Marruecos, la potencia intermedia que consolida su influencia en el tablero global

Rabat, en el centro de un creciente consenso internacional sobre el Sáhara, proyecta una imagen de estabilidad y ambición estratégica que analistas como los del Stimson Center definen como propia de una “potencia intermedia estratégica”.

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Buenos Aires - En las últimas semanas, la diplomacia marroquí ha cosechado una serie de respaldos explícitos que refuerzan su posición en el diferendo del Sáhara y, al mismo tiempo, subrayan la transformación del Reino en un actor regional de primer orden. Países de África, Europa y el Caribe han reafirmado, en encuentros celebrados en Rabat, su apoyo a la integridad territorial marroquí y al plan de autonomía propuesto por Rabat como la única vía realista para una solución duradera. Este impulso diplomático llega en un momento en que think tanks como el Stimson Center, con sede en Washington, describen a Marruecos como un “puente pivotal” entre Europa, África y el Mediterráneo, una nación que ha trascendido su rol tradicional de Estado tampón para convertirse en un actor proactivo y estable en un entorno marcado por la competencia geopolítica.

La ofensiva diplomática marroquí se ha materializado en visitas de alto nivel y comunicados conjuntos que destacan no solo el respaldo político, sino también la voluntad de traducirlo en acciones concretas: consulados, inversiones y cooperación en materia de desarrollo. Según el informe del Stimson Center publicado en mayo de 2026, Marruecos aprovecha su posición geográfica única —en la encrucijada del Atlántico, el Mediterráneo y la costa atlántica africana— para posicionarse como una potencia media estratégica, capaz de alinear intereses económicos, de seguridad y diplomáticos en un mundo multipolar.

Uno de los apoyos más significativos ha llegado de Francia, socio histórico y estratégico. El ministro francés de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, reiteró en Rabat que “el presente y el futuro del Sáhara se inscriben en la soberanía de Marruecos”, en línea con la carta enviada por el presidente Emmanuel Macron al rey Mohamed VI en julio de 2024. París no solo respalda el Plan de Autonomía como base exclusiva para una solución negociada, sino que ha detallado medidas prácticas: refuerzo de su presencia consular, apertura de un centro de visados, una Alianza Francesa en El Aaiun y una nueva escuela, junto con el acompañamiento de empresas francesas en inversiones en la región. Esta postura, unida al aval de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU (octubre de 2025), consolida un eje franco-marroquí que trasciende el Sáhara y se extiende a la estabilidad del Sahel y el mantenimiento de la paz en el continente africano.

Desde Costa de Marfil, la ministra de Asuntos Exteriores Nialé Kaba reafirmó durante su primera visita de trabajo a Rabat la “posición firme y constante” de su país a favor de la integridad territorial y la soberanía marroquí sobre todo su territorio, incluida la región del Sáhara. Abidján celebra el Plan de Autonomía y la resolución 2797, y ve en la apertura de su Consulado General en El Aaiun, en 2020, un símbolo de la asociación estratégica bilateral. Este respaldo de un actor clave en África Occidental refuerza la narrativa marroquí de un consenso creciente en el continente.

Guinea ha sido igualmente clara. Su ministro de Asuntos Exteriores, Morissanda Kouyaté, describió el apoyo de Conakry como “constante e inmutable” a la marroquinidad del Sáhara y al plan de autonomía como “la única solución creíble y realista”. Kouyaté vinculó esta posición a la dinámica impulsada por el rey Mohamed VI y al consenso internacional plasmado en la resolución de la ONU.

Desde el Caribe, Haití ha reiterado su respaldo a través de su ministra de Asuntos Exteriores, Raina Forbin. Puerto Príncipe defiende la soberanía marroquí, el plan de autonomía y los avances socioeconómicos en las Provincias del Sur bajo el Nuevo Modelo de Desarrollo. El comunicado conjunto recuerda la apertura de la Embajada haitiana en Rabat y un Consulado General en Dajla en 2020, gestos que ilustran el alcance global de la diplomacia marroquí.

En el océano Índico, Madagascar expresó su apoyo a la integridad territorial del Reino y al Plan de Autonomía, saludando la resolución 2797 y destacando el principio de integridad territorial de los Estados miembros de la ONU. La ministra Alice N’Diaye subrayó el rol de Marruecos en la promoción del desarrollo africano y la cooperación Sur-Sur, alineándose con la visión continental del monarca alauí.

Guinea-Bisáu ha reafirmado su “apoyo indefectible” a través de su ministro João Bernardo Vieira, quien calificó la iniciativa de autonomía como “la única solución creíble y realista” y elogió la resolución de la ONU. Este posicionamiento, consistente a lo largo de los años, se suma a la apertura previa de un consulado en Dajla.

La República del Congo también ha estrechado lazos, centrando las conversaciones en la cooperación política, económica y en asuntos regionales africanos. Rabat ve en África Central una zona estratégica para expandir su presencia financiera y comercial, en sintonía con una estrategia más amplia de “coproducción y solidaridad” promovida por el rey Mohammed VI.

Estos respaldos recientes se inscriben en un contexto más amplio de reconocimientos internacionales. Estados Unidos mantiene su posición firme desde 2020, España ha avalado el Plan de Autonomía, y más de un centenar de países —según fuentes marroquíes— apoyan formalmente la propuesta de Rabat. La resolución 2797 del Consejo de Seguridad marcó un hito al consagrar el plan marroquí como base seria y creíble, con abstenciones notables pero sin votos en contra.

El Stimson Center enfatiza que esta proyección no se limita al Sáhara. Marruecos invierte en infraestructuras, agricultura, energías renovables y seguridad alimentaria en el continente, posicionándose como un socio fiable frente a modelos de influencia más extractivos. Su retorno a la Unión Africana en 2017 y su papel en foros como la Iniciativa Atlántica refuerzan esta imagen de potencia intermedia: ambiciosa pero pragmática, conectada con Europa sin dejar de mirar al Sur.

Sin embargo, este ascenso no está exento de desafíos. Argelia mantiene su oposición, su representante, el Frente Polisario insiste en reclamar autodeterminación y la situación humanitaria en los campamentos de Tinduf sigue siendo delicada. Aun así, la dinámica actual favorece a Rabat: el diálogo directo se reanuda bajo auspicios de la ONU y el apoyo occidental —Francia, EE.UU., España— parece consolidado.

Para el Reino de Mohammed VI, estos apoyos no son solo victorias diplomáticas puntuales, sino piezas de una estrategia de largo aliento que busca convertir su posición geográfica y su estabilidad institucional en influencia real. Como señala el Stimson Center, Marruecos ya no es un actor pasivo en el tablero euro-africano: es un protagonista que redefine alianzas y equilibrios en un mundo en transición. En Rabat, la diplomacia activa y la visión realista parecen estar dando sus frutos.

 

 

El Movimiento Saharaui por la Paz conmemora su sexto aniversario

Con un encuentro en El Aaiún políticos y representantes saharauis conmemoraron el 6to Aniversario de la creación de Movimiento Saharaui por la Paz.

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Buenos Aires - En un momento particularmente sensible para la evolución del conflicto del Sáhara, el sexto aniversario del Movimiento Saharaui por la Paz (MSP) se convirtió en mucho más que una ceremonia partidaria. El encuentro celebrado el 28 de abril en la ciudad de El Aaiún reunió a dirigentes, cuadros políticos, notables tribales, representantes de la sociedad civil, jóvenes militantes y organizaciones afines en una demostración de cohesión que el movimiento considera decisiva para consolidar una alternativa política saharaui favorable a una solución negociada y realista del diferendo regional.

La conmemoración tuvo lugar en medio de un escenario internacional marcado por la creciente aceptación diplomática de fórmulas de compromiso para resolver un conflicto enquistado desde hace medio siglo y cuya prolongación ha condicionado la estabilidad del Magreb. En ese contexto, los dirigentes del MSP aprovecharon la ocasión para reivindicar el papel de la organización como expresión de una corriente saharaui partidaria del diálogo, la convivencia y la búsqueda de un estatuto de autonomía para el territorio bajo soberanía marroquí.

