Las mujeres espías: De Mata Hari a la inteligencia artificial

 

Desde las cortes de la Antigüedad hasta los despachos de las principales empresas tecnológicas, los servicios de inteligencia han convertido las relaciones sentimentales, la seducción y la intimidad en instrumentos para obtener información estratégica. El escándalo que rodea al empresario Jensen Huang, vinculado a Nvidia, vuelve a situar esta práctica en el centro de la actualidad. Rahab, Mata Hari, las operaciones nazis del Salón Kitty, los agentes Romeo de Markus Wolf y las redes de inteligencia rusas y chinas ilustran una historia en la que el poder de la información ha encontrado en las relaciones humanas uno de sus caminos más eficaces.

Buenos Aires - La historia del espionaje ofrece numerosos ejemplos de cómo los servicios secretos han explotado las relaciones sentimentales y sexuales para penetrar en los círculos del poder, obtener documentos reservados, identificar vulnerabilidades personales o condicionar decisiones políticas. Lo que en el lenguaje de inteligencia se conoce como honey trap —trampa de miel— constituye una modalidad de captación basada en la atracción, la intimidad y, en ocasiones, el chantaje. No se trata de una práctica exclusivamente femenina: hombres y mujeres han sido utilizados como instrumentos de seducción. Sin embargo, la figura de la mujer espía, particularmente cuando combina atractivo personal, inteligencia y capacidad de infiltración, ha adquirido una dimensión casi mitológica.

El episodio más reciente que devuelve actualidad a esta modalidad de espionaje es el escándalo que involucra a Jensen Huang, fundador y hasta hace pocos días consejero delegado de Nvidia, una de las compañías más importantes del mundo en el desarrollo de procesadores para inteligencia artificial. Según las informaciones publicadas por The New York Times y recogidas posteriormente por Reuters, Huang mantuvo una relación extramatrimonial con Alice Huang, también conocida como Huang Le, empresaria china vinculada a Megaspeed, una compañía radicada en Singapur que adquiría procesadores avanzados de Nvidia.

Los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que Alice Huang habría sido reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado chino y que su relación con el empresario pudo formar parte de una operación destinada a obtener información y facilitar el acceso de intereses chinos a tecnología sometida a restricciones de exportación. La investigación adquiere una dimensión extraordinaria porque los semiconductores de última generación constituyen uno de los principales activos estratégicos de Estados Unidos en su competencia tecnológica con Pekín.

Reuters informó el 12 de noviembre de 2026 de que Huang había abandonado la dirección ejecutiva de Nvidia en medio de la controversia. La empresa abrió una investigación independiente para determinar si su máximo responsable había sido objeto de una operación de inteligencia extranjera. Es imprescindible, no obstante, distinguir entre las sospechas de los organismos estadounidenses y los hechos probados: no se ha demostrado públicamente que Alice Huang haya obtenido secretos comerciales ni que Jensen Huang conociera una eventual actividad clandestina. China ha rechazado las acusaciones.

El caso recuerda una constante histórica: cuando el acceso directo a los centros de decisión resulta difícil, los servicios de inteligencia procuran aproximarse a quienes tienen acceso personal a sus protagonistas. La intimidad puede convertirse así en una vía de penetración institucional.

Las primeras espías en los relatos bíblicos

Mucho antes de que existieran los servicios de inteligencia modernos, los relatos bíblicos ya presentaban mujeres cuya intervención resultó decisiva para obtener información, engañar al adversario o modificar el desenlace de un conflicto.

Una de las figuras más interesantes es Rahab, habitante de Jericó, tradicionalmente identificada como prostituta. Según el libro de Josué, cuando dos exploradores enviados por los israelitas llegaron secretamente a la ciudad, Rahab les proporcionó refugio y les transmitió información sobre el estado de ánimo de sus habitantes. Les explicó que la población conocía las victorias militares de los hebreos y que el temor se había extendido por toda la ciudad. También facilitó su huida y obtuvo, a cambio, la promesa de protección para ella y su familia durante la conquista.

Desde una perspectiva contemporánea, Rahab representa una fuente humana de información, una colaboradora local capaz de proporcionar datos sobre la moral del adversario, sus percepciones y su disposición a combatir. Su establecimiento pudo facilitarle contactos sociales, aunque el texto bíblico no demuestra que utilizara deliberadamente la seducción como método de espionaje.

Otro episodio significativo es el de Jael, relatado en el libro de los Jueces. Después de la derrota de las fuerzas cananeas, el comandante Sísara buscó refugio en su tienda. Jael lo recibió, le ofreció leche y lo cubrió con una manta. Cuando quedó dormido, aprovechó su vulnerabilidad para matarlo con una estaca. Su intervención contribuyó decisivamente a consolidar la victoria israelita. Aunque no existe una descripción explícita de seducción sexual, sí aparece una utilización deliberada de la hospitalidad, el engaño y la confianza para neutralizar a un jefe militar enemigo.

El caso de Ester presenta una modalidad diferente. Convertida en reina del Imperio persa, aprovechó su proximidad al monarca Asuero para impedir el exterminio de los judíos promovido por Amán. Mediante una cuidadosa estrategia de persuasión, organizó banquetes, administró los tiempos de su revelación y consiguió que el soberano conociera sus verdaderas intenciones. Ester no fue una espía en sentido estricto, sino una protagonista de inteligencia política e influencia estratégica desde el interior del poder imperial.

El ejemplo inverso aparece en Dalila, quien, según el libro de los Jueces, fue recompensada por los filisteos para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Mediante la insistencia emocional y la intimidad, consiguió que revelara que su fuerza estaba vinculada a su cabello, información que transmitió a sus enemigos. Constituye uno de los primeros relatos de obtención de información militar mediante la manipulación de una relación sentimental.

Finalmente, el libro de Judit, reconocido como deuterocanónico por las tradiciones católica y ortodoxa, presenta una operación de infiltración particularmente elaborada. Judit penetró en el campamento de Holofernes, comandante del ejército invasor, utilizando su belleza y capacidad de persuasión para ganarse su confianza. Cuando el general quedó profundamente dormido después de un banquete, lo decapitó con su propia espada. Su acción provocó la desorganización del ejército enemigo y permitió la salvación de su pueblo.

Estos relatos no deben interpretarse como documentos históricos de operaciones de inteligencia en el sentido moderno. Su importancia reside en que muestran la temprana asociación entre información, engaño, influencia personal y utilización estratégica de las relaciones humanas.

Mata Hari: la mujer que convirtió la seducción en una leyenda del espionaje

Margaretha Geertruida Zelle, conocida universalmente como Mata Hari, constituye el caso más célebre de la asociación entre seducción y espionaje.

Nacida en los Países Bajos en 1876, construyó en París una personalidad artística basada en la supuesta procedencia oriental y en espectáculos de danza exótica que alcanzaron enorme popularidad. Su verdadero talento consistió en desenvolverse en los ambientes aristocráticos, diplomáticos y militares europeos, donde mantuvo relaciones con numerosos hombres influyentes.

La Primera Guerra Mundial transformó esas relaciones en un potencial instrumento de inteligencia. Su nacionalidad neerlandesa, perteneciente a un país neutral, le permitía desplazarse por Europa con relativa libertad. Los alemanes la reclutaron bajo el nombre en clave H-21 y posteriormente los franceses intentaron utilizarla para obtener información sobre los círculos militares germanos.

Su actividad como agente doble, sin embargo, fue mucho menos eficaz de lo que sostiene la leyenda. Los documentos desclasificados por Francia en 2017, junto con las investigaciones históricas posteriores, muestran que transmitió información de escaso valor estratégico. Parte de sus comunicaciones consistía en rumores sobre la vida privada de oficiales y políticos franceses.

