Francia y Marruecos sellan una nueva etapa estratégica en Rabat

La decimoquinta Reunión de Alto Nivel celebrada en Rabat el 16 de julio de 2026 marca un hito en las relaciones entre Francia y Marruecos, consolidando una alianza estratégica que trasciende los vínculos históricos para proyectarse como un eje fundamental en la estabilidad del Mediterráneo occidental y el desarrollo africano.

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Buenos Aires - Copresidida por el jefe del Gobierno marroquí, Aziz Akhannouch, y el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, esta cumbre no solo reactiva un mecanismo de diálogo interrumpido desde 2019, sino que institucionaliza una convergencia política y económica de profundo calado, impulsada por una visión compartida de los desafíos geopolíticos contemporáneos.

El encuentro se inscribe en el marco de la Asociación de Excepción Reforzada inaugurada durante la visita de Estado del presidente Emmanuel Macron a Marruecos en octubre de 2024. Aquella ocasión ya había sentado las bases de una relación renovada, pero la cita de Rabat eleva esa ambición a un nivel de coordinación gubernamental integral. Participaron delegaciones ministeriales de alto perfil que reflejaron la transversalidad de los intereses bilaterales. Por parte marroquí, junto a Akhannouch, destacaron figuras como el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit; la ministra de Economía y Finanzas, Nadia Fettah; el ministro de Industria y Comercio, Ryad Mezzour; y el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita. La delegación francesa, encabezada por Lecornu, incluyó al ministro para Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot; al ministro del Interior, Laurent Núñez; y responsables de economía, defensa, cultura y digitalización, entre otros.

En el corazón de esta convergencia destaca el firme respaldo francés al Plan de Autonomía propuesto por Marruecos como la solución más seria, creíble y realista al diferendo del Sáhara. Sébastien Lecornu reafirmó esta posición durante la comparecencia conjunta, describiéndola como una orientación permanente de la política exterior gala, “clara, firme y destinada a mantenerse en el tiempo”. “Francia permanecerá al lado de Marruecos, leal y fielmente”, enfatizó el primer ministro, subrayando que el apoyo no responde a coyunturas políticas sino a una redefinición estratégica de largo alcance. Esta postura, consolidada desde el mensaje de Macron con motivo de la Fiesta del Trono en 2024 y reforzada en Rabat, fortalece la legitimidad internacional de la iniciativa marroquí y alinea a París con una tendencia creciente en la comunidad internacional.

El respaldo al Plan de Autonomía para el Sáhara no constituye un elemento aislado, sino el fundamento político que habilita una agenda de cooperación ambiciosa en múltiples frentes. Los acuerdos firmados durante la jornada —alrededor de una docena de instrumentos jurídicos— traducen esta voluntad en compromisos concretos. Entre ellos sobresale la carta de intenciones suscrita por Nasser Bourita y Jean-Noël Barrot para reforzar la coordinación en política exterior y foros multilaterales, simbolizando una diplomacia concertada. En infraestructuras, Francia confirmó su apoyo financiero a la línea de alta velocidad entre Kenitra y Marrakech, proyecto emblemático para la conectividad marroquí.

La gestión de recursos hídricos recibió atención prioritaria mediante una declaración conjunta que amplía compromisos previos con la Agencia Francesa de Desarrollo, orientada a la planificación hidráulica, modernización de infraestructuras y adaptación al cambio climático. En educación, se firmó un instrumento para fortalecer la enseñanza del árabe, la historia y la geografía de Marruecos en las instituciones francesas del Reino, promoviendo un modelo bilingüe que enriquece los lazos culturales seculares. La cooperación en transporte aéreo se vio impulsada por un plan de acción 2026-2028, mientras que en el ámbito marítimo se estableció una alianza entre instituciones académicas de ambos países.

Avances económicos incluyen el acuerdo con el grupo La Poste para modernizar servicios postales y adaptarlos a la digitalización y el comercio electrónico. En cultura, memorandos de entendimiento impulsan intercambios artísticos, patrimonio, industrias creativas y cooperación cinematográfica con proyección africana. La investigación científica se beneficia de convenios entre entidades como el Laboratorio Público de Ensayos y Estudios de Marruecos y CEREMA, o el Instituto Agronómico Hassan II y CIRAD, en campos como ingeniería, agricultura y acuicultura. No menos relevante resulta el lanzamiento de procedimientos para una interconexión eléctrica submarina entre Nador y Marsella, que podría posicionar a Marruecos como plataforma de energías renovables hacia Europa.

La dimensión de seguridad ocupó un lugar destacado. Lecornu elogió la “excelente coordinación” entre servicios policiales, judiciales e inteligencia en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico, trata de personas e inmigración irregular, anunciando avances hacia un acuerdo global que institucionalice esta colaboración modélica. Estos logros operativos subrayan cómo la confianza política recuperada multiplica la eficacia conjunta frente a amenazas transnacionales.

Desde una perspectiva más amplia, la XV Reunión de Alto Nivel refleja las profundas transformaciones en el posicionamiento internacional de ambos actores. Marruecos ha diversificado sus alianzas sin descuidar su anclaje europeo, consolidándose como puente entre Europa, África y el Atlántico. Francia, por su parte, ante las mutaciones en el Sahel y la competencia global en el continente, identifica en Rabat un socio indispensable para preservar influencia y promover una cooperación pragmática y mutuamente beneficiosa. África ocupó un espacio central en las discusiones, con énfasis en modelos de asociación basados en inversión, transferencia tecnológica y creación de capacidades, superando enfoques asistencialistas tradicionales.

Analistas de instituciones como el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) y el Instituto Real de Estudios Estratégicos de Marruecos coinciden en que esta convergencia responde a intereses compartidos en seguridad regional, transición energética, conectividad y desarrollo sostenible. El sector empresarial de ambos lados valora las oportunidades en movilidad, inteligencia artificial, aeronáutica, automoción y energías limpias, respaldadas por la estabilidad institucional marroquí y su red de infraestructuras modernas.

La cumbre también proyecta hacia el futuro: prepara una eventual visita oficial del rey Mohammed VI a Francia y la negociación de un tratado bilateral de amistad, el primero que Francia suscribiría con un país fuera de la Unión Europea. Este instrumento excepcional coronaría la institucionalización de una relación que ya no se limita a la reactivación de lazos históricos, sino que aspira a configurar una auténtica comunidad estratégica.

En un mundo marcado por incertidumbre geopolítica, volatilidad energética y amenazas transnacionales, la alianza franco-marroquí emerge como modelo de asociación estable y visionaria. Lejos de resolver meras tensiones pasadas —como las vividas entre 2021 y 2024 por discrepancias migratorias y percepciones sobre el Sáhara—, la reunión de Rabat ha sentado las bases de una interdependencia operativa que influirá decisivamente en el equilibrio mediterráneo y africano de las próximas décadas. Con rigor en la ejecución de los compromisos asumidos, esta nueva etapa promete no solo fortalecer los lazos bilaterales, sino redefinir dinámicas regionales en favor de la prosperidad y la estabilidad compartidas.

 

¿Una nueva cruzada ideológica? La ofensiva de Washington contra la "extrema izquierda violenta" reabre viejos dilemas sobre seguridad, democracia y libertades

 

La decisión de la Administración de Donald Trump de convocar en Washington a representantes de más de sesenta países para impulsar una estrategia internacional contra lo que denomina el "resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda" constituye uno de los movimientos doctrinarios más trascendentes de la política exterior estadounidense desde el final de la Guerra Fría.

