Las grietas del separatismo: el azote que amenaza con fragmentar la paz mundial

 

En un planeta que se enorgullece de su interconexión económica y tecnológica, el separatismo emerge una vez más como una de las fuerzas más disruptivas y persistentes de la inestabilidad internacional.

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Buenos Aires - Lejos de ser un vestigio del pasado colonial o de las posguerras mundiales, los movimientos secesionistas —alimentados por identidades étnicas, resentimientos históricos, ambiciones económicas o manipulaciones geopolíticas— siguen abriendo brechas en el mapa mundial, alimentando conflictos armados, desplazamientos masivos y un cuestionamiento permanente de las fronteras establecidas. Desde los Balcanes hasta el Cáucaso, de las estepas africanas a los Andes sudamericanos, estas reivindicaciones no solo ponen a prueba la integridad territorial de los Estados, sino que erosionan la frágil arquitectura de la seguridad global.

El fenómeno no es nuevo, pero su capacidad de mutar y adaptarse a los tiempos lo convierte en un desafío de primer orden para el siglo XXI. La historia contemporánea está jalonada de episodios en los que minorías nacionales o étnicas, reales o instrumentalizadas, han servido de pretexto o detonante para catástrofes de escala planetaria. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, con su afán de redibujar Europa sobre bases supuestamente nacionales, dejó a millones de alemanes étnicos convertidos en minorías en los nuevos Estados de Checoslovaquia y Polonia. Aquellos llamados “sudetes” fueron la grieta que Adolf Hitler explotó con maestría propagandística para justificar primero la anexión de los Sudetes y, poco después, la invasión de Polonia en 1939, desencadenando así la Segunda Guerra Mundial. El expansionismo nazi demostró cómo una reivindicación separatista, hábilmente manipulada, podía convertirse en el ariete de una conflagración global.

Décadas más tarde, en los Balcanes, el separatismo albanés de Kosovo volvió a ilustrar con crudeza la peligrosidad de estas dinámicas. La guerra de 1998-1999, que enfrentó a las fuerzas yugoslavas con el Ejército de Liberación de Kosovo y culminó con la intervención aérea de la OTAN, dejó un saldo de más de 13.500 muertos, 1,4 millones de albaneses desplazados y, posteriormente, el éxodo de 200.000 serbios y otras minorías no albanesas. El Tratado de Kumanovo puso fin a las hostilidades, pero no a las tensiones: Kosovo proclamó su independencia en 2008, reconocida solo parcialmente, y sigue siendo un foco de controversia jurídica y política que pone de manifiesto los límites del consenso internacional. Serbia, convertida en el país europeo con mayor número de refugiados y desplazados, arrastra aún las secuelas de aquel conflicto.

Estos no son casos aislados. En África, las fronteras trazadas por las potencias coloniales europeas sin respeto alguno a las realidades étnicas o tribales sembraron el terreno para tragedias posteriores. La guerra de Biafra en Nigeria, entre 1967 y 1970, fue un ejemplo paradigmático: el intento de secesión de la región sudoriental, rica en petróleo y habitada mayoritariamente por igbos, derivó en una cruenta guerra civil que causó al menos un millón de muertos y dos millones de desplazados. La internacionalización del conflicto, con mercenarios y potencias extranjeras involucradas bajo el paraguas de Naciones Unidas, anticipó un patrón que se repetiría en otros escenarios poscoloniales. Hoy, en el Sahel, en la Cabilia argelina o en el conflicto del Sáhara Occidental —donde el Frente Polisario mantiene desde 1975 a decenas de miles de saharauis en campamentos de Tinduf, en territorio argelino—, el separatismo étnico y tribal sigue generando inestabilidad crónica, agravada por el cambio climático, la desertificación y rivalidades interestatales.

En Asia, la cuestión kurda encarna como ninguna otra la tragedia de un pueblo sin Estado. Más de cuarenta millones de kurdos repartidos entre Turquía, Irak, Irán y Siria han convertido el Kurdistán en una permanente fuente de inestabilidad, con organizaciones armadas que oscilan entre la lucha por la autonomía y la confrontación abierta. Su situación, marcada por represión estatal y violaciones sistemáticas de derechos humanos, se replica en otros casos: los uigures de Xinjiang, ocho millones de musulmanes sometidos por Pekín a una vigilancia extrema y a campos de “reeducación” para erradicar lo que el Partido Comunista califica de “extremismo”; los tibetanos, cuya resistencia —incluidas inmolaciones públicas entre 2010 y 2012— ha sido respondida con detenciones y torturas; o el eterno contencioso de Taiwán, una democracia próspera y funcional que opera como Estado de facto pero que permanece excluida del reconocimiento universal por la presión diplomática china.

América Latina no escapa a esta dinámica, aunque sus manifestaciones sean menos letales en términos bélicos. En Canadá, el independentismo quebequés ha marcado la política nacional durante décadas. En Estados Unidos, los nacionalistas puertorriqueños protagonizaron en los años setenta y ochenta una oleada de atentados. En el Cono Sur, el movimiento mapuche —que reivindica un “Wallmapu” que abarcaría desde el río Limarí en Chile hasta la Patagonia argentina— combina demandas territoriales legítimas con acciones violentas que han derivado en incendios, sabotajes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco o la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), liderada en Argentina por figuras como Facundo Jones Huala, han declarado una “guerra de liberación” contra el “Estado burgués”, las empresas forestales y las iglesias, aprovechando la porosidad de la frontera andina para operar en ambos países. En Bolivia, el expresidente Evo Morales ha alentado proyectos como una “República Aymara” en torno al lago Titicaca, mientras en Santa Cruz de la Sierra persiste un separatismo de signo contrario, impulsado por elites de origen europeo reacias al centralismo indígena de La Paz.

El separatismo adopta formas diversas, lo que dificulta su clasificación y, sobre todo, su contención. Puede ser étnico, como en el caso kurdo o igbo; lingüístico y cultural, como en Cataluña, Escocia o el País Vasco, donde movimientos mayoritariamente pacíficos han desafiado la integridad territorial de Estados democráticos consolidados; religioso, como entre los baluchis de “Jaish al-Adl”, cuyo reciente protagonismo en los intercambios de misiles y drones entre Pakistán e Irán ilustra cómo minorías armadas pueden internacionalizar tensiones regionales; o económico, cuando regiones ricas en recursos —petróleo en Biafra, gas en el Kurdistán iraquí— aspiran a romper lazos con centros percibidos como explotadores. En ocasiones se presenta como mera demanda de autonomía; en otras, como proyecto explícito de independencia. Lo que subyace en todos es una narrativa de identidad diferenciada, frecuentemente acompañada de percepciones —reales o construidas— de discriminación y marginalización.

