Alemania Oriental conserva la sensación de que la reunificación significó incorporarse a un sistema diseñado desde el Oeste. La AfD ha convertido esa memoria en un instrumento político: habla de abandono, de élites alejadas de las provincias y de una Alemania oriental que habría pagado un precio excesivo por transformaciones decididas en Berlín.

El efecto Siegmund

En ese contexto aparece Ulrich Siegmund, de 35 años, un político muy distinto de la imagen tradicional del dirigente de extrema derecha. Nacido en Havelberg en 1990, estudió psicología económica y administración de empresas, trabajó en el sector privado y es diputado regional desde 2016.

Su principal activo electoral no es tanto la radicalidad de sus posiciones como su capacidad para hacerlas digeribles. Siegmund habla con un tono afable, utiliza un lenguaje cotidiano y cultiva deliberadamente una imagen de político próximo al ciudadano. Durante la campaña recurrió incluso a símbolos de la Alemania Oriental, entre ellos los populares ciclomotores Simson, para construir una relación emocional con un electorado que se siente poco representado por las élites nacionales.

La estrategia contiene una paradoja fundamental. Siegmund ha moderado la forma de comunicación de la AfD mucho más que su contenido esencial. Su campaña proyectó una formación amable, racional y pragmática, pero el programa mantiene posiciones radicales en inmigración, energía, educación y política exterior. El ZDF resumió esa contradicción señalando que el tono de Siegmund era amistoso mientras el programa aprobado por la formación conservaba propuestas profundamente radicales.

Su programa contempla deportaciones inmediatas de personas sin residencia legal, centros adicionales para expulsiones, clases separadas para determinados hijos de refugiados y programas obligatorios de trabajo para solicitantes de asilo. También plantea reducir el peso de la radiotelevisión pública, eliminar determinados programas de financiación política y modificar profundamente la política energética.

En energía, la AfD propone detener la expansión de la energía eólica, terminar con determinadas subvenciones a las renovables y recuperar los vínculos energéticos con Rusia, incluida la reapertura de Nord Stream. En materia fiscal promete reducir impuestos y burocracia y limitar el crecimiento del Estado.

La inmigración continúa siendo, sin embargo, el núcleo identitario del proyecto. La AfD defiende una política de fuerte restricción de la entrada, deportaciones y “remigración”. El partido cuestiona asimismo la política climática, se opone a buena parte de las políticas de género y mantiene una posición favorable a restablecer relaciones más estrechas con Rusia.

De la protesta a la adhesión

Quizá la clave más importante del resultado esté en lo que ocurrió fuera de los circuitos tradicionales de transferencia de votos. La AfD no solamente recibió antiguos electores de la CDU. Una parte sustancial de su crecimiento procedió de antiguos abstencionistas. La participación extraordinariamente elevada convirtió el descontento latente en participación efectiva.

Ese fenómeno explica por qué sería insuficiente interpretar el resultado como una protesta pasajera. La AfD consiguió reunir tres electorados que hasta ahora habían tenido comportamientos diferentes: quienes querían castigar al Gobierno, quienes comparten su ideología nacionalista y antiinmigración y quienes, sin identificarse necesariamente con todo el programa, creen que el partido ofrece una alternativa más eficaz que unas formaciones tradicionales debilitadas.

La transformación es políticamente decisiva. Un partido de protesta necesita que exista un adversario contra el cual votar. Un partido que se convierte en alternativa necesita convencer al elector de que puede gobernar. En Sajonia-Anhalt, la AfD ha dado un paso importante hacia esa segunda condición.

Una señal que atraviesa Alemania

La victoria tampoco garantiza que Siegmund vaya a ocupar la jefatura del Gobierno regional. La AfD tiene 39 de los 83 escaños y necesita apoyos. El BSW, con cinco diputados, puede resultar decisivo, aunque los partidos tradicionales mantienen formalmente el rechazo a cualquier coalición con la extrema derecha.

Pero incluso si Siegmund no logra gobernar, el efecto político ya se ha producido. La barrera psicológica ha sido superada. El electorado ha demostrado que está dispuesto a entregar casi la mitad de los votos de un Estado federado a una formación que durante décadas estuvo confinada al margen del sistema político. El propio análisis electoral del documento de referencia concluye que el problema de la AfD ha dejado de ser exclusivamente electoral y se ha convertido en un problema de gobernabilidad para Alemania.