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Buenos Aires - Presentada por el secretario de Estado, Marco Rubio, como el inicio de una nueva arquitectura global de cooperación antiterrorista, la iniciativa contra la extrema izquierda aspira a identificar, perseguir y desarticular redes revolucionarias, anarquistas y antifascistas consideradas violentas. Sin embargo, también ha abierto un intenso debate acerca de los límites conceptuales del terrorismo, el riesgo de criminalizar la disidencia política y la posibilidad de que Estados Unidos esté inaugurando una nueva etapa de confrontación ideológica cuya lógica recuerda, para numerosos especialistas, algunos de los rasgos más inquietantes del macartismo.

Durante décadas, la agenda internacional de Washington estuvo dominada por amenazas claramente identificables. Primero fue la confrontación bipolar con la Unión Soviética; posteriormente, el terrorismo islamista monopolizó la atención de las agencias de inteligencia y de los organismos encargados de la seguridad nacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ahora, la Administración Trump sostiene que una amenaza diferente, largamente ignorada, ha vuelto a adquirir dimensiones transnacionales: el terrorismo político inspirado en ideologías revolucionarias de izquierda.

En el discurso inaugural de la reunión ministerial celebrada en el Departamento de Estado, Marco Rubio afirmó que la violencia revolucionaria de inspiración marxista, comunista, anarquista o antifascista nunca desapareció completamente y que actualmente experimenta un proceso de reorganización internacional. Según el secretario de Estado, los ataques contra infraestructuras críticas, laboratorios, redes eléctricas, oleoductos y otros objetivos estratégicos formarían parte de una renovada ofensiva contra las democracias occidentales.

La reunión reunió a delegaciones de alrededor de sesenta y siete países —principalmente europeos, aunque también americanos y asiáticos—, si bien en numerosos casos las representaciones estuvieron encabezadas por embajadores o funcionarios técnicos y no por ministros de Relaciones Exteriores. Israel fue el único país de Oriente Medio presente oficialmente.

Más allá del contenido operativo de la iniciativa, el verdadero alcance del encuentro reside en el cambio doctrinal que supone. Rubio planteó la necesidad de reconstruir la arquitectura internacional del contraterrorismo mediante un intercambio intensivo de inteligencia, cooperación judicial, rastreo financiero y coordinación policial para identificar redes que, según Washington, han escapado durante décadas al escrutinio internacional.

Sin embargo, apenas pronunciadas las primeras intervenciones oficiales comenzaron también las críticas. Numerosos exfuncionarios del propio Departamento de Estado, especialistas en contraterrorismo y académicos cuestionaron tanto el diagnóstico como las prioridades establecidas por la nueva estrategia. Para ellos, el terrorismo de extrema izquierda existe, pero su magnitud actual dista considerablemente de representar la principal amenaza para la seguridad occidental, especialmente si se compara con el extremismo yihadista o con diversas formas de violencia de extrema derecha.

Ese debate remite a una cuestión extraordinariamente compleja: ¿qué debe entenderse exactamente por "extrema izquierda violenta"?

La dificultad no es menor. En la práctica conviven bajo esa denominación organizaciones históricas claramente terroristas —como Sendero Luminoso, las Brigadas Rojas italianas, la Fracción del Ejército Rojo alemana, Weather Underground o las antiguas organizaciones guerrilleras latinoamericanas— con colectivos anarquistas, movimientos antifascistas descentralizados, grupos antisistema, organizaciones de acción directa e incluso activistas cuya actuación se limita a protestas radicalizadas pero protegidas por el derecho constitucional de manifestación.

El propio caso de Antifa ilustra esa ambigüedad. Diversos organismos estadounidenses, incluido el FBI durante el primer mandato de Trump, señalaron reiteradamente que Antifa constituye más una corriente ideológica o un conjunto descentralizado de colectivos que una organización jerárquica dotada de una estructura de mando identificable. Esa característica plantea enormes desafíos jurídicos cuando se pretende aplicar categorías propias del terrorismo internacional a un fenómeno extremadamente difuso.

Precisamente allí aparece uno de los principales temores expresados por juristas y organizaciones dedicadas a la defensa de las libertades civiles. La ausencia de una definición objetiva y universalmente aceptada de "extrema izquierda violenta" puede terminar ampliando peligrosamente el margen de discrecionalidad del poder político.

La historia ofrece abundantes ejemplos de cómo categorías inicialmente diseñadas para combatir organizaciones armadas acabaron utilizándose para perseguir adversarios ideológicos, movimientos sindicales, organizaciones estudiantiles o simples opositores políticos.

Es inevitable, en ese contexto, que resurja la comparación con el macartismo.

Durante los primeros años de la Guerra Fría, el senador Joseph McCarthy convirtió la sospecha de simpatías comunistas en un instrumento político de enorme eficacia. Miles de ciudadanos estadounidenses fueron investigados, despedidos o marginados profesionalmente sin pruebas concluyentes de haber cometido delito alguno. Bastaba la sospecha de afinidad ideológica para desencadenar procesos administrativos, investigaciones parlamentarias o campañas públicas de descrédito.

Naturalmente, las circunstancias actuales son muy diferentes. Nadie sostiene que Estados Unidos haya regresado mecánicamente a la década de 1950. Sin embargo, varios especialistas advierten que ciertas dinámicas discursivas —la identificación de amplios sectores ideológicos como amenazas potenciales para la seguridad nacional, la ampliación del concepto de terrorismo y la utilización de categorías políticas poco precisas— recuerdan algunos de aquellos mecanismos históricos.

La propia cobertura periodística estadounidense recoge las preocupaciones expresadas por antiguos responsables del área de contraterrorismo, quienes consideran que la amenaza está siendo amplificada y politizada, mientras otras formas de extremismo continúan representando riesgos objetivamente mayores.

Existe, sin embargo, otro aspecto del discurso de Rubio que difícilmente pueda descartarse como mera retórica política.

El secretario de Estado dedicó una parte significativa de su intervención al papel desempeñado históricamente por Cuba en la formación y apoyo de numerosos movimientos insurgentes latinoamericanos durante la Guerra Fría. Recordó expresamente el entrenamiento proporcionado por el régimen de Fidel Castro a miles de guerrilleros procedentes de distintos países del continente y sostuvo que la red política e ideológica construida desde La Habana contribuyó decisivamente al desarrollo de organizaciones revolucionarias en América y otras regiones.

Sobre este punto, la evidencia histórica es considerable. Desde comienzos de los años sesenta, Cuba impulsó una política activa de apoyo a movimientos revolucionarios en América Latina y África. La Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), las actividades del Departamento América del Partido Comunista Cubano y el entrenamiento militar impartido a cuadros insurgentes fueron ampliamente documentados tanto por investigaciones académicas como por archivos desclasificados.

Las guerrillas colombianas, organizaciones centroamericanas, movimientos revolucionarios del Cono Sur y diversas experiencias insurgentes recibieron, en distintos momentos y con diferente intensidad, respaldo político, entrenamiento o asistencia desde La Habana. Esa política constituyó uno de los principales factores de tensión hemisférica durante décadas.

Paradójicamente, Washington parece reconocer ahora, con una contundencia institucional inédita, una realidad histórica cuya importancia fue objeto de intensos debates durante buena parte del siglo XX. Para muchos observadores, ese reconocimiento llega cuando el escenario latinoamericano ha cambiado profundamente y las antiguas guerrillas han desaparecido, se han transformado en partidos políticos o han evolucionado hacia fenómenos de naturaleza distinta.

Las implicaciones diplomáticas de la nueva estrategia aún están por definirse. América Latina presenta hoy un mosaico político extraordinariamente diverso, donde conviven gobiernos de distintas orientaciones ideológicas que mantienen relaciones normales con Washington.

