Marruecos y Estados Unidos: una alianza contra las redes globales del narcoterrorismo

 

La cooperación entre Rabat y Washington alcanza un nuevo nivel tras la desarticulación de una compleja red internacional de tráfico de drogas y armas, en una operación que revela la profundidad de los vínculos entre crimen organizado, terrorismo y geopolítica.

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 Buenos Aires - La cooperación entre Marruecos y Estados Unidos en materia de seguridad ha dejado de ser una relación discreta entre servicios de inteligencia para consolidarse como una auténtica alianza estratégica en la lucha contra las amenazas transnacionales. El reciente desmantelamiento de una vasta red de narcotráfico y tráfico de armas, con ramificaciones en Oriente Medio, África y América Latina, no solo pone de relieve la creciente sofisticación de estas organizaciones criminales, sino también la eficacia de un modelo de colaboración que ha situado a Marruecos en el núcleo de los dispositivos internacionales de seguridad.

El caso, instruido ante un tribunal federal del Distrito Este de Virginia, tuvo como figura central a Antoine Kassis, un ciudadano libanés-sirio condenado por conspiración narcoterrorista, tráfico de cocaína y suministro de armamento a organizaciones consideradas terroristas por Washington. Sin embargo, más allá del perfil del acusado, lo que emerge con claridad es la existencia de una estructura criminal de alcance global, capaz de articular circuitos logísticos, financieros y operativos que conectaban zonas de conflicto con mercados ilícitos en distintos continentes.

En ese entramado, la intervención de los servicios marroquíes resultó decisiva. La Dirección General de Seguridad Nacional y la Dirección General de Vigilancia del Territorio desempeñaron un papel central en la obtención de inteligencia, el seguimiento de los implicados y la coordinación de acciones que permitieron desarticular la red. La Fiscalía estadounidense no dudó en calificar esta contribución como “asistencia decisiva”, subrayando el carácter determinante de la cooperación marroquí en el éxito de la investigación.

La operación revela un fenómeno que preocupa crecientemente a las agencias de seguridad: la convergencia entre narcotráfico, tráfico de armas y terrorismo. Según las pruebas presentadas en el juicio, Kassis habría aprovechado sus vínculos con sectores del aparato de seguridad sirio para facilitar el acceso a arsenales militares, que posteriormente eran utilizados como moneda de cambio en acuerdos con organizaciones insurgentes. Entre ellas, el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, que habría recibido armamento a cambio de cargamentos de cocaína, en una dinámica que ilustra la fusión entre economías ilícitas y conflictos armados.

Este sistema incluía mecanismos logísticos de notable complejidad. Las investigaciones revelaron el uso de contenedores marítimos camuflados, rutas de tránsito a través de África y una red de intermediarios encargados del blanqueo de capitales. En menos de dos años, la organización habría movilizado cerca de 100 millones de dólares, beneficiando a actores criminales y grupos armados en distintos puntos del planeta. La dimensión financiera del caso pone de manifiesto la capacidad de estas redes para integrarse en la economía global, aprovechando sus fisuras y lagunas regulatorias.

La cooperación entre Marruecos y Estados Unidos no se limitó a este expediente. En un segundo caso, igualmente relevante, las autoridades marroquíes desempeñaron un papel operativo directo al detener en Casablanca a Elisha Odhiambo Asumo, un ciudadano keniano acusado de participar en una red internacional de tráfico de armas. Su extradición a Estados Unidos permitió avanzar en un proceso judicial que involucra el suministro de armamento pesado a cárteles mexicanos, en particular al Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más violentas del hemisferio occidental.

Este segundo caso refuerza la idea de que Marruecos no actúa únicamente como proveedor de inteligencia, sino también como un actor capaz de intervenir directamente en operaciones de alto riesgo en su territorio, en estrecha coordinación con agencias internacionales. La incautación de armas de grado militar —incluidos lanzacohetes, sistemas antiaéreos y equipos de visión nocturna— revela el nivel de sofisticación de las redes desmanteladas y la gravedad de la amenaza que representan.

El reconocimiento estadounidense a esta cooperación ha sido explícito y significativo. Las autoridades judiciales han destacado el “alto nivel de coordinación” y la “calidad de la información” proporcionada por los servicios marroquíes, en un lenguaje que refleja no solo gratitud institucional, sino también confianza estratégica. Este tipo de declaraciones, poco habituales en procesos judiciales de esta naturaleza, subraya el valor que Washington otorga a su asociación con Rabat en un contexto internacional marcado por la proliferación de amenazas híbridas.

Este episodio se inscribe en una dinámica más amplia que confirma el papel creciente de Marruecos en la arquitectura global de seguridad. Su posición geográfica, en la intersección de Europa, África y el Atlántico, lo convierte en un punto clave para el control de rutas ilícitas. A ello se suma una política sostenida de modernización de sus servicios de inteligencia y una voluntad explícita de cooperación internacional, que se ha traducido en una presencia activa en operaciones conjuntas y en el intercambio sistemático de información.

En el plano interno, los esfuerzos marroquíes contra el narcotráfico han sido igualmente intensos. Las incautaciones de grandes volúmenes de droga, junto con la desarticulación de redes logísticas, reflejan una estrategia integral que combina acción policial, inteligencia y cooperación judicial. Estas operaciones no solo tienen un impacto local, sino que contribuyen a debilitar circuitos globales que alimentan tanto el crimen organizado como los conflictos armados.

La dimensión geopolítica de esta cooperación resulta ineludible. En un escenario internacional caracterizado por la fragmentación y la multiplicación de actores no estatales, la capacidad de los Estados para articular respuestas coordinadas se convierte en un factor decisivo. La alianza entre Marruecos y Estados Unidos ilustra cómo la convergencia de intereses puede traducirse en resultados concretos, incluso frente a amenazas de naturaleza difusa y cambiante.

