Marruecos y la nueva geografía diplomática del Sáhara

Los recientes respaldos expresados por Benín, Ghana y Rumanía al Plan de Autonomía impulsado por Rabat reflejan una evolución que trasciende el histórico diferendo sobre el Sáhara y sitúan al Reino de Marruecos en el centro de una compleja red de alianzas políticas, económicas y estratégicas que ha redefinido su posición tanto en África como en el Mediterráneo.

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Buenos Aires - Durante décadas, el conflicto del Sáhara constituyó uno de los asuntos más persistentes y complejos de la agenda diplomática del norte de África. La controversia, enquistada desde mediados de la década de 1970, parecía condenada a una prolongada inmovilidad en la que las posiciones de los distintos actores apenas experimentaban variaciones sustanciales. Sin embargo, la evolución del escenario internacional durante los últimos años ha comenzado a modificar gradualmente ese panorama. Cada vez con mayor frecuencia, distintos gobiernos anuncian públicamente su respaldo a la propuesta de autonomía presentada por Marruecos en 2007 como base para una solución política del diferendo, una dinámica que Rabat interpreta como la confirmación de la creciente aceptación internacional de su iniciativa.

Los pronunciamientos realizados recientemente por Benín, Ghana y Rumanía constituyen algunos de los ejemplos más significativos de esta evolución. Aunque cada uno responde a contextos políticos diferentes y a intereses estratégicos específicos, en conjunto reflejan una tendencia que trasciende el ámbito estrictamente regional y que evidencia el creciente peso diplomático adquirido por Marruecos en un contexto internacional caracterizado por la reconfiguración de alianzas, la competencia entre potencias y la renovada importancia geopolítica de África.

Desde la perspectiva de la diplomacia marroquí, estos apoyos no representan acontecimientos aislados, sino la culminación de una estrategia exterior desarrollada de forma sostenida durante casi dos décadas. Esa política ha buscado combinar una intensa actividad diplomática con una creciente presencia económica, financiera y empresarial en numerosos países africanos, árabes y europeos, fortaleciendo simultáneamente las relaciones bilaterales con socios tradicionales y abriendo nuevos espacios de cooperación.

En ese proceso, la figura del rey Mohammed VI ocupa un lugar central. Diversos observadores coinciden en señalar que la política exterior marroquí ha experimentado, bajo su reinado, una profunda transformación tanto en sus objetivos como en sus instrumentos. Frente a una diplomacia tradicional basada casi exclusivamente en las relaciones políticas, Rabat ha impulsado un modelo que combina cooperación económica, inversiones, financiación del desarrollo, iniciativas religiosas, programas educativos, acuerdos comerciales y proyectos de integración regional.

El resultado ha sido la progresiva consolidación de una red de relaciones internacionales mucho más amplia y diversificada que la existente a comienzos del siglo XXI. Esa transformación constituye uno de los factores que permiten comprender por qué numerosos países han comenzado a revisar sus posiciones respecto del conflicto del Sáhara en paralelo al fortalecimiento de sus vínculos políticos y económicos con Marruecos.

Los acontecimientos registrados durante julio de 2026 ilustran con claridad esa dinámica.

En Ghana, el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, mantuvo una intensa agenda diplomática que culminó con la celebración de la segunda sesión de la Comisión Mixta de Cooperación entre ambos países. Durante esos encuentros, el Gobierno ghanés expresó oficialmente que considera el Plan de Autonomía como la única base realista y duradera para alcanzar una solución mutuamente aceptable de la cuestión del Sáhara, reafirmando además su respaldo al proceso impulsado en el marco de las Naciones Unidas.

El alcance político de esta declaración resulta particularmente significativo si se considera la evolución experimentada por Accra durante los últimos años. Ghana había mantenido históricamente una posición distinta respecto del conflicto y sus relaciones con el Frente Polisario formaban parte de una tradición diplomática heredada del contexto ideológico de la Guerra Fría y del fuerte impulso que entonces adquirieron los movimientos de liberación nacional en África.

Sin embargo, el profundo cambio registrado en la política exterior ghanesa refleja transformaciones mucho más amplias que afectan al conjunto del continente. La expansión del comercio intraafricano, la consolidación de nuevas infraestructuras de transporte, la creciente importancia de las inversiones privadas y la aparición de nuevas prioridades vinculadas al desarrollo económico han desplazado progresivamente el eje de muchas políticas exteriores africanas hacia una lógica más pragmática.

Ese cambio puede apreciarse también en el contenido mismo de la cooperación bilateral entre Marruecos y Ghana. Lejos de limitarse al plano político, ambas delegaciones acordaron ampliar sus relaciones en sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico de los dos países: infraestructuras, energías renovables, logística, minería, economía digital, agricultura, banca e hidrocarburos. Asimismo, anunciaron la creación de un Foro Económico e Inversor Marruecos-Ghana destinado a incrementar los intercambios comerciales y facilitar nuevos proyectos empresariales.

La cooperación agrícola constituye uno de los aspectos más relevantes de esta nueva asociación. El grupo marroquí OCP, uno de los mayores productores mundiales de fertilizantes fosfatados, desempeña un papel fundamental en diversos programas destinados a incrementar la productividad agrícola africana. En el caso de Ghana, las autoridades de ambos países consideran que la utilización de fertilizantes adaptados a las características del cultivo del cacao puede contribuir significativamente a mejorar los rendimientos de una actividad esencial para la economía nacional.

Este tipo de iniciativas explica, en buena medida, por qué la política africana de Marruecos ha adquirido una dimensión muy distinta de la que poseía hace apenas veinte años. Rabat ya no proyecta únicamente influencia mediante los canales diplomáticos tradicionales, sino también a través de su línea aérea, empresas, bancos, compañías aseguradoras, grupos industriales, universidades, instituciones religiosas y organismos de cooperación que actúan de manera coordinada en numerosos países del continente.

Una evolución semejante puede observarse en Benín.

Durante la séptima sesión de la Comisión Mixta de Cooperación celebrada en Cotonú, las autoridades beninesas reafirmaron su apoyo a la integridad territorial defendida por Marruecos y expresaron igualmente su respaldo al Plan de Autonomía, al tiempo que manifestaron su voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales en prácticamente todos los ámbitos de cooperación.

Más allá del contenido político de la declaración conjunta, resulta especialmente revelador el énfasis colocado sobre los proyectos económicos. La decisión de organizar una futura reunión de la comisión bilateral en Dajla y el anuncio de una misión beninesa destinada a conocer sobre el terreno el desarrollo económico de esa región reflejan hasta qué punto las relaciones económicas comienzan a desempeñar un papel determinante en la evolución de las posiciones diplomáticas africanas.

Esta tendencia no constituye un fenómeno aislado. Durante los últimos años, Marruecos ha intensificado considerablemente su presencia económica en África occidental. Bancos marroquíes figuran entre los principales operadores financieros de la región; empresas constructoras participan en grandes proyectos de infraestructura; compañías de telecomunicaciones amplían continuamente sus inversiones; mientras que el sector de los fertilizantes, la producción de energía y los servicios logísticos han convertido al Reino en uno de los principales inversores africanos dentro del propio continente.

La política africana impulsada desde Rabat responde, además, a una concepción estratégica de largo alcance. Desde su reincorporación a la Unión Africana en 2017, Marruecos ha desarrollado una intensa actividad diplomática orientada a fortalecer la cooperación Sur-Sur, promover la integración económica regional y consolidar alianzas estables con numerosos Estados africanos.

Lejos de limitarse a las declaraciones políticas, esa estrategia se ha traducido en inversiones multimillonarias, acuerdos de cooperación técnica, programas de formación universitaria, iniciativas sanitarias y proyectos agrícolas que han contribuido a reforzar la imagen de Marruecos como uno de los principales motores económicos del continente.

En paralelo, Rabat ha impulsado proyectos de enorme alcance geoestratégico, entre ellos la Iniciativa Atlántica destinada a facilitar la salida al océano de los países del Sahel sin litoral y el ambicioso gasoducto África Atlántica, concebido para conectar Nigeria con Marruecos a lo largo de miles de kilómetros de la costa occidental africana. Ambas iniciativas han sido presentadas por las autoridades marroquíes como instrumentos destinados a favorecer la integración regional y el desarrollo económico compartido, reforzando al mismo tiempo la posición del Reino como plataforma logística entre África, Europa y el Atlántico.

