martes, 17 de febrero de 2026

El Japón en la geopolítica de Asia


Japón vive en 2026 un momento histórico en el que su política de defensa, su economía y su diplomacia están configurando una presencia cada vez más determinante en la geopolítica de Asia y del sistema internacional. Con un giro que algunos analistas han calificado de “revolución silenciosa” tras décadas de pacifismo constitucional, el país ha comenzado a reconfigurar su papel regional en respuesta a un entorno de seguridad más complejo y competitivo, marcado por la ascensión de China, las tensiones en Taiwán, Corea del Norte y la redefinición de las alianzas.

Una geografía complicada

Japón tiene una geografía cuando menos singular. La particular configuración de su territorio lo convierte en el ejemplo paradigmático de un Estado archipiélago. La mayoría de sus 124 millones de habitantes reside en las cuatro grandes islas situadas al este del mar del Japón, mientras que una minoría se distribuye en parte de los 6.848 islotes que componen el archipiélago.

La mayor de las islas principales es Honshu, que concentra cerca del 60% del territorio nacional y alberga a Tokio, la mayor megalópolis del mundo, con alrededor de 37 millones de habitantes en su área metropolitana. En esta isla se extiende también la llanura cultivable más importante del país, razón por la cual allí surgieron históricamente los principales núcleos urbanos y se consolidó el corazón político y económico del Estado.

La distancia más corta entre el archipiélago japonés y la masa continental euroasiática ronda los 200 kilómetros. Esa barrera natural explica, en parte, por qué Japón nunca fue invadido con éxito en la era premoderna y por qué ha mantenido durante siglos una notable homogeneidad étnica. Desde hace más de dos milenios no se produce una gran llegada de población extranjera que altere de forma sustancial su composición demográfica.

El territorio japonés es más extenso que la península de Corea, ligeramente inferior al de Noruega y algo superior al de Alemania. Sin embargo, tres cuartas partes del país no son aptas para el asentamiento humano intensivo, en especial por la presencia de regiones montañosas, y apenas un 13% de la superficie resulta adecuada para la agricultura intensiva. Esta limitación ha concentrado a la población en estrechas franjas costeras y en reducidas áreas interiores, donde el arroz debe cultivarse en terrazas construidas sobre las laderas.

Las montañas proveen abundante agua, pero la falta de amplias llanuras convierte a los ríos japoneses en cursos cortos y poco navegables, lo que históricamente dificultó su utilización como ejes de comercio interior. La escasa confluencia entre ellos agrava ese condicionante estructural.

Ante ese entorno, el pueblo japonés se proyectó hacia el mar. Tejió redes comerciales a lo largo de sus miles de islas, realizó incursiones en la península coreana y, tras siglos de aislamiento, se modernizó con rapidez para expandirse y dominar amplias zonas del este asiático. La insularidad, lejos de encerrar a Japón, terminó empujándolo hacia una vocación marítima y estratégica.

Japón carece, además, de recursos naturales suficientes para sostener por sí solo una economía industrial avanzada. Posee depósitos de carbón de baja calidad, escaso petróleo, reducidas reservas de gas natural y cantidades insuficientes de numerosas materias primas esenciales. Es el mayor importador mundial de gas natural y uno de los grandes importadores de petróleo, una dependencia que ha condicionado históricamente su política exterior y su necesidad de garantizar rutas marítimas seguras.

El Japón de posguerra

Tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón diseñó una política exterior centrada en la contención de sus capacidades militares y en el desarrollo económico. El militarismo beligerante de comienzos del siglo XX quedó sepultado bajo los escombros de Hiroshima y Nagasaki.

La denominada Doctrina Yoshida, inspirada en el primer ministro Shigeru Yoshida, orientó la estrategia nacional desde la posguerra hasta finales del siglo XX: priorizar la reconstrucción económica y delegar la seguridad estratégica en la alianza con Estados Unidos, limitando el gasto militar propio y privilegiando la diplomacia económica.

El Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua con Washington, vigente desde 1960, consolidó esa arquitectura: bases estadounidenses en territorio japonés a cambio de protección estratégica. Esta fórmula facilitó el llamado “milagro económico japonés”, pero también subordinó en buena medida la política de defensa a decisiones adoptadas en Washington.

Durante décadas, el discurso oficial se apoyó en la Doctrina Fukuda (1977), que rechazaba explícitamente la conversión de Japón en una potencia militar convencional y promovía una relación de cooperación pacífica con el sudeste asiático y con la ASEAN. Japón proyectaba poder a través del comercio, la inversión y la ayuda al desarrollo, no mediante despliegues militares.

Cuando el pacifismo deja de ser alternativa

Ese consenso histórico ya no es inmutable. El debate sobre el llamado “pacifismo proactivo” ha dejado de ser marginal. El Gobierno ha defendido la flexibilización de las restricciones constitucionales que limitaban la exportación de equipamiento militar, abriendo el mercado global de armas a empresas como Mitsubishi Heavy Industries.

La medida está vinculada a la percepción de una “expansión militar china” y a la disputa territorial por las islas Senkaku/Diaoyu, en el mar de China Oriental. La modernización del Ejército Popular de Liberación y la creciente presión sobre Taiwán han reforzado en Tokio la idea de que la mera contención defensiva ya no basta.

Asimismo, Japón ha relajado normas para cooperar en el desarrollo de armamento con aliados más allá del vínculo tradicional con Estados Unidos. El Global Combat Air Programme, destinado a crear una nueva generación de cazas junto a socios europeos, ilustra esta etapa de cooperación tecnológica y militar ampliada.

El proceso incluye un aumento del gasto en defensa con el objetivo de aproximarse al 2% del PIB hacia 2027, dotando a las Fuerzas de Autodefensa de capacidades disuasorias más robustas, incluidos sistemas de misiles de mayor alcance y una interoperabilidad reforzada con aliados regionales.

Asia y el tablero del Indo-Pacífico

Geopolíticamente, el foco de las élites japonesas ha evolucionado desde una diplomacia centrada en la recuperación económica hacia una estrategia que integra seguridad, defensa y comercio bajo el paraguas de un “Indo-Pacífico libre y abierto”. El concepto, promovido por Tokio y Washington, aspira a contrarrestar la influencia china mediante alianzas con India, Australia, países de la ASEAN e incluso socios europeos.

