América Latina vista desde la Asamblea General de Naciones Unidas

 

En la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada en Nueva York entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026, un grupo de jefes de Estado sudamericanos y centroamericanos coincidió en un lenguaje que, más allá de matices nacionales, delinea una nueva geografía política regional.

Los discursos de Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), José Manuel Restrepo en representación de Abelardo de la Espriella (Colombia), Daniel Noboa (Ecuador), Keiko Fujimori (Perú), Santiago Peña (Paraguay) y Nayib Bukele (El Salvador) no constituyen un manifiesto único. Sin embargo, revelan convergencias suficientemente densas como para esbozar un perfil ideológico compartido, un alineamiento internacional reconocible y un diagnóstico común de los problemas que estos gobiernos consideran existenciales. Frente a ellos se perfila, con otra gramática, el polo que agrupa a México, Brasil y Uruguay, en distinto grado vinculado a Cuba y Nicaragua.

La coincidencia más nítida es la securitización de la política exterior. En casi todos estos discursos la seguridad deja de ser un asunto de policía interna y se presenta como un fenómeno transnacional que exige coordinación hemisférica. Ecuador describe redes de narcotráfico, minería ilegal, trata y lavado; Colombia reclama una arquitectura internacional contra el narcotráfico y una definición común de terrorismo; Bolivia incorpora el “narcoterrorismo” a su diagnóstico; Chile habla de crimen organizado que desborda fronteras; Perú, en la primera intervención de Fujimori ante la Asamblea, equipara a las organizaciones criminales con grupos terroristas y reivindica la experiencia peruana contra Sendero Luminoso como precedente de una guerra de nuevo tipo; El Salvador, con Bukele, insiste en que la recuperación del monopolio de la violencia por parte del Estado es la condición previa de cualquier desarrollo. Argentina y Paraguay se inscriben en la misma lógica. El dato institucional que da consistencia a esa retórica es la adhesión de estos países —con distintos calendarios— al Escudo de las Américas, el mecanismo de coordinación impulsado por Washington para el intercambio de información y la persecución de organizaciones criminales. No se trata solo de analogías verbales: hay una estructura de cooperación que los vincula entre sí y con Estados Unidos.

Ese eje de seguridad se articula con una segunda convergencia: la defensa de una economía abierta a la inversión, la propiedad y la seguridad jurídica. Paz contrapone el “capitalismo para todos” al ciclo asociado a Evo Morales y Hugo Chávez; Milei radicaliza la defensa del capitalismo de libre empresa y la crítica al intervencionismo regulatorio, incluso en materia tecnológica; Kast ofrece a los inversores reglas estables y contratos respetados; Peña insiste en que la prosperidad depende de instituciones predecibles y mercados abiertos; Fujimori y Noboa combinan apertura económica con prioridad securitaria; Bukele presenta la pacificación del territorio como el activo que permite el retorno de capitales y de emigrantes. Los recursos estratégicos —litio, cobre, hidrocarburos, energía— dejan de ser solo emblemas de soberanía extractiva y pasan a concebirse como activos geopolíticos para atraer inversiones, tecnología y alianzas. La inteligencia artificial aparece, según el caso, como motor de crecimiento, amenaza criminal o ámbito que no debe ser sofocado por una regulación preventiva.

De esos dos pilares —seguridad hemisférica y liberalismo económico— se desprende un perfil ideológico que no es idéntico en todos, pero sí reconocible. Se trata de una derecha o centroderecha contemporánea que combina liberalismo de mercado, conservadurismo político o cultural en dosis variables, nacionalismo soberanista y una concepción de la democracia como contrapeso al autoritarismo. Fujimori introduce con más claridad que otros el componente cultural: la crítica a “agendas” internacionales que habrían debilitado la familia y polarizado las sociedades. Milei ocupa el extremo libertario y anti-burocrático. Kast y Peña son más institucionalistas. Paz representa la ruptura más dramática con el ciclo anterior en Bolivia. Noboa, Restrepo y Bukele privilegian el Estado fuerte en materia de orden público. Ninguno de ellos propone un aislamiento. Todos aceptan la cooperación internacional siempre que refuerce, y no limite, la capacidad de decisión nacional. El concepto que mejor resume esa síntesis es el de un multilateralismo soberanista: reformar Naciones Unidas para hacerla más eficaz, menos burocrática y más atenta a las prioridades de los Estados, no para disolverla.

Los alineamientos internacionales se deducen con claridad. Estados Unidos aparece como el principal socio estratégico, especialmente en seguridad, inteligencia y, en varios casos, inversión. Milei declara a Argentina “inequívocamente alineada” con Occidente, Washington e Israel. Paraguay profundiza una relación ya estrecha con Estados Unidos y Taiwán. Ecuador y El Salvador han construido vínculos densos en materia de lucha contra el crimen. Chile y Bolivia, pese a tradiciones diplomáticas distintas, se incorporan al mismo dispositivo hemisférico. Colombia marca un giro respecto del periodo precedente. Israel figura de manera explícita en el discurso argentino y, de forma más discreta, en la afinidad occidental del conjunto. China, Rusia, Irán y Venezuela son mirados con una cautela muy superior a la de la ola de gobiernos del llamado Socialismo del Siglo XXI.

Los problemas que todos enfrentan, y que recorren los textos, son el crimen transnacional, la debilidad o captura de instituciones, la necesidad de atraer capital en un entorno de competencia global por minerales críticos y tecnología, y la percepción de que el sistema de Naciones Unidas, diseñado en 1945, responde con lentitud a crisis contemporáneas. A ello se suma, en varios países, la tensión entre soberanía y presión externa, y la reclamación de que la democracia no se reduzca a un procedimiento electoral, sino que sea condición de inserción internacional y de libertad económica. En el caso argentino reaparece la cuestión de las Malvinas; en el paraguayo, Taiwán; en el peruano y salvadoreño, la memoria de la lucha antiterrorista o antimafias como fuente de legitimidad.

América Latina, vista desde esta Asamblea, no aparece como un bloque ni como un simple “giro a la derecha”. Aparece dividida en dos modelos enfrentados, con un espacio intermedio que complica cualquier dicotomía perfecta. De un lado, el polo liberal-conservador aliado de Estados Unidos e Israel, cuya expresión institucional más visible es el Escudo de las Américas y cuyo lenguaje común es el de la seguridad, el mercado y la reforma restrictiva o eficientista de la ONU. Del otro, los herederos —en sentido amplio y no uniforme— del ciclo del Socialismo del Siglo XXI y de una tradición soberanista crítica de la hegemonía estadounidense: México, Brasil y Uruguay, que se vinculan en distinto grado con Cuba y Nicaragua. Lula da Silva formula la tesis de que Brasil no cabe en el patio trasero de ninguna potencia y defiende un multilateralismo de autonomía estratégica. Yamandú Orsi encarna una socialdemocracia internacionalista que rechaza tanto la confrontación permanente como la subordinación. México, representado por su canciller, insiste en la no intervención y el derecho internacional, en un contexto de acusaciones estadounidenses sobre los cárteles. Cuba y Nicaragua radicalizan esa crítica hasta el antiimperialismo y la defensa explícita del socialismo.

La paradoja, subrayada por los propios discursos del primer grupo, es que reivindican a la vez más soberanía nacional y más cooperación internacional; un Estado más fuerte en seguridad y una economía más abierta; una ONU que no desaparezca, pero que deje de imponer agendas internas. Esa combinación —y no una identidad ideológica monolítica— es lo que permite hablar de una comunidad de convergencia estratégica. No hay aún un bloque comparable al Mercosur ni una alianza militar formal. Hay, sí, una redistribución de las preferencias sobre el orden internacional. Las mismas palabras —soberanía, democracia, multilateralismo, desarrollo— circulan por ambos polos con significados políticos distintos. Esa disputa semántica, más que cualquier recuento de votos en el hemiciclo de Nueva York, es el dato más revelador de la América Latina que emerge en 2026.