En enero de 1917, los franceses interceptaron comunicaciones alemanas que permitieron identificarla como H-21. Una hipótesis ampliamente considerada sostiene que los propios alemanes facilitaron deliberadamente su identificación mediante mensajes cifrados con una clave que sabían comprometida. De esa manera, se habrían desprendido de una agente poco útil y provocado su detención por los franceses.

Mata Hari fue arrestada en febrero de 1917, juzgada por espionaje y condenada a muerte. El 15 de octubre fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento en Vincennes, cerca de París. La acusación llegó a atribuirle responsabilidad indirecta por la muerte de decenas de miles de soldados franceses, una imputación que nunca quedó acreditada de manera convincente.

La historiografía contemporánea considera que su proceso estuvo condicionado por el clima de derrotismo, las dificultades militares francesas y la necesidad política de encontrar responsables. La bailarina neerlandesa se convirtió en un chivo expiatorio particularmente conveniente: extranjera, independiente, sexualmente emancipada y vinculada a hombres de diferentes nacionalidades.

Su caso demuestra que el mito de la mujer fatal puede resultar mucho más poderoso que la verdadera eficacia de una operación de espionaje.

Salón Kitty: el burdel al servicio de la inteligencia nazi

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nacionalsocialista desarrolló diferentes mecanismos para explotar las relaciones sexuales con fines de inteligencia y contrainteligencia. El episodio más conocido fue el denominado Salón Kitty, un establecimiento de prostitución de lujo situado en Berlín.

La operación estuvo vinculada a Reinhard Heydrich, jefe del Servicio de Seguridad de las SS, y a Walter Schellenberg, responsable de la inteligencia exterior del aparato de seguridad nazi. El establecimiento, dirigido por Kitty Schmidt, fue intervenido por los servicios secretos y transformado en un espacio de vigilancia clandestina.

Las habitaciones fueron equipadas con micrófonos ocultos que permitían registrar las conversaciones de los visitantes. Las mujeres seleccionadas debían relacionarse con los clientes, favorecer un ambiente de confianza y, cuando resultara posible, obtener información sobre sus opiniones políticas, relaciones diplomáticas y actividades profesionales.

Entre los visitantes cuyo comportamiento interesaba especialmente a los alemanes figuraban diplomáticos extranjeros, funcionarios y personalidades políticas. El ministro italiano Galeazzo Ciano aparece mencionado en las reconstrucciones posteriores de la operación.

El Salón Kitty representa un antecedente particularmente ilustrativo de la explotación sistemática de la intimidad como fuente de información. Sin embargo, es necesario introducir una precisión historiográfica: la propia revista de estudios de inteligencia de la CIA publicó en 2023 una revisión crítica del libro The Madam and the Spymaster, dedicada al establecimiento berlinés. Sus autores consideraron probable que existiera una operación de espionaje, pero señalaron que sus resultados concretos no estaban suficientemente demostrados.

La utilización nazi de la prostitución tuvo, además, una dimensión mucho más amplia. La Wehrmacht organizó burdeles militares en los territorios ocupados, principalmente por razones sanitarias, disciplinarias y de control de la población. También existía una preocupación de contrainteligencia: evitar que mujeres vinculadas a organizaciones de resistencia o servicios extranjeros pudieran aproximarse libremente a los soldados y obtener información sobre sus unidades y operaciones.

Markus Wolf y los Romeos

Durante la Guerra Fría, Markus Wolf, jefe de la inteligencia exterior de Alemania Oriental, la Hauptverwaltung Aufklärung (HVA), perfeccionó una de las modalidades más sofisticadas de espionaje sentimental.

Wolf, conocido en Occidente como el “hombre sin rostro”, dirigió durante casi tres décadas una organización que consiguió penetrar en las instituciones políticas, militares y diplomáticas de Alemania Occidental.

Su procedimiento más célebre consistió en reclutar hombres jóvenes, instruidos, educados y de apariencia confiable, que eran enviados a Alemania Occidental para establecer relaciones sentimentales con mujeres que trabajaban en ministerios, organismos de seguridad y dependencias gubernamentales.

Estos agentes recibieron el nombre de Romeos, mientras que las mujeres seleccionadas eran conocidas como Julietas.

La estrategia aprovechaba una circunstancia social de la posguerra: numerosas mujeres ocupaban puestos administrativos de gran responsabilidad y tenían acceso a documentos reservados, mientras que la escasez de hombres jóvenes favorecía la aparición de oportunidades sentimentales.

Los agentes construían relaciones prolongadas, en ocasiones durante años. Algunos prometían matrimonio y otros llegaban incluso a organizar ceremonias matrimoniales ficticias. Cuando la confianza estaba consolidada, solicitaban a sus compañeras que proporcionaran documentos o información confidencial.

Uno de los casos más conocidos fue el de Dagmar Kahlig-Scheffler, identificada como Inge, que trabajó en el entorno de la Cancillería federal alemana durante el gobierno de Helmut Schmidt y transmitió información sobre las relaciones entre Bonn y Washington.

Otra agente particularmente importante fue Gabriele Gast, quien consiguió alcanzar un puesto de responsabilidad en el servicio de inteligencia exterior de Alemania Occidental, el BND, mientras trabajaba secretamente para la HVA.

La documentación conservada por el Archivo de la Stasi confirma que la captación de secretarias mediante relaciones sentimentales fue una práctica institucional deliberadamente desarrollada. La CIA también ha reconstruido el funcionamiento de los agentes Romeo y la dirección estratégica de Markus Wolf.

Las “golondrinas” rusas: Butina y Chapman

La tradición soviética de utilizar mujeres para aproximarse a personalidades extranjeras continuó, con diferentes modalidades, bajo los servicios de inteligencia de la Federación Rusa.

En el vocabulario de inteligencia se utiliza la expresión swallows o “golondrinas” para identificar a mujeres entrenadas para establecer relaciones sentimentales o sexuales con objetivos seleccionados. Su cometido puede consistir en obtener información, comprometer a funcionarios o facilitar operaciones de influencia.

No obstante, sería incorrecto considerar que todas las agentes rusas conocidas pertenecieron a esta categoría.

El caso de María Butina resulta ilustrativo. Fundadora de la organización rusa Derecho a Portar Armas, desarrolló actividades en Estados Unidos para establecer relaciones con dirigentes políticos, organizaciones conservadoras y representantes de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

La investigación del Departamento de Justicia estadounidense determinó que actuaba siguiendo instrucciones de un alto funcionario ruso, Aleksandr Torshin, y que procuraba introducirse en organizaciones influyentes para promover los intereses de Moscú. Mantuvo una relación sentimental con el activista estadounidense Paul Erickson, que contribuyó a facilitar sus contactos.

En diciembre de 2018 se declaró culpable de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificación previa a las autoridades estadounidenses. Fue condenada a 18 meses de prisión y deportada a Rusia en octubre de 2019. Posteriormente ingresó en la política y obtuvo un escaño en la Duma Estatal.

El caso de Anna Chapman fue diferente. Integraba el programa ruso de agentes ilegales, conocido como Illegals Program, una red de espías que operaban bajo identidades civiles y sin cobertura diplomática.

Chapman residió en Londres y posteriormente en Nueva York, donde desarrolló actividades empresariales y construyó relaciones sociales. El FBI descubrió que utilizaba comunicaciones clandestinas para mantener contacto con un funcionario ruso. Fue detenida en junio de 2010, junto con otros integrantes de la red, y terminó declarándose culpable de conspiración para actuar como agente extranjero. Regresó a Rusia mediante un intercambio de prisioneros.

