La guerra invisible en Asia Central: Pakistán y Afganistán, al borde de una espiral incontrolable

 

Ignorada por la agenda internacional, eclipsada por la guerra entre Rusia y Ucrania y por la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán, la frontera entre Pakistán y Afganistán se ha convertido en uno de los focos más volátiles del planeta. Lo que comenzó como una serie de escaramuzas y acusaciones cruzadas ha derivado en un enfrentamiento abierto entre un Estado con capacidad nuclear y un régimen insurgente que ha logrado consolidarse en el poder..

Contenido:

Buenos Aires - La actual crisis entre Islamabad y Kabul dista de ser un estallido súbito. Por el contrario, constituye la culminación de una relación históricamente ambigua, atravesada por la instrumentalización mutua, la desconfianza estructural y una geografía que ha favorecido tanto la infiltración como el conflicto. Durante décadas, Pakistán concibió a los talibanes como un instrumento de profundidad estratégica frente a India. Sin embargo, ese cálculo geopolítico ha terminado por volverse en su contra: el actual poder talibán se presenta como un actor autónomo, ideológicamente inflexible y cada vez menos dispuesto a someterse a las presiones de quien fuera su principal sostén.

En los últimos meses, la tensión ha alcanzado niveles alarmantes. La aviación paquistaní ha llevado a cabo bombardeos en territorio afgano —incluyendo zonas cercanas a Kabul y provincias orientales como Paktika y Nangarhar— bajo el argumento de neutralizar bases del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP). Desde Kabul, las autoridades han denunciado estas incursiones como actos de agresión directa, subrayando que han provocado víctimas civiles, entre ellas mujeres y niños, además de generar nuevos desplazamientos de población.

El portavoz del Ministerio de Defensa afgano, en declaraciones difundidas por medios regionales, acusó a Islamabad de “violar la soberanía nacional y atacar indiscriminadamente a la población”. En respuesta, el Ministerio de Exteriores paquistaní ha insistido en el derecho a la legítima defensa frente a grupos insurgentes que —según sostiene— operan con impunidad desde territorio afgano. En una comparecencia ante el Parlamento, el entonces primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, afirmó con contundencia que “Pakistán no permitirá que su territorio sea desestabilizado por organizaciones terroristas que encuentran refugio al otro lado de la frontera”.

El núcleo de la disputa sigue siendo la línea Durand, una frontera de más de 2.600 kilómetros trazada en 1893 por el Imperio británico. Para Pakistán, heredero de esa delimitación, se trata de una frontera internacional legítima e inalterable. Para Afganistán, en cambio, constituye una imposición colonial que fragmenta artificialmente a la etnia pastún, asentada a ambos lados de la divisoria. Esta fractura territorial ha alimentado durante décadas tensiones persistentes, insurgencias y flujos transfronterizos difíciles de controlar. Con el regreso de los talibanes al poder en Kabul en 2021, tras la retirada de Estados Unidos, la cuestión ha adquirido una dimensión aún más crítica: ya no se trata únicamente de una disputa histórica, sino de un problema inmediato de seguridad para Islamabad.

El movimiento talibán, surgido en 1994 en el sur de Afganistán, es fruto de una compleja combinación de factores: el vacío de poder posterior a la guerra contra la Unión Soviética, el apoyo logístico de Pakistán y la influencia ideológica de escuelas religiosas islámicas de orientación deobandí. Su proyecto político se articula en torno a la instauración de un emirato islámico regido por una interpretación estricta de la sharía. Durante su primer gobierno, entre 1996 y 2001, impusieron un sistema profundamente restrictivo —especialmente para las mujeres— y ofrecieron refugio a organizaciones como Al Qaeda, lo que desencadenó la intervención militar estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre. Dos décadas después, han regresado al poder combinando pragmatismo táctico con una notable rigidez doctrinal.

En la actualidad, su desafío no se limita a gobernar un país devastado, sino también a gestionar sus relaciones exteriores sin renunciar a su identidad ideológica. Es precisamente en ese delicado equilibrio donde se inscribe su compleja relación con Pakistán.

El elemento más explosivo del conflicto es la presencia del Tehreek-e-Taliban Pakistan, una organización insurgente que comparte raíces ideológicas con los talibanes afganos, pero cuyo objetivo es derrocar al Estado paquistaní. Islamabad acusa a Kabul de tolerar —cuando no respaldar— la actividad del TTP en su territorio. Las autoridades talibanes rechazan estas acusaciones, aunque persisten las dudas sobre su capacidad real o su voluntad política para controlar a este grupo. Mientras algunos analistas apuntan a una afinidad ideológica que dificulta una ruptura clara, otros sostienen que el problema radica en la falta de control efectivo sobre regiones periféricas.

Desde el punto de vista militar convencional, la superioridad de Pakistán resulta incuestionable. Su ejército, considerado uno de los más profesionalizados del mundo islámico, dispone de armamento moderno, aviación avanzada y un arsenal nuclear que lo sitúa en una categoría estratégica muy superior. Afganistán, por el contrario, depende de estructuras militares informales, armamento ligero y recursos limitados. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la superioridad tecnológica no garantiza el control del territorio afgano. Ni la Unión Soviética ni Estados Unidos lograron imponerse de manera duradera. Los talibanes, expertos en la guerra de guerrillas, han sabido transformar su debilidad estructural en una ventaja táctica.

El conflicto no se desarrolla en un vacío geopolítico. Al contrario, genera una profunda inquietud entre las potencias regionales, que perciben en esta inestabilidad tanto amenazas como oportunidades. China observa con creciente preocupación la evolución de la crisis. Para Pekín, la fricción entre Islamabad y Kabul representa un factor de riesgo estratégico, especialmente en lo relativo a sus inversiones en Pakistán a través del Corredor Económico China-Pakistán. Una eventual desestabilización interna podría comprometer infraestructuras críticas. Además, China teme que un Afganistán sin control efectivo se convierta en refugio para grupos militantes que operan en Xinjiang. En este contexto, busca que los talibanes cumplan su promesa de no exportar el terrorismo, adoptando un papel de mediador discreto pero constante.

India, en cambio, contempla la situación desde una lógica distinta. La histórica rivalidad con Pakistán convierte cualquier debilitamiento del control estatal paquistaní en una oportunidad estratégica. El hecho de que el antiguo aliado de Islamabad —los talibanes— se haya transformado en una fuente de inestabilidad es interpretado en Nueva Delhi como un error de cálculo del aparato militar paquistaní. En consecuencia, India ha iniciado un acercamiento cauteloso hacia el régimen talibán, combinando ayuda humanitaria con una presencia técnica en su embajada. Este despliegue de poder blando busca contrarrestar la influencia paquistaní y evitar que Afganistán sea utilizado como base para acciones hostiles contra territorio indio.

El coste humano del conflicto resulta difícil de cuantificar con precisión, pero los informes coinciden en señalar que la violencia ha dejado ya centenares de muertos. A las bajas militares se suman víctimas civiles, desplazamientos forzados y destrucción de infraestructuras. Los bombardeos en zonas fronterizas han afectado especialmente a comunidades vulnerables, agravando una crisis humanitaria ya de por sí severa. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha advertido sobre el riesgo de nuevos flujos de desplazados en una región que ya acoge a millones de refugiados afganos.