El auge de China —visible en sus reclamaciones territoriales y en su sostenida modernización militar— es citado por expertos japoneses como la razón principal de este cambio estratégico. Las tensiones en el estrecho de Taiwán, la península coreana y los mares de China Oriental y Meridional configuran un arco de inestabilidad que impulsa a Tokio a fortalecer sus capacidades defensivas.

En busca de un nuevo protagonismo

Japón ha desarrollado también una política de “seguridad económica” orientada a proteger cadenas de suministro críticas, asegurar el liderazgo en sectores estratégicos —como semiconductores y computación cuántica— y articular una diplomacia económica complementaria a su política de defensa. La resiliencia frente a presiones externas se ha convertido en un objetivo central.

El resultado es un Japón más asertivo. Si bien mantiene la alianza con Estados Unidos como piedra angular de su seguridad, ha comenzado a diversificar vínculos y a promover mecanismos de cooperación entre potencias medianas para gestionar riesgos compartidos. La colaboración con Filipinas, Corea del Sur, India o actores europeos en materia de seguridad y desarrollo forma parte de esta arquitectura emergente.

Este dinamismo genera tensiones internas. El debate sobre hasta dónde debe Japón alejarse de su legado pacifista es profundo, especialmente en cuestiones sensibles como la política antinuclear, durante décadas tabú y hoy reabierta ante la presión estratégica de Pekín.

La construcción de un liderazgo regional en un mundo más conflictivo

En el complejo tablero del siglo XXI, Japón actúa como pivote estratégico entre grandes potencias y Estados medianos emergentes. Su política de defensa —marcada por un rearme gradual pero decidido—, su potencia económica consolidada y su diplomacia activa han transformado su papel: de socio subordinado en la arquitectura de seguridad regional a actor central del Indo-Pacífico.

El pasado pacifista sigue influyendo en su cultura política, pero la visión de un Japón más influyente parece imponerse sobre la cautela de la posguerra. No busca una hegemonía territorial explícita, sino un liderazgo regional sustentado en capacidades militares eficaces, alianzas sólidas y una proyección económica robusta.

En un entorno donde la rivalidad entre grandes potencias redefine alianzas y equilibrios, la redefinición del papel japonés se perfila como uno de los factores más determinantes de la geopolítica global en las próximas décadas.

 

domingo, 15 de febrero de 2026

Donald Trump convoca a sus aliados latinoamericanos para relanzar la Doctrina Monroe en el siglo XXI

 


La cumbre latinoamericana del 7 de marzo en Miami busca articular un bloque regional alineado con la estrategia estadounidense frente al avance de China y la pugna por los recursos estratégicos.

Contenido

El presidente Donald Trump ha convocado para el próximo 7 de marzo, en el hotel Doral de Miami, a varios mandatarios latinoamericanos afines a su Administración con el objetivo de formalizar una nueva alianza regional que respalde internacionalmente la agenda estratégica de Washington. La iniciativa, según fuentes cercanas a la Casa Blanca, aspira a consolidar un bloque hemisférico capaz de contrapesar la creciente influencia de China en América Latina y de garantizar el control político y económico de un espacio que Estados Unidos consideró históricamente bajo su esfera natural de influencia.

El “destino manifiesto” y la tradición hemisférica

Desde su consolidación como nación independiente, Estados Unidos cultivó la idea de poseer un “destino manifiesto” de grandeza. Esa convicción impulsó su expansión territorial durante el siglo XIX y cimentó una cultura estratégica que combinó pragmatismo comercial y proyección militar. El sociólogo francés Raymond Aron definió en 1973 a Estados Unidos como una “República Imperial”: una democracia interna con ambiciones y responsabilidades globales.

Para convertirse en ese “imperio” singular, Washington recurrió tanto a la compra como a la guerra para ampliar su territorio, incorporando espacios que habían pertenecido al Reino Unido, España, Francia, México o Rusia. Pero más allá de la expansión física, lo decisivo fue la construcción de una doctrina hemisférica que consideraba al continente americano como área prioritaria de seguridad.

En 1823, el presidente James Monroe formuló el principio que pasaría a la historia como Doctrina Monroe: “América para los americanos”. En Washington significaba la exclusión de potencias europeas; en América Latina se interpretó como la afirmación de una tutela estadounidense. Ocho décadas después, en 1904, Theodore Roosevelt añadió su célebre corolario, que legitimaba la intervención directa de Estados Unidos ante situaciones de “inestabilidad crónica” o incumplimiento de obligaciones financieras en la región. El llamado “Big Stick” se tradujo en ocupaciones y desembarcos en Cuba, Nicaragua, Haití o República Dominicana.

De la Guerra Fría al desinterés estratégico

La Segunda Guerra Mundial y, posteriormente, la Guerra Fría desplazaron el centro de gravedad de la política exterior estadounidense hacia Europa y Asia. América Latina dejó de ser prioridad salvo en momentos de crisis. La Revolución Cubana de 1959 y la crisis de los misiles de 1962 reactivaron la atención de Washington, al igual que el triunfo sandinista en Nicaragua en 1979. Sin embargo, aquellas respuestas —Bahía de Cochinos, la Alianza para el Progreso o el respaldo a la “Contra”— fueron episodios coyunturales.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la llamada “guerra contra el terror” concentró los recursos estratégicos estadounidenses en Oriente Próximo. Mientras tanto, la presencia económica de China en América Latina creció de forma sostenida y discreta.

El avance chino en el hemisferio occidental

En las dos últimas décadas, Pekín se convirtió en el principal socio comercial de varias economías sudamericanas. Invirtió en infraestructuras estratégicas, financió proyectos energéticos y amplió su presencia tecnológica. Empresas chinas participan en la gestión de terminales del Canal de Panamá, construyeron el megapuerto de Chancay en Perú y establecieron en la Patagonia argentina una estación espacial de observación de uso civil administrada por la Agencia China de Lanzamiento y Control de Satélites.

En paralelo, China consolidó su proyección naval en el mar de China Meridional y profundizó su coordinación política en el marco de los BRICS, grupo que explora alternativas al predominio del dólar en el comercio internacional. Además, controla segmentos críticos de la producción mundial de minerales estratégicos esenciales para la transición energética y las nuevas tecnologías.

Este contexto es el que explica el renovado interés de Trump por el hemisferio.

La “Doctrina Donroe” y la presión sobre la región

Con la consigna de “Make America Great Again”, Trump interpreta que Estados Unidos ha perdido terreno frente a China en el plano comercial, tecnológico y geopolítico. América Latina reaparece así como escenario prioritario de competencia estratégica.

