Siria, el nuevo frente de la rivalidad entre Israel y Turquía

 

El bombardeo israelí de la base aérea de Abu al-Duhur ha convertido la disputa por el futuro de Siria en el punto más peligroso de la relación entre Ankara y Tel Aviv. Detrás de las acusaciones cruzadas sobre un eventual despliegue militar turco se libra una pugna mucho más profunda por el nuevo equilibrio de Medio Oriente. La reciente alianza defensiva entre Turquía, Arabia Saudí y Pakistán añade una dimensión inédita al conflicto, mientras Washington intenta impedir que dos de sus socios estratégicos terminen enfrentados y la sombra nuclear introduce un riesgo que, aunque remoto, ya no puede ser ignorado.

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Hay conflictos que comienzan con un bombardeo y otros que simplemente encuentran en un bombardeo la ocasión para hacerse visibles. El ataque israelí contra la base aérea de Abu al-Duhur, en el noroeste de Siria, pertenece a la segunda categoría. Israel sostiene que actuó para impedir que Turquía estableciera allí una presencia militar capaz de alterar el equilibrio estratégico de la región. Ankara y Damasco niegan que existiera semejante proyecto y sostienen que las instalaciones estaban siendo rehabilitadas para la Fuerza Aérea siria.

La discrepancia factual importa, pero no explica por sí sola la crisis. El verdadero problema es que Israel y Turquía han comenzado a concebirse mutuamente como obstáculos para sus respectivos proyectos estratégicos en la Siria posterior a Bashar al Asad. El documento aportado para este análisis describe precisamente esa dinámica como un dilema de seguridad: una actividad que Turquía interpreta como cooperación defensiva puede ser considerada por Israel la primera fase de una infraestructura militar hostil.

El primer ministro Benjamin Netanyahu resumió la posición israelí con una advertencia inequívoca: “No toleraremos que el ejército turco avance hacia el sur, porque eso nos amenaza”. Su ministro de Defensa, Israel Katz, acusó a Recep Tayyip Erdogan de arrastrar a Turquía hacia una “aventura peligrosa” en Siria. Ankara respondió calificando las acusaciones de insostenibles y rechazando cualquier intención de establecer una base permanente. El canciller sirio, Asaad al-Shaibani, afirmó que no existía ningún plan de despliegue turco y que la instalación estaba destinada a recuperar su función bajo soberanía siria.

La secuencia resulta reveladora. Días antes del ataque, el director del Mossad, Roman Gofman, había hablado con Al-Shaibani sobre la creciente actividad militar turca en Siria, incluidos posibles suministros de armas y drones. Después llegó el bombardeo. Reuters ha confirmado que Washington trabaja ahora en un mecanismo de descompresión entre Israel, Turquía y Siria. El enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack, calificó la acción israelí de “escalada innecesaria”.

No se trata, por tanto, de una disputa circunstancial. La caída de Asad desplazó el centro de gravedad sirio. Durante años, Israel había considerado a Irán y a Hezbolá como sus principales adversarios en territorio sirio. Ahora Irán ha perdido buena parte de la posición que construyó durante la guerra civil y Turquía ha ocupado el espacio dejado vacante. Ankara respalda al nuevo Gobierno de Ahmed al-Sharaa, participa en la reconstrucción de las fuerzas armadas sirias y pretende que Siria vuelva a funcionar como un Estado territorialmente integrado y políticamente estable. Israel contempla esa perspectiva con mucha mayor desconfianza.

El analista Ömer Özkizilcik, investigador asociado al Atlantic Council, sostiene que Ankara e Israel poseen visiones fundamentalmente opuestas sobre la Siria posterior a Asad: Turquía aspira a fortalecer un Estado sirio centralizado, mientras Israel busca evitar la aparición de una estructura militar que pueda convertirse en una amenaza y prefiere conservar un entorno sirio débil y fragmentado. Esa divergencia ayuda a comprender por qué Abu al-Duhur es más importante que la pista de aterrizaje dañada por los misiles.

La cuestión es hasta dónde puede llegar la escalada. Una guerra abierta entre Israel y Turquía continúa siendo improbable. Ambos países disponen de poder militar suficiente para infligirse daños considerables, pero también tienen demasiados incentivos para evitar una confrontación directa. Turquía es miembro de la OTAN y posee el segundo mayor ejército de la organización; Israel cuenta con una relación estratégica extraordinariamente estrecha con Estados Unidos. Una guerra entre ambos obligaría a Washington a gestionar una contradicción casi imposible: respaldar a Israel sin romper con Turquía.

El riesgo más plausible no es una guerra declarada, sino una sucesión de incidentes. Un ataque israelí que mate militares turcos, una interceptación aérea, el derribo accidental de un aparato o la destrucción de una instalación utilizada por Ankara podrían producir una respuesta limitada que, a su vez, obligara a Israel a responder. Precisamente para evitar esa dinámica existe ya un mecanismo de comunicación militar, pero la crisis demuestra que necesita ser reforzado. El objetivo de la descompresión no es reconciliar a Israel y Turquía, sino impedir que dos ejércitos operando en el mismo espacio terminen combatiendo por error.

El contexto político tampoco ayuda. Netanyahu se encuentra ante las elecciones legislativas del 27 de octubre y la rivalidad con Erdogan ha comenzado a incorporarse a su discurso electoral. La política exterior se convierte así en política doméstica: presentar a Turquía como una amenaza emergente permite al Gobierno israelí reforzar el argumento de que el país se encuentra rodeado por enemigos y necesita un liderazgo experimentado en materia de seguridad. Al mismo tiempo, Erdogan puede presentar a Israel como la potencia que intenta impedir la reconstrucción de Siria y extender hacia el norte la guerra de Gaza. La retórica alimenta un círculo en el que cada dirigente tiene incentivos internos para no parecer débil.

La situación adquiere una dimensión todavía mayor después del acuerdo de defensa firmado el 7 de agosto en La Meca por Turquía, Arabia Saudí y Pakistán. El pacto establece que un ataque contra uno de sus integrantes será considerado una agresión contra los tres y contempla una mayor cooperación militar, entrenamiento, inteligencia y tecnología.

Sería exagerado llamarlo una “OTAN islámica”. Los propios gobiernos firmantes han insistido en que no está dirigido contra ningún país concreto. Arabia Saudí ha negado expresamente que el acuerdo tenga relación con una carrera nuclear. Pero su importancia estratégica es indiscutible: reúne el poder financiero saudí, la industria militar y la posición geográfica turcas y la capacidad militar de Pakistán, único Estado musulmán con armas nucleares.

Para Israel, el problema no es necesariamente que la alianza vaya a intervenir militarmente en su defensa, sino que modifica el cálculo de disuasión. Hasta ahora, Israel podía estudiar por separado a Turquía, Arabia Saudí y Pakistán. El pacto introduce la posibilidad de que esas capacidades comiencen a coordinarse. No significa que exista una cadena automática de respuesta militar ni, mucho menos, un compromiso nuclear. Pero obliga a Israel a incorporar una nueva variable en sus cálculos estratégicos.