En ese contexto, inevitablemente surgirán interrogantes sobre cómo influirá esta nueva doctrina en la relación de Estados Unidos con administraciones como las de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Claudia Sheinbaum en México. Ambos gobiernos mantienen posiciones políticas claramente diferenciadas de la actual Administración estadounidense en numerosos asuntos internacionales y han sostenido relaciones diplomáticas con gobiernos de izquierda de la región. Sin embargo, ello no equivale, por sí mismo, a un respaldo a organizaciones violentas. La forma en que Washington delimite esa diferencia será determinante para evitar que una estrategia antiterrorista derive en una fuente permanente de fricciones diplomáticas.

Otro tanto ocurre con Venezuela. Durante los últimos años, la política estadounidense hacia el gobierno de Nicolás Maduro ha alternado sanciones económicas, reconocimiento de dirigentes opositores y negociaciones puntuales destinadas, entre otros objetivos, a facilitar intercambios humanitarios, procesos electorales o cuestiones energéticas. En ese marco se han producido contactos con altos funcionarios venezolanos, incluidos miembros del círculo dirigente. Tales contactos han sido interpretados por algunos sectores como una muestra de pragmatismo diplomático y por otros como una señal de flexibilización. La nueva estrategia obligará previsiblemente a Washington a explicar cómo concilia esas negociaciones con una doctrina que enfatiza el combate global contra organizaciones y redes consideradas violentas.

Más allá de América Latina, la iniciativa impulsada por Rubio refleja un fenómeno de mayor alcance: la creciente tendencia de las democracias occidentales a ampliar el concepto de seguridad nacional para abarcar amenazas híbridas, redes descentralizadas, campañas de sabotaje, radicalización digital y nuevas formas de violencia política que no encajan fácilmente en las categorías tradicionales del terrorismo.

Ese proceso plantea desafíos considerables. Combatir eficazmente a quienes recurren a la violencia política constituye una obligación indeclinable de cualquier Estado democrático. Pero preservar simultáneamente las libertades civiles exige definiciones precisas, estándares probatorios rigurosos y mecanismos institucionales capaces de distinguir con claridad entre terrorismo, violencia organizada, protesta radical y oposición política legítima.

La historia enseña que las democracias suelen enfrentarse a sus pruebas más difíciles precisamente cuando intentan defenderse de quienes buscan destruirlas. El éxito de la nueva estrategia estadounidense no dependerá únicamente de su capacidad para desarticular redes violentas. También será juzgado por su aptitud para evitar que la legítima lucha contra el terrorismo termine erosionando aquellos principios constitucionales y democráticos cuya protección constituye, en última instancia, la razón de ser de cualquier política de seguridad.

 

Mohammed VI, gran artífice del puente atlántico: el libro revelador de Hicham Lakhal

En un mundo que reconfigura sus ejes geopolíticos con rapidez, el libro de Hicham Lakhal, Su Majestad el Rey Mohammed VI, gran artífice de la integración atlántica África-América Latina, ilumina un proceso diplomático poco explorado pero de creciente relevancia: la construcción, bajo el impulso de Mohammed VI, de un corredor de cooperación entre las orillas africana y latinoamericana del Atlántico Sur.

Contenido:

Buenos Aires - Fruto de más de dos décadas de investigación de campo y testimonios de alto nivel, la obra no solo reconstruye dos décadas de acercamiento, sino que propone una interpretación ambiciosa sobre el papel estratégico de Marruecos en la emergencia de un nuevo espacio atlántico.

Durante décadas, las relaciones entre África y América Latina permanecieron marcadas por una paradoja elocuente. Dos regiones unidas por legados coloniales compartidos, flujos humanos ancestrales y aspiraciones paralelas de desarrollo se mantuvieron, sin embargo, distantes en los ámbitos diplomático, comercial, científico y cultural. El Atlántico actuaba más como barrera que como vínculo. Ese panorama comenzó a transformarse de forma sostenida en las primeras décadas del siglo XXI, y Marruecos emergió como uno de los actores africanos más dinámicos en la construcción de puentes hacia América Latina. La apertura de canales diplomáticos, la profundización de lazos económicos, la cooperación Sur-Sur y la consolidación institucional marroquí configuraron un nuevo escenario de diálogo frecuente y agendas convergentes.

Precisamente ese proceso constituye el núcleo de Su Majestad el Rey Mohammed VI, gran artífice de la integración atlántica África-América Latina, la más reciente obra del periodista, traductor e investigador marroquí Hicham Lakhal, publicada por el Centro Cultural Mohammed VI para el Diálogo de las Civilizaciones en Coquimbo, Chile. Sus casi 284 páginas sintetizan años de trabajo riguroso en diversos países latinoamericanos, sustentados en una rica base documental y más de sesenta testimonios de presidentes, cancilleres, parlamentarios, académicos y diplomáticos. Lejos de una mera cronología de eventos, el volumen ofrece una lectura de largo aliento sobre el lugar de Marruecos en la arquitectura política del Atlántico contemporáneo. Lakhal argumenta que la política exterior impulsada por Mohammed VI ha transformado relaciones periféricas en un espacio estratégico de cooperación entre ambas regiones.

La publicación trasciende el interés académico estricto. En una era de reordenamiento internacional, fortalecimiento del Sur Global y búsqueda de nuevas alianzas, el libro invita a repensar el Atlántico más allá del eje euroatlántico tradicional. Mientras la atención global se concentra en competiciones entre grandes potencias o en conflictos del Mediterráneo, Indo-Pacífico y mar de China Meridional, Lakhal enfoca un escenario menos estudiado pero cada vez más pertinente: la consolidación de un corredor político, económico y cultural que une el noroeste africano con América Latina mediante diplomacia de cooperación, diálogo y intercambio societal.

Esta visión no es casual. Desde hace más de veinte años, Marruecos ha desplegado una política exterior activa en África occidental, Europa, Oriente Medio y América Latina, ampliando su presencia diplomática y diversificando asociaciones. Bajo Mohammed VI, desde 1999, el Reino ha impulsado una estrategia caracterizada por acuerdos económicos, inversiones, expansión empresarial y mayor intensidad diplomática. América Latina, antes marginal, pasó a ser un escenario clave para proyectar una imagen renovada del país, anclada en sus transformaciones internas y en un acercamiento político-cultural deliberado.

El punto de inflexión, según Lakhal, fue la histórica gira de Mohammed VI en 2004 por México, Brasil, Perú, Chile y Argentina: la primera visita de un soberano marroquí a la región. Aquel viaje no se limitó a protocolos; inauguró una política de largo plazo orientada a vínculos permanentes. El libro reconstruye cómo evolucionó esa estrategia, mostrando el cambio en la percepción latinoamericana hacia Marruecos. Este cambio no obedeció solo a la actividad diplomática, sino a las profundas transformaciones del Reino: expansión de infraestructuras, desarrollo industrial automotriz y aeronáutico, el tren de alta velocidad Al Boraq, la modernización de Tanger Med, el auge de las energías renovables y su consolidación como economía dinámica en África. Testimonios recogidos por el autor, como los del expresidente peruano Alejandro Toledo, Luiz Inácio Lula da Silva o Roberto León, subrayan el papel central de Mohammed VI en la integración de América Latina con el mundo árabe y africano, marcando “un antes y un después”.

Uno de los méritos del volumen radica en su capacidad para integrar la historia diplomática, el periodismo de investigación y la geopolítica contemporánea. Lakhal combina documentación oficial con entrevistas de campo realizadas durante años, otorgando voz a quienes condujeron los procesos. Este enfoque refleja la trayectoria singular de su autor, cuya carrera encarna la intersección entre periodismo internacional, investigación académica y diplomacia pública.

