China pone sus ojos en el Canal de Suez

La primera visita de Xi Jinping a Egipto en una década, coincidente con los 70 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, va mucho más allá de la celebración de una antigua amistad. China busca convertir a Egipto en una plataforma económica, tecnológica y diplomática hacia el mundo árabe y África, mientras El Cairo intenta diversificar sus alianzas sin romper con Washington. El Canal de Suez, la energía, las nuevas tecnologías y la cooperación militar sitúan el encuentro en el centro de la nueva disputa por la influencia en Oriente Medio.

Contenido:

El Cairo ha recibido a Xi Jinping con banderas chinas, ceremonias militares y una escenografía destinada a recordar que la relación entre China y Egipto tiene una historia más profunda que la actual rivalidad entre Pekín y Washington. Pero detrás de los gestos protocolares existe una realidad mucho más contemporánea: China está tratando de convertir su creciente presencia económica en influencia estratégica, y Egipto pretende aprovechar esa competencia para ampliar su margen de maniobra internacional.

La visita de Xi, la primera a Egipto desde 2016, realizada en el 70º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, llega además en un momento excepcionalmente delicado para Oriente Medio. La guerra entre Estados Unidos e Irán, las consecuencias del conflicto de Gaza, las incertidumbres sobre las rutas energéticas y una percepción creciente de que el orden regional está cambiando han creado un escenario favorable para que Pekín se presente como una potencia capaz de ofrecer alternativas a la tradicional arquitectura de seguridad dominada por Washington.

Egipto ocupa una posición privilegiada en esa estrategia. Es el país árabe más poblado, controla el Canal de Suez, posee una influencia política considerable en el mundo árabe y mantiene vínculos históricos con África. Para China, El Cairo es simultáneamente mercado, plataforma industrial, corredor logístico y puerta de entrada a dos regiones consideradas prioritarias por Pekín.

Una relación que dejó de ser simbólica

Egipto fue el primer Estado árabe y africano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, en 1956. La relación adquirió una nueva dimensión en 2014, cuando ambos Gobiernos la elevaron a la categoría de asociación estratégica integral. Desde entonces, la cooperación se ha extendido desde la diplomacia y las infraestructuras hasta la energía, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, el espacio, la industria y la defensa.

El resultado es visible en el paisaje de El Cairo. Empresas chinas han construido el distrito central de negocios de la Nueva Capital Administrativa, incluida la Iconic Tower, de casi 386 metros, y han participado en el ferrocarril eléctrico que conecta El Cairo con las nuevas ciudades del este. Cerca del Canal de Suez, la zona industrial chino-egipcia de Ain Sokhna se ha convertido en uno de los principales símbolos de la penetración económica china.

El comercio bilateral se aproximó a los 21.000 millones de dólares en 2025, según las autoridades egipcias, aunque la relación presenta un desequilibrio considerable. En los primeros seis meses de 2026 Egipto exportó a China unos 841 millones de dólares, mientras sus importaciones alcanzaron los 10.400 millones. La maquinaria, los equipos eléctricos, los vehículos, el acero, los plásticos y los productos químicos dominan las compras egipcias. China, por tanto, no solo vende a Egipto: aspira a producir dentro de Egipto y utilizar el país como plataforma de exportación hacia África y otros mercados.

Ese es precisamente el siguiente capítulo de la relación. El Gobierno de Abdel Fattah Al Sisi quiere que la inversión china deje de estar concentrada en grandes obras de infraestructura y genere mayor transferencia tecnológica, fabricación local y empleo. Vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, inteligencia artificial, telecomunicaciones, manufactura avanzada y construcción naval aparecen entre las áreas que El Cairo pretende desarrollar con capital y tecnología chinos.

La propia presidencia egipcia ha señalado que la localización industrial y la transferencia tecnológica constituyen prioridades de la nueva etapa.

El Canal de Suez, la verdadera joya estratégica

Para Pekín, sin embargo, ninguna infraestructura egipcia posee tanta importancia como el Canal de Suez, especialmente después de haber perdido parte de sus intereses en otro emplazamiento estratégico: el Canal de Panamá.

China es una potencia comercial cuya economía depende de la seguridad de las rutas marítimas que conectan Asia con Europa. El canal constituye uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio mundial y permite evitar la larga circunnavegación de África. La guerra y las interrupciones en otras rutas han aumentado todavía más su valor estratégico.

Egipto controla además el oleoducto SUMED, que conecta el mar Rojo con el Mediterráneo. La Administración de Información Energética de Estados Unidos considera tanto al canal como al SUMED infraestructuras fundamentales para los mercados energéticos internacionales.

La ecuación es especialmente significativa para China porque las crisis del estrecho de Ormuz y del mar Rojo han demostrado hasta qué punto las cadenas de suministro pueden quedar expuestas a conflictos regionales. Tener una relación privilegiada con el Estado que controla Suez permite a Pekín reducir riesgos comerciales y, al mismo tiempo, aumentar su capacidad de influencia sobre una de las principales arterias del comercio entre Asia y Europa.

Por eso la relación chino-egipcia no puede entenderse simplemente como una asociación entre un país industrial y otro necesitado de inversiones. Para Pekín, Egipto forma parte de una geografía mucho mayor: es el punto donde confluyen Asia, Europa, África y Oriente Medio.

Petróleo y gas: menos reservas, más importancia estratégica

El interés energético chino por Egipto también existe, aunque conviene evitar una interpretación simplista. Egipto no posee las gigantescas reservas petroleras de Arabia Saudí, Irak o Irán, ni sus reservas gasíferas convierten al país en una superpotencia energética mundial. Su importancia reside en la combinación entre recursos, infraestructura y posición geográfica.

El descubrimiento de Zohr transformó a Egipto en un actor central del gas del Mediterráneo oriental. El país dispone además de instalaciones de gas natural licuado en Idku y Damietta y es el único Estado del Mediterráneo oriental con capacidad operativa de exportación de GNL. Esto permite a Egipto recibir gas de otros productores regionales, procesarlo y eventualmente enviarlo a los mercados internacionales.

La paradoja es que Egipto atraviesa simultáneamente una crisis de producción interna. El crecimiento de la demanda eléctrica y el declive de algunos campos han obligado al país a importar GNL pese a sus ambiciones de convertirse nuevamente en un centro regional de exportación. Los recientes descubrimientos de gas, entre ellos Denise West, ofrecen una perspectiva favorable, pero los especialistas advierten que no serán suficientes por sí solos para transformar inmediatamente el balance energético egipcio.

Para China, por tanto, la importancia energética de Egipto no se limita a comprar petróleo o gas egipcio. Lo verdaderamente valioso es su posición como plataforma energética del Mediterráneo oriental, capaz de conectar potencialmente los recursos de Egipto, Israel y Chipre con los mercados internacionales. Es una lógica similar a la que Pekín aplica a Suez: controlar o asociarse con nodos estratégicos puede ser más importante que poseer directamente grandes reservas.

Los aviones que inquietan a Washington

La dimensión militar constituye quizá el aspecto más novedoso de la relación.

