En la 81.ª Asamblea General de
Naciones Unidas, celebrada en Nueva York entre el 22 y el 28 de septiembre de
2026, un grupo de jefes de Estado sudamericanos y centroamericanos coincidió en
un lenguaje que, más allá de matices nacionales, delinea una nueva geografía
política regional.
Los
discursos de Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast
(Chile), José Manuel Restrepo en representación de Abelardo de la Espriella
(Colombia), Daniel Noboa (Ecuador), Keiko Fujimori (Perú), Santiago Peña
(Paraguay) y Nayib Bukele (El Salvador) no constituyen un manifiesto único. Sin
embargo, revelan convergencias suficientemente densas como para esbozar un
perfil ideológico compartido, un alineamiento internacional reconocible y un
diagnóstico común de los problemas que estos gobiernos consideran
existenciales. Frente a ellos se perfila, con otra gramática, el polo que
agrupa a México, Brasil y Uruguay, en distinto grado vinculado a Cuba y
Nicaragua.
La
coincidencia más nítida es la securitización de la política exterior. En casi
todos estos discursos la seguridad deja de ser un asunto de policía interna y
se presenta como un fenómeno transnacional que exige coordinación hemisférica.
Ecuador describe redes de narcotráfico, minería ilegal, trata y lavado;
Colombia reclama una arquitectura internacional contra el narcotráfico y una
definición común de terrorismo; Bolivia incorpora el “narcoterrorismo” a
su diagnóstico; Chile habla de crimen organizado que desborda fronteras; Perú,
en la primera intervención de Fujimori ante la Asamblea, equipara a las
organizaciones criminales con grupos terroristas y reivindica la experiencia
peruana contra Sendero Luminoso como precedente de una guerra de nuevo tipo; El
Salvador, con Bukele, insiste en que la recuperación del monopolio de la
violencia por parte del Estado es la condición previa de cualquier desarrollo.
Argentina y Paraguay se inscriben en la misma lógica. El dato institucional que
da consistencia a esa retórica es la adhesión de estos países —con distintos
calendarios— al Escudo de las Américas, el mecanismo de coordinación impulsado
por Washington para el intercambio de información y la persecución de
organizaciones criminales. No se trata solo de analogías verbales: hay una
estructura de cooperación que los vincula entre sí y con Estados Unidos.
Ese
eje de seguridad se articula con una segunda convergencia: la defensa de una
economía abierta a la inversión, la propiedad y la seguridad jurídica. Paz
contrapone el “capitalismo para todos” al ciclo asociado a Evo Morales y
Hugo Chávez; Milei radicaliza la defensa del capitalismo de libre empresa y la
crítica al intervencionismo regulatorio, incluso en materia tecnológica; Kast
ofrece a los inversores reglas estables y contratos respetados; Peña insiste en
que la prosperidad depende de instituciones predecibles y mercados abiertos;
Fujimori y Noboa combinan apertura económica con prioridad securitaria; Bukele
presenta la pacificación del territorio como el activo que permite el retorno
de capitales y de emigrantes. Los recursos estratégicos —litio, cobre,
hidrocarburos, energía— dejan de ser solo emblemas de soberanía extractiva y
pasan a concebirse como activos geopolíticos para atraer inversiones, tecnología
y alianzas. La inteligencia artificial aparece, según el caso, como motor de
crecimiento, amenaza criminal o ámbito que no debe ser sofocado por una
regulación preventiva.
De
esos dos pilares —seguridad hemisférica y liberalismo económico— se desprende
un perfil ideológico que no es idéntico en todos, pero sí reconocible. Se trata
de una derecha o centroderecha contemporánea que combina liberalismo de
mercado, conservadurismo político o cultural en dosis variables, nacionalismo
soberanista y una concepción de la democracia como contrapeso al autoritarismo.
Fujimori introduce con más claridad que otros el componente cultural: la
crítica a “agendas” internacionales que habrían debilitado la familia y
polarizado las sociedades. Milei ocupa el extremo libertario y anti-burocrático.