Chapman se convirtió posteriormente en una personalidad mediática de su país. Su historia demuestra que la apariencia de una empresaria cosmopolita puede constituir una cobertura eficaz para una operación de inteligencia. Sin embargo, las pruebas públicas no permiten clasificarla específicamente como agente de seducción sexual.

China: espionaje, penetración política y secretos tecnológicos

Las actividades atribuidas a mujeres vinculadas a los servicios de inteligencia chinos muestran una evolución hacia objetivos que exceden ampliamente la obtención de secretos diplomáticos. La penetración política, la adquisición de tecnología, el acceso a información empresarial y la vigilancia transnacional forman parte de un escenario mucho más complejo.

Uno de los antecedentes más reveladores fue el de Katrina Leung, empresaria chino-estadounidense que durante años trabajó como informante del FBI. Mantuvo una prolongada relación íntima con su responsable, el agente James Smith, y también con otro funcionario de la misma institución. El Departamento de Justicia estadounidense concluyó que existían indicios de que había transmitido información clasificada a China. En 2005 se declaró culpable de mentir al FBI y presentar una declaración fiscal falsa, aunque los cargos más graves relacionados con espionaje habían sido previamente desestimados por irregularidades procesales. El caso puso al descubierto graves fallos de supervisión y contrainteligencia.

Otro episodio conocido fue el de Christine Fang, también llamada Fang Fang. Entre 2011 y 2015 desarrolló relaciones con políticos estadounidenses, participó en actividades de recaudación de fondos y consiguió aproximarse a dirigentes locales y al congresista Eric Swalwell. Las autoridades estadounidenses sospecharon que formaba parte de una operación de influencia china. Abandonó el país cuando el FBI comenzó a investigarla. No fue acusada penalmente, por lo que sus actividades deben describirse como sospechas de contrainteligencia y no como una condena por espionaje.

También merece atención Xiaorong You, conocida como Shannon You, doctora en química que trabajó en empresas estadounidenses. En 2021 fue declarada culpable de robo de secretos comerciales y espionaje económico relacionado con fórmulas para recubrimientos de envases de bebidas sin bisfenol A. En 2022 recibió una condena de catorce años de prisión. Su caso representa una modalidad diferente: la transferencia clandestina de conocimiento industrial y tecnológico.

Más recientemente, Linda Sun, antigua funcionaria de alto nivel del Gobierno de Nueva York, fue acusada por la justicia estadounidense de actuar como agente no declarada de Pekín. Los fiscales sostuvieron que utilizó su posición para favorecer intereses chinos, obstaculizar contactos oficiales con representantes de Taiwán y modificar comunicaciones institucionales. La investigación también incluyó acusaciones de corrupción y blanqueo de capitales. En diciembre de 2025, su primer juicio terminó sin veredicto porque el jurado no consiguió alcanzar unanimidad. Por tanto, las acusaciones deben distinguirse de una declaración judicial de culpabilidad.

En octubre de 2026 apareció otro caso especialmente sensible: el de Wanying Zhang, conocida como Heather Zhang. La justicia estadounidense la acusó de actuar como agente no registrada de China y de vigilar al hijo del presidente taiwanés Lai Ching-te y a su familia, residentes en Estados Unidos. Según la denuncia del FBI, habría fotografiado domicilios y vehículos y transmitido información a personas vinculadas al Gobierno chino. Fue detenida en el aeropuerto de Los Ángeles cuando se disponía a viajar a Shanghái. Se trata de acusaciones pendientes de resolución judicial.

El escándalo de Alice Huang y Jensen Huang devuelve finalmente esta historia al corazón de la competencia tecnológica contemporánea. La cuestión ya no se limita a conocer secretos diplomáticos o movimientos militares: comprende el control de los semiconductores, la inteligencia artificial, las redes empresariales y las tecnologías decisivas para la seguridad nacional.

La historia del espionaje femenino revela, en definitiva, que los servicios secretos nunca han considerado la intimidad una esfera completamente ajena a la política. Desde Rahab hasta las operaciones contemporáneas, la seducción, el afecto, la confianza y la influencia personal han sido recursos susceptibles de explotación estratégica. Pero reducir a las mujeres espías a su atractivo físico sería una simplificación histórica: muchas fueron profesionales altamente capacitadas, informantes, analistas, agentes dobles o protagonistas de operaciones complejas.

La verdadera enseñanza es otra: en el mundo de la inteligencia, el acceso a una persona puede resultar tan valioso como el acceso a un documento, y una relación aparentemente privada puede adquirir consecuencias de alcance internacional.

 

Ecuador respalda la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara

La declaración conjunta suscrita en Rabat por los ministros de Exteriores de ambos países supone un significativo avance diplomático para Marruecos en América Latina. Quito respalda la iniciativa de autonomía de 2007, anuncia una visita de su embajador a las provincias del Sur y promueve una agenda de cooperación económica, comercial y consular que se proyecta hacia África.

Buenso Aires - El respaldo de Ecuador a la soberanía del Reino de Marruecos sobre la totalidad de su territorio, incluida la región del Sáhara, constituye un nuevo avance de la diplomacia marroquí en América Latina y confirma la creciente capacidad de Rabat para construir consensos internacionales en torno a su propuesta de solución política para este diferendo. La decisión, formalizada mediante un comunicado conjunto el 9 de noviembre de 2026, no representa únicamente una manifestación de apoyo diplomático: incorpora compromisos concretos destinados a trasladar esa posición al terreno de las relaciones económicas, comerciales y consulares.

La declaración fue el resultado de la reunión celebrada en Rabat entre el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, y su homólogo ecuatoriano, Roberto Carlos Kury Pesantes, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. El encuentro permitió revisar el estado de las relaciones bilaterales y establecer nuevas líneas de cooperación, en un contexto de aproximación política entre dos países que buscan ampliar sus respectivos espacios de interlocución internacional.

El pronunciamiento ecuatoriano tiene particular relevancia por la claridad de sus términos. El comunicado establece que “la República del Ecuador apoya la soberanía del Reino de Marruecos sobre la totalidad de su territorio, incluida la región del Sáhara”. No se trata, por tanto, de una fórmula diplomática ambigua ni de una simple manifestación favorable al diálogo, sino de una posición política explícita sobre la cuestión territorial.

Quito también expresa su respaldo a la iniciativa de autonomía presentada por Marruecos en 2007, a la que considera “la única solución seria, creíble y realista para alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable”. El documento profundiza esa valoración al señalar que “una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí constituye la solución más viable para resolver este diferendo.

La importancia de estas expresiones reside en que Ecuador vincula su apoyo a la soberanía marroquí con una alternativa política concreta. La propuesta de autonomía contempla un régimen de autogobierno para la región dentro del marco de la soberanía, la unidad nacional y la integridad territorial del Reino. Marruecos sostiene que esta fórmula permite conciliar las particularidades regionales con la continuidad institucional del Estado y constituye una vía pragmática para alcanzar una solución negociada.

El alcance del respaldo ecuatoriano se proyecta, además, sobre decisiones de carácter práctico. El comunicado anuncia que el embajador de Ecuador en Marruecos realizará una visita a las provincias del Sur. La iniciativa adquiere especial significado político porque permitirá que la representación diplomática ecuatoriana conozca directamente la realidad institucional, económica y social de esos territorios. Al mismo tiempo, Quito confirma el mantenimiento de la cobertura consular de su embajada en todo el territorio marroquí, una decisión que Rabat recibió favorablemente.