La segunda parte desarrollará el significado del respaldo de Rumanía, la transformación económica de Marruecos durante las últimas dos décadas, el papel desempeñado por Mohammed VI en la proyección internacional del Reino y las implicaciones geopolíticas de la creciente red de apoyos al Plan de Autonomía en África, Europa y el Mediterráneo.

La dimensión africana de esta estrategia explica solo una parte del fenómeno. La otra se desarrolla en Europa, donde durante los últimos años varios gobiernos han ido modificando gradualmente sus posiciones respecto del conflicto del Sáhara. En ese contexto se inscribe la decisión adoptada por Rumanía, cuyo respaldo al Plan de Autonomía ha sido interpretado tanto en Rabat como en numerosas cancillerías europeas como un nuevo indicio de la evolución que experimenta el debate diplomático en el continente.

El Gobierno rumano comunicó oficialmente que considera la propuesta presentada por Marruecos en 2007 como la opción "más práctica, viable y conforme a los parámetros fijados por las Naciones Unidas" para alcanzar una solución política al diferendo. La decisión fue transmitida mediante una comunicación oficial entregada al ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, durante una reunión celebrada en Rabat con un enviado especial del presidente rumano, reflejando así la voluntad de Bucarest de redefinir su posición sobre una cuestión que durante décadas había permanecido prácticamente inalterada.

Desde una perspectiva estrictamente geopolítica, la importancia de este respaldo no reside únicamente en el peso específico de Rumanía dentro de la Unión Europea, sino en el efecto acumulativo que producen decisiones semejantes cuando son observadas en conjunto. Cada nuevo apoyo fortalece la percepción de que se está consolidando una corriente diplomática cada vez más amplia, circunstancia que inevitablemente modifica el contexto internacional dentro del cual se desarrolla el proceso auspiciado por las Naciones Unidas.

Para la diplomacia marroquí, este tipo de reconocimientos constituye el resultado de una política exterior que ha privilegiado la continuidad por encima de las iniciativas coyunturales. Lejos de limitarse a responder a acontecimientos puntuales, Rabat ha desarrollado durante años una estrategia orientada a construir relaciones de confianza mediante mecanismos permanentes de cooperación económica, financiera y política. Esa constancia ha permitido que numerosos países comiencen a considerar a Marruecos no únicamente como un interlocutor regional, sino como un socio estratégico con capacidad para contribuir a la estabilidad de espacios geográficos cada vez más amplios.

La explicación de ese proceso remite inevitablemente a la profunda transformación experimentada por el Reino durante el último cuarto de siglo.

Cuando Mohammed VI accedió al trono en 1999, Marruecos enfrentaba importantes desafíos estructurales. La economía dependía en gran medida de la agricultura, las infraestructuras presentaban importantes carencias y la integración industrial era todavía limitada. Desde entonces, el país ha impulsado una estrategia de modernización que ha modificado sustancialmente su perfil económico y ha incrementado notablemente su atractivo para la inversión extranjera.

Uno de los ejemplos más visibles de esa transformación es el complejo portuario de Tánger Med. Concebido inicialmente como un gran centro logístico destinado a conectar Europa, África y América, el puerto ha terminado convirtiéndose en uno de los principales nodos marítimos del Mediterráneo y del Atlántico. Su extraordinaria capacidad de movimiento de mercancías ha favorecido el establecimiento de importantes industrias manufactureras y ha consolidado a Marruecos como una plataforma logística de primer orden para el comercio internacional.

Alrededor de ese puerto se ha desarrollado un potente ecosistema industrial que ha permitido la instalación de fabricantes de automóviles, empresas aeronáuticas, industrias electrónicas y compañías especializadas en componentes de alta tecnología. En apenas dos décadas, el Reino ha pasado de desempeñar un papel relativamente marginal en determinados sectores industriales a convertirse en uno de los principales productores automovilísticos del continente africano y en un proveedor integrado en las cadenas de valor europeas.

La apuesta por las energías renovables constituye otro de los pilares de esta transformación. Grandes proyectos solares y eólicos han situado a Marruecos entre los países con mayores ambiciones en materia de transición energética. El desarrollo de nuevas capacidades para la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos refuerza además las expectativas de que el Reino desempeñe un papel creciente dentro del futuro mercado energético europeo.

Paralelamente, el país ha mejorado de manera significativa sus infraestructuras ferroviarias, aeroportuarias y viarias, fortaleciendo su posición como punto de conexión entre África occidental, el Mediterráneo y el Atlántico. Esa combinación de estabilidad política, modernización económica y localización geográfica constituye uno de los principales activos de la estrategia internacional marroquí.

En numerosos análisis internacionales, esa evolución aparece estrechamente vinculada al liderazgo ejercido por Mohammed VI. Diversos especialistas en relaciones internacionales sostienen que la política exterior del Reino ha dejado de concebirse únicamente como un instrumento destinado a gestionar las relaciones diplomáticas tradicionales para transformarse en una herramienta integral de proyección económica, financiera, religiosa y cultural.

La denominada diplomacia económica ocupa un lugar central dentro de esa estrategia. Las visitas oficiales del monarca a numerosos países africanos han estado acompañadas habitualmente por importantes delegaciones empresariales y por la firma de acuerdos de inversión, cooperación técnica y financiación de proyectos de desarrollo. Esa forma de actuación ha permitido construir vínculos de largo plazo que, en muchos casos, trascienden los cambios de gobierno y generan intereses compartidos entre las distintas administraciones.

La creciente presencia de bancos marroquíes en África occidental, la expansión de las compañías aseguradoras, las inversiones en telecomunicaciones, la cooperación agrícola y la actividad desarrollada por el grupo OCP ilustran esa concepción amplia de la acción exterior, donde la diplomacia política y la diplomacia económica aparecen estrechamente entrelazadas.

Al mismo tiempo, Marruecos ha logrado consolidar un perfil singular como actor de estabilidad en una región caracterizada por profundas tensiones. Mientras el Sahel afronta una sucesión de golpes de Estado, el recrudecimiento de la amenaza yihadista y una creciente competencia entre potencias externas, Rabat ha proyectado una imagen de continuidad institucional y de previsibilidad que resulta especialmente valorada por numerosos socios internacionales.

En el Mediterráneo occidental, el Reino desempeña igualmente un papel cada vez más relevante. Su cooperación con la Unión Europea en materia migratoria, seguridad, lucha contra el terrorismo y control de redes criminales ha reforzado la percepción de Marruecos como un interlocutor indispensable para la estabilidad regional. A ello se añade su creciente importancia comercial, industrial y energética, factores que han ampliado significativamente su peso estratégico dentro de las prioridades europeas.

En ese contexto más amplio deben interpretarse los recientes apoyos expresados por Benín, Ghana y Rumanía. Más allá de su evidente significado diplomático, reflejan una transformación de mayor alcance: la consolidación de Marruecos como una potencia regional cuya influencia ya no se limita al Magreb, sino que se extiende progresivamente hacia África occidental, el espacio atlántico y el conjunto del Mediterráneo.

Ello no significa que el diferendo sobre el Sáhara haya dejado de suscitar posiciones diversas en la comunidad internacional. El proceso político impulsado por las Naciones Unidas continúa abierto y diferentes Estados mantienen enfoques distintos sobre el futuro del territorio. Sin embargo, resulta igualmente evidente que la evolución del contexto diplomático de los últimos años ha introducido nuevos elementos que modifican el equilibrio existente durante décadas.

Desde la óptica de Rabat, la ampliación constante del respaldo internacional al Plan de Autonomía constituye la consecuencia natural de una política exterior basada en la continuidad, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la creciente proyección económica del Reino. Para numerosos analistas, por su parte, esos apoyos también reflejan una realidad geopolítica más amplia: el ascenso de Marruecos como uno de los principales polos de estabilidad, inversión y crecimiento del continente africano y como un actor cuya influencia resulta cada vez más difícil de ignorar en la configuración del Mediterráneo del siglo XXI.

La sucesión de pronunciamientos favorables registrados en África y Europa durante los últimos meses parece confirmar, en cualquier caso, que el debate internacional en torno al Sáhara se desarrolla hoy en un escenario muy distinto del existente hace apenas una década. La combinación de estabilidad política, modernización económica, diplomacia activa y creciente capacidad de proyección regional ha situado a Marruecos en una posición de influencia considerablemente mayor que la que ocupaba a comienzos del siglo XXI, convirtiéndolo en un protagonista ineludible de la nueva arquitectura geopolítica africana y mediterránea.

