Sáhara Marroquí: las sospechas de fraude documental reabren un conflicto de identidad y soberanía

La investigación policial sobre posibles irregularidades en documentos de parentesco de los campamentos de Tinduf coincide con la controversia legislativa sobre el acceso de los saharauis a la ciudadanía española. Los antecedentes de falsificación acreditan que existe un riesgo real de fraude con posible implicación de redes vinculadas al Frente Polisario.

La cuestión de la nacionalidad española de los saharauis ha vuelto a situarse en la intersección de tres asuntos particularmente sensibles: la responsabilidad histórica de España por su presencia colonial en el Sáhara, la situación jurídica de una población dispersa entre varios países del norte de África y el riesgo de que los procedimientos administrativos destinados a reparar antiguas injusticias sean utilizados para obtener derechos mediante documentación fraudulenta. La controversia no es nueva. Sin embargo, la reactivación de una iniciativa legislativa para facilitar el acceso a la ciudadanía y las informaciones sobre verificaciones policiales de documentos procedentes de los campamentos de Tinduf han incrementado su relevancia.

El problema exige distinguir entre hechos acreditados, indicios que merecen investigación y escenarios geopolíticos hipotéticos. La existencia de redes que han falsificado documentos para conseguir permisos de residencia o nacionalidades españolas está respaldada por antecedentes policiales.

Un documento fechado el 1 de octubre de 2026 y atribuido a la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación Documental (UCRIF) de la Policía Nacional en Ibiza, señala sospechas de irregularidades en justificantes de parentesco paterno presentados por personas procedentes de los campamentos de Tinduf ante organizaciones y empresas españolas. Según ese texto, la Policía habría solicitado verificaciones sobre la autenticidad de los documentos utilizados para acreditar vínculos familiares y antecedentes de origen saharaui en procedimientos relacionados con la obtención de la nacionalidad.

La información disponible permite presentar el caso como una señal de alerta sobre la necesidad de verificar los documentos.

Un precedente revelador: la red que operó desde Granada

El antecedente más significativo se remonta a febrero de 2021, cuando la Policía Nacional anunció la detención de 18 personas por su presunta participación en una organización que habría facilitado documentación falsa a miles de ciudadanos marroquíes para que aparentaran ser naturales del Sáhara o descendientes de antiguos residentes de la colonia española. La investigación, con epicentro en Granada y ramificaciones en otras provincias, apuntaba a una estructura que habría operado desde 2015 y que utilizaba un despacho de abogados españoles como centro de tramitación

El Independiente de Granada

Según las informaciones publicadas entonces, los intermediarios cobraban cantidades de entre 4.000 y 12.000 euros por gestionar autorizaciones de residencia o solicitudes de nacionalidad. Entre los documentos presuntamente utilizados figuraban certificaciones destinadas a acreditar el origen saharaui y justificantes relacionados con pensiones del antiguo personal militar español. La investigación también examinó el posible cobro irregular de prestaciones vinculadas a supuestos servicios prestados durante la etapa colonial.

La importancia de aquel caso no reside únicamente en su dimensión económica. Puso de manifiesto que la documentación histórica del Sáhara podía convertirse en un instrumento de fraude cuando los procedimientos administrativos dependían de certificados difíciles de contrastar, genealogías familiares incompletas o archivos dispersos entre distintas jurisdicciones.

La falsificación de un documento de identidad y la simulación de un vínculo de parentesco no son conductas equivalentes, aunque ambas puedan integrar una operación fraudulenta. En estos procedimientos pueden intervenir partidas de nacimiento, certificados de filiación, documentos militares, registros de residencia, declaraciones de testigos y otros justificantes. Una red organizada con vínculos en la jerarquía del Frente Polisario puede tratar de hacerlos compatibles entre sí para construir una identidad documental aparentemente coherente.

El precedente de Granada demuestra, por tanto, que el riesgo no es meramente teórico.

La hipótesis de que existan intermediarios especializados en producir, distribuir o validar certificados fraudulentos procedentes de Tinduf merece atención policial, especialmente tomando en consideración que miembros del Frente Polisario suelen mantener vínculos con redes criminales para el desvío de ayuda humanitaria y el contrabando de combustible rumbo a los mercados irregulares de Mauritania y el Sahel.

Una ley que elevó el valor de los documentos históricos

La controversia documental coincide con una iniciativa legislativa que pretende corregir las dificultades históricas de acceso a la nacionalidad española para los saharauis nacidos bajo la administración de España. El Congreso de los Diputados aprobó el texto el 10 de septiembre de 2026, con 168 votos favorables, 31 contrarios y 145 abstenciones, y lo remitió al Senado. La propuesta contempla una vía específica para los nacidos en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977 y establece condiciones para facilitar el acceso de determinados descendientes.

Conviene precisar su situación jurídica. Aunque la iniciativa superó la votación del Congreso, no llegó a convertirse en ley. La ficha oficial del Senado registra su caducidad después de la disolución de las Cortes el 6 de octubre de 2026. Por tanto, a fecha de este artículo no existe un nuevo derecho a la nacionalidad derivado de esa proposición que pueda ejercerse conforme al procedimiento propuesto.

La reforma pretendía facilitar la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza a quienes hubieran nacido bajo administración española y reducir de diez a dos años el plazo general de residencia exigido a los saharauis que cumplieran los requisitos previstos para acceder a la ciudadanía por esa vía. El texto también trataba de establecer medios probatorios específicos para acreditar las circunstancias personales y familiares de los solicitantes.

Para los promotores de la reforma, facilitar la nacionalidad representa una medida de reparación histórica y una respuesta a la prolongada incertidumbre jurídica de personas con vínculos acreditables con España. Los críticos pueden plantear objeciones sobre el alcance de los beneficiarios, la calidad de las pruebas y la capacidad de la Administración para comprobar expedientes antiguos. Ambas cuestiones son compatibles: reconocer un vínculo histórico legítimo no obliga a aceptar cualquier documento presentado para demostrarlo.

La expectativa de una modificación legal puede, además, incentivar el fraude. Cuando se anuncia una vía potencialmente más favorable, aumenta el valor económico de los certificados que permiten acceder a ella. Ese fenómeno crea oportunidades para intermediarios que prometen reconstruir genealogías, conseguir documentos supuestamente oficiales o acelerar procedimientos a cambio de dinero. El antecedente de 2021 ofrece una advertencia concreta sobre ese mecanismo, aunque no demuestra por sí mismo que la iniciativa de 2026 haya originado las sospechas detectadas en Ibiza.

La disolución de las Cortes y la caducidad del texto no eliminan el problema. La propuesta podría volver a plantearse en una futura legislatura, mientras continúan existiendo solicitantes que recurren a los procedimientos ordinarios de residencia, apatridia o nacionalidad. La incertidumbre normativa puede prolongar la vulnerabilidad de quienes necesitan acreditar su identidad y, simultáneamente, mantener incentivos para quienes intentan explotar las lagunas documentales.

Una población dispersa entre varios Estados

La dimensión geográfica de la cuestión complica cualquier intento de establecer una relación automática entre identidad saharaui, residencia territorial y nacionalidad. La población saharaui se distribuye entre el Sáhara, las provincias meridionales de  Marruecos, los campamentos de refugiados próximos a Tinduf, en Argelia, y comunidades asentadas en Mauritania y otros países. También existen grupos y redes familiares en Mali, aunque su dimensión y distribución exactas no deben confundirse con las de los principales núcleos de población.

Los campamentos de Tinduf albergan a una minoría del total de la población saharaui. Allí se encuentran las principales estructuras del Frente Polisario, la población residente depende en gran medida de las autoridades argelinas y de los mecanismos de asistencia humanitaria. Durante décadas el Polisario ha impedido un registro civil manteniendo a la población local como indocumentada.

En el Sáhara marroquí, la situación es distinta. Allí residen familias saharauis totalmente integradas a la sociedad marroquí que no obstante mantienen su lengua y tradiciones. En Mauritania, por su parte, existen vínculos históricos, comerciales, lingüísticos y familiares que atraviesan las fronteras contemporáneas. Mali forma parte de un espacio saheliano en el que las redes de movilidad y parentesco no siempre coinciden con las delimitaciones estatales.