Hicham Lakhal pertenece a una generación de periodistas marroquíes que ha recorrido el espacio iberoamericano con profundidad. Formado en Fez y Tánger, obtuvo su doctorado en Lenguas y Culturas del Mundo Ibérico e Iberoamericano en la Universidad Hassan II de Casablanca. Su tesis doctoral analizó la evolución del conflicto del Sahara marroquí en América Latina entre 2004 y 2022, uno de los estudios más exhaustivos sobre el tema desde Marruecos. Su experiencia profesional en la Agencia Marroquí de Prensa (MAP) resultó decisiva: corresponsal en Caracas, luego en Buenos Aires, director del polo para América del Sur en Argentina y, posteriormente, director de Medios en Rabat. Estos años no solo le permitieron cubrir eventos, sino construir una red excepcional de contactos con presidentes, ministros, parlamentarios, académicos y diplomáticos. Esa red se convirtió en el corazón documental del libro.

Paralelamente, Lakhal ha producido documentales como Marruecos visto por América Latina (2019) y El conflicto del Sahara en América Latina (2022), y ejerce como investigador asociado al Laboratorio de Estudios Geopolíticos Argentinos de la Universidad de Buenos Aires. Su labor como traductor al español y su inserción académica en Argentina completan un perfil que combina práctica periodística con reflexión universitaria. Como destaca la embajadora de Marruecos en Chile, Kenza El Ghali, en el prólogo, el libro nace del contacto directo con los protagonistas latinoamericanos, no de una aproximación teórica distante. Esta experiencia confiere al texto un carácter testimonial único, convirtiéndolo en un amplio archivo oral sobre dos décadas de relaciones.

La tesis central del libro articula que la política exterior del rey Mohammed VI representa una estrategia de largo plazo para construir un espacio de cooperación permanente entre África y América Latina. Lakhal habla de “integración atlántica”, concepto que amplía la noción tradicional del Atlántico —históricamente centrado en el hemisferio norte— para reconocer la personalidad geopolítica propia del Atlántico meridional. Ambas regiones comparten desafíos en desarrollo económico, transición energética, seguridad alimentaria, cambio climático y recursos naturales, además de una historia de intercambios humanos. La diplomacia marroquí, según el autor, ha privilegiado el diálogo Sur-Sur, articulando iniciativas entre África, el mundo árabe y América Latina mediante representaciones diplomáticas, visitas oficiales, acuerdos, programas culturales y vínculos empresariales.

El análisis evita una lectura exclusivamente institucional. Lakhal examina la construcción de percepciones, confianza y densidad relacional multidimensional: económica, cultural, universitaria, parlamentaria, mediática y deportiva. Destaca el rol del periodismo en la transformación de la imagen de Marruecos en América Latina, de un país asociado a episodios conflictivos a uno vinculado con modernización, innovación y estabilidad. En este sentido, recoge apreciaciones como las del autor de este artículo, quien observa que Marruecos se ha convertido en sinónimo de grandes proyectos tecnológicos e industriales, o del internacionalista peruano Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien lo identifica como puerta natural de entrada a África para América Latina.

Un capítulo especialmente relevante aborda la evolución de las posiciones latinoamericanas respecto del Sahara. Lakhal documenta cómo, en paralelo al fortalecimiento general de las relaciones, aumentó el respaldo a la iniciativa marroquí de autonomía como base realista para una solución negociada en Naciones Unidas. Este cambio no responde solo a una diplomacia específica, sino al contexto más amplio de mayor conocimiento mutuo e intereses compartidos. El autor contextualiza estos giros dentro de las alternancias políticas latinoamericanas y la creciente importancia de la política africana en la región, proyectando a Marruecos como articulador entre Mediterráneo, África, mundo árabe y América Latina.

Uno de los aportes conceptuales más originales es la noción de “Marruecos latino”. Lakhal argumenta que la identidad plural del Reino —africana, árabe, amazigh, mediterránea y atlántica— lo habilita como puente natural entre continentes y civilizaciones. Esta premisa histórica y cultural sustenta una visión del Atlántico Sur como espacio civilizatorio compartido, cuya articulación incompleta durante siglos puede completarse en el siglo XXI. En este marco, el libro explora perspectivas futuras de integración que abarcan comercio, energía, conectividad marítima, investigación y diplomacia integral, involucrando no solo gobiernos sino sociedades, universidades, empresas y parlamentos.

La importancia del libro de Hicham Lakhal radica en su carácter pionero y documental. Mientras los estudios previos sobre las relaciones Marruecos-América Latina eran fragmentarios y puntuales, esta obra ofrece una visión integradora sustentada en un corpus excepcional de fuentes primarias. Combina rigor académico con narrativa fluida y accesible, sin caer en tecnicismos excesivos, lo que la convierte en referencia para diplomáticos, investigadores, estudiantes y un público amplio interesado en la geopolítica contemporánea.

En un contexto de redistribución del poder mundial y auge del Sur Global, Lakhal no solo reconstruye el pasado reciente sino que proyecta el futuro de una asociación con potencial aún mayor. Su trayectoria personal —entre Rabat, Caracas, Buenos Aires y otras capitales— enriquece la obra con una perspectiva situada en ambas realidades, rompiendo visiones periféricas y proponiendo una nueva geografía diplomática donde el Atlántico se transforma en espacio de encuentro.

Así, Su Majestad el Rey Mohammed VI, gran artífice de la integración atlántica África-América Latina se erige como testimonio del surgimiento de dinámicas que redefinen la política internacional. Con ambición analítica y riqueza testimonial, Hicham Lakhal ofrece una de las reconstrucciones más completas disponibles sobre una transformación diplomática en curso, cuyo principal motor ha sido la visión estratégica de Mohammed VI. En tiempos de incertidumbre global, esta obra invita a contemplar con renovada atención el potencial de alianzas horizontales entre regiones que, separadas por océanos, descubren cada vez más su complementariedad profunda.

 

Marruecos da un paso decisivo hacia la paz en Gaza: la apuesta de Mohammed VI por convertir la diplomacia en acción

 

La adhesión de Marruecos a la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza marca un punto de inflexión en la implicación del Reino en la búsqueda de una salida política al conflicto palestino-israelí. La decisión, adoptada por expresas directivas del rey Mohammed VI, trasciende el ámbito de la cooperación militar para proyectar una estrategia que combina diplomacia, asistencia humanitaria y reconstrucción institucional. Con esta iniciativa, Rabat no solo reafirma su respaldo histórico al pueblo palestino, sino que se sitúa entre los principales actores internacionales llamados a participar en la estabilización de la Franja y en la construcción del complejo escenario de la posguerra.

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Buenos Aires - La firma del Acuerdo de participación de Marruecos en la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza constituye uno de los acontecimientos diplomáticos más relevantes registrados en Oriente Medio desde el inicio del conflicto que devastó la Franja. En una región marcada durante décadas por iniciativas frustradas y negociaciones inconclusas, la decisión de Rabat destaca por su voluntad de traducir los compromisos políticos en acciones concretas sobre el terreno. Más que una adhesión formal a una misión internacional, representa la culminación de una política exterior que ha buscado combinar el apoyo permanente a la causa palestina con una participación activa en los esfuerzos destinados a favorecer la paz y la estabilidad regional.

Las autoridades marroquíes han presentado este paso como la consecuencia natural de una línea de actuación definida por el rey Mohammed VI desde el comienzo de su reinado. En su condición de presidente del Comité Al-Quds, el monarca ha sostenido reiteradamente que la solidaridad con Palestina no puede agotarse en declaraciones diplomáticas ni en posicionamientos simbólicos, sino que debe expresarse mediante iniciativas capaces de producir mejoras tangibles en la vida cotidiana de la población. Esa concepción explica que Marruecos haya desarrollado durante los últimos años una estrategia que integra la acción diplomática, la cooperación humanitaria, la asistencia al desarrollo y, ahora, la contribución directa a una misión internacional de estabilización.