Uno de los aspectos más inquietantes del separatismo contemporáneo es la proliferación de entidades que funcionan como Estados de facto pero carecen de reconocimiento internacional pleno. Somalilandia, que desde 1991 opera con constitución, moneda, gobierno propio y un nivel de estabilidad superior al de la Somalia caótica, sigue siendo un Estado no reconocido pese a haber celebrado elecciones multipartidistas avaladas por observadores internacionales. Puntlandia, en el mismo Cuerno de África, comparte ese limbo jurídico. En el Cáucaso, Abjasia y Osetia del Sur, Transnistria en Moldavia, el norte de Chipre y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk conforman un archipiélago de entidades que operan con estructuras estatales pero permanecen en un limbo diplomático. Taiwán, con su sistema político y económico plenamente desarrollado y reconocido solo por un puñado de países —entre ellos Paraguay, Guatemala, Belice, Haití y varios microestados del Pacífico—, representa el caso más notorio y geopolíticamente sensible de esta ambigüedad. Kosovo, parcialmente reconocido, cierra esta lista de realidades que desafían la convención westfaliana de la soberanía.

Estos “Estados de facto” plantean interrogantes fundamentales sobre el orden internacional: ¿qué define realmente a un Estado, el control efectivo del territorio o el reconocimiento por parte de la comunidad? ¿Hasta qué punto el principio de autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de Naciones Unidas, puede prevalecer sobre el de integridad territorial? La respuesta, en la práctica, depende más de consideraciones políticas y correlaciones de fuerza que de principios jurídicos coherentes, lo que alimenta acusaciones de doble rasero y debilita la credibilidad del sistema multilateral.

Expertos de renombre han alertado repetidamente sobre los riesgos de esta fragmentación descontrolada. El politólogo estadounidense Robert Kaplan ha señalado que “la fragmentación estatal es una de las principales amenazas del siglo XXI, porque multiplica los actores armados y dificulta la gobernanza global”. En una línea similar, el historiador británico Eric Hobsbawm advertía que “el nacionalismo, en sus formas más extremas, tiende a ser excluyente y potencialmente violento, especialmente cuando se combina con agravios históricos reales o percibidos”. La académica canadiense Margaret MacMillan, por su parte, ha subrayado que muchas de las fronteras actuales son el resultado de decisiones políticas contingentes, no de realidades naturales: “Las líneas en el mapa pueden parecer fijas, pero en realidad son profundamente inestables cuando no reflejan identidades compartidas”.

El problema se agrava cuando los movimientos separatistas reciben respaldo —explícito o encubierto— de Estados que buscan debilitar a sus rivales. La instrumentalización geopolítica convierte conflictos locales en proxies de grandes potencias, difuminando la frontera entre reivindicación legítima y estrategia de poder. A ello se suma el rol de las nuevas tecnologías: las redes sociales han amplificado la capacidad de estos movimientos para difundir narrativas, reclutar simpatizantes y presionar a gobiernos e instituciones internacionales. Lo que antes quedaba confinado a un ámbito regional se internacionaliza en cuestión de horas, generando una presión constante sobre organismos como la ONU, el Consejo de Derechos Humanos o la Comisión de Descolonización.

Los separatistas suelen apelar al principio de autodeterminación surgido de los Catorce Puntos de Woodrow Wilson y al de nacionalidades del siglo XIX, que contribuyeron a desintegrar imperios pero también sembraron las semillas de futuras guerras. En la práctica, muchos de estos movimientos son dirigidos por elites políticas que se autoproclaman únicos representantes de “su” pueblo y no dudan en recurrir a la violencia contra disidentes internos. Rara vez sobreviven sin apoyo financiero y político externo, ya sea de Estados rivales, ONG internacionales o foros como el Grupo de Puebla o la Internacional Socialista. Sus representantes viajan por el mundo, establecen contactos en universidades y medios, y utilizan las redes para construir una imagen de víctimas oprimidas.

En última instancia, el separatismo revela una paradoja central del mundo contemporáneo: mientras la globalización integra economías y sociedades, las identidades locales y nacionales siguen ejerciendo un poder movilizador formidable. La aspiración por pertenecer a una comunidad política propia, con instituciones y símbolos compartidos, continúa siendo un motor de acción colectiva. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la proliferación de Estados fragmentados multiplica los riesgos de conflicto, complica la lucha contra el terrorismo, las pandemias o el cambio climático y erosiona la capacidad de la comunidad internacional para actuar de manera coordinada.

El desafío, por tanto, no es erradicar el separatismo —una tarea imposible y, en muchos casos, indeseable cuando responde a injusticias genuinas—, sino gestionarlo con inteligencia. Fortalecer mecanismos de autonomía real, garantizar derechos de las minorías, promover diálogos negociados y evitar la lógica de suma cero parecen las únicas vías para contener sus efectos más destructivos. Pero la historia también enseña que no existen fórmulas mágicas ni soluciones permanentes. En un mundo interconectado pero cada vez más fragmentado, la estabilidad dependerá de la capacidad de los Estados y de las instituciones multilaterales para canalizar estas aspiraciones sin que, una vez más, se conviertan en el preludio de nuevos conflictos. El separatismo, en sus múltiples y mutantes formas, seguirá siendo una constante del escenario global. La pregunta es si la comunidad internacional aprenderá a convivir con él sin que termine por devorarla.

 

La diplomacia de Rabat gana terreno: el respaldo atlántico impulsa el plan marroquí para el Sáhara

 

Canadá, Estados Unidos y Alemania consolidan en apenas días una posición convergente de apoyo en torno a la Iniciativa para un Plan de Autonomía para la región del Sáhara, presentada por Marruecos ante Naciones Unidas, en un giro que refleja el peso de la estrategia internacional del rey Mohammed VI.

 

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Buenos Aires - En cuestión de jornadas, una secuencia de declaraciones oficiales ha reconfigurado el equilibrio diplomático en torno al contencioso del Sáhara. Tres actores clave del espacio euroatlántico —Canadá, Estados Unidos y Alemania— han reiterado de forma pública y coordinada su respaldo a la propuesta de autonomía presentada por Marruecos ante Naciones Unidas, subrayando su carácter “serio, creíble y realista” como base para una solución duradera al conflicto.

El movimiento no es casual ni aislado. Responde a una estrategia diplomática cuidadosamente diseñada y ejecutada durante años por el rey Mohammed VI, que ha logrado desplazar progresivamente el eje de las discusiones internacionales desde la autodeterminación clásica hacia fórmulas de autonomía bajo soberanía marroquí.