Durante la jornada se presentó un balance político y organizativo de los seis años de existencia del movimiento, así como las líneas estratégicas para el próximo período, centradas especialmente en la preparación de su Segundo Congreso, previsto para este verano boreal. Los organizadores describieron ese futuro cónclave como una etapa de “redefinición política y estructural” destinada a reforzar la implantación territorial y ampliar la proyección internacional de la organización.

Las distintas comisiones del MSP expusieron sus actividades en ámbitos tan diversos como las relaciones exteriores, la comunicación política, la coordinación con organizaciones juveniles y de mujeres, la articulación con notables tribales y la elaboración de estudios estratégicos sobre el futuro institucional del Sáhara. Los dirigentes subrayaron asimismo la importancia de los encuentros organizados en los últimos años tanto en el territorio sahariano como en escenarios internacionales, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria y Dakar, ciudades convertidas en centros de reflexión y diplomacia paralela sobre el conflicto.

El acto sirvió también para reafirmar el posicionamiento político que el MSP viene defendiendo desde su nacimiento en abril de 2020: la necesidad de superar la lógica de confrontación permanente entre Marruecos y el Frente Polisario mediante una “tercera vía” sustentada en la negociación política, el pluralismo interno saharaui y el abandono definitivo de la opción militar.

La aparición del Movimiento Saharaui por la Paz constituyó, desde el principio, un fenómeno político singular dentro del universo saharaui. Su creación estuvo impulsada por antiguos cuadros y dirigentes del Frente Polisario que comenzaron a cuestionar públicamente el funcionamiento interno de esa organización, denunciando la ausencia de mecanismos democráticos, la concentración del poder, la corrupción estructural y el inmovilismo político que, a juicio de los disidentes, había condenado a decenas de miles de refugiados saharauis a una situación de precariedad permanente en los campamentos de Tinduf, en el sur de Argelia.

Entre los antecedentes inmediatos del MSP destacó la llamada Iniciativa Saharaui por el Cambio, una corriente reformista surgida en 2017 dentro del propio Frente Polisario y que intentó sin éxito promover mecanismos de apertura política y democratización interna. La detención y posterior encarcelamiento de varios de sus activistas en los campamentos de Tinduf terminó acelerando la ruptura definitiva con la dirección separatista tradicional.

Fue en ese clima de desencanto político cuando un centenar de militantes, antiguos diplomáticos, activistas de derechos humanos, intelectuales saharauis y descendientes de miembros de la histórica Yema —la asamblea de notables existente durante el período colonial español— constituyeron formalmente el Movimiento Saharaui por la Paz. Desde sus primeros comunicados, la nueva organización insistió en la defensa de la convivencia, la justicia social, la protección de los derechos humanos y el rechazo a toda forma de autoritarismo político.

El lema adoptado por el movimiento, “Paz, Justicia y Concordia”, sintetiza la identidad ideológica que sus dirigentes pretenden imprimirle: un nacionalismo saharaui moderado, compatible con fórmulas de autonomía territorial y orientado a la reconciliación regional.

Dentro de esa construcción política, la figura de Hach Ahmed Bericalla ocupa un lugar central. Nacido en Dakhla en 1957, Bericalla representa una de las trayectorias más relevantes del antiguo aparato diplomático del Frente Polisario. Durante décadas desempeñó funciones de representación exterior en España y América Latina, además de ocupar responsabilidades ministeriales dentro de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática.

Su ruptura con el Polisario se produjo gradualmente a partir de 2015, cuando comenzó a cuestionar abiertamente la deriva interna de la organización y el bloqueo político del conflicto. Quienes lo conocen lo describen como un dirigente pragmático, dotado de una extensa experiencia internacional y consciente de los límites geopolíticos que enfrenta la causa saharaui.

Desde su elección como primer secretario general del MSP, Bericalla ha intentado proyectar la imagen de un liderazgo alternativo basado en el diálogo y el realismo político. En numerosas intervenciones públicas ha defendido la idea de que el referéndum de autodeterminación impulsado históricamente por el Polisario se ha vuelto inviable por razones demográficas, jurídicas y regionales, y sostiene que la única salida practicable pasa por una solución negociada sustentada en una amplia autonomía para el territorio.

Ese posicionamiento ha convertido al MSP en un interlocutor observado con creciente interés por ciertos sectores diplomáticos internacionales, especialmente en Europa y América Latina. El movimiento ha intensificado sus contactos con organizaciones multilaterales, centros de estudios estratégicos, partidos políticos y organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos.

Uno de los momentos de mayor visibilidad internacional del MSP se produjo durante su primer congreso, celebrado con la presencia del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, cuya participación fue interpretada por el movimiento como una señal de legitimación política de la llamada “tercera vía saharaui”. Zapatero defendió entonces la necesidad de privilegiar la convivencia, la cooperación y el diálogo como únicos instrumentos capaces de superar décadas de enfrentamiento estéril.

En los años siguientes, el MSP consolidó una red de apoyos académicos, políticos e intelectuales que le permitió organizar conferencias internacionales sobre paz y seguridad en Canarias, incorporando a expertos europeos, dirigentes socialistas, juristas internacionales y representantes tribales saharauis favorables a una solución pactada.

La organización insiste en que su existencia desmonta el principio de representación exclusiva históricamente reivindicado por el Frente Polisario ante la comunidad internacional. Para el MSP, la pluralidad política dentro de la sociedad saharaui constituye un hecho irreversible que obliga a replantear las bases mismas de cualquier futura negociación auspiciada por Naciones Unidas.

Precisamente esa reivindicación del pluralismo fue uno de los ejes centrales del acto celebrado en El Aaiún. Los participantes defendieron la necesidad de integrar nuevas voces saharauis en los procesos diplomáticos internacionales y reclamaron que cualquier solución futura contemple no solo las posiciones del Polisario, sino también las de aquellos sectores que apuestan por fórmulas de autonomía y coexistencia regional.

En los discursos pronunciados durante el aniversario apareció de forma reiterada la idea de que el contexto internacional atraviesa un momento de inflexión. Los dirigentes del MSP consideran que el creciente respaldo internacional a iniciativas de autonomía impulsadas por Marruecos, sumado al interés de Estados Unidos y varios países europeos en estabilizar el Magreb, abre una oportunidad inédita para promover una solución política definitiva.

El movimiento interpreta además que el agotamiento del conflicto y el deterioro de las condiciones sociales en los campamentos de Tinduf están alimentando entre numerosos saharauis una demanda creciente de alternativas políticas viables. Bajo esa lógica, el MSP busca presentarse como una estructura capaz de canalizar democráticamente esas aspiraciones, articulando identidad saharaui, autonomía territorial y reconciliación regional.

Seis años después de su creación, el Movimiento Saharaui por la Paz continúa siendo un actor minoritario frente a la histórica maquinaria política y diplomática del Frente Polisario. Sin embargo, su persistencia organizativa, su creciente visibilidad internacional y su capacidad para introducir una narrativa alternativa dentro del conflicto han comenzado a modificar, al menos parcialmente, un escenario que durante décadas permaneció dominado por discursos inmutables.

En un Magreb marcado por rivalidades estratégicas, tensiones fronterizas y desafíos de seguridad crecientes, el MSP intenta abrir un espacio político nuevo: el de una corriente saharaui que ya no concibe la solución del conflicto en términos de victoria militar o maximalismo ideológico, sino como un proceso de negociación capaz de garantizar estabilidad regional.

Bolivia en llamas tras tres semanas movilizaciones y protestas callejeras

 

Una revuelta de indígenas, mineros y cocaleros amenaza con derribar al presidente Rodrigo Paz a tan solo seis meses después de su llegada al poder.

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Buenos Aires - El humo de los neumáticos quemados y los gases lacrimógenos aún flota sobre la Plaza Murillo cuando cae la tarde. Miles de manifestantes, armados con piedras, palos, petardos y, en algunos casos, dinamita, han intentado por horas romper el cerco policial y militar que protege el Palacio de Gobierno. La capital boliviana, sitiada por bloqueos en sus accesos, vive una de las jornadas más violentas de las últimas semanas en un país que parece al borde del colapso institucional. El presidente Rodrigo Paz, el hombre que prometió un “capitalismo para todos” tras dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), enfrenta ahora la mayor prueba de su breve mandato: una insurrección popular que exige su renuncia inmediata.

