La autonomía del Sáhara marroquí se consolida en Nueva York como horizonte diplomático

 

Por Adalberto Agozino

Paraguay, Bolivia, Malí, Jamaica y Mauricio han reafirmado o revisado en la Asamblea General su apoyo al plan presentado por Rabat en 2007, en la estela de la Resolución 2797 y de una red de respaldos atribuida al Rey Mohammed VI.

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Buenos Aires - Nueva York ha vuelto a funcionar, en los márgenes de la 81.ª Asamblea General, como el escenario en el que se mide el pulso real del diferendo del Sáhara. No ha sido un debate de hemiciclo, sino una sucesión de encuentros bilaterales en los que el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, ha recogido declaraciones que Rabat lee como la confirmación de una tendencia ya inscrita en el texto del Consejo de Seguridad. Paraguay ha reiterado el reconocimiento de la soberanía marroquí y su disposición a trabajar para que esa posición quede consagrada en una resolución de Naciones Unidas. Bolivia ha anunciado su voluntad de abrir una representación en Rabat y una oficina comercial en Dajla. Malí ha recordado la declaración gubernamental de abril. Jamaica y Mauricio han alineado su lenguaje con la fórmula de una autonomía bajo soberanía marroquí. El conjunto no altera por sí solo el equilibrio jurídico del expediente, pero sí describe el modo en que la diplomacia marroquí convierte cada periodo de sesiones en una ampliación de su perímetro de apoyos.

El marco normativo de esa lectura es la Resolución 2797, adoptada el 31 de octubre de 2025. El Consejo prorrogó el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2026, tomó nota del respaldo de numerosos Estados miembros a la propuesta de autonomía presentada por Marruecos al secretario general el 11 de abril de 2007 y afirmó que una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría constituir la única solución realista y factible. El texto encarga al secretario general y a su enviado personal que faciliten negociaciones tomando esa propuesta como base, mantiene la referencia a una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que contemple la libre determinación, y pide a las partes que entablen las conversaciones sin condiciones previas. Fue aprobada por once votos a favor, con las abstenciones de China, Rusia y Pakistán y sin la participación de Argelia. Para Rabat, el documento cierra el ciclo en el que la iniciativa de 2007 era apenas “seria y creíble” y abre otro en el que opera como referencia exclusiva de la negociación. Esa resolución ha dado lugar a que, once meses después, varias cancillerías reproduzcan en Nueva York el vocabulario del Consejo.

El caso paraguayo es el más explícito de América Latina. El canciller Rubén Darío Ramírez Lezcano declaró, tras reunirse con Bourita, que Paraguay reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y que trabaja en el seno de Naciones Unidas para lograr una resolución que consagre esa decisión. La posición no es improvisada. Asunción la formalizó en septiembre de 2025, durante la 80.ª Asamblea, y la ha acompañado de gestos materiales: una sede diplomática en Dajla desde 2022 y, según la propia cancillería paraguaya, la voluntad de elevar la relación tras una visita de trabajo a Rabat en septiembre de este año. En la gramática de Rabat, un consulado o una oficina en las provincias del sur no es un acto protocolario. Es la traducción territorial de un reconocimiento político. Paraguay se sitúa así en una corriente latinoamericana que, en la misma semana neoyorquina, Bourita vinculó también a Chile y a Perú, este último con la decisión de apoyar la soberanía marroquí y de abrir un consulado en Dajla.

Bolivia ofrece un matiz distinto y, por eso, políticamente más revelador. El comunicado conjunto firmado por Bourita y por el canciller Héctor Francisco Huanca Gutiérrez toma nota de la propuesta de autonomía de 2007 y considera que puede constituir una vía para hacer avanzar unas negociaciones destinadas a una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable. Al mismo tiempo anuncia la disposición a abrir una representación diplomática en Rabat y una oficina comercial en Dajla que sirva de plataforma de acceso a los mercados africanos para los productos bolivianos. El texto reafirma el respeto de la soberanía, de la integridad territorial y de la no injerencia, prevé reactivar el Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales instituido en 1999 y se cerró con un acuerdo de supresión de visados para pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y especiales, además de un memorando entre las academias diplomáticas. La fórmula es prudente, pero el gesto de Dajla no lo es. Una oficina comercial en esa ciudad implica aceptar, en la práctica administrativa, la geografía que Marruecos defiende. Para un país andino con escasa proyección africana, el atractivo no es solo ideológico: es la promesa de usar el Sáhara marroquí como puerta al continente.

En África occidental, Malí ha optado por la reiteración. Abdoulaye Diop, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, recordó en Nueva York la declaración del Gobierno maliense del 10 de abril de 2026, según la cual Bamako apoya el plan de autonomía como la única base seria y creíble para resolver el diferendo y considera que una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí constituye la solución más realista. Diop añadió el pleno apoyo a la Resolución 2797, que calificó de etapa importante, y expresó el deseo de que la Asamblea General permita concretarla. Subrayó además que la cooperación con Marruecos descansa en el respeto de la soberanía y de la integridad territorial de ambos Estados, y evocó la Comisión Mixta celebrada en julio en Bamako como cimiento de una relación densa en clave Sur-Sur. El enunciado importa porque Malí no es un observador lejano. Comparte con Rabat la preocupación por el Sahel, el tránsito atlántico y una vecindad en la que Argelia también disputa influencia. Al fijar la autonomía como única base seria, Bamako se aparta de la ambigüedad que durante años permitió a varias capitales africanas votar resoluciones técnicas sin pronunciarse sobre el fondo.

Jamaica y Mauricio desplazan el mismo argumento al Caribe y al Índico. Kamina Johnson Smith suscribió con Bourita un comunicado en el que Kingston se felicita por la Resolución 2797 y considera que una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser una de las soluciones más realizables. El texto recoge el pleno apoyo al secretario general y a su enviado personal para llevar las negociaciones tomando como base el plan marroquí, y felicita los esfuerzos diplomáticos destinados a crear consenso bajo el impulso del Rey Mohammed VI. Dhananjay Ramful, ministro mauriciano de Asuntos Exteriores, Integración Regional y Comercio Internacional, fue más categórico: calificó la propuesta de solución más creíble y precisó que ofrece la salida más realista, justa y duradera. La revisión, adoptada en un Consejo de Ministros y referida expresamente a la Resolución 2797, convierte a Port Louis en un caso de cambio de postura, no de simple continuidad. Que dos Estados insulares, alejados del teatro militar del diferendo y atentos a su propia inserción comercial, adopten ese lenguaje sugiere que la autonomía ha dejado de ser un expediente magrebí para convertirse en una posición de alineamiento multilateral.

Estas declaraciones no pueden separarse de la arquitectura que Rabat recibió del Rey Mohammed VI. Desde la presentación del plan en 2007, la estrategia real ha consistido en sustituir la expectativa de un referéndum, bloqueado durante décadas por el desacuerdo sobre el censo, por una oferta de autogobierno regional bajo soberanía marroquí, con competencias locales y con la reserva de los atributos de soberanía en defensa, relaciones exteriores y asuntos religiosos para el Reino.

El reconocimiento estadounidense de 2020, el giro español de 2022 y la posición francesa, consolidada tras la visita de Estado de Emmanuel Macron en octubre de 2024, dieron a esa oferta el aval de tres capitales decisivas. La Resolución 2797 la trasladó al lenguaje del Consejo. En vísperas de la votación, fuentes diplomáticas cifraban en más de un centenar los países que respaldaban el plan y en unas tres decenas los que habían abierto consulados en el Sáhara, una cifra que la prensa española situó entonces por encima de los 120 apoyos. La semana de Nueva York de 2026 funciona, en esa secuencia, como cosecha y no como punto de partida. Bourita lo formuló al término de la Asamblea: varios países de continentes distintos se han inscrito en la dinámica de apoyo a la marroquinidad del Sáhara y al plan de autonomía, una dinámica que el ministro vincula de manera explícita al Rey.

Hay también una base material que las cancillerías invitadas a Dajla pueden observar. El Banco Mundial describe 2025 como el ciclo de crecimiento más intenso de Marruecos en más de una década, con un avance del PIB real del 4,9%, una inflación contenida en el 0,8% y un déficit fiscal reducido al 3,5% del PIB. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 4,4% en 2026, sostenido por la agricultura y por la inversión pública en infraestructuras, pese al efecto del conflicto en Oriente Próximo sobre la energía y el flete. Standard & Poor’s ha devuelto al Reino al grado de inversión. El aparato exportador, en particular el automóvil, y el programa de obras vinculado al Mundial de 2030 refuerzan la imagen de un Estado capaz de ejecutar. En el Sáhara, esa imagen tiene obras con nombre. La vía expresa Tiznit-Dajla, de 1.055 kilómetros, está concluida. El puerto de Dajla Atlántico, presupuestado en unos 12.650 millones de dirhams, avanzaba en torno al 66%. El puerto fosfatero de El Aaiún rozaba la finalización. A ello se añade la iniciativa real de facilitar al Sahel una salida al Atlántico, que Malí y otros socios del hinterland leen como una oferta de conectividad y no solo como un argumento de soberanía. La oficina comercial que Bolivia contempla en Dajla se entiende mejor sobre ese mapa que sobre un comunicado.