Aquí aparece la cuestión más inquietante: el riesgo nuclear. Israel mantiene una política de ambigüedad y nunca ha reconocido oficialmente disponer de armas atómicas, aunque la comunidad internacional considera ampliamente que posee un arsenal nuclear; estimaciones públicas sitúan su inventario alrededor de las 90 ojivas.

Sin embargo, la posibilidad de que Israel empleara armamento nuclear contra Turquía en una eventual guerra es extraordinariamente remota. No existe actualmente una situación que haga pensar en una decisión semejante. Las armas nucleares israelíes forman parte fundamentalmente de una disuasión existencial y su utilización contra un Estado miembro de la OTAN supondría una ruptura catastrófica del orden estratégico internacional.

Mucho más importante es la pregunta sobre qué ocurriría después. ¿Respondería Pakistán nuclearmente en virtud del acuerdo de La Meca? La respuesta más probable es que no. La doctrina nuclear pakistaní está construida esencialmente alrededor de la India y no existe una declaración oficial que sitúe a Israel como objetivo nuclear. Un análisis de la Arms Control Association subraya que Islamabad ha mantenido su arsenal como instrumento de disuasión frente a la India y que no ha anunciado un cambio de doctrina respecto de Israel. Un estudio de Georgetown considera, además, altamente improbable que Pakistán empleara armas nucleares para defender a Arabia Saudí, precisamente porque su disuasión nuclear está concebida para contener a India.

La amenaza nuclear, por tanto, opera más como factor de disuasión indirecta que como escenario probable de combate. El verdadero peligro sería que una guerra regional comenzara a modificar las doctrinas de seguridad de los actores. Turquía ya debate públicamente la conveniencia de desarrollar una capacidad nuclear propia y algunos responsables turcos han advertido sobre los riesgos derivados del deterioro del régimen de no proliferación. Si Israel empleara armas nucleares, aunque fuera en un escenario extremo, la presión para que otros países de Medio Oriente reconsideraran sus propias opciones aumentaría dramáticamente.

Washington aparece entonces como el actor decisivo. Estados Unidos no tiene interés alguno en permitir una guerra entre Israel y Turquía. La administración Trump necesita a Israel como socio estratégico, pero también necesita a Turquía por su posición geográfica, su ejército, su industria militar y su influencia sobre Siria. La propia Casa Blanca parece haber comprendido que una confrontación entre ambos aliados sería estratégicamente ruinosa. De ahí la intervención de Barrack y la creación del mecanismo de descompresión.

La OTAN se encuentra ante un dilema todavía más delicado. El artículo 5 no convierte automáticamente una guerra iniciada por un miembro en una guerra de toda la Alianza. Israel, además, no es miembro de la organización. Si Turquía fuese atacada directamente por Israel, el Consejo del Atlántico Norte tendría que determinar las circunstancias y las medidas correspondientes. Pero Washington difícilmente permitiría que una crisis bilateral se transformara en una confrontación entre la OTAN e Israel.

El resultado más probable es, por ello, una diplomacia de contención. Estados Unidos intentará convencer a Israel de que sus preocupaciones sobre la expansión turca en Siria deben gestionarse mediante límites verificables y no mediante ataques preventivos. Ankara, por su parte, tendrá que demostrar que su cooperación militar con Damasco no constituye la construcción encubierta de una plataforma ofensiva contra Israel.

Siria es el tablero donde todas estas contradicciones convergen. Al-Sharaa necesita a Turquía para reconstruir su Estado, pero también necesita un acuerdo de seguridad con Israel y el respaldo estadounidense. Israel quiere impedir que Siria se convierta en una plataforma militar hostil, pero sus ataques pueden debilitar precisamente al Gobierno sirio que Washington y Ankara consideran necesario para estabilizar el país. Turquía quiere consolidar su influencia, pero una confrontación abierta con Israel podría poner en peligro su relación con Estados Unidos y complicar su posición dentro de la OTAN.

La paradoja es que todos los actores tienen razones para evitar la guerra y, simultáneamente, razones para seguir aumentando su poder militar. Ese es el clásico dilema de seguridad que convierte las crisis regionales en peligros internacionales. La rivalidad entre Israel y Turquía no parece encaminada hoy hacia una guerra abierta. Pero tampoco es ya una disputa pasajera. Siria se ha convertido en el lugar donde chocan dos proyectos de orden regional.

La cuestión decisiva será quién consiga imponer las reglas de ese nuevo equilibrio. Si Washington logra establecer mecanismos fiables de comunicación y delimitar las zonas de actuación de ambos ejércitos, Abu al-Duhur podría terminar siendo recordado como una advertencia. Si fracasa, el ataque puede convertirse en el primer episodio de una competencia militar mucho más peligrosa. En un Medio Oriente atravesado por guerras, alianzas nuevas y arsenales nucleares, la diferencia entre una advertencia y una guerra puede depender, paradójicamente, de la capacidad de los adversarios para seguir hablando cuando todo parece empujarlos a dejar de hacerlo.

 

La península coreana en el filo de la navaja

La diplomacia personal de Trump choca frente a un Kim Jong-un más poderoso y una alianza bajo tensión

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Buenos Aires - La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reducir drásticamente los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, invocar su “muy buena relación” con Kim Jong-un y cifrar en cincuenta y siete el número de armas nucleares norcoreanas ha reabierto de forma abrupta un capítulo de la diplomacia asiática que parecía cerrado desde 2019. En un momento en que Washington concentra recursos en el conflicto con Irán, el gesto busca abrir un canal de comunicación con un régimen que ha ampliado su arsenal, estrechado lazos con Rusia y recuperado espacios de influencia con China. Pyongyang, sin embargo, respondió con el lanzamiento de una decena de misiles balísticos de corto alcance y restó valor a las concesiones estadounidenses, mientras Seúl observa con una mezcla de esperanza y alarma el posible debilitamiento de la disuasión aliada. El resultado es una península más inestable, donde la búsqueda de estabilidad a corto plazo corre el riesgo de consolidar a Corea del Norte como potencia nuclear permanente y de erosionar la confianza de los aliados regionales.

La relación entre Trump y Kim ha vuelto a ocupar el centro de la política exterior estadounidense en Asia oriental con una intensidad que recuerda los años de las cumbres de Singapur y Hanói. El presidente ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, reducir de manera sustancial los ejercicios Ulchi Freedom Shield, que pasaron de once a cinco días y vieron recortados sus componentes de entrenamiento de campaña. Trump argumentó que las maniobras resultaban costosas y enviaban una señal “inapropiada y hostil” a un país que, según él, se ha mostrado respetuoso desde su regreso al poder. Al mismo tiempo, reivindicó públicamente su sintonía personal con el líder norcoreano y afirmó que se reuniría con él antes de que finalizara el año, posiblemente en el marco de la cumbre de la APEC en Shenzhen. La declaración sobre las cincuenta y siete armas nucleares, formulada con una precisión poco habitual, subrayó tanto el reconocimiento implícito de una realidad estratégica como la voluntad de gestionarla a través del diálogo personal.