La dimensión económica constituye otro elemento central de la declaración. Ecuador manifiesta expresamente que “promoverá las oportunidades de cooperación económica y comercial en la región del Sáhara marroquí, con el propósito de ampliar sus posibilidades de vinculación con África. El documento identifica tres ámbitos prioritarios: inversión, comercio y desarrollo productivo. De esta manera, el respaldo político se acompaña de una voluntad de presencia económica que podría favorecer la participación de empresas ecuatorianas en proyectos de las provincias del Sur y facilitar el acceso a nuevos mercados africanos.

Este acercamiento se inscribe en una relación bilateral que ha experimentado una progresiva intensificación. La apertura de la Embajada de Ecuador en Rabat, el 4 de julio de 2025, constituyó un hito institucional de particular importancia. Hasta entonces, la vinculación entre ambos Estados había tenido una presencia diplomática más limitada. La decisión ecuatoriana de establecer una misión residente respondió a su interés por fortalecer los vínculos con África y ampliar sus oportunidades comerciales y de cooperación.

La visita de Roberto Carlos Kury Pesantes a Marruecos, desarrollada en el marco de una gira internacional que también comprendió España y Emiratos Árabes Unidos, permitió dar continuidad a ese proceso. Su reunión con Nasser Bourita no quedó circunscrita a la cuestión del Sáhara, sino que produjo una agenda de trabajo considerablemente más amplia.

Uno de los resultados principales fue la firma de una Hoja de Ruta de Cooperación para el período 2026-2028, concebida para diversificar las relaciones económicas y comerciales. Entre sus prioridades figuran el comercio, las inversiones, la agroindustria y las energías renovables. Ambos ministros manifestaron asimismo su voluntad de avanzar en la reducción de los aranceles aplicables a determinados productos ecuatorianos, cuya identificación deberá acordarse bilateralmente. También convinieron en impulsar la primera reunión del Comité Conjunto Económico y Comercial, para la cual Ecuador propuso inicialmente una modalidad virtual, y expresaron su interés en negociar un acuerdo específico de cooperación turística.

En materia agrícola, Marruecos manifestó su interés en donar otras 2.000 toneladas de fertilizantes a Ecuador. La iniciativa resulta especialmente significativa si se considera la experiencia marroquí en la producción de fertilizantes y su capacidad industrial vinculada a los recursos fosfatados. La cooperación en este sector podría contribuir a mejorar la disponibilidad de insumos para la agricultura ecuatoriana y abrir oportunidades de colaboración empresarial. Cabe recordar que ambos países ya habían acordado, en diciembre de 2024, un programa de cooperación que contemplaba el suministro de 4.000 toneladas de fertilizantes, distribuido en dos entregas.

Otro acuerdo relevante es el relativo a la exención de visados para los ciudadanos ecuatorianos titulares de pasaportes ordinarios que viajen a Marruecos. Su entrada en vigor, sin embargo, requiere que las autoridades marroquíes completen los procedimientos internos y oficialicen su aplicación. La Cancillería ecuatoriana estimó que ese proceso podría prolongarse aproximadamente un mes. La medida facilitará los desplazamientos, los intercambios turísticos y los contactos entre empresarios y representantes institucionales.

A ello se suma el anuncio marroquí de la próxima apertura de una embajada en Quito, que permitirá reforzar la interlocución política y ofrecer mayores instrumentos para el desarrollo de los proyectos bilaterales. Se trata de una decisión coherente con la apertura de la representación ecuatoriana en Rabat y con la voluntad de ambos gobiernos de otorgar mayor continuidad institucional a sus relaciones.

La cooperación también comprende cuestiones de seguridad. Durante las conversaciones, Bourita destacó los esfuerzos realizados por Ecuador para combatir el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, así como las medidas adoptadas para proteger sus cadenas logísticas y comerciales. Marruecos, por su parte, puso de relieve su experiencia como socio africano en la lucha contra el terrorismo y las redes criminales, además de su compromiso con la cooperación Sur-Sur.

La visita de Kury y los compromisos alcanzados en Rabat reflejan, en definitiva, una convergencia de intereses que trasciende la cuestión territorial. Para Marruecos, el respaldo ecuatoriano fortalece su posición diplomática en América Latina y contribuye a ampliar el reconocimiento internacional de su iniciativa de autonomía. Para Ecuador, la aproximación a Rabat representa una oportunidad de diversificar sus relaciones exteriores, acceder a nuevos mercados y encontrar en Marruecos un interlocutor privilegiado para proyectar sus intereses económicos hacia el norte y el oeste de África.

La relevancia del entendimiento reside precisamente en esa complementariedad. El apoyo ecuatoriano a la soberanía marroquí sobre el Sáhara no aparece aislado de una relación bilateral más amplia, sino integrado en una estrategia de cooperación política, comercial y productiva. La Hoja de Ruta 2026-2028 ofrece el marco institucional para transformar las declaraciones en resultados concretos. Rabat y Quito parecen haber comprendido que la diplomacia contemporánea adquiere mayor consistencia cuando las coincidencias políticas se traducen también en oportunidades de desarrollo compartido.

 

León XIV ante Milei: una advertencia moral sobre el poder

 

Sin mencionar al presidente ni a su Gobierno, el Pontífice pronunció en el Palacio Libertad un discurso que trascendió ampliamente el protocolo diplomático. La defensa del diálogo democrático, la condena de la corrupción, la reivindicación de los sectores vulnerables y su crítica a una economía subordinada a la lógica del mercado constituyeron una interpelación directa a los fundamentos políticos y sociales del proyecto libertario. Las referencias a la intolerancia, los límites del poder y la responsabilidad de quienes gobiernan adquirieron una significación particular ante un auditorio que conocía perfectamente las circunstancias argentinas.

La primera intervención pública del papa León XIV en la Argentina dejó una impresión que difícilmente pueda reducirse a la dimensión pastoral de su visita. En el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei, integrantes del Gobierno, legisladores, gobernadores, representantes de la Justicia y miembros del cuerpo diplomático, el sucesor de Francisco pronunció un discurso de considerable densidad política. No formuló acusaciones personales, evitó las referencias partidarias y tampoco convirtió su intervención en una controversia circunstancial con el oficialismo. Sin embargo, eligió cuidadosamente los asuntos sobre los cuales debía pronunciarse: la calidad de la democracia, la responsabilidad de los gobernantes, la convivencia entre adversarios, la corrupción, la desigualdad y la obligación de colocar la economía al servicio de la dignidad humana.

La ausencia de nombres propios no disminuyó la contundencia del mensaje. Por el contrario, le otorgó una dimensión institucional que excedía las circunstancias de un Gobierno determinado. El auditorio sabía a quiénes podían alcanzar sus advertencias y cuáles eran las conductas políticas que quedaban expuestas a la luz de sus palabras.

León XIV no necesitó mencionar los enfrentamientos públicos de Milei con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. Tampoco tuvo que enumerar las descalificaciones dirigidas a dirigentes opositores, periodistas, economistas críticos o cualquier persona que cuestione las decisiones del Poder Ejecutivo. Su reflexión sobre el cuidado de la palabra, la escucha y el reconocimiento del adversario como compatriota constituía, por sí misma, una respuesta a una cultura política en la que la descalificación personal se ha convertido en una herramienta habitual de confrontación.

El Papa estableció una relación inequívoca entre el comportamiento de los dirigentes y la calidad de las instituciones. “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”, afirmó.