Egipto continúa siendo uno de los principales receptores de asistencia militar estadounidense y durante décadas ha considerado a Washington su socio fundamental en materia de seguridad. La ayuda militar estadounidense ronda los 1.300 millones de dólares anuales y las Fuerzas Armadas egipcias utilizan una mezcla de equipamiento estadounidense, francés y de otros proveedores occidentales.

Pero El Cairo ha comenzado a diversificar deliberadamente sus opciones. En agosto, aviones de combate chinos J-16 realizaron maniobras con Rafale franceses de la Fuerza Aérea egipcia en el ejercicio Eagles of Civilization. Las maniobras incluyeron entrenamiento de combate aéreo, superioridad aérea, búsqueda y rescate y despliegue conjunto. Es un salto cualitativo respecto de la cooperación militar meramente simbólica.

Para Pekín, estas maniobras tienen un valor que excede la relación bilateral. Permiten demostrar que la Fuerza Aérea china puede operar lejos de su territorio y familiarizarse con sistemas occidentales de primera línea. Para Egipto, representan una señal inequívoca de que no desea depender de un único proveedor estratégico.

Ayman Zaineldine, antiguo diplomático egipcio, resumió la lógica de El Cairo al señalar que Egipto busca ampliar sus relaciones con las grandes potencias y que esa política coincide con el objetivo chino de aumentar su presencia internacional.

El delicado juego con Estados Unidos

La cuestión central para Washington no es que Egipto vaya a convertirse mañana en un aliado chino. No parece ser ese el objetivo de El Cairo. La estrategia de Al Sisi es más sofisticada: mantener a Estados Unidos como garante fundamental de la seguridad mientras utiliza a China, Rusia, Europa y los países del Golfo para ampliar sus alternativas económicas y diplomáticas.

Es una política de equilibrio.

Egipto necesita a Estados Unidos por razones militares, financieras y diplomáticas. Washington, por su parte, necesita a Egipto por el Canal de Suez, por su peso en el mundo árabe, por su papel en Gaza y por su capacidad de interlocución con actores regionales.

Pero esa dependencia ya no es absoluta. El crecimiento chino ofrece a Al Sisi una alternativa económica y tecnológica, mientras que la creciente cooperación militar demuestra que Pekín puede convertirse gradualmente en un proveedor adicional de capacidades estratégicas.

La cuestión tecnológica puede ser todavía más sensible. China busca ampliar su presencia en inteligencia artificial y telecomunicaciones en Egipto, incluido un proyecto de gran centro de datos de Huawei. Egipto es especialmente atractivo porque por su territorio pasan cables submarinos que conectan Europa, Asia y Oriente Medio. Washington observa con preocupación que infraestructuras digitales críticas puedan quedar vinculadas a empresas chinas.

Una nueva pieza en el tablero de Oriente Medio

La visita de Xi no altera por sí sola el equilibrio de poder regional, pero sí confirma una tendencia: Oriente Medio está dejando de ser un espacio donde la influencia estadounidense pueda darse por descontada.

Pekín no parece dispuesto a sustituir militarmente a Washington. Su modelo es diferente. China ofrece comercio, infraestructura, tecnología, financiación y, cada vez más, cooperación diplomática y militar. Su intervención en la reconciliación entre Arabia Saudí e Irán ya había mostrado que pretende desempeñar un papel político mayor.

Ahora Xi propone incluso una arquitectura regional de seguridad menos dependiente de potencias externas, en un discurso que encaja con la defensa china de un mundo multipolar.

Egipto es una pieza particularmente adecuada para esa estrategia. No es un Estado subordinado a Pekín, ni pretende abandonar a Estados Unidos. Precisamente por eso resulta útil: su acercamiento a China demuestra que un aliado histórico de Washington puede ampliar sus vínculos sin romper con Occidente.

La visita de Xi debe interpretarse, por tanto, como una operación de largo alcance. China no busca solamente vender trenes, construir edificios o invertir en fábricas egipcias. Busca consolidar una posición alrededor de los corredores por los que circulan mercancías, energía, datos e influencia política.

Y Egipto sabe que su valor estratégico acaba de aumentar. En un Oriente Medio atravesado por guerras, sanciones y alianzas cambiantes, el país que controla Suez, influye sobre Gaza y mantiene abiertas sus relaciones con Washington, Pekín, Moscú, Europa y las monarquías del Golfo posee algo que escasea cada vez más: capacidad de maniobra.

La fotografía de Xi y Al Sisi en El Cairo representa, en ese sentido, algo más que una celebración de siete décadas de amistad. Es el retrato de un orden internacional en transición.

 

Organización de Cooperación de Shanghái, la otra cara del nuevo orden mundial

La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái ha mostrado en la capital de Kirguistán hasta qué punto Eurasia está construyendo espacios de poder capaces de reducir la centralidad de Estados Unidos. China, Rusia, India e Irán, acompañados por otras seis naciones, reúnen una formidable combinación de población, territorio, energía, materias primas y capacidad económica. No forman una alianza militar ni un bloque compacto, pero la OCS empieza a funcionar como una de las principales plataformas desde las que se negocia el tránsito hacia un sistema internacional más multipolar.

Contenido:

Buenos Aires - Hay fotografías que explican mejor una época que muchos tratados. La de Xi Jinping, Vladímir Putin y Narendra Modi compartiendo escenario en Biskek pertenece a esa categoría. El presidente chino, el líder ruso y el primer ministro indio representan intereses profundamente diferentes y mantienen entre sí rivalidades que en ocasiones son difíciles de disimular. Sin embargo, los tres han encontrado en la Organización de Cooperación de Shanghái un espacio común suficientemente amplio como para defender una idea que hasta hace pocos años parecía más una aspiración que una realidad: el poder mundial ya no puede organizarse alrededor de un único centro.

La cumbre celebrada el 1 de septiembre en la capital de Kirguistán, coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario de la organización, ha servido para confirmar esa transformación. La OCS, creada en 2001 a partir de los antiguos Cinco de Shanghái, nació esencialmente como un mecanismo destinado a resolver disputas fronterizas y combatir el terrorismo, el separatismo y el extremismo. Hoy agrupa a diez países y se ha convertido en un foro de seguridad, comercio, energía, tecnología, conectividad y diplomacia internacional.

Su dimensión resulta difícil de ignorar. China, India y Rusia se encuentran entre las mayores economías del planeta; Irán es una potencia energética de primer orden; Pakistán posee armas nucleares; y las repúblicas de Asia Central ocupan una posición estratégica entre China, Rusia, Oriente Próximo y Europa. En conjunto, los miembros de la OCS representan alrededor del 43% de la población mundial y aproximadamente una cuarta parte del PIB global.

Pero las estadísticas demográficas y económicas apenas cuentan una parte de la historia. La verdadera importancia de la organización reside en la acumulación de recursos estratégicos. Sus miembros concentran aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo y cerca de la mitad de las reservas probadas de gas natural. En las tierras raras, cuya importancia para las industrias electrónica, energética, aeroespacial y militar crece aceleradamente, China, India y Rusia concentran conjuntamente alrededor del 60% de las reservas conocidas. El dato adquiere especial relevancia porque China no solo dispone de grandes reservas: domina además buena parte de las fases de procesamiento y refinamiento de estos minerales.