La crisis que estalló hace casi tres semanas no es un estallido aislado. Es el resultado previsible de una acumulación de frustraciones económicas, políticas y sociales que han convertido a Bolivia en un polvorín. Lo que comenzó como protestas sectoriales por salarios y combustible se ha transformado en un desafío frontal al orden establecido, con ecos de las convulsiones que derrocaron gobiernos en el pasado reciente de América Latina.

Una economía al borde del precipicio

Bolivia llega a este punto tras años de deterioro silencioso que se aceleró dramáticamente en los últimos meses. Heredero de un Estado con reservas internacionales diezmadas —que cayeron de más de 15.000 millones de dólares en 2014 a niveles críticos—, Paz asumió en noviembre de 2025 con un país quebrado por la caída de las exportaciones de gas natural, la escasez crónica de dólares y una inflación que ya superaba el 20% anual en proyecciones. Su gobierno optó por medidas de ajuste: eliminación parcial de subsidios a los combustibles, que provocó alzas de hasta el 86% en la gasolina y más del 160% en el diésel, recortes presupuestarios y una tímida apertura a la inversión privada.

Los resultados han sido devastadores para la población. En los mercados de La Paz y El Alto, los precios de los alimentos básicos se han disparado. Familias enteras reducen comidas, los transportistas gastan fortunas en reparaciones de motores dañados por combustible adulterado y los hospitales enfrentan faltantes de oxígeno y medicinas. Los bloqueos —se estiman más de 60 puntos activos en todo el país, con especial intensidad alrededor de La Paz— han agravado el desabastecimiento hasta convertirlo en crisis humanitaria. Camiones varados, surtidores vacíos y colas interminables completan un panorama de escasez que recuerda las peores épocas de racionamiento en la región.

A esto se suma el malestar por promesas incumplidas. Paz llegó al poder con el apoyo de sectores que votaron por un cambio moderado, cansados del MAS pero temerosos de radicalismos. Sin embargo, su gestión ha sido percibida como un giro neoliberal: eliminación de impuestos a la riqueza, leyes que facilitan la mercantilización de tierras comunitarias (aunque luego derogadas) y un acercamiento a organismos internacionales como el FMI. “La gente no creía que era un Gobierno de derecha. Creía que iba a ser de centro”, resumía un analista. Esa traición percibida ha unido a sindicatos, mineros, campesinos aimaras y organizaciones indígenas en un frente común contra lo que llaman “ajuste tipo Milei”.

El rol de Evo Morales: desde el exilio en Chapare hasta la vanguardia de la protesta

En el corazón de esta tormenta aparece, una vez más, la figura omnipresente de Evo Morales. Refugiado en su bastión cocalero del Chapare, con una orden de captura pendiente por un caso de presunta corrupción de menores que él denuncia como persecución política, el expresidente dirige desde la distancia la “Marcha por la Vida”. Sus seguidores —cocaleros, mineros, la Central Obrera Boliviana (COB) y los radicales Ponchos Rojos— han sido clave en la escalada.

Morales, que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 con un modelo extractivista y redistributivo que sacó de la pobreza a millones pero dejó instituciones débiles y dependencia del gas, ha capitalizado el descontento. Sus aliados rechazan la reforma constitucional impulsada por Paz, exigen el fin de los procesos judiciales contra él y denuncian una traición a las bases populares. El gobierno, por su parte, lo acusa de orquestar una conspiración financiada por el crimen organizado —narcotráfico, minería ilegal, contrabando— que busca desestabilizar al Ejecutivo. Videos de supuestos miembros de los Ponchos Rojos exhibiendo armas y llamando a la “guerra civil” han alimentado la narrativa oficial.

La polarización étnica y regional agrava el cuadro. Mientras Santa Cruz, bastión opositor histórico, permanece relativamente calmado, el altiplano andino —con fuerte presencia indígena y aimara— arde. La Constitución de 2009, que enfatizó la plurinacionalidad, ha dejado un legado de fragmentación que ahora explota.

Escalada de violencia y primeras víctimas fatales

Lo que empezó con bloqueos pacíficos ha derivado en choques brutales. Este lunes 18 de mayo, miles de manifestantes protegidos con escudos improvisados enfrentaron a la policía antidisturbios en el centro de La Paz. Gases lacrimógenos, piedras, petardos y explosiones de dinamita convirtieron las calles en un campo de batalla. Manifestantes saquearon el Tribunal Departamental de Justicia, estaciones del teleférico y oficinas públicas. Un manifestante resultó herido de bala o por objetos contundentes, según reportes; policías golpeados y periodistas agredidos completan el saldo.

Las autoridades cifran en al menos cuatro las muertes indirectas desde el inicio de las protestas: pacientes que no pudieron llegar a hospitales por los cortes de ruta. La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra líderes como Mario Argollo, de la COB, y reporta decenas de arrestados. El vicepresidente Edmand Lara, en una carta abierta, ha criticado el uso de la justicia como herramienta de presión y ha llamado a un diálogo “serio y sin condiciones”. El gobierno, mientras, refuerza la Plaza Murillo con militares y rechaza cualquier renuncia.

Efectos regionales: contagio e inestabilidad

La crisis boliviana no es un asunto interno. En una Sudamérica marcada por inestabilidades —con Argentina aplicando ajustes drásticos, tensiones en Perú y un Brasil vigilante—, el colapso de La Paz genera ondas de choque. La CONMEBOL ya trasladó partidos de Copa Libertadores y Sudamericana a Paraguay por los bloqueos y la inseguridad. Vecinos como Argentina y Brasil observan con preocupación el posible flujo de migrantes o el impacto en el comercio fronterizo. Estados Unidos ha expresado apoyo al gobierno democráticamente elegido y condena intentos de desestabilización, mientras figuras como Gustavo Petro en Colombia han hablado de “insurrección popular”.

El riesgo de que el conflicto se internacionalice a través de redes de crimen organizado —narcotráfico desde el Chapare— o de que inspire movimientos similares en países con economías vulnerables es real. La región, aun recuperándose de la pandemia y shocks externos, no necesita otro foco de inestabilidad.

¿Hacia dónde va Bolivia?

El futuro inmediato es incierto. El gobierno de Paz insiste en que no renunciará, promete diálogo con quienes depongan la violencia y busca respaldo internacional con visitas de la OEA. Sin embargo, sin mayoría parlamentaria clara y con un gabinete percibido como elitista, su margen de maniobra es estrecho. Si no logra aliviar rápidamente la escasez y ofrecer concesiones salariales creíbles, la presión de las calles podría volverse insostenible.

Por el lado opositor, Morales y sus aliados apuestan a desgastar al Ejecutivo hasta forzar una salida anticipada o una convocatoria electoral. Pero una eventual caída de Paz podría abrir un vacío de poder peligroso en un país con historia de golpes e interrupciones democráticas.

Bolivia se encuentra en una encrucijada histórica. Detrás de las piedras y el humo no solo hay demandas salariales o combustible: hay un cuestionamiento profundo al modelo económico heredado, a la representación política de los sectores populares y a la capacidad del Estado para gestionar una crisis estructural. La resolución de este conflicto definirá no solo el destino del presidente Paz, sino el rumbo de una nación que, una vez más, se juega su estabilidad en las calles de La Paz. El tiempo apremia: la calma actual en el centro de la ciudad es solo una tregua frágil antes de la próxima jornada de movilizaciones.

 

Revelador informe de un think tank califica a Marruecos de “potencia intermedia estratégica”

 

El informe elaborado por el centro de estudios Stimson Center constituye una de las radiografías geopolíticas más ambiciosas y favorables que haya recibido Marruecos en los últimos años desde un think tank estadounidense de reconocido prestigio e influencia.

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Buenos Aires - El documento no solo describe la evolución económica y diplomática del reino alauí, sino que lo sitúa en una categoría que hasta hace poco parecía reservada a potencias regionales más consolidadas: la de “potencia intermedia estratégica”, capaz de influir simultáneamente sobre Europa, África y Oriente Próximo.

El informe parte de una premisa central: Marruecos ha dejado de ser únicamente un actor periférico del Magreb para convertirse en un nodo geopolítico esencial entre el Atlántico, el Mediterráneo y el Sahel. Esa mutación, según el análisis, no es fruto de una coyuntura pasajera, sino el resultado de una política de Estado sostenida durante más de dos décadas bajo el reinado de Mohammed VI. El documento interpreta esa continuidad estratégica como uno de los mayores activos del país en una región frecuentemente atravesada por crisis institucionales, golpes de Estado, conflictos armados y fragmentación política.

