Londres se prepara para la guerra que no desea

El Reino Unido reactiva su maquinaria estratégica con determinación ante el temor de un conflicto de alta intensidad en Europa, mientras revive viejos manuales de movilización total en un continente que, una vez más, habla el lenguaje de la guerra.

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Buenos Aires - Trescientos años después de que la popular canción infantil “Mambrú se fue a la guerra” evocara con ironía la supuesta muerte del duque de Marlborough, John Churchill, el eco de aquella melodía resuena hoy con una literalidad inquietante. El Reino Unido, heredero de aquella tradición militar que forjó imperios y definió el equilibrio europeo, vuelve a prepararse para un escenario que muchos creían desterrado para siempre: una confrontación a gran escala en el Viejo Continente.

Este giro estratégico no es ni aislado ni improvisado. Se inscribe en un clima continental marcado por la prolongación indefinida de la guerra en Ucrania —que ya supera los cuatro años de hostilidades abiertas—, la creciente confrontación entre la OTAN y Rusia, y la percepción, cada vez más explícita entre los altos mandos militares, de que Europa ha entrado en una “zona gris” entre la paz y el conflicto armado. El primer ministro Keir Starmer ha sido taxativo al respecto. En marzo de 2026, durante una cumbre de defensa europea, advirtió que Occidente enfrenta una “guerra en dos frentes”: la persistente crisis en Ucrania y los crecientes focos de inestabilidad en Oriente Próximo, especialmente vinculados al conflicto iraní y sus ramificaciones regionales. “Tenemos que aceptar que hay una guerra en dos frentes —el conflicto iraní y el continuo conflicto ucraniano—”, declaró, subrayando la necesidad de una respuesta generacional ante un entorno de inseguridad profunda.

Este cambio de tono trasciende la mera retórica política. En los últimos meses, Londres ha acelerado un conjunto de medidas que, vistas en su conjunto, configuran un retorno a la lógica de la movilización nacional propia de las grandes guerras del siglo XX. Entre ellas destaca la actualización del llamado “Libro de Guerra” —un documento estratégico cuyos orígenes se remontan a la Primera Guerra Mundial y que estructuró la respuesta británica ante crisis de gran escala durante décadas—. La nueva versión, según ha detallado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el mariscal del Aire Sir Richard Knighton, no se limita al ámbito castrense. En un discurso pronunciado el 15 de diciembre de 2025 ante el think tank RUSI, Knighton presentó un ambicioso plan de preparación a gran escala para la nación, adaptado a las amenazas modernas y a una sociedad e infraestructuras contemporáneas. El documento incorpora lecciones de la Guerra Fría, de los conflictos recientes en Ucrania y de escenarios híbridos, contemplando desde la reorganización de hospitales y la protección de infraestructuras críticas (plantas energéticas, suministro de agua y redes de comunicación) hasta la movilización industrial y la preparación de la población civil para escasez, interrupciones energéticas, ciberataques o sabotajes.

Knighton ha sido una de las voces más insistentes y autorizadas en subrayar la gravedad del momento. “La relativa paz de la que ha disfrutado Gran Bretaña durante los últimos treinta años está cada vez más amenazada”, afirmó. En su intervención, instó a una “respuesta de toda la sociedad” que va más allá del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas: “Necesitamos más personas dispuestas a luchar por su país, tanto en el Ejército regular como en las reservas. Debemos construir capacidad industrial para reabastecer y rearmar, y desarrollar las habilidades que la industria de defensa necesita”. Sus palabras —“hijos e hijas, compañeros, veteranos… todos tendrán un papel que desempeñar. Construir, servir y, si es necesario, luchar”— evocan directamente el sacrificio colectivo de las grandes movilizaciones del pasado, pero actualizadas a un contexto donde la resiliencia nacional incluye universidades, industria energética, manufactura y el propio Servicio Nacional de Salud (NHS).

Sobre el terreno, esta preparación adopta formas concretas y visibles. Tropas británicas participan activamente en ejercicios de alta intensidad en el flanco oriental de la OTAN, especialmente en los países bálticos. En Estonia, por ejemplo, unidades del Ejército británico se han desplegado en la base de Tapa para maniobras como el Ejercicio Resolute Warrior 25 y Spring Storm 26, donde se ensayan escenarios de “guerra total” con Rusia: combate en trincheras, operaciones con munición real, simulaciones de enfrentamientos directos y guerra en entornos urbanos o árticos. Estos entrenamientos replican las lecciones aprendidas en Ucrania, con énfasis en la brutalidad extrema del combate moderno —trincheras, drones, guerra electrónica y ataques saturantes—. El general Richard Shirreff, excomandante adjunto de la OTAN en Europa, ha descrito estos escenarios con crudeza: se trata de una guerra “de extrema brutalidad”, comparable a los conflictos más devastadores del siglo XX. Paralelamente, el Reino Unido ha intensificado su presencia en el Alto Norte y el Ártico, duplicando el número de tropas en Noruega y participando en ejercicios conjuntos como Cold Response y Lion Protector 2026, donde se protegen infraestructuras críticas frente a posibles sabotajes rusos.

El esfuerzo británico se refleja también en el plano presupuestario y tecnológico. El Gobierno de Starmer se comprometió en febrero de 2025 a elevar el gasto en defensa hasta el 2,5 % del PIB en 2027 —tres años antes de lo previsto inicialmente—, con la ambición de alcanzar el 3 % en el próximo Parlamento (posiblemente antes de 2029, según exploraciones en curso en febrero de 2026). Este incremento, el mayor sostenido desde el fin de la Guerra Fría, equivale a unos 13.400 millones de libras adicionales anuales y se financia en parte mediante la reducción del gasto en ayuda internacional del 0,5 % al 0,3 % del ingreso nacional bruto. Los fondos se destinan a la modernización de capacidades clave: submarinos de ataque, sistemas nucleares, drones, guerra digital y, especialmente, la reconstrucción de la base industrial de defensa. En noviembre de 2025, el Ejecutivo anunció la construcción de al menos seis nuevas fábricas de municiones y energéticos (explosivos y propelentes), con una inversión inicial de 1.500 millones de libras en un “pipeline always on” que permitirá escalar la producción rápidamente en caso de necesidad. Parte de los 6.000 millones de libras destinados a municiones en esta legislatura servirán para fabricar hasta 7.000 armas de largo alcance en suelo británico, generando más de 1.000 empleos directos y posicionando a la industria de defensa como motor de crecimiento económico en todas las regiones del país.