Es, por tanto, una organización asentada sobre una formidable base material. Territorio, población, energía, minerales críticos, corredores comerciales y mercados internos se combinan en un espacio que se extiende desde Europa oriental hasta el Extremo Oriente y desde el Ártico hasta el océano Índico.

La pregunta que comienza a plantearse en las capitales occidentales es inevitable: ¿está naciendo un bloque alternativo a Occidente?

La respuesta exige cierta prudencia. La OCS no es una OTAN asiática. Sus miembros no están obligados a defenderse mutuamente ni existe una estructura militar integrada. Tampoco poseen una política exterior común. La rivalidad entre India y Pakistán continúa siendo profunda; India y China mantienen una competencia estratégica; Rusia y China tienen intereses divergentes en Asia Central; y los pequeños Estados centroasiáticos procuran evitar convertirse en simples piezas de cualquiera de las grandes potencias.

Precisamente por ello resulta más interesante observar lo que la OCS sí está construyendo.

La Declaración de Biskek y los documentos aprobados durante la cumbre ampliaron considerablemente el campo de cooperación. Se adoptaron acuerdos sobre seguridad y narcotráfico, inteligencia artificial, centros de datos, protección medioambiental, energía, transporte y logística. La organización también avanzó en la creación de mecanismos financieros y en la utilización de monedas nacionales para el comercio entre sus integrantes.

No se trata de una revolución financiera inmediata. El dólar continúa siendo la principal moneda de reserva y de transacción internacional y las instituciones financieras occidentales mantienen una influencia extraordinaria. Pero la dirección del movimiento es significativa. Rusia, sometida a amplias sanciones occidentales, tiene un interés evidente en reducir su dependencia del sistema financiero dominado por Estados Unidos. China observa con atención esa experiencia. India, aunque mantiene estrechos vínculos económicos y tecnológicos con Washington, tampoco desea que sus opciones estratégicas puedan quedar condicionadas por decisiones adoptadas en otra capital.

Vladímir Putin lo expresó con claridad durante la cumbre. Según el presidente ruso, más del 98% de las operaciones comerciales de Rusia con los miembros de la OCS ya se realizan en monedas nacionales. Moscú aspira además a que el eventual Banco de Desarrollo de la organización tenga independencia respecto de las estructuras financieras occidentales.

China, sin embargo, parece perseguir un objetivo más sofisticado que la simple construcción de un bloque antiestadounidense. Xi Jinping ha hablado de un mundo “multipolar igualitario y ordenado”, de una reforma de la gobernanza internacional y de la necesidad de preservar el papel central de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, Beijing impulsa proyectos de infraestructura, energía renovable, inteligencia artificial, centros de datos y corredores comerciales capaces de proporcionar a Eurasia mayor autonomía.

El mensaje chino consiste menos en destruir el sistema internacional existente que en modificar la distribución del poder dentro de él.

Ese matiz es importante. El especialista de Carnegie Endowment Evan A. Feigenbaum advertía durante la cumbre contra la interpretación simplista de la OCS como una organización en la que Rusia estaría perdiendo su “patio trasero” frente a China. A su juicio, la organización nació fundamentalmente como un instrumento chino y la presencia económica de Beijing en Asia Central lleva ya décadas siendo determinante.

La investigación académica reciente también invita a evitar las conclusiones precipitadas. James MacHaffie, en Asia & the Pacific Policy Studies, considera que la OCS posee capacidad para convertirse en un importante mecanismo de equilibrio frente a las estructuras de seguridad occidentales, pero advierte que las rivalidades entre sus principales miembros podrían limitar seriamente esa posibilidad. Susanne Weigelin-Schwiedrzik, especialista en China y Rusia, llega a una conclusión similar desde otra perspectiva: las limitaciones de la OCS difícilmente desaparecerán mientras China, Rusia e India no alcancen algún tipo de entendimiento sobre la distribución del poder dentro de la propia organización.

India constituye quizá el mejor ejemplo de esa ambivalencia. Narendra Modi no acudió a Biskek para incorporarse a una cruzada contra Estados Unidos. Nueva Delhi mantiene una relación estratégica con Washington y participa en el Quad junto a Estados Unidos, Japón y Australia. Pero India también compra energía rusa, desarrolla vínculos con Irán y participa en la OCS porque entiende que el mundo que emerge no puede ser administrado exclusivamente desde las instituciones creadas bajo predominio occidental.

Modi aprovechó incluso su encuentro con Putin para reclamar nuevamente el final de la guerra en Ucrania. La escena sintetiza perfectamente la naturaleza de la OCS: cooperación sin subordinación y convergencia sin alianza.

También resulta significativo lo ocurrido con Irán. La cumbre respaldó la soberanía iraní y condenó los ataques contra su territorio, mientras reclamó el respeto de su derecho al desarrollo nuclear con fines pacíficos. En cambio, la guerra de Ucrania quedó prácticamente fuera de la declaración colectiva, precisamente porque no existe consenso entre los miembros sobre el conflicto.

Esa diferencia revela la verdadera lógica de Biskek. Los miembros pueden coincidir en que no desean un sistema internacional excesivamente dependiente de Washington sin compartir necesariamente las políticas exteriores de Moscú, Beijing o Teherán.

La expansión de la OCS tampoco se detiene en sus diez miembros. Turquía, que mantiene desde 2012 el estatus de socio de diálogo, ha expresado nuevamente su aspiración de incorporarse plenamente. El presidente Recep Tayyip Erdogan, sin embargo, se apresuró a aclarar tras la cumbre que el acercamiento a China y Rusia no supone abandonar las alianzas occidentales. Esa declaración constituye otra prueba de que el nuevo sistema internacional se parece menos a una división en dos bloques que a una compleja red de asociaciones superpuestas.

Ahí reside, probablemente, la mayor trascendencia de la OCS.

Durante la Guerra Fría, la lógica internacional tendía a organizarse alrededor de bloques relativamente definidos. Hoy las grandes potencias cooperan en un ámbito, compiten en otro y mantienen alianzas cruzadas en un tercero. India puede pertenecer simultáneamente a la OCS y al Quad. Turquía puede ser miembro de la OTAN y aspirar a una relación más estrecha con la OCS. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos pueden mantener estrechos vínculos con Washington mientras profundizan sus relaciones con Beijing y Moscú.

La OCS no necesita convertirse en una alianza militar para modificar el equilibrio mundial. Le basta con contribuir a que sus miembros tengan más alternativas. Alternativas energéticas. Alternativas financieras. Alternativas tecnológicas. Alternativas logísticas. Alternativas diplomáticas.

En ese sentido, la organización representa una de las respuestas más visibles al uso creciente de sanciones, restricciones comerciales, controles tecnológicos y medidas financieras como instrumentos de poder internacional. Cuanto mayor sea la percepción de que el acceso a los mercados, al crédito, a las tecnologías o al sistema de pagos puede ser utilizado como mecanismo de presión, mayor será el incentivo de las potencias emergentes para desarrollar redes alternativas.

Biskek no ha proclamado el nacimiento de un nuevo imperio ni la desaparición del orden occidental. Ha mostrado algo más importante y probablemente más duradero: que el monopolio de la capacidad para definir las reglas internacionales está siendo cuestionado.

