Marruecos consolida en África Occidental un nuevo eje diplomático con Guinea-Bisáu mientras se amplía el respaldo al Plan de Autonomía para el Sáhara

 

La reafirmación del apoyo de Guinea-Bisáu al Plan de Autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara constituye mucho más que un nuevo pronunciamiento diplomático. Expresa la consolidación de una alianza política construida durante décadas, sustentada en una intensa cooperación Sur-Sur, en proyectos estratégicos para el desarrollo del África atlántica y en una visión compartida sobre la integración regional. El entendimiento entre Rabat y Bissau refleja, además, la creciente capacidad de Marruecos para convertir su política africana en uno de los principales instrumentos de su proyección internacional.

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Buenos Aires - Durante los últimos años la política exterior marroquí ha experimentado una profunda transformación. Sin abandonar sus tradicionales vínculos con Europa y el Mediterráneo, Rabat ha situado al continente africano en el centro de su estrategia diplomática, económica y geopolítica. El Reino ha buscado consolidar una extensa red de alianzas que trascienden el ámbito estrictamente bilateral para convertirse en un proyecto de integración regional basado en inversiones, cooperación técnica, conectividad, seguridad alimentaria, infraestructura y desarrollo económico.

En ese amplio entramado diplomático, Guinea-Bisáu ocupa un lugar de creciente importancia. Aunque se trata de uno de los países de menor dimensión económica del África occidental, su posición geográfica sobre el Atlántico, su pertenencia activa a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), su participación en la Unión Africana y su condición de interlocutor en los principales foros continentales le otorgan un valor estratégico que Marruecos ha sabido reconocer y cultivar.

La visita oficial realizada a Rabat por la ministra de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Comunidades de Guinea-Bisáu, Fatumata Jau, culminó con una declaración política de considerable alcance. Tras reunirse con el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, la responsable de la diplomacia bisauguineana reiteró de manera explícita la posición "constante e inquebrantable" de su país en favor de la integridad territorial de Marruecos y de su soberanía sobre el Sáhara. El pronunciamiento confirmó igualmente el respaldo de Bissau al Plan de Autonomía presentado por Rabat como la única solución creíble, seria y realista para resolver el diferendo existente.

La importancia de esta declaración trasciende el plano simbólico. En la diplomacia africana las posiciones expresadas públicamente por los gobiernos suelen responder a procesos prolongados de construcción de consensos políticos. El respaldo de Guinea-Bisáu no constituye una reacción coyuntural, sino la continuación de una línea diplomática sostenida durante varios años y materializada mediante decisiones concretas que han fortalecido progresivamente la relación bilateral.

Uno de los hitos más significativos fue la apertura, en octubre de 2020, del Consulado General de Guinea-Bisáu en Dajla. Desde la perspectiva de Rabat, la presencia de representaciones diplomáticas extranjeras en esa ciudad constituye un reconocimiento efectivo de la administración marroquí sobre el territorio. Para Bissau, aquella decisión representó un compromiso político de largo plazo con la posición defendida por Marruecos en torno al Sáhara. Durante su reciente visita, Fatumata Jau volvió a subrayar que la apertura del consulado simboliza la solidez de la asociación entre ambos Estados y se inscribe dentro de la dinámica internacional impulsada por el rey Mohammed VI para fortalecer el respaldo al Plan de Autonomía.

El lenguaje empleado por la canciller bisauguineana tampoco pasó inadvertido para los observadores internacionales. Al referirse al litigio sobre el Sáhara como un "diferendo artificial", Bisáu adoptó una formulación coincidente con la narrativa diplomática desarrollada desde hace años por Marruecos. Del mismo modo, la ministra sostuvo que el Plan de Autonomía constituye la única alternativa viable para alcanzar una solución política duradera, reforzando así la posición que Rabat defiende de forma sistemática en los foros internacionales.

El respaldo expresado durante las conversaciones en Rabat también incluyó una valoración positiva de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, considerada por Guinea-Bisáu como un elemento que contribuye al proceso político impulsado bajo los auspicios de la ONU. La canciller destacó la importancia de dicho marco para avanzar hacia una solución negociada y mutuamente aceptable, reafirmando la confianza de su país en los mecanismos multilaterales de resolución de controversias.

Sin embargo, reducir las relaciones entre Marruecos y Guinea-Bisáu únicamente a la cuestión del Sáhara supondría ignorar la amplitud de una asociación que se ha ido consolidando durante décadas. Ambos países han desarrollado una cooperación multidimensional que abarca desde la agricultura hasta la formación de recursos humanos, pasando por la salud pública, la educación superior, la pesca, la seguridad alimentaria, las infraestructuras, la banca y el fortalecimiento institucional.

Desde la llegada al trono del rey Mohammed VI, la política africana de Marruecos ha descansado sobre un principio constante: sustituir la lógica tradicional de la ayuda por una estrategia de asociación entre iguales basada en beneficios recíprocos. Esa concepción, definida por Rabat como cooperación Sur-Sur, ha encontrado en Guinea-Bisáu un interlocutor especialmente receptivo debido a las necesidades de desarrollo del país y a la convergencia de intereses en materia de integración regional.

Las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, establecidas poco después de la independencia de Guinea-Bisáu, atravesaron diversas etapas marcadas por las transformaciones políticas africanas posteriores a la Guerra Fría. Durante los últimos veinte años, sin embargo, el vínculo adquirió una intensidad inédita gracias al incremento de las visitas oficiales, la firma de acuerdos sectoriales y la creciente presencia de empresas e instituciones marroquíes en África occidental.

Esa evolución se explica, en buena medida, por la estrategia desplegada por Mohammed VI desde comienzos de este siglo para reforzar la presencia económica y diplomática del Reino en el continente. A diferencia de otros actores externos que centran su acción en la explotación de recursos naturales o en la competencia geopolítica con potencias rivales, Marruecos ha procurado construir una red de asociaciones estables apoyadas en inversiones de largo plazo, programas de formación, cooperación financiera e iniciativas de integración regional.

Guinea-Bisáu ha encontrado en ese modelo una oportunidad para diversificar sus alianzas internacionales, reducir su dependencia de la ayuda tradicional y acceder a nuevos instrumentos de cooperación orientados al fortalecimiento institucional y al desarrollo económico. Esta convergencia de intereses explica que la dimensión política de la relación haya evolucionado paralelamente a una creciente cooperación económica y técnica, generando un nivel de confianza mutua poco frecuente entre Estados de dimensiones tan diferentes.

La reciente reunión de Rabat confirmó precisamente esa evolución. Las declaraciones oficiales no se limitaron al respaldo sobre el Sáhara, sino que pusieron de manifiesto la voluntad de ambas capitales de profundizar una asociación estratégica concebida como parte de una visión más amplia del futuro del continente africano, donde la estabilidad política, la conectividad atlántica y la integración económica aparecen como objetivos inseparables del desarrollo regional.

Una sólida asociación estratégica

La profundidad alcanzada por las relaciones entre Marruecos y Guinea-Bisáu resulta aún más evidente cuando se examina la agenda de cooperación que ambos gobiernos han venido construyendo durante los últimos años. Lejos de limitarse a la tradicional asistencia técnica o al intercambio protocolar entre cancillerías, Rabat ha procurado integrar a Bisáu en una estrategia africana mucho más ambiciosa, concebida para fortalecer las capacidades económicas del continente mediante proyectos de conectividad, infraestructura, seguridad energética y cooperación institucional.

Esta política responde a una concepción que el Reino ha convertido en uno de los pilares de su acción exterior. Desde el inicio del reinado de Mohammed VI, Marruecos ha defendido la necesidad de que África impulse su propio desarrollo mediante mecanismos de cooperación entre Estados africanos, reduciendo la dependencia de los tradicionales esquemas de ayuda internacional. Esa visión ha encontrado una recepción favorable en numerosos países del África occidental, entre ellos Guinea-Bisáu, cuya economía continúa enfrentando importantes desafíos estructurales relacionados con la modernización de sus instituciones, la diversificación productiva y la atracción de inversiones.