Las intenciones reales de Trump combinan elementos de diplomacia personal, cálculo de riesgo y ambición geopolítica de más largo alcance. El analista Kyung Suk Lee, en un estudio de 38 North, ha señalado que la atracción del presidente estadounidense hacia Kim posee un componente marcadamente personal: el encuentro puede constituir un objetivo en sí mismo, más allá de los resultados concretos en materia de desnuclearización. Trump ha repetido en varias ocasiones que su relación con el dirigente norcoreano evitó una guerra durante su primer mandato y que mantiene un entendimiento singular con él. Esta lógica de la diplomacia de líderes se proyecta ahora sobre un escenario más complejo. Estados Unidos necesita evitar una crisis simultánea en la península coreana mientras parte de sus capacidades se encuentran comprometidas en Oriente Próximo. La reducción de los ejercicios funciona, en este sentido, como una señal de distensión destinada a disminuir la probabilidad de una provocación norcoreana que obligue a desviar recursos.

Existe, además, una dimensión estratégica vinculada a la arquitectura de poder en el noreste de Asia. Durante los últimos años, Corea del Norte ha reducido su dependencia histórica de China mediante una alianza cada vez más estrecha con Rusia. El envío de tropas y municiones a Ucrania y la firma de un tratado de asociación estratégica con Moscú han otorgado a Pyongyang un margen de maniobra que antes no poseía. China reaccionó con la visita de Xi Jinping a Pyongyang en junio de 2026, la primera en siete años, orientada a recuperar influencia económica, diplomática y militar. La ausencia del tema de la desnuclearización en las declaraciones públicas de aquella cumbre fue interpretada por el profesor Ban Kil Joo, de la Academia Nacional Diplomática de Corea, como una posible aceptación de facto de Corea del Norte como potencia nuclear. En este contexto, una relación más fluida entre Washington y Pyongyang podría buscar ampliar el margen de autonomía norcoreano, impidiendo que el régimen quede definitivamente incorporado al bloque chino-ruso y limitando su utilidad como instrumento de presión en una eventual crisis en torno a Taiwán. No se trataría de una separación literal, sino de diluir la dependencia exclusiva.

Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos evidentes. La reducción de la presencia y de las maniobras estadounidenses puede transmitir a Seúl la impresión de que su seguridad se ha convertido en una variable secundaria. El presidente surcoreano Lee Jae Myung acogió con cauteloso optimismo el gesto de Trump, considerándolo una oportunidad para superar la hostilidad y construir la paz en la península. En una publicación en redes sociales, afirmó que la decisión reflejaba una profunda reflexión sobre cómo superar la confrontación. Al mismo tiempo, el gobierno de Seúl insistió en la necesidad de mantener una postura de defensa combinada sólida y en avanzar hacia una mayor autonomía militar. La oposición conservadora criticó la reducción de los ejercicios como una amenaza para la disuasión, y analistas citados por diversos medios advirtieron que la disminución de las maniobras puede afectar la preparación de las fuerzas aliadas y erosionar la confianza en el compromiso estadounidense. El ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, reconoció ante el Parlamento que ni Seúl ni los propios funcionarios estadounidenses habían recibido aviso previo de la orden presidencial, lo que generó perplejidad y reforzó las dudas sobre la solidez de la coordinación aliada.

La respuesta de Pyongyang ha sido inequívoca. Un día después de que Trump afirmara que Kim había respondido positivamente a sus contactos y de que se conociera la reducción de los ejercicios, Corea del Norte lanzó unos diez misiles balísticos de corto alcance desde las cercanías de Pyongyang. Kim Yo Jong, hermana del líder y figura clave del régimen, restó importancia a la medida estadounidense y negó la existencia de comunicaciones de alto nivel, al tiempo que afirmó que la política hostil de Washington seguía siendo la misma. El lanzamiento, el tercero del mes, subrayó que el régimen no interpreta las concesiones como un cambio estructural de la postura estadounidense, sino como un intento de obtener legitimidad sin entregar contrapartidas reales. La disparidad entre la estimación de Trump —cincuenta y siete armas nucleares “muy potentes”— y la del ministro de Defensa surcoreano Ahn Gyu-back —entre ochenta y ciento veinte, según cálculos de institutos de investigación— ilustra la dificultad de establecer una base común de diálogo. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo sitúa el arsenal en torno a sesenta ojivas ensambladas, con material fisible suficiente para al menos treinta más, cifras cercanas a las del presidente estadounidense pero inferiores a las evaluaciones surcoreanas más amplias.

Desde una perspectiva geopolítica, la situación que se perfila es de mayor complejidad y de menores incentivos para una desnuclearización completa. Kim llega a cualquier eventual negociación con un arsenal mayor, una relación militar privilegiada con Rusia y renovados vínculos con China. La experiencia del conflicto con Irán puede haber reforzado en Pyongyang la convicción de que las armas nucleares constituyen la mejor garantía contra un cambio de régimen. Frank Aum, analista de 38 North, ha observado que existe un interés genuino tanto de Trump como de Kim por volver a sentarse a negociar, aunque las diferencias sobre la desnuclearización continúan siendo enormes. Victor Cha, de la Universidad de Georgetown, ha señalado que la reducción de los ejercicios constituye una señal concreta, distinta de las meras declaraciones de años anteriores, pero advierte que las cartas de Washington son peores que en 2018. Jenny Town, directora del programa 38 North del Stimson Center, interpreta la decisión como parte de un esfuerzo más amplio por crear oportunidades diplomáticas, aunque reconoce los riesgos para la preparación aliada.

La paradoja es profunda. Trump pretende utilizar su relación personal para reducir el riesgo de conflicto y, potencialmente, limitar la dependencia norcoreana de China y Rusia. Al mismo tiempo, la estrategia puede terminar aceptando tácitamente una Corea del Norte nuclear, obteniendo una península más estable a corto plazo a cambio de consolidar una realidad que durante décadas se intentó impedir. La reducción de los ejercicios funciona como concesión diplomática y como mecanismo de gestión del riesgo, pero su éxito depende de que Trump consiga convencer a Kim de que Estados Unidos no prepara una operación militar y, simultáneamente, de que Seúl y Tokio no perciban que la alianza se sacrifica en nombre de una relación presidencial. En un entorno marcado por la rivalidad entre Estados Unidos, China y Rusia, la península coreana se convierte en un escenario donde la fotografía de una nueva cumbre puede cambiar la atmósfera de la crisis, pero donde transformar esa atmósfera en un acuerdo durable sigue siendo el desafío más arduo. La historia de las cumbres anteriores demuestra que las cámaras pueden apagarse sin que las armas desaparezcan.

 

España y Marruecos: una crisis migratoria no puede borrar una alianza estratégica

 

La desmentida de Madrid sobre un supuesto “plan de contingencia” contra Rabat revela hasta qué punto cualquier información que sugiera una nueva confrontación entre los dos países puede tener consecuencias que exceden el debate migratorio. España y Marruecos atraviesan una etapa de intensa cooperación económica, policial y diplomática y, pese a las tensiones provocadas por la presión migratoria en Ceuta y Melilla, ambos gobiernos parecen interesados en preservar una relación que consideran estratégica.