Sin embargo, el Reino Unido no actúa en solitario. En todo el continente europeo se multiplican las señales de una preparación similar, aunque desigual en intensidad y enfoque. En Francia, el presidente Emmanuel Macron ha impulsado un servicio nacional voluntario de diez meses para jóvenes, con el objetivo de reforzar las reservas y proyectar disuasión. En Polonia, uno de los ejércitos más grandes de la OTAN, se ha implementado desde 2024 un programa de entrenamiento militar básico voluntario de un mes, ampliable a nueve o once meses para quienes deseen incorporarse. Alemania, que suprimió el servicio obligatorio en 2011, analiza la reintroducción de un modelo voluntario o por sorteo a partir de 2026, con exámenes médicos obligatorios para jóvenes de 18 años. Los países nórdicos, más expuestos geográficamente, lideran esta transformación. Suecia reactivó en 2017 un sistema de registro obligatorio para jóvenes de ambos sexos y desarrolla una estrategia de “defensa total” que involucra a toda la sociedad; Finlandia y Noruega mantienen desde hace décadas el servicio militar obligatorio, integrando a la población civil en la planificación de defensa. Dinamarca extendió la conscripción a las mujeres en julio de 2025, mientras que Estonia, Letonia y Lituania mantienen sistemas de reclutamiento activo.

Más llamativa aún resulta la preparación civil. Suecia ha distribuido manuales de crisis a todos los hogares, con instrucciones precisas sobre almacenamiento de alimentos, localización de refugios y respuesta ante ataques. Lituania y otros estados bálticos han elaborado guías similares. En contraste, las sociedades de Europa occidental, incluido el Reino Unido, aún muestran cierta resistencia psicológica a asumir plenamente la posibilidad de un conflicto de gran escala. Esa brecha de percepción preocupa a los estrategas. Knighton ha señalado que el Reino Unido “no percibe la amenaza con la misma intensidad” que algunos aliados orientales, lo que podría ralentizar la respuesta en un momento crítico. De ahí la insistencia en abrir un debate público sobre los costes de la defensa, la necesidad de una movilización más amplia y la formación de reservas y cadetes para fomentar una cultura de resiliencia nacional.

La posibilidad de una guerra directa entre Rusia y los países europeos sigue siendo, en términos estrictos, un escenario que todos los actores afirman querer evitar. Moscú niega intenciones ofensivas contra la OTAN y denuncia la expansión de la Alianza como una amenaza existencial. Sin embargo, la acumulación de tensiones —militarización progresiva, incidentes en el Báltico, ciberataques y guerra híbrida—, junto con la fragilidad de los equilibrios actuales, alimenta la preocupación de que un incidente o una escalada mal calculada pueda desencadenar un conflicto mayor. En este contexto, el Reino Unido parece decidido a no repetir los errores del pasado. La reactivación del “Libro de Guerra”, el aumento del gasto militar, la apuesta por fábricas de municiones y la apelación directa a la sociedad civil forman parte de una estrategia que busca anticiparse a lo impensable, haciendo del país un “objetivo más duro” para cualquier adversario.

Como en tiempos del duque de Marlborough, la guerra no es un destino deseado, pero sí una posibilidad que exige preparación rigurosa y colectiva. La vieja canción infantil hablaba de un regreso incierto. En la Europa de 2026, la pregunta no es solo quién irá a la guerra, sino si el continente será capaz de evitarla mediante disuasión creíble y unidad. Entretanto, en Londres y en otras capitales europeas, los preparativos avanzan con una determinación que revela hasta qué punto la historia, lejos de haber terminado, vuelve a reclamar su lugar con urgencia renovada. El desafío es claro: transformar la resiliencia en disuasión real, antes de que sea demasiado tarde.

Perú en la encrucijada: el país que nadie desea heredar

En vísperas de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, Perú se encuentra ante un umbral delicado. El próximo presidente no recibirá un país en ruinas, pero tampoco uno en paz.

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Buenos Aires — El próximo presidente peruano heredará una nación suspendida en una tensión crónica: por un lado, la solidez macroeconómica que ha resistido turbulencias regionales; por el otro, un sistema político erosionado por una década de inestabilidad, con ocho jefes de Estado en diez años y una ciudadanía profundamente desconfiada. Quien asuma el mando en Palacio de Gobierno enfrentará un Estado con legitimidad debilitada, urgencias acumuladas y un margen de maniobra cada vez más estrecho.

Durante los últimos años, Perú ha vivido una crisis política casi permanente. Desde la caída de Pedro Castillo en diciembre de 2022 hasta la presidencia de transición de Dina Boluarte, el país ha sido testigo de protestas masivas, episodios de violencia y un Congreso ampliamente cuestionado por su fragmentación y su distancia de las demandas ciudadanas. La desconfianza hacia las instituciones se ha convertido en un rasgo estructural de la vida pública, alimentada por la percepción de corrupción endémica, la desconexión de las élites limeñas y la ausencia de resultados palpables en la vida cotidiana de millones de peruanos. Como advierte el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, esta inestabilidad no es un episodio pasajero, sino el resultado de un ciclo que se inició en 2016 con el rechazo a los resultados electorales y que ha dejado al país sin un sistema de partidos consolidado ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Sin embargo, en el terreno económico, Perú sigue exhibiendo algunos de los fundamentos más robustos de América Latina. La disciplina fiscal, la autonomía del Banco Central de Reserva y el peso estratégico de la minería han permitido esquivar desbordes inflacionarios o crisis de deuda como las que han golpeado a otros países de la región. Proyecciones recientes del Banco Mundial estiman un crecimiento moderado del 2,7 % para 2026, impulsado principalmente por la inversión minera y la cartera de infraestructura, aunque con riesgos asociados a cuellos de botella estructurales.

El Ministerio de Economía y Finanzas, por su parte, es más optimista y proyecta un promedio anual del 3,2 % entre 2026 y 2029, sustentado en grandes proyectos mineros y asociaciones público-privadas. No obstante, esa estabilidad macroeconómica convive con realidades menos alentadoras: un crecimiento todavía débil para generar empleo de calidad, una informalidad que sigue afectando a más del 70 % de la fuerza laboral y una pobreza que, aunque reducida en la última década, ha repuntado tras la pandemia y sigue dejando brechas profundas en salud, educación e infraestructura.