La paradoja más inquietante de este conflicto es su relativa invisibilidad. Mientras otras guerras acaparan la atención internacional, la escalada entre Pakistán y Afganistán avanza sin apenas escrutinio mediático ni presión diplomática significativa. Esta ausencia de foco no solo dificulta los esfuerzos de desescalada, sino que incrementa el riesgo de errores de cálculo. En una región donde convergen intereses de potencias nucleares y actores no estatales, cualquier incidente puede desencadenar consecuencias desproporcionadas.

Todo apunta a que el conflicto se encamina hacia una fase prolongada de confrontación indirecta. Pakistán continuará con ataques selectivos contra objetivos insurgentes, mientras los talibanes, ya sea de forma directa o a través de grupos afines, mantendrán la presión. El mayor peligro no reside en una guerra convencional a gran escala, sino en una erosión progresiva de la estabilidad regional.

En ese escenario, la frontera entre Pakistán y Afganistán corre el riesgo de consolidarse como uno de los puntos más peligrosos del mapa global: un conflicto persistente, de baja visibilidad pero de alto impacto. En un mundo saturado de crisis, esta guerra olvidada entre dos países musulmanes podría, en cualquier momento, dejar de serlo. 

El ocaso de la certeza: El estrecho de Ormuz y el dilema de las alianzas de Washington

 

El bloqueo de Ormuz, la fragilidad de la estrategia militar y el impacto económico global empujan a Estados Unidos a solicitar apoyo internacional, en una guerra que, al prolongarse, redefine equilibrios, alianzas y tensiones en el corazón del Golfo Pérsico.

Contenido:

 Buenos Aires - La guerra que el presidente Donald Trump lanzó contra Irán, bajo la promesa de una resolución vertiginosa y contundente, ha mutado en un laberinto estratégico de una complejidad alarmante. Este giro inesperado está marcado por una urgencia inédita: la necesidad de cosechar apoyos internacionales para sostener un esfuerzo bélico que ya no solo busca la victoria, sino la supervivencia de la arteria energética más vital del planeta, el estrecho de Ormuz. Lo que en su génesis fue planteado como una ofensiva quirúrgica para desmantelar el poderío militar iraní, ha terminado por transformarse en una crisis sistémica donde Washington descubre que ya no puede cabalgar en solitario sin enfrentar riesgos prohibitivos y costos que erosionan su propia estabilidad económica.

El síntoma más dramático de este estancamiento es el colapso operativo en Ormuz, un punto de inflexión que ha sacudido los cimientos del comercio global. Los indicadores de mercado revelan una realidad desoladora: el flujo de crudo se ha desplomado desde los 19,5 millones de barriles diarios a un residual medio millón, una caída libre provocada por el pánico de las aseguradoras internacionales que han retirado sus coberturas ante un riesgo inasumible. En este escenario de parálisis, el vacío ha sido ocupado por naves que operan en las sombras del sistema financiero occidental, fundamentalmente buques vinculados a los intereses de China, lo que inyecta una variable geoeconómica que despierta las peores alarmas en el Despacho Oval.

Ante esta precariedad, Trump ha tenido que realizar un movimiento que trasluce tanto su desesperación como sus limitaciones materiales, solicitando formalmente a sus aliados de la OTAN y a las potencias del Asia-Pacífico el envío de flotas para constituir una coalición naval de rescate. Esta petición ha dejado al descubierto flancos vulnerables que pocos sospechaban; no solo la dificultad técnica de limpiar una zona saturada de minas y drones asimétricos, sino una preocupante carencia de medios específicos en la Armada de los Estados Unidos, que tras años de priorizar otros frentes, ha visto mermada su capacidad para el desminado marítimo.

Sin embargo, el eco de este llamado en las capitales aliadas ha sido de una frialdad glacial o, en los casos más severos, de un rechazo rotundo. Kaja Kallas, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, no dejó espacio para la ambigüedad al declarar: “Esta no es la guerra de Europa y no la hicimos. Nadie quiere participar activamente en esta guerra”. En la misma línea, Alemania ha alzado un muro diplomático infranqueable. Una portavoz del Gobierno alemán fue tajante al afirmar: “Mientras continúe esta guerra, no habrá participación alguna, ni siquiera en ningún intento por mantener abierto el estrecho de Ormuz por medios militares”, lo que supone un golpe seco a la arquitectura de seguridad que Washington pretendía liderar.

Esta resistencia alemana no es caprichosa; se fundamenta en el profundo malestar que generó la falta de consultas previas por parte de la administración Trump antes de encender la mecha del conflicto. A esto se añade el temor visceral a una deflagración regional que destruya la seguridad energética europea en un momento de fragilidad económica interna, sumado a una opinión pública que rechaza cualquier eco de aventuras bélicas pasadas. El sentimiento de cautela se ha extendido como un reguero de pólvora hasta Japón y Australia, naciones que han preferido salvaguardar sus propios equilibrios diplomáticos y suministros antes que sumergirse en una operación de arquitectura difusa y alto riesgo.

Francia, bajo la batuta de Emmanuel Macron, ha intentado dibujar una postura más sofisticada pero igualmente vigilante. Aunque el Elíseo contempla la posibilidad de escoltas marítimas, Macron ha dejado claro que su prioridad es la seguridad global y que no participarán "en una escalada sin horizonte". Por su parte, el Reino Unido navega en una ambivalencia incómoda; a pesar de su cercanía con Washington, las dudas sobre la viabilidad de la misión y el fantasma de intervenciones fallidas mantienen a Londres en un estado de parálisis reflexiva.

Mientras las potencias de Occidente calculan sus pasos, los países del Golfo Pérsico observan el incendio desde una proximidad asfixante. Arabia Saudí ha endurecido su discurso, con el príncipe heredero Mohammed bin Salman advirtiendo que “la seguridad energética global no puede quedar rehén de la inestabilidad”. No obstante, tras la retórica oficial se esconde una angustia real por la vulnerabilidad de sus infraestructuras y el desangre financiero que supone la caída de sus exportaciones. En los Emiratos Árabes Unidos, el cierre de Ormuz ha golpeado su corazón logístico, llevando a sus autoridades a recordar que la estabilidad del Golfo es un interés internacional que trasciende lo regional.

Qatar, fiel a su rol de equilibrista, insiste en que “no hay solución militar sostenible a esta crisis”, llamando desesperadamente a la reapertura de los canales diplomáticos con Teherán. En una sintonía similar, Kuwait y Omán han multiplicado sus gestiones de mediación, advirtiendo que la prolongación del bloqueo no solo arruina a los exportadores, sino que amenaza con detonar estallidos sociales internos. Incluso Bahréin, el aliado más incondicional de Washington, ha comenzado a admitir que la situación actual “no es sostenible en el tiempo”.