Algunos analistas estadounidenses han bautizado su enfoque como la “Doctrina Donroe”, una reinterpretación de la tradición monroísta adaptada al siglo XXI. En su Estrategia Nacional de Seguridad 2025, la Casa Blanca subraya la necesidad de impedir que potencias “hostiles” consoliden posiciones en el hemisferio occidental.

En ese marco, Washington ha desplegado una combinación de incentivos y presiones. El respaldo político y financiero al presidente argentino Javier Milei fue acompañado de gestiones ante organismos multilaterales de crédito. Simultáneamente, la Administración estadounidense dejó claro que la continuidad de su apoyo dependería de la estabilidad política y la alineación estratégica de Buenos Aires.

En Centroamérica y el Caribe, la Casa Blanca reforzó vínculos con gobiernos ideológicamente afines, mientras endurecía su postura frente a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Venezuela como pieza central

La relación con Caracas ha sido uno de los ejes más controvertidos. Trump intensificó las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, al que Washington acusa de narcotráfico y violaciones sistemáticas de derechos humanos. La política estadounidense ha combinado presión económica con intentos de reconfigurar el control sobre el sector petrolero venezolano, el mayor del mundo en reservas probadas.

Para la Casa Blanca, el petróleo y la influencia estratégica pesan más que la retórica democrática. El cálculo geopolítico parece priorizar el control energético y la contención de actores como Rusia, China e Irán, presentes en el país sudamericano.

Tensiones con México, Brasil y Colombia

El presidente colombiano Gustavo Petro ha mantenido una relación ambivalente con Washington, oscilando entre la cooperación y la crítica. México y Brasil, por su parte, han defendido una política exterior más autónoma. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han evitado una confrontación abierta, pero resisten alinearse plenamente con la estrategia estadounidense frente a China y Venezuela.

El resultado es una América Latina dividida en dos grandes sensibilidades: gobiernos que apuestan por una integración estrecha con Washington y otros que privilegian una diplomacia más equidistante o multipolar.

La cumbre de Miami

La reunión del 7 de marzo busca institucionalizar el bloque afín a Washington. Según fuentes diplomáticas, el objetivo sería coordinar posiciones en foros internacionales, garantizar el acceso preferente a recursos estratégicos —litio, petróleo, alimentos— y reforzar la cooperación en materia de seguridad.

Queda por ver cuál será el alcance real del encuentro y qué contraprestaciones ofrecerá Estados Unidos a sus aliados. La historia demuestra que el Hemisferio Occidental nunca ha sido un espacio políticamente homogéneo y que las tentativas de liderazgo indiscutido suelen generar resistencias.

En un mundo marcado por la competencia entre grandes potencias, América Latina vuelve a situarse en el tablero central de la geopolítica global. La cumbre de Miami puede marcar el inicio de una nueva etapa hemisférica o convertirse en un episodio más de una larga disputa por la influencia en el continente. El desenlace dependerá no solo de Washington, sino también de la capacidad de los países latinoamericanos para definir, con autonomía, su propio lugar en el nuevo orden internacional.

 

viernes, 13 de febrero de 2026

Marruecos frente al diluvio



Las precipitaciones triplican las del año pasado, anegan más de 110.000 hectáreas y fuerzan evacuaciones masivas en el norte y el oeste del país. Por Altas Instrucciones Reales, el Gobierno declara la catástrofe y activa un amplio programa de ayudas para viviendas, agricultores e infraestructuras.

Contenido:

Buenos Aires — Marruecos atraviesa una de las crisis hidrometeorológicas más severas de las últimas décadas. Tras meses de precipitaciones persistentes y episodios de lluvias torrenciales reforzados por ríos atmosféricos que también han afectado a la Península Ibérica, el norte y el oeste del país han quedado bajo el agua. Las inundaciones han anegado más de 110.000 hectáreas y provocado el desplazamiento de cerca de 188.000 personas en las provincias de Larache, Kenitra, Sidi Kacem y Sidi.

El impacto humano y material ha sido inmediato: ciudades parcialmente desalojadas, carreteras cortadas, escuelas cerradas y barrios enteros convertidos en lagunas improvisadas. En Ksar El Kebir, una de las localidades más castigadas por el desbordamiento del Loukkos, hasta el 85% de sus habitantes tuvo que abandonar sus hogares ante el riesgo inminente de crecidas.

Un episodio meteorológico excepcional

Desde septiembre, el acumulado medio de precipitaciones alcanzó los 150 milímetros, un 35% más que la media histórica desde los años noventa y el triple de lo registrado en el mismo periodo del año pasado. En apenas 24 horas, algunas zonas superaron los 90 litros por metro cuadrado.

El ministro de Equipamiento y Agua, Nizar Baraka, describió la situación como “excepcional en condiciones meteorológicas”, aunque aseguró que el país ha entrado en la fase final del episodio más crítico. Marruecos registró además un récord de nevadas, con una cobertura inicial superior a los 55.000 kilómetros cuadrados, lo que incrementó de forma notable el volumen almacenado en los embalses.

Entre septiembre y febrero ingresaron en las presas más de 12.000 millones de metros cúbicos de agua, elevando la tasa media de llenado al 69,4%. Sin embargo, esta abundancia hídrica se convirtió también en amenaza: embalses como el de Oued El Makhazine alcanzaron niveles críticos, obligando a desfogues controlados de hasta 800 metros cúbicos por segundo para proteger a las poblaciones aguas abajo.

Las descargas anticipadas —4.200 millones de metros cúbicos liberados desde diciembre— se realizaron, según el Gobierno, con base en modelos hidrológicos avanzados y seguimiento permanente de las subcuencas, lo que permitió ejecutar evacuaciones preventivas 48 horas antes de los picos de crecida.

La respuesta del Estado: un programa de 3.000 millones de dirhams

Ante la magnitud del desastre, el rey Mohammed VI dio Altas Instrucciones al Gobierno para desplegar un amplio programa de ayuda y apoyo en favor de las familias damnificadas.

Fiel a su “constante solicitud hacia sus súbditos” y decidido a preservar su seguridad y mejorar sus condiciones de vida, el monarca ordenó actuar con celeridad y sentido de responsabilidad.