La cuestión del Sáhara ocupa el núcleo político del informe. El texto considera que Rabat ha conseguido alterar profundamente el equilibrio diplomático internacional en torno al conflicto y consolidar una narrativa favorable a su propuesta de autonomía. La lectura del Centro Stimson es inequívoca: la iniciativa marroquí es presentada como la única solución “seria, creíble y realista” para una disputa que arrastra décadas de bloqueo diplomático.

El informe otorga una relevancia especial a la evolución de las posiciones occidentales. El reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sáhara durante la Administración de Donald Trump aparece descrito como un punto de inflexión estratégico cuyas consecuencias siguen redefiniendo el tablero regional. Más importante aún para los autores del documento es el hecho de que la posterior Administración de Joe Biden no revirtiera aquella decisión, interpretada así como una política estructural de Washington y no como una mera maniobra coyuntural.

La resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada en octubre de 2025, es presentada como otro hito decisivo. Según el informe, el nuevo marco diplomático sitúa el plan de autonomía marroquí en el centro de las negociaciones internacionales y reconoce explícitamente a Argelia como parte involucrada en el conflicto. Para Rabat, esta evolución representa una victoria diplomática de enorme alcance porque desmonta la tradicional presentación del contencioso como una simple disputa entre Marruecos y el Frente Polisario.

El documento también enfatiza la dimensión territorial y económica de la estrategia marroquí en las provincias del sur. Las inversiones en infraestructuras, puertos atlánticos, carreteras, proyectos energéticos y zonas industriales son interpretadas como un mecanismo de integración irreversible del Sáhara dentro de la visión nacional de largo plazo del reino. La costa atlántica sahariana aparece definida como un futuro corredor comercial hacia África Occidental y un eje central de la estrategia africana marroquí.

El análisis del Centro Stimson subraya además el progresivo aislamiento diplomático de Argelia. Aunque evita un lenguaje abiertamente confrontativo, el informe describe cómo Rabat ha conseguido reforzar sus relaciones africanas mientras Argel afronta crecientes tensiones con países del Sahel y con la nueva arquitectura política emergente en África occidental. La ruptura diplomática entre ambos países en 2021, el cierre del espacio aéreo argelino y la suspensión del gasoducto Magreb-Europa son mencionados como síntomas de una rivalidad estructural que continúa condicionando el equilibrio estratégico del norte de África.

Sin embargo, el documento sostiene que la evolución reciente favorece claramente a Marruecos. La apertura de consulados africanos y árabes en Dajla y El Aaiún, así como el apoyo explícito de numerosos Estados africanos y árabes al plan marroquí, son interpretados como pruebas tangibles de una legitimidad internacional creciente. El texto sugiere incluso que la diplomacia marroquí ha logrado convertir la cuestión sahariana en un instrumento de proyección continental.

La relación con Unión Europea ocupa otro capítulo central del informe. Para los autores, Marruecos se ha transformado en un socio prácticamente indispensable para Bruselas en materias tan sensibles como migración, seguridad mediterránea, lucha antiterrorista y transición energética. La UE aparece no solo como el principal socio comercial del reino, sino también como el espacio económico respecto del cual Marruecos ha desarrollado una estrategia de integración productiva cada vez más sofisticada.

El informe insiste en que Marruecos ya no puede ser considerado únicamente una economía agrícola o turística. La transformación industrial del país constituye uno de los ejes más celebrados del análisis. El sector automovilístico es presentado como el más avanzado del continente africano, con una capacidad exportadora que supera ya a sectores históricos como el fosfato. El texto destaca la consolidación de un ecosistema industrial integrado alrededor de gigantes como Renault Group y Stellantis, cuyas plantas marroquíes producen más de un millón de vehículos anuales.

La importancia estratégica de Puerto Tanger Med aparece como uno de los símbolos más visibles de esta transformación. El informe describe el complejo portuario como uno de los mayores éxitos logísticos del Mediterráneo y de África, capaz de competir con infraestructuras europeas históricamente dominantes. Tanger Med es presentado como un punto neurálgico de las cadenas globales de suministro y como la evidencia más clara de la voluntad marroquí de posicionarse como plataforma industrial y exportadora entre Europa y África.

El documento también dedica amplio espacio al ascenso energético del reino. Marruecos es descrito como uno de los líderes africanos en transición energética, especialmente en energía solar, eólica e hidrógeno verde. El complejo solar Noor Ouarzazate aparece convertido en el emblema internacional de esa ambición. El informe sostiene que Rabat aspira a transformarse en proveedor estratégico de energía verde para Europa, aprovechando tanto su cercanía geográfica como sus recursos naturales excepcionales.

La apuesta por el hidrógeno verde ocupa un lugar destacado dentro de esa visión. El Centro Stimson considera que Marruecos posee condiciones especialmente favorables para integrarse en las futuras cadenas energéticas globales, gracias a su potencial solar y eólico, a su estabilidad política y a su capacidad para atraer inversiones internacionales. Los proyectos vinculados al hidrógeno, al amoníaco verde y a los combustibles industriales son descritos como parte de una estrategia de reposicionamiento económico de largo alcance.

El informe observa igualmente un giro estratégico hacia los minerales críticos y las baterías eléctricas. La enorme reserva de fosfatos del país y su creciente papel en la producción de materiales vinculados a vehículos eléctricos son presentados como factores que podrían convertir a Marruecos en un actor central de la economía energética del siglo XXI. El texto presta particular atención a la instalación de empresas chinas vinculadas al sector de baterías, un fenómeno que revela tanto las oportunidades como las tensiones geopolíticas asociadas a la competencia tecnológica global entre Washington y Pekín.

En materia africana, el análisis considera que Marruecos ha conseguido desarrollar una de las políticas continentales más activas del norte de África. El regreso a Unión Africana en 2017 es interpretado como una maniobra estratégica destinada a disputar desde dentro la legitimidad diplomática de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática. Paralelamente, la expansión de bancos, compañías de telecomunicaciones y empresas marroquíes por África occidental y central aparece como el componente económico de una diplomacia de influencia cuidadosamente diseñada.

La relación con Estados Unidos es descrita como excepcionalmente sólida. El informe recuerda que Marruecos fue el primer país en reconocer a Estados Unidos en el siglo XVIII y destaca la profundidad actual de la cooperación militar, de inteligencia y contraterrorista. Los ejercicios African Lion y el estatuto de aliado principal no miembro de la OTAN son señalados como pruebas de una asociación estratégica consolidada.

En paralelo, el documento sostiene que Rabat ha sabido mantener relaciones pragmáticas con múltiples polos de poder sin romper su alineamiento occidental. El acercamiento económico a China, especialmente en infraestructuras y tecnologías vinculadas a baterías, es presentado como un ejemplo de la capacidad marroquí para diversificar alianzas sin alterar su arquitectura estratégica principal.

Pese al tono ampliamente favorable, el informe no ignora las fragilidades internas del país. El desempleo juvenil, especialmente en zonas urbanas, la persistente desigualdad regional y la crisis hídrica aparecen como amenazas estructurales que podrían limitar la sostenibilidad del modelo marroquí. La escasez de agua es descrita como uno de los principales desafíos existenciales del reino, agravado por las sequías recurrentes y el cambio climático.

También se señalan limitaciones en materia educativa, participación femenina y burocracia administrativa. Sin embargo, el Centro Stimson interpreta estos problemas más como desafíos de gestión dentro de una trayectoria ascendente que como síntomas de estancamiento estructural.

La conclusión del informe es clara: Marruecos dispone hoy de las bases necesarias para convertirse en una de las principales potencias de influencia del continente africano y del espacio mediterráneo durante las próximas décadas. El reino aparece retratado como un Estado estable, con visión estratégica, creciente sofisticación industrial y una diplomacia extraordinariamente activa.