El gesto más reciente llegó desde Ottawa. El Gobierno canadiense reconoció explícitamente el plan marroquí como una base válida para una “solución mutuamente aceptable” del diferendo regional. La declaración, emitida tras contactos de alto nivel entre responsables diplomáticos de ambos países, supone un matiz relevante en la posición tradicional de Canadá, que ahora no solo respalda el proceso auspiciado por la ONU, sino que identifica claramente la iniciativa de Rabat como un punto de partida legítimo. El reconocimiento se acompaña de la referencia a la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, adoptada en 2025, que refuerza la necesidad de un arreglo político duradero en el marco multilateral.

Casi en paralelo, desde Rabat, Estados Unidos volvió a elevar el tono de su respaldo. En una comparecencia tras reuniones bilaterales, un alto responsable del Departamento de Estado reiteró el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio, una posición ya consolidada en la política exterior estadounidense desde años anteriores. Más aún, Washington insistió en que la propuesta de un Plan de Autonomía constituye “la única base” para resolver un conflicto artificial que considera prolongado en exceso. El mensaje no se limita al plano político: incluye también el respaldo a la inversión estadounidense en la región, lo que introduce una dimensión económica que consolida los hechos sobre el terreno.

El tercer pilar de este giro lo aporta Alemania, cuya posición ha evolucionado de manera significativa en los últimos años. Berlín reafirmó la “centralidad” de la autonomía bajo soberanía marroquí, señalando que podría representar la solución más viable al diferendo. La declaración conjunta adoptada tras el diálogo estratégico entre ambos países no solo avala el plan como base de negociación, sino que va más allá al comprometer a Alemania a actuar conforme a esta posición tanto en el ámbito diplomático como en el económico. Este paso implica, en la práctica, una alineación más nítida con las tesis defendidas por Rabat.

El trasfondo de estas declaraciones revela una dinámica más amplia. El Sáhara, durante décadas un conflicto enquistado en la agenda internacional, ha pasado a inscribirse en un contexto geopolítico marcado por la competencia entre potencias, la seguridad energética y la estabilidad del flanco sur europeo. En ese escenario, Marruecos se ha posicionado como un socio estratégico fiable, capaz de articular alianzas en ámbitos que van desde la seguridad hasta la cooperación tecnológica, incluyendo iniciativas como los Acuerdos de Artemisa en materia espacial.

La clave de este reposicionamiento radica en la coherencia de la diplomacia marroquí. Bajo el liderazgo de Mohammed VI, Rabat ha desplegado una política exterior que combina pragmatismo y continuidad, apoyándose en relaciones bilaterales intensas y en una narrativa que presenta la autonomía como una solución intermedia, viable y alineada con el derecho internacional. El énfasis en el desarrollo económico del territorio y en la estabilidad regional ha contribuido a reforzar la credibilidad de esta propuesta ante socios occidentales.

Al mismo tiempo, el apoyo explícito al proceso liderado por Naciones Unidas permite a estos países mantener un equilibrio entre el respaldo a Marruecos y el respeto al marco multilateral. La resolución 2797 del Consejo de Seguridad actúa como punto de convergencia, legitimando la búsqueda de una solución política negociada sin cerrar formalmente otras opciones, aunque en la práctica el peso diplomático parece inclinarse cada vez más hacia la iniciativa marroquí.

Este alineamiento de potencias occidentales no resuelve por sí solo el conflicto, pero sí redefine sus parámetros. Al consolidar la autonomía como referencia central, reduce el margen de maniobra de las posiciones más alejadas de esa fórmula y refuerza la idea de que cualquier solución futura pasará, inevitablemente, por una negociación en torno a ese esquema.

En Rabat, la lectura es clara: la acumulación de apoyos no es el resultado de un giro repentino, sino la consecuencia de una estrategia sostenida en el tiempo. En las cancillerías occidentales, el mensaje también empieza a cristalizar: la estabilidad del Magreb y del entorno atlántico-sur pasa, en buena medida, por cerrar uno de los conflictos más longevos de la agenda internacional. Y en ese camino, la propuesta marroquí ha dejado de ser una opción más para convertirse, a ojos de muchos, en el punto de partida imprescindible.

 

Malí frente al abismo

 

Mientras los ojos del mundo se mantienes en Medio Oriente y la guerrar en Medio Oriente. Algunas naciones africanas viven su propio drama. Tal el caso de Máli, en el África Occidentes. Un Estado que se desmorona en el corazón del Sahel 

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Buenos Aires - En las primeras horas del 25 de abril de 2026, una ofensiva coordinada sin precedentes sacudió Malí desde sus cimientos. Grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y separatistas tuareg del Frente de Liberación del Azawad (FLA) lanzaron ataques simultáneos contra guarniciones clave, desde Kati —a escasos kilómetros de Bamako— hasta las ciudades nortenas de Kidal, Gao y Sévaré. El ministro de Defensa, el general Sadio Camara, cayó asesinado en un atentado con coche bomba en su feudo de Kati. Kidal, histórico bastión tuareg, pasó a manos rebeldes, mientras el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) anunciaba un asedio a la capital y otras urbes principales. El silencio inicial del líder de la junta, el general Assimi Goïta, alimentó especulaciones sobre la estabilidad del régimen. Cuando finalmente habló, tres días después, proclamó que “la situación está bajo control” y prometió la “neutralización completa” de los agresores. Sin embargo, la magnitud de los acontecimientos —la muerte del segundo hombre fuerte del poder, la retirada táctica de fuerzas malienses y rusas de Kidal y el restablecimiento de una inédita alianza entre yihadistas y separatistas— ha expuesto con crudeza lo que los analistas vienen advirtiendo desde hace años: Malí representa hoy uno de los ejemplos más acabados de colapso estatal en el mundo contemporáneo.

Esta crisis no surge de la nada. Para comprenderla es indispensable atender, en primer lugar, a los condicionantes geográficos que han moldeado históricamente su fragilidad estructural; en segundo término, a su compleja composición social; y finalmente a la convergencia letal de insurgencias armadas, intervenciones externas fallidas y una deriva política que ha erosionado de manera profunda la soberanía efectiva del Estado. Situado en el corazón del Sahel, Malí es un vasto país sin salida al mar que se extiende sobre más de 1,24 millones de kilómetros cuadrados —una superficie comparable a la de Sudáfrica o Perú— y limita con Argelia al norte, Níger al este, Burkina Faso y Costa de Marfil al sur, Guinea al suroeste, y Senegal y Mauritania al oeste. Esta posición lo convierte en un espacio de transición entre el África subsahariana y el Magreb, un corredor histórico de rutas comerciales, legales e ilegales que hoy facilitan tanto el contrabando como el flujo de armas, drogas y combatientes.