No se trataba de una recomendación superficial sobre buenos modales. León XIV estaba señalando que la democracia no se agota en la legitimidad obtenida mediante las urnas. También requiere prácticas de convivencia, respeto por las diferencias, reconocimiento de la pluralidad y aceptación de que ninguna mayoría electoral concede un derecho ilimitado a ejercer el poder.

En ese sentido, su discurso adquirió una particular relevancia frente a las frecuentes expresiones de hostilidad del presidente argentino hacia adversarios políticos y referentes internacionales. Las controversias con Lula y Sánchez, las descalificaciones dirigidas a dirigentes opositores y las reiteradas confrontaciones con periodistas y economistas críticos forman parte de un estilo de comunicación presidencial que ha suscitado cuestionamientos acerca de sus efectos sobre el debate público.

El Pontífice no negó la legitimidad de las discrepancias ni reclamó una política sin conflictos. Su planteamiento fue más profundo: las diferencias deben poder tramitarse sin destruir el reconocimiento mutuo entre quienes integran una misma comunidad nacional. Cuando la crítica se interpreta sistemáticamente como una agresión, la discrepancia como una conspiración y el adversario como un enemigo, el espacio democrático corre el riesgo de convertirse en un escenario de antagonismos permanentes.

La advertencia alcanzó también al ejercicio de la autoridad. “La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio”, sostuvo, antes de recordar que quien gobierna tiene el deber de “actuar con prudencia” y “reconocer los límites del poder que le ha sido confiado”. La formulación recupera una concepción clásica de la tradición republicana y de la doctrina social de la iglesia: el poder no constituye una propiedad de quien lo ejerce, sino una responsabilidad temporal conferida para atender las necesidades de la comunidad.

La dimensión internacional de esta advertencia tampoco resultaba difícil de identificar. Las desavenencias con Lula, presidente del principal socio comercial de Argentina, y la crisis diplomática con España, desencadenada por las expresiones de Milei contra Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, ilustran las consecuencias que puede producir la traslación de la confrontación partidaria al terreno de las relaciones entre Estados.

La preocupación pontificia por el lenguaje político encuentra, además, un fundamento documentable en la relación del Gobierno con la prensa. Un estudio de la organización Chequeado, recogido por EL PAÍS, contabilizó al menos 1.051 insultos, descalificaciones y ataques personales de Milei entre su asunción, en diciembre de 2023, y febrero de 2025, con un promedio de 2,4 agravios diarios. La mayoría estaba dirigida a opositores, periodistas y economistas críticos. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas recogió un relevamiento de FOPEA sobre más de 113.000 publicaciones presidenciales en la red social X, en las que aparecían reiteradamente expresiones despectivas contra los trabajadores de prensa.

El problema, desde la perspectiva institucional, no reside en que un presidente defienda con vehemencia sus decisiones o cuestione las opiniones de sus adversarios. Forma parte de la libertad política. La cuestión es que la descalificación sistemática puede terminar sustituyendo la argumentación, debilitando la deliberación pública y generando un clima en el que los periodistas, los especialistas y los dirigentes opositores encuentran crecientes dificultades para ejercer su función crítica.

La economía frente a la dignidad humana

Si la referencia a la convivencia democrática constituyó una de las advertencias más significativas del discurso, su reflexión económica fue probablemente la que estableció el contraste doctrinal más evidente con el programa libertario.

León XIV no cuestionó la iniciativa privada, la actividad empresarial ni la necesidad de generar condiciones favorables para la inversión. Por el contrario, expresó que debía favorecerse cuanto “estimule la iniciativa privada”. Pero introdujo una condición fundamental: el crecimiento económico debe alcanzar también a quienes encuentran mayores dificultades.

Su afirmación más contundente fue inequívoca: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

Detrás de esta formulación se encuentra una tradición intelectual y moral que considera que el mercado constituye un instrumento de organización económica, pero no un principio absoluto capaz de determinar por sí solo el valor de las personas y las prioridades de una sociedad. La eficiencia, la competencia y la rentabilidad pueden contribuir al progreso, pero no justifican la exclusión de quienes carecen de recursos para competir en condiciones de igualdad.

Es precisamente aquí donde el mensaje papal establece una distancia sustancial respecto de las interpretaciones más radicales del liberalismo económico. Una concepción que confía exclusivamente en la capacidad de adaptación de los individuos a las exigencias del mercado corre el riesgo de convertir la desigualdad en una consecuencia inevitable y, eventualmente, moralmente aceptable. Es lo que podría denominarse una forma de darwinismo económico: sobreviven quienes disponen de mayores capacidades, recursos o posibilidades de adaptación al mercado, mientras los demás quedan relegados.

El Papa no utilizó literalmente esa expresión ni condenó el funcionamiento del mercado como institución. Su crítica se dirigió a la subordinación de la persona a los mecanismos económicos y a la indiferencia ante las consecuencias sociales de las decisiones públicas. Su pensamiento se inscribe en la doctrina social de la Iglesia, desde la encíclica Rerum novarum de León XIII hasta las reflexiones contemporáneas sobre el trabajo, la desigualdad y la concentración de la riqueza.

La referencia a los jubilados, los desempleados y las familias que no consiguen cubrir sus necesidades adquirió especial significación en un país que continúa atravesando dificultades económicas y sociales. El INDEC informó que, durante el primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3% de la población de los 31 aglomerados urbanos relevados, mientras que la indigencia comprendió al 7,5%. En septiembre, la inflación mensual fue del 1,9%, un indicador que debe valorarse junto con la evolución de los ingresos reales y las condiciones materiales de los hogares.

La situación de los jubilados, las personas con discapacidad y los sectores de menores ingresos constituyó otro de los ejes centrales de la intervención. El Pontífice recordó que los ancianos han contribuido durante décadas a construir la sociedad y que quienes trabajan también pueden encontrarse en dificultades para sostener a sus familias. No reclamó una economía inmóvil ni desconoció las restricciones presupuestarias. Exigió que las decisiones económicas incorporen una consideración moral sobre sus consecuencias humanas.

Particularmente significativa fue su referencia a las personas con discapacidad. “La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad”, expresó. Y agregó que corresponde “cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”.

La afirmación adquiere relevancia en el contexto de los cuestionamientos a los recortes y a las políticas de asistencia. La crisis de la Agencia Nacional de Discapacidad, con investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en contrataciones, sobreprecios y sobornos, expuso además la vulnerabilidad de un sistema del que dependen miles de personas.

La corrupción y la responsabilidad de gobernar

El discurso incluyó otra advertencia particularmente incómoda para el oficialismo: la corrupción. León XIV afirmó que estos hechos “dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común”. Inmediatamente añadió una consideración de especial trascendencia: “La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

Aunque la formulación tenía alcance universal, resultaba inevitable relacionarla con los cuestionamientos que afectan a integrantes de la administración argentina. El caso de la criptomoneda $LIBRA, las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y las controversias patrimoniales que involucraron al entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni han alimentado un debate público sobre la transparencia gubernamental.

La importancia de la advertencia papal es institucional: quienes reciben responsabilidades públicas deben demostrar integridad, porque la confianza ciudadana constituye uno de los fundamentos de la legitimidad democrática.

Una patria que no comienza desde cero

Otro pasaje del discurso merece una consideración política especial. ”inguna generación comienza la patria desde cero. La recibe”, afirmó León XIV. La frase representa una crítica implícita a cualquier pretensión refundacional que considere legítimo desconocer indiscriminadamente el patrimonio institucional, cultural y social construido por las generaciones anteriores.

