El reloj de la guerra: por qué el tiempo puede convertirse en el mayor enemigo político de Donald Trump

 

Las guerras rara vez se libran únicamente en el campo de batalla. También se combaten en los mercados financieros, en las cadenas de suministro, en las fábricas de armamento y, sobre todo, en las urnas. A medida que el conflicto de Oriente Medio se prolonga y la tensión en torno a Irán, el estrecho de Ormuz y el sur del Líbano continúa sin una salida diplomática visible, diversos analistas sostienen que la Administración de Donald Trump se enfrenta a una creciente carrera contra el tiempo. Más allá de la evolución militar, el verdadero desafío podría consistir en impedir que la guerra termine alterando el equilibrio económico internacional y erosionando el respaldo político interno del presidente estadounidense en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre.

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Buenos Aires - La historia demuestra que las grandes potencias suelen entrar en los conflictos convencidas de que podrán controlar tanto su duración como sus costes. Sin embargo, con frecuencia descubren que el factor decisivo no reside exclusivamente en la superioridad militar, sino en la capacidad política y económica para sostener campañas prolongadas. En ese sentido, diversos especialistas consideran que la Administración Trump podría encontrarse ante un escenario en el que el tiempo se ha convertido en un recurso estratégico tan importante como los portaaviones, los bombarderos o los sistemas de defensa antimisiles.

La evolución del conflicto en Oriente Medio ha modificado sustancialmente las prioridades estratégicas de Washington. Lo que inicialmente parecía una operación destinada a degradar las capacidades militares iraníes ha derivado, según numerosos observadores, en un enfrentamiento regional mucho más complejo, donde convergen intereses de actores estatales y no estatales, amenazas sobre las principales rutas marítimas internacionales y una creciente incertidumbre sobre la estabilidad energética mundial.

Desde esta perspectiva, el principal problema para la Casa Blanca no sería únicamente militar, sino político. Cada semana adicional de operaciones aumenta la probabilidad de que la inflación energética vuelva a instalarse en la economía estadounidense. Para cualquier administración estadounidense, pero especialmente para una que afronta unas elecciones decisivas, el precio de la gasolina constituye uno de los indicadores más sensibles del humor del electorado.

Aunque el precio internacional del petróleo fluctúa diariamente en función de las expectativas de los mercados, numerosos analistas coinciden en que el verdadero cuello de botella continúa siendo el estrecho de Ormuz. Por esa vía marítima transita una parte sustancial del comercio mundial de hidrocarburos y una interrupción prolongada —o incluso la mera percepción de inseguridad— puede repercutir inmediatamente sobre los seguros marítimos, los costes logísticos y los precios finales de la energía. El incremento de las primas de seguros, por otra parte, ha adquirido una dinámica propia que influye tanto como el propio precio del crudo.

Diversos economistas advierten que esa situación podría generar un fenómeno particularmente delicado para las economías occidentales: una combinación de crecimiento débil con inflación persistente, es decir, un proceso de estanflación semejante al observado tras las crisis petroleras de los años setenta. De consolidarse ese escenario, la presión política sobre Washington aumentaría considerablemente, puesto que buena parte de sus aliados europeos y asiáticos dependen igualmente de la estabilidad del comercio energético internacional.

Las dificultades no terminan en el ámbito económico. Otra de las preocupaciones que aparecen en diversos centros de estudios estratégicos se refiere al consumo acelerado de municiones de alta tecnología por parte de Estados Unidos. Diveras informaciones sostienen que la defensa frente a los ataques iraníes estaría exigiendo un empleo intensivo de interceptores THAAD, Patriot y Standard, cuya producción industrial requiere años para reponer las existencias utilizadas. Según esa interpretación, el verdadero problema no sería la disponibilidad de aviones o buques de guerra, sino la limitada capacidad de la industria estadounidense para reconstruir rápidamente los inventarios de determinados sistemas críticos.

Aunque las cifras concretas sobre existencias y costes difieren entre distintas fuentes y no existe confirmación oficial sobre varios de esos extremos, numerosos especialistas coinciden en un punto: las guerras modernas consumen recursos industriales con una velocidad muy superior a la capacidad de producción en tiempos de paz. Esa circunstancia obliga al Pentágono a administrar simultáneamente las necesidades derivadas de Oriente Medio, el apoyo militar a Ucrania y la disuasión en el Indo-Pacífico.

La situación adquiere una dimensión aún más compleja cuando se analiza el contexto geopolítico global. Algunos analistas occidentales han planteado la hipótesis de que Rusia y China podrían estar prestando distintos tipos de apoyo indirecto a Irán. Entre las posibilidades mencionadas figuran desde el intercambio de información de inteligencia hasta el suministro de componentes industriales de doble uso susceptibles de incorporarse a programas militares iraníes. Sin embargo, conviene subrayar que estas hipótesis continúan siendo objeto de debate y que no existe evidencia pública concluyente que permita afirmar que Moscú o Pekín estén participando directamente en la conducción de ataques concretos contra fuerzas estadounidenses.

En cualquier caso, desde un punto de vista estratégico, algunos expertos consideran que tanto Rusia como China podrían beneficiarse indirectamente de una prolongación del conflicto. Moscú obtendría una disminución de la presión occidental sobre la guerra en Ucrania y obligaría a Estados Unidos a distribuir sus recursos militares entre varios teatros de operaciones. Pekín, por su parte, observaría con atención el comportamiento de la logística estadounidense, la capacidad de su industria de defensa y la respuesta política de Washington frente a conflictos simultáneos.

Otra consecuencia potencial sería el progresivo desgaste del sistema de alianzas occidentales. Las economías europeas, Japón, Corea del Sur y otros aliados dependen de cadenas logísticas globales extremadamente sensibles al incremento de los costes energéticos. Si la guerra continúa afectando al comercio marítimo y mantiene elevados los precios del petróleo y del gas, podrían aparecer divergencias entre los aliados acerca del coste político y económico de mantener una estrategia de confrontación prolongada.

En el plano doméstico, varios analistas sostienen que la principal amenaza para la Administración Trump no procede necesariamente del campo de batalla, sino del calendario electoral. Diversas  encuestas que reflejan un deterioro en los índices de aprobación presidencial y una ventaja demócrata en la intención de voto para las elecciones legislativas, aunque esos datos corresponden a un escenario determinado y deben interpretarse con cautela.

La importancia de las elecciones de medio mandato radica en que una eventual pérdida del control del Congreso podría limitar significativamente el margen de maniobra del presidente en materia de política exterior. La Constitución estadounidense atribuye al Congreso amplias competencias presupuestarias y de supervisión, lo que permitiría condicionar el ritmo de financiación de determinadas operaciones militares o exigir mayores controles sobre futuras intervenciones.

Desde esta óptica, algunos observadores sostienen que una mayoría legislativa hostil podría favorecer una política exterior más prudente y menos proclive al empleo directo de la fuerza militar. Otros, en cambio, consideran que incluso con un Congreso adverso el presidente conservaría importantes facultades como comandante en jefe. El alcance real de esas limitaciones dependería, llegado el caso, del equilibrio político que surgiera de las urnas y de la disposición de ambos partidos para alcanzar acuerdos.

La incertidumbre también proyecta sus efectos sobre el futuro del Partido Republicano. Una prolongación del conflicto que coincidiera con un deterioro económico interno podría afectar no sólo al desenlace de las elecciones legislativas, sino también al posicionamiento del partido de cara a la siguiente elección presidencial. En la política estadounidense, las guerras largas rara vez se evalúan exclusivamente por sus resultados militares; suelen medirse también por su coste económico, su duración y su impacto sobre la vida cotidiana de los ciudadanos.

En definitiva, la evolución del conflicto en Oriente Medio ha convertido al tiempo en un factor estratégico de primer orden. Si la situación logra estabilizarse antes de noviembre, la Administración Trump podría presentar una narrativa basada en la restauración de la seguridad regional y la recuperación económica. Si, por el contrario, persisten la volatilidad energética, la incertidumbre comercial y el elevado coste de las operaciones militares, la guerra corre el riesgo de transformarse en un problema político interno de gran magnitud.

Como ha ocurrido en otras etapas de la historia contemporánea, las campañas militares pueden decidirse tanto en los frentes de combate como en los mercados, en los parlamentos y en las urnas. En el caso estadounidense, el desenlace dependerá de si la Casa Blanca consigue demostrar que el coste de la guerra produce beneficios estratégicos superiores a sus crecientes costes económicos y políticos. Esa es, probablemente, la verdadera batalla que hoy libra la presidencia de Donald Trump.