El laboratorio europeo

La repercusión de Sajonia-Anhalt puede ser mayor fuera de sus fronteras. La lección que observarán Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni y Roberto Vannacci en Italia, Nigel Farage en Reino Unido o Vox en España no será solamente que el malestar favorece a la extrema derecha. Será que una formación radical puede ampliar su electorado cuando consigue presentar un rostro más convencional sin abandonar las posiciones que constituyen su identidad.

Ese es probablemente el elemento más exportable de la experiencia de Siegmund: moderar el personaje, no necesariamente el programa; transformar una elección sobre problemas concretos en un plebiscito sobre el Gobierno nacional; y convertir a los abstencionistas en una reserva electoral.

El resultado alemán no permite afirmar que la extrema derecha vaya a ganar inevitablemente las próximas elecciones europeas. Italia demuestra que puede alcanzar el poder y estabilizarse, mientras Países Bajos muestra que también puede fracasar en el Gobierno. Francia, con Marine Le Pen al frente de los sondeos, será probablemente la prueba decisiva. Pero Sajonia-Anhalt ha proporcionado a los partidos radicales europeos algo más valioso que una victoria: un método.

La AfD ha descubierto que puede dejar de pedir al elector que proteste y empezar a pedirle que confíe. Esa diferencia, mucho más profunda que un porcentaje electoral, es la verdadera noticia llegada el domingo desde Magdeburgo.

 

jueves, 3 de septiembre de 2026

China pone sus ojos en el Canal de Suez



La primera visita de Xi Jinping a Egipto en una década, coincidente con los 70 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, va mucho más allá de la celebración de una antigua amistad. China busca convertir a Egipto en una plataforma económica, tecnológica y diplomática hacia el mundo árabe y África, mientras El Cairo intenta diversificar sus alianzas sin romper con Washington. El Canal de Suez, la energía, las nuevas tecnologías y la cooperación militar sitúan el encuentro en el centro de la nueva disputa por la influencia en Oriente Medio.

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El Cairo ha recibido a Xi Jinping con banderas chinas, ceremonias militares y una escenografía destinada a recordar que la relación entre China y Egipto tiene una historia más profunda que la actual rivalidad entre Pekín y Washington. Pero detrás de los gestos protocolares existe una realidad mucho más contemporánea: China está tratando de convertir su creciente presencia económica en influencia estratégica, y Egipto pretende aprovechar esa competencia para ampliar su margen de maniobra internacional.

La visita de Xi, la primera a Egipto desde 2016, realizada en el 70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, llega además en un momento excepcionalmente delicado para Oriente Medio. La guerra entre Estados Unidos e Irán, las consecuencias del conflicto de Gaza, las incertidumbres sobre las rutas energéticas y una percepción creciente de que el orden regional está cambiando han creado un escenario favorable para que Pekín se presente como una potencia capaz de ofrecer alternativas a la tradicional arquitectura de seguridad dominada por Washington.

Egipto ocupa una posición privilegiada en esa estrategia. Es el país árabe más poblado, controla el Canal de Suez, posee una influencia política considerable en el mundo árabe y mantiene vínculos históricos con África. Para China, El Cairo es simultáneamente mercado, plataforma industrial, corredor logístico y puerta de entrada a dos regiones consideradas prioritarias por Pekín.

Una relación que dejó de ser simbólica

Egipto fue el primer Estado árabe y africano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, en 1956. La relación adquirió una nueva dimensión en 2014, cuando ambos Gobiernos la elevaron a la categoría de asociación estratégica integral. Desde entonces, la cooperación se ha extendido desde la diplomacia y las infraestructuras hasta la energía, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, el espacio, la industria y la defensa.

El resultado es visible en el paisaje de El Cairo. Empresas chinas han construido el distrito central de negocios de la Nueva Capital Administrativa, incluida la Iconic Tower, de casi 386 metros, y han participado en el ferrocarril eléctrico que conecta El Cairo con las nuevas ciudades del este. Cerca del Canal de Suez, la zona industrial chino-egipcia de Ain Sokhna se ha convertido en uno de los principales símbolos de la penetración económica china.