Esta parálisis en el corazón del Golfo genera un efecto mariposa que golpea a América Latina de formas contradictorias. El bloqueo de Ormuz ha disparado los precios del petróleo y encarecido el transporte marítimo, poniendo en jaque cadenas de suministro críticas, desde fertilizantes hasta metales industriales. Para los países latinoamericanos, la crisis amenaza con derivar en un episodio de estanflación similar al de los años setenta, un escenario que preocupa profundamente a líderes políticos y economistas por igual. Aunque algunos exportadores regionales podrían ver un alza nominal en sus ingresos, el aumento exponencial del riesgo y la disrupción del comercio global anulan cualquier beneficio inmediato.

En el fondo de esta crisis subyace una orfandad de estrategia. Como ha señalado el analista Thomas L. Friedman, la administración Trump ha oscilado entre distintas metas sin definir un rumbo coherente, lo que debilita la confianza de sus aliados. El pilar de seguridad que Estados Unidos garantizó durante décadas en el Golfo se está agrietando bajo el peso de la incapacidad de mantener el estrecho abierto. La negativa de los aliados a acudir al rescate es un ejercicio de realismo; el general francés Michael Yakovleff lo resumió con ironía: “Unirse hoy a la coalición de Trump es como comprar un billete para cenar y bailar en la cubierta del Titanic, después de que chocara con el iceberg”.

Esta guerra, que nació para reafirmar la hegemonía estadounidense, ha terminado exponiendo sus costuras, una lección que potencias como Rusia y China están procesando con suma atención. Irán, a pesar del castigo recibido, ha demostrado una capacidad notable para alterar el equilibrio global mediante tácticas asimétricas. El margen de maniobra para Washington se reduce; cada jornada sin solución no solo agrava la crisis económica, sino que erosiona la credibilidad de Estados Unidos como garante del orden internacional. Podríamos estar asistiendo al paso hacia un sistema global menos dependiente de Washington y más fragmentado, donde las alianzas ya no se dan por descontadas y donde los propios actores regionales comienzan a explorar alternativas ante una dependencia que ya no ofrece certezas.

 

La factura de la guerra: el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sacude la economía mundial

El desorbitado costo de la guerra en Medio Oriente, con su secuela de destrucción de infraestructura e interrupción de los flujos comerciales internacionales, amenazan con provocar una crisis económica de alcance global.

Contenido:

Buenos Aires - La guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán ha desbordado con rapidez el campo de batalla militar para convertirse en una crisis económica de alcance global. En apenas unos días, la confrontación ha desencadenado una cadena de perturbaciones que atraviesan el mercado energético, el comercio marítimo, el sistema financiero internacional y las economías de Medio Oriente. La magnitud de los costos resulta todavía difícil de calcular con precisión, pero las primeras estimaciones sitúan el impacto económico total en decenas de miles de millones de dólares diarios, una cifra que recuerda a los momentos más críticos de las grandes crisis energéticas del siglo XX.

El conflicto se ha convertido, en primer lugar, en una guerra extraordinariamente costosa en términos estrictamente militares. Las operaciones aéreas y navales de Estados Unidos e Israel implican el despliegue de algunas de las plataformas bélicas más caras del arsenal occidental. Bombarderos furtivos B-2 Spirit, cazas F-35A Lightning II, F-22 Raptor, F-15E Strike Eagle y F/A-18 Super Hornet participan en misiones de ataque, supresión de defensas aéreas y superioridad aérea. Cada una de estas operaciones supone el lanzamiento de municiones guiadas de precisión, misiles de crucero Tomahawk y el uso intensivo de sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Los costes operativos de una guerra de esta intensidad son enormes. Según la prestigiosa publicación especializada Defense Review, en conflictos previos entre Israel e Irán, como la confrontación directa de doce días en junio de 2025, el gasto diario israelí en combustible para aeronaves, mantenimiento de sistemas, misiones aéreas y municiones se estimó en unos 700 millones de dólares. Sin embargo, el coste real de la guerra no se limita a las operaciones ofensivas. Israel debe desplegar simultáneamente una compleja arquitectura defensiva basada en interceptores de misiles como David’s Sling, Arrow-2 y Arrow-3, Patriot, SM-3, SM-6 y el sistema estadounidense THAAD. Cada interceptor puede costar entre uno y cuatro millones de dólares, y el volumen de misiles lanzados durante los ataques iraníes ha elevado el gasto diario total israelí a cerca de 2.000 millones de dólares incluso en escenarios de intensidad moderada.

La actual escalada ha multiplicado esas cifras. Las estimaciones más recientes sitúan el coste combinado de las operaciones militares israelíes y estadounidenses entre 5.000 y 8.000 millones de dólares diarios, si se incluyen los gastos operativos, los interceptores antimisiles, los daños en infraestructura militar y los costos logísticos de las bases desplegadas en la región. Solo los daños provocados en una base militar estadounidense en Qatar podrían superar los 10.000 millones de dólares.

A este gasto directo se añade la destrucción de infraestructura estratégica en Irán. Los bombardeos se han dirigido especialmente contra instalaciones petroleras, depósitos de combustible y refinerías. Antes de la guerra, Irán contaba con una capacidad de refinación cercana a 2,2 millones de barriles diarios repartidos en nueve grandes refinerías. La destrucción de unidades de destilación, plantas de hidrógeno y sistemas de craqueo catalítico supone la pérdida de instalaciones cuyo reemplazo requiere entre tres y cinco años. Cada complejo industrial destruido implica miles de millones de dólares en reconstrucción futura y reduce la capacidad global de refinación, un factor clave para el mercado energético internacional.

El impacto económico se extiende inmediatamente a los países del Golfo Pérsico, donde se concentra una parte decisiva de la infraestructura energética mundial. Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin y Omán han sufrido ataques con drones, interrupciones en aeropuertos y cierres del espacio aéreo. Los centros financieros y logísticos de Dubái, Doha o Manama han visto paralizadas muchas de sus actividades. Las pérdidas directas en la aviación, el turismo, los servicios financieros y el comercio regional superan ya los mil millones de dólares diarios, mientras que los efectos indirectos —desde la caída del turismo hasta las interrupciones en las cadenas de suministro— podrían elevar las pérdidas económicas regionales hasta entre 3.000 y 5.000 millones de dólares diarios.

Sin embargo, el elemento que ha amplificado el impacto global del conflicto es la crisis energética provocada por la interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz. Este corredor marítimo, de apenas 34 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, transportaba antes de la guerra alrededor del 20% del petróleo mundial y cerca del 20% del comercio global de gas natural licuado. La interrupción del tráfico marítimo ha provocado la pérdida de aproximadamente 10 millones de barriles diarios en el mercado internacional, de los cuales ocho millones corresponden a crudo y dos millones a productos refinados.