El jefe del Gobierno emitió un decreto que declara las inclemencias como acontecimiento catastrófico y reconoce como zonas damnificadas a los municipios de las cuatro provincias más afectadas.

El plan de emergencia, dotado con un presupuesto provisional de 3.000 millones de dirhams (unos 275 millones de euros), se articula en cuatro ejes principales.

  • 775 millones de dirhams destinados al realojamiento, compensación por pérdida de ingresos, rehabilitación de viviendas y pequeños comercios, y reconstrucción de casas derrumbadas.
  • 225 millones de dirhams en ayudas en especie y refuerzo de intervenciones de emergencia para cubrir necesidades inmediatas.
  • 300 millones de dirhams para agricultores y ganaderos afectados por la pérdida de cultivos y ganado.
  • 1.700 millones de dirhams para la rehabilitación de infraestructuras viarias, sistemas hidroagrícolas y redes básicas dañadas.

El comunicado subraya que el Rey instruyó que el programa se ejecute con “ejemplaridad, celeridad y sentido de responsabilidad”, a fin de permitir que los ciudadanos recuperen cuanto antes condiciones de vida normales.

Evacuaciones masivas y logística de emergencia

Más de 150.000 personas fueron evacuadas en cuestión de días, especialmente en Larache y Kenitra. Equipos de rescate emplearon embarcaciones, helicópteros y vehículos anfibios para auxiliar a vecinos atrapados en zonas bajas. Campamentos provisionales se habilitaron para acoger a familias enteras lejos de los cauces desbordados.

En la región de Chefchaouen, los desprendimientos cortaron carreteras y aislaron comunidades rurales. En Kenitra, autoridades locales y voluntarios reforzaron diques, limpiaron canales de drenaje y trasladaron ganado a zonas seguras, distribuyendo cebada para sostener la alimentación de los animales.

El balance provisional incluye al menos cuatro víctimas mortales y un desaparecido en la provincia de Tetuán, arrastrados por riadas súbitas. Las crecidas rápidas de wadis —barrancos normalmente secos— sorprendieron a poblaciones poco habituadas a fenómenos de tal intensidad.

Entre la sequía y el exceso: el desafío climático

Paradójicamente, estas inundaciones se producen tras años de sequía prolongada que habían reducido drásticamente los niveles de las presas. Expertos en climatología advierten que el cambio climático intensifica la alternancia entre periodos secos extremos y lluvias concentradas en cortos intervalos, lo que multiplica el riesgo de desbordamientos.

El Gobierno marroquí sostiene que la gestión anticipada de los embalses y la movilización preventiva de recursos evitaron un balance más grave. La estrategia, centrada en la protección de la población como prioridad absoluta, ha sido presentada como ejemplo de coordinación interministerial y previsión técnica.

La dimensión política y social

En el centro de la respuesta institucional figura la actitud personal del monarca. Mohammed VI quien ha reiterado en múltiples ocasiones que la cohesión social y la protección de los más vulnerables constituyen pilares de su reinado. En esta crisis, las Altas Instrucciones Reales han marcado el ritmo de la actuación gubernamental, reforzando la imagen de un liderazgo atento a las emergencias y comprometido con la reconstrucción.

La puesta en marcha de un programa de ayudas de tal magnitud en un plazo breve busca no solo aliviar el sufrimiento inmediato, sino también restaurar la actividad económica en regiones agrícolas estratégicas como el Gharb y el Loukkos.

Mientras las aguas comienzan lentamente a retirarse y se inicia el recuento definitivo de daños, Marruecos enfrenta el reto de reconstruir infraestructuras y reforzar su resiliencia ante fenómenos extremos que, según las proyecciones científicas, podrían repetirse con mayor frecuencia.

En esta encrucijada entre abundancia hídrica y vulnerabilidad estructural, la rápida movilización ordenada por el Rey y ejecutada por el Gobierno aspira a convertir la adversidad en oportunidad: modernizar sistemas de drenaje, fortalecer presas y consolidar una cultura de prevención que proteja a la población. La magnitud del desafío es proporcional a la violencia del temporal, pero también a la determinación declarada de que ninguna familia quede desamparada ante la furia del agua.

  

sábado, 31 de enero de 2026

Bruselas se alinea con Rabat



La Unión Europea avala la autonomía para el Sáhara y consolida a Marruecos como socio clave de estabilidad regional

La 15ª sesión del Consejo de Asociación entre Marruecos y la Unión Europea ha dejado algo más que un comunicado diplomático. Por primera vez, los Veintisiete han asumido de forma explícita que el plan marroquí de autonomía para el Sáhara constituye una de las soluciones “más realizables” al conflicto, al tiempo que han reconocido el papel del rey Mohammed VI como actor central en la estabilidad de Oriente Próximo. El gesto confirma un giro estratégico de Bruselas hacia Rabat en un contexto internacional marcado por la fragmentación y la incertidumbre.

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Buenos Aires.— El lenguaje de los comunicados europeos suele ser prudente, a veces deliberadamente ambiguo. Por eso, el texto adoptado al término de la 15ª sesión del Consejo de Asociación entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea marca un punto de inflexión político. Al asumir que “una autonomía verdadera podría representar una de las soluciones más realizables” al conflicto del Sáhara, la UE abandona la equidistancia retórica y se sitúa, por primera vez de forma colectiva, en el terreno de las soluciones concretas.

La declaración, firmada por el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, y la alta representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, recoge la exhortación del Consejo de Seguridad de la ONU a avanzar en negociaciones “sin condiciones previas” sobre la base del plan de autonomía presentado por Rabat. Pero su relevancia va más allá de la literalidad del texto: traduce el consenso político de los 27 Estados miembros y fija un nuevo marco de referencia para el debate europeo sobre el Sáhara.

Un respaldo con lectura estratégica

Hasta ahora, el apoyo al plan marroquí se había expresado de forma fragmentaria, país por país. España, Alemania, Francia o Países Bajos habían dado pasos significativos en esa dirección, pero Bruselas evitaba asumir una posición común. La adopción de este lenguaje supone, en la práctica, un aval político a la tesis de que el conflicto solo encontrará una salida realista dentro de la soberanía marroquí.

El movimiento no es ajeno al contexto internacional. La guerra en Ucrania, la inestabilidad persistente en el Sahel y la presión migratoria en el Mediterráneo han llevado a la UE a priorizar socios previsibles y estables en su vecindad sur. En ese esquema, Marruecos aparece como un actor indispensable: controla rutas migratorias clave, coopera en materia de seguridad y se ha convertido en un nodo energético y logístico de creciente importancia.

