Zelenski: el crepúsculo de un liderazgo forjado en la adversidad

 

Cuatro años de guerra han erosionado el liderazgo de Volodimir Zelenski y hoy mantiene fuertes disputas con Polonia y Bielorrusia además del conflicto inconcluso con Rusia, mientras la legitimidad de su gobierno es puesta en duda.

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Buenos Aires - En el umbral de un conflicto que ya supera los cuatro años, la trayectoria de Volodímir Zelenski ilustra con crudeza las paradojas inherentes a toda guerra prolongada: cómo el símbolo unificador de la resistencia nacional puede verse erosionado por el peso inexorable del desgaste, las fracturas internas y las complejidades de una geopolítica implacable. El antiguo comediante que en 2019 encarnó la esperanza de renovación anticorrupción y paz en el Donbás se ha convertido, para muchos, en el emblema de una Ucrania asediada; sin embargo, en 2026, su liderazgo enfrenta cuestionamientos que trascienden el campo de batalla y ponen a prueba la resiliencia misma del Estado ucraniano.

La unidad nacional que caracterizó los primeros compases de la invasión rusa de febrero de 2022 fue, sin duda, el principal baluarte de Zelenski. Aquella cohesión inédita permitió que un país históricamente fragmentado se presentara ante el mundo como un bloque monolítico en defensa de su soberanía. No obstante, como advierten los analistas de conflictos prolongados, las guerras de atrición tienden a desvelar fisuras que la urgencia inicial mantenía latentes. La movilización continua de recursos humanos, el estancamiento económico, las pérdidas humanas y la fatiga derivada de una incertidumbre estratégica han comenzado a socavar esa unidad primigenia.

En este contexto adquiere particular relevancia el debate en torno a la legitimidad constitucional del mandato presidencial. Los críticos, entre ellos voces afines a Moscú y ciertos sectores opositores internos, sostienen que el término formal de Zelenski expiró en mayo de 2024, configurando una anomalía democrática. La posición oficial de Kiev, avalada por la mayoría de los gobiernos occidentales y por eminentes constitucionalistas, invoca la Constitución ucraniana y la legislación sobre ley marcial, que prohíben expresamente la celebración de comicios nacionales en tiempo de guerra. Como ha reiterado el propio Zelenski, “permitan un alto el fuego de al menos 60 días y celebraremos elecciones”; una condición que subraya la imposibilidad práctica de un proceso electoral bajo bombardeos constantes y con millones de desplazados y soldados en el frente.

Expertos como Anton Hrushetskyi, director del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS), han destacado que, si bien Zelenski mantiene niveles de confianza significativos —alrededor del 60% en encuestas recientes—, este respaldo es más bien funcional, ligado a su rol de líder bélico, que personal o incondicional. Solo una minoría de quienes lo apoyan desearía verlo continuar en el cargo tras la guerra, lo que refleja un anhelo generalizado de renovación política una vez restablecida la paz.

La situación militar refuerza esta dinámica de desgaste. Aunque Ucrania ha exhibido una notable capacidad innovadora —con ataques de drones de largo alcance contra infraestructuras rusas y el desarrollo de una industria de defensa propia—, la realidad estratégica dista de los optimismos iniciales. Rusia mantiene ventajas demográficas, industriales y territoriales sustanciales en una guerra de desgaste donde la reposición de efectivos y la producción militar resultan decisivas. Las discusiones sobre la ampliación de la movilización y la rebaja de la edad de reclutamiento evidencian las tensiones estructurales que enfrenta Kiev.

La dependencia de la ayuda occidental constituye otro pilar vulnerable. Si en Europa la solidaridad oficial permanece intacta —con el Consejo Europeo reafirmando su apoyo político, económico y el compromiso con la adhesión ucraniana a la UE—, fisuras cada vez más notorias emergen en la práctica. Ninguna tan emblemática como la crisis con Polonia, aliado estratégico de primer orden.

Las relaciones polaco-ucranianas han estado históricamente marcadas por memorias contrapuestas, particularmente los trágicos acontecimientos de Volinia y Galicia Oriental entre 1943 y 1944, donde unidades del Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) perpetraron matanzas contra población civil polaca —calificadas por Varsovia como genocidio— mientras que, para sectores del nacionalismo ucraniano, representan una lucha por la independencia frente al yugo soviético. Durante los primeros años de la invasión, ambas partes optaron por relegar estas diferencias en aras de la supervivencia común. Polonia se erigió en centro logístico fundamental, acogió a millones de refugiados y proveyó armamento crucial.

La ruptura se produjo en mayo de 2026, cuando Zelenski otorgó un título honorífico a una unidad militar asociada simbólicamente con la tradición del UPA. La reacción polaca fue fulminante: el presidente Karol Nawrocki revocó la Orden del Águila Blanca concedida a Zelenski, la más alta distinción estatal, generando la crisis diplomática más grave desde el inicio del conflicto. Zelenski devolvió la condecoración, y altos funcionarios ucranianos, incluyendo ex presidentes, siguieron su ejemplo. El primer ministro Donald Tusk advirtió que esta disputa solo beneficia a Rusia y llamó a la contención, mientras encuestas revelan un deterioro notable de la imagen de Ucrania entre la opinión pública polaca, influida también por el cansancio con los refugiados y disputas agrícolas.

Como señaló el presidente polaco, “glorificar al UPA proporciona oxígeno a la propaganda rusa”. Analistas coinciden en que, si bien no implica el cese del apoyo militar, esta controversia expone los límites de la solidaridad cuando colisiona con identidades históricas profundamente arraigadas.