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Buenos Aires - La noticia duró poco, pero su impacto potencial fue considerable. Un programa de la radiotelevisión pública española, Mañaneros 360, difundió la existencia de un supuesto “plan de contingencia” elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez para responder a una eventual nueva crisis migratoria provocada desde Marruecos. La información sugería que Madrid estudiaba mecanismos destinados a elevar el coste para Rabat de una eventual utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión sobre España, particularmente en las fronteras de Ceuta y Melilla. El Gobierno español negó posteriormente, de manera categórica, que semejante plan existiera y calificó de falsa la información. RTVE retiró después la publicación de sus redes sociales.
La precisión no es menor. La versión inicialmente difundida no hablaba simplemente de medidas preventivas para proteger las fronteras españolas, algo perfectamente compatible con las obligaciones de cualquier Estado. Presentaba, en cambio, la posibilidad de que Marruecos estuviera dispuesto a provocar deliberadamente una crisis migratoria y atribuía a Madrid la intención de preparar una respuesta de carácter disuasorio. El Gobierno español rechazó precisamente esa interpretación.

La controversia aparece, además, en un momento particularmente sensible. Durante el verano de 2026, Ceuta volvió a experimentar una fuerte presión migratoria. A finales de julio se produjo una llegada masiva de migrantes por tierra y mar, mientras que durante los días siguientes las autoridades españolas y marroquíes reforzaron sus dispositivos de seguridad ante nuevas convocatorias difundidas a través de las redes sociales. Reuters informó el 14 de agosto de que las autoridades marroquíes habían detenido a más de un centenar de personas que intentaban alcanzar Ceuta, mientras España incrementaba sustancialmente su presencia policial en el enclave.

El episodio confirma que existe un problema migratorio real y que España necesita disponer de mecanismos de prevención y respuesta. Pero de ello no se desprende necesariamente la existencia de una estrategia española dirigida contra Marruecos. La diferencia es sustancial. Una política de protección fronteriza puede coexistir con una relación bilateral cooperativa; un plan concebido explícitamente para penalizar o presionar al país vecino implicaría, en cambio, una modificación mucho más profunda de la relación estratégica.

Una relación demasiado importante para quedar subordinada a la cuestión migratoria

La realidad de las relaciones hispano-marroquíes difícilmente encaja con la imagen de dos Estados encaminados hacia una nueva confrontación. Desde la adopción de la hoja de ruta de abril de 2022, Madrid y Rabat han procurado construir un marco de cooperación más amplio y estable. La XIII Reunión de Alto Nivel, celebrada en diciembre de 2025, volvió a ratificar la voluntad de ambos gobiernos de profundizar una relación definida oficialmente como moderna, global y transversal.

El fundamento material de esa relación es particularmente sólido. España es desde hace años el principal socio comercial de Marruecos. En 2024, los intercambios bilaterales alcanzaron los 22.693 millones de euros, un récord histórico, con un crecimiento superior al 7%. Más de 6.000 empresas españolas exportan regularmente al mercado marroquí y más de 900 cuentan con filiales o participaciones significativas en compañías del país. Marruecos se ha convertido, además, en el principal destino de la inversión española en África.

Las cifras revelan una interdependencia que trasciende ampliamente el comercio convencional. Empresas españolas participan en proyectos marroquíes de infraestructura, transporte, agua y energía, mientras Marruecos ocupa una posición cada vez más importante dentro de las cadenas productivas que conectan Europa con África. Para España, la proximidad geográfica convierte al reino alauí en una plataforma natural hacia el continente africano; para Marruecos, la vinculación con la economía española facilita su conexión con el mercado europeo.

Esa dimensión económica explica por qué una crisis diplomática tendría costes para ambos países. Madrid no tiene interés en deteriorar una relación que ofrece oportunidades comerciales, energéticas y empresariales crecientes. Rabat tampoco parece tener incentivos para poner en riesgo una asociación que le proporciona acceso privilegiado a uno de los principales mercados europeos.

La misma lógica opera en materia de seguridad. España y Marruecos mantienen una cooperación estrecha contra el terrorismo, la radicalización violenta, el crimen organizado y las redes dedicadas al tráfico de personas. En febrero de 2025, los ministros del Interior de ambos países calificaron la cooperación policial bilateral de extraordinaria y reafirmaron su voluntad de profundizarla. Madrid destacó entonces el papel marroquí en la lucha contra las mafias de tráfico de seres humanos y definió a Marruecos como un socio leal y fiable de España y de la Unión Europea.

La cooperación migratoria, por tanto, no constituye un elemento marginal de la relación bilateral. Es uno de sus pilares. Madrid necesita la colaboración marroquí para contener las redes de tráfico de personas y reducir las salidas hacia territorio español, mientras Rabat obtiene de esa cooperación reconocimiento político, asistencia europea y un interlocutor privilegiado dentro de la Unión Europea.

Ceuta y Melilla: el punto más vulnerable

La cuestión migratoria constituye, sin embargo, el área donde la relación bilateral presenta mayores riesgos. Ceuta y Melilla son espacios especialmente sensibles porque allí confluyen soberanía, seguridad fronteriza, movilidad humana y las complejas relaciones de vecindad entre España y Marruecos.

La crisis de 2021 demostró hasta qué punto una alteración de la cooperación puede provocar consecuencias inmediatas. Pero también puso de manifiesto el elevado coste de una ruptura. Desde entonces, Madrid y Rabat han trabajado para evitar que la cuestión migratoria vuelva a convertirse en un mecanismo de confrontación general.

Incluso durante la reciente crisis, la interlocución entre ambos gobiernos se mantuvo abierta. El presidente Pedro Sánchez afirmó durante su visita a Ceuta, a finales de julio, que la cooperación con Marruecos había sido constante y fluida y destacó que la interlocución con las autoridades marroquíes había sido muy distinta de la registrada en 2021.

Ese dato resulta particularmente significativo. Si existiera una decisión política de Madrid de considerar a Marruecos como adversario estratégico, resultaría difícil conciliarla con la continuidad de los canales de cooperación que funcionan precisamente durante los episodios de mayor tensión.

El riesgo de una crisis fabricada por terceros

Es en este punto donde adquiere interés la hipótesis de que existan actores interesados en deteriorar la relación entre España y Marruecos. No existen, al menos a partir de la información disponible, elementos suficientes para atribuir la difusión del supuesto plan a una organización o Estado concreto. Sería, por tanto, imprudente convertir esa posibilidad en una acusación.

Pero la existencia de intereses que podrían beneficiarse de una confrontación hispano-marroquí constituye una hipótesis políticamente razonable. La relación entre ambos países afecta a equilibrios mucho más amplios que los estrictamente bilaterales. Incide sobre la política migratoria europea, la seguridad del Mediterráneo occidental, las rutas comerciales, las inversiones, la cooperación antiterrorista y la posición de Marruecos dentro de la arquitectura estratégica europea y africana.

Por ello, cualquier información que presente a Rabat como una amenaza para España puede ser utilizada para alimentar percepciones de desconfianza y favorecer posiciones políticas contrarias a la cooperación. La difusión de una información posteriormente desmentida, especialmente cuando procede de un medio público y adquiere rápidamente circulación en medios españoles y marroquíes, puede generar consecuencias incluso después de haber sido retirada. El propio documento aportado señala que la publicación terminó circulando en ambos países y trasladó al terreno bilateral una versión que carecía de respaldo oficial.