Esta dispersión tiene consecuencias directas para la verificación documental. Una partida de nacimiento puede haberse expedido durante la administración española, mientras que otros documentos familiares se han producido décadas después en un país diferente. Los nombres pueden aparecer con transcripciones distintas, las fechas pueden variar entre registros y las familias pueden haber perdido originales durante desplazamientos forzosos. Tales circunstancias justifican procedimientos especializados de comprobación, pero no constituyen por sí mismas indicios de fraude.

El desafío consiste en reconstruir una cadena documental fiable.

Las posibles repercusiones en el sur de Marruecos

El debate adquiere una dimensión geopolítica adicional cuando se considera la posibilidad de que un número significativo de saharauis obtenga la ciudadanía española y mantenga su residencia en las provincias saharianas de Marruecos. Se trata de un escenario hipotético, no de un resultado demostrado de la propuesta legislativa ni de una tendencia demográfica cuantificada.

La nacionalidad española no comporta automáticamente el derecho a residir de manera permanente en Marruecos. La entrada, la residencia, la participación política y el ejercicio de derechos civiles dentro del reino seguirían sujetos al ordenamiento marroquí, a los acuerdos internacionales aplicables y a las circunstancias particulares de cada persona.

Sin embargo, si una comunidad numerosa adquiriera la ciudadanía española mientras permaneciera asentada en el territorio, podrían aparecer consecuencias políticas y diplomáticas relevantes. La primera sería una mayor internacionalización de las controversias sobre derechos, representación política e identidad nacional. La segunda afectaría a las relaciones consulares entre Madrid y Rabat, especialmente si ciudadanos españoles residentes en Marruecos alegaran restricciones a sus derechos o solicitaran protección diplomática.

La hipótesis más delicada sería la creación de un partido político de orientación separatista que pretendiera actuar legalmente dentro de Marruecos. Para que tal formación pudiera concurrir a las elecciones tendría que cumplir la legislación marroquí sobre partidos políticos, incluidos sus requisitos de constitución y las restricciones relativas a la integridad territorial y a los fundamentos constitucionales del Estado. Por tanto, la ciudadanía española de sus promotores no bastaría para garantizar su legalidad.

Un partido de esas características podría intentar utilizar la condición de ciudadanos de otro Estado de sus integrantes para obtener atención internacional, formular denuncias ante instituciones europeas o convertir los conflictos locales en asuntos diplomáticos. También podría generar tensiones si las autoridades marroquíes considerasen que sus actividades vulneran el ordenamiento nacional o amenazan la integridad territorial.

La nacionalidad no debe convertirse en una mercancía documental ni en un arma diplomática.

 

Mohammed VI ante el Parlamento: soberanía, democracia y un nuevo marco para las relaciones con España

 

El rey Mohammed VI inauguró el viernes 9 de octubre de 2026 la primera sesión del primer año legislativo de la 12.ª Legislatura con un discurso que reafirma el compromiso institucional del Reino con los principios democráticos, traza prioridades claras para el trabajo de los legisladores y aborda con firmeza y experiencia diplomática la gestión del fenómeno migratorio, en particular a la luz de la crisis que afectó a Ceuta el pasado verano, proponiendo una nueva orientación estratégica para las relaciones con España y los socios europeos.

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Buenos Aires - En el hemiciclo de Rabat, acompañado del príncipe heredero Moulay El Hassan, del príncipe Moulay Rachid y del príncipe Moulay Ahmed, el monarca comenzó por felicitar a los miembros de la Cámara de Representantes “por la confianza que el electorado ha depositado en ellos”. Esta referencia explícita al mandato popular, pronunciada en la apertura de una legislatura surgida de las elecciones del 23 de septiembre, subraya la adhesión del Soberano a los mecanismos de representación democrática y a la legitimidad que confiere el voto. El Rey situó esta nueva etapa en una “coyuntura excepcional, rica en oportunidades únicas”, y expresó su expectativa de que el periodo legislativo y gubernamental marque “un verdadero punto de inflexión en el avance de las aspiraciones de Marruecos como potencia económica emergente y fiable, conciliando el crecimiento económico con el fortalecimiento de la justicia social y espacial”.

Desde el atril, el Rey Mohammed VI recordó las palabras que pronunció en 2014 —“El sentimiento más valioso que albergo en mi vida es el orgullo que siento por mi identidad marroquí” y afirmó que ese sentimiento “no hace sino fortalecerse y arraigarse más profundamente con el paso de los años”. Vinculó este orgullo nacional, anclado en la antigüedad de la monarquía y en la identidad religiosa y cultural bajo el Emirato de los Creyentes, no a la autocomplacencia, sino a una fuerza motriz que transforma “el sentido de pertenencia en responsabilidad, y la confianza en un deber nacional”. Esta reflexión enmarca las orientaciones que el monarca dirigió a los parlamentarios.

El Soberano exhortó a los legisladores a colocar en el centro de las políticas públicas las cuestiones relativas a la juventud, mediante “un enfoque integral que garantice la igualdad de oportunidades y abarque la educación, la capacitación en competencias y la integración económica”. Este enfoque, precisó, debe fomentar la confianza de los jóvenes “en su capacidad para lograr el ascenso social, así como la confianza en las instituciones de la nación y en las oportunidades existentes para construir un futuro mejor, cimentado en la libertad, la dignidad y la estabilidad”. Al mismo tiempo, llamó a lanzar una nueva generación de grandes estrategias en materia de seguridad hídrica, energética y alimentaria, desarrollo industrial, economía digital e inteligencia artificial, y a que el sector privado asuma un papel de actor estratégico, con mayor iniciativa, innovación y capacidad de creación de empleo, inversión y exportación.

El desafío territorial ocupó un lugar destacado. El Rey Mohammed VI insistió en que el desarrollo integrado, la mejora de los servicios públicos y el estímulo de la inversión productiva están estrechamente vinculados a la regionalización avanzada y a la desconcentración administrativa. Declaró inaceptable “todo retraso o demora en la plena implementación de la Carta de la desconcentración”, lo que implica la transferencia de competencias y de los recursos humanos y financieros necesarios desde el centro hacia las provincias y regiones. Exigió, asimismo, una definición más clara de las competencias de las instituciones regionales y el establecimiento de mecanismos de coordinación y contratación que les otorguen el poder de decidir y materializar proyectos. Estas orientaciones fijan el marco concreto en el que los parlamentarios deberán ejercer sus funciones de legislación, control y evaluación de las políticas públicas.

El núcleo del análisis que el discurso invita a realizar se concentra, sin embargo, en la dimensión internacional y, de modo particular, en la gestión migratoria. El Rey afirmó que “el Reino ha logrado consolidar su posición en el ámbito internacional en tanto que socio responsable y fiable, comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones y que espera de sus socios un trato análogo”. Recordó que el enfoque equilibrado adoptado por Marruecos para la gestión del fenómeno migratorio “ha dado resultados concretos”. A continuación, con la objetividad que caracteriza su estilo diplomático, reconoció que “el actual modelo de cooperación en este ámbito ha quedado obsoleto, y la mejor prueba de ello son las crisis que se han producido de manera recurrente”.

Aplicó este diagnóstico de manera explícita a España: “Esto mismo se aplica a nuestro país vecino, España, con quien nuestra cooperación ha experimentado importantes avances, en diversos ámbitos, incluida la lucha contra la migración irregular. Sin embargo, esta cooperación se enfrenta hoy a grandes desafíos relacionados con determinadas disposiciones legales superadas y con decisiones judiciales alejadas de la realidad, que, lamentablemente, impiden la repatriación de menores y de personas que adoptan actitud de refugiados, alimentando así las codicias de las redes criminales”. La referencia, aunque no cite nominalmente a Ceuta, alude con claridad a la entrada masiva de decenas de miles de personas —la mayoría de ellas marroquíes— que se produjo a finales de julio, y a las dificultades posteriores para gestionar los retornos, especialmente de menores.