En el flanco norte, las tensiones con Bielorrusia alcanzan cotas preocupantes. Zelenski ha acusado públicamente al régimen de Aleksandr Lukashenko de facilitar operaciones rusas mediante estaciones de retransmisión y apoyo logístico para drones. Kiev ha exigido el desmantelamiento de estas instalaciones, amenazando con acciones directas si no se cumplen. Minsk, principal aliado de Moscú, ha evitado hasta ahora una implicación masiva, pero presiones rusas para una mayor integración militar aumentan el riesgo de escalada y de un nuevo frente, lo que supondría una carga intolerable para las fuerzas ucranianas.

En el plano transatlántico, la relación con Estados Unidos ha adquirido un cariz más transaccional bajo la administración Trump. Aunque Washington mantiene cierto respaldo, las negociaciones son constantes y condicionadas, con pausas en entregas y un enfoque prioritario en un acuerdo negociado. Trump ha presionado por un cese rápido de hostilidades, a veces cuestionando la legitimidad de Zelenski por la ausencia de elecciones, lo que añade incertidumbre al flujo de asistencia.

Con la Unión Europea, el panorama es más constructivo, aunque no exento de desafíos: persisten interrogantes sobre los costes de la adhesión, la corrupción endémica y la reconstrucción de un país devastado. Expertos advierten que la fatiga de guerra en Occidente y los escándalos de corrupción en el entorno de Zelenski —aunque él mismo no esté directamente implicado— erosionan la percepción de Kiev como socio confiable.

Zelenski conserva un reconocimiento internacional indudable como rostro de la resistencia. Pero gobierna un Estado sometido a presiones extraordinarias: debe sostener la cohesión interna frente a cuestionamientos sobre su mandato, una guerra de desgaste contra una potencia superior, la unidad de aliados cada vez más exigentes, tensiones históricas con Polonia que amenazan la narrativa identitaria ucraniana y el riesgo de escalada con Bielorrusia. Como observa el analista Mick Ryan, Ucrania ha evolucionado hacia un actor más autónomo, pero la sostenibilidad de su esfuerzo depende de equilibrar estos frentes simultáneos.

La gobernabilidad ucraniana se decidirá en la interacción de estos vectores. Si el conflicto se prolonga sin avances decisivos, las tensiones internas y externas se agudizarán. Si, en cambio, se abre una vía negociada que estabilice el frente y ofrezca horizontes de reconstrucción, Zelenski podría recuperar iniciativa. En esta encrucijada histórica, su desafío no se limita a resistir a Rusia: consiste en preservar la unidad de una nación exhausta, la confianza de socios fatigados y la legitimidad democrática en medio de corrientes históricas, geopolíticas y constitucionales turbulentas. De su capacidad para navegarlas dependerá no solo su legado personal, sino el destino de la Ucrania que emerja de la guerra.

 

La fractura latinoamericana

En buena parte de América Latina se consolida una tendencia política que está redefiniendo los sistemas de partidos construidos durante las últimas décadas. Sociedades profundamente polarizadas entre proyectos de izquierda y opciones de centroderecha observan la irrupción de dirigentes ajenos a las estructuras tradicionales que llegan al poder prometiendo mano dura contra la delincuencia, liberalización económica, conservadurismo cultural y una ruptura radical con las élites políticas establecidas. Sin embargo, la victoria electoral suele ser apenas el comienzo de una etapa marcada por la conflictividad social, la falta de consensos institucionales y la creciente erosión de la confianza democrática.

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Buenos Aires - Durante gran parte del siglo XXI, América Latina fue presentada como un laboratorio político donde coexistían experiencias ideológicas diversas, desde los gobiernos progresistas agrupados en torno a la llamada “marea rosa” hasta administraciones liberales y conservadoras que buscaban fortalecer las economías de mercado. Sin embargo, detrás de las diferencias programáticas existía un elemento común: la persistente incapacidad de los sistemas políticos para responder de manera eficaz a las demandas ciudadanas en materia de seguridad, crecimiento económico, empleo y calidad institucional.

Esa frustración acumulada ha terminado por abrir una brecha profunda entre los ciudadanos y las organizaciones políticas tradicionales. La consecuencia más visible ha sido la aparición de dirigentes que construyen su legitimidad precisamente sobre el rechazo a la política profesional. Son candidatos que se presentan como outsiders, ajenos a los partidos históricos, que denuncian a las élites gobernantes como una casta corrupta e incompetente y que prometen refundar el Estado desde sus cimientos.

La emergencia de estas figuras no constituye un fenómeno aislado ni exclusivamente nacional. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia se observa un patrón recurrente. El deterioro económico, la expansión de la criminalidad organizada, la percepción de corrupción generalizada y el desencanto con las instituciones democráticas han generado las condiciones para que candidatos con discursos disruptivos logren captar el apoyo de amplios sectores sociales.

El politólogo estadounidense Samuel Huntington sostenía que la estabilidad política depende de la capacidad de las instituciones para absorber y canalizar las demandas sociales. Cuando esa capacidad desaparece, surgen liderazgos personalistas que prometen soluciones rápidas a problemas complejos. América Latina parece encontrarse precisamente en esa fase.