 

El reloj de la guerra: por qué el tiempo puede convertirse en el mayor enemigo político de Donald Trump

 

Las guerras rara vez se libran únicamente en el campo de batalla. También se combaten en los mercados financieros, en las cadenas de suministro, en las fábricas de armamento y, sobre todo, en las urnas. A medida que el conflicto de Oriente Medio se prolonga y la tensión en torno a Irán, el estrecho de Ormuz y el sur del Líbano continúa sin una salida diplomática visible, diversos analistas sostienen que la Administración de Donald Trump se enfrenta a una creciente carrera contra el tiempo. Más allá de la evolución militar, el verdadero desafío podría consistir en impedir que la guerra termine alterando el equilibrio económico internacional y erosionando el respaldo político interno del presidente estadounidense en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre.

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Buenos Aires - La historia demuestra que las grandes potencias suelen entrar en los conflictos convencidas de que podrán controlar tanto su duración como sus costes. Sin embargo, con frecuencia descubren que el factor decisivo no reside exclusivamente en la superioridad militar, sino en la capacidad política y económica para sostener campañas prolongadas. En ese sentido, diversos especialistas consideran que la Administración Trump podría encontrarse ante un escenario en el que el tiempo se ha convertido en un recurso estratégico tan importante como los portaaviones, los bombarderos o los sistemas de defensa antimisiles.

La evolución del conflicto en Oriente Medio ha modificado sustancialmente las prioridades estratégicas de Washington. Lo que inicialmente parecía una operación destinada a degradar las capacidades militares iraníes ha derivado, según numerosos observadores, en un enfrentamiento regional mucho más complejo, donde convergen intereses de actores estatales y no estatales, amenazas sobre las principales rutas marítimas internacionales y una creciente incertidumbre sobre la estabilidad energética mundial.

Desde esta perspectiva, el principal problema para la Casa Blanca no sería únicamente militar, sino político. Cada semana adicional de operaciones aumenta la probabilidad de que la inflación energética vuelva a instalarse en la economía estadounidense. Para cualquier administración estadounidense, pero especialmente para una que afronta unas elecciones decisivas, el precio de la gasolina constituye uno de los indicadores más sensibles del humor del electorado.

Aunque el precio internacional del petróleo fluctúa diariamente en función de las expectativas de los mercados, numerosos analistas coinciden en que el verdadero cuello de botella continúa siendo el estrecho de Ormuz. Por esa vía marítima transita una parte sustancial del comercio mundial de hidrocarburos y una interrupción prolongada —o incluso la mera percepción de inseguridad— puede repercutir inmediatamente sobre los seguros marítimos, los costes logísticos y los precios finales de la energía. El incremento de las primas de seguros, por otra parte, ha adquirido una dinámica propia que influye tanto como el propio precio del crudo.

Diversos economistas advierten que esa situación podría generar un fenómeno particularmente delicado para las economías occidentales: una combinación de crecimiento débil con inflación persistente, es decir, un proceso de estanflación semejante al observado tras las crisis petroleras de los años setenta. De consolidarse ese escenario, la presión política sobre Washington aumentaría considerablemente, puesto que buena parte de sus aliados europeos y asiáticos dependen igualmente de la estabilidad del comercio energético internacional.

Las dificultades no terminan en el ámbito económico. Otra de las preocupaciones que aparecen en diversos centros de estudios estratégicos se refiere al consumo acelerado de municiones de alta tecnología por parte de Estados Unidos. Diveras informaciones sostienen que la defensa frente a los ataques iraníes estaría exigiendo un empleo intensivo de interceptores THAAD, Patriot y Standard, cuya producción industrial requiere años para reponer las existencias utilizadas. Según esa interpretación, el verdadero problema no sería la disponibilidad de aviones o buques de guerra, sino la limitada capacidad de la industria estadounidense para reconstruir rápidamente los inventarios de determinados sistemas críticos.

Aunque las cifras concretas sobre existencias y costes difieren entre distintas fuentes y no existe confirmación oficial sobre varios de esos extremos, numerosos especialistas coinciden en un punto: las guerras modernas consumen recursos industriales con una velocidad muy superior a la capacidad de producción en tiempos de paz. Esa circunstancia obliga al Pentágono a administrar simultáneamente las necesidades derivadas de Oriente Medio, el apoyo militar a Ucrania y la disuasión en el Indo-Pacífico.

La situación adquiere una dimensión aún más compleja cuando se analiza el contexto geopolítico global. Algunos analistas occidentales han planteado la hipótesis de que Rusia y China podrían estar prestando distintos tipos de apoyo indirecto a Irán. Entre las posibilidades mencionadas figuran desde el intercambio de información de inteligencia hasta el suministro de componentes industriales de doble uso susceptibles de incorporarse a programas militares iraníes. Sin embargo, conviene subrayar que estas hipótesis continúan siendo objeto de debate y que no existe evidencia pública concluyente que permita afirmar que Moscú o Pekín estén participando directamente en la conducción de ataques concretos contra fuerzas estadounidenses.

En cualquier caso, desde un punto de vista estratégico, algunos expertos consideran que tanto Rusia como China podrían beneficiarse indirectamente de una prolongación del conflicto. Moscú obtendría una disminución de la presión occidental sobre la guerra en Ucrania y obligaría a Estados Unidos a distribuir sus recursos militares entre varios teatros de operaciones. Pekín, por su parte, observaría con atención el comportamiento de la logística estadounidense, la capacidad de su industria de defensa y la respuesta política de Washington frente a conflictos simultáneos.

Otra consecuencia potencial sería el progresivo desgaste del sistema de alianzas occidentales. Las economías europeas, Japón, Corea del Sur y otros aliados dependen de cadenas logísticas globales extremadamente sensibles al incremento de los costes energéticos. Si la guerra continúa afectando al comercio marítimo y mantiene elevados los precios del petróleo y del gas, podrían aparecer divergencias entre los aliados acerca del coste político y económico de mantener una estrategia de confrontación prolongada.

En el plano doméstico, varios analistas sostienen que la principal amenaza para la Administración Trump no procede necesariamente del campo de batalla, sino del calendario electoral. Diversas  encuestas que reflejan un deterioro en los índices de aprobación presidencial y una ventaja demócrata en la intención de voto para las elecciones legislativas, aunque esos datos corresponden a un escenario determinado y deben interpretarse con cautela.

La importancia de las elecciones de medio mandato radica en que una eventual pérdida del control del Congreso podría limitar significativamente el margen de maniobra del presidente en materia de política exterior. La Constitución estadounidense atribuye al Congreso amplias competencias presupuestarias y de supervisión, lo que permitiría condicionar el ritmo de financiación de determinadas operaciones militares o exigir mayores controles sobre futuras intervenciones.

Desde esta óptica, algunos observadores sostienen que una mayoría legislativa hostil podría favorecer una política exterior más prudente y menos proclive al empleo directo de la fuerza militar. Otros, en cambio, consideran que incluso con un Congreso adverso el presidente conservaría importantes facultades como comandante en jefe. El alcance real de esas limitaciones dependería, llegado el caso, del equilibrio político que surgiera de las urnas y de la disposición de ambos partidos para alcanzar acuerdos.

La incertidumbre también proyecta sus efectos sobre el futuro del Partido Republicano. Una prolongación del conflicto que coincidiera con un deterioro económico interno podría afectar no sólo al desenlace de las elecciones legislativas, sino también al posicionamiento del partido de cara a la siguiente elección presidencial. En la política estadounidense, las guerras largas rara vez se evalúan exclusivamente por sus resultados militares; suelen medirse también por su coste económico, su duración y su impacto sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.

En definitiva, la evolución del conflicto en Oriente Medio ha convertido al tiempo en un factor estratégico de primer orden. Si la situación logra estabilizarse antes de noviembre, la Administración Trump podría presentar una narrativa basada en la restauración de la seguridad regional y la recuperación económica. Si, por el contrario, persisten la volatilidad energética, la incertidumbre comercial y el elevado coste de las operaciones militares, la guerra corre el riesgo de transformarse en un problema político interno de gran magnitud.

Como ha ocurrido en otras etapas de la historia contemporánea, las campañas militares pueden decidirse tanto en los frentes de combate como en los mercados, en los parlamentos y en las urnas. En el caso estadounidense, el desenlace dependerá de si la Casa Blanca consigue demostrar que el coste de la guerra produce beneficios estratégicos superiores a sus crecientes costes económicos y políticos. Esa es, probablemente, la verdadera batalla que hoy libra la presidencia de Donald Trump.