La cuestión fundamental, por tanto, no es solamente quién difundió la información, sino a quién podría beneficiar una percepción de creciente hostilidad entre Madrid y Rabat.

La necesidad de separar la crisis de la relación estratégica

España tiene el derecho y la obligación de proteger sus fronteras y de preparar respuestas ante eventuales crisis migratorias. Marruecos, por su parte, tiene la responsabilidad de controlar sus fronteras y combatir las redes criminales que utilizan a los migrantes. Ninguna de esas obligaciones requiere transformar al otro país en un adversario.

La cooperación bilateral ya ha demostrado que puede producir resultados. En 2024, Madrid destacó la reducción de las llegadas irregulares y la eficacia de la cooperación contra las mafias dedicadas al tráfico de personas. Al mismo tiempo, la apertura de las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, la expansión de la migración circular y la coordinación policial muestran que la relación se encuentra asentada sobre intereses concretos y no únicamente sobre declaraciones diplomáticas.

A ello se añade un horizonte que difícilmente encaja con una estrategia de confrontación: España, Marruecos y Portugal serán países anfitriones del Mundial de Fútbol de 2030. Ambos gobiernos consideran el acontecimiento una oportunidad para profundizar los vínculos económicos, sociales y humanos entre las dos sociedades.

La desmentida del Gobierno español adquiere así una dimensión que supera el episodio mediático. Madrid ha enviado un mensaje inequívoco: la existencia de problemas migratorios en Ceuta y Melilla no significa que España haya decidido modificar su estrategia hacia Marruecos. La seguridad fronteriza continuará siendo una prioridad, pero dentro de un marco de cooperación.

La conclusión más razonable es que la relación hispano-marroquí atraviesa una fase de tensión localizada, no una nueva crisis estratégica. La presión migratoria puede provocar episodios graves y exigir respuestas contundentes, pero los intereses económicos, de seguridad y geopolíticos que vinculan a ambos países son demasiado profundos como para quedar subordinados a cada sobresalto fronterizo.

En este contexto, resulta especialmente importante evitar que informaciones no verificadas conviertan una dificultad concreta en una crisis diplomática general. España y Marruecos tienen numerosos intereses compartidos y ambos gobiernos parecen comprender que la estabilidad del Mediterráneo occidental depende, en buena medida, de preservar esa asociación. Precisamente por eso, cualquier actor que pretendiera convertir la cuestión migratoria en una fuente permanente de desconfianza estaría actuando contra una de las relaciones estratégicas más relevantes de la arquitectura política y económica entre Europa y el norte de África.

 

Japón vuelve a mirar hacia las armas: el rearme que puede cambiar el equilibrio de Asia

 

Ochenta años después de Hiroshima, Japón está dejando atrás algunas de las restricciones militares que definieron su identidad internacional desde la derrota de 1945. El Gobierno de Sanae Takaichi ha llevado el gasto de defensa hasta el 2% del PIB, ha abierto la puerta a las exportaciones de armamento y quiere convertir la industria militar en una fuente de innovación y crecimiento. Detrás de la transformación está China, pero también Corea del Norte, Rusia y la incertidumbre sobre el futuro compromiso estadounidense en Asia. El resultado puede ser una nueva arquitectura de seguridad en el Pacífico, con Taiwán en el centro y una relación cada vez más estrecha entre Tokio, Washington, Seúl y Canberra.

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Buenos Aires - Hay algo profundamente simbólico en el nuevo Japón que se está construyendo. Mientras el país conmemora estos días el 81º aniversario de Hiroshima, su Gobierno presenta un nuevo modelo de seguridad que habría resultado difícil de imaginar para cualquiera de las generaciones que crecieron bajo el trauma de la guerra. Japón, la única potencia que ha sufrido un ataque nuclear en la historia, está incrementando aceleradamente sus capacidades militares y haciendo de la industria de defensa una pieza de su estrategia económica.

No se trata ya solamente de disponer de unas Fuerzas de Autodefensa capaces de proteger el territorio nacional. Tokio quiere radares, misiles de largo alcance, submarinos, sistemas espaciales, inteligencia artificial, drones, capacidades cibernéticas y una industria militar capaz de producir para Japón y para otros países. El nuevo Libro Blanco de Defensa presenta esa transformación como una respuesta al deterioro del entorno estratégico, pero también como una oportunidad económica. La industria de defensa, sostiene el documento, puede contribuir a la innovación, fortalecer la base tecnológica y generar actividad para empresas grandes y pequeñas.

Es la última estación de un viaje que comenzó mucho antes de Sanae Takaichi.

El país que quiso dejar atrás la guerra

La Constitución japonesa de 1947 nació bajo la ocupación estadounidense y convirtió el pacifismo en uno de los fundamentos de la nueva identidad nacional. Su artículo 9 renunció a la guerra como derecho soberano y prohibió el mantenimiento de fuerzas terrestres, navales o aéreas destinadas a un conflicto bélico. Sin embargo, la Guerra Fría pronto hizo evidente la contradicción entre ese principio y la necesidad estratégica de contener a la Unión Soviética y a la China comunista.

En 1954 nacieron las Fuerzas de Autodefensa. El lenguaje fue deliberadamente cuidadoso: Japón no tenía un ejército, sino fuerzas destinadas exclusivamente a la defensa. Durante décadas, ese equilibrio funcionó. Washington asumía la mayor parte de la responsabilidad estratégica mientras Tokio concentraba sus recursos en convertirse en una potencia económica.

La situación comenzó a cambiar después del final de la Guerra Fría. La primera guerra del Golfo, los atentados del 11-S, el programa nuclear de Corea del Norte y, sobre todo, el ascenso militar de China, fueron erosionando las antiguas restricciones.

Shinzo Abe aceleró el proceso. La legislación de seguridad aprobada en 2015 permitió ejercer el derecho de autodefensa colectiva en determinadas circunstancias y convirtió el denominado “pacifismo proactivo” en la fórmula política para conciliar el pasado pacifista con una mayor capacidad de acción militar. Ahora Takaichi está llevando esa lógica a una nueva dimensión.

China es la razón que explica casi todo

En el discurso oficial japonés, China ocupa un lugar que ningún otro país puede disputar. El nuevo Libro Blanco la define como el mayor desafío estratégico para Japón y advierte de la rápida expansión de sus capacidades militares.

Pekín responde que Tokio exagera la amenaza para justificar su remilitarización. El Ministerio de Defensa chino ha acusado al Gobierno japonés de recuperar una política de “nuevo militarismo” y ha advertido de que Taiwán constituye una línea roja que Japón no debe cruzar.

La disputa no es retórica. En los últimos años, China ha incrementado sus actividades alrededor de Taiwán y mantiene una presencia creciente alrededor de las islas Senkaku, administradas por Japón y reclamadas por Pekín como Diaoyu. El archipiélago se encuentra en una zona estratégica próxima a las principales rutas marítimas y a las islas japonesas más occidentales.

Para Tokio, el problema es que una guerra por Taiwán difícilmente podría quedar confinada al estrecho. Las instalaciones militares estadounidenses en Japón serían esenciales para cualquier operación de Washington. Las islas japonesas situadas en el sudoeste del archipiélago quedarían cerca de la zona de operaciones. Las rutas comerciales japonesas también podrían verse afectadas. Por eso, Taiwán ha dejado de ser, desde la perspectiva japonesa, una cuestión exclusivamente china.