Lo que la semana neoyorquina muestra es que la autonomía bajo soberanía marroquí ha dejado de ser una propuesta aislada de Rabat para convertirse en la referencia que un número creciente de Estados, de Asunción a Bamako y de Kingston a Port Louis, está dispuesto a repetir. Esa repetición es el resultado visible de una diplomacia real pacientemente construida, de un crecimiento que vuelve creíble la promesa de desarrollo en el Sáhara marroquí y de una red de apoyos que ya no se limita a los aliados tradicionales del Reino.

 

Marruecos abre un nuevo capítulo: Fatima Ezzahra El Mansouri, primera mujer al frente del Gobierno

El Rey Mohammed VI ha confiado por primera vez en la historia del Reino la jefatura del Gobierno a una mujer. Fatima Ezzahra El Mansouri, jurista, alcaldesa de Marrakech, exministra y dirigente del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), deberá ahora formar un Ejecutivo de coalición. Su designación culmina, además, un proceso de incorporación creciente de la mujer marroquí a las instituciones y proyecta al Reino hacia una nueva etapa política en el mundo árabe.

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Buenos Aires - La imagen tiene una fuerza simbólica que trasciende las fronteras de Marruecos. El 29 de septiembre, en el Palacio Real de Rabat, el rey Mohammed VI recibió a Fatima Ezzahra El Mansouri y, en aplicación del artículo 47 de la Constitución, la nombró jefa del Gobierno y le encargó formar el nuevo Ejecutivo. El comunicado de la Casa Real fue lacónico, como corresponde a la naturaleza institucional del acto, pero sus consecuencias políticas y sociales son de una dimensión considerable: por primera vez una mujer ocupará la jefatura del Gobierno marroquí.

La designación no constituye una ruptura con el procedimiento constitucional. El Partido Autenticidad y Modernidad, cuya dirección colegiada coordina El Mansouri, fue la formación más votada en las elecciones legislativas del 23 de septiembre y obtuvo 97 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes. La Constitución establece que el monarca designa al jefe del Gobierno entre los miembros del partido que haya obtenido el mayor número de escaños. La novedad, por tanto, no reside en el procedimiento, sino en la persona elegida para encabezar el Ejecutivo y en el significado histórico de que esa persona sea una mujer.

El resultado electoral, sin embargo, obliga a El Mansouri a construir una mayoría parlamentaria. El PAM quedó por delante de la Reagrupación Nacional de Independientes, que obtuvo 66 diputados, y del Partido Istiqlal, con 65. El Partido de la Justicia y el Desarrollo, de orientación islamista, consiguió 54 escaños y ha anunciado su paso a la oposición. La nueva jefa del Gobierno deberá, por tanto, negociar una coalición capaz de proporcionar estabilidad parlamentaria al Ejecutivo. .

El primer mensaje de El Mansouri después de la audiencia real fue deliberadamente institucional. Dijo que trabajaría para presentar un Gobierno a la altura de las expectativas del monarca y de los ciudadanos y anunció consultas con su propia formación y con el resto de los partidos. También situó a los jóvenes en el centro de las preocupaciones del nuevo Ejecutivo y prometió un programa basado en “soluciones realistas y concretas”.

Una jurista formada entre Marruecos, Francia y Estados Unidos

Fatima Ezzahra El Mansouri, nacida en Marrakech el 3 de enero de 1976, llega a la jefatura del Gobierno después de una trayectoria que combina formación jurídica, experiencia municipal, actividad parlamentaria, gestión ministerial y liderazgo partidario. Según la biografía oficial difundida tras su nombramiento, posee una licenciatura en Derecho Privado por la Universidad Mohammed V de Rabat, un DEA en Derecho de los Contratos de Negocios por la Universidad de Montpellier y un certificado en Derecho Angloamericano por Pace University, en Estados Unidos. Es abogada especializada en derecho inmobiliario y estuvo inscrita en el Colegio de Abogados de Marrakech desde 2005.

Su carrera política comenzó en el Movimiento de Todos los Demócratas, antecedente del PAM, formación que participó en la fundación del partido en 2008. Dos años después, El Mansouri alcanzó una posición que ya entonces tenía una fuerte carga simbólica: en 2009 se convirtió en la primera mujer en ocupar la alcaldía de Marrakech. Regresó al cargo en 2021, después de haber sido diputada durante dos legislaturas y de haber presidido durante años el Consejo Nacional del PAM. En 2021 ingresó en el Gobierno de Aziz Akhannouch como ministra de Ordenación Territorial Nacional, Urbanismo, Vivienda y Política de la Ciudad. Desde 2024 coordinaba la dirección colegiada del PAM.

Su trayectoria no se ha limitado al ámbito nacional. En 2014 fue incluida por Forbes entre las jóvenes africanas más influyentes y ese mismo año fue reconocida como Young Global Leader por el Foro Económico Mundial. Su perfil, esencialmente jurídico y administrativo, ha contribuido a construir una imagen política vinculada a la gestión, la modernización urbana y la capacidad de interlocución institucional.

El Mansouri procede, además, de una familia vinculada durante generaciones a la administración y a la diplomacia marroquí. Su padre, Abderrahmane El Mansouri, fue funcionario en Marrakech y posteriormente embajador en los Emiratos Árabes Unidos. Este origen familiar, unido a sus vínculos con sectores influyentes de la vida política y económica del Reino, ha sido señalado por distintos medios como un elemento relevante para comprender su ascenso.

La nueva jefa del Gobierno llega al poder, por tanto, no como una figura ajena a las estructuras tradicionales del Reino, sino como una dirigente profundamente integrada en ellas. Su ascenso representa una renovación generacional y, sobre todo, una transformación en la representación de la autoridad política: una mujer situada en el centro de las instituciones de un país cuya vida política continúa teniendo a la monarquía como eje fundamental.

El PAM, entre el liberalismo económico y el reformismo social

El Partido Autenticidad y Modernidad nació en 2008 y se configuró como una formación centrista y modernizadora, en buena medida como alternativa al crecimiento del Partido de la Justicia y el Desarrollo. Su posición política combina una defensa de la economía de mercado, la atracción de inversiones y la modernización de las infraestructuras con políticas sociales destinadas a mejorar el poder adquisitivo y los servicios públicos.

El programa electoral del PAM para 2026 se articula en torno a cinco grandes compromisos relacionados con el poder adquisitivo, la integración de los jóvenes, la ciudadanía y los servicios públicos, la seguridad estratégica y el crecimiento sostenible. La formación calcula un coste global de 350.000 millones de dírhams para cinco años y plantea la creación de al menos un millón de empleos netos durante el período 2027-2031.

El empleo constituye probablemente la principal apuesta económica. El partido aspira a reducir el desempleo hasta el 7% en 2031 mediante el impulso de los servicios de mayor valor añadido, la industria y la sustitución de importaciones, la agricultura, el turismo y la economía vinculada al deporte. El programa concede especial importancia a la juventud, las mujeres y el mundo rural como componentes activos del crecimiento.

En materia social, el PAM plantea una concepción de la mujer que va más allá de las políticas asistenciales. La formación sostiene que la incorporación femenina debe alcanzar la producción económica, la autonomía social y los centros de decisión política. En su programa, las cuestiones relacionadas con el empleo femenino, la participación económica y la presencia de las mujeres en los espacios de poder forman parte de una concepción más amplia del desarrollo nacional.

Esta orientación encaja con el perfil de El Mansouri: una dirigente que ha construido su carrera en la administración pública y en la política institucional y que ahora deberá transformar los compromisos electorales de su formación en políticas de Estado.

Una decisión que trasciende a Marruecos

La dimensión más visible del nombramiento es, sin embargo, la simbólica. El Mansouri se convierte en la primera mujer en dirigir un Gobierno marroquí y en una de las escasas mujeres que han alcanzado la jefatura de un Ejecutivo en el mundo árabe. Después de Najla Bouden en Túnez, que encabezó el Gobierno entre 2021 y 2023, y de Sara Zaafarani, también en Túnez desde 2025, su llegada confirma una tendencia todavía minoritaria en la región.