La referencia interpela tanto al oficialismo como a las administraciones precedentes. Argentina ha padecido una prolongada inestabilidad de sus políticas públicas, con modificaciones abruptas de orientación económica, institucional y social cada vez que cambia el signo político del Gobierno. El Papa recordó que cada generación debe conservar lo que merece ser preservado, corregir las injusticias heredadas y acrecentar el patrimonio común.

En esa misma perspectiva reclamó fortalecer la educación, las universidades, la formación profesional y la investigación científica. Su preocupación por los jóvenes quedó sintetizada en una pregunta incómoda: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”.

La frase contiene una crítica que trasciende las estadísticas migratorias. Una sociedad que no consigue ofrecer oportunidades a sus nuevas generaciones compromete su propio futuro y desperdicia una parte sustancial de su capital humano.

El desafío de escuchar

La intervención de León XIV tuvo también una dimensión simbólica. La presencia conjunta de Milei, Victoria Villarruel, Mauricio Macri, Axel Kicillof, gobernadores de distintas orientaciones políticas y representantes de prácticamente todo el arco institucional demostró que todavía es posible compartir un espacio sin renunciar a las diferencias. El encuentro ofreció una imagen de convivencia que contrasta con la fragmentación habitual de la política argentina.

Sin embargo, la verdadera eficacia del mensaje dependerá de que esa fotografía no quede reducida a una circunstancia ceremonial. El propio Milei, al ser consultado posteriormente sobre el llamado papal al diálogo, cuestionó a quienes, según su interpretación, realizan críticas deshonestas al programa económico. La reacción puso de manifiesto la distancia que todavía separa la exhortación pontificia de determinadas prácticas del debate político cotidiano.

León XIV no llegó a Buenos Aires para arbitrar una disputa partidaria ni para convertirse en referente de la oposición. Su responsabilidad pastoral lo llevó a formular principios que considera irrenunciables: dignidad humana, solidaridad, honestidad pública, respeto institucional y convivencia democrática. Pero esos principios adquieren inevitablemente una dimensión política cuando se pronuncian ante quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

El mensaje final recuperó el propósito de “constituir la unión nacional”, proclamado en el Preámbulo de la Constitución argentina. No fue una invocación nostálgica ni una apelación a una unidad artificial que suprima los conflictos. Fue una advertencia sobre la necesidad de construir un horizonte compartido.

El Papa no mencionó a Milei, no cuestionó nominalmente a sus ministros ni identificó a los responsables de las controversias gubernamentales. Tampoco necesitó hacerlo. En el Palacio Libertad, ante una dirigencia acostumbrada a convertir las diferencias en enfrentamientos personales, recordó que el poder es servicio, que la economía tiene una finalidad humana y que ninguna sociedad puede prosperar si abandona a sus integrantes más vulnerables.

Su discurso dejó así una pregunta que excede al presidente y alcanza a toda la clase dirigente: ¿puede Argentina construir un futuro sostenible si la confrontación sustituye al diálogo, el mercado desplaza a la solidaridad y la lealtad política termina prevaleciendo sobre la responsabilidad institucional?

La respuesta no se encuentra en una declaración presidencial ni en una homilía. Se encuentra en la conducta cotidiana de quienes ejercen el poder y en su capacidad para comprender que la patria que hoy administran no les pertenece: constituye una herencia colectiva que deberán entregar a las generaciones futuras.

 

Escándalo de corrupción en Canarias vinculado con el Frente Polisario

 

La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión y diez de inhabilitación para la concejala por presuntas irregularidades en la contratación de las Jornadas del Paisaje entre 2016 y 2019. La investigación judicial examina un entramado de adjudicaciones fragmentadas, empresas intermediarias y transferencias de fondos públicos. La trayectoria de Miranda en el activismo favorable a las posiciones del Frente Polisario introduce un nuevo hecho de corrupción vinculado con este movimiento separatista.

Buenos Aires - La investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación de las Jornadas del Paisaje del Cabildo de Gran Canaria ha situado a Inés Miranda Navarro, antigua responsable de Política Territorial y Paisaje de la corporación insular, en el centro de una causa judicial de considerable trascendencia política e institucional. Lo que inicialmente podía parecer una controversia administrativa sobre la organización de actividades culturales y técnicas terminó convirtiéndose en una investigación por posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude contra la Administración.

El alcance del procedimiento no reside exclusivamente en las cantidades económicas investigadas. Su importancia radica, sobre todo, en la posible existencia de un mecanismo organizado para condicionar adjudicaciones, eludir los procedimientos ordinarios de contratación y canalizar recursos públicos hacia empresas que, según la acusación, no habrían sido las verdaderas responsables de ejecutar los servicios.

De acuerdo con la documentación aportada, el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria concluyó la investigación y acordó continuar el procedimiento contra siete personas. Posteriormente, el 16 de octubre de 2026, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la apertura del juicio oral y formuló sus conclusiones provisionales, reclamando para Miranda cinco años de prisión y diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

La causa deberá resolverse en sede judicial. Por tanto, las responsabilidades individuales que se atribuyen a los investigados no pueden considerarse probadas mientras no exista una sentencia condenatoria.

Una arquitectura de contratación bajo sospecha

El núcleo de la investigación se encuentra en la organización de las cuatro ediciones de las Jornadas del Paisaje, celebradas entre 2016 y 2019. Según la Fiscalía, los responsables habrían diseñado un sistema para predeterminar las adjudicaciones y distribuir las prestaciones entre diferentes empresas, evitando así los procedimientos de contratación pública que habrían correspondido por la naturaleza y cuantía de los servicios.

La hipótesis acusatoria sostiene que María Ángeles Horna Andrade, administradora de IMACO 89, habría desempeñado un papel central en la organización efectiva de los acontecimientos, pese a que otras sociedades aparecían formalmente como adjudicatarias. El Instituto Canario de Telecomunicaciones SL, vinculado al empresario Michel Jorge Millares, habría recibido los contratos de las tres primeras ediciones, mientras que Yedra Comunicación SL, vinculada a Mónica del Pino Torres Rodríguez, habría asumido formalmente el correspondiente a 2019.

Las cifras examinadas por los investigadores permiten comprender la dimensión económica de las operaciones. De los 67.217,40 euros abonados por el Cabildo al Instituto Canario de Telecomunicaciones para las ediciones de 2016, 2017 y 2018, 44.503,75 euros habrían terminado en IMACO 89. En 2019, de los 14.950 euros percibidos por Yedra Comunicación, la transferencia posterior a la sociedad de Horna habría ascendido a 14.924,24 euros.

La Fiscalía considera que estas operaciones podrían revelar una estructura de intermediación empresarial destinada a separar la adjudicación formal de la ejecución material de los servicios. La cuestión que deberá esclarecer el tribunal es si esas transferencias respondían a relaciones comerciales legítimas o constituían parte de un mecanismo concertado para eludir las normas de contratación y beneficiar a determinados participantes.

Otro elemento relevante es el presunto fraccionamiento de los contratos. La investigación examina la división de prestaciones que podrían haber constituido una misma unidad económica, entre ellas servicios audiovisuales, interpretación, edición de publicaciones, diseño gráfico, suministros y coordinación de actividades. La finalidad atribuida a esta práctica habría sido mantener los importes individuales por debajo de los límites establecidos para los contratos menores, evitando procedimientos abiertos y una mayor concurrencia de empresas.

La edición de 2018 presenta una circunstancia particularmente significativa. Según la investigación, las jornadas comenzaron el 19 de abril, mientras que la adjudicación del contrato se produjo el día 20 y su formalización tuvo lugar el 27. La Fiscalía sostiene que el procedimiento administrativo habría servido para proporcionar cobertura legal posterior a una prestación que ya se estaba realizando.