La operación que condujo a la condena de Kassis y a la desarticulación de su red constituye, en última instancia, un ejemplo paradigmático de esta nueva lógica de seguridad. Una lógica en la que las fronteras entre crimen y política se desdibujan, y en la que la cooperación internacional deja de ser una opción para convertirse en una necesidad. En ese escenario, Marruecos ha logrado posicionarse como un socio indispensable, cuya capacidad operativa y fiabilidad institucional son hoy reconocidas al más alto nivel por Estados Unidos.

 

Pakistán, el arquitecto silencioso del Golfo

 

Mientras los misiles iraníes caen sobre las bases saudíes y los buques de guerra estadounidenses patrullan un estrecho de Ormuz cerrado al tráfico mundial, un país que apenas figura en los titulares occidentales se ha convertido en el interlocutor indispensable: Pakistán.

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Buenos Aires - En apenas un mes, Islamabad ha pasado de ser un actor periférico a erigirse en el eje de una diplomacia de sombras que mantiene viva la posibilidad de un alto el fuego entre Washington y Teherán. No envía portaaviones ni lanza drones; envía mensajes, planes de paz y, sobre todo, una ambigüedad estratégica que le permite beneficiarse tanto de la guerra como de la paz. Es el aliado por tratado de los atacados, el mediador del atacante y el guardián del corredor que hace irrelevante el propio estrecho que se disputa.

Con más de 880.000 kilómetros cuadrados de territorio y una población que supera los 240 millones de habitantes según el último censo, Pakistán es el quinto país más poblado del planeta y una de las naciones más densamente habitadas. Su posición geohistórica lo convierte en un puente natural entre tres mundos: el subcontinente indio, Asia Central y Oriente Medio. Desde el valle del Indo, cuna de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, hasta las montañas del Hindu Kush y la costa del mar Arábigo, su geografía ha sido durante milenios corredor de imperios, rutas de seda y, hoy, oleoductos y fibra óptica. Limita con Irán al oeste, con Afganistán al norte y noroeste, con India al este y con China al noreste; sus 1.046 kilómetros de litoral en el golfo de Omán lo sitúan a apenas 400 kilómetros del estrecho de Ormuz, el cuello de botella energético que ahora paraliza el 20 % del petróleo mundial.

Económicamente, Pakistán es una potencia semi-industrializada que ocupa el puesto 23.º mundial en paridad de poder adquisitivo. Su economía depende en gran medida de las remesas de sus 2,7 millones de trabajadores en Arabia Saudí —685,5 millones de dólares al mes—, de los préstamos chinos y de la exportación de arroz, mariscos y productos farmacéuticos, que acaba de autorizar precisamente hacia Irán en plena guerra. Pero su verdadero peso no reside solo en los números: reside en su capacidad para transformar la dependencia financiera en influencia geopolítica. Y esa influencia se multiplica porque Pakistán es, además, el único país de mayoría musulmana dotado de armas nucleares. Se estima que posee entre 160 y 170 ojivas, un arsenal que lo convierte en la segunda potencia atómica del sur de Asia y en un actor cuya disuasión mínima creíble nadie puede ignorar.

Su potencial militar refuerza esa relevancia. Las Fuerzas Armadas pakistaníes, con más de 600.000 efectivos activos y medio millón en reserva, figuran entre los siete ejércitos más numerosos del mundo. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se apoyan en una red de inteligencia —encabezada por el todopoderoso ISI— que actúa con relativa autonomía y que, en las últimas semanas, ha demostrado su eficacia al interceptar planes israelíes para asesinar al ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi y al presidente del Parlamento Mohammad-Bagher Ghalibaf. Esa llamada telefónica a Washington, que evitó que los dos últimos interlocutores posibles desaparecieran, no fue un gesto simbólico: fue la prueba de que Pakistán puede mantener abierta una vía diplomática cuando las grandes alianzas militares se paralizan.

Sus rivalidades y conflictos moldean y limitan al mismo tiempo su margen de maniobra. Con India, el enfrentamiento por Cachemira ha provocado tres guerras y mantiene una tensión nuclear latente que obliga a Islamabad a mirar siempre hacia el este. Con Afganistán, las disputas fronterizas y la presencia de grupos insurgentes han llevado incluso a ataques aéreos paquistaníes cerca de Kabul en las últimas semanas, una escalada que algunos analistas interpretan como excusa para inmovilizar tropas que, según el pacto de defensa con Arabia Saudí, deberían estar defendiendo Riad. Con China, la relación es de alianza estratégica y dependencia económica: Pekín ha invertido 62.000 millones de dólares en el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) y controla el puerto de Gwadar, arrendado por 40 años. Ese enclave de aguas profundas en Baluchistán, a solo 400 kilómetros de Ormuz, es la terminal terrestre que permite a China evitar por completo el estrecho bloqueado. Pakistán debe, pues, navegar entre la gratitud hacia su principal acreedor y la necesidad de no alienar a Washington, su aliado principal no perteneciente a la OTAN.

Precisamente esa red de alianzas cruzadas —China, Estados Unidos, Arabia Saudí, Turquía, Irán— es lo que convierte a Pakistán en un actor único. Mantiene un pacto de defensa mutua con Riad que, sobre el papel, obliga a responder a cualquier agresión contra Arabia Saudí; sin embargo, no ha desplegado un solo soldado desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Al mismo tiempo, su ministro de Exteriores, Ishaq Dar, confirmó el 26 de marzo que Islamabad facilita “conversaciones indirectas” entre Washington y Teherán, transmitiendo la propuesta estadounidense de alto el fuego de 15 puntos. Ese mismo día, líderes tribales pastunes en Peshawar se comprometían públicamente a luchar “codo con codo” con Irán en una yihad. Y mientras tanto, el puerto de Gwadar operado por China sigue recibiendo buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación para ejercicios conjuntos en el mar Arábigo.