Las nuevas figuras políticas comparten rasgos ideológicos similares. En el terreno económico defienden la reducción del tamaño del Estado, la apertura a las inversiones privadas, la simplificación regulatoria y el fortalecimiento de los mecanismos de mercado. En cuestiones sociales suelen adoptar posiciones conservadoras vinculadas a la defensa de la familia tradicional, la crítica a determinadas expresiones del progresismo cultural y la reivindicación de valores asociados al orden y la autoridad.

Pero es en el ámbito de la seguridad donde encuentran su principal fuente de apoyo popular. La expansión del narcotráfico, el crecimiento de las pandillas, el aumento de los homicidios y la sensación de indefensión ciudadana han convertido la seguridad pública en la principal preocupación de millones de latinoamericanos. Frente a ello, estos líderes ofrecen respuestas contundentes: fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, endurecimiento de las penas, construcción de nuevas cárceles y una política de confrontación directa contra las organizaciones criminales.

El éxito electoral de estas propuestas resulta comprensible en una región donde numerosos Estados han demostrado ser incapaces de garantizar el monopolio legítimo de la fuerza. Según distintos organismos internacionales, América Latina continúa siendo una de las regiones más violentas del planeta pese a no encontrarse inmersa en conflictos bélicos interestatales.

La paradoja es que muchos de estos dirigentes llegan al poder sin contar con estructuras partidarias sólidas ni experiencia significativa en la administración pública. Su legitimidad deriva fundamentalmente de la identificación emocional que logran establecer con sectores del electorado desencantados con el sistema.

La fragmentación política facilita además su ascenso. En numerosos países latinoamericanos la primera vuelta electoral suele producir una dispersión extrema del voto. Los partidos tradicionales pierden capacidad de movilización mientras proliferan candidaturas personalistas. Como consecuencia, algunos outsiders consiguen acceder a la segunda vuelta con porcentajes relativamente modestos.

Lo ocurrido en distintas elecciones recientes ilustra este fenómeno. Candidatos que inicialmente parecían marginales logran convertirse en receptores del llamado voto negativo, es decir, el sufragio emitido no tanto por adhesión a un proyecto político como por rechazo al adversario. La segunda vuelta termina transformándose así en un plebiscito emocional donde predominan los temores y las identidades antagónicas antes que los debates programáticos.

La politóloga argentina María Esperanza Casullo ha señalado que el auge de estos liderazgos responde a una crisis de representación que atraviesa a toda la región. Los ciudadanos ya no buscan necesariamente gobernantes con experiencia administrativa, sino figuras capaces de encarnar el descontento colectivo y expresar la indignación acumulada contra las élites.

Sin embargo, la victoria electoral suele revelar rápidamente las limitaciones estructurales de estos proyectos. Gobernar resulta mucho más complejo que hacer campaña.

La mayoría de estos presidentes llega al poder sin mayorías legislativas estables. Los sistemas políticos latinoamericanos, caracterizados por una fuerte fragmentación partidaria, obligan a construir alianzas permanentes para aprobar leyes, presupuestos y reformas institucionales. El discurso antipolítico que resultó eficaz durante la campaña se convierte entonces en un obstáculo para la negociación posterior.

Como advertía el sociólogo alemán Max Weber, la política democrática exige la capacidad de pactar con adversarios y construir compromisos. Pero los outsiders suelen haber construido su legitimidad precisamente sobre la descalificación de esos mismos actores con los que luego deben negociar.

La consecuencia es una creciente tensión entre las expectativas generadas durante la campaña y las posibilidades reales de implementación. Los ciudadanos esperan transformaciones rápidas mientras las instituciones imponen ritmos mucho más lentos. En ese contexto, la frustración puede reaparecer con notable rapidez.

La polarización contribuye a agravar el problema. En diversos países latinoamericanos las elecciones han dejado de ser simples mecanismos de alternancia para convertirse en auténticas batallas identitarias. Los sectores enfrentados ya no perciben al adversario como un competidor legítimo sino como una amenaza existencial para el futuro de la nación.

El filósofo político español Daniel Innerarity ha advertido que las democracias contemporáneas atraviesan una crisis derivada de la incapacidad para reconocer la legitimidad del disenso. Cuando cada elección se interpreta como una lucha entre el bien y el mal, la derrota se vuelve psicológicamente insoportable para amplios sectores políticos.

Ese fenómeno aparece reflejado en numerosos episodios poselectorales recientes. En algunos casos, sectores derrotados han cuestionado los resultados electorales, denunciado supuestos fraudes sin pruebas concluyentes o promovido recursos judiciales destinados a retrasar la proclamación de los vencedores. El material aportado para este análisis muestra precisamente ejemplos de controversias poselectorales donde candidatos derrotados cuestionan la legitimidad de los resultados y anuncian movilizaciones sociales para sostener sus reclamos.

Posteriormente, cuando los resultados terminan consolidándose, la confrontación suele trasladarse desde las instituciones hacia las calles. Las protestas sociales pasan a desempeñar un papel central en la estrategia de oposición.

No toda movilización constituye una amenaza para la democracia. La protesta forma parte esencial de cualquier sistema democrático saludable. Sin embargo, cuando las manifestaciones buscan explícitamente impedir el ejercicio legítimo del poder por parte de autoridades electas, la situación adquiere una dimensión distinta.

El riesgo es particularmente elevado en sociedades caracterizadas por elevados niveles de desigualdad, fragmentación territorial y debilidad institucional. América Latina reúne con frecuencia esos tres elementos.