 

El gas que puede cambiar África: la CEDEAO convierte el corredor Nigeria-Marruecos en una apuesta estratégica continental

 

La adhesión formal de los países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) al Gasoducto Africano Atlántico Nigeria-Marruecos representa mucho más que el respaldo a una infraestructura energética. La decisión adoptada en la cumbre de Freetown transforma un proyecto concebido hace casi una década como una iniciativa bilateral entre Marruecos y Nigeria en una política regional con vocación continental. Con una inversión estimada en 25.000 millones de dólares, cerca de 6.800 kilómetros de extensión y capacidad para transportar 30.000 millones de metros cúbicos de gas al año, el proyecto aspira a redefinir el mapa energético africano, acelerar la industrialización del África occidental y consolidar un nuevo eje de cooperación Sur-Sur que proyecta sus efectos hacia Europa.

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Buenos Aires - Durante décadas, la integración económica africana ha tropezado con un obstáculo recurrente: la insuficiencia de infraestructuras capaces de conectar los mercados nacionales y transformar los abundantes recursos naturales del continente en una auténtica ventaja competitiva. Las enormes reservas de gas de Nigeria, los déficits energéticos de numerosos países del África occidental y la creciente demanda europea de suministros alternativos parecían conformar una ecuación evidente. Sin embargo, convertir esa oportunidad en una realidad política exigía algo más que ingeniería y financiación. Requería una arquitectura diplomática capaz de conciliar los intereses de trece Estados costeros, varios países sin litoral, organismos regionales, entidades financieras internacionales y empresas energéticas nacionales.

Ese complejo proceso alcanzó un punto de inflexión durante la sexagésima novena cumbre de la CEDEAO celebrada en Freetown, Sierra Leona. Allí, los jefes de Estado y de Gobierno rubricaron el Acuerdo Intergubernamental que regula el desarrollo del Gasoducto Africano Atlántico Nigeria-Marruecos, otorgando al proyecto una legitimidad institucional que trasciende con mucho la dimensión técnica que había caracterizado sus fases iniciales.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la firma establece el marco legal común para el desarrollo de la infraestructura. Desde una perspectiva política, sin embargo, significa algo mucho más profundo. La iniciativa deja de ser un emprendimiento promovido exclusivamente por Marruecos y Nigeria para convertirse en un proyecto asumido colectivamente por la principal organización de integración económica de África occidental. Ese cambio modifica sustancialmente la percepción internacional de la obra y fortalece considerablemente su credibilidad ante potenciales financiadores e inversores.

El gasoducto proyectado recorrerá aproximadamente 6.800 kilómetros siguiendo la costa atlántica africana desde los yacimientos gasíferos del delta del Níger hasta Marruecos, atravesando trece países antes de enlazar con el Gasoducto Magreb-Europa y, desde allí, con la red continental europea. La infraestructura tendrá capacidad para transportar alrededor de 30.000 millones de metros cúbicos de gas natural anuales. Según las previsiones actuales, aproximadamente la mitad de ese volumen podrá abastecer tanto al mercado marroquí como al europeo, mientras que el resto quedará destinado al creciente consumo interno de África occidental.

Más allá de sus dimensiones físicas, el proyecto constituye una intervención estructural sobre la economía regional. El objetivo declarado consiste en crear un verdadero mercado integrado del gas natural que facilite la producción de electricidad, estimule la instalación de industrias intensivas en energía y permita aprovechar con mayor eficiencia los recursos naturales africanos. En otras palabras, el gasoducto pretende convertirse en un catalizador del proceso de industrialización que numerosos gobiernos africanos consideran imprescindible para reducir la dependencia de la exportación de materias primas sin transformar.

Los países directamente atravesados por el trazado —Nigeria, Benín, Togo, Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bisáu, Gambia, Senegal, Mauritania y Marruecos— serán los principales beneficiarios inmediatos. Sin embargo, el diseño del proyecto incorpora desde su origen una dimensión regional mucho más amplia. Mediante futuras interconexiones, también podrán acceder al suministro los Estados del Sahel que carecen de salida al mar, ampliando considerablemente el impacto económico de la infraestructura sobre el conjunto del África occidental.

Precisamente esa vocación integradora explica el respaldo prácticamente unánime recibido durante la reunión de Freetown. El presidente liberiano Joseph Boakai definió la iniciativa como "un avance histórico y trascendental" que demuestra la capacidad de las naciones africanas para priorizar la cooperación frente a la fragmentación política. Sus palabras reflejan una percepción ampliamente compartida entre numerosos dirigentes africanos: el verdadero valor del proyecto reside tanto en la infraestructura física como en el modelo de cooperación regional que representa.

Una valoración similar expresó Omar Alieu Touray, presidente de la Comisión de la CEDEAO, al describir el Gasoducto Africano Atlántico como una de las iniciativas más transformadoras emprendidas por la organización desde su creación. En su opinión, la infraestructura contribuirá decisivamente a reforzar la seguridad energética, aumentar la competitividad empresarial y consolidar un futuro económico compartido para una población superior a los 440 millones de habitantes.

El consenso alcanzado durante la cumbre no debe interpretarse únicamente como un respaldo simbólico. En términos prácticos, la adhesión de la CEDEAO abre la puerta a la siguiente fase del proyecto: la constitución de la sociedad responsable de la construcción y explotación del gasoducto, cuya sede estará ubicada en Casablanca, así como la creación de una Autoridad Superior del Gasoducto, que se establecerá en Abuja y asumirá la gobernanza regional de la infraestructura. Ambos organismos constituirán el núcleo institucional encargado de coordinar las futuras inversiones, supervisar el desarrollo técnico y preparar la Decisión Final de Inversión que permitirá iniciar la ejecución de la obra.

Igualmente relevante resulta el hecho de que los principales estudios de ingeniería, impacto ambiental y viabilidad técnica ya hayan concluido. Esa circunstancia reduce considerablemente la incertidumbre asociada a los grandes proyectos de infraestructura y sitúa la iniciativa en condiciones de avanzar hacia su fase operativa una vez culminen los procedimientos institucionales previstos por los Estados participantes.

No obstante, el aspecto más significativo del acuerdo alcanzado en Freetown probablemente resida en su dimensión geopolítica. Durante años, numerosos proyectos de integración africana quedaron limitados por la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación política entre los distintos gobiernos nacionales. En esta ocasión, la CEDEAO ha optado por convertir el gasoducto en una auténtica política regional, otorgándole una legitimidad que trasciende los ciclos políticos nacionales y fortalece su estabilidad a largo plazo.

Los analistas especializados coinciden en que ese cambio institucional constituye uno de los principales activos del proyecto. La firma del acuerdo por los propios jefes de Estado —y no únicamente por ministros sectoriales o responsables técnicos— implica un grado de compromiso político mucho más elevado. En términos diplomáticos, supone que la infraestructura pasa a formar parte de la agenda estratégica de integración del África occidental y deja de depender exclusivamente de la voluntad de dos gobiernos promotores.

Uno de los aspectos más llamativos de la evolución del Gasoducto Africano Atlántico reside en la manera en que Marruecos ha conseguido transformar una propuesta bilateral en un proyecto asumido por la principal organización de integración regional del África occidental. Cuando el rey Mohammed VI y el entonces presidente nigeriano Muhammadu Buhari impulsaron la iniciativa durante la visita del monarca marroquí a Abuya en 2016, pocos analistas imaginaban que una década después el proyecto sería respaldado institucionalmente por el conjunto de la CEDEAO.

Esa evolución no fue fruto de una única negociación, sino de una estrategia diplomática sostenida en el tiempo. Desde los primeros acuerdos de cooperación entre la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos (ONHYM) y la Nigerian National Petroleum Company (NNPC), Rabat apostó por presentar el gasoducto no como una infraestructura destinada exclusivamente a exportar gas hacia Europa, sino como un instrumento para acelerar la industrialización africana y fortalecer la integración regional. Esa narrativa permitió incorporar progresivamente a otros gobiernos del África occidental, que comenzaron a percibir el proyecto como una oportunidad para resolver déficits estructurales de acceso a la energía y atraer inversiones industriales.

La continuidad política del proyecto constituye otro de los elementos que explican su consolidación. Tras el fallecimiento del expresidente Buhari, el nuevo mandatario nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, decidió mantener el respaldo de Abuya a la iniciativa, garantizando que uno de los principales productores de gas del continente continuara comprometido con una obra concebida para modificar la geografía energética africana. Esa continuidad ha reducido considerablemente la incertidumbre política que suele acompañar a los grandes proyectos transnacionales de infraestructura.