El significado regional resulta especialmente relevante porque la presencia de mujeres en las instituciones árabes ha avanzado de manera desigual. Marruecos ha optado durante las últimas décadas por una política gradual de incorporación femenina a la vida pública, vinculada a reformas legislativas, administrativas y constitucionales. En 2025, las autoridades marroquíes señalaban que las mujeres representaban el 24,3% de la Cámara de Representantes tras las elecciones de 2021 y que constituían el 41,23% del funcionariado. También destacaban la presencia de seis ministras y el incremento de mujeres en puestos de responsabilidad administrativa.

La diplomacia ofrece otro ejemplo. Samira Sitaïl ejerce como embajadora de Marruecos en Francia, una de las representaciones diplomáticas de mayor importancia estratégica para Rabat. La política exterior marroquí ha defendido, además, la incorporación de las mujeres a la diplomacia y a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. En abril de 2025, Marruecos impulsó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una resolución sobre el papel de las mujeres en la diplomacia y su participación en la defensa y promoción de los derechos humanos, adoptada por consenso.

La política de Mohammed VI hacia la condición femenina tiene antecedentes anteriores a la llegada de El Mansouri a la jefatura del Gobierno. Uno de los momentos decisivos fue la reforma de la Mudawana, el Código de Familia, impulsada por el monarca a comienzos de su reinado y aprobada en 2004. La reforma introdujo, entre otras medidas, una concepción de responsabilidad compartida dentro de la familia, reconoció la tutela matrimonial como derecho de la mujer adulta y fijó en 18 años la edad general para contraer matrimonio, aunque con excepciones judiciales.

Desde entonces, la incorporación de mujeres a ministerios, alcaldías, embajadas, parlamentos y altos puestos administrativos ha formado parte de una evolución institucional sostenida. El nombramiento de El Mansouri lleva ahora ese proceso a su expresión más elevada: una mujer no solo participa en el Gobierno, sino que pasa a dirigirlo.

El desafío será convertir el símbolo en política pública

El nombramiento de Fatima Ezzahra El Mansouri posee dos dimensiones inseparables. Es, por un lado, la consecuencia de una trayectoria política personal y de la victoria electoral del PAM. Pero es también el resultado visible de una evolución institucional en la que la mujer marroquí ha ido ocupando espacios cada vez más relevantes en la administración, la diplomacia, el Parlamento y el Gobierno.

Al recibir el encargo, El Mansouri definió su designación como “un momento histórico” y dijo que constituía un motivo de orgullo para las mujeres del país. Ahora comienza la parte menos simbólica y más exigente de su mandato: transformar ese gesto histórico en resultados concretos. La primera mujer que llega a la jefatura del Gobierno marroquí deberá demostrar que su ascenso no es solamente el final de una larga marcha hacia la representación política femenina, sino también el comienzo de una nueva etapa en la que esa representación se traduzca en empleo, servicios públicos, igualdad efectiva y mayor participación ciudadana.

 

En el polvorín del Cuerno de África: Etiopía reabre las puertas del infierno con una nueva guerra civil

Tras el colapso del pacto de paz de 2022, una inédita y heterogénea alianza insurgente de siete milicias encabezada por el Tigray busca derrocar al primer ministro Abiy Ahmed. El conflicto amenaza con internacionalizarse y arrastrar a todo el Cuerno de África a una conflagración sin precedentes.

 

Buenos Aires - La frágil tregua que en noviembre de 2022 detuvo una de las conflagraciones más mortíferas del siglo XXI ha saltado por los aires. En la madrugada del pasado 23 de septiembre de 2026, las fuerzas armadas del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) lanzaron una amplia y coordinada ofensiva en el norte de Etiopía, tomando el control de tres aeropuertos estratégicos regionales —Mekelle, la capital tigrayana, Axum y Shire—, forzando la suspensión inmediata de todos los vuelos comerciales de la aerolínea estatal Ethiopian Airlines y extendiendo los combates a las vecinas regiones de Afar y Amhara. Mientras las autoridades de Tigray justifican las operaciones militares como una "guerra defensiva" ante los constantes e incrementados ataques federales con drones, el Gobierno central del primer ministro y galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2019, Abiy Ahmed, califica el movimiento de "ofensiva total" e irresponsabilidad absoluta. En esta nueva conflagración, el mapa de lealtades políticas se ha invertido por completo: milicias y facciones que hace apenas cuatro años se enfrentaban a muerte en el campo de batalla combaten hoy unidas bajo una misma bandera contra el poder central de Adís Abeba.

Una geografía clave para el equilibrio regional

Etiopía es un gigante demográfico y geopolítico de más de 120 millones de habitantes, lo que lo convierte en el segundo país más poblado de África y en el corazón gravitacional del Cuerno de África. Su relieve, dominado por el vasto macizo etíope cortado de norte a sur por el Gran Valle del Rift, configura tanto una barrera natural como un complejo mosaico de microclimas y etnias aisladas. La nación es, además, la cuna del Nilo Azul, cuyas fuentes en el lago Tana aportan la inmensa mayoría del caudal que fluye hacia el norte, haciendo del control hídrico un asunto de vital importancia estratégica.

Desde que Eritrea se independizó en 1993, Etiopía se convirtió en un Estado mediterráneo, sin acceso directo al mar. Esta limitación geográfica ha condicionado de manera severa su política exterior y comercial, obligando al país a depender de forma crítica de la infraestructura portuaria de Yibuti, por donde transita prácticamente el 95% de su comercio internacional y abastecimiento de combustible. La estabilidad de Etiopía es el pilar sobre el que descansa el delicado equilibrio de la región; limita con Eritrea, Sudán, Sudán del Sur, Kenia, Somalia y Yibuti. Cualquier fractura de sus fronteras desencadena de inmediato un efecto dominó de refugiados, tráfico de armas e inestabilidad en zonas vulnerables como el estrecho de Bab el-Mandeb y la cuenca del mar Rojo.

Las raíces del colapso: la quiebra de Pretoria

Para comprender la magnitud de la crisis actual es necesario remontarse al estallido de la guerra civil de 2020-2022. Durante casi tres décadas, entre 1991 y 2018, el TPLF dominó con mano de hierro la coalición del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope que gobernó el país tras la caída de la dictadura del Derg. A pesar de representar a una minoría étnica que apenas conforma el 6% de la población nacional, la elite tigrayana concentró el poder político, militar y económico de la federación. Esta hegemonía se quebró con la llegada al poder de Abiy Ahmed en 2018, un político oromo que disolvió la antigua coalición, fundó el Partido de la Prosperidad y comenzó un proceso de recentralización y desplazamiento de los líderes tigrayanos.

Las crecientes fricciones desembocaron en noviembre de 2020 en una devastadora guerra civil que atrajo la intervención militar de la vecina Eritrea y de milicias amharas del lado federal. Aquel conflicto dejó un saldo trágico estimado en 600.000 muertos —principalmente a causa de la hambruna y el bloqueo humanitario— y más de cinco millones de desplazados internos. En noviembre de 2022, el Acuerdo de Paz de Pretoria, auspiciado por la Unión Africana, puso fin formalmente a las hostilidades, disponiendo el cese del fuego, el desarme paulatino del TPLF y el restablecimiento de la autoridad federal.

Sin embargo, el Acuerdo de Pretoria contenía gérmenes de su propia destrucción al excluir de las mesas de negociación a dos actores clave: el Gobierno de Eritrea y las fuerzas milicianas de la región de Amhara. Los territorios del oeste de Tigray continuaron bajo ocupación militar amhara, el proceso de desarme quedó incompleto y cerca de 750.000 desplazados tigrayanos se vieron imposibilitados de retornar a sus hogares. El detonante final sobrevino en 2025 y 2026, cuando el Gobierno federal intentó integrar a la fuerza a las unidades de seguridad regionales dentro de la estructura militar nacional y desplegó sistemáticos ataques con drones contra supuestos objetivos en Tigray. En mayo de 2026, la facción dura del TPLF restauró a Debretsion Gebremichael como presidente regional, rompiendo toda colaboración con la administración interina impuesta desde la capital.