La capacidad de Pakistán para albergar e impulsar negociaciones se ha hecho evidente esta semana. El domingo 29 de marzo, los ministros de Exteriores de Arabia Saudí, Turquía, Egipto y el propio Pakistán se reunieron en Islamabad para coordinar una estrategia de desescalada. Ishaq Dar habló por teléfono con su homólogo iraní Araghchi minutos antes del encuentro y subrayó que “el diálogo y la diplomacia siguen siendo la única vía posible”. La Unión Europea, a través de su presidente António Costa, ha expresado su apoyo explícito a los esfuerzos pakistaníes. Incluso el primer ministro Shehbaz Sharif, que el mes pasado nominó a Donald Trump para el Nobel de la Paz, ha utilizado su relación personal con el presidente estadounidense para mantener el canal abierto.

Esta arquitectura de contradicciones no es improvisada: es estructural. Pakistán media para reabrir Ormuz al tiempo que opera el puerto que lo hace prescindible. Recibe miles de millones de Arabia Saudí y remesas de sus trabajadores mientras sus ciudadanos figuran entre las bajas de los ataques iraníes en Dubái. Debe a China más de 30.000 millones de dólares y recibe el 81 % de su armamento de Pekín, pero conserva el estatus de aliado principal no OTAN de Washington. Si el estrecho se reabre, Islamabad cosechará reconocimiento occidental y ayuda económica. Si permanece cerrado o sometido a peajes permanentes en yuanes, Gwadar se convertirá en el nodo logístico más valioso del planeta y el CPEC en la ruta alternativa que China necesita.

En un mundo donde la OTAN debate mandatos y las potencias occidentales se muestran incapaces de actuar con unidad, Pakistán ha demostrado que una llamada de inteligencia y una mesa de negociaciones pueden valer más que 1,6 billones de dólares en gasto militar colectivo. No es neutralidad. Es cálculo. Y en ese cálculo, el país que durante décadas fue visto como inestable y periférico se ha transformado en el arquitecto invisible de un nuevo orden regional. Las moléculas del petróleo y las moléculas de la diplomacia no entienden de banderas, pero sí entienden de corredores y de conversaciones. Y hoy, tanto los unos como las otras pasan por Islamabad.

 

Marruecos afianza su ofensiva diplomática en América Latina: Costa Rica respalda la autonomía del Sáhara como “la solución más viable”

La creciente sintonía entre Rabat y San José simboliza un giro en el tablero latinoamericano, donde cada vez más países consideran el plan marroquí como la base más realista para resolver uno de los conflictos más prolongados del norte de África.

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Buenos Aires - La reciente declaración conjunta firmada en Rabat entre el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, y su homólogo costarricense, Arnoldo André Tinoco, no constituye un gesto diplomático aislado, sino la expresión más reciente de una tendencia de fondo que atraviesa América Latina. En ella, Costa Rica reconoce que la propuesta de autonomía para el Sáhara presentada por Marruecos es “la base más apropiada, seria, creíble y realista” para una solución política, y va más allá al admitir que una autonomía bajo soberanía marroquí podría ser “la solución más viable” al diferendo regional.

La contundencia del lenguaje empleado marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales y consolida una convergencia política que Rabat viene cultivando con paciencia en el continente americano. No se trata únicamente de una declaración de principios: Costa Rica ha manifestado su intención de alinear su acción política, diplomática, económica y consular con esta posición, lo que introduce una dimensión operativa a su respaldo.

Este alineamiento se inscribe en un contexto internacional en el que la Propuesta para la Negociación de un Plan de Autonomía para la Región del Sáhara,  presentado por Marruecos en Naciones Unidas en 2007, ha ido ganando legitimidad progresiva dentro de los marcos multilaterales, particularmente en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuya Resolución 2797 de 2025 reconoce la centralidad de esta iniciativa como base de negociación. La referencia explícita a esta resolución por parte de Costa Rica no es menor: supone un aval indirecto al enfoque promovido por Rabat y una señal de alineamiento con la dinámica diplomática impulsada bajo el liderazgo del rey Mohammed VI.

En términos bilaterales, el acercamiento entre Marruecos y Costa Rica ha adquirido una densidad creciente que trasciende la cuestión sahariana. La visita oficial de André Tinoco a Rabat ha servido para relanzar la relación bajo una “nueva dinámica”, basada en el diálogo político estructurado y en una cooperación ampliada en sectores como la agricultura, las energías limpias, la investigación científica o el turismo. Este despliegue responde a una estrategia más amplia de Marruecos, orientada a consolidar alianzas en América Latina mediante una combinación de diplomacia política, cooperación económica y proyección cultural.

La dimensión parlamentaria de este acercamiento también ha cobrado protagonismo. En reuniones paralelas, responsables marroquíes subrayaron la importancia de reforzar los intercambios legislativos y consolidar los grupos de amistad entre ambos países, en una lógica de diplomacia multinivel que busca anclar los vínculos más allá de los ciclos gubernamentales.

Pero el caso costarricense no puede entenderse de manera aislada. En los últimos años, América Latina se ha convertido en un terreno clave para la proyección internacional de Marruecos. Países como Panamá, Guatemala, República Dominicana, Paraguay o Ecuador han expresado, en distintos grados, su apoyo a la integridad territorial marroquí y al plan de autonomía. Este respaldo se manifiesta tanto en declaraciones oficiales como en decisiones prácticas, como la apertura de consulados en ciudades del Sáhara administradas por Marruecos, un gesto de alto contenido político.

El giro de Perú en 2022, al retirar su reconocimiento a la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática, constituye uno de los ejemplos más elocuentes de esta tendencia. A ello se suman señales de apoyo implícito de actores regionales de peso como Brasil, cuya cartografía oficial ha incorporado el Sáhara como parte del territorio marroquí, en una decisión de fuerte carga simbólica.

En paralelo, otras potencias latinoamericanas como Argentina, Chile o México mantienen posiciones más equilibradas, abogando por una solución “justa, duradera y mutuamente aceptable” bajo los auspicios de la ONU. Sin embargo, incluso estas posturas, al reconocer el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad, contribuyen indirectamente a legitimar la propuesta marroquí como eje de negociación.