 

El gas que puede cambiar África: la CEDEAO convierte el corredor Nigeria-Marruecos en una apuesta estratégica continental

 

La adhesión formal de los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) al Gasoducto Africano Atlántico Nigeria-Marruecos representa mucho más que el respaldo a una infraestructura energética. La decisión adoptada en la cumbre de Freetown transforma un proyecto concebido hace casi una década como una iniciativa bilateral entre Marruecos y Nigeria en una política regional con vocación continental. Con una inversión estimada en 25.000 millones de dólares, cerca de 6.800 kilómetros de extensión y capacidad para transportar 30.000 millones de metros cúbicos de gas al año, el proyecto aspira a redefinir el mapa energético africano, acelerar la industrialización del África occidental y consolidar un nuevo eje de cooperación Sur-Sur que proyecta sus efectos hacia Europa.

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Buenos Aires - Durante décadas, la integración económica africana ha tropezado con un obstáculo recurrente: la insuficiencia de infraestructuras capaces de conectar los mercados nacionales y transformar los abundantes recursos naturales del continente en una auténtica ventaja competitiva. Las enormes reservas de gas de Nigeria, los déficits energéticos de numerosos países del África occidental y la creciente demanda europea de suministros alternativos parecían conformar una ecuación evidente. Sin embargo, convertir esa oportunidad en una realidad política exigía algo más que ingeniería y financiación. Requería una arquitectura diplomática capaz de conciliar los intereses de trece Estados costeros, varios países sin litoral, organismos regionales, entidades financieras internacionales y empresas energéticas nacionales.

Ese complejo proceso alcanzó un punto de inflexión durante la sexagésima novena cumbre de la CEDEAO celebrada en Freetown, Sierra Leona. Allí, los jefes de Estado y de Gobierno rubricaron el Acuerdo Intergubernamental que regula el desarrollo del Gasoducto Africano Atlántico Nigeria-Marruecos, otorgando al proyecto una legitimidad institucional que trasciende con mucho la dimensión técnica que había caracterizado sus fases iniciales.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la firma establece el marco legal común para el desarrollo de la infraestructura. Desde una perspectiva política, sin embargo, significa algo mucho más profundo. La iniciativa deja de ser un emprendimiento promovido exclusivamente por Marruecos y Nigeria para convertirse en un proyecto asumido colectivamente por la principal organización de integración económica de África occidental. Ese cambio modifica sustancialmente la percepción internacional de la obra y fortalece considerablemente su credibilidad ante potenciales financiadores e inversores.

El gasoducto proyectado recorrerá aproximadamente 6.800 kilómetros siguiendo la costa atlántica africana desde los yacimientos gasíferos del delta del Níger hasta Marruecos, atravesando trece países antes de enlazar con el Gasoducto Magreb-Europa y, desde allí, con la red continental europea. La infraestructura tendrá capacidad para transportar alrededor de 30.000 millones de metros cúbicos de gas natural anuales. Según las previsiones actuales, aproximadamente la mitad de ese volumen podrá abastecer tanto al mercado marroquí como al europeo, mientras que el resto quedará destinado al creciente consumo interno de África occidental.

Más allá de sus dimensiones físicas, el proyecto constituye una intervención estructural sobre la economía regional. El objetivo declarado consiste en crear un verdadero mercado integrado del gas natural que facilite la producción de electricidad, estimule la instalación de industrias intensivas en energía y permita aprovechar con mayor eficiencia los recursos naturales africanos. En otras palabras, el gasoducto pretende convertirse en un catalizador del proceso de industrialización que numerosos gobiernos africanos consideran imprescindible para reducir la dependencia de la exportación de materias primas sin transformar.

Los países directamente atravesados por el trazado —Nigeria, Benín, Togo, Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bisáu, Gambia, Senegal, Mauritania y Marruecos— serán los principales beneficiarios inmediatos. Sin embargo, el diseño del proyecto incorpora desde su origen una dimensión regional mucho más amplia. Mediante futuras interconexiones, también podrán acceder al suministro los Estados del Sahel que carecen de salida al mar, ampliando considerablemente el impacto económico de la infraestructura sobre el conjunto del África occidental.

Precisamente esa vocación integradora explica el respaldo prácticamente unánime recibido durante la reunión de Freetown. El presidente liberiano Joseph Boakai definió la iniciativa como "un avance histórico y trascendental" que demuestra la capacidad de las naciones africanas para priorizar la cooperación frente a la fragmentación política. Sus palabras reflejan una percepción ampliamente compartida entre numerosos dirigentes africanos: el verdadero valor del proyecto reside tanto en la infraestructura física como en el modelo de cooperación regional que representa.

Una valoración similar expresó Omar Alieu Touray, presidente de la Comisión de la CEDEAO, al describir el Gasoducto Africano Atlántico como una de las iniciativas más transformadoras emprendidas por la organización desde su creación. En su opinión, la infraestructura contribuirá decisivamente a reforzar la seguridad energética, aumentar la competitividad empresarial y consolidar un futuro económico compartido para una población superior a los 440 millones de habitantes.

El consenso alcanzado durante la cumbre no debe interpretarse únicamente como un respaldo simbólico. En términos prácticos, la adhesión de la CEDEAO abre la puerta a la siguiente fase del proyecto: la constitución de la sociedad responsable de la construcción y explotación del gasoducto, cuya sede estará ubicada en Casablanca, así como la creación de una Autoridad Superior del Gasoducto, que se establecerá en Abuja y asumirá la gobernanza regional de la infraestructura. Ambos organismos constituirán el núcleo institucional encargado de coordinar las futuras inversiones, supervisar el desarrollo técnico y preparar la Decisión Final de Inversión que permitirá iniciar la ejecución de la obra.

Igualmente relevante resulta el hecho de que los principales estudios de ingeniería, impacto ambiental y viabilidad técnica ya hayan concluido. Esa circunstancia reduce considerablemente la incertidumbre asociada a los grandes proyectos de infraestructura y sitúa la iniciativa en condiciones de avanzar hacia su fase operativa una vez culminen los procedimientos institucionales previstos por los Estados participantes.

No obstante, el aspecto más significativo del acuerdo alcanzado en Freetown probablemente resida en su dimensión geopolítica. Durante años, numerosos proyectos de integración africana quedaron limitados por la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación política entre los distintos gobiernos nacionales. En esta ocasión, la CEDEAO ha optado por convertir el gasoducto en una auténtica política regional, otorgándole una legitimidad que trasciende los ciclos políticos nacionales y fortalece su estabilidad a largo plazo.

Los analistas especializados coinciden en que ese cambio institucional constituye uno de los principales activos del proyecto. La firma del acuerdo por los propios jefes de Estado —y no únicamente por ministros sectoriales o responsables técnicos— implica un grado de compromiso político mucho más elevado. En términos diplomáticos, supone que la infraestructura pasa a formar parte de la agenda estratégica de integración del África occidental y deja de depender exclusivamente de la voluntad de dos gobiernos promotores.

Uno de los aspectos más llamativos de la evolución del Gasoducto Africano Atlántico reside en la manera en que Marruecos ha conseguido transformar una propuesta bilateral en un proyecto asumido por la principal organización de integración regional del África occidental. Cuando el rey Mohammed VI y el entonces presidente nigeriano Muhammadu Buhari impulsaron la iniciativa durante la visita del monarca marroquí a Abuya en 2016, pocos analistas imaginaban que una década después el proyecto sería respaldado institucionalmente por el conjunto de la CEDEAO.

Esa evolución no fue fruto de una única negociación, sino de una estrategia diplomática sostenida en el tiempo. Desde los primeros acuerdos de cooperación entre la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos (ONHYM) y la Nigerian National Petroleum Company (NNPC), Rabat apostó por presentar el gasoducto no como una infraestructura destinada exclusivamente a exportar gas hacia Europa, sino como un instrumento para acelerar la industrialización africana y fortalecer la integración regional. Esa narrativa permitió incorporar progresivamente a otros gobiernos del África occidental, que comenzaron a percibir el proyecto como una oportunidad para resolver déficits estructurales de acceso a la energía y atraer inversiones industriales.

La continuidad política del proyecto constituye otro de los elementos que explican su consolidación. Tras el fallecimiento del expresidente Buhari, el nuevo mandatario nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, decidió mantener el respaldo de Abuya a la iniciativa, garantizando que uno de los principales productores de gas del continente continuara comprometido con una obra concebida para modificar la geografía energética africana. Esa continuidad ha reducido considerablemente la incertidumbre política que suele acompañar a los grandes proyectos transnacionales de infraestructura.