El próximo presidente deberá gobernar, además, un territorio socialmente fragmentado. Las regiones andinas y amazónicas continúan denunciando un abandono estatal histórico, mientras que en Lima se concentran las decisiones políticas y económicas. Este desequilibrio territorial ha sido uno de los motores principales de las protestas más intensas de los últimos años, que dejaron decenas de muertos y heridas abiertas entre el Estado y amplios sectores de la población. Informes recientes del Observatorio de Conflictos Sociales registran hasta 257 protestas en un solo mes, lo que refleja una conflictividad que no cesa y que exige respuestas urgentes más allá de la mera contención.

Las urgencias de un país en tensión

La primera tarea del nuevo Gobierno será reconstruir la legitimidad del poder político. Sin una base mínima de confianza ciudadana, cualquier reforma estará condenada al bloqueo o al rechazo frontal. Para ello, expertos como la politóloga Milagros Campos Ramos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coinciden en la necesidad imperiosa de impulsar una reforma institucional profunda que redefina el equilibrio entre el Ejecutivo y el Congreso, reduzca la fragmentación partidaria —evidenciada en los 35 candidatos que compiten en estos comicios— y establezca reglas claras para evitar la reiterada crisis de gobernabilidad que ha marcado la última década.

En paralelo, la seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población. El avance del crimen organizado, especialmente vinculado al narcotráfico y la minería ilegal, ha erosionado la sensación de orden en varias regiones del interior del país. El próximo presidente deberá fortalecer a la Policía Nacional y al sistema judicial, pero también atacar las raíces económicas de estas actividades ilícitas, que se alimentan precisamente de la informalidad y la falta de oportunidades formales.

Otro frente ineludible será la reactivación económica con inclusión social. No bastará con mantener los equilibrios macroeconómicos: será necesario generar empleo formal, mejorar la productividad y cerrar brechas históricas en educación, salud e infraestructura. La inversión pública, largamente rezagada por la inestabilidad política, deberá convertirse en un motor real de desarrollo, especialmente en las zonas más postergadas del país.

Asimismo, el país enfrenta el desafío de redefinir su modelo de desarrollo en torno a sus recursos naturales. La minería seguirá siendo clave —con una cartera de proyectos que promete dinamizar la economía en los próximos años—, pero las tensiones socioambientales exigen nuevas formas de diálogo con las comunidades, mayor transparencia en la distribución de beneficios y una gestión más equitativa de los impactos.

Un margen de error reducido

El próximo presidente no tendrá el lujo del tiempo. La impaciencia social, acumulada tras años de promesas incumplidas y gobiernos efímeros, reducirá rápidamente el capital político inicial. Cualquier señal de continuidad con las prácticas cuestionadas del pasado podría reactivar de inmediato la conflictividad latente. A ello se suma un escenario internacional incierto, con riesgos de desaceleración global y volatilidad en los precios de los minerales, que siguen siendo el pilar de las exportaciones peruanas. La capacidad del nuevo Gobierno para navegar ese contexto dependerá tanto de su pericia técnica como de su habilidad para construir consensos en un Congreso fragmentado, donde, según el analista Paolo Sosa, es probable que el Legislativo mantenga un rol dominante y complique aún más la gobernabilidad.

Gobernar bajo la sombra de los tribunales

Pero hay un factor adicional que convierte la presidencia del Perú en un cargo de alto riesgo político y personal: la suerte judicial de quienes han ocupado el poder. En las últimas décadas, varios expresidentes han sido investigados, procesados o encarcelados por causas de corrupción, en particular a raíz del escándalo de Odebrecht, que atravesó transversalmente al sistema político.

Casos como los de Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción; Alejandro Toledo, extraditado y procesado; Ollanta Humala, investigado por financiamiento ilícito; o Pedro Pablo Kuczynski, bajo arresto domiciliario, han configurado una imagen inquietante: la presidencia como antesala de los tribunales. Incluso el suicidio de Alan García en 2019, cuando iba a ser detenido, marcó un punto de inflexión simbólico en la relación entre política y justicia. Desde entonces, el poder en Perú no solo se mide en términos de capacidad de gobernar, sino también en la exposición permanente al escrutinio judicial.

Este escenario tiene efectos ambivalentes. Por un lado, refleja un sistema judicial más activo y una sociedad menos tolerante con la corrupción. Por otro, introduce incentivos perversos: decisiones de gobierno condicionadas por el temor a futuras investigaciones, parálisis administrativa ante el riesgo de sanciones y, en algunos casos, el uso político de la justicia como herramienta de disputa. Asumir la presidencia en un país con tantos expresidentes presos o procesados implica un riesgo personal y político sin precedentes: el nuevo mandatario no solo heredará un Estado frágil, sino que se convertirá en blanco potencial de una justicia que, aunque necesaria para combatir la impunidad, puede convertirse en un instrumento de desgaste o venganza. Analistas coinciden en que este “efecto disuasivo” ahuyenta a perfiles técnicos y reformistas, favorece candidaturas populistas y condiciona la toma de decisiones, ya que cada acto de gobierno debe blindarse contra posibles futuras investigaciones. El resultado es una gobernabilidad aún más precaria, donde la audacia reformista choca con la prudencia defensiva.

Entre la oportunidad y el desgaste

Perú ha demostrado, a lo largo de su historia reciente, una notable capacidad de resistencia. Pero esa resiliencia tiene límites. Las elecciones de 2026 no solo definirán un nuevo liderazgo, sino que pondrán a prueba la posibilidad de encauzar institucionalmente un malestar profundo que ya no admite más prórrogas.

El próximo presidente no partirá de cero: heredará un país con fortalezas indudables —desde su potencial minero hasta su estabilidad macroeconómica— pero también con fracturas evidentes que demandan acción inmediata. Su desafío será convertir esa tensión persistente en un punto de inflexión hacia la estabilidad y no en el preludio de una nueva crisis. En ese delicado equilibrio se jugará no solo el éxito de su mandato, sino el rumbo mismo del Perú en los años por venir.

 

Europa y Estados Unidos refuerzan su respaldo al Plan de Autonomía marroquí para el Sáhara

La creciente adhesión internacional a la propuesta de un Plan de Autonomía para la región del Sáhara presentada por Rabat consolida la estrategia exterior de Marruecos, que bajo el liderazgo del rey Mohammed VI ha logrado situar su iniciativa como la única opción realista y posible para terminar con el diferendo artificial en el Sáhara.

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Buenos Aires.— La cuestión del Sáhara, uno de los conflictos más prolongados del escenario internacional contemporáneo, atraviesa una fase de inflexión marcada por un cambio paulatino pero sostenido en las posiciones de actores clave. En los últimos días, el respaldo explícito de Países Bajos y la reiteración del apoyo de Estados Unidos, a través de su embajador en Rabat, Richard Duke Buchan III, han vuelto a situar el plan de autonomía propuesto por Marruecos en el centro de la agenda diplomática internacional.