Durante las conversaciones celebradas en Rabat, la ministra Fatumata Jau expresó de manera explícita el respaldo de su gobierno a las principales iniciativas impulsadas por el monarca marroquí para favorecer la emergencia económica del continente. Las declaraciones conjuntas pusieron de relieve que Bisáu considera esos proyectos instrumentos destinados a reforzar la integración regional y a generar nuevas oportunidades de crecimiento para África occidental.

Uno de los ejes centrales de esa estrategia es el denominado Proceso de los Estados Africanos Atlánticos, una iniciativa concebida para articular un espacio permanente de concertación entre los países africanos con fachada sobre el océano Atlántico. El proyecto persigue objetivos que van mucho más allá de la cooperación diplomática tradicional. Pretende desarrollar mecanismos conjuntos para fortalecer la seguridad marítima, facilitar el comercio regional, mejorar las comunicaciones portuarias, coordinar políticas pesqueras y promover inversiones que permitan aprovechar el enorme potencial económico de la costa atlántica africana.

Para Guinea-Bisáu, cuya economía mantiene una estrecha dependencia de sus recursos marítimos y de las actividades portuarias, esta iniciativa posee una relevancia estratégica evidente. La extensa fachada atlántica del país constituye uno de sus principales activos geopolíticos, razón por la cual las autoridades bisauguineanas consideran que una mayor coordinación regional puede traducirse en nuevas oportunidades comerciales y en una mejora de las condiciones de seguridad frente a fenómenos como la pesca ilegal, el crimen organizado transnacional y el narcotráfico marítimo.

La ministra Jau destacó precisamente que este proceso abre importantes posibilidades de sinergia y cooperación entre los Estados participantes, al ofrecer un marco institucional estable para coordinar políticas de desarrollo en sectores considerados esenciales para el crecimiento africano.

La importancia concedida por Guinea-Bisáu a esta iniciativa refleja una tendencia cada vez más visible dentro de la diplomacia africana contemporánea. Numerosos gobiernos consideran que la integración regional ya no puede limitarse exclusivamente a la eliminación de barreras comerciales, sino que debe incorporar una dimensión geoestratégica capaz de convertir al Atlántico africano en un verdadero espacio de desarrollo compartido.

Esa misma lógica inspira otra de las propuestas impulsadas por Mohammed VI que recibió un respaldo particularmente enfático por parte de Bisáu: la iniciativa destinada a facilitar el acceso de los países del Sahel al océano Atlántico.

La región saheliana atraviesa desde hace años una compleja combinación de crisis políticas, conflictos armados, terrorismo y limitaciones estructurales para el desarrollo económico. A ello se suma una desventaja geográfica que condiciona severamente sus posibilidades comerciales: varios de sus Estados carecen de salida al mar y dependen de corredores terrestres vulnerables para acceder a los mercados internacionales.

Frente a esa realidad, Marruecos ha promovido una propuesta destinada a facilitar la conexión logística entre los países sahelianos y los puertos atlánticos, favoreciendo el comercio, la circulación de mercancías y la integración económica regional.

Guinea-Bisáu interpretó esta iniciativa como una expresión concreta de solidaridad africana. Durante la reunión bilateral celebrada en Rabat, Fatumata Jau subrayó el alcance estratégico del proyecto y valoró especialmente el compromiso asumido por Marruecos para contribuir al desarrollo de los países hermanos del continente mediante mecanismos de cooperación mutuamente beneficiosos.

La dimensión económica de esta política encuentra quizás su máxima expresión en el proyecto del gran gasoducto África-Atlántico, concebido para unir Nigeria con Marruecos a través de una extensa infraestructura que recorrerá buena parte de la costa occidental africana.

Se trata de una de las iniciativas energéticas más ambiciosas actualmente proyectadas en el continente. Además de favorecer el abastecimiento regional de gas natural, el corredor energético aspira a estimular inversiones industriales, mejorar la seguridad energética de numerosos países africanos y fortalecer la integración económica entre las distintas regiones del África occidental.

Aunque Guinea-Bisáu no constituye uno de los principales productores energéticos de la región, el desarrollo de este corredor representa para su economía una oportunidad potencial para incorporarse a nuevas cadenas regionales de inversión y logística.

No resulta casual, por ello, que la ministra bisauguineana alabara expresamente el avance del proyecto, calificándolo como un símbolo ejemplar de la cooperación Sur-Sur promovida por Marruecos. La definición posee un importante contenido político. Al describir el gasoducto bajo esa fórmula, Bisáu reconoce que la infraestructura trasciende el ámbito energético para convertirse en una manifestación del nuevo modelo de integración africana que Rabat procura impulsar desde hace más de una década.

La cooperación bilateral también incorpora una dimensión política menos visible, pero igualmente significativa. Durante las conversaciones entre ambas delegaciones quedó de manifiesto el respaldo marroquí a la candidatura de Guinea-Bisáu para representar a África en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un gesto que pone de relieve el elevado nivel de confianza alcanzado entre ambos gobiernos.

Este tipo de apoyos recíprocos constituye una práctica habitual dentro de la diplomacia africana contemporánea. Los Estados buscan coordinar posiciones en organismos multilaterales no solo para fortalecer sus respectivas candidaturas, sino también para construir redes permanentes de cooperación política que incrementen su capacidad de influencia dentro del sistema internacional.

En el caso de Marruecos, esa estrategia forma parte de una política mucho más amplia destinada a consolidar una masa crítica de aliados africanos que respalden sus posiciones en los principales organismos internacionales. Para Guinea-Bisáu, el apoyo diplomático de Rabat representa igualmente una oportunidad para aumentar su visibilidad internacional y fortalecer su presencia en espacios donde tradicionalmente las pequeñas potencias africanas disponen de un margen de actuación limitado.

Las relaciones económicas acompañan este proceso político. Ambos gobiernos han manifestado su voluntad de estimular las inversiones bilaterales y favorecer una mayor participación del sector privado en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo. Aunque el volumen comercial continúa siendo relativamente modesto en comparación con otras asociaciones africanas de Marruecos, las perspectivas de crecimiento aparecen vinculadas al desarrollo de los grandes corredores logísticos y energéticos que Rabat promueve en el África atlántica.

Desde esta perspectiva, el respaldo expresado por Guinea-Bisáu al Plan de Autonomía para el Sáhara no constituye un episodio aislado, sino una pieza más dentro de una asociación política que combina cooperación económica, coordinación diplomática e integración regional. La cuestión del Sáhara aparece así estrechamente vinculada a una visión compartida sobre el futuro del continente, en la que ambos gobiernos defienden un modelo de desarrollo sustentado en la estabilidad política, la conectividad atlántica y el fortalecimiento de las capacidades africanas para impulsar su propio crecimiento.

Un nuevo paradigma geopolítico

La creciente sintonía entre Marruecos y Guinea-Bisáu debe interpretarse, además, en el contexto de una transformación mucho más amplia de la geopolítica africana respecto del Sáhara. Durante las dos últimas décadas, y con especial intensidad desde el regreso de Marruecos a la Unión Africana en 2017, Rabat ha desplegado una política exterior orientada a consolidar un entramado de alianzas continentales sustentadas en la cooperación económica, el desarrollo compartido y una presencia diplomática constante en África subsahariana. El objetivo ha consistido en sustituir la lógica de la confrontación ideológica que caracterizó buena parte del debate africano durante la Guerra Fría por una estrategia basada en intereses comunes y beneficios tangibles para los Estados asociados.

Ese cambio de paradigma explica que numerosos gobiernos africanos hayan optado por profundizar sus relaciones con Marruecos al mismo tiempo que manifiestan un respaldo cada vez más explícito al Plan de Autonomía para el Sáhara. En la visión de Rabat, la propuesta presentada en 2007 constituye el marco más adecuado para conciliar la preservación de la soberanía nacional con un amplio régimen de autogobierno destinado a garantizar la gestión de los asuntos locales por parte de la población sahariana. La diplomacia marroquí sostiene que esa fórmula representa una solución pragmática, compatible con la estabilidad regional y con las resoluciones impulsadas por las Naciones Unidas.