Se trata de la mayor interrupción de suministro petrolero registrada en la historia del mercado energético moderno. Antes del conflicto, unos 15 millones de barriles diarios de crudo y cinco millones de barriles de derivados atravesaban Ormuz. En la actualidad, el tráfico ha caído a menos del 10% de esos niveles. La Agencia Internacional de la Energía considera que el shock de oferta supera incluso al de la crisis petrolera de 1973 o a la interrupción causada por la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Las rutas alternativas apenas compensan una fracción del flujo perdido. Arabia Saudí puede desviar parte de su producción mediante el oleoducto Este-Oeste hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, con una capacidad cercana a 7 millones de barriles diarios. Los Emiratos Árabes Unidos cuentan con otro oleoducto entre Habshan y Fujairah capaz de transportar alrededor de 1,5 millones de barriles diarios. Incluso utilizando estas infraestructuras al máximo, el volumen desviado queda muy por debajo del flujo que normalmente atravesaba el estrecho.

La consecuencia inmediata ha sido una subida brusca del precio del petróleo. El crudo WTI superó los 92 dólares por barril en las primeras jornadas de la escalada, mientras que los analistas consideran plausible un salto por encima de los 100 dólares si la interrupción se prolonga. Algunos mandos militares iraníes han llegado a declarar explícitamente que el objetivo estratégico de la guerra es empujar el precio del petróleo hasta los 200 dólares por barril, una cifra que desencadenaría un shock energético comparable al de las grandes crisis petroleras del siglo pasado.

Las repercusiones sobre la economía mundial ya empiezan a ser visibles. Cada aumento sostenido de diez dólares en el precio del petróleo puede restar entre una y dos décimas al crecimiento económico global durante el año siguiente, según estimaciones de bancos internacionales. En las economías desarrolladas, un aumento del 10% en el precio del crudo podría añadir entre dos y cuatro décimas a la inflación anual.

El impacto se transmite también a otros sectores energéticos. El Golfo Pérsico concentra una parte sustancial de la producción mundial de fertilizantes y productos petroquímicos, especialmente amoniaco y urea. La interrupción de las exportaciones de Qatar y otros países amenaza con elevar el coste de los fertilizantes y presionar al alza los precios de los alimentos, especialmente en Europa y Asia.

El comercio internacional sufre otra de las grandes sacudidas del conflicto. La interrupción del tráfico marítimo en el Golfo ha dejado cientos de buques atrapados o desviados. Más de 3.200 barcos se encuentran inactivos dentro del Golfo Pérsico, mientras otros 500 esperan en el exterior. La capacidad paralizada equivale a unos 470.000 contenedores estándar, aproximadamente el 10% de la flota mundial de portacontenedores.

Las principales navieras han suspendido rutas enteras. La danesa Maersk mantiene al menos diez buques atrapados en el Golfo, incapaces de abandonar la zona. Los barcos que logran continuar su viaje deben rodear África por el cabo de Buena Esperanza, lo que añade entre diez y catorce días al trayecto entre Asia y Europa. Este desvío incrementa el consumo de combustible, retrasa la llegada de mercancías y provoca un efecto dominó en toda la logística global.

Las tarifas de transporte marítimo han reaccionado con rapidez. Las compañías han impuesto recargos de emergencia de hasta 1.800 dólares por contenedor de 20 pies, 3.000 dólares por contenedor de 40 pies y casi 4.000 dólares por contenedor refrigerado. Otras navieras han añadido recargos adicionales de hasta 3.000 dólares por unidad. A esto se suma el aumento del 300% en las primas de seguro marítimo por riesgo de guerra.

Estas perturbaciones ya se traducen en aumentos de precios en sectores industriales. Los envíos de semiconductores desde Asia hacia los centros de ensamblaje del Golfo se han retrasado, lo que amenaza con encarecer la electrónica de consumo entre un 20% y un 30%. Los productos agrícolas también se ven afectados por la interrupción del comercio de fertilizantes y materias primas.

El turismo constituye otra de las víctimas inmediatas del conflicto. Las ciudades del Golfo, que se habían convertido en grandes centros de tránsito aéreo y destinos turísticos globales, han sufrido cierres temporales de aeropuertos y cancelaciones masivas de vuelos. Las aerolíneas se enfrentan a rutas más largas para evitar el espacio aéreo iraní y a un combustible mucho más caro. En consecuencia, las tarifas aéreas internacionales han subido entre un 3% y un 15% en pocos días.

La crisis también golpea al sistema financiero regional. La decisión iraní de considerar objetivos militares a los bancos vinculados a Estados Unidos e Israel ha generado temor en los centros financieros del Golfo. La mera amenaza de ataques contra instituciones bancarias internacionales ha provocado recalculaciones de riesgo por parte de aseguradoras y entidades financieras. El peligro de corridas bancarias o retiradas masivas de depósitos se ha convertido en una preocupación real en ciudades como Dubái, Manama o Kuwait.

China ocupa un lugar singular en este nuevo escenario geoeconómico. Mientras gran parte del tráfico marítimo internacional evita el estrecho de Ormuz, el petróleo iraní sigue fluyendo hacia puertos chinos a través de una flota clandestina de petroleros sancionados. Desde el inicio de la guerra se habrían exportado al menos 11,7 millones de barriles de crudo iraní hacia China mediante estos canales. Pekín compra entre el 80% y el 90% de las exportaciones petroleras iraníes y dispone además de reservas estratégicas suficientes para cubrir entre 90 y 130 días de consumo. Esta situación permite a China amortiguar el impacto energético de la crisis mientras el resto del mundo enfrenta precios al alza.

Finalmente, la factura más pesada llegará cuando termine la guerra. La reconstrucción de infraestructuras dañadas en Israel, Irán y los países del Golfo podría alcanzar cifras colosales. La reparación de refinerías, depósitos de combustible, puertos, aeropuertos y centros industriales destruirá recursos durante años. La reconstrucción de una gran refinería puede costar entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, mientras que la reparación de aeropuertos, puertos y redes energéticas puede sumar decenas de miles de millones adicionales.

En conjunto, la guerra ya se perfila como uno de los conflictos más costosos de la historia reciente. La combinación de operaciones militares intensivas, destrucción de infraestructura energética, interrupciones comerciales y volatilidad financiera amenaza con transformar un conflicto regional en un shock económico global. La guerra, en este caso, no solo se libra con misiles y aviones: también se combate en los mercados energéticos, en los puertos del comercio mundial y en las cuentas bancarias de millones de personas.

 

 

¿Hacia dónde conduce Trump al mundo?

La estrategia de poder con la que Washington busca frenar a China

Contenido

Buenos Aires. Muchos analistas internacionales se preguntan si las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump responden a impulsos improvisados —y, por tanto, irreflexivos— o si, por el contrario, forman parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para redefinir el equilibrio global antes de que concluya su mandato. La acumulación de medidas adoptadas desde su regreso a la Casa Blanca parece sugerir lo segundo: un plan coherente, aunque disruptivo, destinado a preservar la primacía de Estados Unidos en un sistema internacional que Washington percibe cada vez más hostil.

Al asumir nuevamente la presidencia, Trump pareció llegar a una conclusión central: el liderazgo global de Estados Unidos estaba siendo erosionado por el ascenso de una potencia rival. A diferencia de los tiempos de Ronald Reagan, cuando el “Imperio del Mal” era la Unión Soviética, el desafío estratégico del siglo XXI proviene de China.