La OCS todavía tiene demasiadas contradicciones para convertirse en un bloque compacto. Pero quizá ese no sea su propósito. Su verdadera fuerza puede estar precisamente en ser una plataforma flexible donde potencias que no confían plenamente unas en otras encuentran razones suficientes para cooperar.

La fotografía de Biskek, por tanto, no anuncia una nueva Guerra Fría. Anuncia algo más incierto: un mundo en el que ya no será posible asumir que todas las grandes decisiones se tomarán en Washington, Bruselas o las capitales occidentales.

Y esa transformación, más silenciosa que espectacular, puede ser el acontecimiento geopolítico más importante de la cumbre.

 

Moscú no necesita invadir Europa para poner a prueba a la OTAN

Las amenazas rusas contra Reino Unido y Francia, el envío de tecnología de misiles de largo alcance a Ucrania y las señales cruzadas de Washington dibujan un escenario de baja probabilidad de guerra abierta y de riesgo creciente de una operación limitada, híbrida o deliberadamente ambigua.

 

Buenos Aires - La posibilidad de que Rusia ataque a un Estado miembro de la OTAN no puede descartarse. Pero una invasión convencional deliberada de territorio aliado, en el horizonte inmediato, sigue siendo un escenario de baja probabilidad. El problema estratégico que se abre ahora es otro, más difícil de nombrar y más difícil de gestionar: una acción limitada, encubierta o de naturaleza híbrida, calibrada para erosionar la cohesión política de la Alianza sin cruzar de forma inequívoca el umbral que activaría una respuesta militar colectiva.

Esa distinción —entre capacidad de dañar y decisión de conquistar— es la que importa. Rusia puede golpear. No está claro que pueda, ni que quiera, sostener una guerra contra una coalición superior en recursos económicos, industriales y tecnológicos. El Kremlin lo sabe. Por eso el instrumento más racional, desde su punto de vista, no es todavía la ofensiva clásica, sino la coerción: amenazas, sabotaje, ciberataques, interferencias y operaciones cuya autoría o calificación jurídica puedan discutirse.

La línea que se desdibuja

Durante las primeras fases de la guerra de Ucrania, Moscú intentó preservar una frontera relativamente nítida entre la asistencia occidental a Kiev y la intervención directa de los Estados de la OTAN. Esa frontera se ha ido diluyendo. El motivo no es solo el volumen de armas entregadas, sino el tipo de armas y el grado de implicación en su empleo.

Los misiles de crucero Storm Shadow británicos y sus equivalentes franceses SCALP permiten atacar objetivos situados a gran distancia del frente. La decisión de Londres —anunciada esta misma semana, durante la visita a Kiev del primer ministro británico, Andy Burnham— de facilitar a Ucrania tecnología clasificada para producir esos sistemas en su propio territorio modifica el problema. Ya no se trata únicamente de transferir munición. Se trata de contribuir a una capacidad ucraniana más autónoma de ataque profundo.

Desde la perspectiva rusa, lo decisivo no es que Ucrania posea un misil concreto. Lo decisivo es quién aporta la tecnología, quién sostiene la logística, quién facilita inteligencia y quién participa, de un modo u otro, en la cadena que termina en un impacto dentro de Rusia. Esa ambigüedad es precisamente la que Moscú utiliza para justificar sus amenazas.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, acusó esta semana a Reino Unido y Francia de “jugar con fuego” y advirtió que cualquier instalación o equipo militar británico, “en Ucrania u otros lugares”, podría ser objeto de represalias si Kiev sigue empleando armamento británico contra territorio ruso. No es una fórmula nueva, pero el tono es más explícito. El mensaje tiene un doble propósito: disuadir a Londres y París de profundizar su asistencia, y establecer una regla de reciprocidad. Si Occidente permite ataques profundos con sistemas occidentales, Rusia se reserva el derecho de considerar legítimos determinados objetivos occidentales.

Amenaza no es todavía decisión de guerra

En análisis estratégico conviene separar tres variables: capacidad, intención y oportunidad. Rusia tiene capacidad para atacar ciertos objetivos europeos. Tiene, además, un incentivo creciente para modificar por la vía de la coacción la conducta de los aliados. De ahí no se sigue que el Kremlin haya resuelto iniciar una guerra contra la OTAN.

El coste de esa decisión sería extraordinario. Un ataque inequívoco contra territorio de un aliado podría activar el artículo 5° del Tratado de Washington: un ataque armado contra uno se considera un ataque contra todos. Moscú se expondría entonces a una coalición muy superior. El cálculo cambia, sin embargo, si la operación es ambigua. Un ciberataque grave, un sabotaje contra infraestructura crítica, una interferencia electrónica, un incidente fronterizo o una acción clandestina cuya autoría resulte discutible no producen automáticamente el mismo efecto político que una invasión.

La OTAN ha reconocido que determinados ataques híbridos y cibernéticos de suficiente gravedad podrían llegar a considerarse dentro del ámbito del artículo 5°. Esa admisión es, a la vez, una advertencia y una zona gris. El objetivo ruso más sofisticado no sería conquistar Tallin o Riga, sino obligar a los aliados a discutir si se hallan ante un ataque armado, un incidente o una operación encubierta. En esa discusión reside la prueba de la credibilidad de la Alianza.

Londres, París y el Báltico

Reino Unido es hoy uno de los principales puntos de fricción. La transferencia tecnológica de los Storm Shadow altera, a ojos de Moscú, la relación entre el proveedor occidental y el usuario ucraniano. Se abren, en términos analíticos, tres escenarios. El más probable es que las amenazas permanezcan en el terreno de la disuasión verbal. El segundo sería una respuesta rusa contra instalaciones vinculadas al apoyo británico, pero situadas en territorio ucraniano: una escalada, todavía no un ataque a la OTAN. El tercero, de baja probabilidad y altísimo impacto, sería una operación contra un objetivo británico en el Reino Unido o en otro Estado aliado.

Francia presenta una analogía y una diferencia. París comparte con Londres la responsabilidad sobre el SCALP/Storm Shadow, pero posee una capacidad militar y nuclear autónoma y una tradición de política exterior menos subordinada a Washington. Un golpe contra territorio francés tendría, por eso, una carga estratégica particularmente sensible.

Si Rusia decidiera poner a prueba militarmente a la Alianza, los Estados bálticos seguirían siendo el teatro más delicado. Estonia, Letonia y Lituania combinan proximidad geográfica a Rusia y Bielorrusia, tiempos de reacción reducidos y la presencia de Kaliningrado. Precisamente porque son miembros de la OTAN, una agresión abierta tendría consecuencias mayores que una operación contra un Estado no aliado. De ahí que el escenario más plausible no sea una invasión de gran escala, sino una crisis local diseñada para sembrar duda sobre la naturaleza del ataque.

Washington habla en dos registros

A esa tensión se suma una aparente contradicción estadounidense. El presidente Donald Trump afirmó el 27 de agosto que Vladímir Putin “no va a atacar” territorio de la OTAN y que esa posibilidad no le preocupa. Al mismo tiempo, informaciones publicadas en Estados Unidos —empezando por The Wall Street Journal— indicaron que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú y trasladó a interlocutores rusos la preocupación estadounidense ante una eventual acción contra un aliado. Trump restó importancia al viaje y negó que Ratcliffe llevara un mensaje extraordinario. Fuentes consultadas por agencias internacionales sostienen, en cambio, que la posibilidad de una operación contra un miembro de la Alianza sí se planteó.