La diplomacia marroquí también ha procurado insertar el gasoducto dentro de una visión más amplia de cooperación continental. La iniciativa ha sido vinculada con otros proyectos promovidos por Rabat para reforzar la conectividad atlántica africana, entre ellos la denominada Iniciativa Atlántica destinada a facilitar el acceso al océano de varios países del Sahel mediante infraestructuras logísticas marroquíes. Desde esa perspectiva, el gasoducto deja de ser únicamente un conducto para transportar hidrocarburos y pasa a integrarse en una estrategia orientada a fortalecer las cadenas regionales de suministro, el comercio y la industrialización.

La propia directora general de la ONHYM, Amina Benkhadra, ha defendido reiteradamente esa interpretación. A su juicio, la infraestructura "encarna la ambición compartida de África de construir un continente más integrado, industrializado y próspero", al tiempo que contribuirá a mejorar la seguridad energética, crear oportunidades económicas y favorecer un crecimiento sostenible. Su planteamiento refleja una visión ampliamente compartida por numerosos responsables africanos, que consideran el acceso estable a la energía como una condición indispensable para reducir la dependencia de las exportaciones de materias primas y avanzar hacia economías con mayor valor añadido.

El respaldo político recibido en Freetown ilustra esa convergencia de intereses. El presidente de Liberia, Joseph Boakai, calificó el proyecto como una "inversión transformadora" para el futuro colectivo de África occidental, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, sostuvo que ninguna estrategia de industrialización puede prosperar sin inversiones masivas en infraestructuras energéticas. En términos similares se pronunciaron representantes de Sierra Leona, Gambia y la propia Comisión de la CEDEAO, que coincidieron en presentar el gasoducto como un instrumento para fortalecer la cohesión regional y mejorar la competitividad de las economías africanas.

No obstante, el alcance del proyecto trasciende el ámbito africano. Para Europa, inmersa desde hace varios años en un proceso de diversificación de sus fuentes de abastecimiento energético, la futura conexión del gasoducto con el sistema Magreb-Europa podría abrir una nueva vía de suministro procedente del África subsahariana. Aunque los primeros flujos comerciales todavía tardarán varios años en materializarse, la infraestructura incrementa las opciones estratégicas del mercado europeo y refuerza la posición de Marruecos como nodo energético entre ambos continentes.

El proyecto también presenta una importante dimensión financiera. Su coste estimado ronda los 25.000 millones de dólares y requerirá una compleja combinación de recursos públicos, capital privado e instituciones multilaterales. Nigeria ha comprometido una participación significativa a través de la NNPC, mientras que diversas entidades internacionales, entre ellas el Banco Islámico de Desarrollo, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, el Banco Europeo de Inversiones y financiadores del Golfo, han participado en distintas fases de los estudios preliminares o han manifestado interés en la financiación futura. Esa diversidad de actores reduce el riesgo de dependencia respecto de un único financiador y dota al proyecto de una base económica potencialmente más sólida.

Pese al optimismo mostrado durante la cumbre de Freetown, numerosos especialistas recuerdan que el verdadero desafío comienza ahora. La construcción de casi siete mil kilómetros de infraestructura a través de múltiples jurisdicciones exigirá una coordinación política inédita, elevados estándares de seguridad y una movilización financiera sostenida durante varios años. Las zonas marítimas del golfo de Guinea, afectadas periódicamente por fenómenos de piratería y delincuencia organizada, plantean además desafíos adicionales para la futura protección del gasoducto. A ello se suma la necesidad de mantener la cohesión política entre los Estados participantes durante un proceso de ejecución que previsiblemente se prolongará más de una década.

Los observadores también subrayan que el éxito definitivo dependerá menos de las declaraciones políticas que de la capacidad para materializar los compromisos adquiridos. La creación efectiva de la sociedad gestora en Casablanca, el establecimiento de la Autoridad Superior del Gasoducto en Abuja, la captación de inversiones y la adopción de la Decisión Final de Inversión constituirán los verdaderos indicadores del avance del proyecto durante los próximos años.

Desde una perspectiva geopolítica, la adhesión de la CEDEAO representa asimismo una victoria diplomática para Marruecos. Sin formar parte de la organización regional, Rabat ha logrado situarse en el centro de uno de los mayores proyectos de integración económica impulsados por África occidental. Ese resultado confirma la capacidad de la diplomacia marroquí para desarrollar alianzas sectoriales con los países de la región mediante instrumentos económicos y energéticos, incluso al margen de su todavía pendiente solicitud de adhesión a la propia CEDEAO.

En última instancia, el Gasoducto Africano Atlántico simboliza una transformación más profunda que la simple construcción de una infraestructura energética. La decisión adoptada en Freetown pone de manifiesto que una parte creciente de África occidental aspira a convertir la integración económica en un mecanismo de desarrollo estructural, sustentado en grandes proyectos regionales capaces de superar las limitaciones de los mercados nacionales. Si esa ambición logra traducirse en obras concretas, el gasoducto podría convertirse en uno de los principales hitos de la cooperación africana del siglo XXI. Si, por el contrario, las dificultades financieras, técnicas o políticas retrasan su ejecución, la iniciativa correrá el riesgo de engrosar la larga lista de megaproyectos concebidos para transformar el continente que nunca llegaron a materializar plenamente. Por ahora, la firma del Acuerdo Intergubernamental por los Estados miembros de la CEDEAO constituye, al menos, el paso institucional más sólido dado hasta la fecha para acercar esa ambición a la realidad.

 

Francia y Marruecos sellan una nueva etapa estratégica en Rabat

La decimoquinta Reunión de Alto Nivel celebrada en Rabat el 16 de julio de 2026 marca un hito en las relaciones entre Francia y Marruecos, consolidando una alianza estratégica que trasciende los vínculos históricos para proyectarse como un eje fundamental en la estabilidad del Mediterráneo occidental y el desarrollo africano.

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Buenos Aires - Copresidida por el jefe del Gobierno marroquí, Aziz Akhannouch, y el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, esta cumbre no solo reactiva un mecanismo de diálogo interrumpido desde 2019, sino que institucionaliza una convergencia política y económica de profundo calado, impulsada por una visión compartida de los desafíos geopolíticos contemporáneos.

El encuentro se inscribe en el marco de la Asociación de Excepción Reforzada inaugurada durante la visita de Estado del presidente Emmanuel Macron a Marruecos en octubre de 2024. Aquella ocasión ya había sentado las bases de una relación renovada, pero la cita de Rabat eleva esa ambición a un nivel de coordinación gubernamental integral. Participaron delegaciones ministeriales de alto perfil que reflejaron la transversalidad de los intereses bilaterales. Por parte marroquí, junto a Akhannouch, destacaron figuras como el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit; la ministra de Economía y Finanzas, Nadia Fettah; el ministro de Industria y Comercio, Ryad Mezzour; y el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita. La delegación francesa, encabezada por Lecornu, incluyó al ministro para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot; al ministro del Interior, Laurent Núñez; y responsables de economía, defensa, cultura y digitalización, entre otros.

En el corazón de esta convergencia destaca el firme respaldo francés al Plan de Autonomía propuesto por Marruecos como la solución más seria, creíble y realista al diferendo del Sáhara. Sébastien Lecornu reafirmó esta posición durante la comparecencia conjunta, describiéndola como una orientación permanente de la política exterior gala, “clara, firme y destinada a mantenerse en el tiempo”. “Francia permanecerá al lado de Marruecos, leal y fielmente”, enfatizó el primer ministro, subrayando que el apoyo no responde a coyunturas políticas sino a una redefinición estratégica de largo alcance. Esta postura, consolidada desde el mensaje de Macron con motivo de la Fiesta del Trono en 2024 y reforzada en Rabat, fortalece la legitimidad internacional de la iniciativa marroquí y alinea a París con una tendencia creciente en la comunidad internacional.

El respaldo al Plan de Autonomía para el Sáhara no constituye un elemento aislado, sino el fundamento político que habilita una agenda de cooperación ambiciosa en múltiples frentes. Los acuerdos firmados durante la jornada —alrededor de una docena de instrumentos jurídicos— traducen esta voluntad en compromisos concretos. Entre ellos sobresale la carta de intenciones suscrita por Nasser Bourita y Jean-Noël Barrot para reforzar la coordinación en política exterior y foros multilaterales, simbolizando una diplomacia concertada. En infraestructuras, Francia confirmó su apoyo financiero a la línea de alta velocidad entre Kenitra y Marrakech, proyecto emblemático para la conectividad marroquí.