En un contexto internacional marcado por la fragmentación geopolítica, las tensiones energéticas y la competencia por nuevas cadenas industriales, el análisis del Centro Stimson sugiere que Rabat ha logrado algo poco frecuente en el norte de África contemporáneo: transformar la estabilidad política en una plataforma de proyección internacional, desarrollo industrial y expansión diplomática

 

 

El giro diplomático que consolida a Rabat: el creciente respaldo internacional al plan marroquí para el Sáhara

 

La propuesta de autonomía impulsada por Marruecos ante Naciones Unidas gana apoyos en África, Europa, América y Asia, mientras Rabat convierte la cuestión del Sáhara en el eje central de una sofisticada estrategia diplomática diseñada bajo las directrices del rey Mohammed VI. La resolución 2797 del Consejo de Seguridad y el reciente alineamiento de Japón y Zambia reflejan una transformación profunda del escenario internacional.

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Buenos Aires - Durante décadas, la cuestión del Sáhara fue uno de los conflictos más prolongados y enconados del norte de África. Pero en los últimos años, y particularmente desde la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en octubre de 2025, el equilibrio diplomático en torno a este diferendo regional ha comenzado a inclinarse de manera cada vez más visible en favor de Marruecos y de su propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí.

La iniciativa presentada por Rabat ante la ONU en 2007, considerada durante mucho tiempo como una de las múltiples fórmulas posibles para resolver el conflicto, ha pasado progresivamente a ser definida por un número creciente de capitales internacionales como la única base “seria”, “creíble”, “realista” y “duradera” para alcanzar una salida política negociada. Ese cambio semántico, aparentemente técnico, encierra en realidad una mutación geopolítica de gran profundidad.

La reciente posición adoptada por Japón constituye uno de los ejemplos más significativos de esta evolución. Tokio expresó oficialmente su satisfacción por la resolución 2797 del Consejo de Seguridad y sostuvo que “una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible” para resolver el diferendo. La declaración conjunta firmada entre el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, y su homólogo japonés, Motegi Toshimitsu, marcó un salto cualitativo en la posición nipona.

Más relevante aún que el propio respaldo político fue la afirmación japonesa de que Tokio está dispuesto a actuar “a nivel diplomático y económico” conforme a esta nueva posición. La frase fue interpretada en Rabat como la señal de que una de las principales potencias asiáticas no solo respalda la propuesta marroquí, sino que comienza a integrar esa postura en sus decisiones estratégicas y comerciales.

El movimiento japonés no se produjo en el vacío. Forma parte de una dinámica internacional más amplia impulsada meticulosamente por la diplomacia marroquí durante los últimos años. Bajo las directrices directas del rey Mohammed VI, Rabat transformó el expediente del Sáhara en el núcleo central de su política exterior. El monarca estableció como principio rector que las relaciones internacionales del Reino debían medirse en función de la claridad de los apoyos a la integridad territorial marroquí.

La estrategia desplegada combinó varios niveles simultáneos. Por un lado, Marruecos profundizó su presencia económica y diplomática en África mediante inversiones, cooperación Sur-Sur y proyectos de integración regional. Por otro, consolidó alianzas con potencias occidentales y asiáticas interesadas en la estabilidad del norte africano y del Sahel. Paralelamente, Rabat impulsó grandes iniciativas geoeconómicas destinadas a convertir al país en un puente entre Europa, África y el Atlántico.

Entre esos proyectos destaca el Gasoducto África-Atlántico, concebido para conectar Nigeria con Marruecos y eventualmente con Europa occidental. La iniciativa, respaldada activamente por Rabat, no solo posee un enorme componente energético, sino también una dimensión geopolítica decisiva: reforzar el papel de Marruecos como plataforma estratégica entre África y Europa.

Japón ha mostrado especial interés en esa arquitectura regional impulsada por Rabat. Tokio valoró particularmente la Iniciativa de los Estados Africanos Atlánticos y los proyectos promovidos por Marruecos para integrar económicamente el espacio atlántico africano. Según la visión expresada por los responsables japoneses y marroquíes, el desarrollo del continente africano requiere fórmulas de integración regional estables y corredores de crecimiento capaces de garantizar seguridad energética, conectividad y estabilidad política.

La cuestión del Sáhara aparece así cada vez más vinculada a una lógica estratégica más amplia. Para numerosos actores internacionales, el conflicto ya no es percibido únicamente como un problema de descolonización inconclusa, sino también como un factor directamente relacionado con la estabilidad regional, la lucha contra el extremismo en el Sahel, los flujos migratorios y la seguridad energética entre África y Europa.

Ese cambio de percepción explica en parte el creciente apoyo internacional a la propuesta marroquí. Estados Unidos fue uno de los primeros grandes actores en reconocer explícitamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara en 2020. Posteriormente, España respaldó públicamente la iniciativa de autonomía calificándola como la base “más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto. Francia, Alemania, Países Bajos y numerosos países africanos y árabes han convergido progresivamente hacia posiciones similares.

En África, el respaldo a Rabat se fortaleció notablemente durante los últimos años. Zambia reafirmó recientemente “su postura firme y constante a favor de la integridad territorial y la marroquinidad del Sáhara”, respaldando además la resolución 2797 y el plan de autonomía como “la única base seria, creíble y duradera” para alcanzar una solución política.

El posicionamiento zambiano no constituye un episodio aislado. Durante la última década, varios países africanos modificaron o revisaron sus posiciones históricas respecto del conflicto. Rabat logró consolidar una intensa red de alianzas continentales apoyada en cooperación económica, inversiones agrícolas, infraestructura, formación profesional y proyectos energéticos. La apertura de consulados de diversos países africanos en ciudades saharianas administradas por Marruecos fue interpretada por Rabat como un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre la región.

La diplomacia marroquí, dirigida por Bourita, combinó pragmatismo económico y activismo político. El ministro se convirtió en uno de los principales arquitectos de una estrategia internacional destinada a construir consensos graduales en torno a la autonomía. Su acción diplomática se apoyó en una narrativa cuidadosamente elaborada: presentar el plan marroquí no como una imposición unilateral, sino como una solución pragmática capaz de garantizar estabilidad regional y desarrollo económico.

La resolución 2797 aprobada por el Consejo de Seguridad en 2025 representó un punto de inflexión decisivo. Por primera vez, el máximo órgano ejecutivo de Naciones Unidas afirmó de manera explícita que una autonomía genuina bajo soberanía marroquí podría constituir la solución más viable al conflicto. Aunque el texto no implicó un reconocimiento formal de soberanía, sí consolidó el marco político defendido por Rabat desde hacía casi dos décadas.

La resolución también reforzó el papel del enviado personal del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, insistiendo en la necesidad de negociaciones realistas y sin condiciones previas. Para Marruecos, la importancia del texto radicó en que desplazó progresivamente el eje de la discusión internacional desde la idea de un referéndum de autodeterminación —bloqueado durante décadas por desacuerdos sobre el censo y los criterios de participación— hacia una lógica de solución política negociada basada en la autonomía.

Rabat sostiene desde hace años que el referéndum se volvió impracticable y que la autonomía constituye la única vía capaz de cerrar definitivamente el conflicto. El Frente Polisario, por el contrario, continúa defendiendo el derecho de autodeterminación mediante consulta popular. Sin embargo, la correlación diplomática internacional parece evolucionar cada vez más en favor de la tesis marroquí.

Ese fortalecimiento externo coincidió además con una ofensiva de proyección internacional del Reino en múltiples frentes. Marruecos intensificó su papel como actor de estabilidad regional, reforzó su cooperación migratoria con Europa, amplió sus vínculos militares con Estados Unidos y potencias occidentales y multiplicó sus iniciativas africanas. Al mismo tiempo, Rabat buscó consolidarse como centro logístico y financiero regional, aprovechando su ubicación estratégica entre Europa y África.

La monarquía marroquí comprendió tempranamente que el expediente del Sáhara no podía resolverse únicamente mediante argumentos históricos o jurídicos. Era necesario convertir a Marruecos en un socio indispensable para las grandes potencias. En esa lógica se inscriben tanto la expansión de los puertos atlánticos marroquíes como las grandes iniciativas energéticas y de integración africana impulsadas directamente por Mohammed VI.

La reciente aproximación entre Rabat y Tokio refleja precisamente esa nueva dimensión geopolítica. Japón percibe a Marruecos no solo como un aliado diplomático, sino también como una plataforma estratégica para su proyección económica hacia África. El fortalecimiento del eje Rabat-Tokio incluye cooperación triangular con países africanos, inversiones industriales y coordinación política regular.