 

Infravest: la estafa pirámidal que dejó al descubierto el dinero oculto de los campamentos de Tinduf

El colapso de Infravest, una empresa que desde 2022 captaba ahorros en los campamentos de Tinduf con promesas de rentabilidades extraordinarias, ha provocado protestas y dejado al descubierto una paradoja difícil de explicar: en una población refugiada asentada en uno de los territorios más inhóspitos del planeta circulaban millones de dólares destinados a una inversión que funcionaba como un esquema Ponzi.

Contenido:

Buenos Aires - En septiembre de 2026, las calles de Rabuni y de Chahid El Hafed, en los campamentos de Tinduf, en el Sáhara argelino, dejaron de hablar solamente de supervivencia. Centenares de inversores, comerciantes y familias reclamaron la devolución de unos fondos que habían confiado a Infravest for Contracting and Investment, una empresa que había conseguido construir durante varios años una apariencia de solvencia y respetabilidad. Su director, Sallamu Abba Ali —también citado como Salamo Abaali— desapareció cuando comenzaron a multiplicarse las reclamaciones. Las estimaciones difundidas localmente sitúan el dinero comprometido en torno a los 886.000 millones de dinares argelinos, unos 6,6 millones de dólares, aunque las cifras siguen pendientes de una auditoría independiente.

Los informes existentes hablan de 3.420 contratos y de 2.841 inversores. Otra reconstrucción publicada posteriormente sitúa en 648.580 millones de dinares argelinos, más 532 millones de ouguiyas mauritanas, las cantidades que habrían sido captadas. Esas cifras proceden de estimaciones de fuentes locales y deben ser verificadas.

La importancia del caso no reside solamente en la eventual dimensión de la estafa. Infravest plantea una cuestión mucho más incómoda: cómo pudo funcionar durante años una estructura de captación masiva de dinero en una comunidad sometida a una economía de subsistencia, sin que las autoridades políticas y administrativas que controlan los campamentos detectaran, impidieran o investigaran sus operaciones.

La anatomía de una estafa Ponzi

Un esquema Ponzi recibe su nombre de Charles Ponzi, el estafador italoestadounidense que a comienzos del siglo XX popularizó un modelo basado en una premisa elemental: ofrecer a los inversores beneficios extraordinarios que no proceden de una actividad económica rentable, sino del dinero aportado por nuevos participantes.

La apariencia inicial es fundamental. Los primeros inversores pueden recibir efectivamente sus beneficios. Pero esos pagos no demuestran que exista una empresa rentable: simplemente sirven para consolidar la confianza y atraer más capital. Mientras el flujo de nuevos aportantes sea suficiente, el mecanismo puede mantenerse. Cuando el número de nuevos inversores disminuye o llega simultáneamente el vencimiento de un número elevado de contratos, la estructura se queda sin liquidez y se derrumba.

Ese patrón es precisamente el que las informaciones conocidas atribuyen a Infravest. La empresa habría comenzado construyendo una imagen legítima mediante actividades de contratación y obras, iniciativas comunitarias y acciones de carácter benéfico. Después habría ofrecido inversiones con rendimientos mensuales extraordinarios, que, según el material aportado, llegaron a situarse entre el 50% y el 70%. El dinero de los nuevos participantes habría permitido atender los pagos prometidos a los anteriores.

La llegada simultánea de cientos de vencimientos habría terminado por quebrar el mecanismo. El análisis de Buda Mustafa señala 780 contratos que habrían llegado al vencimiento, más del 22% del total registrado. Si esa información se confirma documentalmente, constituiría precisamente el tipo de crisis de liquidez característico de un esquema Ponzi: cuando las obligaciones de pago superan la capacidad de atraer nuevo dinero, la arquitectura financiera deja de funcionar.

La desaparición de Abbali agravó todavía más el desconcierto. La empresa difundió inicialmente un comunicado según el cual el director se encontraba fuera del país por motivos de viaje y pidió paciencia a los inversores. Pero la posterior desaparición del empresario convirtió el problema financiero en una crisis política y social.

El misterio de los seis millones de dólares

Hay, sin embargo, una pregunta que precede incluso a la responsabilidad penal de Infravest: ¿de dónde salió el dinero?

Los campamentos de Tinduf se encuentran en una de las zonas más áridas y difíciles del norte de África. La población local depende en gran medida de la asistencia internacional para satisfacer necesidades básicas. Human Rights Watch describía ya a los campamentos como asentamientos remotos en el desierto argelino cuya población dependía principalmente de la ayuda internacional para sus necesidades esenciales.

La propia documentación de la Comisión Europea señala que los residentes saharauis continúan dependiendo de la asistencia humanitaria y que la ayuda europea se canaliza mediante organizaciones internacionales y ONG especializadas.

De ahí nace la paradoja de Infravest. Resulta extraordinariamente llamativo que una comunidad cuya economía formal está severamente limitada por el entorno geográfico, el régimen de los campamentos y su dependencia de la asistencia internacional haya podido movilizar varios millones de dólares para destinarlos a una operación financiera privada.

Esto no demuestra por sí mismo que el dinero procediera de actividades ilícitas. Sería irresponsable convertir una anomalía económica en una acusación penal sin una investigación financiera. Pero sí justifica una investigación sobre el origen de los capitales. Entre las hipótesis que deberían ser examinadas figuran las redes de contrabando transfronterizo, el tráfico de drogas, el comercio ilegal de combustible y cigarrillos, la minería clandestina y la eventual desviación y posterior comercialización de productos de ayuda humanitaria.

La existencia histórica de mercados informales vinculados a las rutas transfronterizas del desierto está documentada. Human Rights Watch, por ejemplo, registró en años anteriores incidentes relacionados con el transporte de combustible y con presuntas actividades de contrabando en las proximidades de la frontera con Mauritania.

Pero una hipótesis sobre el origen de los fondos solamente puede transformarse en un hecho cuando una investigación financiera reconstruya las operaciones. Ese debería ser uno de los objetivos centrales de cualquier investigación sobre Infravest: determinar quién entregó el dinero, en qué cantidades, de dónde procedía, dónde fue depositado, qué intermediarios participaron y hacia qué destinos terminó siendo transferido.

El precedente de la ayuda humanitaria

La cuestión adquiere una dimensión todavía mayor cuando se recuerda el antecedente de la investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF.

En 2003, la Comisión Europea recibió denuncias sobre posibles desviaciones de ayuda destinada a los residentes de Tinduf y solicitó una investigación a la OLAF. La investigación se realizó entre 2003 y 2007 y su informe fue conocido públicamente años después. El Parlamento Europeo dejó constancia de que el documento había identificado importantes problemas relacionados con la gestión y distribución de la ayuda alimentaria.

La Comisión Europea respondió que las conclusiones de la investigación habían puesto de manifiesto debilidades en la cadena logística de la ayuda y que, a partir de entonces, se habían reforzado los controles, incluyendo el seguimiento de la distribución, auditorías y una mayor presencia de organizaciones internacionales. La Comisión sostuvo además que, desde la implantación de esas medidas, no había encontrado nuevas evidencias de desviación de la ayuda financiada por ECHO.