Este avance diplomático se sustenta en una presencia institucional cada vez más sólida. Actualmente, más de una docena de países latinoamericanos cuentan con representación diplomática en Rabat, mientras que otros han optado por establecer consulados en el Sáhara, reforzando así la tesis de la soberanía marroquí sobre el territorio.

En este contexto, Costa Rica emerge como un socio particularmente significativo. Su tradición democrática, su estabilidad institucional y su perfil internacional como actor moderado otorgan un peso específico a su posicionamiento. El respaldo explícito al plan de autonomía no solo refuerza la estrategia de Marruecos, sino que también puede influir en otros países de la región que observan con atención la evolución del consenso latinoamericano.

La cuestión del Sáhara, durante décadas marcada por la polarización ideológica y la inercia diplomática, parece haber entrado en una nueva fase en el continente americano. El lenguaje empleado por Costa Rica, alineado con el de otras capitales de la región, sugiere que el plan de autonomía marroquí ha dejado de ser una propuesta más para convertirse en el punto de referencia central del debate.

En esa reconfiguración silenciosa del mapa diplomático, Rabat ha logrado situar su iniciativa en el corazón de las discusiones internacionales, apoyándose en una red de alianzas que trasciende geografías y tradiciones políticas. La relación con Costa Rica, fortalecida y redefinida, es hoy uno de los ejemplos más nítidos de esa estrategia paciente y persistente que Marruecos despliega para consolidar su posición en el escenario global.

 

Praga se alinea con Rabat: el respaldo checo refuerza la ofensiva diplomática marroquí sobre el Sáhara

La República Checa considera la autonomía bajo soberanía de Marruecos como la solución “más factible” al conflicto y anuncia medidas concretas que consolidan el creciente apoyo internacional al plan impulsado por Mohammed VI.

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Buenos Aires - En un movimiento que confirma la progresiva consolidación internacional de la propuesta marroquí para el Sáhara, la República Checa ha dado un paso significativo al respaldar explícitamente la Propusta para la Negociación de un Plan de Autonomía para la región del Sáhara, presentado por Marruecos en 2007. La declaración, formulada en Rabat tras un encuentro bilateral de alto nivel, no se limita a una adhesión retórica, sino que incorpora compromisos diplomáticos, económicos y consulares que revelan un alineamiento estratégico con la posición marroquí en uno de los conflictos más prolongados del norte de África.

El pronunciamiento se produjo tras la reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, y el viceprimer ministro y jefe de la diplomacia checa, Petr Macinka, en la primera visita oficial de este último al reino alauí. En la declaración conjunta, Praga afirma que “una verdadera autonomía bajo la soberanía marroquí constituye la solución más factible” para resolver el contencioso, y añade su intención de actuar en consecuencia, un matiz que otorga a su postura un carácter operativo inusual en la diplomacia europea.

Ese compromiso se traduce en decisiones concretas. La República Checa ha anunciado que su embajador en Rabat se desplazará a la región del Sáhara con el objetivo de preparar visitas de empresarios checos y fomentar iniciativas económicas conjuntas. Asimismo, ampliará la cobertura consular de su embajada para incluir el territorio del Sur, equiparándolo al resto del país, en una medida que tiene implicaciones políticas evidentes al reconocer de facto la administración marroquí sobre la zona.

El respaldo checo se inscribe en una tendencia más amplia que ha ido tomando forma en los últimos años, en la que diversos actores internacionales han convergido en torno a la propuesta de Rabat como la base más realista y posible para una solución negociada. La declaración conjunta subraya que el plan de autonomía constituye “la base más adecuada, seria, creíble y realista” para alcanzar una salida política duradera, en línea con los términos empleados recurrentemente por el Consejo de Seguridad de la ONU en sus resoluciones más recientes, incluida la 2797 (2025), cuya adopción fue saludada por ambas partes.

Este alineamiento no es casual. Responde a una estrategia diplomática sostenida por el rey Mohammed VI, que ha convertido la cuestión del Sáhara en el eje central de la política exterior marroquí. Bajo su liderazgo, Rabat ha desplegado una intensa labor de persuasión en múltiples frentes —desde Europa hasta África y Oriente Próximo—, combinando incentivos económicos, cooperación en materia de seguridad y una narrativa centrada en la estabilidad regional.

Los resultados de esa estrategia son visibles. En los últimos años, potencias como Estados Unidos han reconocido la soberanía marroquí sobre el Sáhara, mientras países europeos de peso como Francia o España han expresado su apoyo al Plan de Autonomía como solución pragmática al conflicto. A ello se suma la apertura de consulados de diversos países africanos y árabes en ciudades como Dajla y El Aaiún, reforzando la legitimidad internacional de la posición marroquí.

El respaldo de la República Checa adquiere relevancia en este contexto por su pertenencia a la Unión Europea, donde las posiciones sobre el Sáhara han sido tradicionalmente más matizadas. Aunque Bruselas mantiene oficialmente una postura alineada con el proceso de Naciones Unidas, el creciente número de Estados miembros que se inclinan por la propuesta marroquí refleja una evolución gradual hacia un mayor pragmatismo.

La relación bilateral entre Marruecos y la República Checa, si bien históricamente discreta, ha experimentado un impulso en los últimos años, especialmente en ámbitos como el comercio, la inversión y la cooperación industrial. La visita de Macinka a Rabat simboliza ese acercamiento, que ahora se proyecta también en el terreno político. La decisión de fomentar la presencia empresarial checa en el Sáhara apunta a una dimensión económica de la relación que podría consolidarse en el futuro.

En paralelo, ambas partes reiteraron su apoyo al proceso liderado por las Naciones Unidas y al enviado personal del secretario general para el Sáhara, en un intento de encuadrar su posición dentro del marco multilateral. No obstante, el énfasis en la autonomía bajo soberanía marroquí como única vía viable evidencia la creciente marginalización de otras opciones, como el referéndum de autodeterminación defendido por el Frente Polisario.