La ceremonia celebrada en Rabat para formalizar la incorporación del Reino a la Fuerza Internacional de Estabilización estuvo presidida por un elevado nivel de representación política y militar. El ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, y el ministro delegado encargado de la Administración de Defensa Nacional, Abdeltif Loudiyi, suscribieron el acuerdo junto a Nickolay Mladenov, alto representante del Consejo de Paz para Gaza, en presencia de las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas Reales y de la Gendarmería Real. El acto puso de manifiesto que la participación marroquí responde a una decisión de Estado cuidadosamente planificada y respaldada por las principales instituciones del Reino.

La importancia de este acuerdo se comprende mejor si se analiza el contexto en el que surge la Fuerza Internacional de Estabilización, conocida por sus siglas en inglés ISF (International Stabilization Force). La devastación provocada por la guerra dejó tras de sí una profunda crisis institucional, una infraestructura prácticamente colapsada y un deterioro sin precedentes de las condiciones de vida de la población gazatí. En ese escenario, numerosos gobiernos comenzaron a debatir la necesidad de crear un mecanismo multinacional que permitiera garantizar la seguridad durante el período de transición y facilitar la reconstrucción del territorio.

La ISF nace precisamente para responder a ese desafío. Concebida como una fuerza multinacional de carácter temporal, su objetivo no consiste en sustituir a las autoridades palestinas ni en ejercer funciones de ocupación, sino en generar las condiciones mínimas de seguridad que permitan restablecer la administración civil, reactivar los servicios públicos esenciales y facilitar la llegada continua de ayuda humanitaria. Su actuación pretende crear un entorno estable que haga posible el regreso progresivo de las instituciones palestinas y favorezca la reconstrucción económica y social de Gaza.

Para alcanzar esos objetivos, la misión integra componentes militares, policiales y civiles bajo un mando conjunto internacional. Sus efectivos tienen encomendada la protección de corredores humanitarios, la seguridad de infraestructuras estratégicas, el apoyo logístico a las agencias internacionales de ayuda, la coordinación con las autoridades locales y la formación de las futuras fuerzas policiales palestinas. La experiencia acumulada por otras operaciones internacionales demuestra que la estabilización posterior a un conflicto depende tanto de la recuperación de la seguridad como del restablecimiento de instituciones capaces de responder a las necesidades de la población. La filosofía que inspira la ISF responde precisamente a esa concepción integral de la construcción de la paz.

La contribución marroquí se inscribe plenamente en esa lógica. Conforme al acuerdo suscrito en Rabat, el Reino desplegará altos oficiales de las Fuerzas Armadas Reales en el Estado Mayor conjunto de la misión, incorporará efectivos de la Gendarmería Real y de la Dirección General de Seguridad Nacional y establecerá un hospital militar de campaña destinado a atender a la población civil. A ello se sumará la participación de especialistas marroquíes en la protección de los convoyes humanitarios y en la formación de la futura policía palestina, considerada un elemento esencial para garantizar una transferencia gradual de responsabilidades hacia las instituciones locales.

La decisión reviste, además, una indudable importancia política. Marruecos se convierte en el primer Estado miembro fundador del Consejo de Paz para Gaza que ratifica un acuerdo técnico y operativo de esta naturaleza, anticipándose a otros países que aún continúan negociando los términos de su eventual participación. Ese hecho refuerza la imagen de Rabat como un actor dispuesto a asumir responsabilidades concretas en escenarios internacionales complejos y confirma una constante de su política exterior: privilegiar la acción sobre la retórica y transformar los compromisos diplomáticos en iniciativas verificables.

Si la participación en la Fuerza Internacional de Estabilización representa una novedad en el plano operativo, la política marroquí de respaldo al pueblo palestino hunde sus raíces en una trayectoria diplomática mucho más extensa. Desde la década de 1970, el Reino ha mantenido una posición constante en favor del reconocimiento de los derechos nacionales del pueblo palestino, una línea que se fortaleció con la creación del Comité Al-Quds de la Organización de Cooperación Islámica, órgano encargado de preservar el carácter histórico, religioso y cultural de Jerusalén. La presidencia de este organismo, ejercida sucesivamente por Hassan II y, desde 1999, por Mohammed VI, ha otorgado a Marruecos un papel singular dentro del mundo árabe e islámico, permitiéndole actuar como interlocutor reconocido en una cuestión de extraordinaria sensibilidad política.

Bajo el reinado de Mohammed VI, esa responsabilidad adquirió una dimensión eminentemente práctica. Lejos de limitar la actuación del Comité Al-Quds al ámbito diplomático, el monarca impulsó una política de cooperación permanente destinada a mejorar las condiciones de vida de la población palestina. El principal instrumento de esa estrategia ha sido la Agencia Bayt Mal Al-Quds, institución que durante años ha financiado proyectos educativos, sanitarios, sociales y culturales tanto en Jerusalén Este como en otros territorios palestinos. Su actividad comprende la construcción y rehabilitación de escuelas, el apoyo a hospitales, la concesión de becas universitarias, la asistencia a huérfanos y el impulso de iniciativas productivas dirigidas a fortalecer la economía de las familias más vulnerables. Gracias a esa labor sostenida, Marruecos ha mantenido una presencia constante sobre el terreno mucho antes de la actual crisis.

Esa continuidad explica que la incorporación a la ISF no haya sido presentada por las autoridades marroquíes como un cambio de orientación, sino como la evolución lógica de una política construida durante décadas. Durante la ceremonia de firma, el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, subrayó que la visión impulsada por Mohammed VI siempre ha privilegiado soluciones concretas, pragmáticas y verificables, capaces de beneficiar directamente a la población palestina sin alterar la posición histórica del Reino en favor de una paz negociada basada en la coexistencia de dos Estados. La decisión de participar en la misión internacional constituye, en consecuencia, una prolongación natural de esa doctrina diplomática.

La actuación de Marruecos durante la guerra de Gaza constituye una ilustración elocuente de ese enfoque. Desde las primeras fases del conflicto, Rabat organizó el envío de centenares de toneladas de alimentos, medicamentos y equipos médicos destinados a paliar la emergencia humanitaria. A diferencia de otros países, el Reino consiguió además negociar un corredor terrestre excepcional que permitió hacer llegar la ayuda directamente a la Franja, una operación considerada por las propias autoridades marroquíes como un precedente sin equivalentes entre los Estados que participaron en las labores internacionales de asistencia. Aquella iniciativa confirmó la capacidad de la diplomacia marroquí para traducir sus relaciones internacionales en resultados concretos para la población civil.

La participación en la Fuerza Internacional de Estabilización constituye ahora un nuevo paso dentro de esa misma lógica. El despliegue de altos oficiales de las Fuerzas Armadas Reales en el Estado Mayor conjunto de la misión, la incorporación de efectivos de la Gendarmería Real y de la Dirección General de Seguridad Nacional, así como la instalación de un hospital militar de campaña, reflejan una concepción amplia de la seguridad. Para Marruecos, la estabilización de Gaza no depende únicamente del control del territorio, sino también de la capacidad para garantizar asistencia sanitaria, proteger a la población civil, asegurar el funcionamiento de los corredores humanitarios y favorecer el restablecimiento progresivo de las instituciones palestinas.