El pronunciamiento neerlandés no ha sido ambiguo. Durante una visita oficial a Rabat, el ministro de Asuntos Exteriores, Tom Berendsen, afirmó que una autonomía “real” bajo soberanía marroquí constituye la solución “más factible” al diferendo. La declaración, recogida en un comunicado conjunto tras su encuentro con Nasser Bourita, va más allá de una mera expresión de apoyo político: implica una disposición a actuar en consecuencia tanto en el plano diplomático como económico, en consonancia con el derecho internacional.

Este posicionamiento se inscribe en una tendencia más amplia dentro de Europa, donde la percepción del conflicto ha evolucionado desde esquemas rígidos heredados de la Guerra Fría hacia enfoques pragmáticos centrados en la estabilidad regional. En ese contexto, el plan marroquí —que propone una amplia autonomía para el territorio sahariano bajo soberanía de Rabat, reservando al Estado competencias en defensa, política exterior y moneda— ha ganado terreno como alternativa “seria, creíble y realista”, en línea con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La dimensión transatlántica de este respaldo resulta igualmente significativa. En Marrakech, en el marco de un foro económico internacional, el embajador estadounidense reafirmó que Washington considera el plan marroquí como una vía hacia la resolución del conflicto y la prosperidad regional. Sus palabras no solo reflejan la continuidad de la posición estadounidense, sino que introducen un elemento clave: el interés creciente del sector privado. Según Buchan, empresas estadounidenses observan en el Sáhara un espacio de oportunidades “ilimitadas”, lo que añade una dimensión económica a una cuestión tradicionalmente dominada por consideraciones políticas y jurídicas.

Este cruce entre diplomacia e inversión ilustra uno de los pilares de la estrategia marroquí. Lejos de limitarse a la defensa de su soberanía, Rabat ha promovido activamente el desarrollo económico de sus “provincias del sur”, atrayendo capital extranjero en sectores como las energías renovables, el turismo o las infraestructuras. La narrativa de prosperidad compartida ha sido cuidadosamente integrada en su acción exterior, reforzando la idea de que la autonomía no solo es una solución política, sino también un proyecto de crecimiento económico e integración territorial.

El creciente respaldo internacional no puede entenderse sin tener en cuenta la coherencia y continuidad de la diplomacia marroquí en los últimos años. Bajo las directrices de Mohammed VI, Marruecos ha desplegado una estrategia multifacética que combina relaciones bilaterales intensificadas, presencia activa en foros multilaterales y una política africana dinámica. La labor de su cuerpo diplomático, encabezado por Bourita, ha sido decisiva para traducir esa visión en apoyos concretos.

Más de un centenar de países han expresado ya su respaldo, explícito o implícito, al Plan de Autonomía. Entre ellos figuran potencias como Estados Unidos, Francia, Alemania o España, así como actores relevantes del mundo árabe y africano. Este consenso creciente contrasta con la posición defendida por los separatistas del Frente Polisario, que abogan por un referéndum de autodeterminación y cuentan únicamente con el apoyo de Argelia.

En el seno de Naciones Unidas, el giro también es perceptible. Las últimas resoluciones del Consejo de Seguridad han reforzado la centralidad de la propuesta marroquí como base para una solución política negociada, al tiempo que respaldan los esfuerzos del enviado personal del secretario general, Staffan de Mistura. Sin embargo, el proceso sigue enfrentando obstáculos estructurales, entre ellos la falta de consenso pleno entre las partes implicadas y las tensiones regionales persistentes.

La evolución de la postura neerlandesa resulta particularmente reveladora. Tradicionalmente alineado con las posiciones europeas más cautelosas, el Gobierno de La Haya ha optado ahora por un apoyo más definido, reconociendo no solo la viabilidad del plan marroquí, sino también el papel de Marruecos como actor clave en la estabilidad regional. Este reconocimiento se produce en un contexto de relaciones bilaterales reforzadas, que abarcan ámbitos como la seguridad, la justicia y la gestión migratoria.

En paralelo, la implicación estadounidense añade peso geopolítico al proceso. Más allá del respaldo político, el énfasis en las oportunidades económicas sugiere una convergencia de intereses que podría acelerar la consolidación del plan marroquí como marco de referencia internacional.

A medida que se acumulan los apoyos, el conflicto del Sáhara parece desplazarse desde un terreno de confrontación ideológica hacia uno de realismo político. En ese tránsito, Marruecos ha logrado posicionar su propuesta como el punto de encuentro posible entre soberanía, autonomía y desarrollo. El desafío, ahora, reside en traducir ese consenso creciente en una solución efectiva que cierre definitivamente una de las disputas más longevas del siglo XX.

 

Victoria sin victoria: la guerra que Estados Unidos e Israel pueden ganar en el campo de batalla y perder en el mundo

La superioridad militar de Washington y Tel Aviv frente a Irán y Hizbulá no se traduce en resultados estratégicos. A medida que se prolonga el conflicto, los costes humanos, económicos, ambientales y geopolíticos crecen hasta dibujar un escenario inquietante: una victoria táctica que amenaza con convertirse en una derrota histórica para el orden internacional liderado por Estados Unidos.

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Buenos Aires - La abrumadora superioridad militar de Washington y Tel Aviv frente a Irán y Hezbolá no se traduce en ventajas estratégicas duraderas. A medida que el conflicto se prolonga —ya entrado en su quinta semana—, los costes humanos, económicos, ambientales y geopolíticos se acumulan y configuran un panorama inquietante: una victoria táctica que amenaza con convertirse en una derrota histórica para el orden internacional liderado por Estados Unidos.

La historia militar abunda en triunfos que, con el paso del tiempo, revelan su verdadera naturaleza ambigua. La actual guerra en el Golfo Pérsico se encamina a inscribirse en esa tradición, donde la eficacia bélica convive con el fracaso político. Estados Unidos e Israel han exhibido una vez más su dominio tecnológico, su control del espacio aéreo y su capacidad para destruir infraestructuras críticas iraníes. Sin embargo, lejos de aproximarse a sus objetivos estratégicos, el conflicto erosiona progresivamente los pilares de su propia hegemonía.