El territorio maliense presenta una marcada dualidad que condiciona su destino. Al norte se extiende el desierto del Sahara, una inmensidad de dunas, mesetas rocosas y áreas prácticamente despobladas donde la presencia estatal ha sido históricamente débil o inexistente. Hacia el centro aparece el Sahel, franja semiárida de vegetación escasa y extrema vulnerabilidad climática. El sur, en cambio, es relativamente más fértil, irrigado por los ríos Níger y Senegal, y concentra la mayor parte de la población y la actividad económica. Con una población que supera los 25,8 millones de habitantes en 2026, Malí enfrenta un clima extremo de temperaturas elevadas y precipitaciones irregulares. La desertificación avanza de forma implacable, agravada por el cambio climático y la presión demográfica, reduciendo las tierras cultivables y exacerbando los conflictos ancestrales entre agricultores sedentarios y pastores nómadas. Esta dinámica constituye uno de los factores estructurales de la violencia, al intensificar las disputas por recursos cada vez más escasos en un país donde la economía depende en gran medida del oro —que representa cerca del 80 % de las exportaciones— y donde tanto los grupos armados como el propio Estado compiten por el control de minas artesanales y yacimientos estratégicos.

La diversidad étnica de Malí no es meramente cultural, sino profundamente política. Los bambara constituyen el grupo mayoritario, asentados principalmente en el sur. Les siguen los fulani o peul, tradicionalmente pastores nómadas; los songhai, concentrados en el valle del Níger; y los tuareg y árabes en el norte, con estructuras sociales tribales y una larga historia de resistencia frente al poder central de Bamako. El norte, conocido como Azawad, ha sido escenario recurrente de rebeliones tuareg que reclaman autonomía o independencia. El Acuerdo de Argel de 2015 buscó integrar a estos grupos en el Estado y descentralizar el poder, pero su implementación parcial y conflictiva, sumada a la decisión de la junta de dar por terminado el pacto en 2024, ha reactivado tensiones. La Coordinación de Movimientos del Azawad suspendió su participación hace tiempo ante incumplimientos reiterados; hoy, el FLA ha regresado a demandas maximalistas de soberanía territorial, sellando una inédita convergencia operativa con los yihadistas.

Describir a Malí como un Estado fallido no es una exageración retórica, sino una constatación empírica que los hechos de abril de 2026 han vuelto innegables. El gobierno central apenas ejerce control efectivo más allá de Bamako y algunas ciudades importantes del sur. Amplias regiones del norte y del centro están dominadas por actores no estatales: milicias, grupos insurgentes, organizaciones criminales y formaciones yihadistas. La autoridad estatal ha sido sustituida en muchos casos por sistemas paralelos de poder que administran justicia, recaudan impuestos —incluido el zakat— y controlan territorios enteros. Entre los insurgentes destacan, por un lado, los separatistas tuareg del FLA, cuya ideología combina nacionalismo étnico y reivindicaciones regionales. Por otro —y más determinantes—, los grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico. El JNIM, coalición salafista-jihadista, y el Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS) han demostrado una notable capacidad de adaptación local. No se limitan a la violencia armada: han construido redes económicas basadas en el tráfico de drogas, el contrabando, los secuestros y la explotación de recursos, insertándose en dinámicas sociales locales y alineándose con comunidades como los pastores fulani para ganar legitimidad.

Estos grupos compensan su falta de capacidades convencionales con tácticas de guerrilla, profundo conocimiento del terreno y movilidad transfronteriza. Su liderazgo fragmentado dificulta su neutralización, mientras su estrategia prioriza el control de áreas rurales y rutas estratégicas, debilitando progresivamente al Estado. La reciente ofensiva de abril, en la que JNIM y FLA actuaron de manera coordinada —restableciendo una alianza que se había visto fugazmente en 2012—, marca un salto cualitativo: ya no solo se trata de erosión gradual, sino de un desafío directo al corazón del régimen.

La intervención extranjera ha sido un factor central en esta evolución. Francia, antigua potencia colonial, lanzó en 2013 la operación Serval y luego Barkhane, con miles de soldados desplegados en el Sahel. Pese a éxitos tácticos iniciales, estas misiones fueron percibidas crecientemente como injerencia neocolonial y no lograron estabilizar el país.

La misión de la ONU, MINUSMA, desplegada en 2013, se convirtió en una de las más peligrosas del mundo antes de su retirada forzada por la junta. El vacío dejado por Occidente abrió la puerta a Rusia. El Grupo Wagner, hoy reconfigurado como Africa Corps bajo control directo del Ministerio de Defensa ruso, opera junto a las fuerzas malienses desde 2021. Con alrededor de dos mil efectivos, ha sido acusado de graves violaciones de derechos humanos, pero también ha proporcionado apoyo aéreo y logístico en momentos críticos. En la ofensiva de abril, las fuerzas rusas se retiraron de Kidal junto a las malienses en una maniobra negociada, aunque Moscú reivindicó haber impedido un golpe de Estado y evitado mayores pérdidas civiles. La junta de Bamako ha reorientado su política exterior hacia Moscú, firmando acuerdos en minería, energía nuclear y refinería de oro, al tiempo que mantiene relaciones tensas con organismos internacionales y busca aliados en el eje militar del Sahel —Burkina Faso y Níger— dentro de la Alianza de Estados del Sahel.

El gobierno actual, encabezado por la junta militar liderada por Assimi Goïta desde los golpes de Estado de 2020 y 2021, combina un discurso soberanista con prácticas autoritarias. Internamente, ha consolidado el poder mediante reformas que refuerzan la figura presidencial; internacionalmente, ha confrontado a Francia y abrazado a Rusia. Sin embargo, la situación interna continúa deteriorándose. La violencia es persistente, los desplazamientos de población —más de 400.000 desplazados internos— se multiplican y la economía permanece estancada pese al oro, cuya producción industrial ha caído en los últimos años. Las denuncias de abusos por parte de las fuerzas armadas y sus aliados rusos alimentan el ciclo de violencia y facilitan el reclutamiento yihadista.

En el corto y medio plazo, la evolución probable apunta a una consolidación de la fragmentación territorial. El Estado difícilmente recuperará el control de las regiones periféricas sin una transformación profunda de su estructura política y social. Los grupos yihadistas seguirán expandiéndose, aprovechando la debilidad institucional y las tensiones comunitarias. La presencia rusa podría reforzarse —con entregas recientes de equipo militar y proyectos mineros—, pero sin garantías de estabilización, reproduciendo en muchos aspectos los fracasos de las intervenciones anteriores. Malí se perfila como un epicentro de inestabilidad con proyecciones regionales e internacionales. Su crisis no es únicamente nacional, sino un síntoma de las fracturas estructurales del Sahel, donde confluyen pobreza, cambio climático, conflictos identitarios y rivalidades geopolíticas. Sin un enfoque integral que combine seguridad, desarrollo, gobernanza inclusiva y diálogo político genuino, el país continuará atrapado en una espiral de violencia que amenaza con extenderse más allá de sus fronteras, arrastrando a una región ya al límite. El tiempo apremia, pero la ventana de oportunidad para evitar el desastre total se cierra con cada nuevo ataque.