Ese planteamiento coincide con la evolución experimentada por las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz durante las últimas tres décadas. La experiencia acumulada por Naciones Unidas ha demostrado que la reconstrucción de un territorio devastado por la guerra exige integrar dimensiones políticas, económicas, humanitarias y de seguridad dentro de una estrategia única. Las misiones contemporáneas ya no se limitan a supervisar un alto el fuego; buscan crear las condiciones necesarias para que las autoridades nacionales puedan recuperar gradualmente el control de sus instituciones y reconstruir la confianza de la población.

Las Fuerzas Armadas Reales marroquíes cuentan con una dilatada experiencia en este tipo de operaciones. A lo largo de varias décadas han participado en misiones internacionales de paz en África y otras regiones, desarrollando capacidades en materia de coordinación civil-militar, protección de civiles, apoyo logístico, asistencia humanitaria y cooperación con administraciones locales. Ese bagaje convierte a Marruecos en uno de los países mejor preparados para asumir responsabilidades dentro de una misión tan compleja como la prevista para Gaza.

La dimensión política de la decisión tampoco puede desvincularse de la posición internacional alcanzada por Marruecos durante los últimos años. La política exterior impulsada por Mohammed VI ha buscado consolidar al Reino como un actor de estabilidad, capaz de mantener relaciones de confianza tanto con los países árabes como con Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Esa capacidad de interlocución ha permitido a Rabat desempeñar un papel singular en cuestiones regionales especialmente sensibles y proyectar una imagen de moderación que hoy constituye uno de sus principales activos diplomáticos.

La adhesión a la ISF fortalece esa estrategia al situar a Marruecos entre los primeros países dispuestos a asumir responsabilidades efectivas en la fase de reconstrucción de Gaza. Más allá del simbolismo político, la iniciativa pretende demostrar que la paz solo puede consolidarse mediante instituciones funcionales, seguridad para la población y una reconstrucción económica capaz de ofrecer perspectivas de futuro a una sociedad profundamente afectada por la guerra.

La importancia de la incorporación de Marruecos a la Fuerza Internacional de Estabilización trasciende, sin embargo, el ámbito estrictamente operativo. Su significado debe analizarse también desde la perspectiva del nuevo equilibrio geopolítico que comienza a configurarse en Oriente Medio tras el conflicto de Gaza. La reconstrucción de la Franja constituye uno de los mayores desafíos internacionales de las próximas décadas y exigirá una coordinación sin precedentes entre organismos multilaterales, gobiernos nacionales, instituciones financieras y organizaciones humanitarias. En ese complejo entramado, la seguridad representa apenas el primer eslabón de una cadena mucho más amplia que deberá conducir al restablecimiento de la administración pública, la recuperación del tejido económico y la reconstrucción del tejido social.

La experiencia acumulada en otros escenarios internacionales demuestra que el éxito de una misión de estabilización depende, sobre todo, de su capacidad para generar confianza entre la población local. Ningún proceso de reconstrucción puede consolidarse si los ciudadanos continúan percibiendo las instituciones como incapaces de garantizar su seguridad, proteger sus derechos o asegurar el acceso a servicios básicos. De ahí que la ISF haya sido concebida como una estructura de transición orientada no solo a preservar el orden, sino también a facilitar el fortalecimiento progresivo de las capacidades palestinas para asumir plenamente la conducción de los asuntos públicos.

Desde esa perspectiva, la contribución marroquí adquiere un valor añadido. La combinación de personal militar, efectivos policiales, especialistas en seguridad y capacidades sanitarias responde precisamente a esa concepción integral de la estabilización. El despliegue de un hospital militar de campaña, la participación en la protección de los corredores humanitarios y el apoyo a la formación de la futura fuerza policial palestina revelan que Rabat entiende la seguridad como un concepto inseparable del bienestar de la población y del fortalecimiento institucional. Más que una operación militar convencional, se trata de una intervención destinada a crear las condiciones necesarias para que la reconstrucción pueda desarrollarse de manera sostenida.

La decisión también proyecta un mensaje político hacia el conjunto de la comunidad internacional. Al convertirse en el primer país miembro fundador del Consejo de Paz para Gaza en formalizar su participación mediante un acuerdo técnico y operativo, Marruecos transmite la voluntad de asumir responsabilidades concretas allí donde otros actores todavía permanecen en una fase de negociación. Esa rapidez no obedece únicamente a razones diplomáticas; refleja una concepción de la política exterior basada en la convicción de que la credibilidad internacional se construye mediante compromisos verificables y no exclusivamente a través de declaraciones de apoyo.

Este paso se inscribe igualmente en una estrategia más amplia de proyección internacional desarrollada por el Reino durante el reinado de Mohammed VI. En las últimas dos décadas, Marruecos ha reforzado su presencia diplomática en África, ha profundizado su cooperación con Europa y Estados Unidos y ha consolidado su papel como interlocutor en diversos escenarios regionales. Esa política ha estado guiada por una idea constante: convertir al Reino en un factor de estabilidad, capaz de tender puentes entre espacios políticos y culturales diferentes y de participar activamente en la resolución de conflictos internacionales.

En ese contexto, la cuestión palestina ocupa un lugar singular. La condición de Mohammed VI como presidente del Comité Al-Quds ha otorgado a Marruecos una responsabilidad específica que el monarca ha procurado ejercer combinando firmeza en los principios con pragmatismo en la acción. La defensa de la solución de dos Estados —con un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967 y Jerusalén Este como su capital, conviviendo en paz y seguridad junto a Israel— ha permanecido como uno de los pilares constantes de la posición oficial marroquí, al tiempo que el Reino ha impulsado iniciativas humanitarias y programas de cooperación destinados a mejorar las condiciones de vida de la población palestina.

La continuidad de esa política permite comprender por qué las autoridades marroquíes presentan la participación en la Fuerza Internacional de Estabilización no como una ruptura, sino como la culminación de una estrategia cuidadosamente desarrollada durante años. La ayuda humanitaria enviada a Gaza, la apertura del corredor terrestre que permitió el ingreso de suministros esenciales, la labor permanente de la Agencia Bayt Mal Al-Quds, el apoyo a hospitales, escuelas y programas sociales, y ahora la participación directa en la estabilización del territorio forman parte de una misma visión, orientada a traducir el respaldo político a la causa palestina en acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

No menos significativa resulta la dimensión simbólica de esta decisión. En un momento en que la región continúa marcada por profundas tensiones políticas, la iniciativa marroquí busca demostrar que la diplomacia puede desempeñar un papel eficaz cuando se acompaña de instrumentos capaces de responder a las necesidades reales de las poblaciones afectadas por los conflictos. Esa combinación entre legitimidad política, cooperación humanitaria y compromiso operativo constituye uno de los rasgos más característicos de la actuación internacional del Reino durante los últimos años.

La reconstrucción de Gaza será, previsiblemente, un proceso largo, complejo y sometido a innumerables desafíos políticos y de seguridad. Ninguna misión internacional podrá, por sí sola, resolver las profundas causas del conflicto ni sustituir la voluntad de las partes para alcanzar un acuerdo definitivo. Sin embargo, la creación de condiciones mínimas de estabilidad constituye un requisito indispensable para que cualquier proceso de negociación tenga posibilidades de prosperar. En ese sentido, la Fuerza Internacional de Estabilización aspira a convertirse en un instrumento que facilite la transición entre el cese de las hostilidades y la recuperación progresiva de la normalidad institucional.