El paso dado por Praga confirma así una tendencia que redefine lentamente el equilibrio diplomático en torno al Sáhara. A medida que más países adoptan posturas similares, el plan de autonomía promovido por Rabat se consolida no solo como una propuesta, sino como el punto de convergencia de una comunidad internacional cada vez más inclinada a privilegiar la estabilidad sobre la incertidumbre. En ese tablero, la diplomacia de Mohammed VI parece haber logrado transformar una reivindicación histórica en una realidad política cada vez más tangible.

 

El humo que no termina: la guerra en el Golfo Pérsico abre un frente ambiental global

Las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán han abierto una crisis que trasciende el campo de batalla. Incendios en refinerías, vertidos en el Golfo Pérsico, emisiones masivas de gases contaminantes y riesgos químicos y nucleares dibujan un escenario que amenaza la salud de millones de personas y que podría dejar cicatrices ecológicas durante décadas, tanto en Oriente Próximo como en regiones lejanas del planeta.

 

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Buenos Aires - La guerra moderna ya no se mide solo en ciudades destruidas o en desplazamientos humanos. En el Golfo Pérsico, desde el inicio de los ataques el 28 de febrero, el conflicto ha desatado un proceso de degradación ambiental de gran escala cuya magnitud apenas empieza a comprenderse. Incendios en refinerías, explosiones de depósitos de combustible y ataques a buques petroleros han liberado una combinación de sustancias tóxicas que se dispersan por la atmósfera, los suelos y el mar, afectando a ecosistemas extremadamente sensibles y a poblaciones urbanas densamente concentradas.

En apenas las primeras semanas de combates, las emisiones derivadas de incendios industriales y explosiones han liberado alrededor de cinco millones de toneladas de dióxido de carbono, un volumen que supera las emisiones anuales de algunos países pequeños. Este fenómeno se explica porque la destrucción de instalaciones energéticas —refinerías, depósitos de petróleo y plantas de gas— provoca la combustión masiva de hidrocarburos y la liberación de gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global. A ello se suma la liberación de partículas finas, carbono negro y compuestos tóxicos que afectan de inmediato la calidad del aire y la salud pública.

La escena más visible de ese impacto se ha vivido en Teherán. Tras los ataques contra instalaciones petroleras en las afueras de la capital iraní, columnas de humo cubrieron el cielo de la ciudad, donde viven millones de personas. Científicos consultados por medios internacionales han señalado que la mezcla de contaminantes liberados en estos incendios —monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles— es propia de accidentes industriales extremos, pero rara vez se observa a esa escala en un entorno urbano tan densamente poblado. El investigador Akshay Deoras, de la Universidad de Reading, afirmó que la magnitud de los contaminantes liberados podría ser “sin precedentes”, mientras que la profesora Eloise Marais, del University College de Londres, advirtió que el episodio equivale, en términos químicos, a la explosión simultánea de varias instalaciones industriales.

Uno de los fenómenos más inquietantes reportados por los habitantes de la capital iraní ha sido la llamada “lluvia negra”. Este término describe una precipitación cargada de hollín y residuos químicos que oscurecen el agua al caer. El proceso ocurre cuando las partículas suspendidas en el aire —producto de incendios petroleros o explosiones— son capturadas por gotas de lluvia y arrastradas hasta el suelo. Aunque la lluvia puede limpiar parcialmente la atmósfera, también deposita contaminantes sobre calles, viviendas, cultivos y sistemas hídricos, facilitando su infiltración en acuíferos y su incorporación a la cadena alimentaria.

La contaminación atmosférica es apenas uno de los frentes de esta crisis. La guerra también ha liberado residuos tóxicos derivados de municiones, explosivos y materiales industriales. Cuando edificios, depósitos y fábricas son destruidos, los escombros dispersan sustancias peligrosas como plomo, mercurio, amianto o hidrocarburos complejos que pueden permanecer en el ambiente durante décadas. Estos contaminantes se fijan en el suelo, degradan su fertilidad y afectan su capacidad de regeneración, comprometiendo la agricultura y la seguridad alimentaria de amplias regiones.

El impacto sobre la salud humana es inmediato y también prolongado. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido que la destrucción de infraestructuras energéticas “corre el riesgo de contaminar alimentos, agua y aire”, generando consecuencias graves para las poblaciones más vulnerables. La exposición a partículas finas y compuestos tóxicos no solo provoca afecciones respiratorias agudas, sino que incrementa el riesgo de enfermedades crónicas y cáncer en el largo plazo.

Pero el alcance del desastre ambiental no se limita a Irán. El conflicto se ha trasladado también al mar, especialmente al Golfo Pérsico y al estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Los ataques a petroleros y buques militares han provocado derrames de crudo que forman películas superficiales sobre el agua, reducen la oxigenación y afectan a peces, aves marinas y arrecifes coralinos. Estos ecosistemas, ya debilitados por el calentamiento global, podrían sufrir daños irreversibles si los vertidos continúan.

A ello se suma el riesgo sobre infraestructuras críticas como las plantas desalinizadoras, esenciales en una región donde el acceso al agua dulce depende del mar. La contaminación del agua marina puede inutilizar estos sistemas o reducir su capacidad, generando una crisis hídrica en plena guerra.

En este contexto ya crítico, la eventual apertura de un frente terrestre por parte de Estados Unidos en territorio iraní representaría un salto cualitativo en la degradación ambiental. A diferencia de la guerra aérea y naval, las operaciones terrestres implican una ocupación prolongada del territorio, el despliegue masivo de vehículos blindados, artillería pesada y tropas, así como la destrucción sistemática de infraestructuras a lo largo de amplias zonas. Este tipo de guerra intensifica la contaminación del suelo mediante la dispersión directa de metales pesados, combustibles, lubricantes y residuos explosivos.

La experiencia histórica muestra que los conflictos terrestres dejan tras de sí una “contaminación por armas” persistente, caracterizada por la presencia de minas, municiones sin detonar y restos químicos que pueden permanecer activos durante décadas, afectando ecosistemas y poblaciones civiles. Estos elementos no solo representan un peligro físico, sino que también liberan sustancias tóxicas que contaminan el agua y el suelo, deteriorando la biodiversidad y dificultando la recuperación ambiental.