La gestión de recursos hídricos recibió atención prioritaria mediante una declaración conjunta que amplía compromisos previos con la Agencia Francesa de Desarrollo, orientada a la planificación hidráulica, modernización de infraestructuras y adaptación al cambio climático. En educación, se firmó un instrumento para fortalecer la enseñanza del árabe, la historia y la geografía de Marruecos en las instituciones francesas del Reino, promoviendo un modelo bilingüe que enriquece los lazos culturales seculares. La cooperación en transporte aéreo se vio impulsada por un plan de acción 2026-2028, mientras que en el ámbito marítimo se estableció una alianza entre instituciones académicas de ambos países.

Avances económicos incluyen el acuerdo con el grupo La Poste para modernizar servicios postales y adaptarlos a la digitalización y el comercio electrónico. En cultura, memorandos de entendimiento impulsan intercambios artísticos, patrimonio, industrias creativas y cooperación cinematográfica con proyección africana. La investigación científica se beneficia de convenios entre entidades como el Laboratorio Público de Ensayos y Estudios de Marruecos y CEREMA, o el Instituto Agronómico Hassan II y CIRAD, en campos como ingeniería, agricultura y acuicultura. No menos relevante resulta el lanzamiento de procedimientos para una interconexión eléctrica submarina entre Nador y Marsella, que podría posicionar a Marruecos como plataforma de energías renovables hacia Europa.

La dimensión de seguridad ocupó un lugar destacado. Lecornu elogió la “excelente coordinación” entre servicios policiales, judiciales e inteligencia en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, trata de personas e inmigración irregular, anunciando avances hacia un acuerdo global que institucionalice esta colaboración modélica. Estos logros operativos subrayan cómo la confianza política recuperada multiplica la eficacia conjunta frente a amenazas transnacionales.

Desde una perspectiva más amplia, la XV Reunión de Alto Nivel refleja las profundas transformaciones en el posicionamiento internacional de ambos actores. Marruecos ha diversificado sus alianzas sin descuidar su anclaje europeo, consolidándose como puente entre Europa, África y el Atlántico. Francia, por su parte, ante las mutaciones en el Sahel y la competencia global en el continente, identifica en Rabat un socio indispensable para preservar influencia y promover una cooperación pragmática y mutuamente beneficiosa. África ocupó un espacio central en las discusiones, con énfasis en modelos de asociación basados en inversión, transferencia tecnológica y creación de capacidades, superando enfoques asistencialistas tradicionales.

Analistas de instituciones como el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) y el Instituto Real de Estudios Estratégicos de Marruecos coinciden en que esta convergencia responde a intereses compartidos en seguridad regional, transición energética, conectividad y desarrollo sostenible. El sector empresarial de ambos lados valora las oportunidades en movilidad, inteligencia artificial, aeronáutica, automoción y energías limpias, respaldadas por la estabilidad institucional marroquí y su red de infraestructuras modernas.

La cumbre también proyecta hacia el futuro: prepara una eventual visita oficial del rey Mohammed VI a Francia y la negociación de un tratado bilateral de amistad, el primero que Francia suscribiría con un país fuera de la Unión Europea. Este instrumento excepcional coronaría la institucionalización de una relación que ya no se limita a la reactivación de lazos históricos, sino que aspira a configurar una auténtica comunidad estratégica.

En un mundo marcado por incertidumbre geopolítica, volatilidad energética y amenazas transnacionales, la alianza franco-marroquí emerge como modelo de asociación estable y visionaria. Lejos de resolver meras tensiones pasadas —como las vividas entre 2021 y 2024 por discrepancias migratorias y percepciones sobre el Sáhara—, la reunión de Rabat ha sentado las bases de una interdependencia operativa que influirá decisivamente en el equilibrio mediterráneo y africano de las próximas décadas. Con rigor en la ejecución de los compromisos asumidos, esta nueva etapa promete no solo fortalecer los lazos bilaterales, sino redefinir dinámicas regionales en favor de la prosperidad y la estabilidad compartidas.

 

¿Una nueva cruzada ideológica? La ofensiva de Washington contra la "extrema izquierda violenta" reabre viejos dilemas sobre seguridad, democracia y libertades

 

La decisión de la Administración de Donald Trump de convocar en Washington a representantes de más de sesenta países para impulsar una estrategia internacional contra lo que denomina el "resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda" constituye uno de los movimientos doctrinarios más trascendentes de la política exterior estadounidense desde el final de la Guerra Fría.

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Buenos Aires - Presentada por el secretario de Estado, Marco Rubio, como el inicio de una nueva arquitectura global de cooperación antiterrorista, la iniciativa contra la extrema izquierda aspira a identificar, perseguir y desarticular redes revolucionarias, anarquistas y antifascistas consideradas violentas. Sin embargo, también ha abierto un intenso debate acerca de los límites conceptuales del terrorismo, el riesgo de criminalizar la disidencia política y la posibilidad de que Estados Unidos esté inaugurando una nueva etapa de confrontación ideológica cuya lógica recuerda, para numerosos especialistas, algunos de los rasgos más inquietantes del macartismo.

Durante décadas, la agenda internacional de Washington estuvo dominada por amenazas claramente identificables. Primero fue la confrontación bipolar con la Unión Soviética; posteriormente, el terrorismo islamista monopolizó la atención de las agencias de inteligencia y de los organismos encargados de la seguridad nacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ahora, la Administración Trump sostiene que una amenaza diferente, largamente ignorada, ha vuelto a adquirir dimensiones transnacionales: el terrorismo político inspirado en ideologías revolucionarias de izquierda.

En el discurso inaugural de la reunión ministerial celebrada en el Departamento de Estado, Marco Rubio afirmó que la violencia revolucionaria de inspiración marxista, comunista, anarquista o antifascista nunca desapareció completamente y que actualmente experimenta un proceso de reorganización internacional. Según el secretario de Estado, los ataques contra infraestructuras críticas, laboratorios, redes eléctricas, oleoductos y otros objetivos estratégicos formarían parte de una renovada ofensiva contra las democracias occidentales.

La reunión reunió a delegaciones de alrededor de sesenta y siete países —principalmente europeos, aunque también americanos y asiáticos—, si bien en numerosos casos las representaciones estuvieron encabezadas por embajadores o funcionarios técnicos y no por ministros de Relaciones Exteriores. Israel fue el único país de Oriente Medio presente oficialmente.

Más allá del contenido operativo de la iniciativa, el verdadero alcance del encuentro reside en el cambio doctrinal que supone. Rubio planteó la necesidad de reconstruir la arquitectura internacional del contraterrorismo mediante un intercambio intensivo de inteligencia, cooperación judicial, rastreo financiero y coordinación policial para identificar redes que, según Washington, han escapado durante décadas al escrutinio internacional.

Sin embargo, apenas pronunciadas las primeras intervenciones oficiales comenzaron también las críticas. Numerosos exfuncionarios del propio Departamento de Estado, especialistas en contraterrorismo y académicos cuestionaron tanto el diagnóstico como las prioridades establecidas por la nueva estrategia. Para ellos, el terrorismo de extrema izquierda existe, pero su magnitud actual dista considerablemente de representar la principal amenaza para la seguridad occidental, especialmente si se compara con el extremismo yihadista o con diversas formas de violencia de extrema derecha.

Ese debate remite a una cuestión extraordinariamente compleja: ¿qué debe entenderse exactamente por "extrema izquierda violenta"?

La dificultad no es menor. En la práctica conviven bajo esa denominación organizaciones históricas claramente terroristas —como Sendero Luminoso, las Brigadas Rojas italianas, la Fracción del Ejército Rojo alemana, Weather Underground o las antiguas organizaciones guerrilleras latinoamericanas— con colectivos anarquistas, movimientos antifascistas descentralizados, grupos antisistema, organizaciones de acción directa e incluso activistas cuya actuación se limita a protestas radicalizadas pero protegidas por el derecho constitucional de manifestación.

El propio caso de Antifa ilustra esa ambigüedad. Diversos organismos estadounidenses, incluido el FBI durante el primer mandato de Trump, señalaron reiteradamente que Antifa constituye más una corriente ideológica o un conjunto descentralizado de colectivos que una organización jerárquica dotada de una estructura de mando identificable. Esa característica plantea enormes desafíos jurídicos cuando se pretende aplicar categorías propias del terrorismo internacional a un fenómeno extremadamente difuso.

Precisamente allí aparece uno de los principales temores expresados por juristas y organizaciones dedicadas a la defensa de las libertades civiles. La ausencia de una definición objetiva y universalmente aceptada de "extrema izquierda violenta" puede terminar ampliando peligrosamente el margen de discrecionalidad del poder político.

La historia ofrece abundantes ejemplos de cómo categorías inicialmente diseñadas para combatir organizaciones armadas acabaron utilizándose para perseguir adversarios ideológicos, movimientos sindicales, organizaciones estudiantiles o simples opositores políticos.