No es imprescindible interpretar esa discrepancia como una fractura estratégica. Puede ser, simplemente, la división clásica entre comunicación pública y gestión confidencial del riesgo. Washington puede intentar cerrar una vía de escalada en privado mientras el presidente procura, en público, evitar una espiral de alarma. Una cosa es considerar improbable un ataque. Otra, muy distinta, es no prepararse para él.

El Kremlin, por su parte, ha calificado de “historias para asustar” los reportes sobre una ofensiva contra la OTAN. El portavoz Dmitri Peskov negó planes de ese tipo y acusó a Europa de hostilidad. La negación no cierra el análisis: forma parte del mismo repertorio de señales contradictorias.

Lo que Rusia puede hacer y lo que no puede sostener

Hay un argumento material que reduce la probabilidad de una ofensiva convencional inmediata: Rusia sigue comprometida en Ucrania. Abrir un segundo frente contra la OTAN exigiría unidades terrestres, aviación, municiones, defensa aérea y logística en una escala que Moscú no parece en condiciones de sustraer del teatro ucraniano sin debilitar su campaña principal. Poder atacar no es lo mismo que poder ocupar y sostener territorio aliado.

Eso no convierte a Rusia en un actor inerme. Su arsenal de misiles, sus capacidades cibernéticas, la guerra electrónica, la aviación estratégica, los submarinos y, sobre todo, las armas nucleares constituyen un instrumento de coerción formidable. La retórica nuclear ha acompañado la guerra de Ucrania desde el primer año. Un empleo nuclear contra un miembro de la Alianza sería, no obstante, una ruptura cualitativa de consecuencias incontrolables. El uso más plausible del factor nuclear no es el disparo inmediato, sino la disuasión inversa: convencer a los gobiernos occidentales de que una respuesta demasiado enérgica entrañaría un riesgo inaceptable.

En la cumbre de Ankara de julio de 2026, los aliados reafirmaron el compromiso con el artículo 5° y definieron a Rusia como amenaza de largo plazo para la seguridad euroatlántica. Anunciaron nuevas adquisiciones, insistieron en el refuerzo de las capacidades convencionales, nucleares, antimisiles, cibernéticas y espaciales, y comprometieron un apoyo militar a Ucrania de 70.000 millones de euros para 2026. La declaración no elimina la duda política que Moscú busca explotar: si la solidaridad aliada es tan automática como afirma la doctrina.

Indicadores, no profecías

La diferencia entre la amenaza retórica y la preparación operativa se mide en indicadores. Una movilización extraordinaria fuera del teatro ucraniano, el desplazamiento de unidades aéreas y navales hacia posiciones desde las que se pueda alcanzar territorio aliado, un aumento sustancial de la actividad de inteligencia rusa en países de la OTAN, evacuaciones diplomáticas, acumulación de munición de precisión o cambios en el despliegue de fuerzas nucleares serían señales de otro orden. También lo sería un incremento coordinado de sabotajes contra infraestructura crítica europea, acompañado de campañas de desinformación destinadas a presentar a los gobiernos como incapaces de proteger a sus ciudadanos.

La aparición simultánea de varias de esas señales sería particularmente grave. Su ausencia, mientras continúan las advertencias públicas, favorece la interpretación de que Moscú está usando la retórica como instrumento de coerción, no como preludio inmediato de una ofensiva.

El factor decisivo sigue siendo el cálculo de costes y beneficios del Kremlin. Mientras Putin considere que una guerra abierta con la OTAN pondría en peligro intereses fundamentales de Rusia, la disuasión debería funcionar. El riesgo aparece si Moscú concluye que la Alianza está políticamente dividida, que Estados Unidos reducirá de forma sustancial su compromiso militar en Europa o que una operación limitada puede ejecutarse sin desencadenar una respuesta colectiva contundente.

Ese es, en los próximos meses, el verdadero dilema estratégico. No una invasión rusa de Europa. Una operación pensada para demostrar que el artículo 5° puede ponerse a prueba sin provocar una guerra general. Por eso la credibilidad de la disuasión aliada —no solo el inventario de misiles o el texto de las declaraciones— será más importante que nunca.

 

Washington repliega el mapa: Europa ante la revisión militar de Estados Unidos

 

El Pentágono ha abierto la revisión más profunda en años de su dispositivo militar en Europa, donde mantiene alrededor de 80.000 efectivos. La decisión no implica todavía una retirada, pero sí prepara alternativas que podrían reducir tropas, modificar bases y trasladar capacidades hacia otras regiones. Detrás del examen hay una combinación de razones estratégicas, políticas y económicas: la prioridad creciente de Estados Unidos por contener a China en el Indo-Pacífico, la presión de Donald Trump para que los europeos paguen y hagan más por su propia defensa y el deterioro de la confianza entre Washington y algunos aliados durante la guerra contra Irán. El interrogante decisivo es si Europa está asistiendo a una racionalización del dispositivo estadounidense o al comienzo de una transformación histórica de la relación transatlántica.

Contenido:

Buenos Aires - La imagen de los aproximadamente 80.000 militares estadounidenses desplegados en Europa ha adquirido un valor que trasciende ampliamente la dimensión numérica. Desde Alemania hasta Italia, Polonia, Reino Unido y España, esas fuerzas representan mucho más que soldados, aviones, buques o instalaciones. Son la expresión física de la garantía estadounidense sobre la seguridad europea. Por eso la revisión que está realizando el Pentágono ha provocado inquietud en las capitales europeas, incluso antes de que exista una decisión definitiva.

El proceso, iniciado en junio y acelerado en las últimas semanas, contempla entregar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, al menos cuatro alternativas antes del 6 de noviembre, aunque la revisión completa debería concluir en diciembre. El documento interno que establece los llamados Terms of Reference demuestra que Washington no está realizando simplemente un ejercicio contable sobre el número de soldados que deben permanecer en Europa. Está reconsiderando la arquitectura misma de su presencia militar.

El expediente examina la cantidad y localización de las tropas, los costes, la rapidez con que podrían desplazarse, las bases disponibles y, especialmente, las condiciones de acceso, estacionamiento y sobrevuelo que los aliados ofrecen a las fuerzas estadounidenses. También incorpora las infraestructuras espaciales, cibernéticas y de inteligencia que permiten proyectar el poder militar norteamericano. El cuestionario enviado a los aliados pregunta, además, por el gasto en defensa, las adquisiciones militares, la cooperación industrial transatlántica y el grado de alineamiento con las prioridades de política exterior de Washington.

No se trata, por tanto, de decidir únicamente dónde habrá menos soldados. La cuestión es mucho más profunda: qué tipo de compromiso quiere mantener Estados Unidos con Europa y qué capacidades está dispuesto a conservar para garantizarlo.

La sombra de China sobre el Atlántico

La explicación más importante de la revisión se encuentra probablemente fuera de Europa.