Radiografía del frente rebelde y de las fuerzas federales

El mapa del conflicto actual destaca por su notable complejidad ideológica y territorial. La ofensiva de septiembre de 2026 fue precedida por el anuncio, el 20 de septiembre, de la formación de la Alianza de Fuerzas de los Pueblos Etíopes por la Supervivencia, conocida popularmente como la "Alianza de los 7 Ejércitos". Esta heterogénea coalición agrupa a organizaciones insurgentes de seis regiones diferentes con el objetivo explícito de derrocar al Ejecutivo de Abiy Ahmed e instaurar un gobierno de transición:

• Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF): Encabezado por Debretsion Gebremichael y con Amanuel Assefa como vicepresidente, constituye el núcleo con mayor disciplina militar y experiencia táctica del frente. Aporta las curtidas Fuerzas de Defensa de Tigray (TDF) y el control operativo de la provincia septentrional. La formación ha declarado que el pacto de Pretoria carece de validez tras la ruptura de compromisos por parte de Adís Abeba.
• Movimiento Nacional Amhara Fano: Dirigido por Zemene Kassie —quien actúa como portavoz de la alianza—, agrupa a milicias nacionalistas de la segunda región más poblada del país. Paradójicamente, Fano luchó del lado del Gobierno federal contra Tigray en la guerra de 2020-2022. Sin embargo, se levantó en armas contra Abiy Ahmed en 2023 cuando el Ejecutivo buscó desarmar a las fuerzas regionales. Su ideología combina la defensa radical de la identidad amhara y la reivindicación de disputas territoriales.
• Ejército de Liberación Oromo (OLA): Dirigido militarmente por Jaal Marroo, sostiene desde 2018 una insurrección armada en Oromia, la región con mayor superficie y población de Etiopía. Reclama la autodeterminación del pueblo oromo y combate el modelo recentralizador de Adís Abeba.
• Frente Revolucionario de Unidad Democrática Afar (ARDUF / Ugugumo): Liderado por Ibrahim Osman Aliyu, opera en la franja nororiental. Su participación es fundamental para el avance insurgente hacia las localidades fronterizas de Abala, Erebti y Berhale, con la meta implícita de asfixiar las vías terrestres de suministro federal.
• Fuerzas suplementarias de la Alianza: La coalición la completan el Frente de Liberación Nacional de Ogadén (ONLF, de la región somalí), el Movimiento de Liberación Popular de Benishangul y el Movimiento Democrático Popular Gumuz. El único elemento articulador entre grupos tan dispares es el rechazo frontal a la figura del primer ministro.

Frente a la alianza insurrecta se erige el Gobierno federal y las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF), comandadas por el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Birhanu Jula. El Gobierno de Adís Abeba mantiene el respaldo de las autoridades locales de Afar, de unidades de la policía federal y de la facción moderada del TPLF alineada con Getachew Reda. Aunque las Fuerzas Armadas han sufrido reveses iniciales en tierra y la pérdida de plazas como Sekota y Alamata —esta última recuperada parcialmente en contraofensivas recientes—, la baza estratégica del Gobierno radica en su incontestable superioridad aérea. El despliegue sistemático de aeronaves no tripuladas (drones de combate de fabricación turca e iraní) le permite golpear la infraestructura rebelde a gran distancia, habiendo alcanzado la sede de la cadena regional Tigray TV en Mekelle y provocado cuantiosas bajas en los avances enemigos.

El ajedrez geopolítico: actores internacionales e intereses en juego

El conflicto de Etiopía trasciende las fronteras nacionales para convertirse en un tablero de ajedrez donde convergen los intereses de potencias regionales e internacionales.

Eritrea representa el factor más peligroso de internacionalización. Bajo el mando autoritario del presidente Isaias Afwerki, Asmara fue el aliado indispensable de Abiy Ahmed en la guerra de 2020-2022 contra su enemigo histórico, el TPLF. Sin embargo, tras quedar marginado de la tregua de Pretoria y ver con alarma las recientes pretensiones de Abiy Ahmed de obtener un puerto en el mar Rojo —que Asmara interpreta como una amenaza directa a su soberanía sobre Assab o Massawa—, las relaciones entre ambos Gobiernos se han roto por completo. Funcionarios etíopes acusan a Eritrea de financiar y coordinar a la Alianza de los 7 Ejércitos. Por su parte, la intervención directa de tropas eritreas con artillería pesada en las zonas fronterizas de Afar busca aislar el corredor de Yibuti para impedir el reabastecimiento de Adís Abeba.

En el flanco occidental, Sudán y Egipto miran el deterioro etíope bajo la lente del proyecto hidroeléctrico de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD). El jefe del Estado Mayor etíope, Birhanu Jula, acusó abiertamente a El Cairo y Jartum de suministrar pertrechos y soporte logístico a los insurgentes. Mientras las Fuerzas Armadas sudanesas del general Abdel Fattah al-Burhan mantienen lazos estrechos con Eritrea y Egipto, se reporta que combatientes tigrayanos han utilizado suelo sudanés como retaguardia logística. La posibilidad de que la guerra civil etíope y la sangrienta contienda interna sudanesa terminen fusionándose mediante corredores militares transfronterizos supone una amenaza sin precedentes para el noreste africano.

Por otro lado, los Emiratos Árabes Unidos han emergido como el sostén financiero y diplomático más firme del régimen de Abiy Ahmed, condenando las acciones del TPLF y garantizando el flujo de recursos militares al Gobierno federal. En el plano global, Estados Unidos, la Unión Europea y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) observan la situación con alarma, urgiendo una desescalada inmediata para no comprometer la seguridad de las rutas de navegación comercial en el mar Rojo. China, por su parte, siendo el principal inversor en infraestructura y acreedor de Etiopía, prioriza la preservación de la estabilidad del Estado central etíope y la seguridad de sus activos en la región.

La voz de los protagonistas y el clamor internacional

Las posturas vertidas por los líderes del conflicto reflejan la imposibilidad de encontrar, a corto plazo, un punto de encuentro diplomático. Desde el bando insurgente, el vicepresidente de las autoridades del Tigray, Amanuel Assefa, declaró con contundencia a los medios internacionales la gravedad de la situación: "Hay combates por todas partes. Ahora nos encontramos en una situación de guerra total". En una línea similar, el analista de la Universidad de Oslo Kjetil Tronvoll explicó que la toma de aeropuertos y la penetración en Afar "reflejan la estrategia de cortar las líneas de suministro hacia Adís Abeba, buscando asfixiar la economía federal al interrumpir el flujo de combustible e importaciones que llegan desde Yibuti".

Desde la cúpula gubernamental, la respuesta no ha dejado margen a la negociación. Getachew Reda, actual consejero del primer ministro, criticó con dureza la acción rebelde señalando que "la cúpula político-militar del TPLF ha llevado la irresponsabilidad a nuevas alturas al lanzar una ofensiva total y tomar aeropuertos federales". El jefe del Estado Mayor militar, Birhanu Jula, reafirmó la tesis de la conspiración externa: "Estamos combatiendo fuerzas que están organizadas y aliadas para servir a los intereses de potencias externas. Ni Eritrea ni el TPLF pueden lograr nada por sí solos si no cuentan con el respaldo, el apoyo y el suministro de Sudán, Egipto y otras potencias".

Entretanto, los organismos internacionales insisten en la vía del diálogo antes de que la catástrofe sea irreversible. El portavoz de la Secretaría General de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, enfatizó la preocupación del organismo "por el uso indiscriminado de drones y los ataques que causan daños devastadores sobre la población civil". Asimismo, la investigadora de Human Rights Watch, Laetitia Bader, advirtió sobre las dramáticas consecuencias humanas: "La región ya afronta crisis devastadoras de derechos humanos y humanitarias. Vemos que el riesgo para la población se extiende en un momento en que la atención diplomática y el escrutinio sobre Etiopía han disminuido".

Un futuro en la cuerda floja

Etiopía se encuentra atrapada en una trampa histórica derivada de su propio diseño constitucional. El federalismo étnico, concebido en los noventa para otorgar representación a las diferentes nacionalidades del país, ha terminado por institucionalizar las divisiones y armar a las identidades regionales. La Alianza de los 7 Ejércitos ha logrado canalizar el descontento heterogéneo contra el autoritarismo de Adís Abeba, pero adolece de fragilidades internas extremas: las históricas disputas territoriales entre amharas y tigrayanos no han desaparecido y amenazan con fracturar el frente insurgente en cuanto el enemigo común retroceda.

Si el Gobierno de Abiy Ahmed logra preservar el corredor logístico con Yibuti y hacer valer su poderío aéreo, la ofensiva rebelde podría ser contenida como una crisis de seguridad regional manejable. No obstante, si los frentes se consolidan, el corte de suministros se concreta y las potencias vecinas escalan su implicación, Etiopía corre el riesgo de precipitarse hacia la balcanización. En un Cuerno de África desbordado por las crisis humanitarias y la violencia, la caída de Etiopía representaría la pérdida del último ancla de estabilidad regional, abriendo un capítulo de consecuencias impredecibles para todo el continente africano.