El historiador británico Niall Ferguson ha señalado que las sociedades polarizadas suelen entrar en ciclos de radicalización mutua donde cada bando interpreta las acciones del adversario como una justificación para intensificar su propia respuesta. El resultado puede ser una espiral de conflictividad que erosiona progresivamente la gobernabilidad.

En este contexto, los nuevos gobiernos enfrentan un desafío doble. Por un lado, deben cumplir las promesas que les permitieron conquistar el poder. Por otro, necesitan demostrar que son capaces de gobernar para la totalidad de la sociedad y no únicamente para sus bases electorales.

La experiencia histórica demuestra que ninguna administración puede sostenerse exclusivamente sobre la confrontación permanente. Incluso los liderazgos más carismáticos requieren instituciones eficaces, acuerdos legislativos y niveles mínimos de consenso social.

La gran incógnita que atraviesa actualmente a América Latina es si estos nuevos dirigentes lograrán transformar el descontento ciudadano en reformas duraderas o si terminarán reproduciendo las mismas dinámicas de frustración que facilitaron su llegada al poder.

Lo que parece indiscutible es que la región atraviesa una profunda transición política. Los sistemas partidarios construidos durante las últimas décadas muestran signos evidentes de agotamiento. La ciudadanía exige respuestas inmediatas frente a problemas que los gobiernos tradicionales no han logrado resolver. La inseguridad, la corrupción y el estancamiento económico continúan alimentando la demanda de liderazgos disruptivos.

Sin embargo, la historia latinoamericana ofrece una advertencia permanente. La renovación política puede abrir oportunidades para fortalecer las democracias, pero también puede desembocar en nuevas formas de polarización si no viene acompañada de instituciones sólidas, cultura de diálogo y respeto por las reglas del juego democrático.

Entre la promesa de un nuevo comienzo y el riesgo de una confrontación permanente, América Latina parece encontrarse en una encrucijada histórica. El futuro de la región dependerá menos de la capacidad de los outsiders para ganar elecciones que de su habilidad para construir consensos en sociedades cada vez más fragmentadas. Porque conquistar el poder es apenas el primer acto; gobernar en medio de la división es, como siempre, la verdadera prueba de fuego de la democracia.

 

 

Abelardo de la Espriella llega a la presidencia: el desafío de gobernar una Colombia dividida entre el orden y el cambio

 

El abogado y empresario cordobés, convertido en fenómeno político en apenas un año, conquista la presidencia prometiendo seguridad, crecimiento económico y una drástica reducción del Estado. Su victoria abre una nueva etapa en Colombia, marcada por profundas divisiones sociales, interrogantes sobre la gobernabilidad y el debate sobre el rumbo ideológico del país.

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Buenos Aires.– La elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia constituye uno de los acontecimientos políticos más significativos de la historia reciente del país. Su llegada a la Casa de Nariño representa mucho más que la alternancia entre gobiernos de izquierda y de centroderecha. Simboliza el agotamiento de una parte importante del electorado con la experiencia política inaugurada por Gustavo Petro en 2022 y la búsqueda de respuestas distintas frente a problemas que continúan condicionando la vida nacional: la inseguridad, el estancamiento económico, la expansión de los grupos armados ilegales y la creciente desconfianza hacia las instituciones.

La trayectoria del nuevo mandatario resulta tan singular como controvertida. Abelardo Gabriel de la Espriella Otero nació en Bogotá el 31 de julio de 1978, aunque desarrolló gran parte de su vida en Montería, en el departamento de Córdoba. Hijo del jurista Abelardo de la Espriella Juris y de María Eugenia Otero Aldana, creció en un entorno vinculado al derecho y a la vida pública. Estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y posteriormente realizó especializaciones en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Externado de Colombia y en Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario.

Antes de irrumpir en la política, De la Espriella ya era una figura ampliamente conocida en Colombia. Su despacho jurídico, fundado a comienzos de la década de 2000, lo convirtió en uno de los abogados penalistas más mediáticos del país. Durante años participó en algunos de los procesos judiciales de mayor repercusión nacional y construyó una imagen pública asociada tanto al éxito profesional como a una marcada exposición mediática. A diferencia de muchos dirigentes colombianos, su prestigio no surgió de la militancia partidaria ni de la gestión pública, sino de los tribunales, los negocios y los medios de comunicación.

Esa notoriedad, sin embargo, siempre estuvo acompañada de polémicas. Entre sus clientes figuraron personajes que ocuparon titulares durante años, entre ellos el empresario venezolano Alex Saab, señalado por la justicia estadounidense por presuntas operaciones de corrupción vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. También representó a personas relacionadas con procesos derivados del fenómeno de la parapolítica y a individuos vinculados a estructuras paramilitares. Sus críticos sostienen que esas relaciones profesionales reflejan proximidades incómodas con sectores oscuros del poder colombiano. Sus defensores responden que el ejercicio de la abogacía implica precisamente garantizar el derecho a la defensa de cualquier ciudadano y recuerdan que jamás fue condenado por actividades ilícitas relacionadas con dichos clientes.

Las controversias se extendieron además a los cuestionamientos surgidos alrededor de la Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), creada por él en 2005. Diversas investigaciones periodísticas examinaron los contactos que esa organización mantuvo con integrantes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia. Aunque las actuaciones judiciales terminaron archivadas y nunca se establecieron responsabilidades penales contra De la Espriella, el episodio continúa formando parte del debate público y reaparece periódicamente en la discusión política nacional.

