Sudáfrica, la “nación arcoíris” bajo asedio

 

La desaparición del apartheid convirtió a Sudáfrica en el símbolo más poderoso de la reconciliación política del siglo XX. Durante años, la denominada "nación arcoíris" representó la promesa de que una sociedad profundamente fracturada por la segregación racial podía construir una democracia inclusiva basada en la igualdad de derechos, el pluralismo político y la integración continental. Tres décadas después, aquella imagen se encuentra sometida a una tensión extraordinaria. El país más industrializado de África enfrenta una combinación de estancamiento económico, desigualdad estructural, desempleo masivo, deterioro institucional y una creciente violencia contra los inmigrantes africanos que amenaza con erosionar algunos de los pilares sobre los que se edificó el Estado sudafricano posterior a 1994.

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Buenos Aires - La historia contemporánea de Sudáfrica está marcada por una paradoja difícil de ignorar. Ningún otro país africano simbolizó con tanta fuerza el triunfo de la reconciliación nacional como el encabezado por Nelson Mandela tras las primeras elecciones democráticas de 1994. Ninguno despertó expectativas tan elevadas sobre la posibilidad de construir una sociedad multirracial capaz de superar siglos de colonialismo, segregación y discriminación institucionalizada. Sin embargo, tres décadas después del nacimiento de aquella democracia, el país atraviesa probablemente la crisis social más profunda desde el final del apartheid.

Las imágenes registradas durante las últimas semanas en Johannesburgo, Durban, Pretoria, Soweto o Pietermaritzburg resultan difíciles de conciliar con el legado político de Mandela. Miles de manifestantes han salido a las calles exigiendo la expulsión inmediata de inmigrantes africanos; barrios enteros han sufrido ataques organizados; comercios pertenecientes a extranjeros han sido saqueados; familias completas han abandonado precipitadamente sus viviendas por temor a ser asesinadas y varios gobiernos africanos se han visto obligados a organizar operaciones de evacuación para rescatar a sus ciudadanos.

La violencia constituye únicamente la expresión más dramática de un proceso de deterioro que lleva años incubándose. Detrás de las agresiones se encuentra una sociedad profundamente frustrada por el desempleo, la pobreza persistente, la corrupción política, el deterioro de los servicios públicos y la percepción cada vez más extendida de que la transición democrática no consiguió transformar las estructuras económicas heredadas del apartheid.

Sudáfrica continúa siendo la economía más desarrollada del continente africano, pero también una de las sociedades más desiguales del mundo. Según distintos estudios del Banco Mundial y de especialistas sudafricanos, la riqueza continúa extraordinariamente concentrada, mientras amplios sectores de la población negra siguen viviendo en condiciones muy similares a las existentes durante las últimas décadas del régimen segregacionista.

El contraste resulta especialmente visible en las grandes áreas metropolitanas. Modernos distritos financieros conviven con extensos townships donde millones de personas sobreviven con acceso limitado al empleo formal, servicios sanitarios insuficientes, infraestructuras deterioradas y frecuentes interrupciones del suministro eléctrico y de agua potable. Las políticas públicas impulsadas por el gobernante Congreso Nacional Africano lograron ampliar el acceso a la vivienda, la electricidad y la educación durante los primeros años de la democracia, pero nunca consiguieron alterar de forma decisiva la estructura económica heredada del apartheid.

Diversos economistas coinciden en que la liberalización económica aplicada desde finales de los años noventa permitió mantener la estabilidad macroeconómica, pero no redujo significativamente la desigualdad. El crecimiento experimentado entre finales de la década de 1990 y los años previos a la crisis financiera internacional de 2008 favoreció la aparición de una clase media negra y amplió el consumo interno, aunque dejó prácticamente intacta la enorme concentración patrimonial acumulada durante décadas por las élites económicas.

Los datos continúan ilustrando esa fractura estructural. Investigaciones realizadas por académicos sudafricanos indican que el diez por ciento más rico de la población concentra alrededor del noventa por ciento de la riqueza nacional, mientras una inmensa mayoría apenas dispone de activos patrimoniales. La movilidad social continúa siendo extremadamente reducida y millones de jóvenes encuentran enormes dificultades para incorporarse al mercado laboral.

El desempleo constituye probablemente el principal factor de desestabilización. Las cifras oficiales sitúan la tasa de paro por encima del treinta por ciento, aunque distintos especialistas sostienen que, incluyendo a quienes han dejado de buscar empleo, el desempleo efectivo supera ampliamente el cuarenta por ciento de la población económicamente activa. Entre los jóvenes, la situación resulta todavía más grave y convierte a Sudáfrica en una de las economías con mayor exclusión laboral del mundo.

A esa realidad se suma un prolongado proceso de deterioro institucional. Durante los últimos quince años, el país ha padecido reiterados escándalos de corrupción, una pérdida progresiva de capacidad administrativa y una profunda crisis de empresas públicas estratégicas. La eléctrica estatal Eskom continúa enfrentando graves dificultades financieras y técnicas que han obligado a imponer cortes programados de electricidad durante largos períodos, afectando tanto a la actividad industrial como a la vida cotidiana de millones de ciudadanos.

La inseguridad representa otro componente decisivo del malestar colectivo. Sudáfrica mantiene algunos de los índices de criminalidad más elevados del planeta, con elevadas tasas de homicidios, robos violentos y delincuencia organizada. En numerosos barrios populares, la percepción de abandono estatal ha favorecido el surgimiento de organizaciones comunitarias que afirman actuar en defensa de la seguridad ciudadana, aunque en muchos casos terminan convirtiéndose en grupos de presión o incluso en estructuras de vigilancia que operan al margen de la legalidad.

Los analistas sostienen que esta combinación de desempleo masivo, deterioro de los servicios públicos, corrupción persistente y creciente inseguridad ha erosionado profundamente la legitimidad del Estado democrático construido tras el apartheid. El prestigio histórico del Congreso Nacional Africano, forjado durante décadas de lucha contra la segregación racial, ya no basta para contener un descontento social que se expresa mediante protestas casi permanentes y un progresivo desgaste electoral.

La crisis económica tampoco puede entenderse únicamente como un fenómeno coyuntural. La economía sudafricana continúa dependiendo en gran medida de sectores tradicionales como la minería, cuya evolución permanece estrechamente vinculada a los ciclos internacionales de demanda de materias primas. La desaceleración del crecimiento mundial, las dificultades energéticas, la insuficiente inversión privada y las limitaciones del aparato productivo han reducido significativamente la capacidad del país para absorber la creciente oferta de mano de obra.

Paradójicamente, esa misma estructura económica continúa ejerciendo una poderosa atracción sobre millones de ciudadanos del África austral. Desde hace más de un siglo, las minas sudafricanas, la agricultura comercial, la construcción y el sector informal han dependido en distintos momentos del trabajo de migrantes procedentes de Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Malaui, Botsuana o Esuatini. La migración regional no constituye, por tanto, un fenómeno reciente, sino uno de los elementos constitutivos del desarrollo económico sudafricano.

Tras la instauración de la democracia, esa dinámica migratoria se intensificó. La relativa estabilidad institucional de Sudáfrica, unida al deterioro económico y político registrado en varios países vecinos, convirtió al país en el principal destino para millones de africanos que buscaban oportunidades laborales imposibles de encontrar en sus lugares de origen. Las estadísticas oficiales estiman que aproximadamente tres millones de extranjeros residen actualmente en territorio sudafricano, equivalentes a alrededor del cuatro o cinco por ciento de la población nacional.

Durante años, esta inmigración fue considerada una consecuencia natural de la integración regional impulsada tras el fin del apartheid. Sin embargo, a medida que el crecimiento económico comenzó a desacelerarse y las dificultades sociales se agravaron, una parte creciente de la opinión pública empezó a identificar a los inmigrantes como responsables directos del desempleo, de la saturación de hospitales y escuelas, del aumento de la delincuencia y del deterioro de los servicios públicos.

Numerosos investigadores rechazan esa interpretación. Expertos de la Universidad de Witwatersrand, junto con diversas organizaciones de derechos humanos, sostienen que no existe evidencia empírica que permita atribuir a los inmigrantes la responsabilidad de la crisis económica sudafricana. Por el contrario, consideran que los extranjeros han terminado convirtiéndose en un conveniente chivo expiatorio sobre el que se proyectan frustraciones generadas por problemas estructurales cuya responsabilidad corresponde, principalmente, al prolongado fracaso de las políticas públicas y a la incapacidad del sistema económico para generar empleo suficiente.