El gigante asiático no solo cuenta con una economía capaz de disputar la primacía tecnológica e industrial estadounidense, sino también con una red de aliados políticos y comerciales que amplían su influencia. Entre ellos destacan los países agrupados en el bloque de los BRICS, una plataforma formada por economías emergentes que busca reducir la hegemonía financiera occidental mediante iniciativas como la desdolarización del comercio internacional, la creación de mecanismos de crédito alternativos y un mayor uso de monedas nacionales en las transacciones globales.

Un nuevo “eje” geopolítico

En la visión estratégica de Washington, el sistema de alianzas que órbita alrededor de Pekín incluye a Rusia, Irán y Corea del Norte como pilares principales. A su alrededor se alinean socios menores —aunque geopolíticamente relevantes— como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Estos países desempeñan un papel particularmente sensible para Estados Unidos porque se sitúan en el Caribe y América Latina, regiones tradicionalmente consideradas parte de su esfera de influencia estratégica. Desde la perspectiva estadounidense, su presencia allí constituye una amenaza directa en el llamado “vientre blando” del país.

La cooperación entre estos Estados no se limita al plano político. También abarca acuerdos militares, intercambio de inteligencia y ejercicios conjuntos. En algunos casos incluye incluso presencia física de fuerzas extranjeras. Tropas rusas han sido desplegadas en Venezuela y Cuba, mientras que China mantiene instalaciones de seguimiento espacial y de guerra electrónica en territorio cubano.

En febrero de 2026, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, advirtió ante el Congreso que Pekín utiliza a Cuba como una “plataforma avanzada para la recopilación de inteligencia”. Según la administración estadounidense, estas actividades se remontan al menos a 2019 y han sido ampliadas en los últimos años.

A esta red se suman otros indicios de cooperación estratégica. Buques iraníes han realizado escalas frecuentes en puertos venezolanos y cubanos, mientras que los intercambios militares entre Moscú, Teherán y Caracas se han vuelto cada vez más visibles.

Los enclaves estratégicos de China en América Latina

China también ha consolidado posiciones clave en América Latina mediante inversiones en infraestructuras críticas. Entre ellas destacan el control que empresas vinculadas al conglomerado hongkonés CK Hutchison ejercen sobre instalaciones en el Canal de Panamá, el megapuerto de Chancay en Perú —concebido como una puerta de entrada directa al comercio asiático— y la estación espacial china instalada en Bajada del Agrio, en la provincia argentina de Neuquén.

Este complejo, que ocupa unas 200 hectáreas en la Patagonia, está operado por la Agencia China de Lanzamiento y Control de Satélites, dependiente del Ejército Popular de Liberación. Para muchos analistas occidentales, su carácter dual —civil y militar— plantea interrogantes sobre su posible utilización con fines estratégicos.

La dimensión energética también forma parte de esta ecuación. En 2025, Venezuela suministró entre el 3,3% y el 3,5% de las importaciones petroleras totales de China, mientras que Irán aportó cerca del 13%. Estos flujos consolidan la interdependencia entre Pekín y algunos de los principales adversarios de Washington.

El ascenso militar chino

Aunque la expansión internacional de China se ha apoyado sobre todo en el comercio y la inversión, Pekín no ha descuidado el desarrollo de su poder militar. En los últimos años ha modernizado de forma acelerada su marina y su aviación naval, ampliando su capacidad de proyectar fuerza en el mar de China Meridional y en las rutas marítimas que abastecen su economía.

La inauguración de su base naval en Yibuti, en el estratégico Cuerno de África, fue un símbolo de ese cambio de escala. Desde entonces, la presencia naval china en el Índico y el Pacífico occidental ha aumentado de manera constante, generando preocupación en países como Japón, Corea del Sur y Taiwán.

La respuesta de Trump

Ante lo que considera una amenaza existencial para la hegemonía estadounidense, Donald Trump ha optado por una estrategia directa: reforzar a sus aliados, debilitar a la coalición rival y reconfigurar el sistema internacional en términos más favorables a Washington.

Su discurso inaugural ya contenía señales de esa orientación. Entre ellas destacaban su interés por adquirir Groenlandia y por reforzar el control estadounidense sobre el Canal de Panamá, dos enclaves estratégicos para las rutas comerciales y militares del Atlántico Norte.

Al mismo tiempo, exigió a los países de la OTAN un aumento sustancial de su gasto en defensa, advirtiendo que Estados Unidos podría reconsiderar su compromiso con la seguridad europea si los aliados no asumían una mayor parte de la carga. La insinuación de que Washington podría retirar su “paraguas nuclear” sobre Europa provocó inquietud en varias capitales del continente.

Trump también marginó a los gobiernos europeos de las principales negociaciones internacionales, especialmente en los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo, reforzando un estilo diplomático basado en decisiones unilaterales.

Del multilateralismo al bilateralismo

La política exterior estadounidense experimentó así un giro significativo: el abandono del multilateralismo tradicional en favor de acuerdos bilaterales o coaliciones ad hoc.

En enero de 2026, Washington promovió la creación del Board of Peace (Junta de Paz), un foro internacional destinado a coordinar iniciativas de seguridad, mediación en conflictos y reconstrucción en zonas de guerra. Entre sus miembros iniciales figuraban varios líderes cercanos ideológicamente a Trump, como el presidente argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa y la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

De forma paralela, Estados Unidos impulsó una alianza regional denominada Shield of the Americas, integrada por 17 países y orientada a la cooperación militar contra el narcotráfico y la creciente influencia china en el hemisferio occidental.

El distanciamiento de Naciones Unidas

Este nuevo enfoque también implicó un distanciamiento creciente de las instituciones multilaterales tradicionales. La administración Trump suspendió el financiamiento estadounidense a varias agencias vinculadas con Naciones Unidas, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos y la agencia de asistencia a los refugiados palestinos.

En enero de 2026, el presidente firmó además un memorando ordenando revisar la participación de Estados Unidos en 66 organismos internacionales.

Para la Casa Blanca, muchas de estas instituciones se habían convertido en plataformas burocráticas que utilizaban fondos estadounidenses para promover políticas contrarias a los intereses de Washington.

Europa, entre la dependencia y la autonomía

En este contexto, Europa se enfrenta a una incómoda realidad. Sin la plena garantía de seguridad estadounidense, la Unión Europea se encuentra ante el desafío de reforzar su autonomía estratégica.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo expresó con claridad en marzo de 2026 durante una conferencia de embajadores en Bruselas. “La idea de que podemos simplemente retirarnos de este mundo caótico es una falacia”, afirmó. Europa, añadió, debe desarrollar “mayor asertividad” y construir nuevas formas de cooperación para defender sus intereses en un sistema internacional cada vez más inestable.

Intervenciones y conflictos

Mientras tanto, la Casa Blanca ha continuado desplegando su estrategia global con rapidez.