A ello se suman las críticas provenientes de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, que han cuestionado su frecuente utilización de acciones judiciales contra periodistas y comunicadores. Para sus detractores, esa práctica refleja una tendencia a confrontar agresivamente a la prensa crítica. Para sus seguidores, constituye simplemente una defensa legítima del derecho al honor frente a informaciones consideradas falsas o difamatorias.

Pese a esos antecedentes, o quizá precisamente gracias a la notoriedad acumulada durante años, De la Espriella logró construir una candidatura extraordinariamente eficaz. En pocos meses transformó su imagen de abogado mediático en la de líder político dispuesto a combatir lo que definía como el fracaso del modelo impulsado por Gustavo Petro. Su movimiento, Defensores de la Patria, se convirtió rápidamente en el vehículo electoral de un amplio sector de ciudadanos desencantados tanto con la izquierda como con los partidos tradicionales de centroderecha.

Buena parte de la prensa internacional ha intentado encuadrarlo dentro de la categoría de ultraderecha. Sin embargo, esa caracterización resulta discutible desde una perspectiva politológica rigurosa. Aunque De la Espriella mantiene posiciones conservadoras en cuestiones culturales y propone una fuerte agenda de seguridad pública, su programa económico se inscribe principalmente dentro de la tradición liberal clásica. Asimismo, defiende el pluralismo electoral, la economía de mercado y las instituciones republicanas. La utilización indiscriminada del término ultraderecha para describir cualquier propuesta conservadora corre el riesgo de vaciar de contenido una categoría que históricamente ha estado asociada a movimientos autoritarios, fascistas o antidemocráticos. En términos comparativos, la ubicación ideológica de De la Espriella parece corresponder con mayor precisión al espacio del liberalismo conservador y la centroderecha liberal.

Su programa de gobierno se articula sobre dos pilares fundamentales: la seguridad y la economía. En materia de orden público propone abandonar la estrategia de negociación simultánea con múltiples organizaciones armadas impulsada por Petro y sustituirla por una política de confrontación directa contra grupos guerrilleros, bandas narcotraficantes y estructuras criminales. Inspirado parcialmente por la experiencia salvadoreña de Nayib Bukele, ha defendido la construcción de nuevos complejos penitenciarios de alta seguridad, el endurecimiento de las penas y una mayor presencia de las fuerzas estatales en territorios donde el Estado perdió control efectivo durante los últimos años.

La dimensión económica constituye el segundo gran eje de su proyecto. De la Espriella sostiene que Colombia necesita recuperar la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales mediante una reducción sustancial del tamaño del Estado, una simplificación regulatoria y una disminución de la presión fiscal sobre el sector productivo. Entre sus objetivos figura la reducción del gasto público, la reorganización administrativa, la eliminación de estructuras burocráticas consideradas redundantes y la promoción de la inversión privada como motor principal del crecimiento.

Su equipo económico plantea una estrategia basada en el fortalecimiento de la agroindustria, el turismo, los servicios tecnológicos y el aprovechamiento de los recursos energéticos del país. El nuevo presidente considera que la intervención estatal excesiva ha limitado durante años la competitividad colombiana y sostiene que una economía más abierta y menos regulada permitirá acelerar la creación de empleo y aumentar la productividad.

Pero el verdadero desafío comenzará ahora. De la Espriella hereda una Colombia profundamente compleja. El gobierno de Gustavo Petro deja avances sociales valorados por amplios sectores de la población, pero también importantes problemas estructurales sin resolver. La expansión territorial de organizaciones armadas ilegales, la persistencia del narcotráfico, el deterioro fiscal, las dificultades del sistema sanitario y los numerosos enfrentamientos políticos acumulados durante los últimos años configuran un escenario particularmente exigente para cualquier administración.

A ello se añade un problema político fundamental: la legitimidad de origen obtenida mediante una victoria extremadamente ajustada. Aunque ganó las elecciones, lo hizo en un país prácticamente dividido por mitades. Millones de colombianos votaron por una opción distinta y una parte considerable de la ciudadanía observa con preocupación algunas de sus propuestas más ambiciosas. Esa realidad limitará inevitablemente el margen de maniobra del nuevo gobierno.

La gobernabilidad tampoco aparece garantizada. Su movimiento político carece de una estructura territorial comparable a la de los partidos tradicionales y deberá construir mayorías parlamentarias mediante acuerdos con sectores diversos del espectro político. La izquierda, fortalecida por el elevado caudal electoral obtenido por el oficialismo, se perfila como una oposición activa y combativa. Sindicatos, organizaciones sociales, movimientos estudiantiles y colectivos vinculados al petrismo ya han anticipado resistencia frente a eventuales reformas que consideren regresivas en materia de derechos sociales o laborales.

La experiencia latinoamericana demuestra además que los gobiernos que llegan al poder con discursos de transformación profunda suelen enfrentarse rápidamente a las restricciones impuestas por la realidad institucional. Las promesas de cambios rápidos chocan con frecuencia contra la complejidad burocrática, las limitaciones presupuestarias, la fragmentación política y las exigencias de una sociedad plural. De la Espriella deberá demostrar que posee capacidades de gestión equivalentes a la eficacia comunicacional que exhibió durante la campaña.

La magnitud de la expectativa creada constituye al mismo tiempo una fortaleza y un riesgo. Para millones de votantes representa la posibilidad de recuperar la seguridad, impulsar el crecimiento económico y restaurar la confianza en las instituciones. Para sus adversarios encarna el peligro de una excesiva concentración de poder y de una agenda conservadora que podría tensionar algunos consensos alcanzados durante las últimas décadas.