Es inevitable, en ese contexto, que resurja la comparación con el macartismo.

Durante los primeros años de la Guerra Fría, el senador Joseph McCarthy convirtió la sospecha de simpatías comunistas en un instrumento político de enorme eficacia. Miles de ciudadanos estadounidenses fueron investigados, despedidos o marginados profesionalmente sin pruebas concluyentes de haber cometido delito alguno. Bastaba la sospecha de afinidad ideológica para desencadenar procesos administrativos, investigaciones parlamentarias o campañas públicas de descrédito.

Naturalmente, las circunstancias actuales son muy diferentes. Nadie sostiene que Estados Unidos haya regresado mecánicamente a la década de 1950. Sin embargo, varios especialistas advierten que ciertas dinámicas discursivas —la identificación de amplios sectores ideológicos como amenazas potenciales para la seguridad nacional, la ampliación del concepto de terrorismo y la utilización de categorías políticas poco precisas— recuerdan algunos de aquellos mecanismos históricos.

La propia cobertura periodística estadounidense recoge las preocupaciones expresadas por antiguos responsables del área de contraterrorismo, quienes consideran que la amenaza está siendo amplificada y politizada, mientras otras formas de extremismo continúan representando riesgos objetivamente mayores.

Existe, sin embargo, otro aspecto del discurso de Rubio que difícilmente pueda descartarse como mera retórica política.

El secretario de Estado dedicó una parte significativa de su intervención al papel desempeñado históricamente por Cuba en la formación y apoyo de numerosos movimientos insurgentes latinoamericanos durante la Guerra Fría. Recordó expresamente el entrenamiento proporcionado por el régimen de Fidel Castro a miles de guerrilleros procedentes de distintos países del continente y sostuvo que la red política e ideológica construida desde La Habana contribuyó decisivamente al desarrollo de organizaciones revolucionarias en América y otras regiones.

Sobre este punto, la evidencia histórica es considerable. Desde comienzos de los años sesenta, Cuba impulsó una política activa de apoyo a movimientos revolucionarios en América Latina y África. La Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), las actividades del Departamento América del Partido Comunista Cubano y el entrenamiento militar impartido a cuadros insurgentes fueron ampliamente documentados tanto por investigaciones académicas como por archivos desclasificados.

Las guerrillas colombianas, organizaciones centroamericanas, movimientos revolucionarios del Cono Sur y diversas experiencias insurgentes recibieron, en distintos momentos y con diferente intensidad, respaldo político, entrenamiento o asistencia desde La Habana. Esa política constituyó uno de los principales factores de tensión hemisférica durante décadas.

Paradójicamente, Washington parece reconocer ahora, con una contundencia institucional inédita, una realidad histórica cuya importancia fue objeto de intensos debates durante buena parte del siglo XX. Para muchos observadores, ese reconocimiento llega cuando el escenario latinoamericano ha cambiado profundamente y las antiguas guerrillas han desaparecido, se han transformado en partidos políticos o han evolucionado hacia fenómenos de naturaleza distinta.

Las implicaciones diplomáticas de la nueva estrategia aún están por definirse. América Latina presenta hoy un mosaico político extraordinariamente diverso, donde conviven gobiernos de distintas orientaciones ideológicas que mantienen relaciones normales con Washington.

En ese contexto, inevitablemente surgirán interrogantes sobre cómo influirá esta nueva doctrina en la relación de Estados Unidos con administraciones como las de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Claudia Sheinbaum en México. Ambos gobiernos mantienen posiciones políticas claramente diferenciadas de la actual Administración estadounidense en numerosos asuntos internacionales y han sostenido relaciones diplomáticas con gobiernos de izquierda de la región. Sin embargo, ello no equivale, por sí mismo, a un respaldo a organizaciones violentas. La forma en que Washington delimite esa diferencia será determinante para evitar que una estrategia antiterrorista derive en una fuente permanente de fricciones diplomáticas.

Otro tanto ocurre con Venezuela. Durante los últimos años, la política estadounidense hacia el gobierno de Nicolás Maduro ha alternado sanciones económicas, reconocimiento de dirigentes opositores y negociaciones puntuales destinadas, entre otros objetivos, a facilitar intercambios humanitarios, procesos electorales o cuestiones energéticas. En ese marco se han producido contactos con altos funcionarios venezolanos, incluidos miembros del círculo dirigente. Tales contactos han sido interpretados por algunos sectores como una muestra de pragmatismo diplomático y por otros como una señal de flexibilización. La nueva estrategia obligará previsiblemente a Washington a explicar cómo concilia esas negociaciones con una doctrina que enfatiza el combate global contra organizaciones y redes consideradas violentas.

Más allá de América Latina, la iniciativa impulsada por Rubio refleja un fenómeno de mayor alcance: la creciente tendencia de las democracias occidentales a ampliar el concepto de seguridad nacional para abarcar amenazas híbridas, redes descentralizadas, campañas de sabotaje, radicalización digital y nuevas formas de violencia política que no encajan fácilmente en las categorías tradicionales del terrorismo.

Ese proceso plantea desafíos considerables. Combatir eficazmente a quienes recurren a la violencia política constituye una obligación indeclinable de cualquier Estado democrático. Pero preservar simultáneamente las libertades civiles exige definiciones precisas, estándares probatorios rigurosos y mecanismos institucionales capaces de distinguir con claridad entre terrorismo, violencia organizada, protesta radical y oposición política legítima.

La historia enseña que las democracias suelen enfrentarse a sus pruebas más difíciles precisamente cuando intentan defenderse de quienes buscan destruirlas. El éxito de la nueva estrategia estadounidense no dependerá únicamente de su capacidad para desarticular redes violentas. También será juzgado por su aptitud para evitar que la legítima lucha contra el terrorismo termine erosionando aquellos principios constitucionales y democráticos cuya protección constituye, en última instancia, la razón de ser de cualquier política de seguridad.

 

Mohammed VI, gran artífice del puente atlántico: el libro revelador de Hicham Lakhal

En un mundo que reconfigura sus ejes geopolíticos con rapidez, el libro de Hicham Lakhal, Su Majestad el Rey Mohammed VI, gran artífice de la integración atlántica África-América Latina, ilumina un proceso diplomático poco explorado pero de creciente relevancia: la construcción, bajo el impulso de Mohammed VI, de un corredor de cooperación entre las orillas africana y latinoamericana del Atlántico Sur.

Contenido:

Buenos Aires - Fruto de más de dos décadas de investigación de campo y testimonios de alto nivel, la obra no solo reconstruye dos décadas de acercamiento, sino que propone una interpretación ambiciosa sobre el papel estratégico de Marruecos en la emergencia de un nuevo espacio atlántico.

Durante décadas, las relaciones entre África y América Latina permanecieron marcadas por una paradoja elocuente. Dos regiones unidas por legados coloniales compartidos, flujos humanos ancestrales y aspiraciones paralelas de desarrollo se mantuvieron, sin embargo, distantes en los ámbitos diplomático, comercial, científico y cultural. El Atlántico actuaba más como barrera que como vínculo. Ese panorama comenzó a transformarse de forma sostenida en las primeras décadas del siglo XXI, y Marruecos emergió como uno de los actores africanos más dinámicos en la construcción de puentes hacia América Latina. La apertura de canales diplomáticos, la profundización de lazos económicos, la cooperación Sur-Sur y la consolidación institucional marroquí configuraron un nuevo escenario de diálogo frecuente y agendas convergentes.

Precisamente ese proceso constituye el núcleo de Su Majestad el Rey Mohammed VI, gran artífice de la integración atlántica África-América Latina, la más reciente obra del periodista, traductor e investigador marroquí Hicham Lakhal, publicada por el Centro Cultural Mohammed VI para el Diálogo de las Civilizaciones en Coquimbo, Chile. Sus casi 284 páginas sintetizan años de trabajo riguroso en diversos países latinoamericanos, sustentados en una rica base documental y más de sesenta testimonios de presidentes, cancilleres, parlamentarios, académicos y diplomáticos. Lejos de una mera cronología de eventos, el volumen ofrece una lectura de largo aliento sobre el lugar de Marruecos en la arquitectura política del Atlántico contemporáneo. Lakhal argumenta que la política exterior impulsada por Mohammed VI ha transformado relaciones periféricas en un espacio estratégico de cooperación entre ambas regiones.