El concepto de “victoria pírrica” —un triunfo obtenido a un coste tan elevado que equivale prácticamente a una derrota— no es aquí una mera metáfora, sino una herramienta analítica precisa para entender la deriva del enfrentamiento. Según los análisis disponibles, la guerra no solo ha fallado en quebrar la voluntad de resistencia iraní, sino que ha producido el efecto inverso: ha reforzado la cohesión interna de un país que, ante la agresión externa, ha cerrado filas en torno a sus instituciones políticas y militares.

Lejos de provocar el colapso del régimen, los ataques —incluida la eliminación del líder supremo Alí Jamenei— han contribuido a consolidarlo. La expectativa inicial de que la decapitación de figuras clave desataría una insurrección popular se ha demostrado errónea. En su lugar, el conflicto ha activado resortes nacionalistas profundamente arraigados, convirtiendo la contienda en una lucha existencial para la nación iraní. Este fenómeno, recurrente en la historia contemporánea, pone de manifiesto una incomprensión estructural de las dinámicas sociales y políticas de Irán por parte de los planificadores occidentales.

Sobre el terreno, la aparente superioridad militar comienza a mostrar grietas menos visibles pero decisivas desde el punto de vista estratégico. La guerra asimétrica impulsada por Irán ha expuesto una vulnerabilidad crítica del modelo bélico estadounidense: su insostenibilidad económica en conflictos de larga duración. La desproporción de costes entre los sistemas defensivos occidentales —misiles de varios millones de dólares— y los medios ofensivos iraníes —drones y misiles de bajo coste— resulta devastadora. Interceptar proyectiles baratos con armamento de alta tecnología no es una anomalía, sino un patrón estructural que mina la capacidad operativa a largo plazo.

Esta lógica transforma cada intercambio en una pérdida relativa para la potencia tecnológicamente superior. Irán no necesita vencer en batallas convencionales; le basta con prolongar el conflicto, elevar sus costes y desgastar al adversario. En ese terreno, el tiempo se erige en un aliado estratégico más poderoso que cualquier arsenal.

A ello se suma un factor preocupante: la progresiva desarticulación interna del aparato militar estadounidense. Las tensiones en la cadena de mando, las destituciones de altos oficiales y las señales de resistencia a una posible escalada terrestre apuntan a fracturas profundas en el seno de las fuerzas armadas. En toda guerra prolongada, la cohesión interna resulta tan determinante como la capacidad ofensiva. Cuando esta se resquebraja, el desenlace deja de depender exclusivamente del enemigo.

En el plano internacional, el aislamiento de la operación militar constituye otro claro indicador de fracaso estratégico. Europa, lejos de alinearse sin reservas con Washington, ha adoptado una postura ambigua: condena retórica a Irán combinada con la negativa a implicarse directamente en el conflicto. La falta de apoyo operativo de aliados clave revela un debilitamiento del consenso occidental que, durante décadas, sustentó la proyección global de Estados Unidos.

Mientras tanto, potencias como Rusia y China observan con atención cada fase del enfrentamiento. No se trata de una intervención directa, sino de una vigilancia estratégica que les permite extraer lecciones sobre el funcionamiento real de los sistemas militares estadounidenses e israelíes. Esta transferencia de conocimiento, junto con el posible suministro indirecto de inteligencia y armamento a Irán, convierte la guerra en un laboratorio geopolítico cuyas repercusiones van mucho más allá del escenario regional.

Pero es en el ámbito económico donde los efectos resultan más devastadores. El cierre efectivo del estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial y una proporción similar de gas natural licuado— ha desencadenado una crisis energética de dimensiones históricas. El flujo de crudo se ha reducido a un goteo, lo que ha provocado un repunte vertiginoso de los precios: el barril ha superado niveles que no se registraban desde las grandes crisis del siglo XX, con picos que han rozado o superado los 100 dólares en algunos momentos.

Este shock no se limita al sector energético. La interconexión de la economía global amplifica sus efectos en cascada: transporte, agricultura, industria y consumo se ven golpeados simultáneamente. La inflación se dispara mientras el crecimiento se frena, configurando un escenario de estanflación que evoca los peores episodios de la década de 1970, aunque con una intensidad potencialmente mayor. Incluso una victoria militar completa sobre Irán resultaría insuficiente para revertir el daño ya causado: la guerra ha alterado de forma irreversible las expectativas de los mercados, acelerado la fragmentación del sistema energético global y erosionado la confianza en la estabilidad de las rutas comerciales. La hegemonía estadounidense, que descansa en gran medida en su capacidad para garantizar el orden económico internacional, queda seriamente comprometida.

A esta dimensión se añade un factor a menudo subestimado, pero de consecuencias duraderas: el impacto ambiental. Los ataques contra infraestructuras energéticas han liberado millones de toneladas de gases contaminantes, provocado incendios industriales de gran escala y causado vertidos de hidrocarburos en el Golfo Pérsico. Imágenes de cielos oscurecidos por humo tóxico, lluvias negras y ecosistemas marinos contaminados no representan un mero daño colateral: constituyen un recordatorio de que los conflictos contemporáneos generan efectos globales. Las partículas contaminantes pueden viajar miles de kilómetros y afectar a países ajenos al conflicto. En este sentido, la guerra se transforma en un problema planetario.

Paralelamente, la estrategia de escalada de Washington plantea interrogantes de enorme gravedad. La posibilidad de destruir de manera sistemática infraestructuras civiles esenciales —suministro eléctrico, agua potable, sistemas de saneamiento— no solo genera un dilema moral, sino un riesgo geopolítico de primer orden. La aniquilación funcional de un Estado con casi noventa millones de habitantes podría desencadenar una crisis humanitaria sin precedentes, con repercusiones imprevisibles para la estabilidad regional y global.

En este escenario, la pregunta central ya no es si Estados Unidos e Israel pueden ganar la guerra en términos militares. La verdadera cuestión es qué significa “ganar” en un conflicto de estas características. Si la victoria implica la destrucción de un país, el colapso parcial de la economía mundial, el deterioro ambiental a escala global y el debilitamiento de la propia hegemonía, entonces el concepto mismo de victoria pierde su sentido.

La erosión del apoyo interno en Estados Unidos añade una capa adicional de complejidad. La caída de la aprobación presidencial y el creciente escepticismo de la opinión pública reflejan una desconexión entre los objetivos declarados y la percepción social del conflicto. En las democracias contemporáneas, la legitimidad interna constituye un recurso estratégico tan valioso como cualquier sistema de armas.

Así, la guerra en el Golfo Pérsico se perfila como un punto de inflexión histórico. No tanto por el resultado de las batallas, sino por sus consecuencias sistémicas. En un mundo interdependiente, la fuerza militar ya no garantiza el control político ni la estabilidad económica. La superioridad táctica puede coexistir con la derrota estratégica.