No obstante, esa explicación racional ha perdido terreno frente a discursos cada vez más emocionales que presentan la inmigración como la principal amenaza para la supervivencia económica de las comunidades más pobres. Sobre ese terreno fértil comenzaría a desarrollarse un fenómeno mucho más preocupante: la aparición de organizaciones capaces de transformar el malestar social en movilización política organizada y, finalmente, en violencia sistemática contra los inmigrantes africanos.

La inmigración como chivo expiatorio: el ascenso de la xenofobia y la normalización del discurso antiinmigrante

Las explosiones periódicas de violencia contra inmigrantes no constituyen un fenómeno nuevo en Sudáfrica. Desde el fin del apartheid, el país ha registrado sucesivas oleadas de ataques xenófobos, especialmente en 2008, 2015, 2019 y nuevamente durante 2026. Sin embargo, diversos especialistas consideran que la actual crisis presenta un rasgo diferencial respecto de las anteriores: la creciente institucionalización del discurso antiinmigrante y la aparición de organizaciones capaces de transformar el malestar social en un movimiento político permanente.

Lo que durante años permaneció circunscrito a episodios aislados de violencia en los townships se ha convertido progresivamente en una narrativa política articulada que identifica a los inmigrantes africanos como los principales responsables del deterioro económico nacional. El desempleo, el colapso de los hospitales públicos, la escasez de viviendas, la saturación del sistema educativo y el aumento de la delincuencia aparecen sintetizados en un mismo argumento: la presencia de extranjeros estaría privando a los ciudadanos sudafricanos de oportunidades laborales y de acceso a unos servicios públicos cada vez más limitados.

Esa interpretación ha encontrado un terreno especialmente fértil en las provincias más afectadas por la pobreza y el desempleo, donde la competencia por empleos informales y por recursos estatales resulta extraordinariamente intensa. La frustración cotidiana facilita la aceptación de explicaciones sencillas para problemas cuya verdadera naturaleza es mucho más compleja.

Los investigadores del proyecto Xenowatch, desarrollado por la Universidad de Witwatersrand, han documentado con precisión la evolución de este fenómeno. Desde 1994 hasta mediados de 2026 registraron más de mil trescientos incidentes de violencia xenófoba, cerca de setecientas personas fallecidas, más de ciento veinte mil desplazados internos y varios miles de comercios pertenecientes a inmigrantes destruidos o saqueados. Estas cifras reflejan que la xenofobia constituye un problema estructural y no una simple sucesión de estallidos espontáneos.

Los principales afectados proceden de los países que históricamente abastecieron de mano de obra a la economía sudafricana. Ciudadanos de Zimbabue, Mozambique, Malaui, Lesoto y Esuatini trabajan desde hace generaciones en la minería, la agricultura, la construcción o el comercio informal. A ellos se han sumado en las últimas décadas comunidades provenientes de Nigeria, Ghana, Somalia, Etiopía y la República Democrática del Congo, muchas de las cuales encontraron en Sudáfrica un espacio relativamente seguro para desarrollar pequeños negocios.

Paradójicamente, esos mismos comerciantes se han convertido en uno de los blancos preferentes de la violencia. En numerosos townships, pequeñas tiendas administradas por somalíes, etíopes o congoleños han sido incendiadas o saqueadas durante sucesivas campañas de intimidación. Las organizaciones comunitarias somalíes denuncian desde hace años asesinatos selectivos, robos sistemáticos y ataques dirigidos contra sus establecimientos, una situación que se ha agravado considerablemente durante los últimos meses.

La comunidad zimbabuense constituye otro de los grupos más vulnerables. Su presencia masiva responde tanto a la proximidad geográfica como al prolongado deterioro económico experimentado por Zimbabue desde comienzos del siglo XXI. Miles de familias han cruzado la frontera buscando oportunidades laborales imposibles de encontrar en su país de origen. Sin embargo, esa misma magnitud migratoria los ha convertido en objetivo prioritario de organizaciones nacionalistas que los presentan como competidores directos por el empleo y los servicios sociales.

El episodio más dramático de esta nueva ola de violencia comenzó durante la primavera austral de 2026. A partir de abril, diversos grupos antiinmigración iniciaron campañas públicas exigiendo que todos los extranjeros en situación irregular abandonaran el país antes del 30 de junio. Aunque dicho ultimátum carecía completamente de sustento jurídico, logró generar un clima de intimidación que provocó el desplazamiento de decenas de miles de personas incluso antes de expirar el plazo fijado por sus promotores.

Durante esas semanas se sucedieron los desalojos forzosos, las amenazas contra familias inmigrantes, el cierre de pequeños comercios y los ataques contra barrios enteros ocupados mayoritariamente por extranjeros. Numerosos propietarios expulsaron preventivamente a sus inquilinos africanos por temor a represalias, mientras miles de personas comenzaron a concentrarse en centros temporales de acogida organizados por las autoridades o por las representaciones diplomáticas de sus respectivos países.

Las escenas registradas en Durban ilustran la gravedad alcanzada por la situación. Decenas de ciudadanos congoleños pasaron varias noches durmiendo en la vía pública tras ser desalojados de sus viviendas por propietarios que temían ataques contra sus edificios. En otras ciudades, comerciantes extranjeros abandonaron voluntariamente sus negocios al difundirse rumores sobre nuevos saqueos organizados.

Ante el riesgo de una escalada mayor, varios gobiernos africanos organizaron operaciones extraordinarias de evacuación. Nigeria, Ghana, Malaui, Mozambique y Zimbabue coordinaron vuelos especiales y convoyes terrestres destinados a facilitar el retorno voluntario de miles de ciudadanos que ya no consideraban seguro permanecer en territorio sudafricano. Otros Estados, como Kenia y Lesoto, emitieron advertencias recomendando a sus nacionales extremar las medidas de seguridad o abandonar temporalmente el país.

Detrás de esta movilización se encuentran organizaciones que han adquirido una influencia política creciente durante los últimos años.

La más conocida es Operation Dudula, cuyo nombre significa aproximadamente "expulsar" o "empujar hacia fuera" en lengua zulú. Surgida en 2021 en Soweto como una supuesta iniciativa comunitaria destinada a combatir la delincuencia, pronto evolucionó hacia una organización dedicada a identificar inmigrantes, inspeccionar comercios, exigir documentación en barrios populares y presionar a hospitales y escuelas para impedir el acceso de extranjeros a servicios públicos. Diversos organismos de derechos humanos han denunciado reiteradamente sus métodos de intimidación, caracterizados por patrullajes vecinales, allanamientos ilegales y actos de violencia contra ciudadanos africanos.

Uno de los episodios más conmovedores atribuidos a ese clima de persecución fue el fallecimiento del hijo de una trabajadora originaria de Malaui. Según organizaciones humanitarias, la madre intentó obtener atención médica para el menor en varios hospitales públicos, pero el temor de los centros sanitarios a las inspecciones realizadas por militantes de Operation Dudula terminó impidiendo el tratamiento oportuno del niño, que finalmente murió. El caso adquirió un enorme simbolismo dentro del debate sobre la creciente deshumanización del discurso antiinmigrante.

A diferencia de otros movimientos de carácter informal, Operation Dudula decidió incorporarse directamente a la competencia política. En 2023 obtuvo reconocimiento legal como partido y participó posteriormente en los procesos electorales nacionales y municipales. Sus resultados fueron escasos, con porcentajes inferiores al uno por ciento incluso en sus principales bastiones, pero numerosos analistas consideran que su verdadera influencia no reside en el número de votos obtenidos, sino en haber conseguido trasladar buena parte de su agenda al debate político nacional.

Durante 2026 emergió además una nueva organización denominada March and March, convertida rápidamente en el rostro visible de las movilizaciones recientes. El movimiento, encabezado por la comunicadora zulú Jacinta Ngobese-Zuma y por el activista Nkosikhona Ndabandaba, impulsó una intensa campaña de manifestaciones nacionales reclamando deportaciones masivas, controles fronterizos mucho más estrictos y una aplicación rigurosa de la legislación migratoria.