Ante lo que calificó de “declaraciones irresponsables y la flagrante explotación de la cuestión por parte de determinados sectores políticos y mediáticos”, el monarca reafirmó un principio fundamental de su política exterior: “afirmamos que la asociación es una opción soberana y un compromiso voluntario, que de ningún modo será sujeta a cualquier presión, amenaza o chantaje”. Esta formulación, producto de una larga experiencia diplomática, sitúa la relación con España en el terreno de la reciprocidad y del respeto mutuo, lejos de cualquier lógica de instrumentalización o subordinación. Al mismo tiempo, anunció que “Marruecos presentará a sus socios un documento que contiene una visión estratégica, clara y práctica, que funda una nueva orientación destinada a consolidar el desarrollo compartido, la competitividad económica y la estabilidad regional”.

Esta propuesta refleja la preocupación constante del Soberano por el lugar que Marruecos debe ocupar en el escenario internacional: el de un actor responsable que cumple sus compromisos, protege a las personas vulnerables frente a las redes criminales y promueve soluciones estructurales basadas en el codesarrollo. El enfoque marroquí, como se desprende del discurso, no renuncia a la cooperación, sino que busca actualizarla para que resulte eficaz, equitativa y sostenible. La protección de los migrantes, en esta lógica, pasa tanto por el combate a las redes que los explotan como por la creación de oportunidades en origen y por una cooperación que no quede bloqueada por marcos jurídicos o judiciales desfasados.

El discurso se cerró recordando a los parlamentarios que “el mandato parlamentario constituye un compromiso político y un contrato ético que os vincula con los ciudadanos”, y exhortándolos a estar a la altura de esa responsabilidad “ante Dios, ante los ciudadanos y ante la historia”. En su conjunto, la intervención del Rey Mohammed VI articula con coherencia la adhesión a los principios democráticos de representación, las prioridades internas de desarrollo territorial y social, y una visión internacional que privilegia la soberanía, la reciprocidad y la búsqueda de soluciones compartidas. En el ámbito de las relaciones con España, el monarca ha dejado claro tanto el valor de los avances logrados como la necesidad de superar un modelo que ha demostrado sus límites, abriendo la puerta a un diálogo renovado fundamentado en el respeto mutuo y en una agenda de desarrollo conjunto.

 

Brasil: Flávio Bolsonaro aventaja a Lula y convierte el balotaje en un plebiscito sobre el poder

 

El resultado de la primera vuelta electoral en Brasil ha desbaratado los pronósticos y colocado al senador conservador en una posición favorable para la votación del 25 de octubre. El desgaste del Gobierno, la inseguridad, el encarecimiento de la vida y la fortaleza de las redes bolsonaristas explican parte de la sorpresa. Lula intenta recuperar terreno con una campaña más cercana a los ciudadanos, mientras su rival suma apoyos políticos y explota la demanda de cambio. Las primeras encuestas de la segunda vuelta favorecen a Bolsonaro, aunque la movilización de los abstencionistas y el voto de los candidatos eliminados pueden alterar el desenlace.

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Buenos Aires - La elección presidencial brasileña ha entrado en una fase decisiva. Luiz Inácio Lula da Silva, el dirigente que regresó al poder en 2023 con la promesa de reconstruir las políticas sociales y restablecer la normalidad institucional, afronta ahora una amenaza que hasta hace pocas semanas parecía menos probable: perder la presidencia ante Flávio Bolsonaro, un senador de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y representante de una derecha que ha demostrado una capacidad de movilización superior a la que anticipaban numerosos sondeos.

El 4 de octubre, Flávio obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula. La diferencia fue de 2.227.651 sufragios, suficiente para invertir el clima político de la campaña, pero no para resolver la elección. El Tribunal Superior Electoral confirmó que ambos disputarían la segunda vuelta del 25 de octubre, después de que ninguno alcanzara la mayoría absoluta requerida.

La magnitud política del resultado supera la diferencia numérica. El oficialismo había llegado a la jornada electoral con expectativas más favorables, mientras que Flávio, que no figuraba al comienzo del año entre los principales protagonistas de la carrera presidencial, consiguió convertir el apellido Bolsonaro en una candidatura competitiva y, finalmente, en la opción más votada.

La segunda vuelta será, por tanto, algo más que una elección entre dos proyectos económicos. Pondrá a prueba la capacidad de Lula para renovar su legitimidad, el arraigo social del bolsonarismo y la disposición de una parte considerable de los brasileños a respaldar una alternativa conservadora pese a las controversias judiciales que rodean al entorno del antiguo presidente.

Una primera vuelta que desmintió los pronósticos

Los resultados oficiales muestran una competencia más equilibrada de lo que sugerían algunos estudios publicados antes de la votación. La sorpresa no consistió únicamente en que Flávio terminara por delante, sino en que el presidente no consiguiera convertir su condición de favorito en una ventaja electoral efectiva.

El Tribunal Superior Electoral registró 56.104.268 votos para Bolsonaro y 53.876.617 para Lula. Hubo, además, 2.300.781 votos en blanco, equivalentes al 1,84%, y 3.674.149 votos nulos, el 2,93%. En conjunto, casi seis millones de sufragios no se tradujeron en apoyo válido a ninguna candidatura.

La derrota relativa del oficialismo no puede explicarse por un único factor. La economía brasileña presenta indicadores que el Gobierno considera favorables, especialmente en empleo y actividad, pero esos resultados agregados no se han convertido necesariamente en una percepción generalizada de bienestar. Para muchos hogares, la experiencia cotidiana está determinada por el precio de los alimentos, el combustible, la vivienda, el endeudamiento y la calidad de los servicios públicos.

El periodista de CNN Brasil Caio Junqueira ha señalado precisamente la distancia entre el discurso presidencial y las preocupaciones expresadas por los ciudadanos. Según su análisis, Lula concentró parte de sus mensajes en cuestiones como la soberanía nacional sobre los minerales estratégicos, mientras muchos electores estaban más pendientes del coste de la vida y de las controversias institucionales que afectaban a la confianza pública.

El sociólogo Alberto Carlos Almeida, por su parte, atribuyó el resultado a la evaluación negativa de la gestión presidencial y sostuvo que el Gobierno no había actuado con suficiente anticipación para mejorarla. Su diagnóstico apunta a una dificultad característica de los oficialismos: los buenos indicadores macroeconómicos pierden eficacia electoral cuando los ciudadanos no perciben una mejora equivalente en sus ingresos y sus expectativas.

La seguridad pública ha reforzado esa dinámica. El bolsonarismo ha convertido el incremento de la delincuencia y la sensación de desprotección en elementos centrales de su discurso, presentándose como la fuerza dispuesta a restaurar el orden mediante políticas más severas. Aunque la inseguridad brasileña tiene causas estructurales que ningún Gobierno puede resolver de manera inmediata, la percepción de amenaza constituye un recurso político poderoso, especialmente cuando la ciudadanía considera insuficientes las respuestas oficiales.

A ello se suma el desgaste de una presidencia que vuelve a pedir confianza después de haber gobernado durante buena parte de las últimas dos décadas. Lula conserva una trayectoria excepcional y una base social consolidada, pero su experiencia también lo convierte en el principal responsable, a ojos de los electores descontentos, de los problemas que persisten.

La candidatura de Flávio ha sabido explotar esa contradicción. Su mensaje de cambio permite reunir a votantes ideológicamente conservadores, ciudadanos desencantados con el Partido de los Trabajadores y electores que no necesariamente comparten todas las posiciones del bolsonarismo, pero desean castigar al Gobierno.

La abstención y el voto blanco: una advertencia para todo el sistema político

Uno de los datos más inquietantes de la primera vuelta fue la ausencia de 33.469.244 electores, el 21,08% del censo. Se trata del nivel más alto de abstención en una primera vuelta presidencial desde 1998, según los datos recogidos en el material electoral y las informaciones publicadas después de los comicios. A esa cifra deben añadirse los casi seis millones de votos blancos y nulos.