En paralelo, Marruecos procura vincular el apoyo internacional a su propuesta de autonomía con una imagen de modernización y estabilidad. La organización conjunta del Mundial de fútbol de 2030 junto a España y Portugal forma parte también de esa narrativa de proyección global y consolidación internacional.

A ojos de Rabat, el creciente respaldo internacional confirma la eficacia de una estrategia diplomática sostenida durante años con disciplina y continuidad. La cuestión del Sáhara dejó de ser presentada exclusivamente como un litigio territorial para convertirse en una pieza central de una visión más amplia sobre estabilidad regional, integración africana y seguridad euroafricana.

Aunque el conflicto permanece formalmente abierto y Naciones Unidas continúa impulsando negociaciones políticas, el equilibrio diplomático internacional parece moverse gradualmente hacia una consolidación de la propuesta marroquí. El apoyo creciente de actores de peso en Europa, África, América y Asia revela hasta qué punto Marruecos logró transformar un expediente históricamente complejo en un eje de legitimación internacional y de proyección estratégica del Reino en el escenario global.

 

La peligrosa deriva de la confrontación entre Israel y Turquía, otra amenaza a la estabilidad de Medio Oriente

 

La pugna entre Ankara y Tel Aviv ha trascendido hace tiempo el ámbito del discurso político y las crisis diplomáticas episódicas para convertirse en una competencia estructural por el control de corredores energéticos, la reconfiguración del poder en Siria, la influencia en el Mediterráneo oriental y la proyección estratégica en el Cuerno de África. Esta dinámica configura un nuevo eje de tensión regional con repercusiones globales, que involucra a Estados Unidos, la OTAN, Grecia, Chipre, Azerbaiyán, Arabia Saudita, Pakistán e incluso India. Detrás de las declaraciones incendiarias y las alianzas militares en gestación se vislumbra una lucha por la hegemonía en Oriente Próximo que redefine el equilibrio de poder surgido tras el colapso del orden regional anterior.

 

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Buenos Aires - Durante décadas, las relaciones entre Recep Tayyip Erdoğan y Benjamín Netanyahu se caracterizaron por un pragmatismo estratégico teñido de desconfianza ideológica. Turquía fue el primer país de mayoría musulmana en reconocer al Estado de Israel en 1949, y ambos mantuvieron una cooperación militar e de inteligencia profunda durante años. Sin embargo, ese vínculo pertenece al pasado. La crisis del buque Mavi Marmara[i] en 2010 abrió una herida que nunca cicatrizó por completo. Desde entonces, las relaciones se deterioraron de forma progresiva, entrando en una fase de confrontación abierta tras la guerra en Gaza y la ampliación de las disputas geopolíticas en Siria y el Mediterráneo oriental. Las acusaciones mutuas han adquirido una dimensión no solo retórica, sino militar y estratégica concreta.

En Ankara, el presidente Erdoğan ha endurecido su retórica contra Israel hasta niveles sin precedentes. En abril de 2026, durante un discurso en la Conferencia Internacional de Partidos Políticos de Asia en Estambul, Erdoğan calificó las acciones israelíes de “red de genocidio manchada de sangre” que “continúa matando a niños, mujeres y civiles inocentes sin regla ni principio alguno, ignorando todos los valores humanos”. Asimismo, ha comparado las políticas del primer ministro Netanyahu con las de Hitler y ha advertido que “así como entramos en Karabaj y en Libia, podríamos hacer lo mismo con ellos. No hay nada que lo impida; solo se requiere fuerza y unidad”. Altos funcionarios turcos, como el ministro de Exteriores Hakan Fidan, han acusado a Israel de buscar convertir a Turquía en su “nuevo enemigo” tras el debilitamiento de Irán. Fidan declaró en abril de 2026: “Después de Irán, Israel no puede vivir sin un enemigo. Vemos que tanto en el Gobierno de Netanyahu como en parte de la oposición se busca declarar a Turquía el nuevo adversario”.

Del lado israelí, miembros del Gobierno de Netanyahu sostienen que Turquía aspira a convertirse en la nueva potencia hegemónica islamista de Oriente Próximo, aprovechando el debilitamiento iraní y el colapso del equilibrio sirio anterior. El propio Netanyahu ha acusado públicamente a Erdoğan de “masacrar a sus propios ciudadanos kurdos” y de “acomodar al régimen terrorista de Irán y sus proxies”. Funcionarios israelíes como el ex primer ministro Naftali Bennett han advertido que “está surgiendo una nueva amenaza turca” comparable a la iraní, y el ministro de Defensa Israel Katz ha calificado a Erdoğan de “hombre de los Hermanos Musulmanes” y “tigre de papel”. Analistas israelíes describen cada vez más a Ankara como un actor capaz de forjar una red de aliados a expensas de Israel, con Siria como eje central.

Esta creciente hostilidad se explica, en gran medida, por la disputa por los corredores energéticos entre Oriente Medio y Europa. El Mediterráneo oriental se ha consolidado como uno de los principales escenarios geopolíticos del siglo XXI. Israel, Grecia y Chipre impulsan desde hace años el proyecto del gasoducto EastMed, diseñado para transportar gas natural desde los yacimientos israelíes y chipriotas hacia Europa, evitando territorio turco. Aunque el proyecto enfrentó dificultades técnicas y económicas —y perdió apoyo explícito estadounidense en 2022—, en 2025 y 2026 los tres países han intentado revivirlo, vinculándolo además al Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC). Este esquema no solo es energético, sino estratégico: consolida un eje greco-israelí-chipriota respaldado por Occidente y limita la influencia turca sobre las rutas energéticas regionales.

Turquía percibe esta iniciativa como una amenaza existencial a su soberanía marítima y económica. La doctrina de la “Patria Azul” (Mavi Vatan), promovida por sectores nacionalistas y militares cercanos al Gobierno, busca expandir la zona de influencia marítima turca en el Mediterráneo oriental y cuestiona las delimitaciones marítimas acordadas por Grecia y Chipre. Ankara ha respondido impulsando alternativas, como corredores energéticos que incluyan un posible enlace Qatar-Turquía a través de Siria, y ha mantenido un embargo comercial integral contra Israel desde 2024. El ministro Fidan ha señalado que la cooperación militar entre Grecia, Chipre e Israel “no genera más confianza, sino más problemas y guerra”.

Esta competencia energética se entrelaza de manera inextricable con la guerra y la reconfiguración de Siria. Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, Turquía emergió como el actor con mayor capacidad de influencia en el nuevo equilibrio damasceno. Ankara ha consolidado tropas en el norte del país, cultivado estructuras de gobernanza alineadas con sus intereses y bloqueado cualquier autonomía kurda significativa. Busca, además, ampliar su profundidad estratégica hacia el Levante. Israel observa con profunda preocupación este avance. Para Tel Aviv, una Siria bajo fuerte influencia turca podría representar una amenaza superior a la que suponía Irán en la era Assad. Fuentes israelíes indican que la aviación de Israel ha realizado casi un millar de ataques aéreos y de artillería en los primeros siete meses posteriores a la caída de Assad —casi el triple que en los siete años previos—, con el objetivo explícito de frustrar la instalación de infraestructura militar turca, incluyendo bases y sistemas antiaéreos. Turquía ha condenado estos ataques como “escalada peligrosa” y ha logrado, mediante mediación azerbaiyana, un mecanismo de desescalada militar para evitar choques directos.

La cuestión kurda agrava aún más la rivalidad. Israel ha expresado simpatía hacia las aspiraciones de los kurdos en Siria e Irak —describiéndolos en ocasiones como “aliados naturales”—, una posición que Ankara considera una línea roja absoluta. Esta divergencia de visiones sobre el futuro sirio —Turquía busca un Gobierno central amigo y unificado bajo su influencia; Israel prioriza la fragmentación que impida cualquier amenaza unificada en su frontera norte— ha convertido Siria en el epicentro del choque geopolítico.