La diplomacia marroquí también ha procurado insertar el gasoducto dentro de una visión más amplia de cooperación continental. La iniciativa ha sido vinculada con otros proyectos promovidos por Rabat para reforzar la conectividad atlántica africana, entre ellos la denominada Iniciativa Atlántica destinada a facilitar el acceso al océano de varios países del Sahel mediante infraestructuras logísticas marroquíes. Desde esa perspectiva, el gasoducto deja de ser únicamente un conducto para transportar hidrocarburos y pasa a integrarse en una estrategia orientada a fortalecer las cadenas regionales de suministro, el comercio y la industrialización.

La propia directora general de la ONHYM, Amina Benkhadra, ha defendido reiteradamente esa interpretación. A su juicio, la infraestructura "encarna la ambición compartida de África de construir un continente más integrado, industrializado y próspero", al tiempo que contribuirá a mejorar la seguridad energética, crear oportunidades económicas y favorecer un crecimiento sostenible. Su planteamiento refleja una visión ampliamente compartida por numerosos responsables africanos, que consideran el acceso estable a la energía como una condición indispensable para reducir la dependencia de las exportaciones de materias primas y avanzar hacia economías con mayor valor añadido.

El respaldo político recibido en Freetown ilustra esa convergencia de intereses. El presidente de Liberia, Joseph Boakai, calificó el proyecto como una "inversión transformadora" para el futuro colectivo de África occidental, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, sostuvo que ninguna estrategia de industrialización puede prosperar sin inversiones masivas en infraestructuras energéticas. En términos similares se pronunciaron representantes de Sierra Leona, Gambia y la propia Comisión de la CEDEAO, que coincidieron en presentar el gasoducto como un instrumento para fortalecer la cohesión regional y mejorar la competitividad de las economías africanas.

No obstante, el alcance del proyecto trasciende el ámbito africano. Para Europa, inmersa desde hace varios años en un proceso de diversificación de sus fuentes de abastecimiento energético, la futura conexión del gasoducto con el sistema Magreb-Europa podría abrir una nueva vía de suministro procedente del África subsahariana. Aunque los primeros flujos comerciales todavía tardarán varios años en materializarse, la infraestructura incrementa las opciones estratégicas del mercado europeo y refuerza la posición de Marruecos como nodo energético entre ambos continentes.

El proyecto también presenta una importante dimensión financiera. Su coste estimado ronda los 25.000 millones de dólares y requerirá una compleja combinación de recursos públicos, capital privado e instituciones multilaterales. Nigeria ha comprometido una participación significativa a través de la NNPC, mientras que diversas entidades internacionales, entre ellas el Banco Islámico de Desarrollo, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, el Banco Europeo de Inversiones y financiadores del Golfo, han participado en distintas fases de los estudios preliminares o han manifestado interés en la financiación futura. Esa diversidad de actores reduce el riesgo de dependencia respecto de un único financiador y dota al proyecto de una base económica potencialmente más sólida.

Pese al optimismo mostrado durante la cumbre de Freetown, numerosos especialistas recuerdan que el verdadero desafío comienza ahora. La construcción de casi siete mil kilómetros de infraestructura a través de múltiples jurisdicciones exigirá una coordinación política inédita, elevados estándares de seguridad y una movilización financiera sostenida durante varios años. Las zonas marítimas del golfo de Guinea, afectadas periódicamente por fenómenos de piratería y delincuencia organizada, plantean además desafíos adicionales para la futura protección del gasoducto. A ello se suma la necesidad de mantener la cohesión política entre los Estados participantes durante un proceso de ejecución que previsiblemente se prolongará más de una década.

Los observadores también subrayan que el éxito definitivo dependerá menos de las declaraciones políticas que de la capacidad para materializar los compromisos adquiridos. La creación efectiva de la sociedad gestora en Casablanca, el establecimiento de la Autoridad Superior del Gasoducto en Abuja, la captación de inversiones y la adopción de la Decisión Final de Inversión constituirán los verdaderos indicadores del avance del proyecto durante los próximos años.

Desde una perspectiva geopolítica, la adhesión de la CEDEAO representa asimismo una victoria diplomática para Marruecos. Sin formar parte de la organización regional, Rabat ha logrado situarse en el centro de uno de los mayores proyectos de integración económica impulsados por África occidental. Ese resultado confirma la capacidad de la diplomacia marroquí para desarrollar alianzas sectoriales con los países de la región mediante instrumentos económicos y energéticos, incluso al margen de su todavía pendiente solicitud de adhesión a la propia CEDEAO.

En última instancia, el Gasoducto Africano Atlántico simboliza una transformación más profunda que la simple construcción de una infraestructura energética. La decisión adoptada en Freetown pone de manifiesto que una parte creciente de África occidental aspira a convertir la integración económica en un mecanismo de desarrollo estructural, sustentado en grandes proyectos regionales capaces de superar las limitaciones de los mercados nacionales. Si esa ambición logra traducirse en obras concretas, el gasoducto podría convertirse en uno de los principales hitos de la cooperación africana del siglo XXI. Si, por el contrario, las dificultades financieras, técnicas o políticas retrasan su ejecución, la iniciativa correrá el riesgo de engrosar la larga lista de megaproyectos concebidos para transformar el continente que nunca llegaron a materializar plenamente. Por ahora, la firma del Acuerdo Intergubernamental por los Estados miembros de la CEDEAO constituye, al menos, el paso institucional más sólido dado hasta la fecha para acercar esa ambición a la realidad.

 

Francia y Marruecos sellan una nueva etapa estratégica en Rabat

La decimoquinta Reunión de Alto Nivel celebrada en Rabat el 16 de julio de 2026 marca un hito en las relaciones entre Francia y Marruecos, consolidando una alianza estratégica que trasciende los vínculos históricos para proyectarse como un eje fundamental en la estabilidad del Mediterráneo occidental y el desarrollo africano.

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Buenos Aires - Copresidida por el jefe del Gobierno marroquí, Aziz Akhannouch, y el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, esta cumbre no solo reactiva un mecanismo de diálogo interrumpido desde 2019, sino que institucionaliza una convergencia política y económica de profundo calado, impulsada por una visión compartida de los desafíos geopolíticos contemporáneos.

El encuentro se inscribe en el marco de la Asociación de Excepción Reforzada inaugurada durante la visita de Estado del presidente Emmanuel Macron a Marruecos en octubre de 2024. Aquella ocasión ya había sentado las bases de una relación renovada, pero la cita de Rabat eleva esa ambición a un nivel de coordinación gubernamental integral. Participaron delegaciones ministeriales de alto perfil que reflejaron la transversalidad de los intereses bilaterales. Por parte marroquí, junto a Akhannouch, destacaron figuras como el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit; la ministra de Economía y Finanzas, Nadia Fettah; el ministro de Industria y Comercio, Ryad Mezzour; y el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita. La delegación francesa, encabezada por Lecornu, incluyó al ministro para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot; al ministro del Interior, Laurent Núñez; y responsables de economía, defensa, cultura y digitalización, entre otros.

En el corazón de esta convergencia destaca el firme respaldo francés al Plan de Autonomía propuesto por Marruecos como la solución más seria, creíble y realista al diferendo del Sáhara. Sébastien Lecornu reafirmó esta posición durante la comparecencia conjunta, describiéndola como una orientación permanente de la política exterior gala, “clara, firme y destinada a mantenerse en el tiempo”. “Francia permanecerá al lado de Marruecos, leal y fielmente”, enfatizó el primer ministro, subrayando que el apoyo no responde a coyunturas políticas sino a una redefinición estratégica de largo alcance. Esta postura, consolidada desde el mensaje de Macron con motivo de la Fiesta del Trono en 2024 y reforzada en Rabat, fortalece la legitimidad internacional de la iniciativa marroquí y alinea a París con una tendencia creciente en la comunidad internacional.

El respaldo al Plan de Autonomía para el Sáhara no constituye un elemento aislado, sino el fundamento político que habilita una agenda de cooperación ambiciosa en múltiples frentes. Los acuerdos firmados durante la jornada —alrededor de una docena de instrumentos jurídicos— traducen esta voluntad en compromisos concretos. Entre ellos sobresale la carta de intenciones suscrita por Nasser Bourita y Jean-Noël Barrot para reforzar la coordinación en política exterior y foros multilaterales, simbolizando una diplomacia concertada. En infraestructuras, Francia confirmó su apoyo financiero a la línea de alta velocidad entre Kenitra y Marrakech, proyecto emblemático para la conectividad marroquí.