 

Honduras reconfigura el tablero del Sáhara y acentúa el aislamiento del Polisario

 

La retirada del reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática coincide con nuevos apoyos europeos al plan marroquí de autonomía y refuerza la ofensiva diplomática impulsada por Rabat bajo la dirección de Mohammed VI

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La decisión de Honduras de suspender su reconocimiento a la falsa e inexistencia República Árabe Saharaui Democrática marca un nuevo punto de inflexión en la prolongada disputa por el Sáhara. En un contexto internacional cada vez más inclinado hacia las tesis de Marruecos, el movimiento hondureño no solo reordena equilibrios en América Latina, sino que contribuye a profundizar el aislamiento del Frente Polisario, cuyo respaldo externo se concentra hoy esencialmente en Argelia.

La medida, comunicada oficialmente por Tegucigalpa, se inscribe en una lógica de respaldo a los esfuerzos de Naciones Unidas para alcanzar una solución política negociada. Al mismo tiempo, implica un distanciamiento explícito de las posiciones históricamente favorables a los separatistas apoyados por Argel, en línea con una tendencia creciente de apoyo a los derechos de Marruecos, que se registra en países de distintos continentes.

Ese viraje diplomático coincide con un refuerzo significativo del apoyo europeo a la propuesta marroquí de autonomía. Austria ha expresado recientemente su respaldo a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que considera que una autonomía “real” bajo soberanía marroquí puede constituir una de las soluciones más viables al conflicto . Este posicionamiento no solo valida el enfoque defendido por Rabat, sino que lo sitúa dentro del marco de referencia multilateral impulsado por Naciones Unidas.

En paralelo, el Reino Unido ha consolidado una postura aún más explícita. Londres ha reiterado que la Propuesta para la Negociación de un Plan de Autonomía para la Región del Sáhara, presentado por Marruecos, constituye “la base más creíble, viable y pragmática” para alcanzar una solución duradera, reforzando así su alineamiento con la iniciativa marroquí. Este respaldo se ha visto acompañado por un fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, en un contexto de creciente cooperación estratégica.

Igual posición fue expresada en una Comunicación conjunta adoptada por Ignazio Cassis, consejero federal, vicepresidente de la Confederación Suiza, jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, quién en una declaración dada a conocer en Berna expresó que, Suiza saluda” “la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad”, afirmando que una “verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría constituir una de las soluciones más viables”.

En este escenario, el aislamiento del Frente Polisario se hace cada vez más evidente. Aunque la organización mantiene su reivindicación de un referéndum de autodeterminación, la pérdida progresiva de apoyos diplomáticos y el reposicionamiento de numerosos Estados debilitan su capacidad de influencia. Argelia continúa siendo su principal sostén político, financiero y militar, pero ese respaldo resulta insuficiente para contrarrestar la tendencia global.

La acumulación de decisiones como la de Honduras forma parte de una dinámica más amplia que Marruecos presenta como una serie de éxitos diplomáticos sostenidos. En los últimos años, Rabat ha logrado atraer a un número creciente de países hacia su propuesta, apoyándose en una estrategia que combina pragmatismo político, cooperación económica y una intensa actividad en foros internacionales.

En el centro de esta ofensiva se encuentra la figura del rey Mohammed VI. Bajo sus directrices, Marruecos ha articulado una política exterior coherente y persistente que ha logrado reposicionar el conflicto del Sáhara en términos favorables a sus intereses. La insistencia en presentar la autonomía como una solución realista y negociada ha ido permeando en la comunidad internacional, generando un cambio progresivo en las percepciones.

El resultado es un tablero en transformación, donde el reconocimiento a la inexistente República Árabe Saharaui Democrática pierde terreno mientras se consolida una corriente favorable a la propuesta marroquí. La decisión de Honduras, junto con los respaldos explícitos de Austria y el Reino Unido, no hace sino confirmar una tendencia de fondo que redefine los márgenes de la negociación futura.

En medio de este reequilibrio, el conflicto artificial en el Sáhara continúa abierto. Sin embargo, la dirección de los apoyos internacionales parece cada vez más clara, dibujando un horizonte en el que la propuesta de autonomía de Marruecos gana centralidad mientras la opción separatista se enfrenta a un aislamiento creciente.

 

Yofre y los generales

 

Intelectual comprometido con su tiempo, Juan Bautista “Tata” Yofre se ha consolidado como el principal exponente argentino de la “historia reciente”, una corriente historiográfica que, surgida en la década de 1970, se centra en el estudio del pasado inmediato, con especial énfasis en los acontecimientos traumáticos que han dejado una huella profunda en la sociedad. Su último libro, Los Generales. De la Libertadora a Cámpora. Los archivos secretos de la corporación militar, recién editado por Sudamericana, representa una cima en su extensa y rigurosa trayectoria.

 

La historia reciente y su principal cultor

Nacido en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1946, Yofre combina en su persona una formación singular: periodista, ensayista, diplomático, historiador y político, con el privilegio —raro entre los intelectuales— de haber dirigido la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Carlos Menem, entre 1989 y 1990. Posteriormente, ejerció como embajador en Panamá y Portugal, y en junio de 2024 fue designado por el presidente Javier Milei como director de la Escuela Nacional de Inteligencia. Su vasta red de contactos, forjada a lo largo de décadas en la política, la diplomacia y el periodismo, le ha permitido acceder a testimonios y documentos de primer orden.

Su linaje lo sitúa en el corazón del patriciado argentino. Sobrino nieto de Felipe Yofre Pizarro[i], ministro del general Julio A. Roca en su segunda presidencia; nieto del prestigioso médico Dr. Carlos Bonorino Udaondo[ii]; e hijo de Felipe Yofre Hueyo[iii], primer embajador de la Revolución Libertadora en Paraguay y luego en Perú. Su madre, María Cristina Bonorino, fue por décadas una figura destacada en la Dirección de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores. La tradición familiar continuó con sus hermanos: Felipe, cercano colaborador del vicepresidente Vicente Solano Lima durante la presidencia de Héctor J. Cámpora, y Ricardo, dirigente radical, yerno de José Luis Cantilo[iv] y subsecretario General de la Presidencia durante el gobierno de Jorge Rafael Videla.

Esa inmersión temprana en la política se complementó con su paso por el Liceo Militar General San Martín y el Colegio Militar de la Nación —donde compartió promoción con figuras como Roberto Bendini—, lo que le permitió comprender las normas no escritas del mundo castrense y granjearse el respeto de muchos uniformados, que lo consideran “propia tropa”.