Es una precisión importante. El informe de la OLAF no puede utilizarse legítimamente como prueba automática de que toda ayuda posterior haya sido desviada ni de que cualquier actividad económica desarrollada décadas después sea fruto de esa desviación. Pero sí constituye un antecedente institucional relevante que obliga a observar con especial atención cualquier nuevo circuito financiero surgido alrededor de los campamentos.

Una estructura que difícilmente podía pasar inadvertida

La cuestión política más delicada es la responsabilidad de las autoridades que administran los campamentos. Human Rights Watch ha señalado que, con la aquiescencia de las autoridades argelinas, el Frente Polisario administra los campamentos próximos a Tinduf.

Infravest no parece haber sido una operación clandestina desarrollada durante unas pocas semanas. Según el material aportado, funcionó físicamente desde 2022, mantuvo oficinas, realizó actividades de contratación, construyó una reputación pública y captó capital durante varios años.

Por ello, resulta difícil imaginar que una operación de semejante escala pudiera desarrollarse completamente al margen de las estructuras de poder locales. Esa circunstancia justifica investigar qué autorizaciones obtuvo la empresa, qué funcionarios conocieron sus actividades, qué controles administrativos existieron, qué instituciones permitieron su funcionamiento y si existieron relaciones financieras o personales entre sus responsables y miembros del aparato del Frente Polisario o funcionarios argelinos.

Allí existe una cuestión institucional de enorme gravedad: ¿cómo pudo una empresa captar durante años cantidades millonarias dentro de un espacio sometido a estructuras administrativas y de seguridad concretas sin que esas estructuras intervinieran?

Las víctimas no son quienes deben pagar la factura

Hay otra dimensión que corre el riesgo de quedar sepultada bajo el escándalo. Las víctimas inmediatas son los propios refugiados.

El expediente describe a comerciantes, empleados públicos, estudiantes y familias que habrían colocado sus ahorros en Infravest atraídos por la promesa de rentabilidades excepcionales.

Convertir a esos damnificados en responsables colectivos sería una injusticia adicional. La población saharaui de los campamentos no puede ser confundida con quienes administran sus estructuras políticas, ni puede atribuirse a una comunidad entera la eventual conducta criminal de individuos concretos.

Precisamente por eso, el caso Infravest debería servir para separar dos realidades que con frecuencia aparecen mezcladas: la población local, que continúa viviendo en condiciones de dependencia y vulnerabilidad, y las estructuras de poder que gestionan los campamentos.

La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), entidad fantasma proclamada por el Frente Polisario y sin reconocimiento internacional, forma parte de ese entramado político, pero su existencia como estructura control por el movimiento separatista no convierte automáticamente a todos los saharauis locales en responsables de sus decisiones.

El dinero como radiografía de un sistema

El escándalo de Infravest puede terminar siendo mucho más importante que la desaparición de un empresario y la pérdida de varios millones de dólares. Puede convertirse en una radiografía de la economía informal de los campamentos y de la corrupción imperante entre los altos mandos del Polisario.

Si las cifras se confirman, habrá que explicar cómo una economía oficialmente dependiente de la asistencia internacional consiguió reunir semejante volumen de liquidez privada. Habrá que reconstruir también el circuito del dinero y determinar si existieron conexiones con redes comerciales transfronterizas.

El antecedente de la OLAF demuestra que los riesgos de desvío y comercialización irregular de recursos destinados a los refugiados no son una invención reciente. La propia Unión Europea modificó sus procedimientos precisamente para reducir esos riesgos y estableció mecanismos de seguimiento que, según la Comisión, no habían detectado nuevas desviaciones después de su implantación.

Infravest abre ahora un capítulo diferente: ya no se trata solamente de saber si una mercancía humanitaria llegó o no a su destinatario, sino de descubrir de dónde procede el capital privado que permitió montar una operación financiera de millones de dólares en un territorio donde las oportunidades económicas formales son extremadamente reducidas.

La respuesta determinará también la verdadera naturaleza del escándalo. Podría tratarse de una gigantesca estafa privada aprovechándose de una comunidad vulnerable. Podría revelar una economía informal mucho más importante de lo que muestran las estadísticas oficiales. O una investigación judicial y financiera podría descubrir conexiones con redes ilícitas de alcance regional. Incluso podrían coexistir esas realidades.

Por ahora, hay una certeza y una pregunta. La certeza es que miles de personas aseguran haber perdido sus ahorros y que Infravest presenta, según las informaciones disponibles, numerosos rasgos compatibles con un esquema Ponzi. La pregunta —mucho más profunda— es dónde estaba el dinero antes de entrar en Infravest y dónde está ahora.

En los campamentos de Tinduf, el desierto ha vuelto a revelar una paradoja: detrás de una comunidad cuya imagen internacional es la de una población dependiente de la ayuda humanitaria apareció, durante años, una masa de capital suficiente para alimentar una gigantesca operación financiera. Saber quién generó ese dinero, quién lo permitió circular y quién terminó beneficiándose de él será indispensable para distinguir el fraude individual de la existencia de una economía clandestina e ilegal más amplia. Y, sobre todo, para evitar que quienes vuelven a quedar abandonados sean, una vez más, los propios refugiados.

 

Chile y Cabo Verde se acercan a Marruecos y respaldan su plan de autonomía para el Sáhara

Chile y Cabo Verde han dado un nuevo paso en el acercamiento diplomático a Marruecos al expresar, en septiembre de 2026, su respaldo al plan de autonomía presentado por Rabat para el Sáhara. Las dos decisiones se producen en contextos diferentes, pero convergen con una política marroquí que vincula el apoyo internacional a su posición sobre el territorio con una creciente red de relaciones económicas, comerciales y estratégicas. Santiago prepara un eventual acuerdo de libre comercio con Rabat, mientras Praia profundiza una cooperación que abarca sectores tan diversos como la pesca, la agricultura, la energía, la seguridad y el transporte.

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Buenos Aires - La diplomacia marroquí ha encontrado en Nueva York, durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, un escenario particularmente significativo para consolidar una política exterior que desde hace años procura transformar los apoyos políticos al Plan de Autonomía en relaciones bilaterales de mayor densidad económica y estratégica. En apenas dos jornadas, Chile y Cabo Verde han explicitado posiciones favorables a la propuesta marroquí y, al mismo tiempo, han proyectado nuevos espacios de cooperación con Rabat.

El caso chileno posee una particular relevancia por tratarse de un país latinoamericano con una tradición diplomática estrechamente vinculada al multilateralismo y por la dimensión económica que acompaña ahora el giro de sus relaciones con Marruecos. En el comunicado conjunto difundido el 21 de septiembre, Santiago manifestó su apoyo a la soberanía marroquí sobre la totalidad de su territorio, incluida la región del Sáhara, y consideró la propuesta de autonomía presentada por Marruecos en 2007 como una solución política “justa, duradera y mutuamente aceptable”, en el marco de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

La declaración adquiere mayor significado porque coincide con el 65º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Chile y Marruecos. Durante más de seis décadas, los vínculos entre ambos países se han desarrollado bajo una fórmula de amistad y respeto mutuo que ahora busca traducirse en una relación económica más estructurada. En Nueva York, los cancilleres Francisco Pérez Mackenna y Nasser Bourita firmaron los Términos de Referencia que servirán de base para iniciar las negociaciones de un eventual Tratado de Libre Comercio.

El movimiento no surgió de improviso. Durante 2026, Santiago y Rabat habían intensificado el diálogo comercial. En junio, ambos Gobiernos suscribieron una declaración conjunta orientada a establecer las condiciones para negociar un acuerdo comercial que podría convertirse en el primer tratado de libre comercio de Chile con un país africano y, simultáneamente, en el primer acuerdo de esta naturaleza de Marruecos con un país latinoamericano. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales chilena destacó entonces el carácter complementario de ambas economías y la posición geográfica de Marruecos como posible puerta de entrada a los mercados africanos.