Durante las últimas dos décadas, Washington ha desplazado progresivamente el centro de gravedad de su planificación militar hacia el Indo-Pacífico. El cambio no responde a una percepción de que Europa haya dejado de ser importante, sino a que China representa, desde la perspectiva estadounidense, un desafío de una naturaleza diferente y potencialmente mucho más determinante para el equilibrio mundial.

La Estrategia de Defensa Nacional estadounidense de 2026 establece expresamente la disuasión de China en el Indo-Pacífico como una de las líneas principales de actuación. El documento afirma que Washington pretende construir una defensa de denegación a lo largo de la primera cadena de islas, desde Japón y Filipinas hasta Taiwán, y reclama una mayor participación de los aliados regionales. Al mismo tiempo, señala que en Europa serán los aliados quienes deberán asumir el liderazgo frente a amenazas consideradas menos graves para los intereses estadounidenses, mientras Washington proporciona un apoyo más limitado pero crítico.

La formulación es particularmente reveladora. No dice que Europa haya dejado de ser estratégica. Dice que su importancia relativa ha cambiado.

El secretario Hegseth ya había expresado públicamente esa lógica al afirmar que, si los aliados europeos asumen una mayor parte de la carga, Estados Unidos puede concentrar más recursos en el Indo-Pacífico, al que calificó como su “teatro prioritario”.

La razón es sencilla. China dispone de una creciente capacidad para desafiar la libertad de acción militar estadounidense en el Pacífico occidental. Su modernización naval, sus misiles de largo alcance, sus capacidades espaciales y cibernéticas y su desarrollo de sistemas destinados a impedir o dificultar la aproximación de fuerzas estadounidenses  a la primera cadena de islas obligan a Washington a distribuir de otro modo sus recursos.

Taiwán constituye el punto de máxima tensión. Durante 2026, las autoridades taiwanesas han advertido de que se está reduciendo el tiempo de alerta ante un eventual ataque chino, mientras Pekín mantiene una actividad militar prácticamente constante alrededor de la isla.

Eso no significa que Estados Unidos haya decidido prepararse para una guerra con China. Significa que el Pentágono debe disponer de fuerzas suficientes para disuadirla. Y la disuasión exige presencia, municiones, aviones, buques, inteligencia, defensa aérea, logística, sistemas espaciales y capacidad para desplegar rápidamente fuerzas desde Estados Unidos y desde las bases aliadas.

En esa ecuación, cada recurso comprometido permanentemente en Europa es un recurso que no puede utilizarse simultáneamente en Asia.

La propia documentación del Pentágono es explícita: Europa debe asumir el liderazgo frente a las amenazas que son más graves para los europeos, mientras Estados Unidos concentra su atención en las amenazas consideradas más importantes para sus intereses nacionales.

Rusia sigue siendo una amenaza, pero Washington la pondera de otra manera

Sería, sin embargo, un error interpretar la revisión como consecuencia de una supuesta desaparición de la amenaza rusa.

La guerra de Ucrania ha demostrado precisamente lo contrario. La OTAN continúa considerando a Rusia una amenaza de largo plazo para la seguridad euroatlántica. En la cumbre de La Haya de 2025, los aliados describieron explícitamente a Rusia como una amenaza de largo plazo y acordaron elevar drásticamente sus inversiones militares.

La cuestión es otra: ¿cuánto de esa amenaza debe ser enfrentado directamente por Estados Unidos?

Washington parece considerar que la respuesta europea debe ser mucho mayor que en el pasado. La paradoja es evidente. Rusia sigue siendo suficientemente peligrosa como para justificar un reforzamiento de la defensa europea, pero no necesariamente hasta el punto de justificar que Estados Unidos mantenga en el continente el mismo volumen de recursos que durante las décadas en las que Europa dependía casi exclusivamente de la protección norteamericana.

La diferencia es fundamental.

La OTAN dispone de más de tres millones de militares no estadounidenses, pero el problema europeo nunca ha sido simplemente la cantidad de soldados. Estados Unidos aporta capacidades que Europa no puede sustituir rápidamente: inteligencia, reconocimiento y adquisición de objetivos, mando y control, transporte estratégico, reabastecimiento, guerra electrónica, defensa aérea, logística y determinadas capacidades espaciales. La relevancia de la participación estadounidense reside tanto en la calidad de esas capacidades como en el número de efectivos.

Una retirada demasiado rápida podría, por tanto, generar un vacío mucho mayor que el que sugeriría la simple reducción de tropas.

Trump y la política del coste

La segunda explicación es política y económica. Donald Trump considera desde hace años que Estados Unidos ha soportado una proporción excesiva del coste de la seguridad europea.

Su argumento ha cambiado poco: los europeos disfrutan de una protección estadounidense que durante décadas no han pagado suficientemente. La Administración Trump quiere convertir esa crítica en una nueva distribución de responsabilidades.

La revisión del Pentágono encaja perfectamente en ese propósito. Washington está preguntando a los aliados si tienen planes creíbles para aumentar sus presupuestos, cubrir las capacidades que Estados Unidos pueda abandonar y facilitar el acceso a sus instalaciones militares.

La presión ya ha producido resultados. En la cumbre de La Haya, los miembros de la OTAN acordaron alcanzar el 5% del PIB anual en defensa y gastos relacionados con la seguridad para 2035: al menos el 3,5% destinado a capacidades militares esenciales y hasta el 1,5% a infraestructuras, resiliencia, redes e industria de defensa.

No es un cambio menor. Supone más que duplicar el antiguo referente del 2%.

Los aliados europeos y Canadá incrementaron en 2025 su gasto combinado en defensa básica casi un 20% en términos reales, y en 2026 la tendencia continuó.

Trump puede presentar ese aumento como una victoria política. Pero la lógica estratégica estadounidense va más allá. Washington quiere que los europeos desarrollen las capacidades necesarias para sustituir progresivamente aquellas que Estados Unidos proporciona en la actualidad.

La revisión constituye, en ese sentido, un mecanismo de presión. Europa sabe que cuanto mayor sea su dependencia militar de Washington, mayor será su vulnerabilidad ante una eventual reducción estadounidense. Y Washington sabe que cuanto más amenace con reducir su presencia, mayores serán los incentivos europeos para invertir.

El factor Irán y la política de las represalias

Existe, además, una tercera dimensión, mucho más coyuntural y personal: la relación entre Donald Trump y determinados gobiernos europeos.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán abrió una grieta inesperada dentro de la alianza. Washington reprochó a algunos países europeos haber limitado o retrasado el uso de sus bases y de su espacio aéreo para las operaciones estadounidenses. España e Italia quedaron particularmente expuestas en esas discusiones. El cuestionario del Pentágono incorpora ahora explícitamente las restricciones de acceso, estacionamiento y sobrevuelo, conocidas como ABO.

Es difícil determinar hasta qué punto las eventuales decisiones sobre tropas serán utilizadas como mecanismo de castigo. El propio Pentágono sostiene que la revisión pretende presentar diferentes alternativas y no ejecutar una decisión previamente adoptada. Sin embargo, funcionarios europeos sospechan que Washington ya ha decidido al menos explorar reducciones importantes.