El comercio bilateral se aproximó a los 21.000 millones de dólares en 2025, según las autoridades egipcias, aunque la relación presenta un desequilibrio considerable. En los primeros seis meses de 2026 Egipto exportó a China unos 841 millones de dólares, mientras sus importaciones alcanzaron los 10.400 millones. La maquinaria, los equipos eléctricos, los vehículos, el acero, los plásticos y los productos químicos dominan las compras egipcias. China, por tanto, no solo vende a Egipto: aspira a producir dentro de Egipto y utilizar el país como plataforma de exportación hacia África y otros mercados.

Ese es precisamente el siguiente capítulo de la relación. El Gobierno de Abdel Fattah Al Sisi quiere que la inversión china deje de estar concentrada en grandes obras de infraestructura y genere mayor transferencia tecnológica, fabricación local y empleo. Vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, inteligencia artificial, telecomunicaciones, manufactura avanzada y construcción naval aparecen entre las áreas que El Cairo pretende desarrollar con capital y tecnología chinos.

La propia presidencia egipcia ha señalado que la localización industrial y la transferencia tecnológica constituyen prioridades de la nueva etapa.

El Canal de Suez, la verdadera joya estratégica

Para Pekín, sin embargo, ninguna infraestructura egipcia posee tanta importancia como el Canal de Suez, especialmente después de haber perdido parte de sus intereses en otro emplazamiento estratégico: el Canal de Panamá.

China es una potencia comercial cuya economía depende de la seguridad de las rutas marítimas que conectan Asia con Europa. El canal constituye uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio mundial y permite evitar la larga circunnavegación de África. La guerra y las interrupciones en otras rutas han aumentado todavía más su valor estratégico.

Egipto controla además el oleoducto SUMED, que conecta el mar Rojo con el Mediterráneo. La Administración de Información Energética de Estados Unidos considera tanto al canal como al SUMED infraestructuras fundamentales para los mercados energéticos internacionales.

La ecuación es especialmente significativa para China porque las crisis del estrecho de Ormuz y del mar Rojo han demostrado hasta qué punto las cadenas de suministro pueden quedar expuestas a conflictos regionales. Tener una relación privilegiada con el Estado que controla Suez permite a Pekín reducir riesgos comerciales y, al mismo tiempo, aumentar su capacidad de influencia sobre una de las principales arterias del comercio entre Asia y Europa.

Por eso la relación chino-egipcia no puede entenderse simplemente como una asociación entre un país industrial y otro necesitado de inversiones. Para Pekín, Egipto forma parte de una geografía mucho mayor: es el punto donde confluyen Asia, Europa, África y Oriente Medio.

Petróleo y gas: menos reservas, más importancia estratégica

El interés energético chino por Egipto también existe, aunque conviene evitar una interpretación simplista. Egipto no posee las gigantescas reservas petroleras de Arabia Saudí, Irak o Irán, ni sus reservas gasíferas convierten al país en una superpotencia energética mundial. Su importancia reside en la combinación entre recursos, infraestructura y posición geográfica.

El descubrimiento de Zohr transformó a Egipto en un actor central del gas del Mediterráneo oriental. El país dispone además de instalaciones de gas natural licuado en Idku y Damietta y es el único Estado del Mediterráneo oriental con capacidad operativa de exportación de GNL. Esto permite a Egipto recibir gas de otros productores regionales, procesarlo y eventualmente enviarlo a los mercados internacionales.

La paradoja es que Egipto atraviesa simultáneamente una crisis de producción interna. El crecimiento de la demanda eléctrica y el declive de algunos campos han obligado al país a importar GNL pese a sus ambiciones de convertirse nuevamente en un centro regional de exportación. Los recientes descubrimientos de gas, entre ellos Denise West, ofrecen una perspectiva favorable, pero los especialistas advierten que no serán suficientes por sí solos para transformar inmediatamente el balance energético egipcio.

Para China, por tanto, la importancia energética de Egipto no se limita a comprar petróleo o gas egipcio. Lo verdaderamente valioso es su posición como plataforma energética del Mediterráneo oriental, capaz de conectar potencialmente los recursos de Egipto, Israel y Chipre con los mercados internacionales. Es una lógica similar a la que Pekín aplica a Suez: controlar o asociarse con nodos estratégicos puede ser más importante que poseer directamente grandes reservas.

Los aviones que inquietan a Washington

La dimensión militar constituye quizá el aspecto más novedoso de la relación.

Egipto continúa siendo uno de los principales receptores de asistencia militar estadounidense y durante décadas ha considerado a Washington su socio fundamental en materia de seguridad. La ayuda militar estadounidense ronda los 1.300 millones de dólares anuales y las Fuerzas Armadas egipcias utilizan una mezcla de equipamiento estadounidense, francés y de otros proveedores occidentales.