Metodología: entre la historia oral y los archivos

En sus obras, Yofre combina dos enfoques historiográficos contemporáneos: la historia oral, que recupera anécdotas inéditas, off the record y relatos intimistas que humanizan a los protagonistas, y un exhaustivo trabajo documental que él mismo describe coloquialmente como “hacer la historia con papeles”. Ha explotado intensivamente archivos desclasificados —entre ellos, los del historiador estadounidense Robert Potash y los del teniente general Alejandro A. Lanusse, entregados por sus hijos— y ha reunido documentos privados de figuras clave de la política nacional, enriquecidos con testimonios orales de testigos directos.

Desde la publicación en 2006 de Nadie Fue —compilación de artículos de Ámbito Financiero que se convirtió en un inmediato best seller—, Yofre se posicionó como el historiador más leído del país. Con casi una veintena de libros en las últimas dos décadas, ocho de ellos éxitos de ventas, su producción abarca los temas más controvertidos de la historia argentina reciente: la violencia política de los años setenta, el Proceso de Reorganización Nacional, la Guerra de Malvinas, el rol de Cuba y la internacional comunista, y la figura de Ernesto “Che” Guevara. Obras como Fuimos Todos, 1982, La Trama de Madrid, Fue Cuba o La Trampa han marcado hitos en el debate público.

Los Generales: una inmersión en la corporación militar

Los Generales. De la Libertadora a Cámpora. Los archivos secretos de la corporación militar es su libro más extenso hasta la fecha: 720 páginas distribuidas en un prólogo y quince capítulos. Cubre el período que va del derrocamiento de Juan D. Perón en septiembre de 1955 hasta el retorno del peronismo al poder en 1973, de la mano de Héctor J. Cámpora como delegado del líder exiliado.

El texto reconstruye con detalle las intervenciones militares en lo que podría denominarse “la Argentina antiperonista”: una era de inestabilidad crónica en la que ningún gobierno, civil o militar, logró durar más de tres años. Fue un tiempo marcado por la proscripción del peronismo, el exilio de su conductor y la emergencia de un verdadero “partido de generales” que actuaba como poder de facto, capaz de condicionar, tutelar o derrocar gobiernos constitucionales. Yofre expone las intrigas internas de la corporación militar, sus tensiones con el liderazgo peronista en el exilio y los engranajes ocultos que contribuyeron a la decadencia argentina de la segunda mitad del siglo XX.

A partir de documentos inéditos locales y extranjeros, archivos personales nunca antes revelados, entrevistas exclusivas y una bibliografía profusa —sumada a su propia experiencia como testigo privilegiado—, el autor describe sin eufemismos ni juicios previos las tramas de poder, conspiraciones y decisiones que definieron uno de los ciclos más turbulentos de nuestra historia. El libro retrata una Argentina bipartita en sus centros reales de poder: Buenos Aires, dominada por los generales, y el lugar del mundo donde se encontrara Perón.

Su prosa amena y fluida, salpicada de anécdotas reveladoras e imágenes impactantes, convierte las 720 páginas en una lectura apasionante y accesible. Para quienes vivieron esa época, el volumen permite revivir los acontecimientos con una profundidad y una “trama secreta” inéditas. Para las generaciones más jóvenes, constituye una oportunidad excepcional de conocer una historia que, con frecuencia, no se enseña en las aulas secundarias ni universitarias.

Un aporte imprescindible

Yofre no rehúye los temas incómodos. Sus investigaciones sobre la violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria, el rol cubano en la región y otros episodios polémicos le valieron persecuciones políticas y judiciales durante los gobiernos kirchneristas. Sin embargo, su obra se sostiene en la documentación rigurosa y en un compromiso con la verdad histórica que trasciende las consignas.

Los Generales se sitúa, sin duda, entre lo mejor de su producción. Algunos lo considerarán su obra cumbre; otros preferirán Nadie Fue, La Trama de Madrid o Fue Cuba. Cada lector tiene derecho a sus preferencias, pero nadie que aspire a comprender el pasado argentino reciente puede prescindir de este libro.

Recomendación final: una obra imperdible, rigurosa, documentada y apasionante que enriquece el acervo historiográfico nacional y invita a una reflexión profunda sobre las causas de nuestra convulsa trayectoria institucional.

 

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[i] FELIPE YOFRE: (Córdoba, 2 de septiembre de 1848 – Buenos Aires, 1939) fue un abogado y político argentino, que ejerció diversos cargos políticos y judiciales, entre ellos el de Ministro del Interior y brevemente Ministro de Relaciones Exteriores durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca.

[ii] El Dr. Carlos Bonorino Udaondo (1884-1951) fue un médico argentino pionero y referente nacional en el estudio y tratamiento de enfermedades digestivas. Impulsó la creación de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y fundó en 1938 el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo, primer centro monovalente de la especialidad en Latinoamérica, ubicado en Barracas, Buenos

[iii] FELIPE YOFRE HUEYO(Buenos Aires 1909 – Lima 1961) fue presidente del Partido Demócrata y secretario del comité nacional. En 1951, participó del alzamiento militar del general Bejamóin Menéndez durante el primer gobierno de Juan D. Perón. Fue el factor de unión de fuertes personalidades, merced a su impecable tacto y diplomacia. En horas de prueba, Felipe Yofre conoció la cárcel, a la que fue arrojado en varias oportunidades sin motivo alguno, todo lo cual soportó con singular entereza, apoyado moralmente por su compañera, la sin par Cristina Bonorino de Yofre. En otra oportunidad, no tuvo más remedio que esconderse varios meses en Corrientes, al amparo de su amigo Elías Abad. Después de la revolución de 1955, Yofre fue embajador en Paraguay, primero, y posteriormente en Perú, destinos en los que puso al servicio del país sus conocimientos históricos, el estilo propio de un político de primer orden y la simpatía que moderaba su robusta manera de ser. Falleció prematuramente, a raíz de una operación quirúrgica, a los 50 años. Dejó muchos amigos consternados, a los conservadores sin un dirigente de su talla y a la nación argentina sin un hombre de la democracia que hubiera sido particularmente útil para afianzarla. Sus siete hijos continúaron con honor una estirpe de servicio a la Patria.