Aunque sus dirigentes rechazan ser definidos como xenófobos y sostienen que únicamente pretenden exigir el cumplimiento de las leyes, sus convocatorias han coincidido sistemáticamente con ataques contra inmigrantes, saqueos y episodios de violencia colectiva. Las consignas difundidas durante las marchas —"Sudáfrica para los sudafricanos", "recuperemos nuestro país" o el lema zulú Abahambe ("que se vayan")— han contribuido a consolidar una narrativa de exclusión que identifica la nacionalidad con el acceso legítimo a los recursos públicos.

La preocupación de los especialistas no deriva únicamente de la existencia de estos grupos, sino del respaldo indirecto que reciben desde distintos sectores políticos. Diversos partidos han incorporado progresivamente elementos de ese discurso, convencidos de que la cuestión migratoria constituye un instrumento eficaz para movilizar electores descontentos.

El partido ActionSA, dirigido por Herman Mashaba, ha convertido el endurecimiento de la política migratoria en uno de sus principales ejes programáticos. La Alianza Patriótica, encabezada por Gayton McKenzie, ha utilizado durante años lemas explícitamente dirigidos contra los inmigrantes africanos y algunos de sus dirigentes participaron anteriormente en movilizaciones organizadas junto a Operation Dudula. Incluso sectores del partido uMkhonto we Sizwe (MK), fundado por el expresidente Jacob Zuma, han comenzado a defender políticas migratorias mucho más restrictivas.

La evolución del propio Congreso Nacional Africano resulta igualmente significativa. Heredero de una tradición profundamente panafricanista y beneficiario durante décadas del apoyo político, económico y militar de numerosos países africanos durante la lucha contra el apartheid, el partido gobernante ha endurecido gradualmente su discurso migratorio. Figuras relevantes del Ejecutivo han defendido controles fronterizos más estrictos, operaciones policiales contra inmigrantes irregulares y sistemas biométricos destinados a reforzar el control poblacional. Para numerosos académicos, esta convergencia discursiva ha contribuido a legitimar planteamientos que anteriormente permanecían restringidos a organizaciones extremistas.

Esa normalización constituye, probablemente, el rasgo más inquietante de la coyuntura actual. Como advierten numerosos investigadores, el peligro no reside únicamente en la violencia ejercida por grupos radicales, sino en la progresiva aceptación social de la idea de que los inmigrantes representan la causa principal de los problemas económicos de Sudáfrica. Cuando esa percepción comienza a instalarse en el debate político y en parte de las instituciones públicas, la frontera entre el discurso legítimo sobre el control migratorio y la legitimación indirecta de la violencia colectiva se vuelve extraordinariamente frágil.

La respuesta del Estado: entre el endurecimiento migratorio y la defensa del Estado de derecho

La expansión de la violencia ha colocado al gobierno del presidente Cyril Ramaphosa ante uno de los dilemas más delicados desde la instauración de la democracia. El Ejecutivo debe responder simultáneamente a dos presiones contradictorias. Por un lado, necesita restablecer el monopolio estatal sobre el uso legítimo de la fuerza y evitar que organizaciones civiles sustituyan a las autoridades en el control de las calles. Por otro, enfrenta una opinión pública crecientemente favorable al endurecimiento de las políticas migratorias y convencida de que el Estado ha sido incapaz de controlar unas fronteras extremadamente permeables.

La reacción oficial ha intentado combinar ambas dimensiones. Ramaphosa ha condenado con firmeza las agresiones contra inmigrantes y ha recordado que ningún grupo ciudadano posee autoridad para exigir documentos de identidad, desalojar viviendas o expulsar personas del territorio nacional. En una de sus intervenciones más contundentes afirmó que quienes intimidan a extranjeros, inspeccionan comercios o pretenden aplicar la ley por su cuenta "están cometiendo delitos graves y serán tratados como criminales".

Al mismo tiempo, el Gobierno anunció un reforzamiento de los controles fronterizos, un incremento de las inspecciones laborales destinadas a detectar inmigrantes en situación irregular y una aceleración de los procedimientos administrativos de deportación. La intención era responder a la demanda social de un mayor control migratorio sin legitimar las acciones de los grupos de vigilancia ciudadana.

Esta estrategia refleja una realidad política incómoda. El Ejecutivo reconoce que existe una inmigración irregular considerable y que el sistema de control fronterizo presenta graves deficiencias. Sin embargo, también entiende que aceptar las exigencias de organizaciones como Operation Dudula o March and March supondría admitir la incapacidad del Estado para ejercer funciones que corresponden exclusivamente a las instituciones públicas.

Diversos constitucionalistas sudafricanos advierten que la consolidación de patrullas ciudadanas representaría un precedente extraordinariamente peligroso para una democracia construida precisamente sobre la sustitución del poder arbitrario por el Estado de derecho. Permitir que colectivos privados determinen quién puede residir en un barrio o acceder a un hospital significaría erosionar algunos de los fundamentos constitucionales establecidos tras el apartheid.

No obstante, la respuesta gubernamental ha sido objeto de críticas desde direcciones opuestas.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos consideran que el Ejecutivo ha reaccionado con excesiva lentitud y que durante demasiado tiempo permitió que el discurso antiinmigrante creciera sin una respuesta política contundente. Diversos representantes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organizaciones sudafricanas de asistencia a migrantes sostienen que numerosos ataques podrían haberse evitado mediante una actuación policial más temprana y una persecución judicial más firme contra quienes promovían públicamente la violencia.

En el extremo opuesto, las organizaciones nacionalistas consideran insuficientes las medidas anunciadas. A su juicio, la Administración continúa sin controlar eficazmente las fronteras ni garantizar que los inmigrantes en situación irregular abandonen el país. Esa percepción alimenta un círculo vicioso en el que cada nueva insuficiencia administrativa fortalece el argumento de quienes defienden que las comunidades deben organizar su propia seguridad.

El deterioro institucional constituye precisamente uno de los elementos más señalados por los especialistas. Durante la última década, el Estado sudafricano ha mostrado crecientes dificultades para prestar servicios públicos básicos, combatir la corrupción y mantener infraestructuras esenciales. La crisis energética, simbolizada por los prolongados cortes de electricidad, se ha convertido en una metáfora de un aparato estatal cuya capacidad administrativa parece haber disminuido de forma progresiva.

Numerosos economistas consideran que esa pérdida de eficacia ha tenido consecuencias políticas profundas. Allí donde el Estado deja de resolver problemas cotidianos, aumentan las probabilidades de que surjan organizaciones que prometen soluciones inmediatas, aunque estas se sitúen al margen de la legalidad.

La dimensión regional de la crisis tampoco puede subestimarse.

Sudáfrica mantiene vínculos históricos, económicos y políticos con prácticamente toda África austral. Durante las décadas del apartheid, numerosos Estados vecinos ofrecieron refugio a militantes del Congreso Nacional Africano y soportaron importantes costes económicos como consecuencia de las sanciones internacionales impuestas al régimen segregacionista. Países como Zambia, Tanzania, Mozambique, Angola o Zimbabue desempeñaron un papel decisivo en el aislamiento internacional del gobierno racista.

Precisamente por ello, la actual ola de violencia ha generado una profunda decepción en numerosos gobiernos africanos. La ministra de Asuntos Exteriores de Nigeria, Bianca Odumegwu-Ojukwu, recordó públicamente que miles de nigerianos apoyaron activamente la lucha contra el apartheid y expresó la indignación de su país ante los ataques sufridos por ciudadanos nigerianos residentes en Sudáfrica. Sus declaraciones reflejan un sentimiento ampliamente compartido en el continente: la nación que simbolizó la solidaridad panafricana aparece ahora convertida en escenario de una creciente hostilidad contra otros africanos.

Los efectos diplomáticos ya resultan visibles. Nigeria, Ghana, Malaui, Mozambique y Zimbabue organizaron operaciones de evacuación para sus nacionales, mientras otros gobiernos emitieron alertas de viaje recomendando extremar precauciones o abandonar temporalmente territorio sudafricano. Tales decisiones representan un deterioro significativo de la imagen internacional de un país que durante décadas aspiró a ejercer un liderazgo político y moral en África.