El conflicto se proyecta también hacia el Cuerno de África, una de las regiones más estratégicas del planeta. En Somalia, Turquía mantiene su mayor base militar en el extranjero en Mogadiscio y ha invertido miles de millones en infraestructura, entrenamiento de las fuerzas armadas somalíes y cooperación económica. En 2025-2026, Ankara anunció planes para un espacio-port en Somalia y reforzó su presencia naval y aérea, incluyendo despliegues de F-16. Pretende convertir el Cuerno en una plataforma de proyección hacia el mar Rojo y el océano Índico. Israel, por su parte, busca reforzar su presencia para controlar rutas marítimas críticas entre Asia, África y Europa. En diciembre de 2025, Israel reconoció formalmente la independencia de Somalilandia —la primera potencia de la ONU en hacerlo—, generando una fuerte reacción en Turquía y Qatar. El presidente Erdoğan condenó la medida como “ilegal e intervencionista”, una violación de la integridad territorial somalí y un intento deliberado de socavar la influencia turca. El portavoz del Ministerio de Exteriores turco, Öncü Keçeli, lo describió como “otro ejemplo de las políticas expansionistas del Gobierno Netanyahu destinadas a crear inestabilidad regional”. El estrecho de Bab el-Mandeb, vital para el comercio energético global, se ha convertido así en un nuevo frente de competencia indirecta.

La rivalidad ya no es meramente bilateral. Se han consolidado bloques regionales cada vez más definidos. Israel ha profundizado su alianza estratégica con Grecia y Chipre —basada en cooperación energética, ejercicios militares conjuntos e inteligencia compartida— y explora su ampliación hacia India a través de corredores como el IMEC. Frente a este eje aparece un conglomerado potencial integrado por Turquía, Azerbaiyán —aliado clave tras la guerra de Nagorno-Karabaj—, Pakistán —con creciente cooperación militar— y, eventualmente, Arabia Saudita, cuya aproximación dependerá de la evolución frente a Irán y la situación en Gaza.

Estados Unidos observa el escenario con creciente inquietud. Washington mantiene vínculos estratégicos con ambos países: Israel como aliado fundamental y Turquía como miembro clave de la OTAN por su control de los estrechos y su peso militar. El enviado especial estadounidense Tom Barrack ha calificado las tensiones de “retórica” y ha instado a la cooperación en seguridad y energía, afirmando que “Turquía no es un país con el que se pueda jugar”. Sin embargo, una confrontación directa entre Ankara y Tel Aviv podría fracturar el sistema de alianzas occidentales. Para la OTAN, el dilema es delicado: Turquía es uno de sus principales ejércitos y controla posiciones estratégicas vitales, mientras Israel mantiene una estrecha cooperación militar con miembros occidentales. La posibilidad de que Ankara ejerza su veto en la Alianza genera preocupación en círculos políticos y militares de Bruselas y Washington.

En paralelo, la retórica y la preparación militarista continúan escalando. Turquía ha exhibido avances en misiles balísticos, drones y sistemas de largo alcance capaces de alcanzar objetivos en el Mediterráneo oriental. Israel, por su parte, ha intensificado operaciones en Siria y reforzado sus defensas ante posibles amenazas regionales ampliadas. En este contexto emerge una cuestión particularmente explosiva: la posibilidad futura de que Turquía aspire a una capacidad nuclear militar. Aunque Ankara es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, Erdoğan ha cuestionado públicamente el “monopolio nuclear” israelí en la región, afirmando en el pasado que “el poder nuclear militar debe estar prohibido para todos o permitido para todos”. Sectores nacionalistas turcos argumentan que la asimetría estratégica actual coloca a Turquía en una posición vulnerable y que Ankara debería contar con una disuasión equivalente. Aunque este escenario sigue siendo remoto, el deterioro del orden regional y la proliferación de alianzas rivales lo hacen cada vez menos impensable.

La paradoja radica en que Turquía e Israel comparten aún intereses comunes sustanciales: ambos temen la expansión del caos regional, requieren estabilidad económica y mantienen vínculos comerciales profundos. No obstante, la lógica geopolítica —acentuada por el vacío dejado tras el debilitamiento iraní y la reconfiguración siria— parece empujarlos hacia una confrontación cada vez más estructural. Lo que está en juego ya no se limita a Siria, Gaza o el Mediterráneo oriental: se trata del liderazgo político, militar y energético del nuevo Oriente Próximo. En esa lucha, Ankara y Tel Aviv parecen convencidos de que el espacio para la coexistencia estratégica se reduce día tras día, configurando un escenario de alto riesgo para la estabilidad regional y global.

 

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[i] MAVI MARMARA: El 31 de mayo de 2010, comandos israelíes abordaron el buque Mavi Marmara de bandera turca en aguas internacionales, matando a diez activistas turcos e hiriendo a decenas de ellos, provocando una grave crisis diplomática entre Israel y Turquía. La nave encabezaba una “Flotilla de la Libertad” para romper el bloqueo de Gaza.

Las grietas del separatismo: el azote que amenaza con fragmentar la paz mundial

 

En un planeta que se enorgullece de su interconexión económica y tecnológica, el separatismo emerge una vez más como una de las fuerzas más disruptivas y persistentes de la inestabilidad internacional.

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Buenos Aires - Lejos de ser un vestigio del pasado colonial o de las posguerras mundiales, los movimientos secesionistas —alimentados por identidades étnicas, resentimientos históricos, ambiciones económicas o manipulaciones geopolíticas— siguen abriendo brechas en el mapa mundial, alimentando conflictos armados, desplazamientos masivos y un cuestionamiento permanente de las fronteras establecidas. Desde los Balcanes hasta el Cáucaso, de las estepas africanas a los Andes sudamericanos, estas reivindicaciones no solo ponen a prueba la integridad territorial de los Estados, sino que erosionan la frágil arquitectura de la seguridad global.

El fenómeno no es nuevo, pero su capacidad de mutar y adaptarse a los tiempos lo convierte en un desafío de primer orden para el siglo XXI. La historia contemporánea está jalonada de episodios en los que minorías nacionales o étnicas, reales o instrumentalizadas, han servido de pretexto o detonante para catástrofes de escala planetaria. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, con su afán de redibujar Europa sobre bases supuestamente nacionales, dejó a millones de alemanes étnicos convertidos en minorías en los nuevos Estados de Checoslovaquia y Polonia. Aquellos llamados “sudetes” fueron la grieta que Adolf Hitler explotó con maestría propagandística para justificar primero la anexión de los Sudetes y, poco después, la invasión de Polonia en 1939, desencadenando así la Segunda Guerra Mundial. El expansionismo nazi demostró cómo una reivindicación separatista, hábilmente manipulada, podía convertirse en el ariete de una conflagración global.

Décadas más tarde, en los Balcanes, el separatismo albanés de Kosovo volvió a ilustrar con crudeza la peligrosidad de estas dinámicas. La guerra de 1998-1999, que enfrentó a las fuerzas yugoslavas con el Ejército de Liberación de Kosovo y culminó con la intervención aérea de la OTAN, dejó un saldo de más de 13.500 muertos, 1,4 millones de albaneses desplazados y, posteriormente, el éxodo de 200.000 serbios y otras minorías no albanesas. El Tratado de Kumanovo puso fin a las hostilidades, pero no a las tensiones: Kosovo proclamó su independencia en 2008, reconocida solo parcialmente, y sigue siendo un foco de controversia jurídica y política que pone de manifiesto los límites del consenso internacional. Serbia, convertida en el país europeo con mayor número de refugiados y desplazados, arrastra aún las secuelas de aquel conflicto.

Estos no son casos aislados. En África, las fronteras trazadas por las potencias coloniales europeas sin respeto alguno a las realidades étnicas o tribales sembraron el terreno para tragedias posteriores. La guerra de Biafra en Nigeria, entre 1967 y 1970, fue un ejemplo paradigmático: el intento de secesión de la región sudoriental, rica en petróleo y habitada mayoritariamente por igbos, derivó en una cruenta guerra civil que causó al menos un millón de muertos y dos millones de desplazados. La internacionalización del conflicto, con mercenarios y potencias extranjeras involucradas bajo el paraguas de Naciones Unidas, anticipó un patrón que se repetiría en otros escenarios poscoloniales. Hoy, en el Sahel, en la Cabilia argelina o en el conflicto del Sáhara Occidental —donde el Frente Polisario mantiene desde 1975 a decenas de miles de saharauis en campamentos de Tinduf, en territorio argelino—, el separatismo étnico y tribal sigue generando inestabilidad crónica, agravada por el cambio climático, la desertificación y rivalidades interestatales.