La aproximación económica también ha comenzado a adquirir contenido sectorial. En agosto, Chile y Marruecos firmaron un mecanismo de cooperación técnica destinado a facilitar el comercio de alimentos y abordar cuestiones sanitarias. Según la información oficial chilena, las exportaciones de Chile a Marruecos poseen un potencial adicional estimado en 48 millones de dólares hacia 2030 si se profundiza el intercambio, con una participación especialmente importante de los productos agrícolas. Una rueda de negocios celebrada en Rabat reunió además a empresas chilenas de los sectores agroalimentario, vitivinícola y pesquero con importadores de Marruecos, África, Europa y Oriente Medio.

Los números permiten comprender la dimensión todavía incipiente de esta relación. En 2025 el intercambio comercial bilateral alcanzó los 80,2 millones de dólares, frente a apenas 10,4 millones en 2003. Chile exportó a Marruecos 16,6 millones de dólares e importó 63,7 millones. Los alimentos representaron el 77% de las exportaciones chilenas hacia ese mercado. La negociación de un tratado comercial pretende, por tanto, convertir una relación todavía modesta en una plataforma de mayor integración económica.

En este contexto, el elemento político y el económico aparecen estrechamente relacionados. Chile no se limitó a expresar su posición sobre el Sáhara, sino que anunció que traducirá ese respaldo al ámbito bilateral mediante la promoción de oportunidades de inversión, comercio y desarrollo productivo en la región. Es una decisión que dota de una dimensión práctica a la declaración diplomática y que puede favorecer la incorporación de empresas chilenas a los proyectos económicos desarrollados en el sur de Marruecos.

La referencia de Santiago a la resolución 2797 del Consejo de Seguridad introduce, sin embargo, una precisión necesaria. Adoptada el 31 de octubre de 2025, la resolución prorrogó hasta el 31 de octubre de 2026 el mandato de la MINURSO y pidió al secretario general y a su enviado personal facilitar negociaciones tomando como base la propuesta de autonomía marroquí, al tiempo que reclamó una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que contemple la autodeterminación de la población del Sáhara. El texto, por tanto, constituye un elemento relevante del marco diplomático actual, pero no equivale por sí mismo a un reconocimiento jurídico de la soberanía marroquí sobre el territorio.

Cabo Verde, del respaldo diplomático a una asociación multidimensional

La evolución de las relaciones entre Marruecos y Cabo Verde presenta una trayectoria diferente. Praia ha ido estrechando progresivamente sus vínculos con Rabat y ha convertido su respaldo a la posición marroquí en una dimensión visible de su política exterior.

El 21 de septiembre de 2026, el ministro de Asuntos Exteriores y Defensa de Cabo Verde, Manuel Augusto Lima Amante da Rosa, reafirmó en Nueva York el apoyo de su país a la soberanía y la integridad territorial de Marruecos sobre la totalidad de su territorio, incluida la región del Sáhara, así como su respaldo al plan marroquí de autonomía. La declaración se produjo después de una reunión bilateral con Nasser Bourita y fue incorporada a un comunicado conjunto. El Gobierno caboverdiano también expresó su respaldo a la resolución 2797 del Consejo de Seguridad.

La trayectoria diplomática explica la contundencia de esta posición. En agosto de 2022, Cabo Verde inauguró su Consulado General en Dajla, decisión que Rabat considera una manifestación concreta del respaldo a su posición sobre el Sáhara. En aquella ocasión, ambos países suscribieron además una hoja de ruta de cooperación, dos acuerdos y un memorando de entendimiento destinados a ampliar la relación en educación, formación, cooperación técnica y de seguridad, promoción económica, inversión e intercambio de visitas oficiales.

La presencia consular en Dajla tiene, además, una dimensión económica. La apertura de representaciones extranjeras en las provincias del sur se ha convertido para Marruecos en uno de los instrumentos mediante los cuales procura asociar el reconocimiento diplomático a una mayor presencia económica internacional. En el caso caboverdiano, aquella decisión precedió a una etapa de profundización de la cooperación bilateral que ahora entra en una nueva fase.

El siguiente horizonte será la tercera sesión de la Comisión Mixta de Cooperación, prevista para el primer trimestre de 2027. Rabat ha anunciado su disposición a acompañar a Cabo Verde en sectores considerados prioritarios por las dos partes: salud, turismo, pesca marítima, agricultura, economía azul y transición energética.

A ello se suma una dimensión logística que puede adquirir importancia en la consolidación del vínculo atlántico. Royal Air Maroc mantiene vuelos directos entre Casablanca y Praia, con cinco frecuencias semanales, y entre Casablanca y Sal, con dos. Según la documentación aportada, estas conexiones han contribuido a fortalecer los flujos turísticos y comerciales.

La relación también se extiende al ámbito de la defensa. En julio de 2026, las Fuerzas Armadas de Cabo Verde destacaron la cooperación con las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos en materia de formación, ejercicios operacionales y donación de equipamiento, al tiempo que manifestaron su voluntad de profundizar esa cooperación.

Una red atlántica en expansión

Los movimientos de Chile y Cabo Verde deben interpretarse dentro de una estrategia marroquí más amplia, en la que el Atlántico ocupa una posición creciente. Para Rabat, la relación con los países atlánticos africanos no constituye solamente una cuestión de diplomacia territorial. Se vincula también con proyectos de infraestructura, comercio, energía, pesca, seguridad y conectividad que buscan convertir la fachada atlántica africana en un espacio de cooperación.

Cabo Verde ha expresado explícitamente su respaldo a la Iniciativa de los Estados Africanos del Atlántico y a la iniciativa marroquí destinada a facilitar el acceso de los países del Sahel al océano Atlántico. Chile, por su parte, puede aportar una dimensión latinoamericana a esta arquitectura, especialmente si las negociaciones comerciales culminan en un acuerdo que facilite el intercambio entre ambas economías.

La coincidencia temporal de ambas decisiones resulta, por ello, significativa. Mientras Cabo Verde profundiza una asociación africana que ya dispone de instrumentos diplomáticos, consulares, económicos, logísticos y de seguridad, Chile comienza a construir con Marruecos una relación de mayor densidad comercial. En ambos casos, el respaldo al plan de autonomía aparece acompañado por una voluntad declarada de ampliar los vínculos bilaterales.

El resultado es una diplomacia marroquí que procura que la cuestión del Sáhara deje de constituir un asunto aislado de política exterior para integrarse en una arquitectura más amplia de asociaciones internacionales. Chile y Cabo Verde representan, desde espacios geográficos y estratégicos distintos, dos expresiones de ese proceso: uno desde el Pacífico sudamericano y otro desde el Atlántico africano. El desafío para Rabat será ahora transformar esas declaraciones políticas en cooperación económica efectiva y sostenida, mientras para Santiago y Praia el reto consistirá en convertir el acercamiento diplomático en beneficios concretos para sus respectivas economías.

En esa intersección entre diplomacia, comercio y geopolítica se encuentra la principal novedad de septiembre de 2026. El respaldo al plan de autonomía ya no aparece únicamente como una declaración sobre el futuro del Sáhara, sino como una pieza dentro de relaciones bilaterales que Marruecos, Chile y Cabo Verde aspiran a dotar de mayor contenido económico y estratégico.