[iv] José Luis Cantilo fue un dirigente político y funcionario argentino vinculado al universo de la Unión Cívica Radical (UCR). Nació el 21 de mayo de 1909 en Buenos Aires, en el seno de una familia ligada a la tradición radical. Era hijo de José Luis Cantilo, figura destacada del yrigoyenismo, lo que marcó tempranamente su inserción en la vida política. En 1962, durante la presidencia provisional de José María Guido, fue designado ministro de Defensa, en plena crisis entre las facciones militares conocidas como “azules” y “colorados”. Posteriormente, durante el gobierno constitucional de Arturo Umberto Illia (1963–1966), Cantilo fue designado al frente del Banco Industrial de la República Argentina. Incluso tras el golpe de Estado de 1966 que derrocó a Illia, Cantilo continuó siendo convocado por distintos gobiernos de facto en razón de su perfil técnico. En 1972, durante la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse, participó en tareas vinculadas a la renegociación de la deuda externa argentina, un tema central en la agenda económica de la época. Falleció el 13 de junio de 2003, tras haber atravesado casi todo el siglo XX y haber sido testigo —y en parte actor— de sus principales transformaciones políticas en la Argentina.

 

 

Creciente riesgo de una nueva escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán

  

Mientras las armas callan de forma provisional, el pulso estratégico en Oriente Próximo parece intensificarse en silencio. Informes de inteligencia, movimientos militares y declaraciones de alto voltaje político alimentan la hipótesis de que la tregua no es más que un interludio antes de una nueva fase del conflicto.

Contenido:

Buenos Aires.- La aparente calma que siguió a la última tregua en la confrontación indirecta —y cada vez menos encubierta— entre Estados Unidos, Israel e Irán está lejos de ser interpretada como un paso hacia la distensión. Por el contrario, múltiples indicios sugieren que los actores implicados están utilizando este compás de espera para reforzar sus capacidades militares y redefinir sus objetivos estratégicos. La región, lejos de estabilizarse, podría estar entrando en una fase preparatoria de mayor intensidad bélica, en un contexto marcado por la fragilidad del alto el fuego informal que puso fin a la guerra de los doce días de junio de 2025 y por el temor a una reanudación de las hostilidades a gran escala.

Las señales más inquietantes provienen del propio terreno. Según información recogida por Defence Review, al menos seis aviones de carga procedentes de China habrían aterrizado en territorio iraní en días recientes con los transpondedores desactivados, lo que sugiere operaciones de transferencia de material sensible. Las sospechas apuntan a sistemas de defensa aérea y misiles, en un momento en que Teherán busca reforzar su vulnerabilidad frente a posibles ataques aéreos. Esta actividad se inscribe en un patrón más amplio de cooperación militar creciente entre Irán, Rusia y China, consolidado desde la guerra en Ucrania y el aislamiento internacional de Moscú, y que ha sido confirmado recientemente por el propio ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien admitió en una entrevista que su país recibe “cooperación militar” de ambos socios estratégicos, sin entrar en detalles pero subrayando la profundidad de los lazos políticos, económicos y defensivos.

A ello se suma la aparición, documentada por fuentes OSINT, de un sistema MANPADS ruso Igla-S en un acto público en Ahvaz, armamento no registrado previamente en los arsenales iraníes. Aunque la evidencia es aún fragmentaria, encaja con un patrón más amplio de cooperación militar creciente entre Irán, Rusia y China, que incluye no solo transferencias de tecnología de drones y misiles, sino también inteligencia satelital rusa para mejorar la precisión de los ataques iraníes y suministros chinos de componentes duales que fortalecen las capacidades de defensa y contraataque de Teherán.

En paralelo, la retórica oficial iraní ha endurecido su tono. Un portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que cualquier ataque a infraestructuras energéticas será respondido “con la misma moneda”, incluyendo la posibilidad de minar el estrecho de Ormuz o cerrar Bab el-Mandeb, dos arterias clave del comercio energético global. Esta amenaza no es retórica vacía: informes recientes de inteligencia estadounidense, recogidos por medios como Axios y CBS News, indican que Irán ya habría colocado nuevas minas navales en Ormuz en las últimas semanas —al menos una docena según estimaciones de Washington—, elevando el riesgo de incidentes que podrían desencadenar una escalada inmediata y disruptiva para los mercados globales de energía. Expertos en seguridad marítima advierten que estas acciones, combinadas con la posible pérdida de control sobre algunas de las minas por parte de la propia Armada iraní, podrían prolongar el bloqueo efectivo del estrecho y generar un shock económico mundial con consecuencias impredecibles para los precios del petróleo y la estabilidad de las rutas comerciales.

Del lado israelí, las declaraciones del ministro de Defensa, Israel Katz, no dejan margen a la ambigüedad. En un mensaje grabado, Katz afirmó que su país espera la “luz verde” de Washington para reanudar las operaciones militares contra Irán, anticipando una estrategia centrada en atacar infraestructuras energéticas críticas. “Las cosas serán diferentes ahora”, advirtió, prometiendo llevar a Irán “a la edad oscura” si fuera necesario. Estas declaraciones reflejan un cambio doctrinal significativo y se alinean con anuncios recientes del propio Katz, quien ha insistido en que los ataques conjuntos israelíes y estadounidenses contra el régimen iraní y sus infraestructuras “aumentarán significativamente” en los próximos días, con énfasis en objetivos simbólicos del poder estatal y mecanismos de represión interna. Israel parece considerar que la fase anterior del conflicto no logró sus objetivos estratégicos y que una nueva campaña debería centrarse en debilitar la base económica del régimen iraní, en lugar de limitarse a objetivos militares convencionales o a la guerra en la sombra.

Mientras tanto, Estados Unidos ha intensificado su despliegue militar en la región de forma visible. La llegada del portaaviones USS George H.W. Bush (CVN-77) al área de operaciones del Comando Central eleva a tres el número de grupos de ataque desplegados, junto al USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford. Esta concentración naval no tiene precedentes recientes fuera de contextos de guerra abierta y representa una demostración de fuerza sin parangón, destinada tanto a disuadir como a preparar posibles operaciones sostenidas de superioridad aérea y control marítimo. Además, la intercepción de un superpetrolero vinculado a exportaciones iraníes —el M/T Majestic X— en el océano Índico sugiere que Washington está ensayando doctrinas de control marítimo destinadas no solo a Teherán, sino también a enviar un mensaje estratégico a Pekín. La dimensión global del conflicto se hace así cada vez más evidente, con implicaciones que trascienden la región y afectan directamente a la seguridad energética mundial y al equilibrio de poder en el Indo-Pacífico.

En el plano regional, actores no estatales alineados con Irán también han elevado el tono. Hezbolá, a través de su dirigente Mahmoud Qamati, advirtió que cualquier reanudación de los ataques israelíes será respondida sin límites temporales, anticipando una guerra prolongada. Este posicionamiento refuerza la idea de que el conflicto podría expandirse rápidamente a múltiples frentes, desde el Líbano hasta Irak y Yemen, reactivando redes de proxies que, aunque debilitadas tras los enfrentamientos previos, siguen representando una amenaza asimétrica significativa.