La publicación trasciende el interés académico estricto. En una era de reordenamiento internacional, fortalecimiento del Sur Global y búsqueda de nuevas alianzas, el libro invita a repensar el Atlántico más allá del eje euroatlántico tradicional. Mientras la atención global se concentra en competiciones entre grandes potencias o en conflictos del Mediterráneo, Indo-Pacífico y mar de China Meridional, Lakhal enfoca un escenario menos estudiado pero cada vez más pertinente: la consolidación de un corredor político, económico y cultural que une el noroeste africano con América Latina mediante diplomacia de cooperación, diálogo y intercambio societal.

Esta visión no es casual. Desde hace más de veinte años, Marruecos ha desplegado una política exterior activa en África occidental, Europa, Oriente Medio y América Latina, ampliando su presencia diplomática y diversificando asociaciones. Bajo Mohammed VI, desde 1999, el Reino ha impulsado una estrategia caracterizada por acuerdos económicos, inversiones, expansión empresarial y mayor intensidad diplomática. América Latina, antes marginal, pasó a ser un escenario clave para proyectar una imagen renovada del país, anclada en sus transformaciones internas y en un acercamiento político-cultural deliberado.

El punto de inflexión, según Lakhal, fue la histórica gira de Mohammed VI en 2004 por México, Brasil, Perú, Chile y Argentina: la primera visita de un soberano marroquí a la región. Aquel viaje no se limitó a protocolos; inauguró una política de largo plazo orientada a vínculos permanentes. El libro reconstruye cómo evolucionó esa estrategia, mostrando el cambio en la percepción latinoamericana hacia Marruecos. Este cambio no obedeció solo a la actividad diplomática, sino a las profundas transformaciones del Reino: expansión de infraestructuras, desarrollo industrial automotriz y aeronáutico, el tren de alta velocidad Al Boraq, la modernización de Tanger Med, el auge de las energías renovables y su consolidación como economía dinámica en África. Testimonios recogidos por el autor, como los del expresidente peruano Alejandro Toledo, Luiz Inácio Lula da Silva o Roberto León, subrayan el papel central de Mohammed VI en la integración de América Latina con el mundo árabe y africano, marcando “un antes y un después”.

Uno de los méritos del volumen radica en su capacidad para integrar la historia diplomática, el periodismo de investigación y la geopolítica contemporánea. Lakhal combina documentación oficial con entrevistas de campo realizadas durante años, otorgando voz a quienes condujeron los procesos. Este enfoque refleja la trayectoria singular de su autor, cuya carrera encarna la intersección entre periodismo internacional, investigación académica y diplomacia pública.

Hicham Lakhal pertenece a una generación de periodistas marroquíes que ha recorrido el espacio iberoamericano con profundidad. Formado en Fez y Tánger, obtuvo su doctorado en Lenguas y Culturas del Mundo Ibérico e Iberoamericano en la Universidad Hassan II de Casablanca. Su tesis doctoral analizó la evolución del conflicto del Sahara marroquí en América Latina entre 2004 y 2022, uno de los estudios más exhaustivos sobre el tema desde Marruecos. Su experiencia profesional en la Agencia Marroquí de Prensa (MAP) resultó decisiva: corresponsal en Caracas, luego en Buenos Aires, director del polo para América del Sur en Argentina y, posteriormente, director de Medios en Rabat. Estos años no solo le permitieron cubrir eventos, sino construir una red excepcional de contactos con presidentes, ministros, parlamentarios, académicos y diplomáticos. Esa red se convirtió en el corazón documental del libro.

Paralelamente, Lakhal ha producido documentales como Marruecos visto por América Latina (2019) y El conflicto del Sahara en América Latina (2022), y ejerce como investigador asociado al Laboratorio de Estudios Geopolíticos Argentinos de la Universidad de Buenos Aires. Su labor como traductor al español y su inserción académica en Argentina completan un perfil que combina práctica periodística con reflexión universitaria. Como destaca la embajadora de Marruecos en Chile, Kenza El Ghali, en el prólogo, el libro nace del contacto directo con los protagonistas latinoamericanos, no de una aproximación teórica distante. Esta experiencia confiere al texto un carácter testimonial único, convirtiéndolo en un amplio archivo oral sobre dos décadas de relaciones.

La tesis central del libro articula que la política exterior del rey Mohammed VI representa una estrategia de largo plazo para construir un espacio de cooperación permanente entre África y América Latina. Lakhal habla de “integración atlántica”, concepto que amplía la noción tradicional del Atlántico —históricamente centrado en el hemisferio norte— para reconocer la personalidad geopolítica propia del Atlántico meridional. Ambas regiones comparten desafíos en desarrollo económico, transición energética, seguridad alimentaria, cambio climático y recursos naturales, además de una historia de intercambios humanos. La diplomacia marroquí, según el autor, ha privilegiado el diálogo Sur-Sur, articulando iniciativas entre África, el mundo árabe y América Latina mediante representaciones diplomáticas, visitas oficiales, acuerdos, programas culturales y vínculos empresariales.

El análisis evita una lectura exclusivamente institucional. Lakhal examina la construcción de percepciones, confianza y densidad relacional multidimensional: económica, cultural, universitaria, parlamentaria, mediática y deportiva. Destaca el rol del periodismo en la transformación de la imagen de Marruecos en América Latina, de un país asociado a episodios conflictivos a uno vinculado con modernización, innovación y estabilidad. En este sentido, recoge apreciaciones como las del autor de este artículo, quien observa que Marruecos se ha convertido en sinónimo de grandes proyectos tecnológicos e industriales, o del internacionalista peruano Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien lo identifica como puerta natural de entrada a África para América Latina.

Un capítulo especialmente relevante aborda la evolución de las posiciones latinoamericanas respecto del Sahara. Lakhal documenta cómo, en paralelo al fortalecimiento general de las relaciones, aumentó el respaldo a la iniciativa marroquí de autonomía como base realista para una solución negociada en Naciones Unidas. Este cambio no responde solo a una diplomacia específica, sino al contexto más amplio de mayor conocimiento mutuo e intereses compartidos. El autor contextualiza estos giros dentro de las alternancias políticas latinoamericanas y la creciente importancia de la política africana en la región, proyectando a Marruecos como articulador entre Mediterráneo, África, mundo árabe y América Latina.

Uno de los aportes conceptuales más originales es la noción de “Marruecos latino”. Lakhal argumenta que la identidad plural del Reino —africana, árabe, amazigh, mediterránea y atlántica— lo habilita como puente natural entre continentes y civilizaciones. Esta premisa histórica y cultural sustenta una visión del Atlántico Sur como espacio civilizatorio compartido, cuya articulación incompleta durante siglos puede completarse en el siglo XXI. En este marco, el libro explora perspectivas futuras de integración que abarcan comercio, energía, conectividad marítima, investigación y diplomacia integral, involucrando no solo gobiernos sino sociedades, universidades, empresas y parlamentos.

La importancia del libro de Hicham Lakhal radica en su carácter pionero y documental. Mientras los estudios previos sobre las relaciones Marruecos-América Latina eran fragmentarios y puntuales, esta obra ofrece una visión integradora sustentada en un corpus excepcional de fuentes primarias. Combina rigor académico con narrativa fluida y accesible, sin caer en tecnicismos excesivos, lo que la convierte en referencia para diplomáticos, investigadores, estudiantes y un público amplio interesado en la geopolítica contemporánea.

En un contexto de redistribución del poder mundial y auge del Sur Global, Lakhal no solo reconstruye el pasado reciente sino que proyecta el futuro de una asociación con potencial aún mayor. Su trayectoria personal —entre Rabat, Caracas, Buenos Aires y otras capitales— enriquece la obra con una perspectiva situada en ambas realidades, rompiendo visiones periféricas y proponiendo una nueva geografía diplomática donde el Atlántico se transforma en espacio de encuentro.

Así, Su Majestad el Rey Mohammed VI, gran artífice de la integración atlántica África-América Latina se erige como testimonio del surgimiento de dinámicas que redefinen la política internacional. Con ambición analítica y riqueza testimonial, Hicham Lakhal ofrece una de las reconstrucciones más completas disponibles sobre una transformación diplomática en curso, cuyo principal motor ha sido la visión estratégica de Mohammed VI. En tiempos de incertidumbre global, esta obra invita a contemplar con renovada atención el potencial de alianzas horizontales entre regiones que, separadas por océanos, descubren cada vez más su complementariedad profunda.