 

Polonia se prepara para la guerra que quiere evitar

Polonia ha convertido la posibilidad de un enfrentamiento directo con  Rusia en una hipótesis central de su planificación estratégica. El aumento del gasto militar, la construcción del gigantesco “Escudo del Este”, la adquisición de tanques, artillería, aviones y sistemas de defensa antiaérea, la expansión de sus reservas y el entrenamiento militar de la población civil forman parte de una misma doctrina: disponer de capacidad nacional suficiente para resistir el primer golpe y, al mismo tiempo, garantizar que cualquier agresión contra Varsovia desencadene una respuesta de la OTAN. .

Hay países europeos que hablan de prepararse para una guerra. Polonia actúa como si esa guerra pudiera comenzar mañana. La diferencia no es únicamente retórica. Varsovia está transformando su territorio, su industria, sus Fuerzas Armadas y hasta la preparación de su población civil con una premisa que habría parecido extrema hace una década: Rusia constituye la principal amenaza militar de largo plazo para la seguridad polaca.

El cambio se explica, en primer lugar, por la geografía. Polonia se encuentra entre Bielorrusia, aliada de Moscú, y el enclave ruso de Kaliningrado, mientras el corredor de Suwałki constituye el estrecho vínculo terrestre entre Polonia y Lituania y, por extensión, entre el resto de la OTAN y los Estados bálticos. En una eventual crisis en el Báltico, esa franja de territorio adquiriría una importancia estratégica extraordinaria.

Pero también pesa la memoria. La relación histórica entre Polonia y Rusia está marcada por guerras, particiones, ocupaciones y dominación política. La guerra polaco-soviética de 1919-1921 terminó con la derrota del Ejército Rojo en la batalla de Varsovia. Dos décadas después, el pacto Ribbentrop-Mólotov de agosto de 1939 abrió el camino a la partición de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética. En 1940, la NKVD ejecutó a miles de oficiales, intelectuales y funcionarios polacos en Katyn y otros lugares. En 1944, durante el levantamiento de Varsovia, el Ejército soviético permaneció al otro lado del Vístula mientras las fuerzas alemanas destruían la resistencia polaca.

La experiencia posterior tampoco disipó el temor. Polonia quedó incorporada a la esfera soviética después de la Segunda Guerra Mundial y recuperó plena soberanía estratégica solamente con el final de la Guerra Fría. Para la actual generación de dirigentes militares polacos, la invasión rusa de Ucrania en 2014 y, sobre todo, la invasión a gran escala de febrero de 2022 confirmó que la geografía no había perdido su importancia.

La alarma se ha intensificado por una sucesión de incidentes. En septiembre de 2025, numerosos drones rusos penetraron en el espacio aéreo polaco. Varsovia activó consultas bajo el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte y la OTAN puso en marcha “Eastern Sentry”, una operación destinada a reforzar la vigilancia y defensa del flanco oriental mediante aviones de combate, helicópteros, aeronaves de vigilancia, sistemas antiaéreos y otros medios aliados. La propia Alianza calificó las incursiones como una nueva manifestación del creciente riesgo de errores de cálculo y escalada.

En septiembre de 2026, la proximidad de los ataques rusos en territorio ucraniano volvió a elevar la preocupación. El Gobierno polaco ordenó reforzar los pasos fronterizos de Dorohusk, Medyka y Korczowa con tropas de ingenieros, fortificaciones y puestos de observación. El Ministerio de Defensa anunció además el refuerzo de las unidades militares desplegadas junto a la frontera. El episodio fue acompañado por una escalada verbal particularmente grave: el asesor del Kremlin Nikolái Patrushev afirmó que Polonia podría “dejar de existir” en dos o tres días si iniciaba acciones militares contra Rusia, mientras el ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, había advertido que una agresión contra territorio de la OTAN desencadenaría una respuesta aliada de gran magnitud.

También inquieta a Varsovia la evolución de la guerra híbrida. Sabotajes, ciberataques, interferencias contra infraestructuras críticas, desinformación y operaciones con drones forman parte de un escenario que Polonia considera inseparable de una eventual confrontación convencional. El Gobierno de Donald Tusk ha advertido además sobre posibles provocaciones rusas y ha adoptado una concepción de seguridad que ya no separa estrictamente la paz de la guerra, sino que contempla una zona gris permanente.

La respuesta polaca es extraordinariamente ambiciosa. El país prevé destinar alrededor del 4,8% de su producto interior bruto a defensa, una proporción excepcional dentro de la OTAN. La prioridad es crear unas Fuerzas Armadas suficientemente numerosas y tecnológicamente avanzadas como para absorber el primer impacto de una agresión y mantener la capacidad de combate hasta la llegada de los refuerzos aliados.

El rearme combina adquisiciones estadounidenses, surcoreanas y europeas con una creciente producción nacional. La lista de capacidades incorpora carros M1A2 Abrams, tanques K2 surcoreanos, artillería autopropulsada K9, lanzadores HIMARS estadounidenses, sistemas surcoreanos K239 Chunmoo, baterías Patriot, cazas F-35, F-16 y FA-50, helicópteros Apache y una nueva generación de vehículos blindados. El propio Ministerio de Defensa polaco identifica entre los principales programas de modernización los Patriot, HIMARS, Chunmoo, Abrams, K2, Borsuk, F-35, FA-50, K9, Krab, sistemas antibuque y nuevas fragatas.

La combinación no es casual. Polonia necesita disponer de potencia de fuego a larga distancia, movilidad blindada, superioridad aérea, defensa antiaérea y capacidad de reconocimiento. La experiencia ucraniana ha demostrado, además, que ningún ejército puede sobrevivir mucho tiempo sin una extensa red de drones, guerra electrónica y sistemas capaces de neutralizarlos.

De ahí la importancia del programa SAN, presentado por Varsovia como un sistema antidrones concebido específicamente para operaciones de guerra. Su arquitectura combina sensores, radares, guerra electrónica e interceptores. La intención es crear una defensa escalonada contra los drones de reconocimiento y ataque que Rusia ha utilizado masivamente en Ucrania.

El programa más emblemático es, sin embargo, el Escudo del Este. Varsovia pretende fortificar aproximadamente 700 kilómetros de su frontera oriental y septentrional, incluidos los sectores próximos a Bielorrusia y Kaliningrado. El proyecto contempla obstáculos antitanque, posiciones fortificadas, refugios, sistemas de vigilancia, sensores, cámaras térmicas, infraestructura militar y medios antidrones. Su finalidad no consiste solamente en detener a un ejército atacante, sino en ralentizarlo y canalizar su avance para ganar tiempo mientras las fuerzas polacas y aliadas se movilizan. El Gobierno polaco prevé completar el programa en 2028.

La lógica militar es sencilla: en una guerra contra Rusia, el tiempo sería un recurso estratégico. Cada hora que una fuerza atacante pierde atravesando obstáculos constituye una hora adicional para que lleguen refuerzos desde Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y otros países aliados. El Escudo del Este convierte, por tanto, la geografía polaca en parte integrante de la estrategia de defensa de la OTAN.

La cuestión decisiva es si Polonia podría resistir inicialmente con sus propios medios. La respuesta es afirmativa solamente en un sentido limitado. Varsovia está construyendo una capacidad nacional mucho mayor que la existente antes de 2022, pero su doctrina continúa descansando sobre la defensa colectiva de la Alianza. Los cazas F-35 y F-16, los Patriot, la artillería de precisión, los Abrams y K2, los sistemas de cohetes y la creciente fuerza de drones proporcionan capacidad para combatir; pero una guerra prolongada exigiría enormes cantidades de munición, repuestos, combustible, misiles y reemplazos.