La dimensión económica tampoco resulta menor. Sudáfrica constituye el principal centro financiero del África subsahariana y uno de los mayores receptores de inversión extranjera del continente. La persistencia de episodios de violencia generalizada incrementa la percepción de riesgo, reduce la confianza empresarial y amenaza con profundizar el estancamiento económico que precisamente alimenta el descontento social.

Los especialistas coinciden en que la xenofobia difícilmente resolverá alguno de los problemas estructurales que dice combatir. Numerosos estudios demuestran que los inmigrantes representan una proporción relativamente reducida de la población nacional y desempeñan funciones económicas relevantes en sectores donde frecuentemente existe escasez de mano de obra local. Asimismo, la criminalidad responde a factores mucho más complejos que la simple presencia de extranjeros y guarda una estrecha relación con el desempleo, la pobreza, la debilidad institucional y la expansión de redes delictivas organizadas.

Desde una perspectiva histórica, la crisis actual revela la persistencia de fracturas mucho más profundas que las asociadas exclusivamente a la inmigración.

Como señalan diversos investigadores, entre ellos el economista sudafricano Auabonga Cawere, el apartheid fue abolido jurídicamente, pero muchas de sus estructuras económicas permanecieron prácticamente intactas. La segregación residencial continúa siendo visible en buena parte de las grandes ciudades; la distribución de la riqueza mantiene una extraordinaria concentración; las oportunidades educativas siguen dependiendo en gran medida del nivel socioeconómico; y el acceso al empleo formal continúa condicionado por desigualdades históricas que nunca llegaron a desaparecer completamente.

En ese contexto, la inmigración funciona más como catalizador que como causa de la crisis. Los extranjeros ocupan el lugar del "otro" sobre el cual se proyectan frustraciones acumuladas durante décadas de promesas incumplidas. La violencia adquiere así un carácter profundamente simbólico: no expresa únicamente el rechazo hacia quienes llegan desde otros países africanos, sino también la desilusión de millones de ciudadanos respecto de un proyecto democrático que no consiguió garantizar prosperidad, igualdad ni movilidad social.

Resulta igualmente significativo que muchos especialistas prefieran hablar de afrofobia antes que de xenofobia. El término subraya que las principales víctimas no proceden de Europa, Asia o América, sino de otros países africanos. Se trata, por tanto, de un fenómeno que cuestiona directamente el ideal panafricanista sobre el que se construyó buena parte de la política exterior sudafricana tras 1994.

El desafío que enfrenta Sudáfrica trasciende, por consiguiente, la gestión de los flujos migratorios. Se trata de reconstruir la confianza en unas instituciones debilitadas, reactivar una economía incapaz de generar empleo suficiente, reducir una desigualdad que continúa siendo una de las más elevadas del planeta y recuperar una narrativa nacional basada en la convivencia, en lugar de la exclusión.

La historia reciente demuestra que las campañas dirigidas contra minorías rara vez resuelven las causas profundas del malestar social. Al contrario, suelen desplazar la atención desde los verdaderos problemas estructurales hacia enemigos fácilmente identificables pero políticamente funcionales. En el caso sudafricano, esa dinámica resulta especialmente dolorosa por la contradicción que encierra. El país que durante décadas encarnó la lucha universal contra la discriminación racial corre hoy el riesgo de quedar definido por una nueva forma de exclusión, ejercida ya no en nombre del color de la piel, sino de la nacionalidad.

Treinta y dos años después de que Nelson Mandela proclamara que Sudáfrica volvía a ocupar su lugar "en el seno de la humanidad", la mayor potencia económica del continente se encuentra ante una disyuntiva histórica. Puede optar por reconstruir el proyecto democrático e inclusivo que inspiró el nacimiento de la nación arcoíris o permitir que la frustración económica, el nacionalismo excluyente y la erosión institucional transformen definitivamente la esperanza del posapartheid en una política de confrontación entre los más vulnerables. La resolución de ese dilema no determinará únicamente el futuro de Sudáfrica. También condicionará la credibilidad del proyecto panafricano y el papel que la principal economía africana aspire a desempeñar en un continente cada vez más interdependiente y sometido a profundas presiones demográficas, económicas y geopolíticas.

Marruecos consolida en África Occidental un nuevo eje diplomático con Guinea-Bisáu mientras se amplía el respaldo al Plan de Autonomía para el Sáhara

 

La reafirmación del apoyo de Guinea-Bisáu al Plan de Autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara constituye mucho más que un nuevo pronunciamiento diplomático. Expresa la consolidación de una alianza política construida durante décadas, sustentada en una intensa cooperación Sur-Sur, en proyectos estratégicos para el desarrollo del África atlántica y en una visión compartida sobre la integración regional. El entendimiento entre Rabat y Bissau refleja, además, la creciente capacidad de Marruecos para convertir su política africana en uno de los principales instrumentos de su proyección internacional.

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Buenos Aires - Durante los últimos años la política exterior marroquí ha experimentado una profunda transformación. Sin abandonar sus tradicionales vínculos con Europa y el Mediterráneo, Rabat ha situado al continente africano en el centro de su estrategia diplomática, económica y geopolítica. El Reino ha buscado consolidar una extensa red de alianzas que trascienden el ámbito estrictamente bilateral para convertirse en un proyecto de integración regional basado en inversiones, cooperación técnica, conectividad, seguridad alimentaria, infraestructura y desarrollo económico.

En ese amplio entramado diplomático, Guinea-Bisáu ocupa un lugar de creciente importancia. Aunque se trata de uno de los países de menor dimensión económica del África occidental, su posición geográfica sobre el Atlántico, su pertenencia activa a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), su participación en la Unión Africana y su condición de interlocutor en los principales foros continentales le otorgan un valor estratégico que Marruecos ha sabido reconocer y cultivar.

La visita oficial realizada a Rabat por la ministra de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Comunidades de Guinea-Bisáu, Fatumata Jau, culminó con una declaración política de considerable alcance. Tras reunirse con el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita, la responsable de la diplomacia bisauguineana reiteró de manera explícita la posición "constante e inquebrantable" de su país en favor de la integridad territorial de Marruecos y de su soberanía sobre el Sáhara. El pronunciamiento confirmó igualmente el respaldo de Bissau al Plan de Autonomía presentado por Rabat como la única solución creíble, seria y realista para resolver el diferendo existente.

La importancia de esta declaración trasciende el plano simbólico. En la diplomacia africana las posiciones expresadas públicamente por los gobiernos suelen responder a procesos prolongados de construcción de consensos políticos. El respaldo de Guinea-Bisáu no constituye una reacción coyuntural, sino la continuación de una línea diplomática sostenida durante varios años y materializada mediante decisiones concretas que han fortalecido progresivamente la relación bilateral.

Uno de los hitos más significativos fue la apertura, en octubre de 2020, del Consulado General de Guinea-Bisáu en Dajla. Desde la perspectiva de Rabat, la presencia de representaciones diplomáticas extranjeras en esa ciudad constituye un reconocimiento efectivo de la administración marroquí sobre el territorio. Para Bissau, aquella decisión representó un compromiso político de largo plazo con la posición defendida por Marruecos en torno al Sáhara. Durante su reciente visita, Fatumata Jau volvió a subrayar que la apertura del consulado simboliza la solidez de la asociación entre ambos Estados y se inscribe dentro de la dinámica internacional impulsada por el rey Mohammed VI para fortalecer el respaldo al Plan de Autonomía.

El lenguaje empleado por la canciller bisauguineana tampoco pasó inadvertido para los observadores internacionales. Al referirse al litigio sobre el Sáhara como un "diferendo artificial", Bisáu adoptó una formulación coincidente con la narrativa diplomática desarrollada desde hace años por Marruecos. Del mismo modo, la ministra sostuvo que el Plan de Autonomía constituye la única alternativa viable para alcanzar una solución política duradera, reforzando así la posición que Rabat defiende de forma sistemática en los foros internacionales.

El respaldo expresado durante las conversaciones en Rabat también incluyó una valoración positiva de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, considerada por Guinea-Bisáu como un elemento que contribuye al proceso político impulsado bajo los auspicios de la ONU. La canciller destacó la importancia de dicho marco para avanzar hacia una solución negociada y mutuamente aceptable, reafirmando la confianza de su país en los mecanismos multilaterales de resolución de controversias.