Para Rabat, el respaldo europeo se inscribe en una estrategia diplomática de largo aliento impulsada personalmente por el rey Mohammed VI. La cuestión del Sáhara se ha convertido en el eje estructurante de la política exterior marroquí, articulada en torno a reconocimientos graduales, alianzas estratégicas y una narrativa de estabilidad regional. La adopción de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad en octubre de 2025 fue un primer hito; la posición común de la UE, un paso más en esa misma dirección.

El rey Mohammed VI y la proyección regional

El Consejo de Asociación también sirvió para reforzar el reconocimiento europeo al papel del monarca marroquí en escenarios más amplios. El comunicado conjunto subrayó el apoyo de la UE a la labor del Comité Al-Qods, presidido por Mohammed VI, y destacó su contribución a la búsqueda de una paz duradera en Oriente Próximo, basada en la solución de dos Estados.

En un momento en que la diplomacia internacional en la región parece atrapada entre la escalada militar y la parálisis política, Marruecos ha optado por una estrategia de mediación discreta y continuidad institucional. Para Bruselas, ese perfil refuerza la imagen del rey como un interlocutor fiable, capaz de mantener canales abiertos en un entorno volátil.

La UE también valoró positivamente la Iniciativa para los Estados Africanos Atlánticos, lanzada por Rabat en 2022, que reúne a 23 países ribereños con el objetivo de estructurar el Atlántico africano como un espacio de cooperación, seguridad y codesarrollo. La iniciativa encaja con las preocupaciones europeas sobre el Sahel, el Golfo de Guinea y las rutas marítimas estratégicas, y refuerza la percepción de Marruecos como proveedor de estabilidad regional.

Treinta años de asociación y un nuevo ciclo político

La reunión de Bruselas coincidió con el 30º aniversario del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, firmado en 1996. Tres décadas después, ambas partes coinciden en que el marco sigue siendo válido, pero necesita una actualización acorde con los nuevos desafíos geopolíticos, energéticos y de seguridad.

Marruecos se ha consolidado como socio privilegiado en la gestión migratoria, como destino prioritario de inversiones europeas y como referente regional en energías renovables. Para la UE, profundizar esta relación implica asumir también una mayor claridad política en cuestiones sensibles como el Sáhara.

Un mensaje político inequívoco

El comunicado del Consejo de Asociación no resuelve el conflicto saharaui, pero redefine los términos del debate europeo. Al respaldar la autonomía como solución “realizable” y reconocer el papel del rey Mohammed VI en la estabilidad regional, Bruselas envía un mensaje político inequívoco: la relación con Marruecos ya no se limita a la cooperación técnica, sino que se asienta sobre una convergencia estratégica cada vez más explícita.

En un Mediterráneo atravesado por crisis superpuestas, la UE parece haber optado por reducir ambigüedades y apostar por quienes ofrecen previsibilidad. Marruecos, gracias a una diplomacia paciente y sostenida desde el trono, emerge así no solo como vecino, sino como socio central del nuevo equilibrio euro-mediterráneo.

 

 

miércoles, 28 de enero de 2026

Europa se blinda en Asia: el acuerdo con la India como respuesta estratégica a la presión de Trump


  

La Unión Europea y la India sellan un pacto comercial y estratégico de alcance histórico que trasciende el libre comercio. Seguridad, defensa, ciberseguridad y autonomía industrial vertebran una alianza concebida como contrapeso a la ofensiva arancelaria y diplomática de la Administración estadounidense y al deterioro del orden internacional basado en reglas.

Por Adalberto Agozino

 

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Buenos Aires. La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India en Nueva Delhi marca un punto de inflexión en la política exterior y estratégica de Bruselas. Tras casi dos décadas de negociaciones erráticas, el pacto se concreta en un momento de alta tensión geopolítica y adquiere un significado que va mucho más allá de la reducción de aranceles. Europa busca, de forma explícita, blindarse frente a un entorno internacional crecientemente hostil, caracterizado por el uso del comercio, la tecnología y la seguridad como instrumentos de coerción política.

El acuerdo —calificado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como “la madre de todos los acuerdos comerciales”— se suma al recientemente rubricado con el Mercosur y responde a una misma lógica estratégica: diversificar alianzas, reducir dependencias críticas y reforzar la autonomía europea frente a una Administración Trump que ha convertido los aranceles en una palanca de presión directa sobre sus aliados.

Del libre comercio a la seguridad estratégica

En términos económicos, el pacto prevé la eliminación o reducción de cerca del 90% de los aranceles entre ambas partes, con un impacto directo sobre sectores clave de la industria europea —automoción, maquinaria pesada, química, farmacéutica y agroindustria— y un ahorro anual estimado de 4.000 millones de euros en derechos aduaneros. Pero el núcleo político del acuerdo reside en sus capítulos estratégicos.

Por primera vez, un tratado comercial entre la UE y un gran actor asiático incorpora mecanismos estructurados de cooperación en defensa, seguridad marítima, industria militar y tecnologías de uso dual. El texto establece marcos para la adquisición conjunta, la coproducción y el desarrollo compartido de sistemas de defensa, con especial atención a drones, sistemas navales, defensa antiaérea, espacio y vigilancia estratégica.

“La cooperación industrial en defensa no es solo una cuestión económica, sino un elemento central de nuestra autonomía estratégica”, subrayó Von der Leyen en Nueva Delhi. “En un mundo en el que el comercio y la seguridad se utilizan cada vez más como armas, Europa debe aprender a protegerse”.

Ciberseguridad: el nuevo frente común

Uno de los elementos más novedosos del acuerdo es la incorporación explícita de la ciberseguridad como pilar de la relación estratégica. Bruselas y Nueva Delhi se comprometen a intensificar la cooperación frente a amenazas híbridas, ciberataques a infraestructuras críticas, espionaje industrial y desinformación.

El pacto prevé el intercambio de información entre agencias especializadas, la coordinación de respuestas ante incidentes cibernéticos y el desarrollo conjunto de estándares de seguridad digital aplicables tanto al sector civil como al militar. También se abre la puerta a proyectos comunes en inteligencia artificial, criptografía y protección de redes 5G y futuras infraestructuras 6G.