Guinea-Bisáu se ha convertido en uno de los exponentes más consistentes de esa corriente diplomática. La reciente reafirmación de su posición no introdujo novedades doctrinales respecto de la política seguida por Bisáu durante los últimos años, pero sí consolidó una imagen de continuidad institucional particularmente relevante en un continente donde los cambios de gobierno suelen traducirse en modificaciones de la orientación exterior. La canciller Fatumata Jau insistió en que el respaldo de su país responde a una política de Estado y no a una decisión circunstancial derivada del contexto internacional. Esa continuidad constituye precisamente uno de los elementos que Rabat busca proyectar como prueba de la solidez de sus alianzas africanas.

No resulta casual que, durante las conversaciones celebradas en Rabat, ambas delegaciones evitaran circunscribir el diálogo exclusivamente al ámbito bilateral. La declaración conjunta puso de manifiesto una visión compartida acerca de los desafíos que enfrenta el continente africano en un escenario internacional caracterizado por la creciente competencia entre potencias globales, la inestabilidad en el Sahel, las tensiones derivadas de las transformaciones energéticas y la necesidad de desarrollar nuevas infraestructuras que permitan incrementar la conectividad entre las distintas regiones africanas.

Desde esa perspectiva, las iniciativas impulsadas por Mohammed VI adquieren una dimensión que trasciende el interés nacional de Marruecos. El Proceso de los Estados Africanos Atlánticos, la apertura de corredores logísticos hacia el océano Atlántico para los países del Sahel y el desarrollo del gran gasoducto que conectará Nigeria con Marruecos forman parte de una misma arquitectura estratégica destinada a fortalecer la autonomía económica del continente y reducir los costes derivados de la fragmentación regional. Guinea-Bisáu ha respaldado expresamente esa visión, interpretándola como una contribución al fortalecimiento de la integración africana y al desarrollo de mecanismos permanentes de cooperación entre Estados que comparten intereses geográficos y económicos comunes.

La cooperación entre ambos países también ilustra una característica distintiva de la política africana de Marruecos: la combinación de instrumentos diplomáticos, económicos y simbólicos. La apertura del Consulado General de Guinea-Bisáu en Dajla constituye un ejemplo particularmente ilustrativo de esa estrategia. Más allá de sus funciones consulares, la representación diplomática se ha convertido en un elemento de alto valor político para Rabat, al expresar de manera visible el reconocimiento de la administración marroquí sobre el Sáhara por parte de un Estado africano. La decisión adoptada en 2020 continúa siendo evocada por ambas cancillerías como una prueba tangible de la profundidad alcanzada por la relación bilateral.

Para Guinea-Bisáu, el acercamiento a Marruecos responde igualmente a consideraciones de política exterior que trascienden el debate sobre el Sáhara. El país busca ampliar su margen de maniobra internacional mediante asociaciones capaces de favorecer inversiones, mejorar las capacidades institucionales y facilitar el acceso a redes de cooperación técnica. Marruecos, convertido en una de las economías más diversificadas del continente y en un actor financiero de creciente influencia en África occidental, aparece para Bissau como un socio capaz de aportar experiencia en sectores estratégicos como la agricultura, la gestión portuaria, la banca, la formación profesional y el desarrollo de infraestructuras.

Ese componente económico adquiere una relevancia especial en un momento en que África occidental intenta responder simultáneamente a múltiples desafíos. La inestabilidad política registrada en varios países del Sahel, la expansión de organizaciones extremistas, las dificultades derivadas del cambio climático, la presión migratoria y la necesidad de acelerar la industrialización obligan a numerosos gobiernos africanos a buscar nuevas fórmulas de cooperación regional. La propuesta marroquí de impulsar una integración basada en grandes proyectos de infraestructura responde precisamente a ese contexto.

Desde una perspectiva geopolítica más amplia, la relación entre Marruecos y Guinea-Bisáu constituye también un indicador de la progresiva reconfiguración de las alianzas africanas. Durante décadas, las posiciones respecto del Sáhara estuvieron condicionadas por los alineamientos heredados de la Guerra Fría y por las rivalidades ideológicas que atravesaban el continente. En la actualidad, sin embargo, numerosos gobiernos tienden a evaluar sus relaciones exteriores en función de criterios vinculados al desarrollo económico, la estabilidad institucional y las oportunidades de inversión.

Ese cambio explica que el respaldo africano a Marruecos se encuentre hoy estrechamente asociado a una percepción favorable de su capacidad para actuar como motor de iniciativas continentales. Rabat ha procurado presentarse no solo como un interlocutor político, sino también como un promotor de proyectos concretos destinados a mejorar la conectividad regional, ampliar las infraestructuras energéticas y fortalecer la cooperación económica entre países africanos. Las declaraciones formuladas por Guinea-Bisáu durante la visita de Fatumata Jau reflejan precisamente esa visión al vincular el apoyo al Plan de Autonomía con el reconocimiento del liderazgo desempeñado por Mohammed VI en favor del desarrollo del continente.

En última instancia, la evolución de las relaciones entre Rabat y Bissau pone de manifiesto que la cuestión del Sáhara continúa siendo uno de los principales ejes estructurantes de la política exterior marroquí, pero revela al mismo tiempo una transformación de mayor alcance. Lejos de descansar exclusivamente sobre argumentos jurídicos o diplomáticos, Marruecos ha procurado insertar su posición en una estrategia continental mucho más amplia, en la que la cooperación económica, la integración africana y la promoción de grandes proyectos de infraestructura constituyen elementos inseparables de su acción internacional.

La reafirmación del apoyo de Guinea-Bisáu al Plan de Autonomía constituye, por tanto, mucho más que una declaración de solidaridad política. Refleja la consolidación de una alianza estratégica construida sobre intereses compartidos y sobre una concepción común del desarrollo africano, en la que la cooperación Sur-Sur se presenta como el instrumento privilegiado para afrontar los desafíos del siglo XXI. Al mismo tiempo, confirma la capacidad de Marruecos para convertir su política africana en uno de los principales vectores de su influencia internacional y para proyectar, a través de una diplomacia sostenida y de iniciativas de integración regional, una imagen de socio estable, comprometido con el crecimiento del continente y decidido a situar al África atlántica en el centro de las nuevas dinámicas geopolíticas internacionales.

 

El difícil regreso del fujimorismo

 

La presidenta electa hereda un país dividido en dos mitades casi irreconciliables, una economía que conserva fortalezas estructurales pero acusa el desgaste de una década de inestabilidad política, un Congreso donde deberá construir mayorías permanentes y una sociedad que observa su regreso al poder con una mezcla de esperanza, temor y profundo escepticismo.

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Buenos Aires - Veintiséis años después de la caída del régimen encabezado por su padre, el apellido Fujimori vuelve a instalarse en el Palacio de Gobierno de Lima. La victoria de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de 2026 constituye uno de los acontecimientos políticos más trascendentes de la historia reciente del Perú. No solamente representa el retorno al poder de la fuerza política más influyente de las últimas tres décadas, sino también el cierre provisional de un ciclo político marcado por la fragmentación institucional, la sucesión ininterrumpida de presidentes, la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y el agotamiento del denominado antifujimorismo como principal factor ordenador de la política peruana.

La confirmación oficial de los resultados por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tras un escrutinio excepcionalmente prolongado debido a la estrechísima diferencia entre los dos candidatos, puso fin al proceso electoral, aunque no consiguió clausurar la controversia política. Roberto Sánchez continúa denunciando irregularidades en el procesamiento de las actas provenientes del exterior y rechaza reconocer la legitimidad política de la nueva mandataria. Las autoridades electorales, sin embargo, rechazaron todas las impugnaciones presentadas y ratificaron la victoria de la candidata de Fuerza Popular.

La diferencia final apenas superó los cuarenta y nueve mil votos sobre más de dieciocho millones de sufragios válidos emitidos. Pocas veces en la historia republicana peruana un gobierno comenzó su mandato con una legitimidad jurídica tan sólida y una legitimidad política tan discutida.

Paradójicamente, la propia Keiko Fujimori es plenamente consciente de esa contradicción. Su victoria no expresa una adhesión mayoritaria al proyecto político del fujimorismo sino el resultado de una sociedad profundamente polarizada que continúa votando más contra sus adversarios que a favor de quienes finalmente resultan elegidos.