Sin embargo, reducir las relaciones entre Marruecos y Guinea-Bisáu únicamente a la cuestión del Sáhara supondría ignorar la amplitud de una asociación que se ha ido consolidando durante décadas. Ambos países han desarrollado una cooperación multidimensional que abarca desde la agricultura hasta la formación de recursos humanos, pasando por la salud pública, la educación superior, la pesca, la seguridad alimentaria, las infraestructuras, la banca y el fortalecimiento institucional.

Desde la llegada al trono del rey Mohammed VI, la política africana de Marruecos ha descansado sobre un principio constante: sustituir la lógica tradicional de la ayuda por una estrategia de asociación entre iguales basada en beneficios recíprocos. Esa concepción, definida por Rabat como cooperación Sur-Sur, ha encontrado en Guinea-Bisáu un interlocutor especialmente receptivo debido a las necesidades de desarrollo del país y a la convergencia de intereses en materia de integración regional.

Las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, establecidas poco después de la independencia de Guinea-Bisáu, atravesaron diversas etapas marcadas por las transformaciones políticas africanas posteriores a la Guerra Fría. Durante los últimos veinte años, sin embargo, el vínculo adquirió una intensidad inédita gracias al incremento de las visitas oficiales, la firma de acuerdos sectoriales y la creciente presencia de empresas e instituciones marroquíes en África occidental.

Esa evolución se explica, en buena medida, por la estrategia desplegada por Mohammed VI desde comienzos de este siglo para reforzar la presencia económica y diplomática del Reino en el continente. A diferencia de otros actores externos que centran su acción en la explotación de recursos naturales o en la competencia geopolítica con potencias rivales, Marruecos ha procurado construir una red de asociaciones estables apoyadas en inversiones de largo plazo, programas de formación, cooperación financiera e iniciativas de integración regional.

Guinea-Bisáu ha encontrado en ese modelo una oportunidad para diversificar sus alianzas internacionales, reducir su dependencia de la ayuda tradicional y acceder a nuevos instrumentos de cooperación orientados al fortalecimiento institucional y al desarrollo económico. Esta convergencia de intereses explica que la dimensión política de la relación haya evolucionado paralelamente a una creciente cooperación económica y técnica, generando un nivel de confianza mutua poco frecuente entre Estados de dimensiones tan diferentes.

La reciente reunión de Rabat confirmó precisamente esa evolución. Las declaraciones oficiales no se limitaron al respaldo sobre el Sáhara, sino que pusieron de manifiesto la voluntad de ambas capitales de profundizar una asociación estratégica concebida como parte de una visión más amplia del futuro del continente africano, donde la estabilidad política, la conectividad atlántica y la integración económica aparecen como objetivos inseparables del desarrollo regional.

Una sólida asociación estratégica

La profundidad alcanzada por las relaciones entre Marruecos y Guinea-Bisáu resulta aún más evidente cuando se examina la agenda de cooperación que ambos gobiernos han venido construyendo durante los últimos años. Lejos de limitarse a la tradicional asistencia técnica o al intercambio protocolar entre cancillerías, Rabat ha procurado integrar a Bisáu en una estrategia africana mucho más ambiciosa, concebida para fortalecer las capacidades económicas del continente mediante proyectos de conectividad, infraestructura, seguridad energética y cooperación institucional.

Esta política responde a una concepción que el Reino ha convertido en uno de los pilares de su acción exterior. Desde el inicio del reinado de Mohammed VI, Marruecos ha defendido la necesidad de que África impulse su propio desarrollo mediante mecanismos de cooperación entre Estados africanos, reduciendo la dependencia de los tradicionales esquemas de ayuda internacional. Esa visión ha encontrado una recepción favorable en numerosos países del África occidental, entre ellos Guinea-Bisáu, cuya economía continúa enfrentando importantes desafíos estructurales relacionados con la modernización de sus instituciones, la diversificación productiva y la atracción de inversiones.

Durante las conversaciones celebradas en Rabat, la ministra Fatumata Jau expresó de manera explícita el respaldo de su gobierno a las principales iniciativas impulsadas por el monarca marroquí para favorecer la emergencia económica del continente. Las declaraciones conjuntas pusieron de relieve que Bisáu considera esos proyectos instrumentos destinados a reforzar la integración regional y a generar nuevas oportunidades de crecimiento para África occidental.

Uno de los ejes centrales de esa estrategia es el denominado Proceso de los Estados Africanos Atlánticos, una iniciativa concebida para articular un espacio permanente de concertación entre los países africanos con fachada sobre el océano Atlántico. El proyecto persigue objetivos que van mucho más allá de la cooperación diplomática tradicional. Pretende desarrollar mecanismos conjuntos para fortalecer la seguridad marítima, facilitar el comercio regional, mejorar las comunicaciones portuarias, coordinar políticas pesqueras y promover inversiones que permitan aprovechar el enorme potencial económico de la costa atlántica africana.

Para Guinea-Bisáu, cuya economía mantiene una estrecha dependencia de sus recursos marítimos y de las actividades portuarias, esta iniciativa posee una relevancia estratégica evidente. La extensa fachada atlántica del país constituye uno de sus principales activos geopolíticos, razón por la cual las autoridades bisauguineanas consideran que una mayor coordinación regional puede traducirse en nuevas oportunidades comerciales y en una mejora de las condiciones de seguridad frente a fenómenos como la pesca ilegal, el crimen organizado transnacional y el narcotráfico marítimo.

La ministra Jau destacó precisamente que este proceso abre importantes posibilidades de sinergia y cooperación entre los Estados participantes, al ofrecer un marco institucional estable para coordinar políticas de desarrollo en sectores considerados esenciales para el crecimiento africano.

La importancia concedida por Guinea-Bisáu a esta iniciativa refleja una tendencia cada vez más visible dentro de la diplomacia africana contemporánea. Numerosos gobiernos consideran que la integración regional ya no puede limitarse exclusivamente a la eliminación de barreras comerciales, sino que debe incorporar una dimensión geoestratégica capaz de convertir al Atlántico africano en un verdadero espacio de desarrollo compartido.

Esa misma lógica inspira otra de las propuestas impulsadas por Mohammed VI que recibió un respaldo particularmente enfático por parte de Bisáu: la iniciativa destinada a facilitar el acceso de los países del Sahel al océano Atlántico.

La región saheliana atraviesa desde hace años una compleja combinación de crisis políticas, conflictos armados, terrorismo y limitaciones estructurales para el desarrollo económico. A ello se suma una desventaja geográfica que condiciona severamente sus posibilidades comerciales: varios de sus Estados carecen de salida al mar y dependen de corredores terrestres vulnerables para acceder a los mercados internacionales.

Frente a esa realidad, Marruecos ha promovido una propuesta destinada a facilitar la conexión logística entre los países sahelianos y los puertos atlánticos, favoreciendo el comercio, la circulación de mercancías y la integración económica regional.

Guinea-Bisáu interpretó esta iniciativa como una expresión concreta de solidaridad africana. Durante la reunión bilateral celebrada en Rabat, Fatumata Jau subrayó el alcance estratégico del proyecto y valoró especialmente el compromiso asumido por Marruecos para contribuir al desarrollo de los países hermanos del continente mediante mecanismos de cooperación mutuamente beneficiosos.

La dimensión económica de esta política encuentra quizás su máxima expresión en el proyecto del gran gasoducto África-Atlántico, concebido para unir Nigeria con Marruecos a través de una extensa infraestructura que recorrerá buena parte de la costa occidental africana.

Se trata de una de las iniciativas energéticas más ambiciosas actualmente proyectadas en el continente. Además de favorecer el abastecimiento regional de gas natural, el corredor energético aspira a estimular inversiones industriales, mejorar la seguridad energética de numerosos países africanos y fortalecer la integración económica entre las distintas regiones del África occidental.

Aunque Guinea-Bisáu no constituye uno de los principales productores energéticos de la región, el desarrollo de este corredor representa para su economía una oportunidad potencial para incorporarse a nuevas cadenas regionales de inversión y logística.