La abstención no significa automáticamente rechazo a Lula ni adhesión potencial a Bolsonaro. Esconde motivaciones diversas: desinterés, dificultades para acudir a votar, desconfianza en las instituciones, desencanto con los partidos y la convicción de que ninguno de los candidatos puede modificar sustancialmente las condiciones de vida. En Brasil, donde el voto es obligatorio para los ciudadanos alfabetizados de entre 18 y 70 años, la magnitud de la ausencia adquiere una relevancia política adicional.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, reconoció tras la votación que una abstención superior al 20% no era deseable y planteó la necesidad de mejorar los mecanismos para reducirla. Lula, por su parte, pidió a su equipo que investigara las razones del alejamiento electoral, en lugar de atribuir la derrota exclusivamente a errores de su campaña.

Los testimonios recogidos por Associated Press ilustran el problema. Algunos ciudadanos rechazan la asociación entre religión y política promovida por sectores conservadores; otros desconfían de la izquierda por los escándalos de corrupción. También existen votantes que consideran que ambos candidatos representan opciones poco satisfactorias. La politóloga Carolina Almeida de Paula, de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, ha advertido sobre el riesgo de interpretar la polarización como si toda la sociedad estuviera comprometida con uno de los dos bandos.

El voto blanco y el nulo tienen una lógica parcialmente distinta. El primero puede expresar la decisión de no apoyar a ninguna candidatura; el segundo puede obedecer a una protesta deliberada o a un error al emitir el sufragio. Los datos agregados no permiten determinar cuántos electores actuaron por cada motivo. Atribuirlos en bloque a una supuesta tercera fuerza política sería, por tanto, incorrecto.

La campaña definitiva tiene ante sí una paradoja: los candidatos necesitan movilizar a quienes permanecieron al margen, pero una parte de esos ciudadanos puede preferir mantener su distancia. Además, los casi seis millones de votos blancos y nulos no constituyen un depósito electoral disponible para ninguno de los dos aspirantes.

El comportamiento de los abstencionistas será especialmente importante si la participación cambia de forma significativa el 25 de octubre. Un aumento de la movilización podría beneficiar a Lula si recupera a antiguos votantes del Partido de los Trabajadores; pero también podría favorecer a Bolsonaro si la derecha logra activar a electores que en la primera vuelta se quedaron en casa.

Lula cambia el guion y busca recuperar la calle

El presidente ha reaccionado a la derrota con una reorganización de su campaña. La primera modificación es política: Geraldo Alckmin, vicepresidente y antiguo gobernador de São Paulo, ha ganado protagonismo como interlocutor con el empresariado y los votantes moderados. Su presencia pretende contrarrestar la imagen de un Gobierno demasiado concentrado en su base tradicional y transmitir una mayor disposición al diálogo con los sectores productivos.

La segunda modificación es comunicacional. Lula, que ha expresado reiteradamente su desconfianza hacia los teléfonos móviles, ha comenzado a grabar vídeos en formato de selfi para Instagram y TikTok. La iniciativa busca humanizar al candidato, acercarlo a los electores jóvenes y reducir la distancia que la campaña oficialista ha mantenido respecto de las plataformas digitales, donde el bolsonarismo ha construido una comunidad especialmente activa.

El presidente admite que la experiencia acumulada y la comunicación tradicional ya no bastan para disputar la atención de una sociedad conectada permanentemente a las redes.

La reorganización también responde a críticas internas. Según informaciones publicadas por Reuters, el equipo pretende sustituir los mensajes excesivamente abstractos sobre soberanía y minerales estratégicos por una comunicación más directa sobre los precios, los ingresos familiares y los riesgos que una victoria conservadora podría entrañar para los programas sociales.

El PT busca, además, reforzar su presencia territorial en regiones donde la diferencia fue estrecha y entre los ciudadanos que se abstuvieron. El Nordeste, tradicional bastión electoral de Lula, seguirá siendo fundamental, pero el partido necesita mejorar su desempeño en los grandes centros urbanos y en el electorado joven. En São Paulo, el mayor colegio electoral del país, Alckmin puede desempeñar un papel importante para recuperar votantes moderados.

La estrategia tiene una dificultad evidente: Lula debe defender su gestión y, al mismo tiempo, reconocer que no ha respondido suficientemente a algunas preocupaciones ciudadanas. Si se limita a denunciar los peligros del bolsonarismo, corre el riesgo de confirmar la impresión de que el oficialismo no escucha. Si dedica demasiado espacio a reconocer errores, puede debilitar la confianza de sus propios partidarios.

El presidente dispone, no obstante, de activos que su adversario todavía no posee: la experiencia de gobierno, una identidad política consolidada y una estructura partidaria con capacidad de movilización. Su desafío consiste en convertirlos en votos adicionales, no simplemente en reafirmar la fidelidad de quienes ya lo apoyaron.

Flávio Bolsonaro consolida la alianza conservadora

El senador ha afrontado la segunda vuelta desde una posición más favorable. Su principal ventaja es política: ha logrado transformar el resultado de la primera ronda en una secuencia de adhesiones que refuerza la percepción de que su candidatura representa la alternativa con mayores posibilidades de victoria.

Ronaldo Caiado, exgobernador de Goiás, y Romeu Zema, exgobernador de Minas Gerais, han respaldado a Bolsonaro después de competir contra él. El escritor y psiquiatra Augusto Cury, tercer candidato más votado, también anunció su apoyo. Cury obtuvo el 2,89% de los sufragios válidos, unos 3,4 millones de votos, una cantidad superior a la diferencia que separó a los dos aspirantes principales.

La adhesión de Cury resulta especialmente interesante porque su campaña había intentado presentarlo como una alternativa a la polarización. Su respaldo no supone, sin embargo, una transferencia automática de todos sus electores. El propio escritor aclaró que su apoyo no constituía un cheque en blanco y vinculó su decisión a compromisos sobre responsabilidad fiscal, protección de las mujeres, transparencia y respeto a las instituciones.

Flávio también ha sumado el respaldo de importantes formaciones de centroderecha, entre ellas Republicanos, Novo, Podemos y la federación integrada por Unión Brasil y Progresistas. Esos apoyos proporcionan estructura territorial, dirigentes locales y capacidad de movilización, aunque no garantizan que todos los votantes de esos partidos sigan las indicaciones de sus líderes.

Su campaña se articula alrededor de tres ideas: seguridad, rechazo al Partido de los Trabajadores y cambio político. Bolsonaro intenta presentar a Lula como el representante de un ciclo agotado y reivindica una administración más severa contra la delincuencia. También busca tranquilizar a los electores preocupados por las políticas sociales, asegurando que no pretende eliminar programas como Bolsa Família.

El candidato ha moderado parte de su tono para atraer a ciudadanos que rechazan los excesos retóricos de su padre, sin romper con el núcleo ideológico del bolsonarismo. Su reto consiste en ampliar su base sin perder a los sectores más militantes que hicieron posible su victoria inicial.

La relación con Jair Bolsonaro sigue siendo decisiva. El expresidente conserva una enorme capacidad de movilización entre sus seguidores, pero su condena por la trama golpista y su enfrentamiento con las instituciones judiciales representan también un riesgo. Flávio necesita heredar el capital político de su padre sin que la elección se convierta en un referéndum sobre su legado más controvertido.

Las encuestas favorecen a Bolsonaro, pero la elección no está decidida

Los primeros sondeos posteriores a la primera vuelta confirman que el senador ha aprovechado el impulso de su victoria. La distancia entre ambos candidatos es suficientemente consistente como para considerar a Flávio favorito, aunque todavía no permite descartar una recuperación del presidente.

La fotografía electoral del 9 de octubre

Intención de voto para la segunda vuelta: 52,8% para Flávio y 47,2% para Lula. Fuentes: UOL, AtlasIntel/Bloomberg y Folha de S.Paulo, Datafolha.

Las dos consultoras sitúan al senador por delante. Aunque, los resultados deben interpretarse con cautela. Una encuesta es una fotografía de las preferencias en un momento determinado, no una predicción infalible del resultado final.

El dato más importante no es únicamente la ventaja de Bolsonaro, sino su capacidad para mantenerla mientras la campaña de Lula intenta modificar el clima político. Si la diferencia se mantiene en las próximas mediciones y se reproduce en el comportamiento de los votantes, el presidente afrontará una tarea especialmente difícil.