Pero El Cairo ha comenzado a diversificar deliberadamente sus opciones. En agosto, aviones de combate chinos J-16 realizaron maniobras con Rafale franceses de la Fuerza Aérea egipcia en el ejercicio Eagles of Civilization. Las maniobras incluyeron entrenamiento de combate aéreo, superioridad aérea, búsqueda y rescate y despliegue conjunto. Es un salto cualitativo respecto de la cooperación militar meramente simbólica.

Para Pekín, estas maniobras tienen un valor que excede la relación bilateral. Permiten demostrar que la Fuerza Aérea china puede operar lejos de su territorio y familiarizarse con sistemas occidentales de primera línea. Para Egipto, representan una señal inequívoca de que no desea depender de un único proveedor estratégico.

Ayman Zaineldine, antiguo diplomático egipcio, resumió la lógica de El Cairo al señalar que Egipto busca ampliar sus relaciones con las grandes potencias y que esa política coincide con el objetivo chino de aumentar su presencia internacional.

El delicado juego con Estados Unidos

La cuestión central para Washington no es que Egipto vaya a convertirse mañana en un aliado chino. No parece ser ese el objetivo de El Cairo. La estrategia de Al Sisi es más sofisticada: mantener a Estados Unidos como garante fundamental de la seguridad mientras utiliza a China, Rusia, Europa y los países del Golfo para ampliar sus alternativas económicas y diplomáticas.

Es una política de equilibrio.

Egipto necesita a Estados Unidos por razones militares, financieras y diplomáticas. Washington, por su parte, necesita a Egipto por el Canal de Suez, por su peso en el mundo árabe, por su papel en Gaza y por su capacidad de interlocución con actores regionales.

Pero esa dependencia ya no es absoluta. El crecimiento chino ofrece a Al Sisi una alternativa económica y tecnológica, mientras que la creciente cooperación militar demuestra que Pekín puede convertirse gradualmente en un proveedor adicional de capacidades estratégicas.

La cuestión tecnológica puede ser todavía más sensible. China busca ampliar su presencia en inteligencia artificial y telecomunicaciones en Egipto, incluido un proyecto de gran centro de datos de Huawei. Egipto es especialmente atractivo porque por su territorio pasan cables submarinos que conectan Europa, Asia y Oriente Medio. Washington observa con preocupación que infraestructuras digitales críticas puedan quedar vinculadas a empresas chinas.

Una nueva pieza en el tablero de Oriente Medio

La visita de Xi no altera por sí sola el equilibrio de poder regional, pero sí confirma una tendencia: Oriente Medio está dejando de ser un espacio donde la influencia estadounidense pueda darse por descontada.

Pekín no parece dispuesto a sustituir militarmente a Washington. Su modelo es diferente. China ofrece comercio, infraestructura, tecnología, financiación y, cada vez más, cooperación diplomática y militar. Su intervención en la reconciliación entre Arabia Saudí e Irán ya había mostrado que pretende desempeñar un papel político mayor.

Ahora Xi propone incluso una arquitectura regional de seguridad menos dependiente de potencias externas, en un discurso que encaja con la defensa china de un mundo multipolar.

Egipto es una pieza particularmente adecuada para esa estrategia. No es un Estado subordinado a Pekín, ni pretende abandonar a Estados Unidos. Precisamente por eso resulta útil: su acercamiento a China demuestra que un aliado histórico de Washington puede ampliar sus vínculos sin romper con Occidente.

La visita de Xi debe interpretarse, por tanto, como una operación de largo alcance. China no busca solamente vender trenes, construir edificios o invertir en fábricas egipcias. Busca consolidar una posición alrededor de los corredores por los que circulan mercancías, energía, datos e influencia política.

Y Egipto sabe que su valor estratégico acaba de aumentar. En un Oriente Medio atravesado por guerras, sanciones y alianzas cambiantes, el país que controla Suez, influye sobre Gaza y mantiene abiertas sus relaciones con Washington, Pekín, Moscú, Europa y las monarquías del Golfo posee algo que escasea cada vez más: capacidad de maniobra.

La fotografía de Xi y Al Sisi en El Cairo representa, en ese sentido, algo más que una celebración de siete décadas de amistad. Es el retrato de un orden internacional en transición.