No resulta casual, por ello, que la ministra bisauguineana alabara expresamente el avance del proyecto, calificándolo como un símbolo ejemplar de la cooperación Sur-Sur promovida por Marruecos. La definición posee un importante contenido político. Al describir el gasoducto bajo esa fórmula, Bisáu reconoce que la infraestructura trasciende el ámbito energético para convertirse en una manifestación del nuevo modelo de integración africana que Rabat procura impulsar desde hace más de una década.

La cooperación bilateral también incorpora una dimensión política menos visible, pero igualmente significativa. Durante las conversaciones entre ambas delegaciones quedó de manifiesto el respaldo marroquí a la candidatura de Guinea-Bisáu para representar a África en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un gesto que pone de relieve el elevado nivel de confianza alcanzado entre ambos gobiernos.

Este tipo de apoyos recíprocos constituye una práctica habitual dentro de la diplomacia africana contemporánea. Los Estados buscan coordinar posiciones en organismos multilaterales no solo para fortalecer sus respectivas candidaturas, sino también para construir redes permanentes de cooperación política que incrementen su capacidad de influencia dentro del sistema internacional.

En el caso de Marruecos, esa estrategia forma parte de una política mucho más amplia destinada a consolidar una masa crítica de aliados africanos que respalden sus posiciones en los principales organismos internacionales. Para Guinea-Bisáu, el apoyo diplomático de Rabat representa igualmente una oportunidad para aumentar su visibilidad internacional y fortalecer su presencia en espacios donde tradicionalmente las pequeñas potencias africanas disponen de un margen de actuación limitado.

Las relaciones económicas acompañan este proceso político. Ambos gobiernos han manifestado su voluntad de estimular las inversiones bilaterales y favorecer una mayor participación del sector privado en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo. Aunque el volumen comercial continúa siendo relativamente modesto en comparación con otras asociaciones africanas de Marruecos, las perspectivas de crecimiento aparecen vinculadas al desarrollo de los grandes corredores logísticos y energéticos que Rabat promueve en el África atlántica.

Desde esta perspectiva, el respaldo expresado por Guinea-Bisáu al Plan de Autonomía para el Sáhara no constituye un episodio aislado, sino una pieza más dentro de una asociación política que combina cooperación económica, coordinación diplomática e integración regional. La cuestión del Sáhara aparece así estrechamente vinculada a una visión compartida sobre el futuro del continente, en la que ambos gobiernos defienden un modelo de desarrollo sustentado en la estabilidad política, la conectividad atlántica y el fortalecimiento de las capacidades africanas para impulsar su propio crecimiento.

Un nuevo paradigma geopolítico

La creciente sintonía entre Marruecos y Guinea-Bisáu debe interpretarse, además, en el contexto de una transformación mucho más amplia de la geopolítica africana respecto del Sáhara. Durante las dos últimas décadas, y con especial intensidad desde el regreso de Marruecos a la Unión Africana en 2017, Rabat ha desplegado una política exterior orientada a consolidar un entramado de alianzas continentales sustentadas en la cooperación económica, el desarrollo compartido y una presencia diplomática constante en África subsahariana. El objetivo ha consistido en sustituir la lógica de la confrontación ideológica que caracterizó buena parte del debate africano durante la Guerra Fría por una estrategia basada en intereses comunes y beneficios tangibles para los Estados asociados.

Ese cambio de paradigma explica que numerosos gobiernos africanos hayan optado por profundizar sus relaciones con Marruecos al mismo tiempo que manifiestan un respaldo cada vez más explícito al Plan de Autonomía para el Sáhara. En la visión de Rabat, la propuesta presentada en 2007 constituye el marco más adecuado para conciliar la preservación de la soberanía nacional con un amplio régimen de autogobierno destinado a garantizar la gestión de los asuntos locales por parte de la población sahariana. La diplomacia marroquí sostiene que esa fórmula representa una solución pragmática, compatible con la estabilidad regional y con las resoluciones impulsadas por las Naciones Unidas.

Guinea-Bisáu se ha convertido en uno de los exponentes más consistentes de esa corriente diplomática. La reciente reafirmación de su posición no introdujo novedades doctrinales respecto de la política seguida por Bisáu durante los últimos años, pero sí consolidó una imagen de continuidad institucional particularmente relevante en un continente donde los cambios de gobierno suelen traducirse en modificaciones de la orientación exterior. La canciller Fatumata Jau insistió en que el respaldo de su país responde a una política de Estado y no a una decisión circunstancial derivada del contexto internacional. Esa continuidad constituye precisamente uno de los elementos que Rabat busca proyectar como prueba de la solidez de sus alianzas africanas.

No resulta casual que, durante las conversaciones celebradas en Rabat, ambas delegaciones evitaran circunscribir el diálogo exclusivamente al ámbito bilateral. La declaración conjunta puso de manifiesto una visión compartida acerca de los desafíos que enfrenta el continente africano en un escenario internacional caracterizado por la creciente competencia entre potencias globales, la inestabilidad en el Sahel, las tensiones derivadas de las transformaciones energéticas y la necesidad de desarrollar nuevas infraestructuras que permitan incrementar la conectividad entre las distintas regiones africanas.

Desde esa perspectiva, las iniciativas impulsadas por Mohammed VI adquieren una dimensión que trasciende el interés nacional de Marruecos. El Proceso de los Estados Africanos Atlánticos, la apertura de corredores logísticos hacia el océano Atlántico para los países del Sahel y el desarrollo del gran gasoducto que conectará Nigeria con Marruecos forman parte de una misma arquitectura estratégica destinada a fortalecer la autonomía económica del continente y reducir los costes derivados de la fragmentación regional. Guinea-Bisáu ha respaldado expresamente esa visión, interpretándola como una contribución al fortalecimiento de la integración africana y al desarrollo de mecanismos permanentes de cooperación entre Estados que comparten intereses geográficos y económicos comunes.

La cooperación entre ambos países también ilustra una característica distintiva de la política africana de Marruecos: la combinación de instrumentos diplomáticos, económicos y simbólicos. La apertura del Consulado General de Guinea-Bisáu en Dajla constituye un ejemplo particularmente ilustrativo de esa estrategia. Más allá de sus funciones consulares, la representación diplomática se ha convertido en un elemento de alto valor político para Rabat, al expresar de manera visible el reconocimiento de la administración marroquí sobre el Sáhara por parte de un Estado africano. La decisión adoptada en 2020 continúa siendo evocada por ambas cancillerías como una prueba tangible de la profundidad alcanzada por la relación bilateral.

Para Guinea-Bisáu, el acercamiento a Marruecos responde igualmente a consideraciones de política exterior que trascienden el debate sobre el Sáhara. El país busca ampliar su margen de maniobra internacional mediante asociaciones capaces de favorecer inversiones, mejorar las capacidades institucionales y facilitar el acceso a redes de cooperación técnica. Marruecos, convertido en una de las economías más diversificadas del continente y en un actor financiero de creciente influencia en África occidental, aparece para Bissau como un socio capaz de aportar experiencia en sectores estratégicos como la agricultura, la gestión portuaria, la banca, la formación profesional y el desarrollo de infraestructuras.

Ese componente económico adquiere una relevancia especial en un momento en que África occidental intenta responder simultáneamente a múltiples desafíos. La inestabilidad política registrada en varios países del Sahel, la expansión de organizaciones extremistas, las dificultades derivadas del cambio climático, la presión migratoria y la necesidad de acelerar la industrialización obligan a numerosos gobiernos africanos a buscar nuevas fórmulas de cooperación regional. La propuesta marroquí de impulsar una integración basada en grandes proyectos de infraestructura responde precisamente a ese contexto.

Desde una perspectiva geopolítica más amplia, la relación entre Marruecos y Guinea-Bisáu constituye también un indicador de la progresiva reconfiguración de las alianzas africanas. Durante décadas, las posiciones respecto del Sáhara estuvieron condicionadas por los alineamientos heredados de la Guerra Fría y por las rivalidades ideológicas que atravesaban el continente. En la actualidad, sin embargo, numerosos gobiernos tienden a evaluar sus relaciones exteriores en función de criterios vinculados al desarrollo económico, la estabilidad institucional y las oportunidades de inversión.