La gestión de recursos hídricos recibió atención prioritaria mediante una declaración conjunta que amplía compromisos previos con la Agencia Francesa de Desarrollo, orientada a la planificación hidráulica, modernización de infraestructuras y adaptación al cambio climático. En educación, se firmó un instrumento para fortalecer la enseñanza del árabe, la historia y la geografía de Marruecos en las instituciones francesas del Reino, promoviendo un modelo bilingüe que enriquece los lazos culturales seculares. La cooperación en transporte aéreo se vio impulsada por un plan de acción 2026-2028, mientras que en el ámbito marítimo se estableció una alianza entre instituciones académicas de ambos países.

Avances económicos incluyen el acuerdo con el grupo La Poste para modernizar servicios postales y adaptarlos a la digitalización y el comercio electrónico. En cultura, memorandos de entendimiento impulsan intercambios artísticos, patrimonio, industrias creativas y cooperación cinematográfica con proyección africana. La investigación científica se beneficia de convenios entre entidades como el Laboratorio Público de Ensayos y Estudios de Marruecos y CEREMA, o el Instituto Agronómico Hassan II y CIRAD, en campos como ingeniería, agricultura y acuicultura. No menos relevante resulta el lanzamiento de procedimientos para una interconexión eléctrica submarina entre Nador y Marsella, que podría posicionar a Marruecos como plataforma de energías renovables hacia Europa.

La dimensión de seguridad ocupó un lugar destacado. Lecornu elogió la “excelente coordinación” entre servicios policiales, judiciales e inteligencia en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, trata de personas e inmigración irregular, anunciando avances hacia un acuerdo global que institucionalice esta colaboración modélica. Estos logros operativos subrayan cómo la confianza política recuperada multiplica la eficacia conjunta frente a amenazas transnacionales.

Desde una perspectiva más amplia, la XV Reunión de Alto Nivel refleja las profundas transformaciones en el posicionamiento internacional de ambos actores. Marruecos ha diversificado sus alianzas sin descuidar su anclaje europeo, consolidándose como puente entre Europa, África y el Atlántico. Francia, por su parte, ante las mutaciones en el Sahel y la competencia global en el continente, identifica en Rabat un socio indispensable para preservar influencia y promover una cooperación pragmática y mutuamente beneficiosa. África ocupó un espacio central en las discusiones, con énfasis en modelos de asociación basados en inversión, transferencia tecnológica y creación de capacidades, superando enfoques asistencialistas tradicionales.

Analistas de instituciones como el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) y el Instituto Real de Estudios Estratégicos de Marruecos coinciden en que esta convergencia responde a intereses compartidos en seguridad regional, transición energética, conectividad y desarrollo sostenible. El sector empresarial de ambos lados valora las oportunidades en movilidad, inteligencia artificial, aeronáutica, automoción y energías limpias, respaldadas por la estabilidad institucional marroquí y su red de infraestructuras modernas.

La cumbre también proyecta hacia el futuro: prepara una eventual visita oficial del rey Mohammed VI a Francia y la negociación de un tratado bilateral de amistad, el primero que Francia suscribiría con un país fuera de la Unión Europea. Este instrumento excepcional coronaría la institucionalización de una relación que ya no se limita a la reactivación de lazos históricos, sino que aspira a configurar una auténtica comunidad estratégica.

En un mundo marcado por incertidumbre geopolítica, volatilidad energética y amenazas transnacionales, la alianza franco-marroquí emerge como modelo de asociación estable y visionaria. Lejos de resolver meras tensiones pasadas —como las vividas entre 2021 y 2024 por discrepancias migratorias y percepciones sobre el Sáhara—, la reunión de Rabat ha sentado las bases de una interdependencia operativa que influirá decisivamente en el equilibrio mediterráneo y africano de las próximas décadas. Con rigor en la ejecución de los compromisos asumidos, esta nueva etapa promete no solo fortalecer los lazos bilaterales, sino redefinir dinámicas regionales en favor de la prosperidad y la estabilidad compartidas.

 

¿Una nueva cruzada ideológica? La ofensiva de Washington contra la "extrema izquierda violenta" reabre viejos dilemas sobre seguridad, democracia y libertades

 

La decisión de la Administración de Donald Trump de convocar en Washington a representantes de más de sesenta países para impulsar una estrategia internacional contra lo que denomina el "resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda" constituye uno de los movimientos doctrinarios más trascendentes de la política exterior estadounidense desde el final de la Guerra Fría.

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Buenos Aires - Presentada por el secretario de Estado, Marco Rubio, como el inicio de una nueva arquitectura global de cooperación antiterrorista, la iniciativa contra la extrema izquierda aspira a identificar, perseguir y desarticular redes revolucionarias, anarquistas y antifascistas consideradas violentas. Sin embargo, también ha abierto un intenso debate acerca de los límites conceptuales del terrorismo, el riesgo de criminalizar la disidencia política y la posibilidad de que Estados Unidos esté inaugurando una nueva etapa de confrontación ideológica cuya lógica recuerda, para numerosos especialistas, algunos de los rasgos más inquietantes del macartismo.

Durante décadas, la agenda internacional de Washington estuvo dominada por amenazas claramente identificables. Primero fue la confrontación bipolar con la Unión Soviética; posteriormente, el terrorismo islamista monopolizó la atención de las agencias de inteligencia y de los organismos encargados de la seguridad nacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ahora, la Administración Trump sostiene que una amenaza diferente, largamente ignorada, ha vuelto a adquirir dimensiones transnacionales: el terrorismo político inspirado en ideologías revolucionarias de izquierda.

En el discurso inaugural de la reunión ministerial celebrada en el Departamento de Estado, Marco Rubio afirmó que la violencia revolucionaria de inspiración marxista, comunista, anarquista o antifascista nunca desapareció completamente y que actualmente experimenta un proceso de reorganización internacional. Según el secretario de Estado, los ataques contra infraestructuras críticas, laboratorios, redes eléctricas, oleoductos y otros objetivos estratégicos formarían parte de una renovada ofensiva contra las democracias occidentales.

La reunión reunió a delegaciones de alrededor de sesenta y siete países —principalmente europeos, aunque también americanos y asiáticos—, si bien en numerosos casos las representaciones estuvieron encabezadas por embajadores o funcionarios técnicos y no por ministros de Relaciones Exteriores. Israel fue el único país de Oriente Medio presente oficialmente.

Más allá del contenido operativo de la iniciativa, el verdadero alcance del encuentro reside en el cambio doctrinal que supone. Rubio planteó la necesidad de reconstruir la arquitectura internacional del contraterrorismo mediante un intercambio intensivo de inteligencia, cooperación judicial, rastreo financiero y coordinación policial para identificar redes que, según Washington, han escapado durante décadas al escrutinio internacional.

Sin embargo, apenas pronunciadas las primeras intervenciones oficiales comenzaron también las críticas. Numerosos exfuncionarios del propio Departamento de Estado, especialistas en contraterrorismo y académicos cuestionaron tanto el diagnóstico como las prioridades establecidas por la nueva estrategia. Para ellos, el terrorismo de extrema izquierda existe, pero su magnitud actual dista considerablemente de representar la principal amenaza para la seguridad occidental, especialmente si se compara con el extremismo yihadista o con diversas formas de violencia de extrema derecha.

Ese debate remite a una cuestión extraordinariamente compleja: ¿qué debe entenderse exactamente por "extrema izquierda violenta"?

La dificultad no es menor. En la práctica conviven bajo esa denominación organizaciones históricas claramente terroristas —como Sendero Luminoso, las Brigadas Rojas italianas, la Fracción del Ejército Rojo alemana, Weather Underground o las antiguas organizaciones guerrilleras latinoamericanas— con colectivos anarquistas, movimientos antifascistas descentralizados, grupos antisistema, organizaciones de acción directa e incluso activistas cuya actuación se limita a protestas radicalizadas pero protegidas por el derecho constitucional de manifestación.

El propio caso de Antifa ilustra esa ambigüedad. Diversos organismos estadounidenses, incluido el FBI durante el primer mandato de Trump, señalaron reiteradamente que Antifa constituye más una corriente ideológica o un conjunto descentralizado de colectivos que una organización jerárquica dotada de una estructura de mando identificable. Esa característica plantea enormes desafíos jurídicos cuando se pretende aplicar categorías propias del terrorismo internacional a un fenómeno extremadamente difuso.

Precisamente allí aparece uno de los principales temores expresados por juristas y organizaciones dedicadas a la defensa de las libertades civiles. La ausencia de una definición objetiva y universalmente aceptada de "extrema izquierda violenta" puede terminar ampliando peligrosamente el margen de discrecionalidad del poder político.