La presidenta electa llega al poder después de cuatro intentos presidenciales distribuidos a lo largo de quince años. Perdió frente a Ollanta Humala en 2011, frente a Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y frente a Pedro Castillo en 2021. Durante todo ese período el denominado antifujimorismo consiguió articular una heterogénea coalición integrada por sectores liberales, izquierdistas, centristas e incluso conservadores que compartían una única prioridad: impedir el regreso al poder del movimiento fundado por Alberto Fujimori. Esa coalición terminó desintegrándose bajo el peso de la propia crisis política peruana.

Los sucesivos gobiernos que sucedieron al mandato de Ollanta Humala fueron incapaces de reconstruir la confianza ciudadana. Pedro Pablo Kuczynski terminó renunciando acosado por el Congreso. Martín Vizcarra fue destituido mediante la discutida figura de la incapacidad moral permanente. Manuel Merino apenas permaneció algunos días en el poder antes de verse obligado a dimitir por una intensa movilización social. Francisco Sagasti condujo una transición precaria. Pedro Castillo protagonizó un fallido intento de autogolpe antes de ser destituido y encarcelado. Dina Boluarte gobernó bajo niveles históricamente bajos de aprobación mientras enfrentaba graves protestas sociales y denuncias por el uso excesivo de la fuerza.

En apenas una década el Perú conoció nueve presidentes. Ese extraordinario deterioro institucional modificó profundamente las prioridades del electorado. El principal problema dejó de ser la memoria del régimen de Alberto Fujimori para convertirse en la incapacidad del Estado de garantizar orden, estabilidad y seguridad.

El politólogo José Incio ha sostenido que el antifujimorismo dejó de funcionar como identidad política dominante porque las nuevas generaciones comenzaron a valorar con mayor intensidad las promesas de estabilidad que las advertencias sobre el pasado autoritario del país. En una línea semejante, Ricardo Cuenca interpreta la victoria de Fujimori como el producto del agotamiento colectivo frente a años de incertidumbre permanente. Para una parte considerable del electorado, la candidata dejó de representar el mayor de los riesgos para convertirse en el mal menor.

No significa que la sociedad peruana haya reconciliado su relación con el legado político de Alberto Fujimori. Muy por el contrario. La figura del antiguo presidente continúa dividiendo profundamente a la opinión pública.

Para millones de peruanos continúa siendo el dirigente que derrotó militarmente a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, estabilizó una economía devastada por la hiperinflación y sentó las bases del extraordinario crecimiento económico experimentado por el país durante las décadas siguientes.

Otros millones sigue siendo el responsable del autogolpe de 1992, de graves violaciones a los derechos humanos, del control político del Poder Judicial, del Congreso y de los medios de comunicación, así como del gigantesco entramado de corrupción organizado alrededor de Vladimiro Montesinos. Keiko Fujimori carga inevitablemente con ambas memorias.

Durante toda la campaña reivindicó los logros económicos y de seguridad alcanzados por el gobierno de su padre, pero procuró distanciarse de sus prácticas autoritarias. Prometió respetar plenamente el orden constitucional, fortalecer la institucionalidad democrática y combatir simultáneamente la corrupción y la criminalidad organizada. El desafío consiste precisamente en convencer de esa promesa a una sociedad extraordinariamente desconfiada.

Diversas encuestas realizadas durante la campaña mostraban que la imagen negativa de Fujimori continuaba superando ampliamente a su imagen favorable. Ningún presidente peruano reciente ha llegado al poder arrastrando semejantes niveles de rechazo social. La paradoja no deja de ser notable.

Nunca antes había conseguido ganar una elección presidencial, pero probablemente nunca antes había despertado tan pocas expectativas positivas entre quienes finalmente terminaron votando por ella. La explicación se encuentra menos en la fortaleza del fujimorismo que en la extraordinaria fragmentación del sistema político peruano. La primera vuelta electoral dejó un dato revelador. Keiko Fujimori apenas obtuvo alrededor del diecisiete por ciento de los votos válidos, convirtiéndose en la candidata más votada dentro de un universo de treinta y cinco postulantes presidenciales. Roberto Sánchez alcanzó apenas el doce por ciento. Entre ambos reunieron menos de un tercio del electorado.

En cualquier otro sistema político semejante resultado habría sido interpretado como una evidencia de extrema debilidad. En el Perú contemporáneo constituye, por el contrario, una demostración del grado de atomización alcanzado por la representación política.

La desaparición práctica de los grandes partidos nacionales produjo un escenario donde casi todas las organizaciones políticas poseen liderazgos personalistas, escasa implantación territorial y estructuras extremadamente frágiles. Los gobiernos llegan al poder sin bases parlamentarias suficientemente sólidas y deben negociar permanentemente con agrupaciones cuya cohesión interna suele modificarse en cuestión de meses. Ese fenómeno constituye probablemente el mayor desafío institucional que enfrentará la nueva presidenta. La victoria electoral no significa el final de la crisis política peruana. En muchos aspectos apenas inaugura una nueva etapa de la misma.

La sociedad permanece dividida casi exactamente por mitades. El mapa electoral reproduce antiguas fracturas territoriales entre Lima y las regiones andinas, entre la costa y el interior, entre los sectores urbanos relativamente integrados a la economía formal y amplias zonas rurales donde el Estado continúa siendo una presencia extremadamente limitada. La legitimidad territorial del nuevo gobierno también presenta claroscuros.

Aunque Fujimori terminó imponiéndose en el resultado nacional gracias al decisivo respaldo obtenido entre los peruanos residentes en el exterior, dentro del territorio peruano la distribución del voto volvió a mostrar una geografía profundamente fragmentada. Las regiones del sur andino continúan siendo particularmente refractarias al fujimorismo, mientras la costa central y norte volvió a convertirse en uno de sus principales bastiones electorales.

Esa fractura geográfica trasciende las preferencias partidarias. Expresa modelos distintos de desarrollo económico, percepciones diferentes acerca del Estado y memorias históricas frecuentemente incompatibles. Gobernar ese país exigirá algo más complejo que administrar una mayoría parlamentaria. Exigirá reconstruir una comunidad política cuya cohesión viene deteriorándose desde hace más de una década. Y esa será probablemente la prueba más difícil del segundo fujimorismo.

Gobernar con una minoría política: el verdadero desafío de Keiko Fujimori

Si la victoria electoral de Keiko Fujimori puso fin a una larga espera personal de quince años, el ejercicio efectivo del poder comenzará inmediatamente bajo condiciones que distan mucho de ser favorables. El mayor desafío de su administración no será la oposición de la izquierda ni la persistencia del antifujimorismo. Su principal problema será construir gobernabilidad en un sistema político cuya característica dominante ha dejado de ser la confrontación ideológica para convertirse en la fragmentación institucional.

El dato que mejor resume esa realidad suele quedar eclipsado por el resultado del balotaje. Fujimori llega a la Presidencia después de haber obtenido apenas alrededor del diecisiete por ciento de los votos en la primera vuelta. Aunque ese porcentaje fue suficiente para encabezar una competencia extraordinariamente atomizada, revela que la nueva mandataria parte de una base política reducida. Su victoria definitiva en la segunda vuelta respondió mucho más a la lógica del rechazo hacia Roberto Sánchez que a una adhesión mayoritaria a su programa de gobierno. Esa circunstancia condicionará toda su administración.

En los sistemas presidenciales latinoamericanos resulta relativamente frecuente que un mandatario llegue al poder sin mayoría legislativa. Lo excepcional en el caso peruano es que el presidente tampoco dispone de un respaldo social consolidado capaz de compensar esa debilidad parlamentaria. La legitimidad electoral existe y nadie puede discutirla desde el punto de vista jurídico. La legitimidad política, en cambio, deberá construirse diariamente mediante resultados tangibles. La experiencia reciente del Perú constituye una advertencia permanente.

Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, prácticamente ningún presidente consiguió ejercer plenamente el mandato para el que había sido elegido. La figura constitucional de la vacancia por incapacidad moral permanente terminó convirtiéndose en un instrumento de presión política que alteró profundamente el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Lo que originalmente aparecía como un mecanismo excepcional de control terminó utilizándose como una herramienta ordinaria para resolver conflictos políticos. Ese precedente condicionará inevitablemente la conducta del nuevo gobierno.