La primera ministra Takaichi lo expresó con una claridad que provocó una fuerte reacción de Pekín al plantear que un ataque chino contra Taiwán podría crear una situación que amenazara la supervivencia de Japón y justificara la actuación de sus Fuerzas de Autodefensa. La crisis diplomática posterior ha llevado las relaciones entre Tokio y Pekín a uno de sus momentos más delicados de los últimos años.

La conclusión estratégica japonesa parece sencilla: cuanto mayor sea la capacidad china para modificar por la fuerza el statu quo alrededor de Taiwán, mayor debe ser el precio que Pekín tenga que pagar por intentarlo.

El dinero cambia de dirección

La transformación tiene una dimensión económica que no debe subestimarse. Japón ha llevado su gasto de defensa hasta el equivalente del 2% de su PIB, cumpliendo el objetivo que se había fijado para fortalecer su capacidad militar. El presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 alcanza los 9,0353 billones de yenes, mientras que el gasto relacionado directamente con el fortalecimiento de la defensa se sitúa en torno a los 8,8 billones. Es una transformación considerable para un país que durante décadas mantuvo el gasto militar alrededor del 1% del PIB.

Pero el Gobierno quiere convencer a los japoneses de que no se trata únicamente de gastar. La apuesta consiste en crear una industria de defensa competitiva, tecnológica y exportadora. Es una idea que habría resultado políticamente difícil hace una generación. Durante décadas, las empresas japonesas fabricaron sistemas militares principalmente para las Fuerzas de Autodefensa y bajo estrictas restricciones a la exportación. Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Electric y Fuji Heavy Industries desarrollaron capacidades avanzadas, pero dentro de un mercado doméstico relativamente cerrado. Ahora las puertas se están abriendo.

La fragata Mogami constituye el ejemplo más visible. Australia ha elegido el diseño japonés para su futura flota de fragatas, convirtiendo a Mitsubishi Heavy Industries en uno de los grandes beneficiarios de la nueva política de exportaciones militares. El contrato australiano tiene además un significado estratégico: Japón empieza a integrarse como proveedor de seguridad de otros países del Indopacífico.

La transformación alcanza también a la aviación de combate. Japón participa junto con Reino Unido e Italia en el Global Combat Air Programme, destinado a desarrollar un nuevo avión de combate para la década de 2030. Mitsubishi Heavy Industries lidera la participación japonesa y Mitsubishi Electric está preparando nuevas instalaciones para producir sistemas electrónicos del aparato. La empresa prevé que su negocio de defensa pueda alcanzar 690.000 millones de yenes anuales hacia 2031.

El mensaje es evidente: Japón quiere que el rearme genere una industria. Y quiere que esa industria proporcione, a su vez, rearme.

La economía será la prueba más difícil

La idea de utilizar la defensa como motor de crecimiento no carece de fundamentos. La inversión militar puede estimular sectores de alta tecnología en los que Japón conserva ventajas extraordinarias: electrónica, robótica, sensores, materiales avanzados, inteligencia artificial, espacio, construcción naval y sistemas de precisión.

El Gobierno también quiere que las start-ups participen en este proceso, una ruptura con el tradicional sistema japonés de contratación de defensa. La guerra de Ucrania ha demostrado, además, el valor de drones baratos, inteligencia artificial y sistemas autónomos frente a plataformas militares convencionales extraordinariamente costosas. El nuevo Libro Blanco japonés dedica precisamente una atención considerable a esas tecnologías.

Pero hay una segunda cara de la moneda. Japón es una sociedad envejecida, con una población en descenso y una deuda pública extraordinariamente elevada. El Fondo Monetario Internacional proyecta para 2026 un crecimiento real de apenas el 0,8%, después del 1,1% de 2025, y advierte de que el gasto en intereses, sanidad y cuidados de larga duración ejercerá una presión creciente sobre las cuentas públicas.

El problema no es que Japón no pueda financiar el rearme. Puede hacerlo. El problema es qué deberá sacrificar si decide continuar incrementándolo. Un yen invertido en un misil no puede invertirse simultáneamente en educación, investigación civil, cuidados para una población envejecida o infraestructuras. El FMI ha pedido a Tokio una política fiscal prudente y una trayectoria creíble de reducción de la deuda.

Por eso el argumento de que la defensa será un nuevo motor del crecimiento debe tomarse con cautela. Puede impulsar determinadas industrias. Puede generar innovación. Puede abrir mercados internacionales. Pero no sustituirá las reformas estructurales que Japón necesita para recuperar un crecimiento sostenido. El rearme puede ser una política industrial. No es una solución mágica al problema demográfico japonés.

Una nueva industria militar

La consecuencia más profunda puede producirse en el corazón de la economía japonesa. Durante décadas, la industria de defensa fue casi una actividad residual de grandes conglomerados industriales. Ahora puede convertirse en un sector estratégico. Mitsubishi Electric, por ejemplo, aspira a aumentar sustancialmente sus ventas militares durante los próximos años gracias a radares, misiles, sistemas para el programa GCAP y componentes destinados a la fragata Mogami australiana.

También está cambiando la relación con Estados Unidos.

En mayo de 2026, Tokio y Washington acordaron acelerar la cooperación industrial para producir conjuntamente misiles, entre ellos los SM-3 Block IIA y AMRAAM. El Ministerio de Defensa japonés ha bautizado esa iniciativa como “Operation Supercharge”.

La alianza deja así de ser solamente militar. Se está convirtiendo en una alianza industrial. Japón aporta tecnología, capital, capacidad manufacturera y una base industrial sofisticada. Estados Unidos aporta tecnologías militares críticas, inteligencia, experiencia operacional y un mercado gigantesco. La combinación puede convertir a ambos países en un bloque tecnológico-militar mucho más integrado. Y eso es precisamente lo que preocupa a China.

El nuevo equilibrio del Pacífico

La consecuencia geopolítica más importante del rearme japonés será probablemente la modificación del equilibrio de la primera cadena de islas del Pacífico.

Un Japón militarmente más poderoso complica cualquier estrategia china destinada a proyectar fuerza hacia el Pacífico occidental. Sus submarinos, aviones, misiles antibuque, sistemas de vigilancia y capacidades espaciales aumentan el coste de cualquier operación china. Pero Japón tampoco está actuando solo.

Estados Unidos está reforzando la alianza. Australia se ha convertido en un socio militar cada vez más estrecho. Filipinas ha adquirido una importancia renovada. India participa en el entramado del Quad. Y Corea del Sur, pese a sus profundas reservas históricas hacia Japón, está aumentando la cooperación trilateral con Tokio y Washington.

El propio Ministerio de Defensa japonés señala que en 2026 se ha intensificado la cooperación con Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y Filipinas. Es difícil imaginar una arquitectura de contención de China en el Indopacífico sin Japón en su centro.