El general León Komornicki ha formulado precisamente esa advertencia. En una entrevista sostuvo que la verdadera capacidad militar de un ejército no se mide durante los primeros días de una guerra, sino después de un mes, seis meses o un año. Su crítica apunta a la dependencia polaca de proveedores extranjeros y a la necesidad de desarrollar una verdadera autonomía industrial. También reclama una planificación estratégica de largo plazo y advierte que “no habrá tiempo para esperar suministros de Corea o Estados Unidos” si las cadenas logísticas quedan interrumpidas.

Esa preocupación explica el esfuerzo por convertir a Polonia no solamente en comprador, sino también en fabricante. El vehículo de combate de infantería Borsuk representa uno de los principales proyectos nacionales. Aunque su desarrollo ha sido lento, el sistema constituye un salto cualitativo para las fuerzas terrestres. El general Komornicki reconoce sus buenas prestaciones de protección, movilidad y potencia de fuego, aunque critica que el proyecto haya necesitado décadas para alcanzar la producción.

Varsovia está intentando además “polonizar” progresivamente parte de las adquisiciones extranjeras. La cooperación con Corea del Sur es particularmente importante. Polonia recibe K2 y K9, trabaja en la fabricación nacional de componentes y busca ampliar la participación de empresas polacas en las cadenas de suministro. En el programa HOMAR-K, la empresa polaca WB Electronics coopera con Hanwha Aerospace para desarrollar y producir misiles en Polonia.

La cooperación con Seúl tiene, por tanto, una dimensión que excede la simple compra de armamento: Varsovia busca transferencia tecnológica, capacidad de mantenimiento y producción local. El Gobierno polaco ha señalado explícitamente que la “polonización” de los equipos surcoreanos debe contribuir a desarrollar una base industrial propia.

La misma lógica se extiende a otros socios. Con Reino Unido, Polonia firmó en mayo de 2026 el Tratado de Northolt, que profundiza la cooperación militar, industrial y cibernética y tiene como objetivo declarado reforzar la disuasión frente a Rusia. Con Alemania, Varsovia firmó en junio de 2026 un nuevo acuerdo de cooperación en defensa que incluye ciberseguridad, mando conjunto en el Báltico, tecnologías espaciales, movilidad militar e infraestructura. Francia constituye otro socio central y ambos países habían firmado previamente un tratado de seguridad.

La estrategia polaca se completa con una dimensión social que recuerda a las sociedades movilizadas de la Guerra Fría. Varsovia pretende ampliar considerablemente sus reservas y ha promovido programas de formación voluntaria que incluyen defensa civil, primeros auxilios y manejo de armas. En septiembre de 2026, el Ministerio de Defensa puso en marcha el programa “wGotowości”, que ofrece jornadas gratuitas de ocho horas impartidas por instructores militares y abiertas a ciudadanos desde los 13 años.

La intención es que la defensa nacional no dependa exclusivamente de los militares profesionales. Refugios, infraestructura crítica, hospitales, aeropuertos, redes ferroviarias y sistemas de comunicaciones deben formar parte de una arquitectura nacional de resiliencia. El Gobierno también ha planteado adaptar infraestructuras civiles para su utilización militar en caso de emergencia.

Existe, sin embargo, una contradicción que los propios militares polacos reconocen. El país dispone de un volumen excepcional de recursos y está adquiriendo algunas de las armas más modernas del mundo, pero todavía necesita transformar ese equipamiento en una estructura militar coherente, sostenible y capaz de mantener una guerra prolongada.

Por eso la estrategia de Varsovia tiene dos tiempos. El primero es inmediato: elevar el coste de cualquier agresión mediante fuerzas convencionales, defensa aérea, fortificaciones, drones, artillería y reservas. El segundo es estructural: convertir a Polonia en uno de los principales centros industriales y militares de Europa, capaz de fabricar, reparar y reponer buena parte de aquello que necesita.

La paradoja es que cuanto más se prepara Polonia para una guerra, más intenta impedir que esa guerra ocurra. La doctrina de Varsovia no consiste en buscar el enfrentamiento con Moscú, sino en hacer que la posibilidad de una agresión resulte militarmente demasiado costosa. El apoyo a Ucrania forma parte de esa estrategia porque, desde la perspectiva polaca, mantener al Ejército ruso comprometido lejos de sus fronteras reduce directamente el riesgo sobre el territorio nacional.

Polonia está construyendo así algo más amplio que un ejército. Está edificando una sociedad preparada para resistir, una industria orientada a producir armamento, una frontera convertida en sistema defensivo y una red diplomática destinada a asegurar que ningún adversario pueda interpretar que Varsovia está aislada. La apuesta final sigue siendo la OTAN. Pero la experiencia histórica ha llevado a los polacos a una conclusión particularmente severa: para que una alianza pueda salvar a un país, ese país debe ser capaz de sobrevivir hasta que lleguen sus aliados.

El objetivo de Varsovia no parece ser ganar una guerra contra Rusia en solitario. Es impedir que Rusia crea que puede ganarla.

 

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[i] ADALBERTO AGOZINO: Doctor en Ciencia Política. Analista internacional.

Los hutíes se convierten un actor central en Medio Oriente

 

La toma de Moca y de la isla de Perim en septiembre de 2026 ha colocado a Ansar Allah frente a una de las arterias del comercio mundial, en un momento en que el estrecho de Ormuz ya está gravemente perturbado. La amenaza creíble basta para encarecer seguros, desviar buques y reducir el margen de Arabia Saudí.

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Buenos Aires - La ofensiva con la que Ansar Allah, el movimiento conocido internacionalmente como hutí, se ha hecho con la ciudad portuaria de Moca y con la isla de Perim no es solo un episodio más de la guerra yemení. Es un desplazamiento del centro de gravedad estratégico de un conflicto que, durante años, pareció contenido en las montañas del norte y en las negociaciones intermitentes con Riad. Al asomarse a las orillas del estrecho de Bab el-Mandeb, los hutíes han transformado una ventaja geográfica local en un instrumento de presión sobre el tráfico entre el golfo de Adén y el mar Rojo, y, por extensión, sobre una de las rutas que conectan Asia con Europa y el petróleo del Golfo con los mercados occidentales. Reuters ha interpretado esa campaña como un refuerzo sustancial de la posición de Abdulmalik al-Houthi. El dato no es menor: no hace falta cerrar formalmente el paso para alterar las decisiones de navieras, aseguradoras y productores. Basta con que el riesgo sea creíble.

El estrecho, estrecho de apenas una docena de millas en sus tramos más angostos, es la puerta meridional del canal de Suez. Antes de que los ataques hutíes contra el tráfico comercial, iniciados a finales de 2023 en nombre de la causa palestina, desviaran una parte sustancial de los buques hacia el cabo de Buena Esperanza, por Bab el-Mandeb circulaban unos 9,3 millones de barriles diarios de petróleo y productos petrolíferos. En el primer semestre de 2025, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el flujo había caído a unos 4,2 millones. El tráfico por Suez y por el oleoducto SUMED se redujo en una proporción similar. El desvío añade cerca de dos semanas de navegación y un coste extra de combustible que, en determinadas travesías, supera el millón de dólares. Las primas de seguro de guerra se disparan. El efecto se transmite a las cadenas de suministro, a los fletes y, en última instancia, a la inflación de las economías importadoras.