La decisión adoptada por Marruecos refleja precisamente esa visión de largo plazo. Más allá del despliegue de recursos humanos y materiales, expresa la voluntad de contribuir activamente a la construcción de un entorno en el que la paz deje de ser una aspiración retórica para convertirse en una realidad sostenible. Impulsada por las expresas directivas del rey Mohammed VI, la participación del Reino en la ISF representa la síntesis de una política exterior que ha buscado conjugar principios, responsabilidad internacional y capacidad de actuación. En una región donde las soluciones duraderas han resultado históricamente esquivas, Rabat pretende reafirmar su condición de actor comprometido con la estabilidad, la cooperación y el apoyo efectivo al pueblo palestino, convencido de que la reconstrucción de Gaza solo será posible si la solidaridad internacional se traduce en acciones concretas capaces de devolver seguridad, dignidad y esperanza a millones de personas.Principio del formulario

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Hach Ahmed: “El apoyo de EE.UU. introduce una nueva voz para romper un estancamiento de medio siglo en el Sáhara”

 

En diálogo con el periodista Javier Fernández Arribas, director de Atalayar, el primer secretario del Movimiento Saharauis por la Paz (MSP) analiza el histórico espaldarazo diplomático de Washington y la necesidad de consolidar una tercera vía pragmática frente al inmovilismo del Polisario

 

Intervención de Hach Ahmed Bericalla, primer secretario del Movimiento Saharaui por la Paz (MSP), durante la Cuarta Comisión de la Organización de las Naciones Unidas.

Las gestiones diplomáticas para alcanzar una solución definitiva en el conflicto del Sáhara Occidental han experimentado un giro histórico.

Con la propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí como el único camino viable, la diplomacia de Estados Unidos ha dado un paso de gigante al respaldar oficialmente en las Naciones Unidas al Movimiento Saharauis por la Paz (MSP) como interlocutor legítimo.

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, ha sido explícito al señalar que el mundo debe escuchar a las voces saharauis que apuestan por el pragmatismo, rompiendo así el histórico monopolio de representación autoproclamado por el Frente Polisario.

En este contexto de profunda reconfiguración política, el primer secretario del MSP, Hach Ahmed Baricalla, analiza los detalles de su reciente ronda de contactos de alto nivel en Nueva York y traza la hoja de ruta del movimiento para desbloquear un conflicto enquistado desde la Guerra Fría.

El impacto de la diplomacia estadounidense y la apertura de una nueva vía

¿Qué representa para su organización el histórico respaldo y reconocimiento explícito que la administración de los Estados Unidos acaba de brindar al Movimiento Saharauis por la Paz?

Representa un hecho de una enorme trascendencia, no solo por lo que implica para el crecimiento de nuestra organización tras seis años de intenso trabajo político, sino porque introduce un elemento de genuino optimismo en el tablero del Sáhara Occidental. Por primera vez en casi medio siglo, el proceso político se abre a un nuevo protagonista, a una voz alternativa decidida a romper el estancamiento crónico en el que ha estado atrapada la población.

El hecho de que se nos abran las puertas de la diplomacia de la mayor superpotencia del mundo —que lidera activamente el proceso de mediación en la ONU— demuestra que entramos en un terreno definitivo hacia una solución que solo puede ser política, consensuada y respaldada por sólidas garantías internacionales.

Además de este crucial encuentro con el representante de EE.UU., ustedes mantuvieron contactos clave con otras delegaciones del Consejo de Seguridad, como Francia. ¿Qué agenda internacional han desplegado?

Efectivamente, nuestra delegación ha mantenido un intenso programa de reuniones con diversos interlocutores, incluyendo a miembros permanentes del Consejo de Seguridad que apoyaron la última resolución 2797, como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Asimismo, hemos extendido nuestros contactos hacia países miembros no permanentes, tanto en Nueva York como en otras capitales aliadas. El mensaje que estamos trasladando es sumamente claro y directo.

¿Cuál es el núcleo de ese mensaje y por qué consideran indispensable que la ONU amplíe la mesa de negociaciones a otros actores saharauis?

El núcleo es que llevamos más de tres décadas esperando que la MINURSO y los esfuerzos de la ONU destraben el conflicto sin éxito, debido a la enorme brecha que separa las posiciones maximalistas tradicionales.

Para salir de este bucle, era obligatorio el surgimiento de una fuerza moderada, una tercera vía que actúe como puente. Nuestros interlocutores internacionales coinciden en que un enfoque realista, flexible y de compromiso mutuo —donde cada parte ceda en algo para salvar lo sustancial— es la única vía de salida. Aspiramos y exigimos legítimamente ser convocados por Naciones Unidas para sentarnos en la mesa de negociación.

La aceptación del Plan de Autonomía y el papel de las tribus

Bajo el marco de la resolución 2797, la base de discusión internacional gira en torno al Plan de Autonomía bajo soberanía marroquí. Ustedes ya lo han aceptado. ¿Consiste el reto actual en negociar las condiciones de ese plan para los saharauis?

Exactamente. El nacimiento del MSP es fruto de una profunda e histórica autocrítica. Muchos de nosotros formamos parte en su momento del Polisario, luchamos militarmente por la independencia y enterramos a seres queridos en esa causa. Sin embargo, la madurez política exige aplicar el sentido común.

Dado que la solución militar es absolutamente inviable y que este conflicto está condicionado por rivalidades geopolíticas regionales heredadas de la Guerra Fría, decidimos explorar con realismo lo que ofrece la propuesta marroquí.

Existe un amplio margen para diseñar un estatuto autonómico donde los saharauis gestionen su destino y se ponga fin a medio siglo de exilio y precariedad. Desaprovechar esta coyuntura, respaldada por más de 120 democracias occidentales, sería un error histórico imperdonable.

Para consolidar esta postura, el MSP cuenta con una baza de gran relevancia interna: el apoyo explícito de los líderes tribales y notables. ¿Cómo valora este respaldo social?

El respaldo de los notables tribales es un pilar fundamental debido al inmenso peso sociopolítico que conservan en la estructura tradicional saharaui. No ha sido un proceso sencillo, ya que romper con un relato dogmático y pretendidamente épico que el Polisario ha sostenido durante cincuenta años cuesta mucho esfuerzo.

Pero las fantasías revolucionarias ya sabemos a qué realidades conducen si miramos los ejemplos históricos de Cuba, Nicaragua o la Libia de Gadafi. Los saharauis necesitan soluciones tangibles en el presente, no utopías destructivas.

Un llamamiento al Polisario y el desafío de seguridad en el Sahel

¿Qué hitos esperan en el corto plazo y cómo plantean la relación con el Frente Polisario de cara a un futuro acuerdo?

El próximo mes de octubre, cuando se reúna nuevamente el Consejo de Seguridad, será un momento de gran relevancia. Nosotros no buscamos una confrontación interna cainita; de hecho, invitamos formalmente al Polisario a sumarse a un gran consenso saharaui para negociar conjuntamente los términos de la autonomía.

Deben abandonar la pretensión anacrónica de que existe un “representante único”. La representatividad exclusiva no existe en ninguna democracia moderna. Si persisten en imponer sus criterios unilaterales, seguirán conduciendo a su propio pueblo a la nada.

Más allá de la política institucional, existe una crisis humanitaria y de seguridad acuciante en la región. ¿Por qué es urgente acelerar una solución en clave regional?

La situación es crítica y urge una reagrupación familiar que permita a miles de saharauis salir de la precariedad de los campamentos de Tinduf para asentarse en su territorio con plenos derechos bajo el nuevo marco autonómico.

Pero hay un factor geopolítico aún más peligroso: la inestabilidad en el Sahel. Nos encontramos a escasos kilómetros de una zona devastada por el yihadismo y la violencia, con focos muy activos en países vecinos como Malí.

Mantener a miles de jóvenes saharauis en campamentos de refugiados sin un horizonte de vida, sin empleo y sin futuro es un caldo de cultivo idóneo para que sean captados por el extremismo armado. Solucionar el conflicto del Sáhara no es solo un acto de justicia humanitaria, es una prioridad absoluta para garantizar la seguridad nacional del norte de África y del sur de Europa.