Kast y Peña son más institucionalistas. Paz representa la ruptura más dramática
con el ciclo anterior en Bolivia. Noboa, Restrepo y Bukele privilegian el
Estado fuerte en materia de orden público. Ninguno de ellos propone un
aislamiento. Todos aceptan la cooperación internacional siempre que refuerce, y
no limite, la capacidad de decisión nacional. El concepto que mejor resume esa
síntesis es el de un multilateralismo soberanista: reformar Naciones Unidas
para hacerla más eficaz, menos burocrática y más atenta a las prioridades de
los Estados, no para disolverla.
Los
alineamientos internacionales se deducen con claridad. Estados Unidos aparece
como el principal socio estratégico, especialmente en seguridad, inteligencia
y, en varios casos, inversión. Milei declara a Argentina “inequívocamente
alineada” con Occidente, Washington e Israel. Paraguay profundiza una
relación ya estrecha con Estados Unidos y Taiwán. Ecuador y El Salvador han
construido vínculos densos en materia de lucha contra el crimen. Chile y
Bolivia, pese a tradiciones diplomáticas distintas, se incorporan al mismo
dispositivo hemisférico. Colombia marca un giro respecto del periodo
precedente. Israel figura de manera explícita en el discurso argentino y, de
forma más discreta, en la afinidad occidental del conjunto. China, Rusia, Irán
y Venezuela son mirados con una cautela muy superior a la de la ola de
gobiernos del llamado Socialismo del Siglo XXI.
Los
problemas que todos enfrentan, y que recorren los textos, son el crimen
transnacional, la debilidad o captura de instituciones, la necesidad de atraer
capital en un entorno de competencia global por minerales críticos y
tecnología, y la percepción de que el sistema de Naciones Unidas, diseñado en
1945, responde con lentitud a crisis contemporáneas. A ello se suma, en varios
países, la tensión entre soberanía y presión externa, y la reclamación de que
la democracia no se reduzca a un procedimiento electoral, sino que sea
condición de inserción internacional y de libertad económica. En el caso
argentino reaparece la cuestión de las Malvinas; en el paraguayo, Taiwán; en el
peruano y salvadoreño, la memoria de la lucha antiterrorista o antimafias como
fuente de legitimidad.
América
Latina, vista desde esta Asamblea, no aparece como un bloque ni como un simple “giro
a la derecha”. Aparece dividida en dos modelos enfrentados, con un espacio
intermedio que complica cualquier dicotomía perfecta. De un lado, el polo
liberal-conservador aliado de Estados Unidos e Israel, cuya expresión
institucional más visible es el Escudo de las Américas y cuyo lenguaje común es
el de la seguridad, el mercado y la reforma restrictiva o eficientista de la
ONU. Del otro, los herederos —en sentido amplio y no uniforme— del ciclo del
Socialismo del Siglo XXI y de una tradición soberanista crítica de la hegemonía
estadounidense: México, Brasil y Uruguay, que se vinculan en distinto grado con
Cuba y Nicaragua. Lula da Silva formula la tesis de que Brasil no cabe en el
patio trasero de ninguna potencia y defiende un multilateralismo de autonomía
estratégica. Yamandú Orsi encarna una socialdemocracia internacionalista que
rechaza tanto la confrontación permanente como la subordinación. México,
representado por su canciller, insiste en la no intervención y el derecho
internacional, en un contexto de acusaciones estadounidenses sobre los
cárteles. Cuba y Nicaragua radicalizan esa crítica hasta el antiimperialismo y
la defensa explícita del socialismo.
La
paradoja, subrayada por los propios discursos del primer grupo, es que
reivindican a la vez más soberanía nacional y más cooperación internacional; un
Estado más fuerte en seguridad y una economía más abierta; una ONU que no
desaparezca, pero que deje de imponer agendas internas. Esa combinación —y no
una identidad ideológica monolítica— es lo que permite hablar de una comunidad
de convergencia estratégica. No hay aún un bloque comparable al Mercosur ni una
alianza militar formal. Hay, sí, una redistribución de las preferencias sobre
el orden internacional. Las mismas palabras —soberanía, democracia,
multilateralismo, desarrollo— circulan por ambos polos con significados
políticos distintos. Esa disputa semántica, más que cualquier recuento de votos
en el hemiciclo de Nueva York, es el dato más revelador de la América Latina
que emerge en 2026.