No obstante, existen diferencias importantes respecto de los presidentes que la precedieron. Diversos analistas, entre ellos Ricardo Cuenca y José Incio, coinciden en que Keiko Fujimori enfrenta un riesgo institucional inferior al que afrontaron Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra o Pedro Castillo. La razón es sencilla. A diferencia de aquellos mandatarios, Fujimori no gobernará frente a un Congreso estructuralmente hostil.

Fuerza Popular no contará con una mayoría propia capaz de imponer unilateralmente su agenda legislativa. Sin embargo, dispondrá de la bancada más numerosa y, sobre todo, de una extensa experiencia negociadora acumulada durante más de una década de intensa actividad parlamentaria. Ninguna otra organización política peruana posee semejante capacidad para construir alianzas coyunturales. La propia evolución del sistema político favorece esa posibilidad.

El Congreso peruano ha experimentado una profunda transformación desde comienzos de la década. La reinstauración de la bicameralidad modifica nuevamente los incentivos de la negociación política. El nuevo Senado adquiere un peso considerable dentro del proceso legislativo y concentra facultades institucionales particularmente relevantes para la estabilidad gubernamental. En ese escenario, la capacidad de tejer acuerdos transversales adquiere un valor incluso mayor que la simple acumulación de escaños.

Keiko Fujimori conoce mejor que ningún otro dirigente peruano el funcionamiento interno del Parlamento.

Durante años fue acusada precisamente de ejercer desde el Congreso una influencia desproporcionada sobre la vida política nacional. Sus adversarios la responsabilizan de haber impulsado la estrategia de confrontación que terminó precipitando la caída de varios presidentes. Sus partidarios sostienen, por el contrario, que aquella actuación respondió a la necesidad de controlar gobiernos débiles e incapaces de combatir la corrupción.

Sea cual fuere la interpretación, existe un hecho difícilmente discutible. La futura presidenta comprende con precisión las dinámicas parlamentarias que desestabilizaron a sus predecesores. Esa experiencia puede convertirse simultáneamente en su mayor fortaleza y en su principal riesgo. Fortaleza, porque probablemente evitará reproducir errores que terminaron aislando políticamente a otros presidentes. Riesgo, porque buena parte de la sociedad teme que el fujimorismo reproduzca desde el Ejecutivo la misma concentración de poder que históricamente ejerció desde el Legislativo. La cuestión trasciende la mera aritmética parlamentaria.

Lo que verdaderamente estará en juego será la capacidad del sistema político para abandonar la lógica permanente de la confrontación institucional.

Durante los últimos años, el Perú vivió inmerso en un conflicto casi permanente entre los poderes del Estado. Presidentes y congresistas actuaron frecuentemente como adversarios irreconciliables antes que como instituciones obligadas a cooperar dentro del marco constitucional. Esa dinámica paralizó reformas fundamentales, debilitó la confianza de los inversores y alimentó una creciente frustración ciudadana hacia el conjunto de la clase política. La nueva administración tiene la oportunidad de modificar esa tendencia. Pero también enfrenta la tentación de profundizarla. La estabilidad dependerá, en buena medida, de la composición del primer gabinete ministerial.

En las democracias parlamentarias el gabinete constituye una prolongación natural del gobierno. En el Perú contemporáneo se ha convertido además en una señal política dirigida a los mercados, al Congreso y a la comunidad internacional.

Los mercados financieros observarán especialmente la continuidad de la autonomía del Banco Central de Reserva, el respeto por la disciplina fiscal y la preservación del modelo de economía social de mercado que permitió al Perú convertirse durante más de dos décadas en una de las economías más estables de América Latina. En ese aspecto, la presidenta electa parece haber comprendido el mensaje.

Durante toda la campaña evitó cualquier planteamiento que pudiera interpretarse como una ruptura con el consenso macroeconómico construido desde comienzos del siglo XXI. Por el contrario, prometió fortalecer la inversión privada, garantizar la seguridad jurídica, acelerar las asociaciones público-privadas, simplificar la burocracia administrativa y preservar la independencia de las principales instituciones económicas.

La reacción inicial del sector empresarial ha sido moderadamente favorable. No responde únicamente a afinidades ideológicas. También refleja el convencimiento de que un gobierno encabezado por Fujimori ofrecerá mayor previsibilidad regulatoria que las alternativas representadas por la izquierda radical. Esa percepción constituye uno de los principales activos políticos con los que inicia su mandato.

 

Zelenski: el crepúsculo de un liderazgo forjado en la adversidad

 

Cuatro años de guerra han erosionado el liderazgo de Volodimir Zelenski y hoy mantiene fuertes disputas con Polonia y Bielorrusia además del conflicto inconcluso con Rusia, mientras la legitimidad de su gobierno es puesta en duda.

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Buenos Aires - En el umbral de un conflicto que ya supera los cuatro años, la trayectoria de Volodímir Zelenski ilustra con crudeza las paradojas inherentes a toda guerra prolongada: cómo el símbolo unificador de la resistencia nacional puede verse erosionado por el peso inexorable del desgaste, las fracturas internas y las complejidades de una geopolítica implacable. El antiguo comediante que en 2019 encarnó la esperanza de renovación anticorrupción y paz en el Donbás se ha convertido, para muchos, en el emblema de una Ucrania asediada; sin embargo, en 2026, su liderazgo enfrenta cuestionamientos que trascienden el campo de batalla y ponen a prueba la resiliencia misma del Estado ucraniano.

La unidad nacional que caracterizó los primeros compases de la invasión rusa de febrero de 2022 fue, sin duda, el principal baluarte de Zelenski. Aquella cohesión inédita permitió que un país históricamente fragmentado se presentara ante el mundo como un bloque monolítico en defensa de su soberanía. No obstante, como advierten los analistas de conflictos prolongados, las guerras de atrición tienden a desvelar fisuras que la urgencia inicial mantenía latentes. La movilización continua de recursos humanos, el estancamiento económico, las pérdidas humanas y la fatiga derivada de una incertidumbre estratégica han comenzado a socavar esa unidad primigenia.

En este contexto adquiere particular relevancia el debate en torno a la legitimidad constitucional del mandato presidencial. Los críticos, entre ellos voces afines a Moscú y ciertos sectores opositores internos, sostienen que el término formal de Zelenski expiró en mayo de 2024, configurando una anomalía democrática. La posición oficial de Kiev, avalada por la mayoría de los gobiernos occidentales y por eminentes constitucionalistas, invoca la Constitución ucraniana y la legislación sobre ley marcial, que prohíben expresamente la celebración de comicios nacionales en tiempo de guerra. Como ha reiterado el propio Zelenski, “permitan un alto el fuego de al menos 60 días y celebraremos elecciones”; una condición que subraya la imposibilidad práctica de un proceso electoral bajo bombardeos constantes y con millones de desplazados y soldados en el frente.

Expertos como Anton Hrushetskyi, director del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS), han destacado que, si bien Zelenski mantiene niveles de confianza significativos —alrededor del 60% en encuestas recientes—, este respaldo es más bien funcional, ligado a su rol de líder bélico, que personal o incondicional. Solo una minoría de quienes lo apoyan desearía verlo continuar en el cargo tras la guerra, lo que refleja un anhelo generalizado de renovación política una vez restablecida la paz.

La situación militar refuerza esta dinámica de desgaste. Aunque Ucrania ha exhibido una notable capacidad innovadora —con ataques de drones de largo alcance contra infraestructuras rusas y el desarrollo de una industria de defensa propia—, la realidad estratégica dista de los optimismos iniciales. Rusia mantiene ventajas demográficas, industriales y territoriales sustanciales en una guerra de desgaste donde la reposición de efectivos y la producción militar resultan decisivas. Las discusiones sobre la ampliación de la movilización y la rebaja de la edad de reclutamiento evidencian las tensiones estructurales que enfrenta Kiev.