Además, las operaciones terrestres suelen provocar la destrucción directa de hábitats naturales, la deforestación y la fragmentación de ecosistemas. El paso de vehículos pesados compacta el suelo, altera su estructura y reduce su capacidad de absorción de agua, favoreciendo procesos de erosión y desertificación. En regiones áridas como gran parte de Irán, estos efectos pueden ser especialmente graves y duraderos.

Otro factor crítico es el colapso de los sistemas de gestión ambiental durante las guerras prolongadas. La supervisión de vertidos, la protección de recursos hídricos y la gestión de residuos peligrosos dejan de funcionar, lo que acelera la degradación ecológica. Naciones Unidas ha advertido que los conflictos armados provocan una “acelerada degradación ambiental” precisamente por la ruptura de estos mecanismos de control.

En un escenario de ocupación terrestre, también aumentaría el consumo de combustibles fósiles a gran escala, debido al uso intensivo de vehículos militares, logística y maquinaria pesada, lo que incrementaría las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Este fenómeno, sumado a la destrucción de infraestructuras energéticas, reforzaría el impacto climático del conflicto.

Las consecuencias, además, no se limitarían al territorio iraní. Las partículas contaminantes generadas por explosiones y movimientos de tierra pueden ser transportadas por corrientes atmosféricas a miles de kilómetros, mientras que la contaminación de ríos y acuíferos puede extenderse a regiones vecinas. La guerra terrestre, en este sentido, amplificaría la dimensión global de la crisis ambiental ya en curso.

A este panorama se suma el riesgo asociado a instalaciones nucleares y químicas dañadas. Aunque hasta ahora no se han confirmado fugas radiactivas significativas, el deterioro de infraestructuras sensibles en un contexto de combates terrestres aumentaría la probabilidad de incidentes con consecuencias potencialmente catastróficas.

La dificultad para evaluar el impacto real del conflicto complica aún más el diagnóstico. Organizaciones independientes han identificado centenares de incidentes con consecuencias ambientales, aunque advierten que la cifra real podría ser muy superior debido a la falta de acceso y a las restricciones informativas.

Las consecuencias de esta contaminación pueden extenderse mucho más allá del Oriente Próximo. Las partículas liberadas por incendios petroleros y explosiones pueden viajar miles de kilómetros y afectar incluso a regiones remotas, alterando glaciares, suelos y ecosistemas. La guerra, en este sentido, se convierte en un fenómeno ambiental global.

Mientras tanto, en el terreno, los efectos más visibles siguen siendo el aire irrespirable y el paisaje devastado. Pero los expertos coinciden en que el verdadero alcance del desastre se medirá en los años y décadas posteriores, cuando los contaminantes persistentes sigan afectando la salud, la agricultura y los ecosistemas.

El conflicto en el Golfo Pérsico está demostrando que el medio ambiente no es un daño colateral, sino una de las principales víctimas de la guerra. Y si el conflicto escalara hacia una invasión terrestre, esa víctima invisible podría transformarse en una catástrofe ecológica de alcance histórico.

 

 

 

Marruecos y España asestan un golpe estratégico al yihadismo con la desarticulación de una célula vinculada al Sahel

  

La operación conjunta entre la DGST marroquí y la Policía Nacional española neutraliza a un grupo que financiaba facciones de Daesh en África y planeaba un ataque de "lobo solitario" en territorio español.

 

La madrugada del miércoles 25 de marzo de 2026, una operación coordinada de alta precisión volvió a certificar la solidez de la arquitectura de seguridad que une las dos orillas del Estrecho de Gibraltar. En un despliegue simultáneo que refleja una simbiosis operativa pocas veces vista en la cooperación internacional, la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ), dependiente de la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) del Reino de Marruecos y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional española lograron desmantelar una célula terrorista afiliada a la organización Daesh.

Daesh, acrónimo árabe del Estado Islámico, es una organización terrorista de corte salafista yihadista que busca la imposición de un califato global mediante la violencia extrema y la propaganda digital. Aunque su núcleo original en Oriente Medio se ha visto debilitado, la organización ha mutado en una red de franquicias regionales altamente letales. En la compleja geografía africana, este grupo opera principalmente a través del Estado Islámico en el Sahel (EIS) —antiguamente conocido como Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS)—, una rama subordinada al mando central de Daesh que se disputa el control del territorio con otras coaliciones como el JNIM, vinculado a Al Qaeda.

Los hilos de esta red en el continente africano han sido tejidos por figuras de extrema peligrosidad. Históricamente, el liderazgo de esta facción estuvo bajo Adnan Abu Walid al-Sahraoui, cuya muerte a manos de fuerzas internacionales no detuvo la expansión de la marca terrorista en la región, la cual hoy se nutre de la porosidad fronteriza y la fragilidad institucional de países como Mali, Níger y Burkina Faso. Los detenidos en Tánger en esta última operación participaban precisamente en la financiación y el apoyo logístico de estos combatientes activos en las ramas del Sahel y Somalia.

El balance de la denominada "Operación Seula" se saldó con tres detenciones clave: dos elementos extremistas interceptados en Tánger por las fuerzas especiales de la Dirección General de la Vigilancia del Territorio (DGST) y el presunto cabecilla de la red, capturado en una vivienda del centro de Palma de Mallorca.

La operación en España se ha realizado con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Palma de Mallorca, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número Tres y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional

Los primeros hallazgos de la investigación judicial, realizada bajo la supervisión de la fiscalía encargada de asuntos de terrorismo, revelan una estructura con ramificaciones tan profundas como peligrosas. Mientras los sospechosos detenidos en Marruecos se dedicaban presuntamente a la captación de fondos y al apoyo logístico para los combatientes de Daesh en Somalia y la región del Sahel, el líder arrestado en España habría iniciado la planificación de un atentado terrorista bajo la modalidad de "terrorismo individual" o lobo solitario. Este individuo no solo consumía propaganda del Estado Islámico, sino que utilizaba activamente las redes sociales para el adoctrinamiento y la captación de nuevos perfiles radicales.