 

Marruecos y Arabia Saudí, una alianza entre dos monarquías ante la amenaza hutí

 

El respaldo de Mohammed VI a Riad tras la nueva ofensiva de los hutíes trasciende la solidaridad diplomática: reafirma una relación construida sobre vínculos dinásticos, religiosos, estratégicos y económicos y sitúa a Marruecos junto a Arabia Saudí ante una amenaza que ya afecta a la seguridad del Golfo, al mar Rojo y al comercio mundial.

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Buenos Aires - En un Oriente Medio sometido a una nueva y peligrosa mutación del equilibrio estratégico, el Reino de Marruecos ha hecho pública una declaración cuya trascendencia excede el lenguaje habitual de la diplomacia. El 26 de septiembre, el rey Mohammed VI dirigió sendos mensajes al rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, Servidor de los dos Lugares Santos del Islam, y al príncipe heredero Mohammed bin Salman, presidente del Consejo de Ministros, para expresar la solidaridad de Marruecos con Arabia Saudí ante la sucesión de ataques perpetrados por las milicias hutíes.

El contenido de esos mensajes posee una densidad política singular. El monarca marroquí no se limitó a expresar preocupación por los ataques ni a reafirmar su respaldo a la soberanía saudí. Estableció una identificación estratégica entre la seguridad de ambos reinos. “La seguridad y la estabilidad del Reino de Arabia Saudí, al igual que la seguridad del resto de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, es inseparable de la seguridad del Reino de Marruecos», afirmó Mohammed VI. Y añadió una frase destinada a convertirse en el eje político de la declaración: «toda agresión contra Arabia Saudí es una agresión contra Marruecos”.

La contundencia de la fórmula sólo puede comprenderse a la luz de la relación que desde hace décadas vincula a las dos monarquías. Marruecos y Arabia Saudí constituyen dos centros históricos de legitimidad dentro del mundo árabe e islámico, aunque sus respectivas tradiciones políticas y religiosas sean diferentes. El vínculo entre las casas reales Alauita y Al Saud ha adquirido, bajo Mohammed VI y Salman bin Abdulaziz, una dimensión particularmente estrecha, sustentada en una concepción compartida de la estabilidad regional, la soberanía estatal y la cooperación frente a las amenazas procedentes de actores armados no estatales.

La propia diplomacia marroquí ha definido reiteradamente esos vínculos como fraternales, históricos y estratégicos. En 2025, durante la decimocuarta sesión de la Comisión Mixta Marruecos-Arabia Saudí, celebrada en La Meca, ambos Gobiernos volvieron a subrayar la profundidad de esa relación y su voluntad de ampliarla hacia nuevos ámbitos. La cooperación ya no se limita a la esfera política: alcanza las finanzas, las inversiones, la defensa, la lucha contra el terrorismo, el comercio, las infraestructuras, el turismo, la agricultura y las energías renovables.

El carácter estratégico de esa asociación tampoco es nuevo. Marruecos participó en el marco de la coalición encabezada por Arabia Saudí en Yemen desde 2015, en apoyo del Gobierno internacionalmente reconocido. Una década después, la cooperación militar continúa profundizándose. En marzo de 2025, el inspector general de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes visitó Arabia Saudí y mantuvo conversaciones con el jefe del Estado Mayor saudí sobre cooperación militar y seguridad regional. Aquella visita puso de manifiesto que la relación entre ambos aparatos de defensa se encuentra institucionalizada y no depende exclusivamente de coyunturas políticas.

También la dimensión económica ha experimentado una expansión considerable. En febrero de 2025, Marruecos y Arabia Saudí suscribieron un memorando de entendimiento en materia de cooperación financiera destinado a fortalecer la coordinación macroeconómica y la cooperación ante organismos internacionales. En octubre del mismo año, una delegación encabezada por el ministro saudí de Inversiones visitó Rabat para impulsar proyectos en energías renovables, industria, turismo, agricultura, transporte e infraestructuras. El vínculo político dispone, por tanto, de una creciente arquitectura económica.

Es sobre ese entramado de intereses convergentes donde debe interpretarse el actual mensaje de Mohammed VI. El monarca no está simplemente defendiendo a un aliado árabe. Está afirmando que la estabilidad del Golfo forma parte del sistema de seguridad estratégico de Marruecos y que las amenazas contra Arabia Saudí poseen una dimensión que alcanza al conjunto del mundo árabe e islámico.

Una guerra que nació en Yemen y amenaza con desbordar sus fronteras

El conflicto con los hutíes tiene sus raíces en la compleja historia política, tribal y religiosa del Yemen. Los hutíes, conocidos oficialmente como Ansar Allah, surgieron en la década  de los noventa en el norte del país como un movimiento de revitalización religiosa asociado al zaydismo, una corriente del islam chií históricamente arraigada en Yemen. El movimiento se militarizó progresivamente y protagonizó desde 2004 varios enfrentamientos con el Gobierno de Saná.

La transformación decisiva se produjo en 2014, cuando los hutíes conquistaron la ciudad capital, Saná, y desplazaron al Gobierno reconocido internacionalmente. La posterior intervención militar saudí, iniciada en 2015, convirtió la guerra civil yemení en uno de los principales escenarios de la rivalidad regional entre Arabia Saudí e Irán.

Pero reducir a los hutíes a una simple organización subordinada a Teherán sería insuficiente. El movimiento posee raíces y objetivos propios, una estructura política y militar autónoma y una fuerte implantación territorial. Su relación con Irán, sin embargo, se ha profundizado de manera extraordinaria. Teherán les ha proporcionado asistencia militar, tecnología, entrenamiento, inteligencia y componentes para misiles y drones. Investigaciones de Naciones Unidas y análisis especializados han documentado redes de transferencia de armamento iraní hacia Yemen.

Esa combinación de autonomía local y apoyo exterior ha convertido a Ansar Allah en uno de los actores armados no estatales con mayor capacidad de proyección militar de Oriente Medio. Su arsenal de misiles balísticos y de crucero, drones y sistemas no tripulados le permite atacar objetivos situados a cientos de kilómetros de sus posiciones y proyectar su influencia desde Yemen hacia Arabia Saudí, Israel y las rutas marítimas del mar Rojo.

La dimensión marítima constituye ahora uno de los aspectos más inquietantes de la crisis. Yemen ocupa una posición geográfica excepcional: domina la costa oriental del mar Rojo y se encuentra junto al estrecho de Bab el Mandeb, una de las principales puertas de comunicación entre el océano Índico y el Mediterráneo a través del canal de Suez.

El avance hutí hacia esa zona convierte una guerra civil en un problema de seguridad internacional. El secretario general adjunto de Naciones Unidas para Oriente Medio advirtió en septiembre sobre el avance de los hutíes hacia Bab el Mandeb y señaló que, aunque el tráfico comercial continuaba, la evolución militar estaba incrementando la preocupación de los mercados. La amenaza no procede únicamente de un eventual cierre formal del estrecho: basta con que los buques perciban que atravesarlo implica un riesgo elevado para alterar las rutas, elevar los costes de los seguros y prolongar los tiempos de transporte.

La experiencia reciente ya ha demostrado esa capacidad de perturbación. Los ataques hutíes contra buques comerciales en el mar Rojo obligaron a numerosos operadores a modificar sus itinerarios y a utilizar rutas más largas alrededor del continente africano. La Unión Europea mantiene además la misión naval Aspides para proteger la navegación comercial frente a esta amenaza.

Riad, bajo presión

Para Arabia Saudí, la cuestión posee una dimensión todavía más inmediata. Los hutíes no representan solamente una amenaza marítima distante. Su capacidad misilística y de drones les permite golpear ciudades, instalaciones energéticas, aeropuertos e infraestructuras estratégicas saudíes.

Durante septiembre se multiplicaron los ataques y las interceptaciones de proyectiles. Los hutíes reivindicaron ataques contra Riad y contra instalaciones vinculadas con Aramco en Yanbu, mientras las autoridades saudíes informaron de la interceptación de misiles y drones. También se registraron episodios relacionados con instalaciones energéticas y con el entorno de La Meca.

Es precisamente este último aspecto el que confiere al mensaje de Mohammed VI una dimensión religiosa extraordinaria. Para el monarca marroquí, como Comendador de los Creyentes, el problema dejó de ser exclusivamente una agresión contra la soberanía territorial saudí cuando los ataques alcanzaron —o intentaron alcanzar— el espacio de las ciudades santas.

“Lo que amplifica los sentimientos de condena es el hecho de que estos ataques hayan superado el objetivo de las instalaciones y de los civiles, para llegar hasta intentos desesperados, abyectos y odiosos dirigidos contra los Lugares más sagrados de la Tierra y los más santos en el corazón de todo musulmán: La Meca y Medina”, señala el comunicado real.