Una elección que trasciende las fronteras brasileñas

El desenlace tendrá repercusiones más allá de Brasil. Lula ha defendido una política exterior multilateral, con protagonismo en los BRICS, cooperación con China y una relación con Estados Unidos que preserve la autonomía brasileña. Flávio, por el contrario, ha expresado una mayor afinidad con Donald Trump y ha defendido un acercamiento político a Washington.

La diferencia no implica que un eventual Gobierno conservador pueda prescindir de China. El gigante asiático es el principal socio comercial de Brasil y mantiene inversiones relevantes en energía, industria e infraestructura. Cualquier presidente deberá conciliar sus afinidades ideológicas con esos intereses económicos. Reuters ha señalado que el acceso a los minerales críticos brasileños, las relaciones comerciales y la competencia entre Washington y Pekín figuran entre las cuestiones estratégicas que podrían cambiar de orientación después de la elección.

La política económica también será determinante. Los mercados han reaccionado favorablemente a las expectativas de mayor disciplina fiscal asociadas a Bolsonaro, pero las promesas de reducción de impuestos, inversión en infraestructura y mantenimiento de los programas sociales deberán enfrentarse a las restricciones presupuestarias y a la necesidad de negociar con el Congreso.

El economista Paulo Dutra Constantin, profesor de la Universidad Presbiteriana Mackenzie, ha advertido que ambos candidatos mantienen diferencias ideológicas importantes, pero comparten una dependencia significativa de la inversión pública para impulsar el desarrollo. Su análisis plantea una cuestión que la campaña ha dejado en segundo plano: quien gane tendrá que resolver las tensiones entre gasto social, inversión y equilibrio fiscal.

La elección también puede afectar al funcionamiento de las instituciones brasileñas. Una victoria de Flávio fortalecería a las fuerzas conservadoras que buscan revisar el papel del Supremo Tribunal Federal y la situación judicial de Jair Bolsonaro. Una reelección de Lula, por su parte, no eliminaría la influencia de una derecha que ha demostrado contar con un respaldo social y parlamentario considerable.

El pronóstico para el 25 de octubre

A dos semanas de la votación, Flávio Bolsonaro parte con ventaja. Ha ganado la primera vuelta, ha reunido apoyos importantes de la centroderecha y aparece por delante en los dos principales sondeos publicados después del 4 de octubre. Su mensaje de cambio conecta con una parte del electorado que no considera suficientes los resultados económicos del Gobierno y reclama respuestas más contundentes frente a la delincuencia.

Lula conserva, sin embargo, posibilidades reales de remontar. La elección todavía depende de la participación, de la capacidad de atraer a los votantes moderados y de la transferencia efectiva de los sufragios obtenidos por los candidatos eliminados. El presidente necesita demostrar que puede escuchar las preocupaciones económicas cotidianas, recuperar la confianza de los electores jóvenes y convencer a quienes se alejaron de las urnas de que una nueva presidencia suya puede ofrecer resultados diferentes.

Su principal dificultad es el tiempo. La reorganización de la campaña y la incorporación de Alckmin y de nuevos responsables de comunicación pueden mejorar su mensaje, pero no garantizan que cambie la evaluación de su gestión. Bolsonaro, por su parte, debe evitar que la consolidación de su ventaja derive en exceso de confianza y demostrar que puede atraer a electores que no comparten todas las posiciones del bolsonarismo.

El pronóstico, con la información disponible al 10 de octubre, es una victoria de Flávio Bolsonaro el 25 de octubre, probablemente por un margen moderado. Los sondeos sitúan su ventaja entre cuatro y seis puntos porcentuales en votos válidos, una distancia que lo convierte en favorito, pero que todavía puede reducirse. No considero prudente proyectar una victoria arrolladora ni dar por cerrado el resultado.

Si las tendencias actuales se mantienen, Bolsonaro podría obtener entre el 51% y el 53% de los votos válidos, frente a un Lula situado entre el 47% y el 49%. Se trata de una estimación analítica, no de un resultado asegurado: una movilización superior a la prevista de los abstencionistas o una recuperación del voto moderado por parte del presidente podrían estrechar considerablemente la diferencia.

La paradoja de esta elección es que Lula no se enfrenta únicamente a un rival más joven, sino a una demanda de cambio que ha conseguido imponerse incluso allí donde el Gobierno reivindica resultados económicos y sociales positivos. Flávio Bolsonaro ha transformado esa insatisfacción en una oportunidad histórica para su familia política. El 25 de octubre se sabrá si esa oportunidad basta para devolver el poder al bolsonarismo o si Lula consigue, una vez más, convertir una campaña adversa en una victoria.

Sáhara Marroquí: la diplomacia del Rey Mohammed VI consolida su red de apoyos entre el Golfo y América Latina

El respaldo simultáneo del Consejo de Cooperación del Golfo y de varios países latinoamericanos a la iniciativa marroquí de autonomía confirma la creciente densidad diplomática que Rabat ha construido en torno al Sáhara. Las declaraciones formuladas en Naciones Unidas se producen además en un contexto nuevo tras la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, que estableció la propuesta de autonomía de Marruecos como base de las negociaciones. Detrás de esta dinámica se encuentra una estrategia sostenida durante años por el Rey Mohammed VI, que ha convertido la cuestión del Sáhara en uno de los ejes de su política exterior y ha tejido una red de alianzas que combina respaldo político, cooperación económica, inversiones y presencia africana.

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Buenos Aires - La diplomacia marroquí ha obtenido en las últimas semanas una nueva cosecha de respaldos internacionales para su propuesta de autonomía del Sáhara. El escenario escogido no es casual: la Cuarta Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, tradicionalmente uno de los espacios donde las posiciones sobre el contencioso sahariano se expresan con mayor nitidez, ha sido utilizada por varios países para reiterar públicamente su posición.

El 2 de octubre, El Salvador, Chile y Ecuador defendieron ante Naciones Unidas, con diferentes grados de intensidad, la iniciativa marroquí de autonomía. Ese mismo escenario fue aprovechado por los seis Estados integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), cuya declaración colectiva posee una particular relevancia política por el peso económico, energético y estratégico de esas monarquías. La representante de Baréin habló en nombre del conjunto del bloque y reiteró su “posición constante de apoyo a la marroquinidad del Sáhara” y a la iniciativa marroquí de autonomía.

El movimiento adquiere mayor significado porque se produce cuando el proceso diplomático auspiciado por Naciones Unidas atraviesa una etapa diferente de la que caracterizó buena parte de las últimas décadas. La resolución 2797 del Consejo de Seguridad, aprobada el 31 de octubre de 2025, pidió a las partes participar en negociaciones tomando como base la propuesta marroquí de autonomía y reconoció que una autonomía genuina podría constituir uno de los resultados más viables, al tiempo que mantuvo como objetivo una solución política definitiva y mutuamente aceptable que contemple la autodeterminación de la población del Sáhara.

Conviene, sin embargo, precisar el alcance jurídico de esa resolución. Naciones Unidas no declaró la soberanía marroquí sobre el Sáhara ni convirtió formalmente la propuesta de autonomía en la única alternativa jurídicamente posible. El texto establece que la iniciativa marroquí sea una base de las conversaciones y mantiene el principio de una solución mutuamente aceptable. Esa precisión es importante porque el propio sistema de Naciones Unidas continúa siendo el marco de negociación y porque las posiciones de Marruecos, Argelia y el Frente Polisario siguen siendo divergentes.

Pero, desde el punto de vista estrictamente diplomático, el cambio es significativo. La propuesta que Rabat presentó en 2007 ha pasado de ser una iniciativa defendida fundamentalmente por Marruecos y sus principales aliados a ocupar una posición cada vez más central en el lenguaje utilizado por numerosos Estados cuando se refieren al futuro del Sáhara.

El peso político del Golfo

El respaldo del CCG tiene una dimensión diferente a la de una declaración bilateral. El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo es una organización regional creada el 25 de mayo de 1981 y está integrada por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Baréin. Su Carta establece como objetivos la coordinación, integración e interconexión entre sus miembros en materias políticas, económicas, financieras, comerciales, sociales, culturales, científicas y administrativas. Su sede se encuentra en Riad.