La historia ofrece abundantes ejemplos de cómo categorías inicialmente diseñadas para combatir organizaciones armadas acabaron utilizándose para perseguir adversarios ideológicos, movimientos sindicales, organizaciones estudiantiles o simples opositores políticos.

Es inevitable, en ese contexto, que resurja la comparación con el macartismo.

Durante los primeros años de la Guerra Fría, el senador Joseph McCarthy convirtió la sospecha de simpatías comunistas en un instrumento político de enorme eficacia. Miles de ciudadanos estadounidenses fueron investigados, despedidos o marginados profesionalmente sin pruebas concluyentes de haber cometido delito alguno. Bastaba la sospecha de afinidad ideológica para desencadenar procesos administrativos, investigaciones parlamentarias o campañas públicas de descrédito.

Naturalmente, las circunstancias actuales son muy diferentes. Nadie sostiene que Estados Unidos haya regresado mecánicamente a la década de 1950. Sin embargo, varios especialistas advierten que ciertas dinámicas discursivas —la identificación de amplios sectores ideológicos como amenazas potenciales para la seguridad nacional, la ampliación del concepto de terrorismo y la utilización de categorías políticas poco precisas— recuerdan algunos de aquellos mecanismos históricos.

La propia cobertura periodística estadounidense recoge las preocupaciones expresadas por antiguos responsables del área de contraterrorismo, quienes consideran que la amenaza está siendo amplificada y politizada, mientras otras formas de extremismo continúan representando riesgos objetivamente mayores.

Existe, sin embargo, otro aspecto del discurso de Rubio que difícilmente pueda descartarse como mera retórica política.

El secretario de Estado dedicó una parte significativa de su intervención al papel desempeñado históricamente por Cuba en la formación y apoyo de numerosos movimientos insurgentes latinoamericanos durante la Guerra Fría. Recordó expresamente el entrenamiento proporcionado por el régimen de Fidel Castro a miles de guerrilleros procedentes de distintos países del continente y sostuvo que la red política e ideológica construida desde La Habana contribuyó decisivamente al desarrollo de organizaciones revolucionarias en América y otras regiones.

Sobre este punto, la evidencia histórica es considerable. Desde comienzos de los años sesenta, Cuba impulsó una política activa de apoyo a movimientos revolucionarios en América Latina y África. La Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), las actividades del Departamento América del Partido Comunista Cubano y el entrenamiento militar impartido a cuadros insurgentes fueron ampliamente documentados tanto por investigaciones académicas como por archivos desclasificados.

Las guerrillas colombianas, organizaciones centroamericanas, movimientos revolucionarios del Cono Sur y diversas experiencias insurgentes recibieron, en distintos momentos y con diferente intensidad, respaldo político, entrenamiento o asistencia desde La Habana. Esa política constituyó uno de los principales factores de tensión hemisférica durante décadas.

Paradójicamente, Washington parece reconocer ahora, con una contundencia institucional inédita, una realidad histórica cuya importancia fue objeto de intensos debates durante buena parte del siglo XX. Para muchos observadores, ese reconocimiento llega cuando el escenario latinoamericano ha cambiado profundamente y las antiguas guerrillas han desaparecido, se han transformado en partidos políticos o han evolucionado hacia fenómenos de naturaleza distinta.

Las implicaciones diplomáticas de la nueva estrategia aún están por definirse. América Latina presenta hoy un mosaico político extraordinariamente diverso, donde conviven gobiernos de distintas orientaciones ideológicas que mantienen relaciones normales con Washington.

En ese contexto, inevitablemente surgirán interrogantes sobre cómo influirá esta nueva doctrina en la relación de Estados Unidos con administraciones como las de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Claudia Sheinbaum en México. Ambos gobiernos mantienen posiciones políticas claramente diferenciadas de la actual Administración estadounidense en numerosos asuntos internacionales y han sostenido relaciones diplomáticas con gobiernos de izquierda de la región. Sin embargo, ello no equivale, por sí mismo, a un respaldo a organizaciones violentas. La forma en que Washington delimite esa diferencia será determinante para evitar que una estrategia antiterrorista derive en una fuente permanente de fricciones diplomáticas.

Otro tanto ocurre con Venezuela. Durante los últimos años, la política estadounidense hacia el gobierno de Nicolás Maduro ha alternado sanciones económicas, reconocimiento de dirigentes opositores y negociaciones puntuales destinadas, entre otros objetivos, a facilitar intercambios humanitarios, procesos electorales o cuestiones energéticas. En ese marco se han producido contactos con altos funcionarios venezolanos, incluidos miembros del círculo dirigente. Tales contactos han sido interpretados por algunos sectores como una muestra de pragmatismo diplomático y por otros como una señal de flexibilización. La nueva estrategia obligará previsiblemente a Washington a explicar cómo concilia esas negociaciones con una doctrina que enfatiza el combate global contra organizaciones y redes consideradas violentas.

Más allá de América Latina, la iniciativa impulsada por Rubio refleja un fenómeno de mayor alcance: la creciente tendencia de las democracias occidentales a ampliar el concepto de seguridad nacional para abarcar amenazas híbridas, redes descentralizadas, campañas de sabotaje, radicalización digital y nuevas formas de violencia política que no encajan fácilmente en las categorías tradicionales del terrorismo.

Ese proceso plantea desafíos considerables. Combatir eficazmente a quienes recurren a la violencia política constituye una obligación indeclinable de cualquier Estado democrático. Pero preservar simultáneamente las libertades civiles exige definiciones precisas, estándares probatorios rigurosos y mecanismos institucionales capaces de distinguir con claridad entre terrorismo, violencia organizada, protesta radical y oposición política legítima.

La historia enseña que las democracias suelen enfrentarse a sus pruebas más difíciles precisamente cuando intentan defenderse de quienes buscan destruirlas. El éxito de la nueva estrategia estadounidense no dependerá únicamente de su capacidad para desarticular redes violentas. También será juzgado por su aptitud para evitar que la legítima lucha contra el terrorismo termine erosionando aquellos principios constitucionales y democráticos cuya protección constituye, en última instancia, la razón de ser de cualquier política de seguridad.

 

Mohammed VI, gran artífice del puente atlántico: el libro revelador de Hicham Lakhal

En un mundo que reconfigura sus ejes geopolíticos con rapidez, el libro de Hicham Lakhal, Su Majestad el Rey Mohammed VI, gran artífice de la integración atlántica África-América Latina, ilumina un proceso diplomático poco explorado pero de creciente relevancia: la construcción, bajo el impulso de Mohammed VI, de un corredor de cooperación entre las orillas africana y latinoamericana del Atlántico Sur.

Contenido:

Buenos Aires - Fruto de más de dos décadas de investigación de campo y testimonios de alto nivel, la obra no solo reconstruye dos décadas de acercamiento, sino que propone una interpretación ambiciosa sobre el papel estratégico de Marruecos en la emergencia de un nuevo espacio atlántico.

Durante décadas, las relaciones entre África y América Latina permanecieron marcadas por una paradoja elocuente. Dos regiones unidas por legados coloniales compartidos, flujos humanos ancestrales y aspiraciones paralelas de desarrollo se mantuvieron, sin embargo, distantes en los ámbitos diplomático, comercial, científico y cultural. El Atlántico actuaba más como barrera que como vínculo. Ese panorama comenzó a transformarse de forma sostenida en las primeras décadas del siglo XXI, y Marruecos emergió como uno de los actores africanos más dinámicos en la construcción de puentes hacia América Latina. La apertura de canales diplomáticos, la profundización de lazos económicos, la cooperación Sur-Sur y la consolidación institucional marroquí configuraron un nuevo escenario de diálogo frecuente y agendas convergentes.

Precisamente ese proceso constituye el núcleo de Su Majestad el Rey Mohammed VI, gran artífice de la integración atlántica África-América Latina, la más reciente obra del periodista, traductor e investigador marroquí Hicham Lakhal, publicada por el Centro Cultural Mohammed VI para el Diálogo de las Civilizaciones en Coquimbo, Chile. Sus casi 284 páginas sintetizan años de trabajo riguroso en diversos países latinoamericanos, sustentados en una rica base documental y más de sesenta testimonios de presidentes, cancilleres, parlamentarios, académicos y diplomáticos. Lejos de una mera cronología de eventos, el volumen ofrece una lectura de largo aliento sobre el lugar de Marruecos en la arquitectura política del Atlántico contemporáneo. Lakhal argumenta que la política exterior impulsada por Mohammed VI ha transformado relaciones periféricas en un espacio estratégico de cooperación entre ambas regiones.