El razonamiento continúa con una afirmación de gran alcance político: esos ataques “no constituyen solamente una agresión contra el hermano Reino de Arabia Saudí” sino también “una agresión flagrante contra los sentimientos de más de mil ochocientos millones de musulmanes en los cuatro rincones del mundo”.

La elección de las palabras no es accidental. Mohammed VI es, además de jefe de Estado, descendiente de la familia del profeta Mahoma y monarca de una dinastía con  una legitimidad histórica y religiosa particularmente profunda. Arabia Saudí, por su parte, alberga La Meca y Medina y su rey ostenta el título de Servidor de los Dos Lugares Santos. La solidaridad expresada desde Rabat adquiere así una dimensión que trasciende la diplomacia convencional.

La dimensión religiosa del mensaje

El comunicado sitúa deliberadamente la defensa de Arabia Saudí en el marco de la protección de los valores islámicos. Mohammed VI recuerda que el islam “preconiza la paz, la tolerancia y el carácter sagrado de la sangre, del honor y de las sacralidades”.

No se trata únicamente de una apelación religiosa. Es también una construcción política destinada a presentar la defensa de Arabia Saudí como una cuestión de soberanía, derecho internacional y estabilidad colectiva.

El monarca responsabiliza directamente a los hutíes y a “quienes las apoyan, las financian y las arman”, afirmando que todos ellos deben responder “ante Dios, la historia y el derecho internacional”. Asimismo, reclama la aplicación de sanciones internacionales.

Mohammed VI invoca expresamente las resoluciones 2216, adoptada por el Consejo de Seguridad en 2015, y 2722, aprobada en 2024, relativa a los ataques contra la navegación comercial en el mar Rojo. Con ello, Rabat procura situar su posición dentro del lenguaje jurídico de Naciones Unidas y no exclusivamente en el terreno de la solidaridad árabe.

La misma lógica había sido defendida pocos días antes por el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, durante una reunión del Consejo de Seguridad bajo fórmula Arria. Bourita calificó de cobardes los ataques hutíes, expresó la “solidaridad absoluta” de Marruecos con Arabia Saudí y advirtió de que el intento de controlar Bab el Mandeb demuestra que la seguridad de los estrechos internacionales ya no puede ser considerada exclusivamente una cuestión de los Estados ribereños.

El alcance estratégico de una declaración

La frase según la cual una agresión contra Arabia Saudí constituye una agresión contra Marruecos posee, por tanto, un significado que excede su dimensión retórica. Representa la reafirmación de una comunidad estratégica entre dos monarquías que han desarrollado durante décadas mecanismos de cooperación política, económica, militar y de inteligencia.

Para Riad, el respaldo de Rabat adquiere además un valor político específico. Marruecos posee una posición singular en el mundo árabe, africano e islámico. Su diplomacia mantiene vínculos simultáneos con Europa, África, Estados Unidos, los países del Golfo y diversas potencias asiáticas. Mohammed VI ha construido durante las últimas décadas una política exterior basada en la diversificación de alianzas y en la búsqueda de asociaciones que permitan a Marruecos actuar como interlocutor entre espacios geopolíticos diferentes.

Por ello, la declaración real no debe interpretarse exclusivamente como una respuesta bilateral. Se inserta en una progresiva formación de posiciones regionales destinadas a contener la expansión de las amenazas procedentes del Yemen. Turquía, Egipto, Pakistán y Arabia Saudí ya habían afirmado conjuntamente el derecho de Riad a defenderse conforme al derecho internacional y habían subrayado la necesidad de garantizar la seguridad de la navegación.

La Liga Árabe también condenó la escalada y afirmó que la seguridad del reino forma parte de la seguridad nacional árabe. Marruecos, sin embargo, ha añadido a esa condena una formulación particularmente contundente: la seguridad del Golfo es inseparable de su propia seguridad.

El verdadero alcance de la crisis se encuentra precisamente ahí. El conflicto yemení ha dejado de ser una guerra circunscrita a las montañas y ciudades de Yemen. Los misiles que amenazan a Riad, los drones que ponen en riesgo instalaciones energéticas y los ataques contra buques comerciales convierten a Bab el Mandeb en una pieza de la seguridad energética y comercial del planeta.

En ese escenario, la alianza entre Rabat y Riad adquiere una dimensión renovada. Marruecos no dispone de una frontera con Yemen, pero sí comparte con Arabia Saudí una concepción de la seguridad regional basada en la defensa de la soberanía estatal, la estabilidad de las monarquías árabes y la protección de las grandes rutas de comunicación marítima.

El mensaje de Mohammed VI es, por ello, simultáneamente religioso, político y estratégico. Su defensa de Arabia Saudí significa defender la soberanía de un Estado aliado; su defensa de La Meca y Medina apela a la sensibilidad de la comunidad musulmana mundial; y su preocupación por Bab el Mandeb introduce la crisis en el ámbito de la seguridad internacional.

En un Oriente Medio donde las fronteras entre conflictos locales y rivalidades regionales se vuelven cada vez más difusas, Marruecos ha querido dejar claro de qué lado se encuentra. La afirmación de Mohammed VI —“toda agresión contra Arabia Saudí es una agresión contra Marruecos”— no es únicamente una expresión de solidaridad entre dos familias reales. Es la formulación política de una alianza que, después de décadas de cooperación, vuelve a encontrarse ante una amenaza común.

Y esa amenaza ya no navega solamente por las aguas del mar Rojo ni se proyecta únicamente sobre los cielos saudíes. Alcanza las arterias por las que circulan la energía, las mercancías y buena parte del comercio entre Asia, África y Europa. Por eso, la crisis hutí ha dejado de ser un episodio más de la interminable guerra de Yemen: se ha convertido en una prueba para el sistema de seguridad del Golfo, para la libertad de navegación internacional y para la capacidad de las potencias árabes de actuar coordinadamente frente a una nueva generación de amenazas.

 

América Latina vista desde la Asamblea General de Naciones Unidas

 

En la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026, un grupo de jefes de Estado sudamericanos y centroamericanos coincidió en un lenguaje que, más allá de matices nacionales, delinea una nueva geografía política regional.

Los discursos de Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), José Manuel Restrepo en representación de Abelardo de la Espriella (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador), Keiko Fujimori (Perú), Santiago Peña (Paraguay) y Nayib Bukele (El Salvador) no constituyen un manifiesto único. Sin embargo, revelan convergencias suficientemente densas como para esbozar un perfil ideológico compartido, un alineamiento internacional reconocible y un diagnóstico común de los problemas que estos gobiernos consideran existenciales. Frente a ellos se perfila, con otra gramática, el polo que agrupa a México, Brasil y Uruguay, en distinto grado vinculado a Cuba y Nicaragua.

La coincidencia más nítida es la securitización de la política exterior. En casi todos estos discursos la seguridad deja de ser un asunto de policía interna y se presenta como un fenómeno transnacional que exige coordinación hemisférica. Ecuador describe redes de narcotráfico, minería ilegal, trata y lavado; Colombia reclama una arquitectura internacional contra el narcotráfico y una definición común de terrorismo; Bolivia incorpora el “narcoterrorismo” a su diagnóstico; Chile habla de crimen organizado que desborda fronteras; Perú, en la primera intervención de Fujimori ante la Asamblea, equipara a las organizaciones criminales con grupos terroristas y reivindica la experiencia peruana contra Sendero Luminoso como precedente de una guerra de nuevo tipo; El Salvador, con Bukele, insiste en que la recuperación del monopolio de la violencia por parte del Estado es la condición previa de cualquier desarrollo. Argentina y Paraguay se inscriben en la misma lógica. El dato institucional que da consistencia a esa retórica es la adhesión de estos países —con distintos calendarios— al Escudo de las Américas, el mecanismo de coordinación impulsado por Washington para el intercambio de información y la persecución de organizaciones criminales. No se trata solo de analogías verbales: hay una estructura de cooperación que los vincula entre sí y con Estados Unidos.

Ese eje de seguridad se articula con una segunda convergencia: la defensa de una economía abierta a la inversión, la propiedad y la seguridad jurídica. Paz contrapone el “capitalismo para todos” al ciclo asociado a Evo Morales y Hugo Chávez; Milei radicaliza la defensa del capitalismo de libre empresa y la crítica al intervencionismo regulatorio, incluso en materia tecnológica; Kast ofrece a los inversores reglas estables y contratos respetados; Peña insiste en que la prosperidad depende de instituciones predecibles y mercados abiertos; Fujimori y Noboa combinan apertura económica con prioridad securitaria; Bukele presenta la pacificación del territorio como el activo que permite el retorno de capitales y de emigrantes. Los recursos estratégicos —litio, cobre, hidrocarburos, energía— dejan de ser solo emblemas de soberanía extractiva y pasan a concebirse como activos geopolíticos para atraer inversiones, tecnología y alianzas. La inteligencia artificial aparece, según el caso, como motor de crecimiento, amenaza criminal o ámbito que no debe ser sofocado por una regulación preventiva.