 

Marruecos da un paso decisivo hacia la paz en Gaza: la apuesta de Mohammed VI por convertir la diplomacia en acción

 

La adhesión de Marruecos a la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza marca un punto de inflexión en la implicación del Reino en la búsqueda de una salida política al conflicto palestino-israelí. La decisión, adoptada por expresas directivas del rey Mohammed VI, trasciende el ámbito de la cooperación militar para proyectar una estrategia que combina diplomacia, asistencia humanitaria y reconstrucción institucional. Con esta iniciativa, Rabat no solo reafirma su respaldo histórico al pueblo palestino, sino que se sitúa entre los principales actores internacionales llamados a participar en la estabilización de la Franja y en la construcción del complejo escenario de la posguerra.

Contenido:

Buenos Aires - La firma del Acuerdo de participación de Marruecos en la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza constituye uno de los acontecimientos diplomáticos más relevantes registrados en Oriente Medio desde el inicio del conflicto que devastó la Franja. En una región marcada durante décadas por iniciativas frustradas y negociaciones inconclusas, la decisión de Rabat destaca por su voluntad de traducir los compromisos políticos en acciones concretas sobre el terreno. Más que una adhesión formal a una misión internacional, representa la culminación de una política exterior que ha buscado combinar el apoyo permanente a la causa palestina con una participación activa en los esfuerzos destinados a favorecer la paz y la estabilidad regional.

Las autoridades marroquíes han presentado este paso como la consecuencia natural de una línea de actuación definida por el rey Mohammed VI desde el comienzo de su reinado. En su condición de presidente del Comité Al-Quds, el monarca ha sostenido reiteradamente que la solidaridad con Palestina no puede agotarse en declaraciones diplomáticas ni en posicionamientos simbólicos, sino que debe expresarse mediante iniciativas capaces de producir mejoras tangibles en la vida cotidiana de la población. Esa concepción explica que Marruecos haya desarrollado durante los últimos años una estrategia que integra la acción diplomática, la cooperación humanitaria, la asistencia al desarrollo y, ahora, la contribución directa a una misión internacional de estabilización.

La ceremonia celebrada en Rabat para formalizar la incorporación del Reino a la Fuerza Internacional de Estabilización estuvo presidida por un elevado nivel de representación política y militar. El ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, y el ministro delegado encargado de la Administración de Defensa Nacional, Abdeltif Loudiyi, suscribieron el acuerdo junto a Nickolay Mladenov, alto representante del Consejo de Paz para Gaza, en presencia de las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas Reales y de la Gendarmería Real. El acto puso de manifiesto que la participación marroquí responde a una decisión de Estado cuidadosamente planificada y respaldada por las principales instituciones del Reino.

La importancia de este acuerdo se comprende mejor si se analiza el contexto en el que surge la Fuerza Internacional de Estabilización, conocida por sus siglas en inglés ISF (International Stabilization Force). La devastación provocada por la guerra dejó tras de sí una profunda crisis institucional, una infraestructura prácticamente colapsada y un deterioro sin precedentes de las condiciones de vida de la población gazatí. En ese escenario, numerosos gobiernos comenzaron a debatir la necesidad de crear un mecanismo multinacional que permitiera garantizar la seguridad durante el período de transición y facilitar la reconstrucción del territorio.

La ISF nace precisamente para responder a ese desafío. Concebida como una fuerza multinacional de carácter temporal, su objetivo no consiste en sustituir a las autoridades palestinas ni en ejercer funciones de ocupación, sino en generar las condiciones mínimas de seguridad que permitan restablecer la administración civil, reactivar los servicios públicos esenciales y facilitar la llegada continua de ayuda humanitaria. Su actuación pretende crear un entorno estable que haga posible el regreso progresivo de las instituciones palestinas y favorezca la reconstrucción económica y social de Gaza.

Para alcanzar esos objetivos, la misión integra componentes militares, policiales y civiles bajo un mando conjunto internacional. Sus efectivos tienen encomendada la protección de corredores humanitarios, la seguridad de infraestructuras estratégicas, el apoyo logístico a las agencias internacionales de ayuda, la coordinación con las autoridades locales y la formación de las futuras fuerzas policiales palestinas. La experiencia acumulada por otras operaciones internacionales demuestra que la estabilización posterior a un conflicto depende tanto de la recuperación de la seguridad como del restablecimiento de instituciones capaces de responder a las necesidades de la población. La filosofía que inspira la ISF responde precisamente a esa concepción integral de la construcción de la paz.

La contribución marroquí se inscribe plenamente en esa lógica. Conforme al acuerdo suscrito en Rabat, el Reino desplegará altos oficiales de las Fuerzas Armadas Reales en el Estado Mayor conjunto de la misión, incorporará efectivos de la Gendarmería Real y de la Dirección General de Seguridad Nacional y establecerá un hospital militar de campaña destinado a atender a la población civil. A ello se sumará la participación de especialistas marroquíes en la protección de los convoyes humanitarios y en la formación de la futura policía palestina, considerada un elemento esencial para garantizar una transferencia gradual de responsabilidades hacia las instituciones locales.

La decisión reviste, además, una indudable importancia política. Marruecos se convierte en el primer Estado miembro fundador del Consejo de Paz para Gaza que ratifica un acuerdo técnico y operativo de esta naturaleza, anticipándose a otros países que aún continúan negociando los términos de su eventual participación. Ese hecho refuerza la imagen de Rabat como un actor dispuesto a asumir responsabilidades concretas en escenarios internacionales complejos y confirma una constante de su política exterior: privilegiar la acción sobre la retórica y transformar los compromisos diplomáticos en iniciativas verificables.

Si la participación en la Fuerza Internacional de Estabilización representa una novedad en el plano operativo, la política marroquí de respaldo al pueblo palestino hunde sus raíces en una trayectoria diplomática mucho más extensa. Desde la década de 1970, el Reino ha mantenido una posición constante en favor del reconocimiento de los derechos nacionales del pueblo palestino, una línea que se fortaleció con la creación del Comité Al-Quds de la Organización de Cooperación Islámica, órgano encargado de preservar el carácter histórico, religioso y cultural de Jerusalén. La presidencia de este organismo, ejercida sucesivamente por Hassan II y, desde 1999, por Mohammed VI, ha otorgado a Marruecos un papel singular dentro del mundo árabe e islámico, permitiéndole actuar como interlocutor reconocido en una cuestión de extraordinaria sensibilidad política.

Bajo el reinado de Mohammed VI, esa responsabilidad adquirió una dimensión eminentemente práctica. Lejos de limitar la actuación del Comité Al-Quds al ámbito diplomático, el monarca impulsó una política de cooperación permanente destinada a mejorar las condiciones de vida de la población palestina. El principal instrumento de esa estrategia ha sido la Agencia Bayt Mal Al-Quds, institución que durante años ha financiado proyectos educativos, sanitarios, sociales y culturales tanto en Jerusalén Este como en otros territorios palestinos. Su actividad comprende la construcción y rehabilitación de escuelas, el apoyo a hospitales, la concesión de becas universitarias, la asistencia a huérfanos y el impulso de iniciativas productivas dirigidas a fortalecer la economía de las familias más vulnerables. Gracias a esa labor sostenida, Marruecos ha mantenido una presencia constante sobre el terreno mucho antes de la actual crisis.

Esa continuidad explica que la incorporación a la ISF no haya sido presentada por las autoridades marroquíes como un cambio de orientación, sino como la evolución lógica de una política construida durante décadas. Durante la ceremonia de firma, el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, subrayó que la visión impulsada por Mohammed VI siempre ha privilegiado soluciones concretas, pragmáticas y verificables, capaces de beneficiar directamente a la población palestina sin alterar la posición histórica del Reino en favor de una paz negociada basada en la coexistencia de dos Estados. La decisión de participar en la misión internacional constituye, en consecuencia, una prolongación natural de esa doctrina diplomática.

La actuación de Marruecos durante la guerra de Gaza constituye una ilustración elocuente de ese enfoque. Desde las primeras fases del conflicto, Rabat organizó el envío de centenares de toneladas de alimentos, medicamentos y equipos médicos destinados a paliar la emergencia humanitaria. A diferencia de otros países, el Reino consiguió además negociar un corredor terrestre excepcional que permitió hacer llegar la ayuda directamente a la Franja, una operación considerada por las propias autoridades marroquíes como un precedente sin equivalentes entre los Estados que participaron en las labores internacionales de asistencia. Aquella iniciativa confirmó la capacidad de la diplomacia marroquí para traducir sus relaciones internacionales en resultados concretos para la población civil.

La participación en la Fuerza Internacional de Estabilización constituye ahora un nuevo paso dentro de esa misma lógica. El despliegue de altos oficiales de las Fuerzas Armadas Reales en el Estado Mayor conjunto de la misión, la incorporación de efectivos de la Gendarmería Real y de la Dirección General de Seguridad Nacional, así como la instalación de un hospital militar de campaña, reflejan una concepción amplia de la seguridad. Para Marruecos, la estabilización de Gaza no depende únicamente del control del territorio, sino también de la capacidad para garantizar asistencia sanitaria, proteger a la población civil, asegurar el funcionamiento de los corredores humanitarios y favorecer el restablecimiento progresivo de las instituciones palestinas.