No se trata, por tanto, de una organización concebida exclusivamente para la cooperación económica. Durante sus más de cuatro décadas de existencia, el CCG se ha convertido en uno de los principales mecanismos de concertación política y estratégica del mundo árabe. Su posición colectiva sobre una cuestión territorial que Marruecos considera esencial posee, por ello, un considerable valor diplomático.

La relación entre Rabat y las monarquías del Golfo tampoco nació con las recientes declaraciones. Constituye uno de los resultados más visibles de la política exterior desarrollada por Mohammed VI desde su llegada al trono. El vínculo alcanzó un momento decisivo con la cumbre Marruecos-CCG celebrada en Riad en abril de 2016. En aquella ocasión, el Rey Mohammed VI y los dirigentes de los seis Estados del Golfo reafirmaron la profundidad de sus relaciones y la necesidad de transformar los vínculos históricos en una asociación estratégica institucionalizada. El comunicado final subrayó además la defensa conjunta de la soberanía, la integridad territorial y la estabilidad de los Estados.

Cinco años antes, en 2011, Marruecos había planteado incluso su adhesión al Consejo. La iniciativa no desembocó en una incorporación formal, pero sí favoreció la creación de una asociación estratégica particularmente estrecha. El vínculo se ha desarrollado desde entonces a través de cumbres, reuniones ministeriales, acuerdos económicos, cooperación en seguridad y una creciente convergencia política.

La cuestión del Sáhara ocupa un lugar central en esa arquitectura. Los Estados del Golfo han respaldado durante años la posición marroquí y algunos han dado a ese apoyo una dimensión física mediante la apertura de consulados en las provincias del Sur. Emiratos Árabes Unidos abrió un consulado general en El Aaiún y Baréin hizo lo propio en la ciudad de Dajla. El apoyo diplomático se ha acompañado además de inversiones y proyectos económicos.

La asociación tiene, asimismo, una dimensión africana. Marruecos se presenta ante las monarquías del Golfo como una plataforma privilegiada de acceso al África atlántica y subsahariana. Los recursos financieros de los fondos soberanos y empresas del Golfo encuentran en Marruecos infraestructuras portuarias, conectividad, estabilidad institucional y acceso a mercados africanos. Rabat, a su vez, aporta su experiencia diplomática y empresarial en África y una posición geográfica que conecta Europa, el Mediterráneo y el Atlántico.

La declaración colectiva de octubre debe leerse, por tanto, dentro de una relación mucho más profunda que una coincidencia circunstancial sobre el Sáhara. El CCG expresó su apoyo al proceso auspiciado por Naciones Unidas y a una solución que respete, en los términos de su declaración, la soberanía y la integridad territorial de Marruecos. La posición coincide con una relación estratégica en la que seguridad, inversiones, energía, comercio y cooperación africana se entrelazan.

Chile cambia el lenguaje diplomático

En América Latina, el caso de Chile presenta una importancia particular porque el comunicado bilateral firmado en Nueva York el 21 de septiembre supuso un paso de especial intensidad. Santiago afirmó que apoya la soberanía de Marruecos sobre la totalidad de su territorio, “incluida la región del Sahara Occidental”, y calificó la propuesta de autonomía presentada en 2007 como una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable.

La declaración no quedó restringida al plano retórico. Chile manifestó su intención de traducir ese apoyo en el ámbito bilateral y promover oportunidades de cooperación económica y comercial en la región del Sáhara marroquí. Al mismo tiempo, ambos países suscribieron los términos de referencia para avanzar en la negociación de un acuerdo de libre comercio.

La simultaneidad entre la definición diplomática y la profundización económica resulta especialmente significativa. La política exterior contemporánea de Marruecos ha procurado que el respaldo al Sáhara no permanezca limitado a declaraciones políticas, sino que se traduzca progresivamente en relaciones comerciales, inversiones, proyectos de infraestructura y presencia institucional.

Chile constituye en este sentido un ejemplo de esa estrategia. Rabat busca que el reconocimiento de su posición vaya acompañado de una creciente interdependencia económica. Santiago, por su parte, encuentra en Marruecos una puerta hacia mercados africanos y una plataforma para ampliar su presencia en el continente.

El Salvador y Ecuador

La posición salvadoreña es menos explícita que la chilena en materia de soberanía, pero no por ello carece de importancia. Su representante ante la Cuarta Comisión respaldó los esfuerzos marroquíes para alcanzar una solución “política, realista, pragmática y duradera” y consideró la iniciativa de autonomía como un elemento fundamental de ese proceso. También apoyó los esfuerzos del Enviado Personal del secretario general de Naciones Unidas para impulsar las negociaciones.

No se trata de una ruptura súbita con la posición anterior de El Salvador. Ya en debates de Naciones Unidas, El Salvador había expresado su apoyo a los esfuerzos de Marruecos para alcanzar una solución realista, pragmática y duradera y había considerado la iniciativa de autonomía una pieza fundamental del proceso.

Ecuador, en cambio, empleó un lenguaje particularmente contundente en octubre. Su representante afirmó que, de conformidad con la resolución 2797, Ecuador apoya la propuesta marroquí de autonomía y la considera “la única propuesta seria, creíble y realista” para avanzar hacia una solución duradera. Quito también pidió a las partes negociar de buena fe y sin condiciones previas bajo los auspicios de Naciones Unidas.

El acercamiento ecuatoriano se inserta además en una relación bilateral que está adquiriendo contenido económico y de cooperación. En septiembre, Marruecos participó como país invitado de honor en la Feria de Cooperación Internacional organizada en Ibarra, una señal de la voluntad de ambos Gobiernos de ampliar los vínculos más allá de la cuestión sahariana.

La arquitectura diplomática de Mohammed VI

La sucesión de respaldos permite observar una característica fundamental de la política exterior marroquí: la defensa del Sáhara no constituye una política aislada, sino el núcleo de una estrategia internacional de largo plazo impulsada por Mohammed VI.

Desde África occidental hasta el Golfo, pasando por Europa, América Latina y Estados Unidos, Rabat ha procurado construir relaciones que combinen diplomacia política, cooperación económica, inversiones, seguridad, religión, infraestructura y proyectos continentales. La cuestión del Sáhara aparece integrada dentro de esa red y no como un expediente separado.

La estrategia posee una lógica particularmente visible en África. El retorno de Marruecos a la Unión Africana, la intensificación de sus vínculos con Estados subsaharianos, la apertura de consulados en las provincias del Sur y la iniciativa atlántica destinada a facilitar a los países del Sahel sin litoral el acceso al océano han creado un entramado en el que la diplomacia y la geoeconomía se refuerzan mutuamente. El proyecto del puerto de Dajla Atlántico forma parte de esa visión de conexión entre el Sáhara, el África occidental y los mercados internacionales.

En este contexto, los respaldos del Golfo y de América Latina tienen un efecto acumulativo. No significan por sí mismos el cierre del contencioso, que continúa sujeto al proceso político de Naciones Unidas y a posiciones contrapuestas. Pero sí modifican progresivamente el entorno diplomático en el que se desarrolla la negociación.

El dato más importante quizá no sea el número exacto de Estados que apoyan la propuesta marroquí, sino la diversidad geográfica de esos apoyos. Que una misma iniciativa encuentre respaldo entre las monarquías del Golfo, países africanos, Estados latinoamericanos, potencias occidentales y otros actores internacionales demuestra que Rabat ha conseguido convertir la cuestión del Sáhara en una prioridad de su diplomacia global.

La próxima etapa dependerá de la capacidad de las partes para transformar ese nuevo contexto diplomático en negociaciones sustantivas. Naciones Unidas continúa siendo el escenario institucional central y el principio de una solución mutuamente aceptable permanece formalmente vigente. Pero el punto de partida ya no es el mismo que hace dos décadas.