De esos dos pilares —seguridad hemisférica y liberalismo económico— se desprende un perfil ideológico que no es idéntico en todos, pero sí reconocible. Se trata de una derecha o centroderecha contemporánea que combina liberalismo de mercado, conservadurismo político o cultural en dosis variables, nacionalismo soberanista y una concepción de la democracia como contrapeso al autoritarismo. Fujimori introduce con más claridad que otros el componente cultural: la crítica a “agendas” internacionales que habrían debilitado la familia y polarizado las sociedades. Milei ocupa el extremo libertario y anti-burocrático. Kast y Peña son más institucionalistas. Paz representa la ruptura más dramática con el ciclo anterior en Bolivia. Noboa, Restrepo y Bukele privilegian el Estado fuerte en materia de orden público. Ninguno de ellos propone un aislamiento. Todos aceptan la cooperación internacional siempre que refuerce, y no limite, la capacidad de decisión nacional. El concepto que mejor resume esa síntesis es el de un multilateralismo soberanista: reformar Naciones Unidas para hacerla más eficaz, menos burocrática y más atenta a las prioridades de los Estados, no para disolverla.

Los alineamientos internacionales se deducen con claridad. Estados Unidos aparece como el principal socio estratégico, especialmente en seguridad, inteligencia y, en varios casos, inversión. Milei declara a Argentina “inequívocamente alineada” con Occidente, Washington e Israel. Paraguay profundiza una relación ya estrecha con Estados Unidos y Taiwán. Ecuador y El Salvador han construido vínculos densos en materia de lucha contra el crimen. Chile y Bolivia, pese a tradiciones diplomáticas distintas, se incorporan al mismo dispositivo hemisférico. Colombia marca un giro respecto del periodo precedente. Israel figura de manera explícita en el discurso argentino y, de forma más discreta, en la afinidad occidental del conjunto. China, Rusia, Irán y Venezuela son mirados con una cautela muy superior a la de la ola de gobiernos del llamado Socialismo del Siglo XXI.

Los problemas que todos enfrentan, y que recorren los textos, son el crimen transnacional, la debilidad o captura de instituciones, la necesidad de atraer capital en un entorno de competencia global por minerales críticos y tecnología, y la percepción de que el sistema de Naciones Unidas, diseñado en 1945, responde con lentitud a crisis contemporáneas. A ello se suma, en varios países, la tensión entre soberanía y presión externa, y la reclamación de que la democracia no se reduzca a un procedimiento electoral, sino que sea condición de inserción internacional y de libertad económica. En el caso argentino reaparece la cuestión de las Malvinas; en el paraguayo, Taiwán; en el peruano y salvadoreño, la memoria de la lucha antiterrorista o antimafias como fuente de legitimidad.

América Latina, vista desde esta Asamblea, no aparece como un bloque ni como un simple “giro a la derecha”. Aparece dividida en dos modelos enfrentados, con un espacio intermedio que complica cualquier dicotomía perfecta. De un lado, el polo liberal-conservador aliado de Estados Unidos e Israel, cuya expresión institucional más visible es el Escudo de las Américas y cuyo lenguaje común es el de la seguridad, el mercado y la reforma restrictiva o eficientista de la ONU. Del otro, los herederos —en sentido amplio y no uniforme— del ciclo del Socialismo del Siglo XXI y de una tradición soberanista crítica de la hegemonía estadounidense: México, Brasil y Uruguay, que se vinculan en distinto grado con Cuba y Nicaragua. Lula da Silva formula la tesis de que Brasil no cabe en el patio trasero de ninguna potencia y defiende un multilateralismo de autonomía estratégica. Yamandú Orsi encarna una socialdemocracia internacionalista que rechaza tanto la confrontación permanente como la subordinación. México, representado por su canciller, insiste en la no intervención y el derecho internacional, en un contexto de acusaciones estadounidenses sobre los cárteles. Cuba y Nicaragua radicalizan esa crítica hasta el antiimperialismo y la defensa explícita del socialismo.

La paradoja, subrayada por los propios discursos del primer grupo, es que reivindican a la vez más soberanía nacional y más cooperación internacional; un Estado más fuerte en seguridad y una economía más abierta; una ONU que no desaparezca, pero que deje de imponer agendas internas. Esa combinación —y no una identidad ideológica monolítica— es lo que permite hablar de una comunidad de convergencia estratégica. No hay aún un bloque comparable al Mercosur ni una alianza militar formal. Hay, sí, una redistribución de las preferencias sobre el orden internacional. Las mismas palabras —soberanía, democracia, multilateralismo, desarrollo— circulan por ambos polos con significados políticos distintos. Esa disputa semántica, más que cualquier recuento de votos en el hemiciclo de Nueva York, es el dato más revelador de la América Latina que emerge en 2026.

 

Infravest: la estafa pirámidal que dejó al descubierto el dinero oculto de los campamentos de Tinduf

El colapso de Infravest, una empresa que desde 2022 captaba ahorros en los campamentos de Tinduf con promesas de rentabilidades extraordinarias, ha provocado protestas y dejado al descubierto una paradoja difícil de explicar: en una población refugiada asentada en uno de los territorios más inhóspitos del planeta circulaban millones de dólares destinados a una inversión que funcionaba como un esquema Ponzi.

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Buenos Aires - En septiembre de 2026, las calles de Rabuni y de Chahid El Hafed, en los campamentos de Tinduf, en el Sáhara argelino, dejaron de hablar solamente de supervivencia. Centenares de inversores, comerciantes y familias reclamaron la devolución de unos fondos que habían confiado a Infravest for Contracting and Investment, una empresa que había conseguido construir durante varios años una apariencia de solvencia y respetabilidad. Su director, Sallamu Abba Ali —también citado como Salamo Abaali— desapareció cuando comenzaron a multiplicarse las reclamaciones. Las estimaciones difundidas localmente sitúan el dinero comprometido en torno a los 886.000 millones de dinares argelinos, unos 6,6 millones de dólares, aunque las cifras siguen pendientes de una auditoría independiente.

Los informes existentes hablan de 3.420 contratos y de 2.841 inversores. Otra reconstrucción publicada posteriormente sitúa en 648.580 millones de dinares argelinos, más 532 millones de ouguiyas mauritanas, las cantidades que habrían sido captadas. Esas cifras proceden de estimaciones de fuentes locales y deben ser verificadas.

La importancia del caso no reside solamente en la eventual dimensión de la estafa. Infravest plantea una cuestión mucho más incómoda: cómo pudo funcionar durante años una estructura de captación masiva de dinero en una comunidad sometida a una economía de subsistencia, sin que las autoridades políticas y administrativas que controlan los campamentos detectaran, impidieran o investigaran sus operaciones.

La anatomía de una estafa Ponzi

Un esquema Ponzi recibe su nombre de Charles Ponzi, el estafador italoestadounidense que a comienzos del siglo XX popularizó un modelo basado en una premisa elemental: ofrecer a los inversores beneficios extraordinarios que no proceden de una actividad económica rentable, sino del dinero aportado por nuevos participantes.

La apariencia inicial es fundamental. Los primeros inversores pueden recibir efectivamente sus beneficios. Pero esos pagos no demuestran que exista una empresa rentable: simplemente sirven para consolidar la confianza y atraer más capital. Mientras el flujo de nuevos aportantes sea suficiente, el mecanismo puede mantenerse. Cuando el número de nuevos inversores disminuye o llega simultáneamente el vencimiento de un número elevado de contratos, la estructura se queda sin liquidez y se derrumba.

Ese patrón es precisamente el que las informaciones conocidas atribuyen a Infravest. La empresa habría comenzado construyendo una imagen legítima mediante actividades de contratación y obras, iniciativas comunitarias y acciones de carácter benéfico. Después habría ofrecido inversiones con rendimientos mensuales extraordinarios, que, según el material aportado, llegaron a situarse entre el 50% y el 70%. El dinero de los nuevos participantes habría permitido atender los pagos prometidos a los anteriores.

La llegada simultánea de cientos de vencimientos habría terminado por quebrar el mecanismo. El análisis de Buda Mustafa señala 780 contratos que habrían llegado al vencimiento, más del 22% del total registrado. Si esa información se confirma documentalmente, constituiría precisamente el tipo de crisis de liquidez característico de un esquema Ponzi: cuando las obligaciones de pago superan la capacidad de atraer nuevo dinero, la arquitectura financiera deja de funcionar.