Quizá, cuando el humo se disipe y se conozcan las cifras definitivas, esta guerra sea recordada no como una demostración de poder, sino como el momento en que ese poder comenzó a desvanecerse: una victoria en apariencia incontestable que terminó revelándose como lo que siempre fue: una derrota diferida.

 

 

Marruecos y Estados Unidos: una alianza contra las redes globales del narcoterrorismo

 

La cooperación entre Rabat y Washington alcanza un nuevo nivel tras la desarticulación de una compleja red internacional de tráfico de drogas y armas, en una operación que revela la profundidad de los vínculos entre crimen organizado, terrorismo y geopolítica.

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 Buenos Aires - La cooperación entre Marruecos y Estados Unidos en materia de seguridad ha dejado de ser una relación discreta entre servicios de inteligencia para consolidarse como una auténtica alianza estratégica en la lucha contra las amenazas transnacionales. El reciente desmantelamiento de una vasta red de narcotráfico y tráfico de armas, con ramificaciones en Oriente Medio, África y América Latina, no solo pone de relieve la creciente sofisticación de estas organizaciones criminales, sino también la eficacia de un modelo de colaboración que ha situado a Marruecos en el núcleo de los dispositivos internacionales de seguridad.

El caso, instruido ante un tribunal federal del Distrito Este de Virginia, tuvo como figura central a Antoine Kassis, un ciudadano libanés-sirio condenado por conspiración narcoterrorista, tráfico de cocaína y suministro de armamento a organizaciones consideradas terroristas por Washington. Sin embargo, más allá del perfil del acusado, lo que emerge con claridad es la existencia de una estructura criminal de alcance global, capaz de articular circuitos logísticos, financieros y operativos que conectaban zonas de conflicto con mercados ilícitos en distintos continentes.

En ese entramado, la intervención de los servicios marroquíes resultó decisiva. La Dirección General de Seguridad Nacional y la Dirección General de Vigilancia del Territorio desempeñaron un papel central en la obtención de inteligencia, el seguimiento de los implicados y la coordinación de acciones que permitieron desarticular la red. La Fiscalía estadounidense no dudó en calificar esta contribución como “asistencia decisiva”, subrayando el carácter determinante de la cooperación marroquí en el éxito de la investigación.

La operación revela un fenómeno que preocupa crecientemente a las agencias de seguridad: la convergencia entre narcotráfico, tráfico de armas y terrorismo. Según las pruebas presentadas en el juicio, Kassis habría aprovechado sus vínculos con sectores del aparato de seguridad sirio para facilitar el acceso a arsenales militares, que posteriormente eran utilizados como moneda de cambio en acuerdos con organizaciones insurgentes. Entre ellas, el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, que habría recibido armamento a cambio de cargamentos de cocaína, en una dinámica que ilustra la fusión entre economías ilícitas y conflictos armados.

Este sistema incluía mecanismos logísticos de notable complejidad. Las investigaciones revelaron el uso de contenedores marítimos camuflados, rutas de tránsito a través de África y una red de intermediarios encargados del blanqueo de capitales. En menos de dos años, la organización habría movilizado cerca de 100 millones de dólares, beneficiando a actores criminales y grupos armados en distintos puntos del planeta. La dimensión financiera del caso pone de manifiesto la capacidad de estas redes para integrarse en la economía global, aprovechando sus fisuras y lagunas regulatorias.

La cooperación entre Marruecos y Estados Unidos no se limitó a este expediente. En un segundo caso, igualmente relevante, las autoridades marroquíes desempeñaron un papel operativo directo al detener en Casablanca a Elisha Odhiambo Asumo, un ciudadano keniano acusado de participar en una red internacional de tráfico de armas. Su extradición a Estados Unidos permitió avanzar en un proceso judicial que involucra el suministro de armamento pesado a cárteles mexicanos, en particular al Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más violentas del hemisferio occidental.

Este segundo caso refuerza la idea de que Marruecos no actúa únicamente como proveedor de inteligencia, sino también como un actor capaz de intervenir directamente en operaciones de alto riesgo en su territorio, en estrecha coordinación con agencias internacionales. La incautación de armas de grado militar —incluidos lanzacohetes, sistemas antiaéreos y equipos de visión nocturna— revela el nivel de sofisticación de las redes desmanteladas y la gravedad de la amenaza que representan.

El reconocimiento estadounidense a esta cooperación ha sido explícito y significativo. Las autoridades judiciales han destacado el “alto nivel de coordinación” y la “calidad de la información” proporcionada por los servicios marroquíes, en un lenguaje que refleja no solo gratitud institucional, sino también confianza estratégica. Este tipo de declaraciones, poco habituales en procesos judiciales de esta naturaleza, subraya el valor que Washington otorga a su asociación con Rabat en un contexto internacional marcado por la proliferación de amenazas híbridas.

Este episodio se inscribe en una dinámica más amplia que confirma el papel creciente de Marruecos en la arquitectura global de seguridad. Su posición geográfica, en la intersección de Europa, África y el Atlántico, lo convierte en un punto clave para el control de rutas ilícitas. A ello se suma una política sostenida de modernización de sus servicios de inteligencia y una voluntad explícita de cooperación internacional, que se ha traducido en una presencia activa en operaciones conjuntas y en el intercambio sistemático de información.

En el plano interno, los esfuerzos marroquíes contra el narcotráfico han sido igualmente intensos. Las incautaciones de grandes volúmenes de droga, junto con la desarticulación de redes logísticas, reflejan una estrategia integral que combina acción policial, inteligencia y cooperación judicial. Estas operaciones no solo tienen un impacto local, sino que contribuyen a debilitar circuitos globales que alimentan tanto el crimen organizado como los conflictos armados.

La dimensión geopolítica de esta cooperación resulta ineludible. En un escenario internacional caracterizado por la fragmentación y la multiplicación de actores no estatales, la capacidad de los Estados para articular respuestas coordinadas se convierte en un factor decisivo. La alianza entre Marruecos y Estados Unidos ilustra cómo la convergencia de intereses puede traducirse en resultados concretos, incluso frente a amenazas de naturaleza difusa y cambiante.

La operación que condujo a la condena de Kassis y a la desarticulación de su red constituye, en última instancia, un ejemplo paradigmático de esta nueva lógica de seguridad. Una lógica en la que las fronteras entre crimen y política se desdibujan, y en la que la cooperación internacional deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. En ese escenario, Marruecos ha logrado posicionarse como un socio indispensable, cuya capacidad operativa y fiabilidad institucional son hoy reconocidas al más alto nivel por Estados Unidos.