La gran apuesta de Mohammed VI ha consistido precisamente en modificar ese punto de partida mediante una paciente acumulación de relaciones políticas, económicas y estratégicas. El respaldo conjunto del CCG, El Salvador, Chile y Ecuador constituye una nueva expresión de esa política. Más que una sucesión de declaraciones aisladas, revela la existencia de una red diplomática que Rabat ha construido durante años y que ahora comienza a proyectar sus efectos con particular claridad en los foros internacionales.

El Sáhara sigue siendo un conflicto abierto. Lo que ha cambiado sustancialmente es el contexto diplomático en el que se discute su futuro.

 

Flávio Bolsonaro en Brasil: una oportunidad y un desafío para la Argentina de Milei

Un eventual triunfo del hijo de Jair Bolsonaro modificaría profundamente el equilibrio político de América del Sur. Para el Gobierno de Javier Milei supondría el fin de la incómoda convivencia con un Brasil gobernado por Lula da Silva, pero también abriría una competencia inédita por la atención de Washington, las inversiones occidentales y los mercados internacionales.

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Buenos Aires - La eventual llegada de Flávio Bolsonaro al Palacio de Planalto produciría una transformación de considerable magnitud en la geopolítica sudamericana. No se trataría solamente del regreso del apellido Bolsonaro al Gobierno de Brasil, sino de la incorporación de la mayor economía latinoamericana a un espacio político regional en el que ya se encuentran la Argentina de Javier Milei, Paraguay, Ecuador, Perú, Chile y, con diferentes matices, otros gobiernos de orientación conservadora. Después de una primera vuelta en la que Flávio obtuvo el 47,03% de los votos frente al 45,16% de Luiz Inácio Lula da Silva, la segunda vuelta del 25 de octubre aparece como una elección capaz de modificar simultáneamente el mapa político sudamericano y las relaciones entre las grandes potencias y la región.

Para la Argentina, el cambio tendría una característica paradójica: sería, al mismo tiempo, una oportunidad política extraordinaria y un desafío económico considerable. La llegada de un presidente brasileño ideológicamente próximo a Milei terminaría con la tensión política que caracterizó la relación entre Buenos Aires y Brasilia durante el Gobierno de Lula. Pero esa misma coincidencia convertiría a Brasil en un competidor mucho más poderoso que la Argentina por el favor de Washington, el capital internacional y la consideración estratégica de la Casa Blanca.

El fin de la anomalía Milei-Lula

La relación entre Milei y Lula ha estado condicionada desde el comienzo por una profunda incompatibilidad ideológica. El presidente argentino hizo de su rechazo al socialismo uno de los ejes de su política exterior y llegó a respaldar abiertamente la candidatura de Flávio durante su visita a Brasil. En aquella ocasión calificó duramente a Lula y expresó su voluntad de contribuir a una nueva mayoría conservadora en América Latina.

Un Gobierno de Flávio Bolsonaro permitiría transformar esa coincidencia ideológica en una relación institucional entre dos de las principales economías sudamericanas. La cooperación podría adquirir particular intensidad en seguridad, energía, infraestructura, comercio, lucha contra el crimen organizado y cooperación diplomática. También facilitaría la coordinación de posiciones en organismos multilaterales y en asuntos regionales en los que Buenos Aires y Brasilia han mantenido discrepancias durante la Administración Lula.

El propio programa de Flávio contempla un acercamiento explícito a la Argentina. El documento electoral registrado ante las autoridades brasileñas prioriza la aproximación a Estados Unidos, Israel y Argentina, además de la incorporación a la OCDE y una apertura comercial gradual. Esa referencia constituye un dato de enorme importancia para Buenos Aires: significa que la Argentina no sería considerada únicamente como un socio comercial, sino como una pieza relevante de la estrategia internacional del eventual Gobierno Bolsonaro.

La cuestión, sin embargo, es si esa proximidad política se traduciría automáticamente en beneficios económicos. La respuesta es menos evidente.

Un MERCOSUR más abierto e incierto

El punto donde podrían coincidir con mayor claridad Milei y Flávio sería el futuro del MERCOSUR. Ambos dirigentes comparten la percepción de que las restricciones institucionales del bloque, especialmente la obligación de negociar colectivamente con terceros países, limitan la capacidad de cada miembro para desarrollar una política comercial propia.

Flávio llegó a plantear durante la campaña que Brasil debería liberarse de las “amarras” del MERCOSUR para poder avanzar hacia acuerdos bilaterales, una posición extraordinariamente cercana a la sostenida desde hace tiempo por Milei. También cuestionó la utilización del bloque como instrumento de confrontación ideológica con Estados Unidos.

La consecuencia más probable no sería una retirada brasileña del MERCOSUR. El costo económico, jurídico y empresarial de abandonar el bloque sería demasiado elevado, especialmente para sectores brasileños integrados con la economía argentina, como el automotor, la industria de bienes de capital y numerosas cadenas manufactureras. Lo más plausible sería una transformación gradual del bloque desde una unión comercial relativamente disciplinada hacia una estructura más flexible, con mayores excepciones y mayor libertad para negociar acuerdos externos.

Para Milei, esa transformación tendría una ventaja inmediata. Argentina podría avanzar con mayor libertad hacia un acuerdo comercial con Estados Unidos sin quedar necesariamente condicionada por la posición brasileña. El problema es que la liberalización también funcionaría en sentido contrario. Brasil podría abrir sus mercados a Estados Unidos, Asia y otras economías y permitir que competidores internacionales accedieran con mayor facilidad al gigantesco mercado brasileño.

La preferencia que actualmente poseen determinados productos argentinos en Brasil podría, por tanto, perder valor relativo. La industria argentina debería competir con empresas estadounidenses, asiáticas y europeas en condiciones diferentes de las actuales. El problema sería particularmente sensible para el sector automotor, cuya integración productiva argentino-brasileña constituye uno de los pilares del comercio bilateral.

Los números explican la dimensión del riesgo. En 2025, el intercambio comercial entre Argentina y Brasil alcanzó 31.195 millones de dólares, el nivel más elevado desde 2013. Argentina exportó a Brasil 12.771 millones de dólares e importó 18.424 millones. Brasil continúa siendo, además, el principal destino de las exportaciones argentinas.

La flexibilización del MERCOSUR, por lo tanto, sería beneficiosa para la Argentina únicamente si Buenos Aires consigue simultáneamente aumentar su productividad y conquistar nuevos mercados. De lo contrario, podría producirse una paradoja: Milei obtendría el MERCOSUR más flexible que reclama, pero la industria argentina perdería parte de la protección que actualmente le proporciona el mercado brasileño.

Dos gobiernos, una competencia por Washington

El cambio más importante quizás no se produciría en Brasilia sino en Washington.

Durante los últimos años, la Argentina de Milei adquirió una posición singular como principal aliado político de Estados Unidos en Sudamérica. Un Brasil gobernado por Flávio Bolsonaro modificaría radicalmente esa ecuación. Estados Unidos dispondría entonces de dos grandes gobiernos sudamericanos ideológicamente próximos y, sobre todo, de acceso privilegiado a una economía brasileña de dimensiones incomparables con la argentina.

El problema para Buenos Aires no sería perder el favor estadounidense, sino dejar de tener la exclusividad que hasta ahora le había otorgado un valor estratégico adicional.

Brasil posee una escala demográfica, industrial, energética y minera que lo convierte en un socio extraordinariamente atractivo para Washington. El país dispone, además, de enormes reservas de minerales críticos y tierras raras. Brasil posee aproximadamente 21 millones de toneladas de reservas de tierras raras, frente a unos 44 millones de China, y concentra también proporciones relevantes de las reservas mundiales de grafito, niobio, níquel y litio.

Flávio ha comprendido perfectamente esa circunstancia. Su aproximación a Trump, J. D. Vance y Marco Rubio y su interés por convertir a Brasil en un proveedor occidental de minerales estratégicos muestran que la relación con Estados Unidos no estaría basada exclusivamente en afinidades ideológicas.

En este terreno, la Argentina debería asumir una realidad incómoda: Brasil podría convertirse simultáneamente en aliado y competidor.

La Casa Blanca tendría interés en el litio argentino, el cobre, el gas de Vaca Muerta y otros recursos, pero tendría también acceso a un Brasil con una escala productiva mucho mayor y una formidable dotación de minerales estratégicos. La competencia por inversiones estadounidenses podría intensificarse.