En cualquier caso, su victoria marca el inicio de una nueva etapa política para Colombia. El país que hace apenas cuatro años eligió al primer presidente de izquierda de su historia moderna opta ahora por un dirigente que promete recorrer el camino inverso. El éxito o el fracaso de esa apuesta no dependerá únicamente de la voluntad del nuevo mandatario, sino también de su capacidad para gobernar una nación diversa, polarizada y atravesada por desafíos históricos que ningún gobierno ha conseguido resolver plenamente.

La presidencia de Abelardo de la Espriella comienza bajo el signo de una paradoja. Llega al poder como símbolo de ruptura, pero deberá gobernar mediante acuerdos. Promete autoridad, aunque necesitará consensos. Ofrece transformaciones profundas, pero enfrentará instituciones diseñadas precisamente para moderar los cambios abruptos. De cómo gestione esas tensiones dependerá no sólo el futuro de su administración, sino también el rumbo político de Colombia durante la próxima década.

Ginebra, la otra cumbre: la protesta global que desafía al G-7 y el lugar que busca ocupar el Frente Polisario en la nueva galaxia antisistema

Miles de manifestantes convierten la frontera franco-suiza en el principal escenario de contestación a las potencias occidentales mientras organizaciones ecologistas, feministas, sindicales y anticapitalistas denuncian el orden económico internacional. Entre ellas, una delegación del Frente Polisario intenta mantener visibilidad en los espacios progresistas internacionales en un contexto marcado por la transformación del conflicto del Sahara y el creciente respaldo internacional a la propuesta marroquí de autonomía.

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La imagen de la cumbre del G-7 celebrada en la localidad francesa de Évian pretendía transmitir estabilidad en un mundo sacudido por guerras, crisis energéticas, tensiones comerciales y rivalidades geopolíticas. Sin embargo, a pocos kilómetros de los hoteles y centros de conferencias donde se reunieron los líderes de las principales democracias industrializadas, otra escena captó la atención de observadores, activistas y analistas políticos: decenas de miles de manifestantes tomaron las calles de Ginebra para denunciar el modelo económico internacional representado por el grupo de las siete potencias occidentales. El dispositivo de seguridad desplegado por Francia y Suiza, con miles de policías y militares movilizados y numerosos pasos fronterizos cerrados, terminó convirtiéndose en una demostración involuntaria de la profundidad de las tensiones que atraviesan a las sociedades occidentales.

Las protestas reunieron a una heterogénea constelación de organizaciones feministas, ecologistas, sindicales, antirracistas, propalestinas y movimientos de izquierda radical procedentes de numerosos países europeos. La denominada Coalición Internacional No-G7, integrada por decenas de colectivos, presentó la reunión de Évian como la expresión contemporánea de un sistema económico global que consideran responsable del aumento de las desigualdades, del deterioro ambiental y de la proliferación de conflictos internacionales. Los manifiestos distribuidos durante las jornadas denunciaban el poder de las grandes corporaciones, el peso de las instituciones financieras internacionales y la influencia de los complejos industriales militares sobre la toma de decisiones globales.

La decisión francesa de impedir manifestaciones en las inmediaciones de la cumbre trasladó el epicentro de la movilización al lado suizo de la frontera. Ginebra, ciudad históricamente vinculada a la diplomacia multilateral y sede de numerosas organizaciones internacionales, se convirtió así en el escenario simbólico de la contestación. Durante varios días se organizaron conferencias, talleres, debates y asambleas destinados a articular una respuesta común frente a lo que los participantes describieron como una gobernanza mundial dominada por los intereses económicos de las grandes potencias.

La protesta alcanzó su máxima expresión durante la gran manifestación del 14 de junio. Aunque comenzó de manera pacífica, terminó derivando en violentos enfrentamientos entre grupos radicales y las fuerzas de seguridad. La policía suiza empleó gases lacrimógenos y vehículos antidisturbios después de que algunos manifestantes lanzaran piedras, botellas y material pirotécnico. Varias entidades financieras, oficinas corporativas y edificios institucionales sufrieron daños materiales. Los incidentes recordaron a muchos observadores las protestas que acompañaron la anterior cumbre celebrada en Évian en 2003, cuando el movimiento antiglobalización se encontraba en uno de sus momentos de mayor influencia internacional.

Pero las movilizaciones de 2026 mostraron también una diferencia significativa respecto de aquellas protestas de comienzos de siglo. Si entonces el protagonismo correspondía principalmente a organizaciones antiglobalización occidentales, hoy la contestación reúne causas muy diversas, desde el cambio climático hasta Palestina, desde los derechos de las mujeres hasta las críticas al capitalismo financiero. Esa diversidad ha permitido la incorporación de movimientos políticos que buscan nuevos espacios de legitimidad internacional.

Entre ellos figuró una delegación del Frente Polisario, organización que durante décadas centró su actividad política y diplomática en la reivindicación de la independencia del Sahara. Su presencia en los actos paralelos al G-7 llamó la atención de varios observadores debido a la progresiva transformación que viene experimentando el movimiento separatista en los últimos años.

Durante gran parte de la Guerra Fría y de las décadas posteriores, el Polisario construyó su identidad internacional sobre la base de la autodeterminación saharaui y de su reconocimiento por diversos países y organizaciones como interlocutor del conflicto. Sin embargo, el contexto geopolítico en torno al Sahara ha cambiado de forma significativa durante los últimos años.