La alta representante de la UE para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, defendió recientemente que “la frontera entre seguridad económica y seguridad nacional ha desaparecido”. “La ciberseguridad es hoy tan decisiva como la defensa convencional”, afirmó, al señalar que la asociación con la India se produce en un contexto en el que “el orden internacional basado en reglas está sometido a una presión sin precedentes”.

Trump como acelerador del giro europeo

Aunque no se menciona de forma explícita en el texto del acuerdo, la sombra de Donald Trump planea sobre todo el proceso. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha intensificado una política de presión directa sobre Europa: amenazas de aranceles diferenciados, exigencias para que los europeos asuman el grueso de su propia defensa, respaldo condicionado a los planes estadounidenses para Rusia y Gaza y una retórica abiertamente coercitiva en torno a Groenlandia.

En Bruselas, este enfoque se interpreta como una ruptura de facto de las reglas tradicionales de la relación transatlántica. António Costa, presidente del Consejo Europeo, fue claro tras la última cumbre extraordinaria: “La Unión Europea defenderá sus intereses frente a cualquier forma de coacción. Tiene las herramientas para hacerlo y está dispuesta a utilizarlas”.

El acuerdo con la India —como el firmado con el Mercosur— es leído en ese contexto como una respuesta estructural, no coyuntural, a una estrategia estadounidense que concibe el comercio como un instrumento de subordinación política.

La India, socio imprescindible del nuevo equilibrio global

Para la India, el pacto refuerza su posición como actor central del sistema internacional. Cuarta economía mundial, país más poblado del planeta y con tasas de crecimiento superiores al 7%, Nueva Delhi se consolida como alternativa estratégica a China en las cadenas globales de valor y como socio clave para las democracias industriales.

El primer ministro Narendra Modi destacó que el acuerdo “refuerza el compromiso compartido con la democracia y con un comercio basado en reglas”, y subrayó que permitirá a la India “acceder a tecnología, capital e innovación europeos” sin renunciar a su autonomía estratégica.

Ese equilibrio es central para la diplomacia india. Mientras estrecha lazos con Bruselas, mantiene relaciones energéticas con Rusia y evita una confrontación directa con Pekín. El acuerdo con la UE amplía su margen de maniobra y reduce su dependencia histórica de la industria militar rusa, especialmente en un contexto marcado por las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania.

Europa ante el mundo que viene

Más allá de sus cifras comerciales, el acuerdo UE-India simboliza un cambio profundo en la forma en que Europa se concibe a sí misma. Tras décadas confiando su seguridad a Estados Unidos y su prosperidad a un orden comercial relativamente estable, Bruselas asume que ese mundo ha dejado de existir.

“El tiempo de la ingenuidad estratégica ha terminado”, advirtió recientemente el canciller alemán Friedrich Merz. En ese diagnóstico converge una parte creciente de las capitales europeas: la cooperación comercial ya no puede desligarse de la seguridad, la defensa y la soberanía tecnológica.

El pacto con la India, junto al acuerdo con el Mercosur, dibuja así una Europa que busca dejar de ser terreno de disputa entre grandes potencias para convertirse en un actor con capacidad de decisión propia. En un sistema internacional cada vez más dominado por la fuerza, Bruselas ensaya una respuesta basada en alianzas, diversificación y autonomía. El resultado de esa apuesta definirá su lugar en el mundo durante las próximas décadas.

 

lunes, 26 de enero de 2026

Europa en el nuevo orden mundial de Donald Trump

 

El giro unilateral y expansionista del presidente estadounidense reabre viejos fantasmas en el continente y obliga a la Unión Europea a repensar su seguridad, su autonomía estratégica y su lugar en un sistema internacional cada vez más regido por la fuerza.

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Buenos Aires - Donald Trump ha iniciado su segundo mandato presidencial con una visión del mundo que rompe de forma explícita con los consensos básicos que, con mayor o menor coherencia, han estructurado el sistema internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El giro no es solo retórico ni coyuntural: afecta a los cimientos mismos del orden liberal construido en torno a instituciones multilaterales, alianzas estables y normas compartidas, pilares sobre los que Europa ha asentado su seguridad y prosperidad durante más de siete décadas. Para el presidente republicano, Estados Unidos se encuentra ante una amenaza existencial: la posible pérdida de su primacía global frente al ascenso sostenido de China, el desafío estratégico de Rusia y, de forma cada vez más explícita, la competencia económica y regulatoria de la Unión Europea, hasta ahora considerada un aliado natural.

Bajo el lema de hacer “América grande otra vez”, Trump ha desplegado una política exterior agresiva, basada en la presión económica, el uso instrumental de los aranceles comerciales y la lógica de los hechos consumados. En su concepción, ya no existe una distinción clara entre aliados históricos y adversarios geopolíticos: todos son sometidos a un cálculo estrictamente utilitarista de costes y beneficios. El resultado es un clima internacional crecientemente belicista, caracterizado por la militarización de las relaciones internacionales y el relanzamiento de carreras armamentísticas que evocan las tensiones más oscuras del siglo XX.

El propio Trump se encargó de explicitar esta visión en su discurso inaugural, donde anunció ambiciones abiertamente expansionistas. La idea de convertir a Canadá en el Estado número 51 de la Unión, la apropiación de Groenlandia y la recuperación del control del Canal de Panamá —con el objetivo declarado de desplazar a los operadores chinos de ese enclave estratégico del comercio mundial— no fueron meras provocaciones retóricas, sino señales de un giro doctrinario profundo. En ellas subyace una concepción del poder internacional basada en la fuerza y el dominio territorial, en abierta contradicción con los principios del derecho internacional contemporáneo.

Trump no ha dudado en recurrir al arma de los aranceles para forzar a los países de la OTAN a incrementar su gasto en defensa, orientándolo de manera preferente hacia la compra de armamento estadounidense. Del mismo modo, ha autorizado acciones militares directas contra Irán, con el argumento de poner fin a la llamada guerra de los trece días con Israel, y ha impulsado operaciones en Venezuela con el doble objetivo de capturar al presidente Nicolás Maduro —a quien acusa de narcotráfico— y asegurar el control de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta.

Estas políticas han generado tensiones en múltiples regiones del mundo, pero su impacto ha sido particularmente corrosivo en Europa, el principal aliado estratégico y socio comercial de Estados Unidos desde 1945. Washington parece haber olvidado no solo la historia compartida, sino también la densa red de interdependencias que incluye decenas de bases militares estadounidenses en suelo europeo y cerca de 80.000 efectivos desplegados de manera permanente.