La dependencia de la ayuda occidental constituye otro pilar vulnerable. Si en Europa la solidaridad oficial permanece intacta —con el Consejo Europeo reafirmando su apoyo político, económico y el compromiso con la adhesión ucraniana a la UE—, fisuras cada vez más notorias emergen en la práctica. Ninguna tan emblemática como la crisis con Polonia, aliado estratégico de primer orden.

Las relaciones polaco-ucranianas han estado históricamente marcadas por memorias contrapuestas, particularmente los trágicos acontecimientos de Volinia y Galicia Oriental entre 1943 y 1944, donde unidades del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) perpetraron matanzas contra población civil polaca —calificadas por Varsovia como genocidio— mientras que, para sectores del nacionalismo ucraniano, representan una lucha por la independencia frente al yugo soviético. Durante los primeros años de la invasión, ambas partes optaron por relegar estas diferencias en aras de la supervivencia común. Polonia se erigió en centro logístico fundamental, acogió a millones de refugiados y proveyó armamento crucial.

La ruptura se produjo en mayo de 2026, cuando Zelenski otorgó un título honorífico a una unidad militar asociada simbólicamente con la tradición del UPA. La reacción polaca fue fulminante: el presidente Karol Nawrocki revocó la Orden del Águila Blanca concedida a Zelenski, la más alta distinción estatal, generando la crisis diplomática más grave desde el inicio del conflicto. Zelenski devolvió la condecoración, y altos funcionarios ucranianos, incluyendo ex presidentes, siguieron su ejemplo. El primer ministro Donald Tusk advirtió que esta disputa solo beneficia a Rusia y llamó a la contención, mientras encuestas revelan un deterioro notable de la imagen de Ucrania entre la opinión pública polaca, influida también por el cansancio con los refugiados y disputas agrícolas.

Como señaló el presidente polaco, “glorificar al UPA proporciona oxígeno a la propaganda rusa”. Analistas coinciden en que, si bien no implica el cese del apoyo militar, esta controversia expone los límites de la solidaridad cuando colisiona con identidades históricas profundamente arraigadas.

En el flanco norte, las tensiones con Bielorrusia alcanzan cotas preocupantes. Zelenski ha acusado públicamente al régimen de Aleksandr Lukashenko de facilitar operaciones rusas mediante estaciones de retransmisión y apoyo logístico para drones. Kiev ha exigido el desmantelamiento de estas instalaciones, amenazando con acciones directas si no se cumplen. Minsk, principal aliado de Moscú, ha evitado hasta ahora una implicación masiva, pero presiones rusas para una mayor integración militar aumentan el riesgo de escalada y de un nuevo frente, lo que supondría una carga intolerable para las fuerzas ucranianas.

En el plano transatlántico, la relación con Estados Unidos ha adquirido un cariz más transaccional bajo la administración Trump. Aunque Washington mantiene cierto respaldo, las negociaciones son constantes y condicionadas, con pausas en entregas y un enfoque prioritario en un acuerdo negociado. Trump ha presionado por un cese rápido de hostilidades, a veces cuestionando la legitimidad de Zelenski por la ausencia de elecciones, lo que añade incertidumbre al flujo de asistencia.

Con la Unión Europea, el panorama es más constructivo, aunque no exento de desafíos: persisten interrogantes sobre los costes de la adhesión, la corrupción endémica y la reconstrucción de un país devastado. Expertos advierten que la fatiga de guerra en Occidente y los escándalos de corrupción en el entorno de Zelenski —aunque él mismo no esté directamente implicado— erosionan la percepción de Kiev como socio confiable.

Zelenski conserva un reconocimiento internacional indudable como rostro de la resistencia. Pero gobierna un Estado sometido a presiones extraordinarias: debe sostener la cohesión interna frente a cuestionamientos sobre su mandato, una guerra de desgaste contra una potencia superior, la unidad de aliados cada vez más exigentes, tensiones históricas con Polonia que amenazan la narrativa identitaria ucraniana y el riesgo de escalada con Bielorrusia. Como observa el analista Mick Ryan, Ucrania ha evolucionado hacia un actor más autónomo, pero la sostenibilidad de su esfuerzo depende de equilibrar estos frentes simultáneos.

La gobernabilidad ucraniana se decidirá en la interacción de estos vectores. Si el conflicto se prolonga sin avances decisivos, las tensiones internas y externas se agudizarán. Si, en cambio, se abre una vía negociada que estabilice el frente y ofrezca horizontes de reconstrucción, Zelenski podría recuperar iniciativa. En esta encrucijada histórica, su desafío no se limita a resistir a Rusia: consiste en preservar la unidad de una nación exhausta, la confianza de socios fatigados y la legitimidad democrática en medio de corrientes históricas, geopolíticas y constitucionales turbulentas. De su capacidad para navegarlas dependerá no solo su legado personal, sino el destino de la Ucrania que emerja de la guerra.

 

La fractura latinoamericana

En buena parte de América Latina se consolida una tendencia política que está redefiniendo los sistemas de partidos construidos durante las últimas décadas. Sociedades profundamente polarizadas entre proyectos de izquierda y opciones de centroderecha observan la irrupción de dirigentes ajenos a las estructuras tradicionales que llegan al poder prometiendo mano dura contra la delincuencia, liberalización económica, conservadurismo cultural y una ruptura radical con las élites políticas establecidas. Sin embargo, la victoria electoral suele ser apenas el comienzo de una etapa marcada por la conflictividad social, la falta de consensos institucionales y la creciente erosión de la confianza democrática.

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Buenos Aires - Durante gran parte del siglo XXI, América Latina fue presentada como un laboratorio político donde coexistían experiencias ideológicas diversas, desde los gobiernos progresistas agrupados en torno a la llamada “marea rosa” hasta administraciones liberales y conservadoras que buscaban fortalecer las economías de mercado. Sin embargo, detrás de las diferencias programáticas existía un elemento común: la persistente incapacidad de los sistemas políticos para responder de manera eficaz a las demandas ciudadanas en materia de seguridad, crecimiento económico, empleo y calidad institucional.

Esa frustración acumulada ha terminado por abrir una brecha profunda entre los ciudadanos y las organizaciones políticas tradicionales. La consecuencia más visible ha sido la aparición de dirigentes que construyen su legitimidad precisamente sobre el rechazo a la política profesional. Son candidatos que se presentan como outsiders, ajenos a los partidos históricos, que denuncian a las élites gobernantes como una casta corrupta e incompetente y que prometen refundar el Estado desde sus cimientos.

La emergencia de estas figuras no constituye un fenómeno aislado ni exclusivamente nacional. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia se observa un patrón recurrente. El deterioro económico, la expansión de la criminalidad organizada, la percepción de corrupción generalizada y el desencanto con las instituciones democráticas han generado las condiciones para que candidatos con discursos disruptivos logren captar el apoyo de amplios sectores sociales.

El politólogo estadounidense Samuel Huntington sostenía que la estabilidad política depende de la capacidad de las instituciones para absorber y canalizar las demandas sociales. Cuando esa capacidad desaparece, surgen liderazgos personalistas que prometen soluciones rápidas a problemas complejos. América Latina parece encontrarse precisamente en esa fase.

Las nuevas figuras políticas comparten rasgos ideológicos similares. En el terreno económico defienden la reducción del tamaño del Estado, la apertura a las inversiones privadas, la simplificación regulatoria y el fortalecimiento de los mecanismos de mercado. En cuestiones sociales suelen adoptar posiciones conservadoras vinculadas a la defensa de la familia tradicional, la crítica a determinadas expresiones del progresismo cultural y la reivindicación de valores asociados al orden y la autoridad.

Pero es en el ámbito de la seguridad donde encuentran su principal fuente de apoyo popular. La expansión del narcotráfico, el crecimiento de las pandillas, el aumento de los homicidios y la sensación de indefensión ciudadana han convertido la seguridad pública en la principal preocupación de millones de latinoamericanos. Frente a ello, estos líderes ofrecen respuestas contundentes: fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, endurecimiento de las penas, construcción de nuevas cárceles y una política de confrontación directa contra las organizaciones criminales.