Aquí aparece el componente más transaccional de la política exterior de Trump. Para la actual Administración, una alianza no se mide únicamente por los tratados firmados, sino por la disposición concreta de cada aliado a respaldar los intereses estadounidenses cuando Washington considera que están en juego.

El mensaje es inequívoco: quien quiera la protección estadounidense debe estar preparado para proporcionar bases, espacio aéreo, gasto militar, cooperación industrial y respaldo político.

Europa ante su propia responsabilidad

La gran paradoja es que la revisión estadounidense podría terminar fortaleciendo la defensa europea, precisamente porque obliga a Europa a afrontar una realidad que durante décadas pudo posponer.

Los europeos han incrementado sustancialmente su gasto. Alemania ha comenzado una transformación de su política de defensa; Polonia se ha convertido en uno de los principales inversores militares del continente; Francia y Reino Unido mantienen capacidades nucleares propias y varios países están reconstruyendo sus fuerzas terrestres y sus arsenales.

Pero gastar más no equivale automáticamente a ser capaz de sustituir a Estados Unidos.

La cuestión decisiva será si Europa consigue transformar los nuevos presupuestos en capacidades militares integradas, interoperables y sostenibles. Necesita más defensa aérea, municiones, transporte estratégico, inteligencia, sistemas de mando y control, guerra electrónica, reabastecimiento y capacidades de largo alcance. La OTAN ya ha identificado precisamente esas carencias en sus nuevos objetivos de capacidades.

Por eso una retirada estadounidense moderada podría resultar incluso beneficiosa para Europa. Una retirada brusca, en cambio, podría generar un problema estratégico antes de que los europeos estén preparados para asumir plenamente la responsabilidad.

El comienzo de otra relación transatlántica

La revisión del Pentágono debe interpretarse, en definitiva, como parte de una transformación más amplia de la política exterior estadounidense.

No parece probable que Washington abandone Europa. El propio Elbridge Colby reafirmó esta semana que Europa continúa siendo un “interés fundamental” para Estados Unidos. Pero añadió una precisión decisiva: Washington está dando prioridad al hemisferio occidental y a la primera cadena de islas del Indo-Pacífico.

Esa frase resume la nueva distribución de prioridades.

Estados Unidos no está necesariamente abandonando Europa; está intentando dejar de ser su principal garante militar. Tampoco considera que Rusia haya dejado de ser peligrosa. Considera, más bien, que los europeos están en mejores condiciones para enfrentarla y que China exige una concentración creciente de recursos estadounidenses.

El resultado puede ser una OTAN diferente. Una alianza en la que Europa tenga que proporcionar la masa convencional, mientras Estados Unidos conserve capacidades estratégicas críticas, inteligencia, tecnología, movilidad y disuasión nuclear. Una OTAN en la que Washington continúe presente, pero ya no necesariamente como el actor que sostiene por sí solo el edificio.

El verdadero interrogante no será cuántos de esos 80.000 soldados desaparecerán de Europa. Será qué capacidades permanecerán, cuáles serán trasladadas y, sobre todo, si los europeos podrán llenar los espacios que Estados Unidos deje vacíos.

La revisión militar del Pentágono es, por eso, mucho más que una reorganización de tropas. Es una prueba de estrés para la alianza atlántica. Y también el primer ensayo de una nueva división geopolítica del trabajo: Europa frente a Rusia, Estados Unidos frente a China y ambos, todavía, bajo el mismo paraguas de la OTAN. La cuestión que queda abierta es si esa redistribución de responsabilidades fortalecerá la alianza o si, por el contrario, terminará convirtiendo la autonomía europea en una consecuencia no buscada de la estrategia de America First.

 

Congreso del Polisario: el precio de presidir el naufragio

 

Hach Ahmed Bericalla 

El Polisario tiene aún ante sí la oportunidad de iniciar un verdadero proceso de democratización, abandonar los equilibrios tribales que ha institucionalizado y aceptar el pluralismo político como alternativa a un sistema de partido único cada vez más obsoleto. No se trata únicamente de cambiar personas, sino de abrir espacio a ideas y estrategias diferentes, y a una representación saharaui plural, que no dependa de los mecanismos de poder y selección heredados de la vieja estructura.

Contenido:

Las dificultades que está encontrando el actual jefe del Polisario para designar al presidente de la Comisión Preparatoria de su XVII Congreso no parecen explicarse únicamente, como sucedía en el pasado, por las habituales divergencias entre grupos y sectores del poder. El problema es más profundo: la incertidumbre sobre el futuro del proyecto y la magnitud de los retrocesos acumulados durante los últimos años han generado una parálisis que va mucho más allá de las rencillas internas. El problema no es solo quién está dispuesto a presidir la Comisión, sino quién quiere asumir el coste político de hacerse cargo de un proyecto que afronta una de sus encrucijadas más difíciles.

Lo paradójico es que algunos de quienes hoy se resisten a asumir esa responsabilidad son los mismos que han ocupado cargos clave durante las últimas tres décadas. No pueden presentarse ahora como espectadores pasivos ni atribuir toda la responsabilidad a Brahim Ghali. Tampoco pueden soslayar su propia responsabilidad en una de las decisiones más trascendentales de los últimos años: la ruptura unilateral del alto el fuego a finales de 2020. Todos los miembros de la cúpula respaldaron entonces aquella decisión o, cuando menos, ninguno se opuso públicamente a ella. Si fue una decisión colectiva cuando se adoptó, sus consecuencias no pueden convertirse ahora en una responsabilidad individual cuando los resultados han sido adversos. Cargar sobre Ghali en exclusiva el coste político de una decisión que todos avalaron, explícita o tácitamente, sería una forma poco digna, poco ética, de eludir responsabilidades. Como recuerda el viejo refrán, las derrotas son bastardas: cuando llegan los malos resultados, nadie quiere reconocerlas como hijas de las decisiones que antes defendió.

Pero el verdadero problema no es quién ocupa un cargo, sino la ausencia de una respuesta colectiva ante un cambio de coyuntura que la dirección del Polisario parece incapaz de procesar. La falta de renovación del liderazgo durante cinco décadas ha dejado al proyecto atrapado en los mismos discursos, consignas y esquemas políticos heredados de la Guerra Fría. Mientras tanto, el marco internacional ha cambiado radicalmente. La resolución 2797 del Consejo de Seguridad, junto con el impulso de la Administración de Donald Trump, ha abierto una coyuntura que exige abandonar las rigideces del pasado y explorar, desde un enfoque realista, un acuerdo político con el Reino de Marruecos. No hay otra receta mágica.

Para ello haría falta algo que la actual cúpula parece no estar en condiciones de ofrecer: una verdadera renovación política. Quienes han construido su trayectoria sobre los paradigmas del siglo XX difícilmente pueden ser quienes los superen. Hace falta una nueva generación de políticos, menos condicionada por los viejos eslóganes, las promesas y las inercias del pasado, capaz de introducir el cambio de rumbo que hoy resulta imprescindible. Preservar el futuro del pueblo saharaui puede exigir decisiones y sacrificios que ayer parecían impensables y que mañana podrían ser tardíos e insuficientes.