A ello se añade el capítulo de los patrocinios. Anticorrupción estima que al menos 11.000 euros correspondientes a aportaciones de entidades colaboradoras no fueron descontados de los costes facturados al Cabildo. Las empresas y organismos mencionados en esta parte de la investigación incluyen Grafcan, Red Eléctrica de España y Canaragua.

Los otros protagonistas de la investigación

La causa alcanza a siete personas, cuyos papeles presentan diferentes grados de responsabilidad según la acusación.

Además de Inés Miranda, figuran Rafael Luis Pedrero Manchado, antiguo director general de Política Territorial; Víctor Manuel Quevedo Domínguez, exdirector de Desarrollo Estratégico del Plan Insular de Ordenación; María Ángeles Horna Andrade, administradora de IMACO 89; José Juan Sánchez Arencibia, antiguo interventor general del Cabildo; Michel Jorge Millares, vinculado al Instituto Canario de Telecomunicaciones, y Mónica del Pino Torres Rodríguez, responsable de Yedra Comunicación.

Especial atención merece la relación entre Horna y Sánchez Arencibia. La primera habría organizado materialmente las jornadas y gestionado la empresa que recibió una parte sustancial de los fondos. El segundo, su marido, tenía responsabilidades de fiscalización y control del gasto público. La Fiscalía considera que habría intervenido en expedientes relacionados con los intereses económicos de su esposa sin abstenerse de participar en su supervisión.

La coincidencia entre la gestión empresarial y las funciones de control administrativo constituye uno de los aspectos más delicados del procedimiento, porque afecta directamente a los mecanismos de prevención de conflictos de intereses que deben proteger el funcionamiento de las instituciones públicas.

Las penas solicitadas reflejan la diferente participación que el Ministerio Público atribuye a los procesados: cinco años de prisión para Miranda, Pedrero, Quevedo, Horna y Millares; tres años para Mónica del Pino, y dos años para Sánchez Arencibia, además de las correspondientes inhabilitaciones y sanciones económicas. La Fiscalía reclama asimismo que seis de los acusados indemnicen al Cabildo con 15.717,65 euros.

La dimensión internacional: el activismo separatista y los vínculos con Argelia

El caso ha adquirido una dimensión política adicional por la trayectoria pública de Miranda en relación con sus estrechos vínculos con los separatista del Polisario y Argelia.

No se trata de una actividad ocasional. Su vinculación con organizaciones jurídicas dedicadas a la cuestión saharaui se remonta, al menos, a comienzos de siglo. En 2023, el Consejo General de la Abogacía Española la identificó como integrante de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental y denunció, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, su expulsión de El Aaiún durante una campaña de agitación.

Su actividad también aparece documentada en Naciones Unidas. En septiembre de 2023, la documentación oficial de la Cuarta Comisión de la Asamblea General incluyó a Inés Miranda Navarro entre las personas que habían solicitado intervenir sobre la cuestión del Sáhara Occidental, en representación de la Asociación Internacional de Juristas. En el mismo documento figura Sidi Mohamed Omar, representante del Frente Polisario, como solicitante de audiencia por esa organización.

Asimismo, existen referencias a su participación en actividades celebradas en la Misión Permanente de Argelia ante Naciones Unidas en octubre de 2022, en las que se abordó la cuestión saharaui.

Estos antecedentes permiten establecer que Miranda ha mantenido un permanente activismo como agente de influencia en favor de los separatistas del Polisario y al servicio de los intereses geopolíticos de Argelia. Lo que permite pensar que los fondos generados por esta trama de corrupción iban en parte a financiar las actividades de propaganda de los separatista.

No seria este el primer caso de corrupción vinculado con los separatistas polisarios y funcionarios argelinos. Obran como antecedentes en este sentido el expediente presentado en el Parlamento Europeo con las revelaciones del Informe de la Oficina Europea  de Lucha contra el Fraude (OLAF), en 2015, y más recientemente el caso de la estafa piramidal de  Intravest y las investigaciones relacionadas con Fátima Mahfoud en Italia.

Una cuestión de credibilidad institucional

En este sentido, la dimensión política de la causa tampoco puede ignorarse. Miranda ha desarrollado simultáneamente responsabilidades institucionales en una administración pública española y un activismo internacional al servicio del separatismo polisario y los intereses de Argelia. Esa circunstancia hace legítimo examinar su trayectoria pública y sus relaciones políticas, para establecer como sus afinidades ideológicas se vinculan con actividades criminales de desvío de fondos y blanqueo de dinero ilícito.

La Audiencia Provincial de Las Palmas tendrá ahora que examinar las pruebas, determinar la participación de cada acusado y establecer si las irregularidades administrativas descritas por Anticorrupción constituyen efectivamente delitos.

La trascendencia del caso reside, en definitiva, en la posible existencia de una estructura de contratación pública que habría funcionado durante cuatro años mediante adjudicaciones predeterminadas, fragmentación de servicios, intermediación empresarial y conflictos de intereses. Si las acusaciones se demuestran, estaríamos ante un grave episodio de corrupción institucional vinculado con el separatismo polisario.

Lo que resulta indiscutible es que la investigación ha colocado bajo escrutinio una parte de la gestión política del Cabildo de Gran Canaria y ha abierto interrogantes sobre la relación entre poder administrativo, intereses empresariales y responsabilidades públicas. La trayectoria internacional de Miranda añade un componente político, pero será la documentación judicial, y no las afinidades ideológicas, la que determine si detrás de las irregularidades denunciadas existió una trama delictiva y quiénes fueron sus verdaderos beneficiarios.

 

El reflujo de las derechas: las urnas comienzan a castigar la promesa liberal-conservadora

 

La derrota de Viktor Orbán en Hungría, el regreso de Lula da Silva en Brasil, el revés sufrido por Donald Trump en las elecciones legislativas estadounidenses y la crisis política de Paraguay parecen anunciar un cambio de ciclo. El malestar social, el deterioro de las condiciones de vida y la falta de respuestas a las expectativas de las nuevas generaciones amenazan con frenar el avance de las derechas. Javier Milei debería observar estas señales con especial atención: Argentina se encamina hacia las presidenciales de 2027 en un contexto en el que los éxitos macroeconómicos todavía no consiguen traducirse en una mejora generalizada del bienestar.

Buenos Aires. Durante los últimos años, las corrientes políticas liberal-conservadoras, libertarias y nacional-populistas experimentaron una expansión internacional que parecía anticipar un prolongado desplazamiento del péndulo político hacia la derecha. El triunfo de Javier Milei en Argentina, en diciembre de 2023, fue uno de los acontecimientos más representativos de ese proceso. Posteriormente, dirigentes y movimientos de orientación semejante consolidaron posiciones de poder en diferentes países, alentados por el desgaste de los partidos tradicionales, el cuestionamiento de las estructuras estatales y el rechazo de amplios sectores sociales a las políticas económicas y culturales de los gobiernos progresistas.

Donald Trump, Giorgia Meloni, Viktor Orbán y otros referentes de esta corriente conformaron una constelación política que encontró en la defensa de la soberanía nacional, la reducción del Estado, la desregulación económica, el endurecimiento de las políticas migratorias y la crítica a las élites tradicionales sus principales elementos de identificación. En América Latina, el fenómeno adquirió características propias y se expresó en diferentes experiencias nacionales, entre ellas las de Argentina, El Salvador, Bolivia, Chile, Perú y Colombia, donde el triunfo de Abelardo de la Espriella parecía confirmar la vitalidad electoral de estas propuestas.