Este éxito operativo no es un evento fortuito, sino el resultado directo de las directrices estratégicas emanadas del Palacio Real. El Rey Mohammed VI ha situado la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado en el núcleo de la agenda de seguridad del Estado, instruyendo a los servicios de inteligencia para reforzar las capacidades operativas y la cooperación internacional en un entorno regional cada vez más volátil. Bajo este liderazgo, figuras como Abdellatif Hammouchi han consolidado un modelo de resiliencia marroquí que prioriza la inteligencia preventiva y la neutralización temprana de las amenazas antes de que estas lleguen a materializarse.

La relevancia de Marruecos como dique de contención es hoy más crítica que nunca debido a la situación en el Sahel. Esta vasta franja geográfica se ha convertido en el epicentro mundial del yihadismo, concentrando más de la mitad de las víctimas por terrorismo a nivel global. En países como Burkina Faso, Mali y Níger, la porosidad de las fronteras y la fragilidad institucional han permitido que grupos como el JNIM y las filiales del Estado Islámico expandan su influencia, amenazando con proyectar su violencia hacia el flanco sur de Europa. En este contexto, la capacidad de control territorial de Marruecos y su modelo de islam moderado actúan como un baluarte estratégico que estabiliza una región marcada por amenazas híbridas y digitales.

La posición de Marruecos en el panorama internacional queda avalada por el Índice Mundial del Terrorismo (GTI) de 2026. El informe del Institute for Economics and Peace destaca que el Reino ha logrado mantener una puntuación de cero en incidencia terrorista, situándose entre los países más seguros del mundo y consolidándose como un "santuario de estabilidad". Esta trayectoria, que no registra atentados en su territorio desde hace años, refleja una estrategia multidimensional que combina la excelencia operativa con políticas de desarrollo inclusivas y programas de desradicalización que abordan las raíces ideológicas del extremismo.

Finalmente, la operación de este miércoles corona un largo proceso de asociación estratégica entre Rabat y Madrid. Desde marzo de 2014, la colaboración bilateral ha permitido el desmantelamiento de más de 30 células terroristas y la detención de 150 presuntos yihadistas en operaciones conjuntas.

Esta alianza, que trasciende la mera vecindad geográfica, se ha convertido en un modelo de diplomacia de seguridad esencial para la protección del Mediterráneo occidental. A medida que las redes terroristas se adaptan y tecnifican, la respuesta coordinada de los servicios de inteligencia marroquíes y españoles sigue demostrando ser la herramienta más eficaz para frustrar complots que atentan contra la seguridad y la paz internacional.

 

El fantasma de la estanflación acecha de nuevo el planeta.

Tres semanas después del bloqueo del principal pulmón petrolero del planeta, la economía mundial se enfrenta a un shock de dimensiones históricas. La combinación de una inflación desbocada y una recesión inminente amenaza con superar la severidad de la crisis de 1973, forzando un reordenamiento forzoso del orden económico global.

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Buenos Aires - Apenas tres semanas después de que Irán decretara el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz en represalia por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra sus instalaciones militares y energéticas, la economía mundial se encuentra al borde de un shock petrolero de dimensiones históricas que amenaza con combinar inflación desbocada y recesión simultánea, un escenario que evoca con crudeza la crisis de 1973 pero que, por su escala y rapidez, podría superarla en severidad.

El principal chokepoint del petróleo global –por donde transitaban antes del conflicto unos 20 millones de barriles diarios, equivalentes al 20% del suministro mundial y al 20% del gas natural licuado transportado por mar– ha visto su tráfico caer de más de cien petroleros al día a prácticamente cero. Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait y Qatar han declarado fuerza mayor y recortado su producción entre un 10% y un 70%, según los casos. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) no ha dudado en calificar esta disrupción como “la mayor crisis energética de la historia” y ha procedido a la liberación récord de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, cantidad equivalente a cuatro días de consumo mundial.

Los precios han respondido con una velocidad nunca vista en conflictos recientes. El barril de Brent pasó en días de entre 70 y 80 dólares a superar los 100, con picos registrados de 126 dólares, mientras el crudo Dubai llegó a 166. El gas natural en Europa se duplicó temporalmente y el gas natural licuado (GNL) se encareció un 100%. Si el cierre se prolonga más de un mes –y todo indica que la situación evoluciona día a día sin visos de solución inmediata–, los analistas proyectan niveles de 150 a 200 dólares por barril, cifras que multiplicarían el impacto inflacionario. Este shock no es selectivo como el embargo árabe de 1973, que redujo apenas entre un 5% y un 7% del suministro mundial (unos cinco millones de barriles diarios menos) durante cinco meses. Entonces los precios se cuadruplicaron de unos 3 dólares a 11,65 en enero de 1974. Ahora la interrupción física y militar afecta de forma simultánea a la mayor parte de las exportaciones del Golfo y genera un efecto dominó inmediato sobre combustibles, fertilizantes, plásticos y transporte.