La publicación trasciende el interés académico estricto. En una era de reordenamiento internacional, fortalecimiento del Sur Global y búsqueda de nuevas alianzas, el libro invita a repensar el Atlántico más allá del eje euroatlántico tradicional. Mientras la atención global se concentra en competiciones entre grandes potencias o en conflictos del Mediterráneo, Indo-Pacífico y mar de China Meridional, Lakhal enfoca un escenario menos estudiado pero cada vez más pertinente: la consolidación de un corredor político, económico y cultural que une el noroeste africano con América Latina mediante diplomacia de cooperación, diálogo y intercambio societal.

Esta visión no es casual. Desde hace más de veinte años, Marruecos ha desplegado una política exterior activa en África occidental, Europa, Oriente Medio y América Latina, ampliando su presencia diplomática y diversificando asociaciones. Bajo Mohammed VI, desde 1999, el Reino ha impulsado una estrategia caracterizada por acuerdos económicos, inversiones, expansión empresarial y mayor intensidad diplomática. América Latina, antes marginal, pasó a ser un escenario clave para proyectar una imagen renovada del país, anclada en sus transformaciones internas y en un acercamiento político-cultural deliberado.

El punto de inflexión, según Lakhal, fue la histórica gira de Mohammed VI en 2004 por México, Brasil, Perú, Chile y Argentina: la primera visita de un soberano marroquí a la región. Aquel viaje no se limitó a protocolos; inauguró una política de largo plazo orientada a vínculos permanentes. El libro reconstruye cómo evolucionó esa estrategia, mostrando el cambio en la percepción latinoamericana hacia Marruecos. Este cambio no obedeció solo a la actividad diplomática, sino a las profundas transformaciones del Reino: expansión de infraestructuras, desarrollo industrial automotriz y aeronáutico, el tren de alta velocidad Al Boraq, la modernización de Tanger Med, el auge de las energías renovables y su consolidación como economía dinámica en África. Testimonios recogidos por el autor, como los del expresidente peruano Alejandro Toledo, Luiz Inácio Lula da Silva o Roberto León, subrayan el papel central de Mohammed VI en la integración de América Latina con el mundo árabe y africano, marcando “un antes y un después”.

Uno de los méritos del volumen radica en su capacidad para integrar la historia diplomática, el periodismo de investigación y la geopolítica contemporánea. Lakhal combina documentación oficial con entrevistas de campo realizadas durante años, otorgando voz a quienes condujeron los procesos. Este enfoque refleja la trayectoria singular de su autor, cuya carrera encarna la intersección entre periodismo internacional, investigación académica y diplomacia pública.

Hicham Lakhal pertenece a una generación de periodistas marroquíes que ha recorrido el espacio iberoamericano con profundidad. Formado en Fez y Tánger, obtuvo su doctorado en Lenguas y Culturas del Mundo Ibérico e Iberoamericano en la Universidad Hassan II de Casablanca. Su tesis doctoral analizó la evolución del conflicto del Sahara marroquí en América Latina entre 2004 y 2022, uno de los estudios más exhaustivos sobre el tema desde Marruecos. Su experiencia profesional en la Agencia Marroquí de Prensa (MAP) resultó decisiva: corresponsal en Caracas, luego en Buenos Aires, director del polo para América del Sur en Argentina y, posteriormente, director de Medios en Rabat. Estos años no solo le permitieron cubrir eventos, sino construir una red excepcional de contactos con presidentes, ministros, parlamentarios, académicos y diplomáticos. Esa red se convirtió en el corazón documental del libro.

Paralelamente, Lakhal ha producido documentales como Marruecos visto por América Latina (2019) y El conflicto del Sahara en América Latina (2022), y ejerce como investigador asociado al Laboratorio de Estudios Geopolíticos Argentinos de la Universidad de Buenos Aires. Su labor como traductor al español y su inserción académica en Argentina completan un perfil que combina práctica periodística con reflexión universitaria. Como destaca la embajadora de Marruecos en Chile, Kenza El Ghali, en el prólogo, el libro nace del contacto directo con los protagonistas latinoamericanos, no de una aproximación teórica distante. Esta experiencia confiere al texto un carácter testimonial único, convirtiéndolo en un amplio archivo oral sobre dos décadas de relaciones.

La tesis central del libro articula que la política exterior del rey Mohammed VI representa una estrategia de largo plazo para construir un espacio de cooperación permanente entre África y América Latina. Lakhal habla de “integración atlántica”, concepto que amplía la noción tradicional del Atlántico —históricamente centrado en el hemisferio norte— para reconocer la personalidad geopolítica propia del Atlántico meridional. Ambas regiones comparten desafíos en desarrollo económico, transición energética, seguridad alimentaria, cambio climático y recursos naturales, además de una historia de intercambios humanos. La diplomacia marroquí, según el autor, ha privilegiado el diálogo Sur-Sur, articulando iniciativas entre África, el mundo árabe y América Latina mediante representaciones diplomáticas, visitas oficiales, acuerdos, programas culturales y vínculos empresariales.

El análisis evita una lectura exclusivamente institucional. Lakhal examina la construcción de percepciones, confianza y densidad relacional multidimensional: económica, cultural, universitaria, parlamentaria, mediática y deportiva. Destaca el rol del periodismo en la transformación de la imagen de Marruecos en América Latina, de un país asociado a episodios conflictivos a uno vinculado con modernización, innovación y estabilidad. En este sentido, recoge apreciaciones como las del autor de este artículo, quien observa que Marruecos se ha convertido en sinónimo de grandes proyectos tecnológicos e industriales, o del internacionalista peruano Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien lo identifica como puerta natural de entrada a África para América Latina.

Un capítulo especialmente relevante aborda la evolución de las posiciones latinoamericanas respecto del Sahara. Lakhal documenta cómo, en paralelo al fortalecimiento general de las relaciones, aumentó el respaldo a la iniciativa marroquí de autonomía como base realista para una solución negociada en Naciones Unidas. Este cambio no responde solo a una diplomacia específica, sino al contexto más amplio de mayor conocimiento mutuo e intereses compartidos. El autor contextualiza estos giros dentro de las alternancias políticas latinoamericanas y la creciente importancia de la política africana en la región, proyectando a Marruecos como articulador entre Mediterráneo, África, mundo árabe y América Latina.

Uno de los aportes conceptuales más originales es la noción de “Marruecos latino”. Lakhal argumenta que la identidad plural del Reino —africana, árabe, amazigh, mediterránea y atlántica— lo habilita como puente natural entre continentes y civilizaciones. Esta premisa histórica y cultural sustenta una visión del Atlántico Sur como espacio civilizatorio compartido, cuya articulación incompleta durante siglos puede completarse en el siglo XXI. En este marco, el libro explora perspectivas futuras de integración que abarcan comercio, energía, conectividad marítima, investigación y diplomacia integral, involucrando no solo gobiernos sino sociedades, universidades, empresas y parlamentos.

La importancia del libro de Hicham Lakhal radica en su carácter pionero y documental. Mientras los estudios previos sobre las relaciones Marruecos-América Latina eran fragmentarios y puntuales, esta obra ofrece una visión integradora sustentada en un corpus excepcional de fuentes primarias. Combina rigor académico con narrativa fluida y accesible, sin caer en tecnicismos excesivos, lo que la convierte en referencia para diplomáticos, investigadores, estudiantes y un público amplio interesado en la geopolítica contemporánea.

En un contexto de redistribución del poder mundial y auge del Sur Global, Lakhal no solo reconstruye el pasado reciente sino que proyecta el futuro de una asociación con potencial aún mayor. Su trayectoria personal —entre Rabat, Caracas, Buenos Aires y otras capitales— enriquece la obra con una perspectiva situada en ambas realidades, rompiendo visiones periféricas y proponiendo una nueva geografía diplomática donde el Atlántico se transforma en espacio de encuentro.

Así, Su Majestad el Rey Mohammed VI, gran artífice de la integración atlántica África-América Latina se erige como testimonio del surgimiento de dinámicas que redefinen la política internacional. Con ambición analítica y riqueza testimonial, Hicham Lakhal ofrece una de las reconstrucciones más completas disponibles sobre una transformación diplomática en curso, cuyo principal motor ha sido la visión estratégica de Mohammed VI. En tiempos de incertidumbre global, esta obra invita a contemplar con renovada atención el potencial de alianzas horizontales entre regiones que, separadas por océanos, descubren cada vez más su complementariedad profunda.