 

Pakistán, el arquitecto silencioso del Golfo

 

Mientras los misiles iraníes caen sobre las bases saudíes y los buques de guerra estadounidenses patrullan un estrecho de Ormuz cerrado al tráfico mundial, un país que apenas figura en los titulares occidentales se ha convertido en el interlocutor indispensable: Pakistán.

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Buenos Aires - En apenas un mes, Islamabad ha pasado de ser un actor periférico a erigirse en el eje de una diplomacia de sombras que mantiene viva la posibilidad de un alto el fuego entre Washington y Teherán. No envía portaaviones ni lanza drones; envía mensajes, planes de paz y, sobre todo, una ambigüedad estratégica que le permite beneficiarse tanto de la guerra como de la paz. Es el aliado por tratado de los atacados, el mediador del atacante y el guardián del corredor que hace irrelevante el propio estrecho que se disputa.

Con más de 880.000 kilómetros cuadrados de territorio y una población que supera los 240 millones de habitantes según el último censo, Pakistán es el quinto país más poblado del planeta y una de las naciones más densamente habitadas. Su posición geohistórica lo convierte en un puente natural entre tres mundos: el subcontinente indio, Asia Central y Oriente Medio. Desde el valle del Indo, cuna de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, hasta las montañas del Hindu Kush y la costa del mar Arábigo, su geografía ha sido durante milenios corredor de imperios, rutas de seda y, hoy, oleoductos y fibra óptica. Limita con Irán al oeste, con Afganistán al norte y noroeste, con India al este y con China al noreste; sus 1.046 kilómetros de litoral en el golfo de Omán lo sitúan a apenas 400 kilómetros del estrecho de Ormuz, el cuello de botella energético que ahora paraliza el 20 % del petróleo mundial.

Económicamente, Pakistán es una potencia semi-industrializada que ocupa el puesto 23.º mundial en paridad de poder adquisitivo. Su economía depende en gran medida de las remesas de sus 2,7 millones de trabajadores en Arabia Saudí —685,5 millones de dólares al mes—, de los préstamos chinos y de la exportación de arroz, mariscos y productos farmacéuticos, que acaba de autorizar precisamente hacia Irán en plena guerra. Pero su verdadero peso no reside solo en los números: reside en su capacidad para transformar la dependencia financiera en influencia geopolítica. Y esa influencia se multiplica porque Pakistán es, además, el único país de mayoría musulmana dotado de armas nucleares. Se estima que posee entre 160 y 170 ojivas, un arsenal que lo convierte en la segunda potencia atómica del sur de Asia y en un actor cuya disuasión mínima creíble nadie puede ignorar.

Su potencial militar refuerza esa relevancia. Las Fuerzas Armadas pakistaníes, con más de 600.000 efectivos activos y medio millón en reserva, figuran entre los siete ejércitos más numerosos del mundo. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se apoyan en una red de inteligencia —encabezada por el todopoderoso ISI— que actúa con relativa autonomía y que, en las últimas semanas, ha demostrado su eficacia al interceptar planes israelíes para asesinar al ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi y al presidente del Parlamento Mohammad-Bagher Ghalibaf. Esa llamada telefónica a Washington, que evitó que los dos últimos interlocutores posibles desaparecieran, no fue un gesto simbólico: fue la prueba de que Pakistán puede mantener abierta una vía diplomática cuando las grandes alianzas militares se paralizan.

Sus rivalidades y conflictos moldean y limitan al mismo tiempo su margen de maniobra. Con India, el enfrentamiento por Cachemira ha provocado tres guerras y mantiene una tensión nuclear latente que obliga a Islamabad a mirar siempre hacia el este. Con Afganistán, las disputas fronterizas y la presencia de grupos insurgentes han llevado incluso a ataques aéreos paquistaníes cerca de Kabul en las últimas semanas, una escalada que algunos analistas interpretan como excusa para inmovilizar tropas que, según el pacto de defensa con Arabia Saudí, deberían estar defendiendo Riad. Con China, la relación es de alianza estratégica y dependencia económica: Pekín ha invertido 62.000 millones de dólares en el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) y controla el puerto de Gwadar, arrendado por 40 años. Ese enclave de aguas profundas en Baluchistán, a solo 400 kilómetros de Ormuz, es la terminal terrestre que permite a China evitar por completo el estrecho bloqueado. Pakistán debe, pues, navegar entre la gratitud hacia su principal acreedor y la necesidad de no alienar a Washington, su aliado principal no perteneciente a la OTAN.

Precisamente esa red de alianzas cruzadas —China, Estados Unidos, Arabia Saudí, Turquía, Irán— es lo que convierte a Pakistán en un actor único. Mantiene un pacto de defensa mutua con Riad que, sobre el papel, obliga a responder a cualquier agresión contra Arabia Saudí; sin embargo, no ha desplegado un solo soldado desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Al mismo tiempo, su ministro de Exteriores, Ishaq Dar, confirmó el 26 de marzo que Islamabad facilita “conversaciones indirectas” entre Washington y Teherán, transmitiendo la propuesta estadounidense de alto el fuego de 15 puntos. Ese mismo día, líderes tribales pastunes en Peshawar se comprometían públicamente a luchar “codo con codo” con Irán en una yihad. Y mientras tanto, el puerto de Gwadar operado por China sigue recibiendo buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación para ejercicios conjuntos en el mar Arábigo.

La capacidad de Pakistán para albergar e impulsar negociaciones se ha hecho evidente esta semana. El domingo 29 de marzo, los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía, Egipto y el propio Pakistán se reunieron en Islamabad para coordinar una estrategia de desescalada. Ishaq Dar habló por teléfono con su homólogo iraní Araghchi minutos antes del encuentro y subrayó que “el diálogo y la diplomacia siguen siendo la única vía posible”. La Unión Europea, a través de su presidente António Costa, ha expresado su apoyo explícito a los esfuerzos pakistaníes. Incluso el primer ministro Shehbaz Sharif, que el mes pasado nominó a Donald Trump para el Nobel de la Paz, ha utilizado su relación personal con el presidente estadounidense para mantener el canal abierto.