La cuestión no es menor porque el eventual Gobierno Bolsonaro parece querer presentar a Brasil como una alternativa occidental a la dependencia de China. Un documento vinculado a su entorno llegó a proponer que Brasil se convirtiera en uno de los principales proveedores mundiales de minerales críticos fuera de China y en un centro de procesamiento para las cadenas de suministro alineadas con Estados Unidos.

Para Milei, la conclusión sería clara: un Brasil aliado no necesariamente significa un Brasil subordinado a la Argentina. Por el contrario, podría ser el principal competidor de Buenos Aires en la nueva carrera sudamericana por capitales occidentales.

China: pragmatismo antes que ruptura

La política hacia China constituiría probablemente el principal límite a una completa alineación brasileña con Washington.

Flávio ha utilizado un lenguaje duro respecto de los BRICS y de la desdolarización, pero su posición hacia China es considerablemente más pragmática. El propio material de campaña señala su intención de mantener una relación “económicamente pragmática” con Pekín: vender alimentos y energía, atraer inversiones y evitar que Brasil tenga que escoger formalmente entre China y Estados Unidos.

La razón es elemental. China es demasiado importante para Brasil como para ser sustituida mediante una decisión política.

En 2025, el comercio bilateral Brasil-China alcanzó un récord de 171.000 millones de dólares, con exportaciones brasileñas por unos 100.000 millones e importaciones cercanas a 70.900 millones. China representa, por tanto, un componente fundamental de la balanza comercial brasileña.

La dimensión inversora tampoco permite imaginar un desacoplamiento rápido. Brasil recibió 6.100 millones de dólares de inversiones chinas durante 2025, convirtiéndose en el principal destino mundial de las inversiones chinas ese año. El stock acumulado desde 2007 ascendía a unos 85.500 millones de dólares.

En consecuencia, un Gobierno de Flávio probablemente intentaría aplicar una fórmula de “China para el comercio, Estados Unidos para la seguridad”. La inversión china podría continuar en energía, minería y sectores productivos, mientras Brasil impondría mayores restricciones en telecomunicaciones, infraestructura portuaria, tecnologías sensibles y determinadas cadenas estratégicas.

Esta fórmula ya contiene una enseñanza para la Argentina. Brasil podría conseguir algo que Buenos Aires todavía intenta construir: beneficiarse simultáneamente de Washington y Pekín sin adoptar una dependencia política plena de ninguno de los dos.

Si Flávio consigue mantener abiertas las exportaciones brasileñas hacia China mientras obtiene inversiones y ventajas estratégicas de Estados Unidos, Argentina se encontraría compitiendo con un socio que juega simultáneamente en ambos tableros.

El futuro brasileño en los BRICS

La posición brasileña dentro de los BRICS constituiría uno de los mayores interrogantes.

Flávio ha sostenido que revisaría la permanencia brasileña en el grupo y ha cuestionado su utilización como instrumento de confrontación con Estados Unidos. Sin embargo, una retirada formal sería mucho más compleja que una modificación de la política brasileña dentro del bloque.

Lo más probable sería un BRICS con participación brasileña más fría y menos politizada. Brasil podría reducir su protagonismo en las iniciativas de desdolarización, evitar convertir al bloque en una plataforma explícitamente antiestadounidense y disminuir su participación en proyectos financieros concebidos como alternativas al sistema dominado por Washington.

Para la Argentina de Milei, que rechazó incorporarse a los BRICS, semejante evolución sería políticamente confortable. Pero tampoco supondría un beneficio económico directo. Brasil seguiría comerciando intensamente con China y otros miembros del grupo, mientras Argentina continuaría fuera de esa arquitectura institucional.

El escenario más interesante sería, precisamente, el de un Brasil que no abandone los BRICS, pero los convierta en un instrumento predominantemente económico y no geopolítico. La fórmula permitiría a Brasil conservar mercados, inversiones y capacidad de negociación mientras estrecha simultáneamente sus vínculos estratégicos con Estados Unidos.

Seguridad, fronteras y una nueva agenda bilateral

Existe otro terreno donde la coincidencia entre Milei y Flávio podría ser especialmente intensa: la seguridad.

El programa brasileño propone declarar al crimen organizado una amenaza de naturaleza narcoterrorista, endurecer las penas y fortalecer la cooperación con Estados Unidos. Desarrollando incluso una extensa infraestructura tecnológica de vigilancia fronteriza y urbana.

Para Argentina, una política brasileña más agresiva contra el crimen organizado podría ser beneficiosa. La Triple Frontera, el tráfico de drogas, el lavado de activos, el contrabando y las actividades vinculadas al Primeiro Comando da Capital constituyen problemas necesariamente transnacionales.

Una mayor coordinación de inteligencia entre Buenos Aires, Brasilia y Asunción podría mejorar considerablemente la capacidad de respuesta regional. También podrían acelerarse proyectos relacionados con infraestructura fronteriza, hidrovías, energía y conectividad.

Pero la seguridad sería igualmente una fuente potencial de controversias si el nuevo Gobierno brasileño adoptara posiciones demasiado confrontativas respecto de las instituciones democráticas, el Poder Judicial o los organismos internacionales.

Una relación más próxima, pero no necesariamente más fácil

La paradoja central de un eventual Gobierno de Flávio Bolsonaro puede resumirse de una manera sencilla: para Milei sería probablemente el mejor escenario político y uno de los escenarios económicos más complejos.

La convergencia ideológica entre Buenos Aires y Brasilia permitiría superar años de fricción presidencial, revitalizar la cooperación bilateral y crear un eje político de enorme peso en América del Sur. También podría favorecer la modernización del MERCOSUR, una política regional más coordinada frente al crimen organizado y una relación más estrecha con Washington.

Pero la misma convergencia transformaría a Brasil en un competidor formidable. Buenos Aires dejaría de ser el único gran socio sudamericano de Washington y tendría que competir con la economía brasileña por inversiones, acuerdos, preferencias comerciales y protagonismo estratégico.

La variable decisiva será la capacidad argentina para aprovechar la nueva situación. Si Buenos Aires utiliza una eventual convergencia con Brasil para impulsar acuerdos comerciales, mejorar la infraestructura regional, integrar cadenas productivas y atraer inversiones hacia energía, minería y tecnología, el resultado podría ser extraordinariamente favorable.

Si, por el contrario, Argentina se limita a celebrar la coincidencia ideológica con Brasil, corre el riesgo de descubrir que la amistad entre dos gobiernos no elimina la competencia entre dos economías.

El verdadero desafío para Milei no sería entonces conseguir que Flávio Bolsonaro sea un aliado. Todo indica que un eventual Gobierno Bolsonaro estaría dispuesto a serlo. El desafío sería conseguir que esa alianza convierta al eje Buenos Aires-Brasilia en un factor de poder regional sin que Brasil, por su mayor escala económica, demográfica y estratégica, termine ocupando en Washington el lugar que la Argentina conquistó durante los últimos años.

La frase que mejor resume el escenario pertenece, paradójicamente, al propio entorno económico de Flávio. Su eventual Gobierno, ha explicado Daniella Marques, mantendría “un gobierno abierto al diálogo con todos los países, China, Estados Unidos, Europa”, utilizando la riqueza natural brasileña para fortalecer la posición internacional del país. Esa doctrina contiene probablemente la clave del futuro: Brasil no parece destinado a elegir entre Washington y Pekín, sino a utilizar la rivalidad entre ambos para aumentar su propio poder de negociación.

Para la Argentina, la lección es inequívoca. Un Brasil gobernado por Flávio Bolsonaro podría abrir una extraordinaria ventana de oportunidad para la integración política del Cono Sur, pero también obligaría a Buenos Aires a abandonar cualquier ilusión de liderazgo regional automático. En el nuevo escenario, la relación bilateral dejaría de estar condicionada por la distancia ideológica entre Milei y Lula. Sería determinada, mucho más crudamente, por la capacidad de cada país para transformar sus recursos, su posición geográfica y sus alianzas internacionales en poder económico efectivo.