Sin embargo, cuando la expansión conservadora parecía difícil de detener, comenzaron a multiplicarse los síntomas de agotamiento. El primer gran acontecimiento fue la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría, en abril de 2026, después de dieciséis años ininterrumpidos en el poder. Su caída, a manos de Péter Magyar y del movimiento Tisza, constituyó un golpe simbólico para quienes consideraban al dirigente húngaro un modelo de construcción política nacionalista y conservadora. La insatisfacción económica, las denuncias de corrupción, el deterioro institucional y el aislamiento internacional contribuyeron a erosionar su respaldo.

A esa derrota se sumaron otros contratiempos. Geert Wilders perdió influencia en el escenario gubernamental neerlandés y Giorgia Meloni sufrió una significativa derrota en el referéndum sobre su reforma judicial, celebrado en marzo. La consulta italiana demostró que incluso los dirigentes que conservan una considerable capacidad de movilización pueden encontrar límites cuando sus proyectos institucionales son percibidos por una parte del electorado como intentos de concentrar poder.

El vendaval adquirió dimensiones mayores en América y Europa durante los últimos días. En Brasil, Flávio Bolsonaro, que había conseguido imponerse por un estrecho margen en la primera vuelta, terminó derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre. El veterano dirigente del Partido de los Trabajadores obtuvo el 51,8% de los votos y consiguió un cuarto mandato presidencial. El resultado mostró que la fortaleza electoral del bolsonarismo no garantizaba su continuidad en el poder y que una parte significativa de la sociedad brasileña prefería evitar una nueva experiencia gubernamental de esa orientación.

En Estados Unidos, Donald Trump recibió otro golpe político de considerable magnitud. Los demócratas conquistaron el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, además de obtener importantes victorias en distintos estados. La inflación, el encarecimiento de la vida, el rechazo a la guerra con Irán y el descontento con la gestión presidencial contribuyeron a una derrota que limita considerablemente la capacidad del mandatario para impulsar su programa. El resultado representa, además, un cuestionamiento a la influencia internacional del trumpismo y a su capacidad para proyectarse como referencia de las nuevas derechas.

Paraguay ofrece otro ejemplo significativo. La renuncia del presidente Santiago Peña, el 5 de noviembre, en medio de la crisis provocada por el escándalo financiero de Ueno Bank, constituye un duro revés para el oficialismo colorado. La intervención de la entidad dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos y desencadenó una crisis política que terminó comprometiendo la continuidad presidencial. Aunque sus causas tienen una dimensión institucional y financiera específica, el episodio vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de los gobiernos cuando la confianza pública se deteriora.

Europa tampoco permanece al margen de este proceso. Las movilizaciones juveniles registradas en Francia, España, Portugal y otros países expresan un malestar que trasciende las diferencias ideológicas. El aumento del coste de vida, la precariedad laboral, las dificultades para acceder a una vivienda, el deterioro de los servicios educativos y sanitarios y la pérdida de expectativas de movilidad social alimentan una creciente frustración generacional.

El problema de fondo es que millones de jóvenes perciben que las oportunidades de progreso que tuvieron sus padres se han vuelto prácticamente inaccesibles. La revolución tecnológica, la automatización, la inteligencia artificial y la expansión del comercio electrónico están transformando los mercados laborales, desplazando actividades tradicionales y reduciendo las perspectivas de empleo estable. A ello se agregan el encarecimiento de la energía, el incremento del gasto militar y las dificultades de los Estados para sostener las prestaciones sociales.

Frente a este escenario, las propuestas liberal-conservadoras comienzan a exhibir una insuficiencia política: la reducción del gasto público, la desregulación, la denominada motosierra y el endurecimiento de las políticas de seguridad no constituyen, por sí solos, respuestas satisfactorias a las demandas de sociedades que reclaman empleo, salarios dignos, vivienda, educación y protección social. El equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria son condiciones necesarias para el desarrollo, pero difícilmente puedan convertirse en objetivos políticos suficientes cuando sus beneficios no alcanzan a una parte sustancial de la población.

En este contexto, las propuestas populistas y las fuerzas de izquierda encuentran una oportunidad para recuperar posiciones, especialmente entre los sectores perjudicados por los ajustes económicos. No necesariamente porque dispongan de programas más eficaces, sino porque logran canalizar el descontento y ofrecer respuestas inmediatas a necesidades que los gobiernos conservadores no han conseguido satisfacer.

El fenómeno debería despertar particular preocupación en la Casa Rosada. Javier Milei y sus colaboradores tienen motivos para observar con atención lo sucedido en Brasil, Estados Unidos y Paraguay. Argentina celebrará elecciones presidenciales en 2027 y el oficialismo deberá demostrar que su programa económico puede superar la etapa de estabilización y traducirse en una recuperación perceptible de los ingresos, el empleo y las condiciones de vida.

La motosierra ha actuado profundamente sobre la administración pública. La eliminación de estructuras innecesarias y de empleos improductivos puede constituir una política legítima de racionalización estatal. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre terminar con los denominados empleados ñoquis y desmantelar planteles profesionales cuya experiencia resulta indispensable para el funcionamiento de las instituciones. La burocracia eficiente, como explicó Max Weber, no es un obstáculo para el desarrollo nacional, sino uno de sus instrumentos fundamentales.

La reducción de la inflación y el equilibrio fiscal constituyen logros que el Gobierno puede exhibir, pero no garantizan automáticamente su continuidad electoral. La contracción del consumo, las dificultades de la industria, el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y las restricciones que afectan a los ingresos familiares pueden terminar neutralizando los beneficios de la estabilización. Tampoco bastará con mantener el alineamiento internacional con Estados Unidos, el respaldo a Ucrania o las posiciones compartidas con Israel en Medio Oriente para conservar el entusiasmo electoral que acompañó a La Libertad Avanza en 2023.

Milei necesita comprender que el electorado no es una variable subordinada a los indicadores macroeconómicos. Los trabajadores, los jubilados, los jóvenes sin perspectivas laborales, los pequeños empresarios, los comerciantes y los trabajadores independientes también votan. Los sectores empobrecidos y excluidos, que pueden soportar durante un tiempo los sacrificios exigidos por una transformación económica, no están dispuestos a hacerlo indefinidamente si no perciben una perspectiva concreta de mejoramiento.

El año 2027 podría convertirse así en una prueba decisiva para el experimento libertario argentino. La experiencia internacional demuestra que los ciclos políticos no son permanentes y que las mayorías electorales pueden modificarse con rapidez cuando las expectativas sociales chocan con los resultados cotidianos. La derecha liberal-conservadora todavía mantiene importantes posiciones de poder y no existe evidencia suficiente para anunciar su desaparición o una restauración generalizada de las izquierdas. Pero sí aparecen señales de un cambio de tendencia que sería imprudente ignorar.

La política no se sostiene exclusivamente con convicciones ideológicas, disciplina fiscal o confrontaciones culturales. También necesita resultados concretos y una expectativa compartida de futuro. Si Javier Milei pretende conservar el respaldo popular, deberá demostrar que su proyecto puede ofrecer algo más que sacrificios presentes y promesas de prosperidad futura. Quizá haya llegado el momento de reducir la intensidad de la motosierra y prestar mayor atención al bienestar de la sociedad. Porque, cuando los gobiernos dejan de escuchar el malestar de sus ciudadanos, las urnas suelen encargarse de recordarles que los pobres, los desempleados y los jóvenes sin futuro también tienen derecho a decidir el destino de una Nación.