Esta arquitectura de contradicciones no es improvisada: es estructural. Pakistán media para reabrir Ormuz al tiempo que opera el puerto que lo hace prescindible. Recibe miles de millones de Arabia Saudí y remesas de sus trabajadores mientras sus ciudadanos figuran entre las bajas de los ataques iraníes en Dubái. Debe a China más de 30.000 millones de dólares y recibe el 81 % de su armamento de Pekín, pero conserva el estatus de aliado principal no OTAN de Washington. Si el estrecho se reabre, Islamabad cosechará reconocimiento occidental y ayuda económica. Si permanece cerrado o sometido a peajes permanentes en yuanes, Gwadar se convertirá en el nodo logístico más valioso del planeta y el CPEC en la ruta alternativa que China necesita.

En un mundo donde la OTAN debate mandatos y las potencias occidentales se muestran incapaces de actuar con unidad, Pakistán ha demostrado que una llamada de inteligencia y una mesa de negociaciones pueden valer más que 1,6 billones de dólares en gasto militar colectivo. No es neutralidad. Es cálculo. Y en ese cálculo, el país que durante décadas fue visto como inestable y periférico se ha transformado en el arquitecto invisible de un nuevo orden regional. Las moléculas del petróleo y las moléculas de la diplomacia no entienden de banderas, pero sí entienden de corredores y de conversaciones. Y hoy, tanto los unos como las otras pasan por Islamabad.

 

Marruecos afianza su ofensiva diplomática en América Latina: Costa Rica respalda la autonomía del Sáhara como “la solución más viable”

La creciente sintonía entre Rabat y San José simboliza un giro en el tablero latinoamericano, donde cada vez más países consideran el plan marroquí como la base más realista para resolver uno de los conflictos más prolongados del norte de África.

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Buenos Aires - La reciente declaración conjunta firmada en Rabat entre el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, y su homólogo costarricense, Arnoldo André Tinoco, no constituye un gesto diplomático aislado, sino la expresión más reciente de una tendencia de fondo que atraviesa América Latina. En ella, Costa Rica reconoce que la propuesta de autonomía para el Sáhara presentada por Marruecos es “la base más apropiada, seria, creíble y realista” para una solución política, y va más allá al admitir que una autonomía bajo soberanía marroquí podría ser “la solución más viable” al diferendo regional.

La contundencia del lenguaje empleado marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y consolida una convergencia política que Rabat viene cultivando con paciencia en el continente americano. No se trata únicamente de una declaración de principios: Costa Rica ha manifestado su intención de alinear su acción política, diplomática, económica y consular con esta posición, lo que introduce una dimensión operativa a su respaldo.

Este alineamiento se inscribe en un contexto internacional en el que la Propuesta para la Negociación de un Plan de Autonomía para la Región del Sáhara,  presentado por Marruecos en Naciones Unidas en 2007, ha ido ganando legitimidad progresiva dentro de los marcos multilaterales, particularmente en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya Resolución 2797 de 2025 reconoce la centralidad de esta iniciativa como base de negociación. La referencia explícita a esta resolución por parte de Costa Rica no es menor: supone un aval indirecto al enfoque promovido por Rabat y una señal de alineamiento con la dinámica diplomática impulsada bajo el liderazgo del rey Mohammed VI.

En términos bilaterales, el acercamiento entre Marruecos y Costa Rica ha adquirido una densidad creciente que trasciende la cuestión sahariana. La visita oficial de André Tinoco a Rabat ha servido para relanzar la relación bajo una “nueva dinámica”, basada en el diálogo político estructurado y en una cooperación ampliada en sectores como la agricultura, las energías limpias, la investigación científica o el turismo. Este despliegue responde a una estrategia más amplia de Marruecos, orientada a consolidar alianzas en América Latina mediante una combinación de diplomacia política, cooperación económica y proyección cultural.

La dimensión parlamentaria de este acercamiento también ha cobrado protagonismo. En reuniones paralelas, responsables marroquíes subrayaron la importancia de reforzar los intercambios legislativos y consolidar los grupos de amistad entre ambos países, en una lógica de diplomacia multinivel que busca anclar los vínculos más allá de los ciclos gubernamentales.

Pero el caso costarricense no puede entenderse de manera aislada. En los últimos años, América Latina se ha convertido en un terreno clave para la proyección internacional de Marruecos. Países como Panamá, Guatemala, República Dominicana, Paraguay o Ecuador han expresado, en distintos grados, su apoyo a la integridad territorial marroquí y al plan de autonomía. Este respaldo se manifiesta tanto en declaraciones oficiales como en decisiones prácticas, como la apertura de consulados en ciudades del Sáhara administradas por Marruecos, un gesto de alto contenido político.

El giro de Perú en 2022, al retirar su reconocimiento a la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, constituye uno de los ejemplos más elocuentes de esta tendencia. A ello se suman señales de apoyo implícito de actores regionales de peso como Brasil, cuya cartografía oficial ha incorporado el Sáhara como parte del territorio marroquí, en una decisión de fuerte carga simbólica.

En paralelo, otras potencias latinoamericanas como Argentina, Chile o México mantienen posiciones más equilibradas, abogando por una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable” bajo los auspicios de la ONU. Sin embargo, incluso estas posturas, al reconocer el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad, contribuyen indirectamente a legitimar la propuesta marroquí como eje de negociación.

Este avance diplomático se sustenta en una presencia institucional cada vez más sólida. Actualmente, más de una docena de países latinoamericanos cuentan con representación diplomática en Rabat, mientras que otros han optado por establecer consulados en el Sáhara, reforzando así la tesis de la soberanía marroquí sobre el territorio.

En este contexto, Costa Rica emerge como un socio particularmente significativo. Su tradición democrática, su estabilidad institucional y su perfil internacional como actor moderado otorgan un peso específico a su posicionamiento. El respaldo explícito al plan de autonomía no solo refuerza la estrategia de Marruecos, sino que también puede influir en otros países de la región que observan con atención la evolución del consenso latinoamericano.

La cuestión del Sáhara, durante décadas marcada por la polarización ideológica y la inercia diplomática, parece haber entrado en una nueva fase en el continente americano. El lenguaje empleado por Costa Rica, alineado con el de otras capitales de la región, sugiere que el plan de autonomía marroquí ha dejado de ser una propuesta más para convertirse en el punto de referencia central del debate.

En esa reconfiguración silenciosa del mapa diplomático, Rabat ha logrado situar su iniciativa en el corazón de las discusiones internacionales, apoyándose en una red de alianzas que trasciende geografías y tradiciones políticas. La relación con Costa Rica, fortalecida y redefinida, es hoy uno de los ejemplos más nítidos de esa estrategia paciente y persistente que Marruecos despliega para consolidar su posición en el escenario global.