Corea del Sur: un aliado incómodo

Aquí aparece una de las paradojas de la nueva estrategia. Japón y Corea del Sur tienen razones para desconfiar mutuamente, pero tienen razones aún mayores para cooperar. Ambos se encuentran bajo la amenaza de los misiles y armas nucleares de Corea del Norte. Ambos dependen de Estados Unidos. Ambos tienen intereses fundamentales en impedir que China modifique unilateralmente el equilibrio regional.

Durante 2026, Tokio y Seúl han intensificado el diálogo militar, con reuniones de ministros de Defensa y mecanismos de cooperación que habrían resultado difíciles de imaginar durante los peores momentos de sus disputas históricas.  Pero el pasado colonial japonés sigue presente.

El fortalecimiento militar japonés puede ser aceptado por Seúl mientras sea percibido como una respuesta a China y Corea del Norte. Si Tokio avanzara hacia una reinterpretación más amplia de su Constitución o hacia capacidades inequívocamente ofensivas, la reacción coreana podría ser mucho menos favorable.  La memoria histórica continúa siendo una variable estratégica.

Taiwán, el punto de fractura

En ningún otro lugar será más visible el efecto del rearme japonés que en Taiwán. Para China, la isla forma parte de su soberanía. Para Japón, un conflicto en el estrecho podría afectar directamente su seguridad nacional. Para Estados Unidos, Taiwán es uno de los principales escenarios en los que se pondría a prueba su credibilidad estratégica.

La geografía hace el resto. Japón se encuentra muy cerca de Taiwán y controla posiciones decisivas en el sudoeste de su archipiélago. Okinawa alberga instalaciones militares estadounidenses esenciales. Las islas Yonaguni e Ishigaki se encuentran en primera línea frente al escenario taiwanés.

En caso de conflicto, Japón podría proporcionar bases, inteligencia, defensa aérea, logística y apoyo a las fuerzas estadounidenses incluso sin entrar inicialmente en combate. Si el conflicto afectara directamente territorio japonés, la situación sería completamente diferente.

Eso explica por qué Pekín observa con tanta atención cada reforma militar japonesa. China no teme solamente a Japón. Teme a Japón unido a Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y otros socios regionales.

Washington obtiene el socio que necesitaba

Para Estados Unidos, el rearme japonés es una buena noticia estratégica. Washington lleva años reclamando que sus aliados asiáticos asuman una mayor responsabilidad en su propia defensa. Japón está respondiendo.

La alianza se vuelve más útil cuanto más capaz sea Japón de defender sus propias islas, interceptar misiles, vigilar los mares y producir armas. En mayo, los ministros de Defensa de ambos países acordaron avanzar rápidamente en la profundización de la cooperación y reforzar la presencia militar conjunta en el sudoeste japonés. Pero hay una diferencia importante con respecto al Japón de la Guerra Fría. Tokio ya no quiere ser simplemente el protegido. Quiere convertirse en un socio estratégico.

La consecuencia puede ser un Japón más autónomo dentro de una alianza más estrecha con Estados Unidos. No es una contradicción. La autonomía militar japonesa puede, paradójicamente, fortalecer la alianza estadounidense.

La paradoja del rearme

La historia tiene aquí una ironía difícil de ignorar. Japón dice que se rearma para evitar una guerra. China interpreta el rearme como una amenaza. China aumenta sus capacidades. Japón responde. Estados Unidos refuerza su alianza con Tokio. Pekín profundiza sus preparativos militares. Corea del Norte utiliza el nuevo entorno como argumento para mantener su arsenal nuclear.

La lógica de la disuasión funciona precisamente porque cada actor sabe que una guerra tendría un coste insoportable. Pero la misma lógica puede generar una espiral de acumulación militar. El recuerdo de Hiroshima introduce una dimensión adicional.

Los supervivientes de la bomba atómica han advertido que el abandono progresivo del pacifismo puede erosionar uno de los elementos centrales de la identidad internacional japonesa. Masako Wada, de Nihon Hidankyo, ha defendido que Japón recuperó la confianza internacional precisamente porque prometió no volver a hacer la guerra.

Su advertencia no es una objeción menor. Japón no está modificando solamente su presupuesto de defensa. Está revisando uno de los pilares de su identidad nacional.

El país que durante décadas convirtió Hiroshima en símbolo universal de los peligros de la guerra se está convirtiendo nuevamente en una potencia militar de primer orden. La diferencia fundamental es que esta vez Japón no parece buscar un imperio ni una esfera de influencia propia. Su objetivo declarado es impedir que otros puedan imponerla. Ese matiz será decisivo.

Si Tokio consigue construir una capacidad militar suficiente para disuadir a China sin alimentar una dinámica incontrolable de confrontación, el rearme japonés puede convertirse en uno de los principales pilares de estabilidad del Indopacífico. Si fracasa, Asia podría entrar en una nueva carrera armamentista.

La paradoja es que ambas posibilidades nacen de la misma decisión.

Japón está volviendo a armarse porque considera que el mundo que lo rodea se ha vuelto demasiado peligroso para seguir siendo el Japón de la posguerra. Y al hacerlo está contribuyendo, inevitablemente, a crear un Asia diferente: un Asia en la que el equilibrio ya no dependerá solamente de Washington y Pekín, sino también de la capacidad de Tokio para decidir hasta dónde está dispuesto a llegar.

 

Colombia gira hacia Marruecos y redefine el tablero diplomático del Sáhara

Por Adalberto Agozino

El nuevo Gobierno colombiano ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y ha congelado sus relaciones con la inexistente República Árabe Saharaui Democrática, en un viraje que rompe con la política de Gustavo Petro y abre una nueva etapa en los vínculos entre Bogotá y Rabat. La decisión, impulsada en el marco de una renovada asociación estratégica, constituye además otro éxito de la diplomacia marroquí, que durante el reinado de Mohammed VI ha convertido la cuestión del Sáhara en uno de los principales ejes de su política exterior.

 

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Buenos Aires - El cambio de posición de Colombia apenas necesitó unas horas para adquirir una dimensión que trasciende las relaciones bilaterales. El nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció primero, el 7 de agosto, durante la investidura presidencial celebrada en Cali, que reconocía la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Tres días después, Bogotá formalizó el giro mediante un comunicado en el que confirmó el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre todo su territorio y anunció la congelación del reconocimiento de la inexistente RASD, así como la interrupción de los contactos políticos y diplomáticos con sus representantes.

La decisión fue comunicada después del encuentro mantenido entre el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, el canciller Omar Bula Escobar y el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, quien había viajado a Colombia para representar al rey Mohammed VI en la ceremonia de investidura. El propio Bourita calificó el cambio de posición de Bogotá como “histórico” y consideró que podía proporcionar “un gran impulso” a las relaciones bilaterales. El vicepresidente colombiano, por su parte, definió el movimiento como “un nuevo comienzo” y señaló a Marruecos como el primer aliado de Colombia en África.

La decisión tiene una importancia especial porque supone deshacer el movimiento realizado por el gobierno de Gustavo Petro. Colombia había establecido relaciones diplomáticas con la falsa RASD en 1985, durante la presidencia de Belisario Betancur, pero aquellas relaciones fueron congeladas, en 2001, durante el Gobierno de Andrés Pastrana. En agosto de 2022, Petro decidió restablecerlas, modificando nuevamente la posición tradicional de Bogotá. El gobierno de De la Espriella ha efectuado ahora el movimiento inverso.