Tras la llamada “batalla de los aranceles”, Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes para poner fin a la denominada Guerra de los Doce Días entre Israel y Teherán. Posteriormente impulsó un acuerdo para detener la guerra entre Israel y las milicias de Hamás y Hezbolá en Gaza y el Líbano.

Pero el frente más inmediato para Washington estaba en el Caribe. Allí, la administración Trump intensificó su presión sobre el régimen chavista en Venezuela. Inicialmente justificó su intervención en la amenaza del narcotráfico, aunque pronto el discurso giró hacia el control de las mayores reservas petroleras del mundo.

Según diversas versiones, a comienzos de 2026 fuerzas estadounidenses lograron capturar al líder venezolano Nicolás Maduro, forzando al debilitado gobierno encabezado por Delcy Rodríguez a aceptar un acuerdo que incluía la apertura del sector petrolero a empresas estadounidenses y la liberación de presos políticos.

La presión sobre Cuba y América Latina

La Casa Blanca también endureció su postura hacia Cuba, imponiendo un embargo total y pronosticando el colapso del régimen antes de octubre. Trump ha llegado incluso a sugerir que la isla podría convertirse en un “Estado asociado” o eventualmente en el “Estado número 51” de la Unión.

Las tensiones no se limitaron a estos países. México, Colombia y Brasil también han recibido advertencias de Washington.

En México, la presión estadounidense contribuyó a un cambio en la estrategia contra el narcotráfico, que culminó con la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante una operación militar en febrero de 2026.

En Brasil, la relación con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha deteriorado por la cercanía de Brasilia con los BRICS y por la visita de buques de guerra iraníes a puertos brasileños en 2025.

La confrontación con Irán

El frente más explosivo de esta estrategia se encuentra en Oriente Próximo.

Con el despliegue de una poderosa fuerza naval encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln, Estados Unidos lanzó el 28 de febrero la Operación Furia Épica, una ofensiva conjunta con Israel contra instalaciones militares y nucleares iraníes.

Los objetivos declarados de Washington eran claros: destruir el programa nuclear iraní, cortar el apoyo de Teherán a milicias aliadas como Hamás, Hezbolá y los hutíes y, en última instancia, debilitar al régimen de los ayatolás.

Pero la guerra también tiene una dimensión energética. Irán posee las terceras reservas de petróleo del mundo. Si Washington lograra controlar indirectamente estos recursos —sumados a los de Venezuela— su influencia sobre el mercado energético global sería considerable.

Un mundo en transición

El conflicto con Irán ha provocado graves daños en infraestructuras civiles, tensiones regionales y una nueva sacudida para la economía mundial, todavía debilitada por las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

En este momento resulta imposible prever el desenlace del conflicto. Probablemente Irán no pueda ganar la guerra, pero la incógnita es si el régimen sobrevivirá lo suficiente para reconstruir su capacidad militar y continuar su ambición de convertirse en una potencia nuclear.

La pregunta más inquietante, sin embargo, es otra: si esta serie de movimientos constituye el preludio de una confrontación mucho mayor con China.

Porque, detrás de cada una de estas crisis, parece perfilarse el verdadero objetivo estratégico de Washington: impedir que Pekín se convierta en la potencia dominante del siglo XXI.

¿Ha comenzado una Guerra Mundial Fragmentada?

El rearme europeo, la guerra en Ucrania y la escalada en Oriente Próximo dibujan un sistema internacional cada vez más fragmentado e inestable

Contenido:

Buenos Aires - La advertencia ya no procede de analistas marginales ni de informes reservados de inteligencia. En los últimos meses, jefes militares, presidentes y primeros ministros europeos han comenzado a hablar abiertamente de la necesidad de preparar a sus países para una eventual guerra con Rusia. Mientras la OTAN refuerza sus ejércitos y las sociedades europeas empiezan a ser mentalmente movilizadas para un escenario de conflicto prolongado, el continente se asoma a un horizonte inquietante: la posibilidad real de una confrontación armada de gran escala antes de que termine la década.

La sensación de que el orden internacional atraviesa un punto de inflexión estratégico se extiende desde Europa oriental hasta el Golfo Pérsico. Dos teatros de operaciones —Ucrania y Oriente Próximo— concentran actualmente tensiones que ya no pueden considerarse conflictos aislados, sino episodios de una crisis geopolítica más amplia.

El escenario europeo

Durante décadas, gran parte del mundo vivió bajo la convicción de que la guerra entre grandes potencias había quedado relegada a los textos de historia. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 quebró ese consenso con una brutalidad que aún hoy continúa reordenando el tablero estratégico europeo.

Cuatro años después, el lenguaje utilizado en las principales capitales occidentales ha cambiado de forma perceptible. Las referencias a la disuasión, el diálogo o la diplomacia conviven ahora con un término que durante décadas había sido cuidadosamente evitado: guerra.

En realidad, desde 2020 el mundo asiste a una confrontación indirecta entre bloques. Rusia, respaldada política y estratégicamente por países como Bielorrusia, China, Irán, Corea del Norte o Cuba, combate en Ucrania frente a un país que recibe un amplio apoyo militar, financiero y tecnológico por parte de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Moscú ha logrado sortear parcialmente las sanciones occidentales mediante el apoyo de sus socios. China e Irán han suministrado tecnología, equipos militares y apoyo industrial, mientras Bielorrusia ha permitido el uso de su territorio como plataforma logística y militar para las fuerzas rusas. Corea del Norte ha ido más lejos al enviar tropas y armamento para reforzar el esfuerzo bélico del Kremlin. Cuba, por su parte, ha permitido la participación de combatientes voluntarios que se integraron en unidades rusas.

Ucrania, en cambio, ha sido sostenida por una amplia coalición occidental. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia, Canadá e Italia han proporcionado armamento avanzado, entrenamiento militar, inteligencia satelital, asistencia financiera y ayuda humanitaria. Canadá, por ejemplo, ha destinado en cuatro años cerca de 25.000 millones de dólares en apoyo económico y militar, además de entregar cientos de vehículos blindados.

La prolongación de los combates ha provocado un elevado número de bajas en ambos bandos. Ante las dificultades para sostener el reclutamiento interno, tanto Rusia como Ucrania han recurrido a combatientes extranjeros y mercenarios. En muchos casos, esos combatientes pertenecen en realidad a unidades activas de fuerzas especiales de países que oficialmente se declaran neutrales.

Las consecuencias económicas de la guerra también han sido profundas. Las sanciones occidentales contra Rusia, la interrupción del suministro de hidrocarburos baratos procedentes de ese país y la destrucción de infraestructuras energéticas compartidas han alterado profundamente el equilibrio económico del continente.

El impacto no se limita a los Estados directamente implicados en el conflicto. Gran parte de la economía europea ha sufrido los efectos combinados del encarecimiento energético, la inflación y el aumento del gasto militar.

A estos daños económicos se suman las consecuencias sociales. Millones de personas han sido desplazadas por los combates o han huido de ciudades bombardeadas. Paralelamente, miles de jóvenes han abandonado sus países para evitar el reclutamiento obligatorio. Incluso en algunos países europeos comenzaron a detectarse movimientos migratorios hacia América Latina motivados por el temor a una eventual guerra generalizada.