Desde la posición de quien conoce desde dentro las inercias y resistencias del Polisario, cabe preguntarse si no ha llegado finalmente la hora de abordar ese debate interno tantas veces pospuesto y que el MSP viene reclamando desde su nacimiento. No se trata de renunciar de antemano a aspiraciones legítimas, sino de discutir, sin tabúes, ni líneas rojas qué estrategia puede preservar mejor los intereses del pueblo saharaui ante una realidad que ya no es la de hace cinco décadas.

Precisamente, el XVII Congreso podría y debería ser la ocasión histórica para abrir ese debate y facilitar una transición. Pero para ello no bastaría con un cambio de nombres; sería necesario un cambio de reglas. La primera y más evidente: abandonar el viejo esquema del «cuerpo electoral al gusto», ese censo de dos mil delegados seleccionados quirúrgicamente mediante una combinación de criterios tribales y afinidades políticas para garantizar de antemano la ratificación de las decisiones de la cúpula. Porque un congreso que no puede decidir, sino únicamente ratificar, deja de ser un instrumento de reflexión y renovación para convertirse en una ceremonia de continuidad. Ese mecanismo, concebido en su día como herramienta de control, se ha convertido hoy en uno de los principales lastres para cualquier intento democratizador.

Y no es un sistema improvisado. Se trata de una estructura de poder asentada en lógicas tribales y clientelares, estrechamente entrelazadas. Su pervivencia explica, por sí sola, la impotencia del Polisario para renovar sus élites y adaptarse a una realidad que ha cambiado sustancialmente.

En sus primeros años, el Polisario condenaba cualquier práctica tribal en las relaciones humanas y la consideraba una amenaza contra el «proyecto nacional». El discurso fundacional era explícito: el tribalismo era un vestigio del pasado que había que extirpar. Y no era una condena meramente retórica. Hubo personas que sufrieron en carne propia aquella acusación y terminaron con sus huesos en la tenebrosa cárcel de Rashid, después de ser ridiculizadas públicamente en actos que recordaban, por su carga de humillación, a los rituales de la Inquisición.

Con los años y el envejecimiento de los dirigentes, aquella condena moral se fue diluyendo hasta convertirse en una valiosa fuente de poder. Lo que antes era considerado un crimen pasó primero a ser una práctica tolerada, después una ideología no escrita y, finalmente, un sistema político de facto. Hoy, buena parte de los dirigentes representa a un grupo tribal, y el peso de unos y otros en las instituciones responde básicamente a un cálculo sobre la fuerza demográfica atribuida a cada tribu.

La contradicción es cruel y evidente: el Polisario nació prometiendo una revolución y construir una sociedad moderna y hoy se ha convertido en el guardián del arcaísmo que juró erradicar quedando atrapado en sus propias redes. La dirección, que denostaba y perseguía las prácticas clientelares y tribales, ahora las usa como mecanismos de supervivencia política. Así, el movimiento se ha vuelto rehén de su propio discurso, reproduciendo el anacronismo que decía combatir. Esta deriva no es fortuita; es la consecuencia directa de un modelo que, al cerrar durante décadas la puerta a la renovación de sus élites, ha condenado al proyecto a perpetuar los vicios que pretendía extirpar.

Y la cuestión no es menor. La institucionalización del tribalismo no solo condena al Polisario a reproducir un sistema político anacrónico; plantea también una inquietante pregunta sobre el futuro: ¿qué ocurriría si esas mismas lógicas fueran trasladadas a un eventual Estado saharaui? El riesgo de terminar construyendo un Estado fallido, como ha ocurrido en otros países donde la debilidad institucional y la fragmentación tribal han provocado guerras civiles no puede ignorarse. Esta preocupación tuvo un peso notable en las reflexiones que condujeron a la creación del Movimiento Saharauis por la Paz (MSP) en abril de 2020 y en su apuesta por una solución de compromiso y bajo garantías con el Reino de Marruecos.

El Polisario tiene aún ante sí la oportunidad de iniciar un verdadero proceso de democratización, abandonar los equilibrios tribales que ha institucionalizado y aceptar el pluralismo político como alternativa a un sistema de partido único cada vez más obsoleto. No se trata únicamente de cambiar personas, sino de abrir espacio a ideas y estrategias diferentes, y a una representación saharaui plural, que no dependa de los mecanismos de poder y selección heredados de la vieja estructura.El Representante Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, junto al primer secretario del MSP, Hach Ahmed Barikalla, acompañado por los destacados miembros de la Comisión Política, Hadja Baboit y Mohamed Lamine Ennafaa, así como por Mohamed Cherif, responsable de Relaciones Internacionales

En ese contexto, la participación del Movimiento Saharauis por la Paz (MSP) en los diálogos auspiciados por Staffan de Mistura y por el Gobierno de Estados Unidos podría constituir una prueba concreta de esa voluntad de cambio. Abrirse a ese escenario y alentarlo demostraría que el Polisario ha sabido captar a tiempo las exigencias de Washington y el reciente mensaje del embajador Waltz. El MSP ha construido su proyecto sobre bases políticas y normas de funcionamiento alejadas de las ecuaciones tribales. Su incorporación al proceso permitiría ampliar la representación saharaui y demostrar que la diversidad política puede ser una herramienta para avanzar hacia una solución consensuada y endosada por todos y no una amenaza para la unidad.El problema, indudablemente, es que el cambio tiene un coste político. Y ahí reside probablemente la verdadera dificultad. Ninguno de los actuales responsables parece dispuesto a pagar el precio de abandonar las certezas del pasado, aunque esas mismas certezas hayan conducido al proyecto hasta el actual callejón sin salida. Pero el tiempo tampoco juega a favor de quienes pretenden mantener indefinidamente el statu quo. A medida que avance el proceso internacional, se estrecharán los márgenes de maniobra y pueden perderse posiciones que hoy todavía permitirían negociar un acuerdo menos desfavorable. La capacidad de influir en los términos de una salida política es siempre mayor mientras exista margen para negociarla que cuando los hechos consumados terminan imponiéndola

Por eso, la cuestión fundamental no es quién ocupará finalmente la presidencia de la Comisión Preparatoria o incluso la secretaria general. La pregunta verdaderamente decisiva es otra: ¿quién estará dispuesto a asumir la responsabilidad de preparar al Polisario para el cambio que se avecina? Porque el verdadero desafío no consiste en administrar la continuidad del statu quo, sino en tener el coraje de reconocer que el ciclo iniciado hace cinco décadas está llegando a su límite y que preservar lo esencial puede exigir dejar atrás algunas de las promesas del pasado.

El Polisario necesita una transición política, no otra operación de reparto de responsabilidades. Necesita renovación, pluralismo y realismo. Y, sobre todo, necesita dirigentes capaces de asumir que una salida negociada y honrosa, aunque obligue a sacrificios, puede ser infinitamente preferible a esperar una derrota que termine dejando en manos ajenas el destino de los saharauis.

La verdadera prueba a la que deberá responder el XVII Congreso del Polisario será si, como ha sucedido en el pasado, se limitará a encontrar a alguien de la vieja guardia para retrasar el naufragio o será capaz de alumbrar un liderazgo nuevo, dispuesto a pagar el precio político de cambiar el rumbo antes de que el naufragio sea irreversible.