La nueva política colombiana no se limita, sin embargo, a una declaración simbólica. Bogotá ha anunciado que no mantendrá contactos políticos o diplomáticos con la inexistente RASD, que no intercambiará misiones y que no respaldará a esa entidad en organismos multilaterales, incluidas Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, donde Colombia ocupa actualmente un asiento no permanente. El Ejecutivo colombiano sostiene que la decisión es consecuencia de una “revisión soberana” de la política seguida por la anterior Administración.

El argumento resulta particularmente significativo en el contexto actual del conflicto. En octubre de 2025, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2797, que renovó el mandato de la MINURSO y colocó el Plan de Autonomía presentado por Marruecos en 2007 en el centro del proceso negociador. La resolución reafirmó al mismo tiempo la necesidad de alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para las partes.

Ese contexto internacional explica en buena medida la oportunidad política del movimiento colombiano. El reconocimiento de Bogotá llega cuando Rabat ha conseguido transformar progresivamente el tratamiento internacional de la cuestión del Sáhara. Lo que durante décadas fue esencialmente un conflicto regional entre Marruecos, el Frente Polisario y Argelia se ha convertido en una cuestión en la que cada vez más Estados consideran la propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí como una alternativa viable para cerrar una disputa artificial, enquistada desde la retirada española de 1975.

La diplomacia de Mohammed VI

El giro colombiano constituye, en este sentido, otro capítulo de una estrategia diplomática desarrollada durante décadas bajo las expresas directivas del rey Mohammed VI. Desde su llegada al trono en 1999, el monarca ha situado la defensa de la integridad territorial en el centro de la política exterior marroquí, pero acompañándola de una diplomacia económica, africana y multilateral cada vez más activa.

La estrategia ha consistido en desplazar el debate desde una lógica exclusivamente territorial hacia una concepción más amplia, en la que el Sáhara aparece vinculado al desarrollo económico, la integración africana, las inversiones, la seguridad regional y la proyección atlántica de Marruecos.

La presentación del plan de autonomía en 2007 fue uno de los instrumentos fundamentales de esa política. Rabat sostiene que la propuesta permitiría dotar al territorio de amplias competencias de autogobierno manteniendo la soberanía marroquí. Durante los últimos años, numerosos Gobiernos han expresado su respaldo a esta fórmula y varios países han abierto consulados en las ciudades de Dajla y El Aaiún.

El proceso alcanzó una nueva dimensión con la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de 2025. La prensa internacional describió entonces la resolución como un paso decisivo, al situar el plan de autonomía marroquí como base de la negociación auspiciada por Naciones Unidas.

La diplomacia marroquí ha acompañado esta ofensiva política con una intensa expansión de sus relaciones con África y América Latina. El objetivo ha sido construir una red de apoyos que reduzca progresivamente el aislamiento diplomático que durante décadas caracterizó la posición de Rabat respecto del Sáhara.

Colombia adquiere especial relevancia porque es uno de los países latinoamericanos de mayor peso político y económico. Su decisión puede contribuir a modificar las percepciones regionales y ofrecer a Marruecos un nuevo punto de apoyo en América Latina. Para Bogotá, a su vez, la relación con Rabat abre la posibilidad de utilizar Marruecos como plataforma de acceso a mercados africanos y europeos.

Una relación de medio siglo que busca contenido económico

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Marruecos se aproximan ya a cinco décadas. Durante ese período los vínculos políticos han sido relativamente estables, aunque el comercio bilateral nunca alcanzó una dimensión acorde con el potencial de ambas economías.

Ya a comienzos de los años noventa, Rabat identificaba a Colombia como una posible puerta de entrada a América Latina. En 1988. el intercambio bilateral había alcanzado aproximadamente 30 millones de dólares, una cifra que entonces era considerada elevada respecto de los años precedentes. Un estudio de la Embajada marroquí señalaba ya en 1992 las posibilidades de ampliar las ventas de fosfatos y derivados, productos agroalimentarios, pescado, textiles y manufacturas de cuero.

Tres décadas después, el comercio continúa siendo relativamente modesto, pero muestra un potencial de crecimiento considerable. En 2023, las importaciones colombianas procedentes de Marruecos rondaron los 53,3 millones de dólares, según datos de la DIAN. Por su parte, ProColombia ha señalado a Marruecos entre los mercados africanos de interés para las exportaciones colombianas, particularmente para productos agroalimentarios y bienes con capacidad de penetración en ese continente.

La nueva Administración colombiana pretende precisamente transformar esa relación comercial limitada en una asociación económica más ambiciosa. El Gobierno ha planteado incluso la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio y ampliar las inversiones marroquíes en Colombia.

La agenda anunciada por Bogotá y Rabat es extensa: comercio, inversión, turismo, seguridad alimentaria, desarrollo portuario y logístico y conectividad atlántica. No se trata de una coincidencia menor. Marruecos aspira desde hace años a consolidarse como plataforma entre Europa, África y el Atlántico, mientras Colombia posee una posición privilegiada para conectar Sudamérica con los mercados del Caribe y del Pacífico.

Más allá del Sáhara

El reconocimiento colombiano también debe interpretarse como parte de una transformación más profunda de la relación bilateral. Bourita ha señalado que ambos países pueden convertirse en plataformas económicas recíprocas aprovechando sus posiciones geográficas. Esa visión coincide con la política marroquí de convertir la cuestión del Sáhara en un componente de una estrategia nacional de alcance mucho mayor.

La reacción del Frente Polisario era previsible y rutinaria. La organización calificó la decisión de contraria al Derecho Internacional y sostuvo que el Sáhara continúa siendo un territorio pendiente de descolonización. También advirtió de sus posibles consecuencias sobre el proceso de Naciones Unidas.

Pero, más allá de las controversias jurídicas y políticas, el dato diplomático resulta difícil de ignorar: Colombia se suma ahora al grupo de Estados que han decidido respaldar la posición marroquí en un momento en que Rabat dispone de una coyuntura internacional especialmente favorable.

El alcance definitivo del giro dependerá de su traducción en hechos. Si el reconocimiento viene acompañado de inversiones, acuerdos comerciales, cooperación portuaria, intercambio tecnológico y una mayor presencia empresarial, la decisión dejará de ser exclusivamente diplomática para convertirse en una nueva arquitectura de relaciones entre América Latina y el Magreb.

Para Marruecos, el movimiento supone además la confirmación de que la estrategia impulsada bajo las directivas de Mohammed VI continúa produciendo resultados. Para Colombia, representa una ruptura significativa con la política exterior de la Administración anterior y una apuesta por estrechar vínculos con una potencia regional que aspira a convertirse en puente entre África, Europa y América Latina.

El mapa diplomático del Sáhara vuelve así a moverse. Esta vez, la señal llega desde Bogotá, a miles de kilómetros de Rabat y del desierto donde comenzó la disputa. Su significado, sin embargo, es mucho mayor que la distancia geográfica: Marruecos ha conseguido que la cuestión del Sáhara deje de ser únicamente una controversia territorial para convertirse en un elemento central de su política de alianzas. Y Colombia acaba de decidir que quiere estar del lado de Rabat.