Europa se rearma

Mientras el conflicto se prolongaba, las principales potencias europeas comenzaron a prepararse para una posible confrontación directa con Rusia.

Francia ha asumido un papel central en este viraje estratégico. La decisión del presidente Emmanuel Macron de autorizar la construcción de un nuevo portaaviones nuclear —el programa PANG, destinado a convertirse en el mayor buque de guerra jamás construido en Europa— constituye tanto un proyecto militar como un mensaje político: París pretende mantener su condición de potencia estratégica autónoma dentro del sistema de defensa occidental.

Pero las señales de preparación para un conflicto van mucho más allá del ámbito estrictamente militar. El Gobierno francés ha ordenado a su sistema sanitario preparar planes para la eventual llegada de miles de heridos militares antes de 2026. Paralelamente, se ha recomendado a la población civil disponer de kits de emergencia para varios días, una medida que evoca los momentos más tensos de la Guerra Fría.

Las advertencias de los responsables militares franceses han sido particularmente explícitas. El general Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor, advirtió ante el Parlamento que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para un “choque más violento” con Rusia en un plazo de tres o cuatro años. Su antecesor, Thierry Burkhard, fue aún más directo: “La guerra ya está en Europa”.

Alemania, tradicionalmente reticente a asumir un papel militar destacado tras la Segunda Guerra Mundial, también atraviesa una transformación estratégica profunda. Berlín ha iniciado un proceso de rearme que habría resultado impensable hace apenas una década.

El fondo extraordinario de 100.000 millones de euros destinado a modernizar la Bundeswehr simboliza el abandono definitivo de la llamada “cultura de contención” que caracterizó a la política alemana desde 1945. Incluso se debate la posibilidad de integrar plenamente a Alemania en el paraguas nuclear francés mediante acuerdos de disuasión compartida.

Polonia, por su parte, se ha convertido en el país europeo que se prepara con mayor determinación para una posible guerra. Varsovia dedica más del 4% de su producto interno bruto al gasto militar y aspira a construir el mayor ejército terrestre de Europa.

La militarización ha adquirido incluso una dimensión social. Programas de formación en tiro en las escuelas, entrenamiento paramilitar para funcionarios y una rápida expansión de las fuerzas territoriales de reserva forman parte de una estrategia nacional destinada a preparar a la sociedad para un eventual conflicto.

Países Bajos también ha reforzado su compromiso con la defensa colectiva de la OTAN. En caso de escalada militar con Rusia, las fuerzas profesionales neerlandesas serían desplegadas rápidamente en apoyo de los países bálticos o de otros aliados del flanco oriental.

El Gobierno ha incrementado el gasto en defensa y ha aprobado la adquisición de equipamiento militar moderno, incluidos aviones F-35, helicópteros navales, vehículos blindados y sistemas de defensa antiaérea.

Países Bajos participa además en iniciativas europeas como la European Sky Shield Initiative, destinada a reforzar la defensa antimisiles del continente frente a ataques aéreos o balísticos. Al mismo tiempo, el país se ha sumado a programas europeos de preparación estratégica como el plan Rearmar Europa / Preparación 2030, que busca fortalecer las capacidades militares colectivas del bloque.

Las autoridades neerlandesas también han comenzado a preparar su infraestructura civil para eventuales contingencias de guerra. Hospitales, servicios de emergencia y autoridades regionales elaboran planes de respuesta para situaciones de crisis, mientras se recomienda a la población disponer de reservas básicas de agua, alimentos y suministros para al menos 72 horas.

A diferencia de otros países europeos que han reintroducido el servicio militar obligatorio, Países Bajos ha optado por un modelo de reservistas voluntarios incentivados. Este sistema permite aumentar el tamaño de las fuerzas armadas sin recurrir a la conscripción y al mismo tiempo mantiene un elevado nivel de apoyo social al esfuerzo de defensa.

El Reino Unido, potencia nuclear y aliado clave de Washington, también ha intensificado su preparación estratégica.

Londres está reforzando sus capacidades navales y antimisiles mediante el desarrollo de nuevas tecnologías militares. Entre ellas se encuentran sistemas autónomos para la vigilancia submarina en el Atlántico Norte y armas avanzadas como el sistema láser naval DragonFire.

Al mismo tiempo, el Gobierno británico mantiene una intensa actividad diplomática en foros internacionales como la OTAN o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), donde promueve mecanismos de transparencia militar y reducción de riesgos destinados a evitar escaladas accidentales.

Sin embargo, más allá del discurso diplomático, la tendencia general del continente resulta evidente: el rearme ha dejado de ser una opción política para convertirse en una necesidad estratégica ampliamente asumida.

El teatro de operaciones de Oriente Próximo

Mientras Europa se prepara para una posible confrontación futura, Oriente Próximo vive ya una guerra abierta.

Desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2024, gran parte de la región se encuentra atrapada en una espiral de violencia que ha ido ampliando progresivamente el número de actores implicados.

Si se consideran las sucesivas escaladas militares y la reciente ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán como parte de una misma dinámica bélica, el conflicto regional involucra directa o indirectamente a más de veinte países.

Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Francia, Grecia, España, Georgia, Líbano, Siria, Irán, Bahréin, Omán, Yemen, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Irak, Jordania y Chipre.

En este amplio y complejo teatro de operaciones, la intensidad de los combates ha superado en muchos casos a la registrada en el frente europeo. Gaza, por ejemplo, ha quedado prácticamente reducida a escombros tras meses de bombardeos y combates urbanos.

La madrugada del 28 de febrero marcó una nueva fase en la crisis regional.  En una operación coordinada, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos y con misiles contra objetivos estratégicos en Irán, incluyendo instalaciones militares, centros de investigación nuclear y bases de los Guardianes de la Revolución. La ofensiva —presentada por Washington como una acción preventiva destinada a neutralizar amenazas estratégicas— provocó cientos de víctimas y la destrucción de infraestructuras críticas.

La reacción iraní fue inmediata. Teherán respondió mediante ataques con misiles balísticos, drones y operaciones indirectas ejecutadas por milicias aliadas en la región. Bases estadounidenses en Irak, Siria y los países del Golfo fueron atacadas, mientras objetivos israelíes en el Mediterráneo oriental y el mar Rojo quedaron bajo amenaza.

La crisis se trasladó rápidamente al Golfo Pérsico, donde Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz, de los puntos más sensibles de la economía mundial.

Por ese corredor marítimo transitan diariamente alrededor de veinte millones de barriles de petróleo, aproximadamente una quinta parte del consumo global, además de cerca del veinte por ciento del comercio mundial de gas natural licuado.

El bloqueo del paso marítimo ha dejado cientos de buques atrapados en el Golfo Pérsico. Petroleros, portacontenedores y transportes de gas permanecen detenidos mientras las compañías navieras suspenden operaciones por temor a ataques.