Ese cambio explica que el respaldo africano a Marruecos se encuentre hoy estrechamente asociado a una percepción favorable de su capacidad para actuar como motor de iniciativas continentales. Rabat ha procurado presentarse no solo como un interlocutor político, sino también como un promotor de proyectos concretos destinados a mejorar la conectividad regional, ampliar las infraestructuras energéticas y fortalecer la cooperación económica entre países africanos. Las declaraciones formuladas por Guinea-Bisáu durante la visita de Fatumata Jau reflejan precisamente esa visión al vincular el apoyo al Plan de Autonomía con el reconocimiento del liderazgo desempeñado por Mohammed VI en favor del desarrollo del continente.

En última instancia, la evolución de las relaciones entre Rabat y Bissau pone de manifiesto que la cuestión del Sáhara continúa siendo uno de los principales ejes estructurantes de la política exterior marroquí, pero revela al mismo tiempo una transformación de mayor alcance. Lejos de descansar exclusivamente sobre argumentos jurídicos o diplomáticos, Marruecos ha procurado insertar su posición en una estrategia continental mucho más amplia, en la que la cooperación económica, la integración africana y la promoción de grandes proyectos de infraestructura constituyen elementos inseparables de su acción internacional.

La reafirmación del apoyo de Guinea-Bisáu al Plan de Autonomía constituye, por tanto, mucho más que una declaración de solidaridad política. Refleja la consolidación de una alianza estratégica construida sobre intereses compartidos y sobre una concepción común del desarrollo africano, en la que la cooperación Sur-Sur se presenta como el instrumento privilegiado para afrontar los desafíos del siglo XXI. Al mismo tiempo, confirma la capacidad de Marruecos para convertir su política africana en uno de los principales vectores de su influencia internacional y para proyectar, a través de una diplomacia sostenida y de iniciativas de integración regional, una imagen de socio estable, comprometido con el crecimiento del continente y decidido a situar al África atlántica en el centro de las nuevas dinámicas geopolíticas internacionales.

 

El difícil regreso del fujimorismo

 

La presidenta electa hereda un país dividido en dos mitades casi irreconciliables, una economía que conserva fortalezas estructurales pero acusa el desgaste de una década de inestabilidad política, un Congreso donde deberá construir mayorías permanentes y una sociedad que observa su regreso al poder con una mezcla de esperanza, temor y profundo escepticismo.

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Buenos Aires - Veintiséis años después de la caída del régimen encabezado por su padre, el apellido Fujimori vuelve a instalarse en el Palacio de Gobierno de Lima. La victoria de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de 2026 constituye uno de los acontecimientos políticos más trascendentes de la historia reciente del Perú. No solamente representa el retorno al poder de la fuerza política más influyente de las últimas tres décadas, sino también el cierre provisional de un ciclo político marcado por la fragmentación institucional, la sucesión ininterrumpida de presidentes, la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y el agotamiento del denominado antifujimorismo como principal factor ordenador de la política peruana.

La confirmación oficial de los resultados por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, tras un escrutinio excepcionalmente prolongado debido a la estrechísima diferencia entre los dos candidatos, puso fin al proceso electoral, aunque no consiguió clausurar la controversia política. Roberto Sánchez continúa denunciando irregularidades en el procesamiento de las actas provenientes del exterior y rechaza reconocer la legitimidad política de la nueva mandataria. Las autoridades electorales, sin embargo, rechazaron todas las impugnaciones presentadas y ratificaron la victoria de la candidata de Fuerza Popular.

La diferencia final apenas superó los cuarenta y nueve mil votos sobre más de dieciocho millones de sufragios válidos emitidos. Pocas veces en la historia republicana peruana un gobierno comenzó su mandato con una legitimidad jurídica tan sólida y una legitimidad política tan discutida.

Paradójicamente, la propia Keiko Fujimori es plenamente consciente de esa contradicción. Su victoria no expresa una adhesión mayoritaria al proyecto político del fujimorismo sino el resultado de una sociedad profundamente polarizada que continúa votando más contra sus adversarios que a favor de quienes finalmente resultan elegidos.

La presidenta electa llega al poder después de cuatro intentos presidenciales distribuidos a lo largo de quince años. Perdió frente a Ollanta Humala en 2011, frente a Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y frente a Pedro Castillo en 2021. Durante todo ese período el denominado antifujimorismo consiguió articular una heterogénea coalición integrada por sectores liberales, izquierdistas, centristas e incluso conservadores que compartían una única prioridad: impedir el regreso al poder del movimiento fundado por Alberto Fujimori. Esa coalición terminó desintegrándose bajo el peso de la propia crisis política peruana.

Los sucesivos gobiernos que sucedieron al mandato de Ollanta Humala fueron incapaces de reconstruir la confianza ciudadana. Pedro Pablo Kuczynski terminó renunciando acosado por el Congreso. Martín Vizcarra fue destituido mediante la discutida figura de la incapacidad moral permanente. Manuel Merino apenas permaneció algunos días en el poder antes de verse obligado a dimitir por una intensa movilización social. Francisco Sagasti condujo una transición precaria. Pedro Castillo protagonizó un fallido intento de autogolpe antes de ser destituido y encarcelado. Dina Boluarte gobernó bajo niveles históricamente bajos de aprobación mientras enfrentaba graves protestas sociales y denuncias por el uso excesivo de la fuerza.

En apenas una década el Perú conoció nueve presidentes. Ese extraordinario deterioro institucional modificó profundamente las prioridades del electorado. El principal problema dejó de ser la memoria del régimen de Alberto Fujimori para convertirse en la incapacidad del Estado de garantizar orden, estabilidad y seguridad.

El politólogo José Incio ha sostenido que el antifujimorismo dejó de funcionar como identidad política dominante porque las nuevas generaciones comenzaron a valorar con mayor intensidad las promesas de estabilidad que las advertencias sobre el pasado autoritario del país. En una línea semejante, Ricardo Cuenca interpreta la victoria de Fujimori como el producto del agotamiento colectivo frente a años de incertidumbre permanente. Para una parte considerable del electorado, la candidata dejó de representar el mayor de los riesgos para convertirse en el mal menor.

No significa que la sociedad peruana haya reconciliado su relación con el legado político de Alberto Fujimori. Muy por el contrario. La figura del antiguo presidente continúa dividiendo profundamente a la opinión pública.

Para millones de peruanos continúa siendo el dirigente que derrotó militarmente a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, estabilizó una economía devastada por la hiperinflación y sentó las bases del extraordinario crecimiento económico experimentado por el país durante las décadas siguientes.

Otros millones sigue siendo el responsable del autogolpe de 1992, de graves violaciones a los derechos humanos, del control político del Poder Judicial, del Congreso y de los medios de comunicación, así como del gigantesco entramado de corrupción organizado alrededor de Vladimiro Montesinos. Keiko Fujimori carga inevitablemente con ambas memorias.

Durante toda la campaña reivindicó los logros económicos y de seguridad alcanzados por el gobierno de su padre, pero procuró distanciarse de sus prácticas autoritarias. Prometió respetar plenamente el orden constitucional, fortalecer la institucionalidad democrática y combatir simultáneamente la corrupción y la criminalidad organizada. El desafío consiste precisamente en convencer de esa promesa a una sociedad extraordinariamente desconfiada.

Diversas encuestas realizadas durante la campaña mostraban que la imagen negativa de Fujimori continuaba superando ampliamente a su imagen favorable. Ningún presidente peruano reciente ha llegado al poder arrastrando semejantes niveles de rechazo social. La paradoja no deja de ser notable.

Nunca antes había conseguido ganar una elección presidencial, pero probablemente nunca antes había despertado tan pocas expectativas positivas entre quienes finalmente terminaron votando por ella. La explicación se encuentra menos en la fortaleza del fujimorismo que en la extraordinaria fragmentación del sistema político peruano. La primera vuelta electoral dejó un dato revelador. Keiko Fujimori apenas obtuvo alrededor del diecisiete por ciento de los votos válidos, convirtiéndose en la candidata más votada dentro de un universo de treinta y cinco postulantes presidenciales. Roberto Sánchez alcanzó apenas el doce por ciento. Entre ambos reunieron menos de un tercio del electorado.

En cualquier otro sistema político semejante resultado habría sido interpretado como una evidencia de extrema debilidad. En el Perú contemporáneo constituye, por el contrario, una demostración del grado de atomización alcanzado por la representación política.