La creciente aceptación internacional de la Propuesta de Autonomía impulsada por Marruecos como la única solución justa, posible y aceptable ha modificado profundamente los equilibrios diplomáticos. Numerosos gobiernos occidentales y árabes consideran actualmente que dicha iniciativa constituye la base más realista para alcanzar una solución política negociada y estable al conflicto. Ese respaldo ha reducido progresivamente los márgenes diplomáticos del Polisario y ha obligado a la organización separatista a replantear parte de su estrategia internacional.

En paralelo, diversas organizaciones de derechos humanos, antiguos militantes y sectores críticos han cuestionado durante años la estructura política y organizativa existente en los campamentos de Tinduf, denunciando déficits democráticos, limitaciones al pluralismo político y una fuerte concentración del poder en la dirección histórica del movimiento. Los dirigentes del Polisario rechazan esas acusaciones y sostienen que las condiciones excepcionales derivadas del conflicto explican muchas de las características de su funcionamiento institucional. No obstante, dichas críticas han contribuido a erosionar parte de la imagen internacional que la organización había procurado cultivar durante décadas.

Ante ese escenario, varios especialistas en política magrebí observan una evolución estratégica del Polisario hacia espacios vinculados a movimientos de izquierda radical, organizaciones anticapitalistas y plataformas antisistema internacionales. La presencia de delegaciones saharauis en foros alterglobalizadores, encuentros feministas, manifestaciones propalestinas y movilizaciones contra instituciones occidentales se ha vuelto cada vez más frecuente.

Para algunos analistas, esta orientación responde a la necesidad de conservar visibilidad internacional en un contexto de pérdida de influencia diplomática tradicional. Para otros, refleja una afinidad ideológica real entre sectores del Polisario y las corrientes que cuestionan el orden económico y político internacional liderado por Occidente. Sea cual sea la interpretación, resulta evidente que la organización busca hoy nuevos espacios de interlocución en ámbitos donde sus reivindicaciones continúan encontrando alguna receptividad.

Las protestas contra el G-7 ofrecieron precisamente uno de esos escenarios. En las calles de Ginebra, las banderas polisarias compartieron espacio con símbolos ecologistas, pancartas feministas, consignas propalestinas y mensajes contra el capitalismo global. La imagen ilustra la creciente integración del Polisario en una red transnacional de movimientos que articulan demandas diversas bajo una crítica común al sistema internacional vigente.

Mientras tanto, dentro de la propia cumbre, los líderes occidentales debatían cuestiones que reflejan las prioridades estratégicas del momento: la guerra en Ucrania, la crisis de Oriente Próximo, la seguridad energética, las cadenas globales de suministro y el impacto económico de los conflictos armados. La distancia entre esas preocupaciones y las consignas escuchadas en las calles de Ginebra revela la persistencia de una brecha política que atraviesa no solo a las sociedades occidentales sino también a buena parte del sistema internacional.

La reunión de Évian confirmó que el G-7 continúa siendo una plataforma central de coordinación entre las grandes democracias industrializadas. Sin embargo, también puso de manifiesto que las contestaciones al orden internacional adoptan formas cada vez más complejas y heterogéneas. El movimiento antiglobalización clásico ha dado paso a una constelación de causas y actores minoritarios que encuentran puntos de convergencia en la crítica a las élites políticas y económicas.

En ese mosaico de organizaciones, el Frente Polisario intenta redefinir su papel en un escenario muy distinto al que existía cuando surgió hace medio siglo. La evolución del conflicto del Sahara, los cambios en las posiciones internacionales y las transformaciones internas del propio movimiento han reducido los espacios tradicionales de actuación diplomática. La búsqueda de nuevas alianzas en los foros progresistas y antisistema aparece así como una de las respuestas a un entorno cada vez más adverso.

Las calles de Ginebra, convertidas durante unos días en la capital mundial de la protesta contra el G-7, ofrecieron una instantánea reveladora de esa transformación. Mientras las grandes potencias debatían el futuro del orden internacional a orillas del lago Lemán, miles de manifestantes intentaban demostrar que existe otra narrativa sobre la globalización, el poder y la legitimidad política. Entre ellos, el Polisario buscaba también reafirmar su presencia en una conversación global de la que teme quedar progresivamente excluido.

 

Xi en Pyongyang: la reconstrucción del eje asiático que desafía el orden internacional

 

La visita del presidente chino a Corea del Norte tras siete años de ausencia marca mucho más que un gesto protocolario. En un contexto de rivalidad creciente con Estados Unidos, del fortalecimiento de la alianza entre Moscú y Pyongyang y de la transformación del equilibrio estratégico en Asia-Pacífico, el encuentro entre Xi Jinping y Kim Jong-un revela el intento de Pekín por consolidar un bloque de poder capaz de alterar la arquitectura geopolítica construida tras el final de la Guerra Fría.

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La llegada de Xi Jinping a Corea del Norte para reunirse con Kim Jong-un constituye uno de los acontecimientos diplomáticos más relevantes de 2026. Aunque oficialmente el viaje estuvo revestido de referencias a la amistad histórica entre ambos países, las implicaciones reales de la visita trascienden ampliamente el ámbito bilateral. Detrás de los discursos sobre cooperación económica, camaradería socialista y estabilidad regional se encuentra una compleja disputa por la configuración del poder en Asia y, en última instancia, por la naturaleza misma del orden internacional emergente.