La marginación de Europa de las grandes negociaciones internacionales se ha convertido en una constante. Los gobiernos europeos han sido excluidos de los contactos clave sobre una eventual salida negociada a la guerra de Ucrania, del rediseño del equilibrio de poder en Oriente Próximo tras el conflicto entre Israel, Hamás, Hezbolá e Irán, del futuro de Gaza y de las discusiones sobre la neutralización del programa nuclear iraní. Para Trump, las alianzas tradicionales son una rémora si no producen beneficios inmediatos y cuantificables.

El mundo que imagina el presidente estadounidense es, en sus propias palabras, un escenario “gobernado por la fuerza, gobernado por el poder, gobernado por el dominio”. Esta visión remite de manera inquietante a la concepción hobbesiana del estado de naturaleza, en la que el hombre es el lobo del hombre y la ausencia de una autoridad superior convierte la violencia en regla. En el plano internacional, esta lógica se traduce en la normalización de la impunidad del intervencionismo: ataques extrajudiciales, cambios de régimen, privatización de la paz y desprecio sistemático por los mecanismos multilaterales.

Con ello, Trump ha abandonado de forma explícita la tradición principista de la política exterior estadounidense, basada —al menos en el plano retórico— en la defensa de la democracia, la autodeterminación de los pueblos y los derechos humanos, impulsada por presidentes como Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt o Jimmy Carter. Incluso supera el realismo clásico de figuras como Hans Morgenthau, Richard Nixon, Henry Kissinger o Ronald Reagan, quienes, pese a su pragmatismo, reconocían la necesidad de reglas compartidas para evitar el caos sistémico.

En este contexto, Trump ha rescatado una doctrina profundamente controvertida del siglo XIX: la Doctrina Monroe, formulada en 1823, y especialmente su reinterpretación imperialista a comienzos del siglo XX, conocida como el corolario Roosevelt. El 2 de septiembre de 1901, Theodore Roosevelt proclamó su célebre máxima: “Habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos”. Aquella consigna justificó décadas de intervenciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe para proteger los intereses de sus empresas.

Trump ha actualizado ese legado bajo lo que numerosos analistas denominan, no sin ironía, la “Doctrina Donroe”. Su objetivo es claro: convertir a América Latina en una esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos, cerrada a la expansión económica y tecnológica de China. Esta estrategia ha tensado las relaciones con gobiernos latinoamericanos y ha reforzado la percepción de un retorno al más crudo imperialismo.

Simultáneamente, el presidente estadounidense ha exigido a Dinamarca y a la Unión Europea la cesión de Groenlandia, territorio autónomo danés y aliado histórico en el marco de la OTAN. Las amenazas de aranceles diferenciados y el uso explícito de la presión militar han puesto en cuestión la propia supervivencia de la Alianza Atlántica. Para Trump, el control del Ártico, de sus futuras rutas comerciales y de sus vastos recursos naturales —incluidas las tierras raras— justifica cualquier coste político. Además, incorporar a Groenlandia, sería llevar a cabo la mayor adquisición territorial efectuada por cualquier presidente estadounidense y convertiría a los Estados Unidos en el país con mayor extensión territorial del planeta.

La guerra de Ucrania es otro punto central de fricción. Mientras la Administración Trump busca una salida rápida al conflicto, incluso a costa de concesiones territoriales y garantías de seguridad para Moscú, los principales países europeos mantienen una postura mucho más dura. Francia, Alemania, Polonia, Finlandia, Reino Unido, España e Italia manejan informes de inteligencia que anticipan un enfrentamiento directo con Rusia hacia 2030. Según estas evaluaciones, Moscú produce más tanques de los que necesita, reorganiza su ejército, crea nuevos distritos militares orientados hacia Occidente y refuerza su marina.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha llegado a comparar el escenario actual con las guerras mundiales del siglo XX. “Somos el próximo objetivo de Rusia”, afirmó en diciembre en Berlín. En países con una memoria histórica marcada por las invasiones rusas, la amenaza se percibe como particularmente real. Según datos citados por el periodista Marc Bassets en El País, el 77% de los polacos considera elevado o muy elevado el riesgo de un ataque en los próximos años; en España, esa percepción alcanza al 49%.

Ante este panorama, Europa ha optado por ganar tiempo. Apoya la resistencia ucraniana mediante créditos y suministro de armamento, mientras acelera su propio rearme y debate el restablecimiento del servicio militar obligatorio. El objetivo es doble: desgastar a Rusia y prepararse para un eventual conflicto directo, aun al precio de prolongar una guerra que se libra, en gran medida, hasta el último ucraniano.

En el plano económico, las amenazas arancelarias de Washington han impulsado a la Unión Europea a reducir progresivamente su dependencia del dólar. El euro gana terreno como moneda de referencia, mientras Bruselas diversifica sus vínculos comerciales mediante acuerdos con el Mercosur, India y China. Al mismo tiempo, Europa ha mostrado cautela frente a las iniciativas diplomáticas de Trump: salvo Hungría y Bulgaria, ningún país europeo relevante se ha sumado a la Junta de Paz para Gaza promovida por la Casa Blanca.

Conclusiones

Paradójicamente, la política exterior de Donald Trump ha logrado un efecto que pocos habrían anticipado: ha reforzado la cohesión interna de Europa y ha acelerado su transformación en un actor geopolítico más consciente de su vulnerabilidad y de la necesidad de autonomía estratégica. Al tratar al continente como un socio prescindible y someterlo a una presión constante —comercial, militar y diplomática—, Washington ha empujado a la Unión Europea a replantearse su lugar en el mundo, a invertir en su propia defensa y a buscar una voz propia en un escenario internacional crecientemente hostil.

Este proceso, sin embargo, se desarrolla en un contexto extraordinariamente peligroso. El abandono deliberado de las reglas del derecho internacional y el retorno a una lógica de poder desnudo colocan al mundo al borde de una nueva era de conflictos, marcada por el expansionismo y la normalización de las conquistas territoriales. En este sentido, la situación actual evoca de manera inquietante a la Europa de 1938, cuando las potencias democráticas, debilitadas y divididas, observaron con una mezcla de temor y resignación el avance de una política de hechos consumados.