El éxito electoral de estas propuestas resulta comprensible en una región donde numerosos Estados han demostrado ser incapaces de garantizar el monopolio legítimo de la fuerza. Según distintos organismos internacionales, América Latina continúa siendo una de las regiones más violentas del planeta pese a no encontrarse inmersa en conflictos bélicos interestatales.

La paradoja es que muchos de estos dirigentes llegan al poder sin contar con estructuras partidarias sólidas ni experiencia significativa en la administración pública. Su legitimidad deriva fundamentalmente de la identificación emocional que logran establecer con sectores del electorado desencantados con el sistema.

La fragmentación política facilita además su ascenso. En numerosos países latinoamericanos la primera vuelta electoral suele producir una dispersión extrema del voto. Los partidos tradicionales pierden capacidad de movilización mientras proliferan candidaturas personalistas. Como consecuencia, algunos outsiders consiguen acceder a la segunda vuelta con porcentajes relativamente modestos.

Lo ocurrido en distintas elecciones recientes ilustra este fenómeno. Candidatos que inicialmente parecían marginales logran convertirse en receptores del llamado voto negativo, es decir, el sufragio emitido no tanto por adhesión a un proyecto político como por rechazo al adversario. La segunda vuelta termina transformándose así en un plebiscito emocional donde predominan los temores y las identidades antagónicas antes que los debates programáticos.

La politóloga argentina María Esperanza Casullo ha señalado que el auge de estos liderazgos responde a una crisis de representación que atraviesa a toda la región. Los ciudadanos ya no buscan necesariamente gobernantes con experiencia administrativa, sino figuras capaces de encarnar el descontento colectivo y expresar la indignación acumulada contra las élites.

Sin embargo, la victoria electoral suele revelar rápidamente las limitaciones estructurales de estos proyectos. Gobernar resulta mucho más complejo que hacer campaña.

La mayoría de estos presidentes llega al poder sin mayorías legislativas estables. Los sistemas políticos latinoamericanos, caracterizados por una fuerte fragmentación partidaria, obligan a construir alianzas permanentes para aprobar leyes, presupuestos y reformas institucionales. El discurso antipolítico que resultó eficaz durante la campaña se convierte entonces en un obstáculo para la negociación posterior.

Como advertía el sociólogo alemán Max Weber, la política democrática exige la capacidad de pactar con adversarios y construir compromisos. Pero los outsiders suelen haber construido su legitimidad precisamente sobre la descalificación de esos mismos actores con los que luego deben negociar.

La consecuencia es una creciente tensión entre las expectativas generadas durante la campaña y las posibilidades reales de implementación. Los ciudadanos esperan transformaciones rápidas mientras las instituciones imponen ritmos mucho más lentos. En ese contexto, la frustración puede reaparecer con notable rapidez.

La polarización contribuye a agravar el problema. En diversos países latinoamericanos las elecciones han dejado de ser simples mecanismos de alternancia para convertirse en auténticas batallas identitarias. Los sectores enfrentados ya no perciben al adversario como un competidor legítimo sino como una amenaza existencial para el futuro de la nación.

El filósofo político español Daniel Innerarity ha advertido que las democracias contemporáneas atraviesan una crisis derivada de la incapacidad para reconocer la legitimidad del disenso. Cuando cada elección se interpreta como una lucha entre el bien y el mal, la derrota se vuelve psicológicamente insoportable para amplios sectores políticos.

Ese fenómeno aparece reflejado en numerosos episodios poselectorales recientes. En algunos casos, sectores derrotados han cuestionado los resultados electorales, denunciado supuestos fraudes sin pruebas concluyentes o promovido recursos judiciales destinados a retrasar la proclamación de los vencedores. El material aportado para este análisis muestra precisamente ejemplos de controversias poselectorales donde candidatos derrotados cuestionan la legitimidad de los resultados y anuncian movilizaciones sociales para sostener sus reclamos.

Posteriormente, cuando los resultados terminan consolidándose, la confrontación suele trasladarse desde las instituciones hacia las calles. Las protestas sociales pasan a desempeñar un papel central en la estrategia de oposición.

No toda movilización constituye una amenaza para la democracia. La protesta forma parte esencial de cualquier sistema democrático saludable. Sin embargo, cuando las manifestaciones buscan explícitamente impedir el ejercicio legítimo del poder por parte de autoridades electas, la situación adquiere una dimensión distinta.

El riesgo es particularmente elevado en sociedades caracterizadas por elevados niveles de desigualdad, fragmentación territorial y debilidad institucional. América Latina reúne con frecuencia esos tres elementos.

El historiador británico Niall Ferguson ha señalado que las sociedades polarizadas suelen entrar en ciclos de radicalización mutua donde cada bando interpreta las acciones del adversario como una justificación para intensificar su propia respuesta. El resultado puede ser una espiral de conflictividad que erosiona progresivamente la gobernabilidad.

En este contexto, los nuevos gobiernos enfrentan un desafío doble. Por un lado, deben cumplir las promesas que les permitieron conquistar el poder. Por otro, necesitan demostrar que son capaces de gobernar para la totalidad de la sociedad y no únicamente para sus bases electorales.

La experiencia histórica demuestra que ninguna administración puede sostenerse exclusivamente sobre la confrontación permanente. Incluso los liderazgos más carismáticos requieren instituciones eficaces, acuerdos legislativos y niveles mínimos de consenso social.

La gran incógnita que atraviesa actualmente a América Latina es si estos nuevos dirigentes lograrán transformar el descontento ciudadano en reformas duraderas o si terminarán reproduciendo las mismas dinámicas de frustración que facilitaron su llegada al poder.

Lo que parece indiscutible es que la región atraviesa una profunda transición política. Los sistemas partidarios construidos durante las últimas décadas muestran signos evidentes de agotamiento. La ciudadanía exige respuestas inmediatas frente a problemas que los gobiernos tradicionales no han logrado resolver. La inseguridad, la corrupción y el estancamiento económico continúan alimentando la demanda de liderazgos disruptivos.

Sin embargo, la historia latinoamericana ofrece una advertencia permanente. La renovación política puede abrir oportunidades para fortalecer las democracias, pero también puede desembocar en nuevas formas de polarización si no viene acompañada de instituciones sólidas, cultura de diálogo y respeto por las reglas del juego democrático.

Entre la promesa de un nuevo comienzo y el riesgo de una confrontación permanente, América Latina parece encontrarse en una encrucijada histórica. El futuro de la región dependerá menos de la capacidad de los outsiders para ganar elecciones que de su habilidad para construir consensos en sociedades cada vez más fragmentadas. Porque conquistar el poder es apenas el primer acto; gobernar en medio de la división es, como siempre, la verdadera prueba de fuego de la democracia.

 

 

Abelardo de la Espriella llega a la presidencia: el desafío de gobernar una Colombia dividida entre el orden y el cambio

 

El abogado y empresario cordobés, convertido en fenómeno político en apenas un año, conquista la presidencia prometiendo seguridad, crecimiento económico y una drástica reducción del Estado. Su victoria abre una nueva etapa en Colombia, marcada por profundas divisiones sociales, interrogantes sobre la gobernabilidad y el debate sobre el rumbo ideológico del país.

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Buenos Aires.– La elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia constituye uno de los acontecimientos políticos más significativos de la historia reciente del país. Su llegada a la Casa de Nariño representa mucho más que la alternancia entre gobiernos de izquierda y de centroderecha. Simboliza el agotamiento de una parte importante del electorado con la experiencia política inaugurada por Gustavo Petro en 2022 y la búsqueda de respuestas distintas frente a problemas que continúan condicionando la vida nacional: la inseguridad, el estancamiento económico, la expansión de los grupos armados ilegales y la creciente desconfianza hacia las instituciones.

La trayectoria del nuevo mandatario resulta tan singular como controvertida. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero nació en Bogotá el 31 de julio de 1978, aunque desarrolló gran parte de su vida en Montería, en el departamento de Córdoba. Hijo del jurista Abelardo de la Espriella Juris y de María Eugenia Otero Aldana, creció en un entorno vinculado al derecho y a la vida pública. Estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y posteriormente realizó especializaciones en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario.