La desaparición práctica de los grandes partidos nacionales produjo un escenario donde casi todas las organizaciones políticas poseen liderazgos personalistas, escasa implantación territorial y estructuras extremadamente frágiles. Los gobiernos llegan al poder sin bases parlamentarias suficientemente sólidas y deben negociar permanentemente con agrupaciones cuya cohesión interna suele modificarse en cuestión de meses. Ese fenómeno constituye probablemente el mayor desafío institucional que enfrentará la nueva presidenta. La victoria electoral no significa el final de la crisis política peruana. En muchos aspectos apenas inaugura una nueva etapa de la misma.

La sociedad permanece dividida casi exactamente por mitades. El mapa electoral reproduce antiguas fracturas territoriales entre Lima y las regiones andinas, entre la costa y el interior, entre los sectores urbanos relativamente integrados a la economía formal y amplias zonas rurales donde el Estado continúa siendo una presencia extremadamente limitada. La legitimidad territorial del nuevo gobierno también presenta claroscuros.

Aunque Fujimori terminó imponiéndose en el resultado nacional gracias al decisivo respaldo obtenido entre los peruanos residentes en el exterior, dentro del territorio peruano la distribución del voto volvió a mostrar una geografía profundamente fragmentada. Las regiones del sur andino continúan siendo particularmente refractarias al fujimorismo, mientras la costa central y norte volvió a convertirse en uno de sus principales bastiones electorales.

Esa fractura geográfica trasciende las preferencias partidarias. Expresa modelos distintos de desarrollo económico, percepciones diferentes acerca del Estado y memorias históricas frecuentemente incompatibles. Gobernar ese país exigirá algo más complejo que administrar una mayoría parlamentaria. Exigirá reconstruir una comunidad política cuya cohesión viene deteriorándose desde hace más de una década. Y esa será probablemente la prueba más difícil del segundo fujimorismo.

Gobernar con una minoría política: el verdadero desafío de Keiko Fujimori

Si la victoria electoral de Keiko Fujimori puso fin a una larga espera personal de quince años, el ejercicio efectivo del poder comenzará inmediatamente bajo condiciones que distan mucho de ser favorables. El mayor desafío de su administración no será la oposición de la izquierda ni la persistencia del antifujimorismo. Su principal problema será construir gobernabilidad en un sistema político cuya característica dominante ha dejado de ser la confrontación ideológica para convertirse en la fragmentación institucional.

El dato que mejor resume esa realidad suele quedar eclipsado por el resultado del balotaje. Fujimori llega a la Presidencia después de haber obtenido apenas alrededor del diecisiete por ciento de los votos en la primera vuelta. Aunque ese porcentaje fue suficiente para encabezar una competencia extraordinariamente atomizada, revela que la nueva mandataria parte de una base política reducida. Su victoria definitiva en la segunda vuelta respondió mucho más a la lógica del rechazo hacia Roberto Sánchez que a una adhesión mayoritaria a su programa de gobierno. Esa circunstancia condicionará toda su administración.

En los sistemas presidenciales latinoamericanos resulta relativamente frecuente que un mandatario llegue al poder sin mayoría legislativa. Lo excepcional en el caso peruano es que el presidente tampoco dispone de un respaldo social consolidado capaz de compensar esa debilidad parlamentaria. La legitimidad electoral existe y nadie puede discutirla desde el punto de vista jurídico. La legitimidad política, en cambio, deberá construirse diariamente mediante resultados tangibles. La experiencia reciente del Perú constituye una advertencia permanente.

Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, prácticamente ningún presidente consiguió ejercer plenamente el mandato para el que había sido elegido. La figura constitucional de la vacancia por incapacidad moral permanente terminó convirtiéndose en un instrumento de presión política que alteró profundamente el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Lo que originalmente aparecía como un mecanismo excepcional de control terminó utilizándose como una herramienta ordinaria para resolver conflictos políticos. Ese precedente condicionará inevitablemente la conducta del nuevo gobierno.

No obstante, existen diferencias importantes respecto de los presidentes que la precedieron. Diversos analistas, entre ellos Ricardo Cuenca y José Incio, coinciden en que Keiko Fujimori enfrenta un riesgo institucional inferior al que afrontaron Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra o Pedro Castillo. La razón es sencilla. A diferencia de aquellos mandatarios, Fujimori no gobernará frente a un Congreso estructuralmente hostil.

Fuerza Popular no contará con una mayoría propia capaz de imponer unilateralmente su agenda legislativa. Sin embargo, dispondrá de la bancada más numerosa y, sobre todo, de una extensa experiencia negociadora acumulada durante más de una década de intensa actividad parlamentaria. Ninguna otra organización política peruana posee semejante capacidad para construir alianzas coyunturales. La propia evolución del sistema político favorece esa posibilidad.

El Congreso peruano ha experimentado una profunda transformación desde comienzos de la década. La reinstauración de la bicameralidad modifica nuevamente los incentivos de la negociación política. El nuevo Senado adquiere un peso considerable dentro del proceso legislativo y concentra facultades institucionales particularmente relevantes para la estabilidad gubernamental. En ese escenario, la capacidad de tejer acuerdos transversales adquiere un valor incluso mayor que la simple acumulación de escaños.

Keiko Fujimori conoce mejor que ningún otro dirigente peruano el funcionamiento interno del Parlamento.

Durante años fue acusada precisamente de ejercer desde el Congreso una influencia desproporcionada sobre la vida política nacional. Sus adversarios la responsabilizan de haber impulsado la estrategia de confrontación que terminó precipitando la caída de varios presidentes. Sus partidarios sostienen, por el contrario, que aquella actuación respondió a la necesidad de controlar gobiernos débiles e incapaces de combatir la corrupción.

Sea cual fuere la interpretación, existe un hecho difícilmente discutible. La futura presidenta comprende con precisión las dinámicas parlamentarias que desestabilizaron a sus predecesores. Esa experiencia puede convertirse simultáneamente en su mayor fortaleza y en su principal riesgo. Fortaleza, porque probablemente evitará reproducir errores que terminaron aislando políticamente a otros presidentes. Riesgo, porque buena parte de la sociedad teme que el fujimorismo reproduzca desde el Ejecutivo la misma concentración de poder que históricamente ejerció desde el Legislativo. La cuestión trasciende la mera aritmética parlamentaria.

Lo que verdaderamente estará en juego será la capacidad del sistema político para abandonar la lógica permanente de la confrontación institucional.

Durante los últimos años, el Perú vivió inmerso en un conflicto casi permanente entre los poderes del Estado. Presidentes y congresistas actuaron frecuentemente como adversarios irreconciliables antes que como instituciones obligadas a cooperar dentro del marco constitucional. Esa dinámica paralizó reformas fundamentales, debilitó la confianza de los inversores y alimentó una creciente frustración ciudadana hacia el conjunto de la clase política. La nueva administración tiene la oportunidad de modificar esa tendencia. Pero también enfrenta la tentación de profundizarla. La estabilidad dependerá, en buena medida, de la composición del primer gabinete ministerial.

En las democracias parlamentarias el gabinete constituye una prolongación natural del gobierno. En el Perú contemporáneo se ha convertido además en una señal política dirigida a los mercados, al Congreso y a la comunidad internacional.

Los mercados financieros observarán especialmente la continuidad de la autonomía del Banco Central de Reserva, el respeto por la disciplina fiscal y la preservación del modelo de economía social de mercado que permitió al Perú convertirse durante más de dos décadas en una de las economías más estables de América Latina. En ese aspecto, la presidenta electa parece haber comprendido el mensaje.

Durante toda la campaña evitó cualquier planteamiento que pudiera interpretarse como una ruptura con el consenso macroeconómico construido desde comienzos del siglo XXI. Por el contrario, prometió fortalecer la inversión privada, garantizar la seguridad jurídica, acelerar las asociaciones público-privadas, simplificar la burocracia administrativa y preservar la independencia de las principales instituciones económicas.

La reacción inicial del sector empresarial ha sido moderadamente favorable. No responde únicamente a afinidades ideológicas. También refleja el convencimiento de que un gobierno encabezado por Fujimori ofrecerá mayor previsibilidad regulatoria que las alternativas representadas por la izquierda radical. Esa percepción constituye uno de los principales activos políticos con los que inicia su mandato.