Las consecuencias económicas han sido inmediatas. Los precios del petróleo han experimentado fuertes subidas y los mercados financieros han reaccionado con gran volatilidad. Si el bloqueo se prolongara durante varios meses, diversos analistas estiman que el precio del crudo podría superar los 120 o incluso los 150 dólares por barril.

Un sistema internacional al borde de la fractura

En este contexto, la pregunta resulta inevitable: ¿ha comenzado ya la Tercera Guerra Mundial? Formalmente, todavía no. No existe una guerra declarada entre las grandes potencias. Pero el mapa global muestra una realidad cada vez más inquietante.

Europa oriental, Oriente Próximo y varias regiones de Asia concentran conflictos interconectados en los que participan directa o indirectamente las principales potencias del sistema internacional.

El mundo parece haber entrado en una etapa de conflictos simultáneos entre bloques rivales, una situación que algunos analistas describen como una “guerra mundial fragmentada”.

La cuestión que permanece abierta es si esas guerras regionales podrán mantenerse contenidas o si, como ocurrió en las grandes conflagraciones del siglo XX, terminarán convergiendo en un enfrentamiento global. Por ahora, el planeta no vive todavía una tercera guerra mundial. Pero tampoco puede afirmarse que siga viviendo en paz.

 

Marruecos consolida apoyos europeos a su soberanía sobre el Sáhara

Finlandia y Bélgica se suman al creciente respaldo internacional al plan de autonomía marroquí, en un nuevo éxito de la estrategia diplomática impulsada por el rey Mohammed VI para cerrar uno de los conflictos más prolongados del norte de África.

Por décadas, el contencioso del Sáhara ha sido uno de los últimos conflictos heredados de la Guerra Fría en el norte de África. Sin embargo, en los últimos años la balanza diplomática parece inclinarse progresivamente a favor de Rabat. En una nueva señal de ese cambio de tendencia, Finlandia y Bélgica han reafirmado en los últimos días su respaldo al plan de autonomía presentado por Marruecos, que prevé un autogobierno para el territorio bajo soberanía marroquí.

Estas posiciones, expresadas tras sendos encuentros diplomáticos en Rabat, se inscriben en una dinámica más amplia de apoyos internacionales que Marruecos ha ido acumulando durante la última década. Para muchos observadores, el giro refleja el resultado de una estrategia sostenida desde el Palacio Real por el rey Mohammed VI, quien ha convertido la cuestión del Sáhara en el eje central de la política exterior del país.

Finlandia se suma al respaldo europeo

El apoyo más reciente proviene de Elina Valtonen, quien durante una visita oficial a Rabat expresó el respaldo de su país a la iniciativa marroquí.

Tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, la diplomacia finlandesa señaló que “una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría constituir la solución más factible” para resolver el conflicto. Finlandia reafirmó además su apoyo al plan presentado por Marruecos, considerándolo una base seria y creíble para alcanzar una solución política definitiva y mutuamente aceptable.

La declaración conjunta emitida tras la reunión subrayó también el respaldo de ambos países a los esfuerzos de las Naciones Unidas para encontrar una salida negociada al conflicto. En ese sentido, las dos delegaciones saludaron la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad y reiteraron su apoyo a la mediación impulsada por la ONU.

Aunque Helsinki ha mantenido históricamente una postura prudente sobre el contencioso, su respaldo explícito al plan marroquí supone un gesto significativo dentro del marco europeo. En la práctica, la posición finlandesa se alinea con la de varios países occidentales que en los últimos años han considerado la propuesta de autonomía como la opción más realista para cerrar el conflicto.

Bélgica refuerza su posición y anuncia medidas concretas

Pocas horas después del pronunciamiento finlandés, Rabat recibió otro respaldo diplomático importante desde Bruselas. El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, reafirmó el apoyo claro y constante de su país a la iniciativa de autonomía marroquí.

Durante su encuentro con Bourita, el jefe de la diplomacia belga describió el plan como “la base más adecuada, seria, creíble y realista” para alcanzar una solución política duradera al diferendo regional.

La posición belga no se limita a una declaración política. Según explicó Prévot, su Gobierno prevé actuar en consecuencia en los planos diplomático y económico, lo que podría traducirse en un incremento de la cooperación y las inversiones en las provincias del sur administradas por Marruecos.

Entre las medidas previstas figura una futura visita del embajador belga a la región del Sáhara para preparar iniciativas económicas, incluidas misiones empresariales y ferias comerciales organizadas por las agencias regionales de desarrollo.

Bélgica también reiteró que su consulado general en Rabat tiene competencia sobre todo el territorio marroquí sin distinción regional, incluida la región del Sáhara, una señal diplomática que Rabat interpreta como un reconocimiento implícito de su soberanía.

Una estrategia diplomática de largo plazo

Los nuevos apoyos europeos no se producen en el vacío. Forman parte de una evolución diplomática que Marruecos viene construyendo desde hace más de dos décadas.

Desde su llegada al trono en 1999, Mohammed VI ha impulsado una política exterior basada en tres pilares: la consolidación de alianzas estratégicas con potencias occidentales, la expansión de la influencia marroquí en África y el fortalecimiento de su papel como socio económico y de seguridad para Europa.

La Iniciativa para la Negociación de un Plan de Autonomía presentada por Rabat ante Naciones Unidas en 2007 fue el punto de inflexión de esa estrategia. El plan propone dotar al territorio de amplias competencias políticas y administrativas —incluido un parlamento regional y capacidad de gestión económica— bajo soberanía marroquí.

Con el paso de los años, cada vez más países han considerado esta fórmula como la vía más pragmática para resolver un conflicto que lleva medio siglo bloqueado.

El cambio del clima internacional

La acumulación de respaldos internacionales ha sido notable en la última década. Varios países occidentales, así como numerosos Estados africanos y árabes, han expresado su apoyo a la iniciativa marroquí.

Paralelamente, más de una veintena de países han abierto consulados en las ciudades de Dajla y El Aaiún, un gesto diplomático que Rabat interpreta como reconocimiento de facto de su administración sobre el territorio.

El apoyo de países europeos como Finlandia y Bélgica reviste especial importancia porque refuerza la tendencia dentro de la Unión Europea hacia una visión más pragmática del conflicto.

El Sáhara como eje de la diplomacia marroquí

Para Marruecos, la cuestión del Sáhara no es simplemente un asunto de política exterior. Rabat la considera una cuestión de integridad territorial y unidad nacional, un principio reiterado por las autoridades marroquíes en cada encuentro diplomático.

Ese enfoque explica por qué el reino ha convertido la defensa de su soberanía sobre el territorio en el eje central de su acción internacional.

En este contexto, los respaldos recientes de Helsinki y Bruselas se interpretan en Rabat como una nueva confirmación de que la estrategia diplomática del país está dando frutos.

A medida que crece el número de países que consideran el Plan de Autonomía como la solución más viable, Marruecos busca consolidar una nueva realidad política en torno al Sáhara: la de un conflicto cuya salida, según la narrativa diplomática del reino, pasa inevitablemente por reconocer la soberanía marroquí sobre la totalidad de su territorio.