La novedad de septiembre de 2026 reside en que esa amenaza marítima ya no se ejerce solo desde la distancia, con drones y misiles lanzados desde el interior. El control de tramos de la costa occidental y de Perim —Mayún, en la nomenclatura local— sitúa a los hutíes a pocos kilómetros de las rutas de paso. Al mismo tiempo, el movimiento ha intensificado los ataques contra territorio saudí. El 12 de septiembre reivindicó una operación con misiles balísticos y drones contra una base en Sharurah; la Defensa Civil del reino reconoció víctimas y daños. Riad, que en 2015 intervino para impedir la consolidación de un poder hostil en su frontera sur y que después intentó desengancharse para concentrarse en Visión 2030, se enfrenta de nuevo al dilema de una guerra terrestre costosa o de una respuesta aérea insuficiente para revertir el avance costero.

Ansar Allah no nació como un apéndice de Teherán. Surgió en los años noventa en el norte zaidí, como reacción identitaria y territorial frente a la pérdida de influencia de esas comunidades y frente a la penetración de corrientes suníes conservadoras financiadas, en buena medida, desde Arabia Saudí. La Primavera Árabe y el colapso del Estado yemení le permitieron ocupar Saná en 2014. La intervención saudí de 2015 internacionalizó la guerra, pero no destruyó al movimiento. Al contrario: los hutíes sobrevivieron al bombardeo y al bloqueo, construyeron una administración que recauda impuestos, gestiona servicios y combina rasgos de milicia, partido y aparato estatal, y pasaron de la infantería de montaña a una fuerza con misiles balísticos, de crucero y drones capaces de alcanzar objetivos lejanos. La tregua de 2022 congeló frentes sin resolver las causas del conflicto.

La relación con Irán es, por eso, mejor descrita como una asociación estratégica asimétrica que como una simple cadena de mando. Teherán aporta tecnología, entrenamiento, redes de suministro y cobertura política; los hutíes ofrecen profundidad en el extremo occidental de la península arábiga y una capacidad de hostigamiento que Irán no podría ejercer por sí solo sin asumir un coste diplomático mayor. Washington ha sancionado redes de adquisición que operan a través de Yemen, Irán, China, Rusia y otras jurisdicciones, y que buscan componentes de misiles y vehículos aéreos no tripulados. La capacidad hutí no depende de un único conducto: combina asistencia iraní, contrabando, producción local, adaptación tecnológica y captura de material enemigo, incluidos sistemas de vigilancia occidentales y regionales. Esa heterogeneidad logística complica cualquier estrategia de interdicción.

El éxito reciente no se explica solo por las armas. El campo antihutí permanece fragmentado: Riad, Abu Dabi, el Gobierno reconocido internacionalmente, milicias tribales y el proyecto secesionista del sur han operado durante años con objetivos divergentes. Ansar Allah, en cambio, conserva una cadena de mando relativamente centralizada. Acumula más de una década de aprendizaje contra una fuerza aérea superior: dispersión, lanzadores móviles, instalaciones subterráneas. Y aprovecha una coyuntura en la que Estados Unidos, inmerso en su enfrentamiento con Irán, se ha mostrado reticente a abrir un nuevo frente terrestre en Yemen, pese a las peticiones saudíes de apoyo. La geografía completa el cuadro. No hace falta dominar todo el estrecho para generar inseguridad; basta con amenazar el tránsito desde tierra.

La dimensión energética adquiere un carácter excepcional porque Bab el-Mandeb no está solo. Ormuz, por el que en el primer semestre de 2025 transitaron unos 20,9 millones de barriles diarios —alrededor de cinco veces el volumen de Bab el-Mandeb—, permanece gravemente afectado por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Arabia Saudí concibió el oleoducto Este-Oeste, con capacidad teórica cercana a los siete millones de barriles, precisamente para evacuar crudo hacia Yanbu y eludir Ormuz. Esa alternativa, sin embargo, también ha resultado vulnerable: ataques con drones atribuidos por Riad a lanzadores en Irak —y no necesariamente a los hutíes— han obligado a interrumpir o reducir el flujo. Si las dos grandes puertas de salida del petróleo del Golfo sufren perturbaciones simultáneas, el margen de maniobra del reino se estrecha y el problema deja de ser yemení para convertirse en una cuestión de seguridad energética internacional.

China ha pedido a Teherán que contenga a su aliado; Europa ve amenazado el corredor que sostiene una parte sustancial de su comercio con Asia; Italia ha anunciado preparativos para reforzar su presencia naval. Washington sigue siendo el actor externo con más capacidad de inteligencia, defensa aérea y ataque de largo alcance, pero una intervención directa contra los hutíes reabriría el espectro de una guerra prolongada que la Administración ha preferido evitar. Los hutíes, por su parte, parecen buscar menos la aniquilación militar de Arabia Saudí que la conversión de su poder de fuego y de su posición costera en moneda de negociación: reconocimiento de facto, alivio del bloqueo, participación institucional y acceso a recursos. Palestina sigue siendo el registro ideológico que legitima ante su base los ataques a la navegación.

El escenario más plausible no es una victoria rápida de ninguno de los bandos, sino una guerra de desgaste con diplomacia coercitiva en paralelo: conservación hutí de Moca y Perim, presión con drones y misiles, respuesta aérea saudí, mediación omaní o china, y evitación de un cierre absoluto del estrecho que pudiera precipitar una coalición naval más amplia. El riesgo reside en la ruptura de esa lógica. Un ataque de gran impacto contra un petrolero internacional, una interrupción prolongada del paso o una ofensiva terrestre saudí de envergadura podrían internacionalizar el conflicto de forma irreversible.

Yemen ha dejado de ser un teatro periférico. Con recursos limitados, Ansar Allah obliga a Riad, a Washington, a Bruselas y a Pekín a destinar medios desproporcionados a la protección de un corredor que, hasta hace poco, se daba por garantizado. Mientras Ormuz y Bab el-Mandeb permanezcan bajo presión a la vez, la seguridad del petróleo del Golfo dependerá menos de la capacidad de extraerlo que de la capacidad de escoltarlo hasta el mercado.

 

Europa tiende la mano a Canadá: una membresía asociada para un mundo que se resquebraja

 

Ursula von der Leyen propone a Mark Carney un estatus inédito, sin precedente en los tratados, para convertir la relación comercial en una alianza estratégica de defensa, minerales, tecnología y Ártico, en plena ruptura con Washington.

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Buenos Aires - En el hemiciclo de Estrasburgo, ante un Parlamento Europeo que se puso en pie, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se dirigió el miércoles de forma directa al primer ministro canadiense, Mark Carney, sentado entre los invitados de honor. “Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la Unión Europea”, dijo. El gesto, acompañado de un abrazo, condensaba meses de acercamiento acelerado y una lectura común del momento: ambos consideran que el orden internacional basado en reglas se ha fracturado y que las democracias deben elegir con quién construyen su futuro.

La categoría de “miembro asociado” no figura en los tratados. El artículo 49 del Tratado de la Unión Europea reserva la adhesión plena a Estados europeos que respeten los valores del bloque. Canadá, por geografía, queda fuera de ese procedimiento. La propuesta de Von der Leyen no pretende, por tanto, convertir a Ottawa en el vigésimo octavo Estado miembro, sino inventar un estatus intermedio que eleve la relación “al nivel más alto posible” y dé forma a lo que la propia presidenta denominó una Alianza para el Futuro. El anuncio sorprendió a varias capitales, que no habían sido consultadas con detalle, y el propio Gobierno canadiense se apresuró a bajar expectativas: “Todavía no estamos ahí”, resumió Jonathan Wilkinson, embajador de Canadá ante la UE.