Los sectores más expuestos son precisamente aquellos que dependen de forma crítica del petróleo y sus derivados. El transporte –por carretera, aéreo y marítimo– afronta alzas brutales en carburantes: en California la gasolina ya supera los 5 dólares por galón, lo que encarece la logística global y los fletes. La industria petroquímica, base de plásticos, envases y miles de productos cotidianos, ve dispararse sus costos de producción. La agricultura sufre doblemente: los fertilizantes, elaborados a partir de gas natural, se encarecen de forma dramática, amenazando cosechas y precios de alimentos en todo el planeta. La aviación y el sector manufacturero completan el panorama de vulnerabilidades, con márgenes de beneficio comprimidos y posibles cierres de fábricas si la escasez se agrava. Según el experto en energía Daniel Yergin, esta es “la mayor disrupción de suministro en la historia del mercado petrolero global”, y sus consecuencias no se limitarán a los precios: alterarán cadenas de valor enteras y forzarán ajustes estructurales que podrían prolongarse hasta bien entrada la década.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, ha sido tajante: “Ningún país quedará inmune” a los efectos de esta crisis. “La economía mundial está bajo una amenaza mayor”, advirtió tras la liberación de reservas, subrayando que el cierre de Ormuz representa un desafío de seguridad energética sin precedentes desde los años setenta. Economistas como David Bassanese, jefe de BetaShares, ya hablan abiertamente de un “momento estanflacionario” en el que el crecimiento se debilitaría mientras los bancos centrales se verían limitados para bajar tipos ante la presión inflacionaria. “Si el petróleo se mantiene por encima de 100 dólares y la disrupción continúa, enfrentaremos crecimiento débil pero inflación alta que impedirá una respuesta monetaria ágil”, explicó. En paralelo, Sal Guatieri, de BMO Capital Markets, describe la situación estadounidense como el “segundo shock estanflacionario en un año”, tras las tensiones comerciales previas.

Estados Unidos, pese a su mayor autosuficiencia gracias al shale oil, no escapa al vendaval. Los precios de la gasolina en estados clave como California ya superan los cinco dólares por galón, alimentando una inflación que el mercado laboral –con riesgo de ralentización– no podrá absorber fácilmente. El PIB podría recortarse hasta un 1,5% si el barril se estabiliza en 120 dólares, según estimaciones de Capital Group.

Europa, mucho más dependiente de importaciones, afronta un escenario aún más delicado: los precios del gas se han duplicado temporalmente y el continente, todavía recuperándose de la crisis ucraniana, ve amenazada su industria pesada y su capacidad para mantener la competitividad.

China, el mayor importador mundial de crudo, con la mitad de sus compras transitando históricamente por Ormuz, sufre presión directa sobre su sector manufacturero y químico. Analistas de The Asia Group advierten que costos energéticos sostenidos en 90-100 dólares por barril erosionarían los márgenes de las industrias intensivas en energía y frenarían el objetivo de estimular el consumo interno, restando décimas al crecimiento del gigante asiático.

Rusia, en cambio, emerge como uno de los pocos beneficiados a corto plazo. El alza de los precios le ha permitido incrementar sus ingresos energéticos en unos 150 millones de dólares diarios, según estimaciones de mercado, y ha facilitado un alivio temporal de sanciones occidentales para estabilizar los precios globales. Moscú, que ya exportaba a India y China a precios preferenciales, ve reforzada su posición fiscal en plena negociación sobre Ucrania. Sin embargo, el Kremlin tampoco está exento de riesgos: una recesión global prolongada terminaría reduciendo la demanda de sus hidrocarburos.

Los países del Tercer Mundo, y muy especialmente los de Sudamérica, enfrentan el “doble golpe” que ya sufrieron en los años ochenta: inflación importada y caída de la demanda de sus exportaciones primarias. La deuda externa de las economías emergentes, que ya se encontraba en niveles elevados, podría dispararse de nuevo si los costos de energía y transporte se mantienen altos durante meses. En América Latina el panorama es mixto, según Goldman Sachs: naciones productoras como Brasil y México podrían captar dólares extra por el alza del crudo, pero los importadores netos y las economías más vulnerables verán agravada su inflación y desacelerado su crecimiento regional, revisado a la baja hasta el 2,1% para 2026.

Argentina, en particular, se encuentra en una posición especialmente delicada. Aunque Vaca Muerta le permite aspirar a mayores exportaciones de crudo y gas –lo que generaría divisas en un contexto de escasez global–, el impacto inmediato es negativo y se multiplica por su alta inflación estructural. Los combustibles locales se encarecen de inmediato, las tarifas de transporte suben y los fertilizantes –cruciales para la cosecha récord de soja y maíz esperada– disparan los costos del sector agroexportador, principal motor de dólares del país. Los fletes marítimos y los seguros también se han incrementado por la disrupción logística global.

Analistas locales como Marcelo Elizondo advierten que el efecto neto será inflacionario y contractivo: “Esto sube los costos y finalmente termina haciendo que suban los precios de los commodities agrícolas también”, ha señalado, recordando que Argentina no depende directamente del estrecho para exportar granos pero sí sufre el encarecimiento indirecto de toda la cadena. Si el cierre persiste, el país podría ver cómo su ya frágil equilibrio macroeconómico se desestabiliza aún más, con riesgo de mayor presión cambiaria y menor margen para políticas expansivas.

Los paralelismos con 1973 son inevitables pero también reveladores de diferencias cruciales. Aquella crisis puso fin a la era de prosperidad de posguerra, generó estanflación, contrajo el PIB estadounidense un 6% y duplicó el desempleo en muchos países occidentales. El consumo de petróleo cayó entre un 6% y un 7% en Occidente y los países en desarrollo vieron explotar su deuda de 75.000 millones de dólares en 1970 a más de 600.000 millones en 1980.

Hoy, tres semanas después del cierre de Ormuz, los efectos macroeconómicos completos –recesión confirmada– aún no se han materializado, pero los expertos coinciden en que nos encontramos ante la mayor crisis energética desde los años setenta. Si el estrecho no se reabre pronto, los efectos de 2026 podrían no solo igualar sino superar en magnitud y rapidez a los de 1973, acelerando una transformación estructural de la economía mundial: mayor conciencia sobre la vulnerabilidad energética, reordenamiento de rutas comerciales y un nuevo equilibrio de poder entre productores y consumidores.

Mientras los mercados financieros oscilan y los gobiernos liberan reservas de emergencia, la pregunta que recorre las cancillerías y las salas de juntas es la misma que en octubre de 1973: ¿hasta dónde llegará este shock y cuánto tiempo tardará el mundo en adaptarse a un petróleo que ya no es barato ni garantizado? La respuesta, por ahora, se escribe día a día en las aguas del Golfo Pérsico.