Analistas internacionales coinciden en que la tregua actual presenta características clásicas de una “pausa operativa”. El exdiplomático estadounidense Dennis Ross ha señalado en diversas ocasiones que “las treguas en Oriente Próximo rara vez son preludios de paz; con frecuencia son intervalos para rearmarse”. En una línea similar, la experta del International Crisis Group, Ellie Geranmayeh, ha advertido que el actual equilibrio es “extremadamente frágil” y que cualquier incidente en el Golfo podría desencadenar una escalada de gran magnitud, con riesgos de un conflicto prolongado que genere conmociones económicas globales y altere el panorama de seguridad en toda la región.

Uno de los escenarios más inquietantes que emerge en este contexto es la posibilidad —todavía remota pero cada vez más discutida en círculos estratégicos— de que Estados Unidos contemple el uso de armas nucleares tácticas en caso de un conflicto abierto con Irán. Aunque ningún alto funcionario ha planteado públicamente esta opción, doctrinas militares estadounidenses prevén su empleo en situaciones de alta intensidad contra objetivos endurecidos o profundamente enterrados, como instalaciones nucleares iraníes. Sin embargo, expertos como Lawrence Freedman subrayan que el uso de este tipo de armamento tendría consecuencias geopolíticas “incalculables”, no solo por la respuesta iraní, sino por el impacto en la arquitectura global de no proliferación. En palabras del propio Freedman, “cruzar ese umbral transformaría un conflicto regional en una crisis internacional de primer orden”.

Por ahora, la disuasión sigue siendo el lenguaje dominante. Pero la acumulación de fuerzas, el endurecimiento del discurso, los indicios de rearme y la confirmación de apoyos externos a Irán sugieren que la tregua podría ser apenas una ilusión pasajera. En Oriente Próximo, donde la historia reciente está marcada por escaladas súbitas tras periodos de calma aparente, la pregunta no es tanto si se reanudarán las hostilidades, sino cuándo y con qué intensidad, en un tablero donde cada movimiento de los actores principales —y de sus aliados— redefine el delicado equilibrio entre contención y confrontación total.

 

Marruecos consolida apoyos latinoamericanos para su Plan de Autonomía en el Sáhara

 

La diplomacia marroquí ha encontrado en América Latina un terreno fértil para consolidar apoyos en torno a una de sus principales prioridades estratégicas: la resolución del contencioso del Sáhara.

Contenido:

En ese tablero internacional, la reciente aproximación entre Marruecos y Ecuador marca un punto de inflexión que en Rabat se presenta ya como el inicio de una “nueva era” en las relaciones bilaterales, con implicaciones que trascienden lo estrictamente diplomático y se proyectan sobre la arquitectura geopolítica de las alianzas Sur-Sur.

El giro ecuatoriano no es menor. Tras retirar en 2024 su reconocimiento a la inexistente  República Árabe Saharaui Democrática, Quito ha ido alineando progresivamente su posición con la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara, presentada en 2007 ante Naciones Unidas. En los últimos encuentros de alto nivel celebrados en Rabat, la ministra de Exteriores ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, ha reiterado el respaldo de su país a esta iniciativa, calificándola como la única solución “seria, creíble y realista” para un conflicto que se prolonga desde hace décadas .

Este apoyo no se limita a una declaración política. Se traduce en decisiones concretas que reflejan una convergencia estratégica entre ambos países. Ecuador ha decidido extender su cobertura consular al territorio del Sáhara bajo administración marroquí y ha manifestado su voluntad de promover inversiones y proyectos económicos en la región, considerada por Rabat como una plataforma de conexión con África. La próxima visita del embajador ecuatoriano a las provincias del sur apunta precisamente a materializar esta cooperación en iniciativas tangibles.

El fortalecimiento de los lazos se inscribe en una dinámica más amplia impulsada por el rey Mohammed VI, cuya estrategia diplomática ha buscado diversificar alianzas más allá de los tradicionales socios europeos. Bajo su impulso, Marruecos ha desplegado una política activa hacia África y América Latina, basada en la cooperación económica, la proyección de estabilidad institucional y la promoción de grandes proyectos de integración regional. Ecuador, en este contexto, ha expresado abiertamente su “alto aprecio” por el liderazgo del monarca alauí en el continente africano y por las reformas estructurales emprendidas en el país magrebí .

La sintonía entre Rabat y Quito se apoya también en afinidades en materia de multilateralismo y seguridad. Ambos países han intensificado su coordinación en foros internacionales y han manifestado su voluntad de respaldar mutuamente sus candidaturas en organismos globales, en una lógica de reciprocidad que refuerza su peso diplomático. La apertura recíproca de embajadas y la futura creación de una comisión mixta económica y comercial consolidan una relación que aspira a traducirse en un aumento significativo de los intercambios y de las inversiones bilaterales .

En paralelo, el respaldo latinoamericano a la posición marroquí se ha visto reforzado por la República Dominicana, que ha reiterado en fechas recientes su apoyo a la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Durante un encuentro celebrado en el marco de la Unión Interparlamentaria, el presidente de la Cámara de Diputados dominicana, Alfredo Pacheco Osoria, subrayó la convicción de su país en la “credibilidad y pertinencia” de la propuesta marroquí, alineándose con las resoluciones del Consejo de Seguridad que consideran la autonomía como la vía más viable para resolver el conflicto .

Este respaldo, que se suma al de otros países del Caribe y de África, refuerza los argumentos de Rabat sobre el creciente consenso internacional en torno a su iniciativa. Desde la perspectiva marroquí, se trata de aislar progresivamente las posiciones favorables a los separatistas del Frente Polisario y consolidar un bloque de apoyos que legitimen sus derechos soberanos sobre sus “provincias del sur”.

La ofensiva diplomática marroquí combina así pragmatismo económico y activismo político. La cooperación con Ecuador ilustra esta doble dimensión: por un lado, la promoción de acuerdos de inversión, comercio y logística; por otro, la alineación en cuestiones clave de política exterior. La presencia de delegaciones empresariales, los proyectos de protección de inversiones y la articulación de mecanismos institucionales bilaterales reflejan la voluntad de transformar la afinidad política en resultados concretos.

En última instancia, la nueva etapa en las relaciones entre Marruecos y Ecuador no puede entenderse como un episodio aislado, sino como parte de una estrategia más amplia diseñada desde el Palacio Real de Rabat. Bajo el liderazgo de Mohammed VI, el país ha logrado tejer una red de apoyos que, desde África hasta América Latina, refuerzan su posición en el tablero internacional y reconfiguran el equilibrio diplomático en torno al Sáhara. En ese proceso, Ecuador emerge como un socio clave en la región andina, mientras que la República Dominicana consolida el anclaje caribeño de una política exterior que ha hecho de la diversificación y la persistencia sus principales señas de identidad.