Ese planteamiento coincide con la evolución experimentada por las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz durante las últimas tres décadas. La experiencia acumulada por Naciones Unidas ha demostrado que la reconstrucción de un territorio devastado por la guerra exige integrar dimensiones políticas, económicas, humanitarias y de seguridad dentro de una estrategia única. Las misiones contemporáneas ya no se limitan a supervisar un alto el fuego; buscan crear las condiciones necesarias para que las autoridades nacionales puedan recuperar gradualmente el control de sus instituciones y reconstruir la confianza de la población.

Las Fuerzas Armadas Reales marroquíes cuentan con una dilatada experiencia en este tipo de operaciones. A lo largo de varias décadas han participado en misiones internacionales de paz en África y otras regiones, desarrollando capacidades en materia de coordinación civil-militar, protección de civiles, apoyo logístico, asistencia humanitaria y cooperación con administraciones locales. Ese bagaje convierte a Marruecos en uno de los países mejor preparados para asumir responsabilidades dentro de una misión tan compleja como la prevista para Gaza.

La dimensión política de la decisión tampoco puede desvincularse de la posición internacional alcanzada por Marruecos durante los últimos años. La política exterior impulsada por Mohammed VI ha buscado consolidar al Reino como un actor de estabilidad, capaz de mantener relaciones de confianza tanto con los países árabes como con Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Esa capacidad de interlocución ha permitido a Rabat desempeñar un papel singular en cuestiones regionales especialmente sensibles y proyectar una imagen de moderación que hoy constituye uno de sus principales activos diplomáticos.

La adhesión a la ISF fortalece esa estrategia al situar a Marruecos entre los primeros países dispuestos a asumir responsabilidades efectivas en la fase de reconstrucción de Gaza. Más allá del simbolismo político, la iniciativa pretende demostrar que la paz solo puede consolidarse mediante instituciones funcionales, seguridad para la población y una reconstrucción económica capaz de ofrecer perspectivas de futuro a una sociedad profundamente afectada por la guerra.

La importancia de la incorporación de Marruecos a la Fuerza Internacional de Estabilización trasciende, sin embargo, el ámbito estrictamente operativo. Su significado debe analizarse también desde la perspectiva del nuevo equilibrio geopolítico que comienza a configurarse en Oriente Medio tras el conflicto de Gaza. La reconstrucción de la Franja constituye uno de los mayores desafíos internacionales de las próximas décadas y exigirá una coordinación sin precedentes entre organismos multilaterales, gobiernos nacionales, instituciones financieras y organizaciones humanitarias. En ese complejo entramado, la seguridad representa apenas el primer eslabón de una cadena mucho más amplia que deberá conducir al restablecimiento de la administración pública, la recuperación del tejido económico y la reconstrucción del tejido social.

La experiencia acumulada en otros escenarios internacionales demuestra que el éxito de una misión de estabilización depende, sobre todo, de su capacidad para generar confianza entre la población local. Ningún proceso de reconstrucción puede consolidarse si los ciudadanos continúan percibiendo las instituciones como incapaces de garantizar su seguridad, proteger sus derechos o asegurar el acceso a servicios básicos. De ahí que la ISF haya sido concebida como una estructura de transición orientada no solo a preservar el orden, sino también a facilitar el fortalecimiento progresivo de las capacidades palestinas para asumir plenamente la conducción de los asuntos públicos.

Desde esa perspectiva, la contribución marroquí adquiere un valor añadido. La combinación de personal militar, efectivos policiales, especialistas en seguridad y capacidades sanitarias responde precisamente a esa concepción integral de la estabilización. El despliegue de un hospital militar de campaña, la participación en la protección de los corredores humanitarios y el apoyo a la formación de la futura fuerza policial palestina revelan que Rabat entiende la seguridad como un concepto inseparable del bienestar de la población y del fortalecimiento institucional. Más que una operación militar convencional, se trata de una intervención destinada a crear las condiciones necesarias para que la reconstrucción pueda desarrollarse de manera sostenida.

La decisión también proyecta un mensaje político hacia el conjunto de la comunidad internacional. Al convertirse en el primer país miembro fundador del Consejo de Paz para Gaza en formalizar su participación mediante un acuerdo técnico y operativo, Marruecos transmite la voluntad de asumir responsabilidades concretas allí donde otros actores todavía permanecen en una fase de negociación. Esa rapidez no obedece únicamente a razones diplomáticas; refleja una concepción de la política exterior basada en la convicción de que la credibilidad internacional se construye mediante compromisos verificables y no exclusivamente a través de declaraciones de apoyo.

Este paso se inscribe igualmente en una estrategia más amplia de proyección internacional desarrollada por el Reino durante el reinado de Mohammed VI. En las últimas dos décadas, Marruecos ha reforzado su presencia diplomática en África, ha profundizado su cooperación con Europa y Estados Unidos y ha consolidado su papel como interlocutor en diversos escenarios regionales. Esa política ha estado guiada por una idea constante: convertir al Reino en un factor de estabilidad, capaz de tender puentes entre espacios políticos y culturales diferentes y de participar activamente en la resolución de conflictos internacionales.

En ese contexto, la cuestión palestina ocupa un lugar singular. La condición de Mohammed VI como presidente del Comité Al-Quds ha otorgado a Marruecos una responsabilidad específica que el monarca ha procurado ejercer combinando firmeza en los principios con pragmatismo en la acción. La defensa de la solución de dos Estados —con un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967 y Jerusalén Este como su capital, conviviendo en paz y seguridad junto a Israel— ha permanecido como uno de los pilares constantes de la posición oficial marroquí, al tiempo que el Reino ha impulsado iniciativas humanitarias y programas de cooperación destinados a mejorar las condiciones de vida de la población palestina.

La continuidad de esa política permite comprender por qué las autoridades marroquíes presentan la participación en la Fuerza Internacional de Estabilización no como una ruptura, sino como la culminación de una estrategia cuidadosamente desarrollada durante años. La ayuda humanitaria enviada a Gaza, la apertura del corredor terrestre que permitió el ingreso de suministros esenciales, la labor permanente de la Agencia Bayt Mal Al-Quds, el apoyo a hospitales, escuelas y programas sociales, y ahora la participación directa en la estabilización del territorio forman parte de una misma visión, orientada a traducir el respaldo político a la causa palestina en acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

No menos significativa resulta la dimensión simbólica de esta decisión. En un momento en que la región continúa marcada por profundas tensiones políticas, la iniciativa marroquí busca demostrar que la diplomacia puede desempeñar un papel eficaz cuando se acompaña de instrumentos capaces de responder a las necesidades reales de las poblaciones afectadas por los conflictos. Esa combinación entre legitimidad política, cooperación humanitaria y compromiso operativo constituye uno de los rasgos más característicos de la actuación internacional del Reino durante los últimos años.

La reconstrucción de Gaza será, previsiblemente, un proceso largo, complejo y sometido a innumerables desafíos políticos y de seguridad. Ninguna misión internacional podrá, por sí sola, resolver las profundas causas del conflicto ni sustituir la voluntad de las partes para alcanzar un acuerdo definitivo. Sin embargo, la creación de condiciones mínimas de estabilidad constituye un requisito indispensable para que cualquier proceso de negociación tenga posibilidades de prosperar. En ese sentido, la Fuerza Internacional de Estabilización aspira a convertirse en un instrumento que facilite la transición entre el cese de las hostilidades y la recuperación progresiva de la normalidad institucional.

La decisión adoptada por Marruecos refleja precisamente esa visión de largo plazo. Más allá del despliegue de recursos humanos y materiales, expresa la voluntad de contribuir activamente a la construcción de un entorno en el que la paz deje de ser una aspiración retórica para convertirse en una realidad sostenible. Impulsada por las expresas directivas del rey Mohammed VI, la participación del Reino en la ISF representa la síntesis de una política exterior que ha buscado conjugar principios, responsabilidad internacional y capacidad de actuación. En una región donde las soluciones duraderas han resultado históricamente esquivas, Rabat pretende reafirmar su condición de actor comprometido con la estabilidad, la cooperación y el apoyo efectivo al pueblo palestino, convencido de que la reconstrucción de Gaza solo será posible si la solidaridad internacional se traduce en acciones concretas capaces de devolver seguridad, dignidad y esperanza a millones de personas.Principio del formulario

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