La desaparición de Abbali agravó todavía más el desconcierto. La empresa difundió inicialmente un comunicado según el cual el director se encontraba fuera del país por motivos de viaje y pidió paciencia a los inversores. Pero la posterior desaparición del empresario convirtió el problema financiero en una crisis política y social.

El misterio de los seis millones de dólares

Hay, sin embargo, una pregunta que precede incluso a la responsabilidad penal de Infravest: ¿de dónde salió el dinero?

Los campamentos de Tinduf se encuentran en una de las zonas más áridas y difíciles del norte de África. La población local depende en gran medida de la asistencia internacional para satisfacer necesidades básicas. Human Rights Watch describía ya a los campamentos como asentamientos remotos en el desierto argelino cuya población dependía principalmente de la ayuda internacional para sus necesidades esenciales.

La propia documentación de la Comisión Europea señala que los residentes saharauis continúan dependiendo de la asistencia humanitaria y que la ayuda europea se canaliza mediante organizaciones internacionales y ONG especializadas.

De ahí nace la paradoja de Infravest. Resulta extraordinariamente llamativo que una comunidad cuya economía formal está severamente limitada por el entorno geográfico, el régimen de los campamentos y su dependencia de la asistencia internacional haya podido movilizar varios millones de dólares para destinarlos a una operación financiera privada.

Esto no demuestra por sí mismo que el dinero procediera de actividades ilícitas. Sería irresponsable convertir una anomalía económica en una acusación penal sin una investigación financiera. Pero sí justifica una investigación sobre el origen de los capitales. Entre las hipótesis que deberían ser examinadas figuran las redes de contrabando transfronterizo, el tráfico de drogas, el comercio ilegal de combustible y cigarrillos, la minería clandestina y la eventual desviación y posterior comercialización de productos de ayuda humanitaria.

La existencia histórica de mercados informales vinculados a las rutas transfronterizas del desierto está documentada. Human Rights Watch, por ejemplo, registró en años anteriores incidentes relacionados con el transporte de combustible y con presuntas actividades de contrabando en las proximidades de la frontera con Mauritania.

Pero una hipótesis sobre el origen de los fondos solamente puede transformarse en un hecho cuando una investigación financiera reconstruya las operaciones. Ese debería ser uno de los objetivos centrales de cualquier investigación sobre Infravest: determinar quién entregó el dinero, en qué cantidades, de dónde procedía, dónde fue depositado, qué intermediarios participaron y hacia qué destinos terminó siendo transferido.

El precedente de la ayuda humanitaria

La cuestión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se recuerda el antecedente de la investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF.

En 2003, la Comisión Europea recibió denuncias sobre posibles desviaciones de ayuda destinada a los residentes de Tinduf y solicitó una investigación a la OLAF. La investigación se realizó entre 2003 y 2007 y su informe fue conocido públicamente años después. El Parlamento Europeo dejó constancia de que el documento había identificado importantes problemas relacionados con la gestión y distribución de la ayuda alimentaria.

La Comisión Europea respondió que las conclusiones de la investigación habían puesto de manifiesto debilidades en la cadena logística de la ayuda y que, a partir de entonces, se habían reforzado los controles, incluyendo el seguimiento de la distribución, auditorías y una mayor presencia de organizaciones internacionales. La Comisión sostuvo además que, desde la implantación de esas medidas, no había encontrado nuevas evidencias de desviación de la ayuda financiada por ECHO.

Es una precisión importante. El informe de la OLAF no puede utilizarse legítimamente como prueba automática de que toda ayuda posterior haya sido desviada ni de que cualquier actividad económica desarrollada décadas después sea fruto de esa desviación. Pero sí constituye un antecedente institucional relevante que obliga a observar con especial atención cualquier nuevo circuito financiero surgido alrededor de los campamentos.

Una estructura que difícilmente podía pasar inadvertida

La cuestión política más delicada es la responsabilidad de las autoridades que administran los campamentos. Human Rights Watch ha señalado que, con la aquiescencia de las autoridades argelinas, el Frente Polisario administra los campamentos próximos a Tinduf.

Infravest no parece haber sido una operación clandestina desarrollada durante unas pocas semanas. Según el material aportado, funcionó físicamente desde 2022, mantuvo oficinas, realizó actividades de contratación, construyó una reputación pública y captó capital durante varios años.

Por ello, resulta difícil imaginar que una operación de semejante escala pudiera desarrollarse completamente al margen de las estructuras de poder locales. Esa circunstancia justifica investigar qué autorizaciones obtuvo la empresa, qué funcionarios conocieron sus actividades, qué controles administrativos existieron, qué instituciones permitieron su funcionamiento y si existieron relaciones financieras o personales entre sus responsables y miembros del aparato del Frente Polisario o funcionarios argelinos.

Allí existe una cuestión institucional de enorme gravedad: ¿cómo pudo una empresa captar durante años cantidades millonarias dentro de un espacio sometido a estructuras administrativas y de seguridad concretas sin que esas estructuras intervinieran?

Las víctimas no son quienes deben pagar la factura

Hay otra dimensión que corre el riesgo de quedar sepultada bajo el escándalo. Las víctimas inmediatas son los propios refugiados.

El expediente describe a comerciantes, empleados públicos, estudiantes y familias que habrían colocado sus ahorros en Infravest atraídos por la promesa de rentabilidades excepcionales.

Convertir a esos damnificados en responsables colectivos sería una injusticia adicional. La población saharaui de los campamentos no puede ser confundida con quienes administran sus estructuras políticas, ni puede atribuirse a una comunidad entera la eventual conducta criminal de individuos concretos.

Precisamente por eso, el caso Infravest debería servir para separar dos realidades que con frecuencia aparecen mezcladas: la población local, que continúa viviendo en condiciones de dependencia y vulnerabilidad, y las estructuras de poder que gestionan los campamentos.

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), entidad fantasma proclamada por el Frente Polisario y sin reconocimiento internacional, forma parte de ese entramado político, pero su existencia como estructura control por el movimiento separatista no convierte automáticamente a todos los saharauis locales en responsables de sus decisiones.

El dinero como radiografía de un sistema

El escándalo de Infravest puede terminar siendo mucho más importante que la desaparición de un empresario y la pérdida de varios millones de dólares. Puede convertirse en una radiografía de la economía informal de los campamentos y de la corrupción imperante entre los altos mandos del Polisario.

Si las cifras se confirman, habrá que explicar cómo una economía oficialmente dependiente de la asistencia internacional consiguió reunir semejante volumen de liquidez privada. Habrá que reconstruir también el circuito del dinero y determinar si existieron conexiones con redes comerciales transfronterizas.

El antecedente de la OLAF demuestra que los riesgos de desvío y comercialización irregular de recursos destinados a los refugiados no son una invención reciente. La propia Unión Europea modificó sus procedimientos precisamente para reducir esos riesgos y estableció mecanismos de seguimiento que, según la Comisión, no habían detectado nuevas desviaciones después de su implantación.

Infravest abre ahora un capítulo diferente: ya no se trata solamente de saber si una mercancía humanitaria llegó o no a su destinatario, sino de descubrir de dónde procede el capital privado que permitió montar una operación financiera de millones de dólares en un territorio donde las oportunidades económicas formales son extremadamente reducidas.

La respuesta determinará también la verdadera naturaleza del escándalo. Podría tratarse de una gigantesca estafa privada aprovechándose de una comunidad vulnerable. Podría revelar una economía informal mucho más importante de lo que muestran las estadísticas oficiales. O una investigación judicial y financiera podría descubrir conexiones con redes ilícitas de alcance regional. Incluso podrían coexistir esas realidades.

Por ahora, hay una certeza y una pregunta. La certeza es que miles de personas aseguran haber perdido sus ahorros y que Infravest presenta, según las informaciones disponibles, numerosos rasgos compatibles con un esquema Ponzi. La pregunta —mucho más profunda— es dónde estaba el dinero antes de entrar en Infravest y dónde está ahora.

En los campamentos de Tinduf, el desierto ha vuelto a revelar una paradoja: detrás de una comunidad cuya imagen internacional es la de una población dependiente de la ayuda humanitaria apareció, durante años, una masa de capital suficiente para alimentar una gigantesca operación financiera. Saber quién generó ese dinero, quién lo permitió circular y quién terminó beneficiándose de él será indispensable para distinguir el fraude individual de la existencia de una economía clandestina e ilegal más amplia. Y, sobre todo, para evitar que quienes vuelven a quedar abandonados sean, una vez más, los propios refugiados.