Una relación ya densa, pero todavía incompleta

Las relaciones entre Canadá y la Unión Europea se remontan a 1976, cuando la entonces Comunidad Económica Europea firmó con Ottawa el primer acuerdo marco de cooperación económica con un país industrializado no europeo. Desde entonces se han sucedido declaraciones políticas, cumbres periódicas y, sobre todo, el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA), aplicado de forma provisional desde septiembre de 2017. Ese pacto eliminó la práctica totalidad de los aranceles y ha impulsado un crecimiento notable del intercambio. En 2025, el comercio bilateral de bienes y servicios superó los 130.000 millones de euros, un incremento de más del 80% respecto a 2016. El comercio de mercancías alcanzó cerca de 82.000 millones y el de servicios, unos 49.000. La Unión es el segundo socio comercial de Canadá —lejos, eso sí, de Estados Unidos— y Canadá ocupa el duodécimo lugar entre los socios de la UE. Bruselas mantiene un superávit de mercancías de alrededor de 16.000 millones.

El CETA, sin embargo, sigue sin estar plenamente ratificado: diez Estados miembros, entre ellos Francia e Italia, no han completado el proceso por reservas agrícolas y de inversión. Carney ha pedido públicamente que lo hagan. Paralelamente, Ottawa negocia su incorporación a programas como Horizonte Europa y Erasmus+, y el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales. En defensa, el avance ha sido más rápido. En junio de 2025 ambas partes firmaron una Asociación de Seguridad y Defensa. Meses después, Canadá se convirtió en el primer país no europeo admitido en el instrumento SAFE, el mecanismo de 150.000 millones de euros destinado a compras conjuntas y refuerzo de la base industrial de defensa. Ottawa obtuvo una excepción que le permite aportar hasta el 80% del valor de ciertos sistemas, a cambio de una contribución financiera. La industria canadiense, incluido el contrato millonario de submarinos U212-CD adjudicados al astillero alemán TKMS, se beneficia ya de esa aproximación.

Qué ganaría cada parte si la oferta se concreta

Para Canadá, la ganancia inmediata es estratégica más que jurídica. Estados Unidos absorbió en 2025 cerca del 72% de sus exportaciones de mercancías. La guerra arancelaria abierta por Donald Trump, las insinuaciones sobre una hipotética anexión y gestos simbólicos como el decreto que rebautizó el lago Ontario han empujado a Ottawa a diversificar. Una Alianza para el Futuro ofrecería acceso privilegiado a un mercado de 450 millones de consumidores, cadenas de suministro de minerales críticos, energía —incluido el GNL destinado a Alemania—, baterías, inteligencia artificial y computación cuántica. También permitiría a las empresas canadienses participar de forma más intensa en la reindustrialización europea de la defensa. El primer ministro ha prometido duplicar el comercio no estadounidense en una década.

La Unión Europea, por su lado, busca un socio fiable en materias primas, tecnología y Ártico, región que Von der Leyen quiere convertir en “proyecto insignia conjunto”. Canadá aporta recursos naturales, una industria avanzada y un ancla atlántica que no depende de Washington. En un momento en que Bruselas intenta reducir su dependencia de China en minerales y de Rusia en energía, Ottawa aparece como complemento natural. La integración de bases industriales de defensa permitiría a Europa ampliar escala de producción sin esperar a una adhesión formal de Ucrania u otros candidatos. El mensaje político es igualmente importante: las democracias, dijo Von der Leyen, “tienen la libertad de elegir con quién trabajar”.

El mecanismo para concretar esa adhesión asociada no existe. Requeriría un acuerdo mixto, probablemente un tratado específico que debería ser ratificado por los 27 Estados miembros y, en algunos casos, por parlamentos nacionales. Tendría que definir con precisión derechos de participación en programas, acceso al mercado interior, movilidad de personas, contribución presupuestaria y, sobre todo, si Canadá tendría voz —aunque no voto— en el Consejo, la Comisión o el Parlamento. El precedente más cercano es el planteado por el canciller alemán Friedrich Merz para Ucrania: asistencia a cumbres, un representante en la Comisión y acceso gradual a fondos, sin derecho de voto. Ese modelo recibió una acogida fría en Kiev, que aspira a la adhesión plena. Aplicarlo a un país que no está en guerra y que no es europeo exigiría una ingeniería jurídica inédita y un consenso político que hoy no está garantizado. Manon Aubry, eurodiputada de La Izquierda, preguntó en el hemiciclo quién había otorgado a Von der Leyen el mandato democrático para tal oferta.

La motivación real y el efecto sobre Estados Unidos

La motivación no es solo comercial. Tanto Bruselas como Ottawa perciben un entorno “abiertamente hostil”, en palabras de Von der Leyen. La competencia china, la guerra en Ucrania, la presión sobre el Ártico y la imprevisibilidad de la Administración Trump han coincidido. Canadá busca autonomía estratégica; Europa, socios que compartan su visión del multilateralismo, el Estado de derecho y la transición ecológica. Tobias Cremer, eurodiputado alemán impulsor de una resolución de mayor cooperación con Ottawa, lo resumió: no se trata solo de valores e historia, sino de “intereses comunes y una visión estratégica”. Valerie Hayer, líder de Renew, reclamó una respuesta conjunta a los aranceles y a la “coerción comercial”.

El impacto sobre Estados Unidos sería, sobre todo, político y simbólico. Washington seguiría siendo, con diferencia, el primer socio comercial y de seguridad de Canadá. Una membresía asociada no rompería el NORAD ni la integración estadounidense de las cadenas de valor. Pero sí enviaría a la Casa Blanca el recado de que Ottawa y Bruselas están dispuestos a construir un espacio de prosperidad y seguridad económica que no pasa necesariamente por el aliado tradicional. Von der Leyen insistió en que la alianza “no está contra nadie”. En la práctica, reduce el margen de presión arancelaria unilateral y refuerza la capacidad de ambos para negociar con Pekín y con Moscú desde una posición menos aislada.

En el ámbito de la defensa occidental, el efecto sería acumulativo más que revolucionario. Canadá ya es miembro de la OTAN y ha incrementado sus compromisos. La integración industrial con Europa —compras conjuntas, estándares, proyectos árticos— podría complementar, no sustituir, la arquitectura atlántica. Algunos analistas del Atlantic Council advierten, no obstante, que la falta de detalle sobre el estatus asociado genera confusión y que la UE ha resistido históricamente las alianzas flexibles precisamente para no diluir el acervo. La cumbre de Montreal, prevista para finales de octubre, será la primera prueba de si el anuncio se traduce en hojas de ruta o se queda en una declaración de intenciones.

La opinión pública y el horizonte político

Una encuesta de Abacus Data publicada antes del discurso mostraba que el 49% de los canadienses apoyaba o estaba dispuesto a explorar una membresía en la UE, frente a un 30% de oposición. El dato refleja el malestar con Washington más que un deseo de adoptar el acervo comunitario. En Europa, la recepción ha sido desigual: ovación en el Parlamento, escepticismo en varias cancillerías y críticas de quienes temen que se abra una vía de adhesión a la carta que luego reclamen otros socios. La población europea, habituada a debates sobre ampliación hacia los Balcanes o Ucrania, apenas ha comenzado a discutir qué significaría un vínculo institucional con un país al otro lado del Atlántico.

Carney intervendrá este jueves ante los eurodiputados. Von der Leyen ha dejado claro que comparte océano, valores y una forma de ver el mundo. Lo que queda por construir —el contenido jurídico de esa membresía asociada, el equilibrio entre soberanía canadiense y normas europeas, la reacción de Washington y el consentimiento de los Veintisiete— definirá si el miércoles de Estrasburgo fue un punto de inflexión o un gesto elocuente en un año político ya cargado de incertidumbre.