En Asia, la cuestión kurda encarna como ninguna otra la tragedia de un pueblo sin Estado. Más de cuarenta millones de kurdos repartidos entre Turquía, Irak, Irán y Siria han convertido el Kurdistán en una permanente fuente de inestabilidad, con organizaciones armadas que oscilan entre la lucha por la autonomía y la confrontación abierta. Su situación, marcada por represión estatal y violaciones sistemáticas de derechos humanos, se replica en otros casos: los uigures de Xinjiang, ocho millones de musulmanes sometidos por Pekín a una vigilancia extrema y a campos de “reeducación” para erradicar lo que el Partido Comunista califica de “extremismo”; los tibetanos, cuya resistencia —incluidas inmolaciones públicas entre 2010 y 2012— ha sido respondida con detenciones y torturas; o el eterno contencioso de Taiwán, una democracia próspera y funcional que opera como Estado de facto pero que permanece excluida del reconocimiento universal por la presión diplomática china.

América Latina no escapa a esta dinámica, aunque sus manifestaciones sean menos letales en términos bélicos. En Canadá, el independentismo quebequés ha marcado la política nacional durante décadas. En Estados Unidos, los nacionalistas puertorriqueños protagonizaron en los años setenta y ochenta una oleada de atentados. En el Cono Sur, el movimiento mapuche —que reivindica un “Wallmapu” que abarcaría desde el río Limarí en Chile hasta la Patagonia argentina— combina demandas territoriales legítimas con acciones violentas que han derivado en incendios, sabotajes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco o la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), liderada en Argentina por figuras como Facundo Jones Huala, han declarado una “guerra de liberación” contra el “Estado burgués”, las empresas forestales y las iglesias, aprovechando la porosidad de la frontera andina para operar en ambos países. En Bolivia, el expresidente Evo Morales ha alentado proyectos como una “República Aymara” en torno al lago Titicaca, mientras en Santa Cruz de la Sierra persiste un separatismo de signo contrario, impulsado por elites de origen europeo reacias al centralismo indígena de La Paz.

El separatismo adopta formas diversas, lo que dificulta su clasificación y, sobre todo, su contención. Puede ser étnico, como en el caso kurdo o igbo; lingüístico y cultural, como en Cataluña, Escocia o el País Vasco, donde movimientos mayoritariamente pacíficos han desafiado la integridad territorial de Estados democráticos consolidados; religioso, como entre los baluchis de “Jaish al-Adl”, cuyo reciente protagonismo en los intercambios de misiles y drones entre Pakistán e Irán ilustra cómo minorías armadas pueden internacionalizar tensiones regionales; o económico, cuando regiones ricas en recursos —petróleo en Biafra, gas en el Kurdistán iraquí— aspiran a romper lazos con centros percibidos como explotadores. En ocasiones se presenta como mera demanda de autonomía; en otras, como proyecto explícito de independencia. Lo que subyace en todos es una narrativa de identidad diferenciada, frecuentemente acompañada de percepciones —reales o construidas— de discriminación y marginalización.

Uno de los aspectos más inquietantes del separatismo contemporáneo es la proliferación de entidades que funcionan como Estados de facto pero carecen de reconocimiento internacional pleno. Somalilandia, que desde 1991 opera con constitución, moneda, gobierno propio y un nivel de estabilidad superior al de la Somalia caótica, sigue siendo un Estado no reconocido pese a haber celebrado elecciones multipartidistas avaladas por observadores internacionales. Puntlandia, en el mismo Cuerno de África, comparte ese limbo jurídico. En el Cáucaso, Abjasia y Osetia del Sur, Transnistria en Moldavia, el norte de Chipre y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk conforman un archipiélago de entidades que operan con estructuras estatales pero permanecen en un limbo diplomático. Taiwán, con su sistema político y económico plenamente desarrollado y reconocido solo por un puñado de países —entre ellos Paraguay, Guatemala, Belice, Haití y varios microestados del Pacífico—, representa el caso más notorio y geopolíticamente sensible de esta ambigüedad. Kosovo, parcialmente reconocido, cierra esta lista de realidades que desafían la convención westfaliana de la soberanía.

Estos “Estados de facto” plantean interrogantes fundamentales sobre el orden internacional: ¿qué define realmente a un Estado, el control efectivo del territorio o el reconocimiento por parte de la comunidad? ¿Hasta qué punto el principio de autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de Naciones Unidas, puede prevalecer sobre el de integridad territorial? La respuesta, en la práctica, depende más de consideraciones políticas y correlaciones de fuerza que de principios jurídicos coherentes, lo que alimenta acusaciones de doble rasero y debilita la credibilidad del sistema multilateral.

Expertos de renombre han alertado repetidamente sobre los riesgos de esta fragmentación descontrolada. El politólogo estadounidense Robert Kaplan ha señalado que “la fragmentación estatal es una de las principales amenazas del siglo XXI, porque multiplica los actores armados y dificulta la gobernanza global”. En una línea similar, el historiador británico Eric Hobsbawm advertía que “el nacionalismo, en sus formas más extremas, tiende a ser excluyente y potencialmente violento, especialmente cuando se combina con agravios históricos reales o percibidos”. La académica canadiense Margaret MacMillan, por su parte, ha subrayado que muchas de las fronteras actuales son el resultado de decisiones políticas contingentes, no de realidades naturales: “Las líneas en el mapa pueden parecer fijas, pero en realidad son profundamente inestables cuando no reflejan identidades compartidas”.

El problema se agrava cuando los movimientos separatistas reciben respaldo —explícito o encubierto— de Estados que buscan debilitar a sus rivales. La instrumentalización geopolítica convierte conflictos locales en proxies de grandes potencias, difuminando la frontera entre reivindicación legítima y estrategia de poder. A ello se suma el rol de las nuevas tecnologías: las redes sociales han amplificado la capacidad de estos movimientos para difundir narrativas, reclutar simpatizantes y presionar a gobiernos e instituciones internacionales. Lo que antes quedaba confinado a un ámbito regional se internacionaliza en cuestión de horas, generando una presión constante sobre organismos como la ONU, el Consejo de Derechos Humanos o la Comisión de Descolonización.

Los separatistas suelen apelar al principio de autodeterminación surgido de los Catorce Puntos de Woodrow Wilson y al de nacionalidades del siglo XIX, que contribuyeron a desintegrar imperios pero también sembraron las semillas de futuras guerras. En la práctica, muchos de estos movimientos son dirigidos por elites políticas que se autoproclaman únicos representantes de “su” pueblo y no dudan en recurrir a la violencia contra disidentes internos. Rara vez sobreviven sin apoyo financiero y político externo, ya sea de Estados rivales, ONG internacionales o foros como el Grupo de Puebla o la Internacional Socialista. Sus representantes viajan por el mundo, establecen contactos en universidades y medios, y utilizan las redes para construir una imagen de víctimas oprimidas.

En última instancia, el separatismo revela una paradoja central del mundo contemporáneo: mientras la globalización integra economías y sociedades, las identidades locales y nacionales siguen ejerciendo un poder movilizador formidable. La aspiración por pertenecer a una comunidad política propia, con instituciones y símbolos compartidos, continúa siendo un motor de acción colectiva. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la proliferación de Estados fragmentados multiplica los riesgos de conflicto, complica la lucha contra el terrorismo, las pandemias o el cambio climático y erosiona la capacidad de la comunidad internacional para actuar de manera coordinada.

El desafío, por tanto, no es erradicar el separatismo —una tarea imposible y, en muchos casos, indeseable cuando responde a injusticias genuinas—, sino gestionarlo con inteligencia. Fortalecer mecanismos de autonomía real, garantizar derechos de las minorías, promover diálogos negociados y evitar la lógica de suma cero parecen las únicas vías para contener sus efectos más destructivos. Pero la historia también enseña que no existen fórmulas mágicas ni soluciones permanentes. En un mundo interconectado pero cada vez más fragmentado, la estabilidad dependerá de la capacidad de los Estados y de las instituciones multilaterales para canalizar estas aspiraciones sin que, una vez más, se conviertan en el preludio de nuevos conflictos. El separatismo, en sus múltiples y mutantes formas, seguirá siendo una constante del escenario global. La pregunta es si la comunidad internacional aprenderá a convivir con él sin que termine por devorarla.