Entonces, como ahora, el cálculo pragmático y el deseo de evitar una confrontación inmediata llevaron a aceptar la erosión progresiva del orden existente. Los Acuerdos de Múnich, presentados en su momento como una garantía de paz, terminaron legitimando una lógica según la cual la fuerza prevalecía sobre el derecho y las fronteras podían modificarse mediante la amenaza o el uso de la violencia. El resultado fue una catástrofe de dimensiones históricas.

La analogía no es mecánica, pero sí aleccionadora. Hoy, como en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Europa se enfrenta al dilema de resignarse a un mundo gobernado por la ley del más fuerte.

 

 

viernes, 23 de enero de 2026

Marruecos y Argentina sellan su adhesión al Consejo de Paz de Trump: un nuevo eje diplomático de coincidencias


 

Por Adalberto Agozino

La firma de la Carta Constitutiva del Consejo de Paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marca un hito en la diplomacia global de 2026. Marruecos, bajo las altas directivas del rey Mohammed VI y como primer país africano en integrarse, y Argentina, con la rúbrica del presidente Javier Milei, consolidan una alianza que refuerza sus vínculos estratégicos con Washington y reposiciona a ambos países en la escena internacional.

 

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En el corazón del Foro Económico Mundial de Davos, el 22 de enero de 2026 quedará inscrito como un punto de inflexión en la diplomacia internacional. En la emblemática ciudad suiza, decenas de jefes de Estado y representantes de gobiernos rubricaron la Carta Constitutiva del Consejo de Paz para Gaza, la ambiciosa iniciativa promovida por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, destinada inicialmente a supervisar la reconstrucción y estabilización de la Franja de Gaza tras más de dos años de conflicto.

Entre las firmas que destacan por su simbolismo y alcance geopolítico figuran las de Marruecos y Argentina, dos países con conexiones profundas con Washington que ahora alinean sus agendas diplomáticas con la del liderazgo estadounidense.

Marruecos: el primer país africano que responde al llamado real

Marruecos no solo se sumó a la iniciativa: fue el primer país africano en firmar la adhesión al Consejo de Paz. Lo hizo bajo las altas directivas de Su Majestad el rey, Mohammed VI, cuyo mandato político y diplomático fue determinante para que Rabat aceptara la invitación de Trump. El ministro de Relaciones Exteriores marroquí, Nasser Bourita, estampó su firma en presencia del mandatario estadounidense, activando formalmente la creación del organismo junto con Baréin y otros Estados fundadores.

Esta adhesión, más allá de la formalidad burocrática, responde a un posicionamiento estratégico profundo: Marruecos busca consolidar su papel como actor de equilibrio y mediación en Oriente Medio y en el tablero internacional. El rey Mohammed VI, además de jefe de Estado, desempeña desde hace años un papel central en la causa palestina como presidente del Comité Al-Quds, un organismo de la Organización de Cooperación Islámica dedicado a la defensa de los derechos del pueblo palestino y al estatus de Jerusalén.

La presidencia del Comité Al-Quds confiere al monarca alauí no solo una legitimidad política sino también una autoridad moral y religiosa, crucial en un conflicto donde las dimensiones espirituales y nacionales se entrelazan. Esta doble vara de liderazgo —como monarca y como custodio de la causa palestina— explica en parte por qué Marruecos emergió como uno de los primeros Estados dispuestos a respaldar la propuesta estadounidense.

Argentina: un socio clave en el tablero occidental

A la par de Marruecos, Argentina rubricó su adhesión al Consejo de Paz. El presidente Javier Milei firmó la adhesión en Davos, incorporando a nuestro país a este nuevo foro diplomático de alcance global. Aunque los detalles logísticos y financieros de la participación argentina —incluidos posibles compromisos económicos exigidos por la Casa Blanca— han generado debate interno, la decisión política subraya un alineamiento más estrecho de la Casa Rosada con las prioridades exteriores de la Administración Trump.

La presencia de Argentina en este organismo pone de relieve un fenómeno geopolítico notable: Estados Unidos, Marruecos y Argentina comparten no solo intereses en relación con la gestión de la crisis en Gaza, sino también lazos estratégicos recientes con la Administración Trump, que van desde acuerdos de cooperación hasta respaldos políticos en foros multilaterales. Esa base común de coincidencias crea un campo fértil para estrechar aún más las relaciones diplomáticas bilaterales, en un contexto global caracterizado por la fragmentación de alianzas tradicionales.

Una diplomacia en tiempos de incertidumbre

El Consejo de Paz impulsado por Trump llega en un momento de tensiones persistentes en Oriente Medio. Tras el alto el fuego y los esfuerzos por reconstruir Gaza, la iniciativa estadounidense —que algunos analistas consideran paralela y, en ciertos aspectos, competitiva frente a la diplomacia tradicional de la ONU— pretende establecer un nuevo régimen de cooperación internacional con mecanismos propios.

Para Marruecos, formar parte de este Consejo representa tanto una oportunidad como un desafío: reafirma su compromiso histórico con la causa palestina, pero lo inserta dentro de una arquitectura diplomática liderada desde Washington, con todas las implicancias políticas que ello conlleva en un escenario global polarizado. Para Argentina, la adhesión pone a prueba su proyección internacional en una coyuntura en que su política exterior está redefiniéndose y buscando espacios de influencia más amplios, aun si estos implican costosas inversiones o compromisos multilaterales complejos.

Una nueva cartografía de alianzas

La firma de Marruecos y Argentina se inscribe en un momento en que la diplomacia internacional parece reconfigurarse alrededor de nuevos centros de gravedad. La iniciativa del Consejo de Paz, aunque aún en sus etapas iniciales, ya refleja la capacidad de ciertos líderes y Estados de moldear cuerpos diplomáticos alternativos, y de colocar temas como la paz en Gaza en el centro de sus agendas globales.

Para Marruecos, el protagonismo no es accidental: responde a una visión monárquica que combina realismo político con un compromiso preexistente hacia la causa palestina, encarnado en la figura del rey Mohammed VI y en su liderazgo del Comité Al-Quds. Para Argentina, la firma es parte de una estrategia de reenganche global, con Washington como socio preferente. En conjunto, estas adhesiones ofrecen una pista sobre cómo podría reescribirse, en los próximos años, la geopolítica del siglo XXI: no solo en los centros tradicionales del poder, sino en redes dispersas que conectan dignidades nacionales, alianzas históricas y visiones compartidas de un orden internacional en transformación.