Antes de irrumpir en la política, De la Espriella ya era una figura ampliamente conocida en Colombia. Su despacho jurídico, fundado a comienzos de la década de 2000, lo convirtió en uno de los abogados penalistas más mediáticos del país. Durante años participó en algunos de los procesos judiciales de mayor repercusión nacional y construyó una imagen pública asociada tanto al éxito profesional como a una marcada exposición mediática. A diferencia de muchos dirigentes colombianos, su prestigio no surgió de la militancia partidaria ni de la gestión pública, sino de los tribunales, los negocios y los medios de comunicación.

Esa notoriedad, sin embargo, siempre estuvo acompañada de polémicas. Entre sus clientes figuraron personajes que ocuparon titulares durante años, entre ellos el empresario venezolano Alex Saab, señalado por la justicia estadounidense por presuntas operaciones de corrupción vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. También representó a personas relacionadas con procesos derivados del fenómeno de la parapolítica y a individuos vinculados a estructuras paramilitares. Sus críticos sostienen que esas relaciones profesionales reflejan proximidades incómodas con sectores oscuros del poder colombiano. Sus defensores responden que el ejercicio de la abogacía implica precisamente garantizar el derecho a la defensa de cualquier ciudadano y recuerdan que jamás fue condenado por actividades ilícitas relacionadas con dichos clientes.

Las controversias se extendieron además a los cuestionamientos surgidos alrededor de la Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), creada por él en 2005. Diversas investigaciones periodísticas examinaron los contactos que esa organización mantuvo con integrantes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia. Aunque las actuaciones judiciales terminaron archivadas y nunca se establecieron responsabilidades penales contra De la Espriella, el episodio continúa formando parte del debate público y reaparece periódicamente en la discusión política nacional.

A ello se suman las críticas provenientes de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que han cuestionado su frecuente utilización de acciones judiciales contra periodistas y comunicadores. Para sus detractores, esa práctica refleja una tendencia a confrontar agresivamente a la prensa crítica. Para sus seguidores, constituye simplemente una defensa legítima del derecho al honor frente a informaciones consideradas falsas o difamatorias.

Pese a esos antecedentes, o quizá precisamente gracias a la notoriedad acumulada durante años, De la Espriella logró construir una candidatura extraordinariamente eficaz. En pocos meses transformó su imagen de abogado mediático en la de líder político dispuesto a combatir lo que definía como el fracaso del modelo impulsado por Gustavo Petro. Su movimiento, Defensores de la Patria, se convirtió rápidamente en el vehículo electoral de un amplio sector de ciudadanos desencantados tanto con la izquierda como con los partidos tradicionales de centroderecha.

Buena parte de la prensa internacional ha intentado encuadrarlo dentro de la categoría de ultraderecha. Sin embargo, esa caracterización resulta discutible desde una perspectiva politológica rigurosa. Aunque De la Espriella mantiene posiciones conservadoras en cuestiones culturales y propone una fuerte agenda de seguridad pública, su programa económico se inscribe principalmente dentro de la tradición liberal clásica. Asimismo, defiende el pluralismo electoral, la economía de mercado y las instituciones republicanas. La utilización indiscriminada del término ultraderecha para describir cualquier propuesta conservadora corre el riesgo de vaciar de contenido una categoría que históricamente ha estado asociada a movimientos autoritarios, fascistas o antidemocráticos. En términos comparativos, la ubicación ideológica de De la Espriella parece corresponder con mayor precisión al espacio del liberalismo conservador y la centroderecha liberal.

Su programa de gobierno se articula sobre dos pilares fundamentales: la seguridad y la economía. En materia de orden público propone abandonar la estrategia de negociación simultánea con múltiples organizaciones armadas impulsada por Petro y sustituirla por una política de confrontación directa contra grupos guerrilleros, bandas narcotraficantes y estructuras criminales. Inspirado parcialmente por la experiencia salvadoreña de Nayib Bukele, ha defendido la construcción de nuevos complejos penitenciarios de alta seguridad, el endurecimiento de las penas y una mayor presencia de las fuerzas estatales en territorios donde el Estado perdió control efectivo durante los últimos años.

La dimensión económica constituye el segundo gran eje de su proyecto. De la Espriella sostiene que Colombia necesita recuperar la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales mediante una reducción sustancial del tamaño del Estado, una simplificación regulatoria y una disminución de la presión fiscal sobre el sector productivo. Entre sus objetivos figura la reducción del gasto público, la reorganización administrativa, la eliminación de estructuras burocráticas consideradas redundantes y la promoción de la inversión privada como motor principal del crecimiento.

Su equipo económico plantea una estrategia basada en el fortalecimiento de la agroindustria, el turismo, los servicios tecnológicos y el aprovechamiento de los recursos energéticos del país. El nuevo presidente considera que la intervención estatal excesiva ha limitado durante años la competitividad colombiana y sostiene que una economía más abierta y menos regulada permitirá acelerar la creación de empleo y aumentar la productividad.

Pero el verdadero desafío comenzará ahora. De la Espriella hereda una Colombia profundamente compleja. El gobierno de Gustavo Petro deja avances sociales valorados por amplios sectores de la población, pero también importantes problemas estructurales sin resolver. La expansión territorial de organizaciones armadas ilegales, la persistencia del narcotráfico, el deterioro fiscal, las dificultades del sistema sanitario y los numerosos enfrentamientos políticos acumulados durante los últimos años configuran un escenario particularmente exigente para cualquier administración.

A ello se añade un problema político fundamental: la legitimidad de origen obtenida mediante una victoria extremadamente ajustada. Aunque ganó las elecciones, lo hizo en un país prácticamente dividido por mitades. Millones de colombianos votaron por una opción distinta y una parte considerable de la ciudadanía observa con preocupación algunas de sus propuestas más ambiciosas. Esa realidad limitará inevitablemente el margen de maniobra del nuevo gobierno.

La gobernabilidad tampoco aparece garantizada. Su movimiento político carece de una estructura territorial comparable a la de los partidos tradicionales y deberá construir mayorías parlamentarias mediante acuerdos con sectores diversos del espectro político. La izquierda, fortalecida por el elevado caudal electoral obtenido por el oficialismo, se perfila como una oposición activa y combativa. Sindicatos, organizaciones sociales, movimientos estudiantiles y colectivos vinculados al petrismo ya han anticipado resistencia frente a eventuales reformas que consideren regresivas en materia de derechos sociales o laborales.

La experiencia latinoamericana demuestra además que los gobiernos que llegan al poder con discursos de transformación profunda suelen enfrentarse rápidamente a las restricciones impuestas por la realidad institucional. Las promesas de cambios rápidos chocan con frecuencia contra la complejidad burocrática, las limitaciones presupuestarias, la fragmentación política y las exigencias de una sociedad plural. De la Espriella deberá demostrar que posee capacidades de gestión equivalentes a la eficacia comunicacional que exhibió durante la campaña.

La magnitud de la expectativa creada constituye al mismo tiempo una fortaleza y un riesgo. Para millones de votantes representa la posibilidad de recuperar la seguridad, impulsar el crecimiento económico y restaurar la confianza en las instituciones. Para sus adversarios encarna el peligro de una excesiva concentración de poder y de una agenda conservadora que podría tensionar algunos consensos alcanzados durante las últimas décadas.

En cualquier caso, su victoria marca el inicio de una nueva etapa política para Colombia. El país que hace apenas cuatro años eligió al primer presidente de izquierda de su historia moderna opta ahora por un dirigente que promete recorrer el camino inverso. El éxito o el fracaso de esa apuesta no dependerá únicamente de la voluntad del nuevo mandatario, sino también de su capacidad para gobernar una nación diversa, polarizada y atravesada por desafíos históricos que ningún gobierno ha conseguido resolver plenamente.

La presidencia de Abelardo de la Espriella comienza bajo el signo de una paradoja. Llega al poder como símbolo de ruptura, pero deberá gobernar mediante acuerdos. Promete autoridad, aunque necesitará consensos. Ofrece transformaciones profundas, pero enfrentará instituciones diseñadas precisamente para moderar los cambios abruptos. De cómo gestione esas tensiones dependerá no sólo el futuro de su administración, sino también el rumbo político de Colombia durante la próxima década.