Gentileza: Atalayar.com

 

El nuevo rol de Turquía en el equilibrio atlántico

 

En la Cumbre de la OTAN celebrada en Ankara los días 7 y 8 de julio de 2026, Turquía no solo ejerció de anfitriona, sino que se consolidó como actor indispensable de la Alianza. Recep Tayyip Erdoğan transformó la reunión en una plataforma que proyectó el ascenso de su país a potencia estratégica de primer orden, capaz de influir decisivamente en la nueva arquitectura de seguridad europea.

Buenos Aires - La posición geoestratégica de Turquía, su pujante industria de defensa y la astuta diplomacia de su presidente han convertido a Ankara en un socio ineludible para Occidente. Lejos de ser un flanco periférico problemático, Turquía emerge como eje de un nuevo equilibrio atlántico en el que Europa debe asumir mayores responsabilidades mientras Washington reorienta sus prioridades globales.

Durante décadas, la percepción occidental sobre Turquía osciló entre la desconfianza y la utilidad táctica. Las tensiones con Grecia y Chipre, el deterioro democrático interno, el acercamiento ocasional a Rusia y la adquisición de sistemas S-400 rusos habían generado recelos notables dentro de la OTAN. Sin embargo, la cumbre de Ankara marcó un punto de inflexión. La guerra en Ucrania, la inestabilidad en Oriente Próximo, la crisis iraní y la competencia por rutas energéticas y árticas elevaron el valor estratégico de un país que controla los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, mantiene fronteras con múltiples escenarios de conflicto y proyecta influencia en el Cáucaso, los Balcanes y el Mediterráneo oriental.

Esta relevancia no se reduce a la geografía. En las dos últimas décadas, bajo el impulso de Erdoğan, Turquía ha desarrollado una de las industrias de defensa más dinámicas del mundo. De ser un importador dependiente, pasó a producir vehículos blindados, misiles de precisión, fragatas, helicópteros y, especialmente, vehículos aéreos no tripulados que han demostrado su eficacia en Libia, Siria, el Cáucaso y Ucrania. Estos drones de costo accesible y alto impacto operativo se han convertido en producto de exportación a numerosos países de Europa, Asia y África, posicionando a Turquía como proveedor relevante de tecnología militar intermedia y alta.

La cumbre permitió visibilizar esta transformación. Mientras muchos aliados europeos debatían cómo acelerar su capacidad productiva ante el incremento del gasto en defensa, Turquía ya disponía de una infraestructura industrial madura, capaz de responder con agilidad a la creciente demanda. Esta capacidad productiva modifica las relaciones de poder internas de la Alianza: el peso político ya no se mide solo por la capacidad de consumir seguridad estadounidense, sino también por la de producirla y sostener cadenas logísticas prolongadas.

El entendimiento personal entre Erdoğan y Donald Trump resultó clave. Ambos líderes comparten un estilo de liderazgo pragmático, basado en relaciones directas y decisiones rápidas. Ese afinidad se tradujo en avances concretos, como la disposición estadounidense a facilitar el regreso de Turquía al programa de cazas F-35, suspendido tras la compra de los S-400. Aunque pendiente de aprobación congressional, el gesto simboliza una rehabilitación estratégica de Ankara y una normalización de sus vínculos con Washington. La eventual reincorporación fortalecería la industria aeronáutica turca y alteraría los equilibrios militares en el Mediterráneo oriental y el mar Negro.

En el contexto más amplio de la cumbre, Turquía capitalizó la evolución de la OTAN hacia un modelo que algunos denominan “OTAN 3.0”. Estados Unidos mantiene el paraguas nuclear, la inteligencia de alto nivel y el liderazgo político global, pero exige que Europa asuma una mayor carga convencional. En esta redistribución, Turquía ocupa una posición privilegiada: actúa como puente entre Europa y Oriente Próximo, contribuye con capacidades operativas probadas y ofrece alternativas industriales a una Europa que busca reducir su dependencia tecnológica excesiva de proveedores estadounidenses.

Esta centralidad no implica alineamiento incondicional. Erdoğan ha demostrado habilidad para mantener canales de diálogo con actores diversos sin renunciar a los intereses nacionales turcos. La guerra en Ucrania, por ejemplo, permitió a Ankara equilibrar su rol como miembro de la OTAN con una postura mediadora que le reportó beneficios diplomáticos y económicos. Del mismo modo, su influencia en Siria, el Cáucaso y el Mediterráneo oriental la convierte en actor decisivo para gestionar inestabilidades que afectan directamente la seguridad europea.

El fortalecimiento turco obliga a repensar la arquitectura de seguridad del continente. Europa, presionada por Trump para incrementar drásticamente su gasto militar, encuentra en Turquía un proveedor potencial de sistemas accesibles y probados, al tiempo que debe gestionar una relación compleja con un socio que no siempre comparte sus prioridades o valores institucionales. Esta tensión entre utilidad estratégica y diferencias políticas define el nuevo pragmatismo atlántico.

Para Estados Unidos, Turquía representa un aliado capaz de proyectar poder en regiones donde Washington busca aligerar su compromiso directo sin perder influencia. La competencia con China y Rusia en Eurasia y el Ártico hace aún más valiosa la capacidad turca de controlar rutas críticas y contrarrestar expansiones adversarias.

Desde una perspectiva histórica, el ascenso de Turquía ilustra la mutación de la Alianza Atlántica. Nacida en la Guerra Fría como instrumento de contención soviética, la OTAN se adapta ahora a un entorno multipolar de amenazas híbridas, donde la flexibilidad y la distribución selectiva de responsabilidades resultan esenciales. Ankara encarna esta adaptación: ya no es mero bastión oriental, sino potencia intermedia que contribuye a estabilizar su periferia y a sostener la credibilidad disuasiva colectiva.

Naturalmente, persisten desafíos. Las relaciones con Grecia y Chipre, la situación interna turca y las divergencias ocasionales con otros aliados continúan generando fricciones. Sin embargo, las circunstancias internacionales —más que concesiones unilaterales— han elevado el valor de Turquía, convirtiendo esas tensiones en elementos gestionables dentro de un marco de intereses compartidos superiores.

La Cumbre de Ankara certificó esta nueva realidad. Erdoğan logró proyectar a su país como árbitro geopolítico entre Europa, Oriente Próximo y Estados Unidos. Su éxito no fue casual, sino el resultado de una preparación meticulosa y de la convergencia de factores estructurales que favorecen el rol turco. Para Europa, este ascenso implica tanto una oportunidad —mayor autonomía a través de una defensa más diversificada— como un desafío: aprender a convivir con un aliado poderoso cuyas ambiciones regionales no siempre coincidirán con las preferencias europeas.

En última instancia, Turquía ilustra el tránsito hacia una Alianza más europea en sus responsabilidades convencionales, más selectiva en el compromiso estadounidense y más condicionada por la lógica de la competencia entre grandes potencias. En este escenario fluido, Ankara no solo participa: define el nuevo equilibrio. Su consolidación como potencia emergente marca el comienzo de una era en la que la seguridad del continente dependerá crecientemente de actores que, como Turquía, combinan ubicación estratégica, capacidad industrial y pragmatismo diplomático.

La historia reciente demuestra que las organizaciones multilaterales sobreviven adaptándose. La OTAN lo está haciendo en Ankara, y Turquía se erige como uno de sus principales artífices. El futuro atlántico ya no podrá concebirse sin considerar el peso decisivo de esta potencia que, desde las orillas del Bósforo, proyecta influencia muy por encima de sus fronteras tradicionales.