Durante dos jornadas cuidadosamente coreografiadas en Pyongyang, Xi y Kim acordaron profundizar la cooperación política, económica y estratégica, reafirmando una relación que ambos regímenes describen como una amistad "forjada con sangre". El simbolismo fue evidente en cada detalle: la visita a la Torre de la Amistad dedicada a los soldados chinos caídos durante la Guerra de Corea, el recorrido por centros de formación ideológica del Partido de los Trabajadores y los gestos destinados a mostrar una sintonía que durante los últimos años había sido puesta en duda por el acercamiento creciente de Corea del Norte a Rusia.

La importancia histórica de las relaciones sino-norcoreanas resulta difícil de exagerar. Desde la intervención china en la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, la supervivencia del régimen norcoreano ha estado estrechamente vinculada al apoyo de Pekín. La entrada de centenares de miles de soldados chinos en la península evitó el colapso de las fuerzas comunistas y selló una alianza estratégica que ha perdurado durante más de siete décadas. Aquella guerra convirtió a Corea del Norte en una pieza fundamental del sistema de seguridad chino, una especie de Estado tapón entre el territorio continental de China y las fuerzas estadounidenses desplegadas en Corea del Sur.

Sin embargo, esa relación nunca estuvo exenta de tensiones. Bajo el liderazgo de Kim Jong-un, Pyongyang desarrolló una política exterior más autónoma que la de sus predecesores. Los ensayos nucleares, las pruebas de misiles balísticos y la ejecución en 2013 de Jang Song-thaek —considerado por Pekín uno de sus principales interlocutores dentro del régimen norcoreano— deterioraron sensiblemente la confianza mutua. Durante varios años, Xi evitó reunirse con Kim y llegó incluso a visitar primero Corea del Sur, un gesto interpretado en Pyongyang como una humillación diplomática.

La reconciliación comenzó en 2018, cuando las sanciones internacionales y las dificultades económicas obligaron a Kim a buscar nuevamente el respaldo chino. Desde entonces, los contactos se intensificaron, aunque un nuevo factor alteró la ecuación: el acercamiento entre Pyongyang y Moscú tras la guerra de Ucrania. La firma de un tratado de defensa mutua entre Corea del Norte y Rusia en 2024 y el envío de tropas norcoreanas para apoyar a las fuerzas rusas transformaron profundamente la dinámica estratégica regional.

Precisamente por ello, muchos especialistas consideran que el objetivo principal de Xi durante esta visita fue recuperar influencia sobre un aliado que comenzaba a escapar parcialmente de la órbita china. El académico Ankit Panda ha señalado que Pekín busca garantizar que sus intereses estratégicos sigan protegidos en Corea del Norte mientras Moscú incrementa su presencia política y militar en el país. Una Corea del Norte excesivamente dependiente de Rusia reduciría la capacidad de China para moldear la evolución de la península coreana.

La dimensión económica del vínculo explica buena parte de esa preocupación. China continúa siendo, con diferencia, el principal socio comercial norcoreano. La mayor parte de las importaciones de alimentos, combustibles, maquinaria y bienes de consumo que llegan a Corea del Norte proceden del mercado chino. Las exportaciones chinas hacia Pyongyang alcanzaron recientemente niveles no observados desde antes de la pandemia, mientras se reactivaron conexiones ferroviarias y proyectos de cooperación económica suspendidos durante años.

Para Kim Jong-un, mantener una relación estrecha con Pekín sigue siendo una necesidad estratégica. Rusia puede proporcionar armamento, tecnología militar y apoyo político, pero carece de la capacidad económica para sustituir el papel que desempeña China como sostén estructural de la economía norcoreana. La supervivencia del régimen continúa dependiendo en gran medida del acceso al mercado chino y de la tolerancia de Pekín respecto a la aplicación de las sanciones internacionales.

No obstante, el aspecto más significativo de la visita se encuentra probablemente en el terreno de la seguridad. Uno de los elementos que más llamó la atención de los observadores internacionales fue el énfasis puesto por Xi en la ampliación de la coordinación estratégica, los intercambios militares y la cooperación en materia de seguridad. Más reveladora aún resultó la ausencia de referencias explícitas a la desnuclearización de la península coreana, un objetivo que China había defendido formalmente durante décadas.

Para analistas como Leif-Eric Easley o Lim Eul-chul, esta omisión puede interpretarse como una señal de que Pekín está adaptando su política a una nueva realidad: la aceptación tácita de Corea del Norte como potencia nuclear de facto. No significa necesariamente un respaldo abierto al programa atómico norcoreano, pero sí refleja que para China la prioridad actual es la estabilidad estratégica frente a Estados Unidos y sus aliados, incluso si ello implica convivir con una Corea del Norte nuclearizada.

La consolidación de una cooperación militar más estrecha entre China y Corea del Norte tendría consecuencias profundas para la seguridad regional. Washington, Seúl y Tokio observan con preocupación cualquier indicio de convergencia estratégica entre ambos países. Una coordinación más intensa podría fortalecer la capacidad de disuasión de Pyongyang y complicar los planes defensivos de Estados Unidos en el noreste asiático. Además, podría acelerar la integración de los sistemas de seguridad de Corea del Sur y Japón con las fuerzas estadounidenses, alimentando una nueva espiral de competencia militar.

La visita adquiere todavía mayor relevancia si se observa desde la perspectiva más amplia de Asia-Pacífico. Durante los últimos años, China ha enfrentado un entorno estratégico cada vez más hostil. Las alianzas impulsadas por Estados Unidos, la cooperación trilateral entre Corea del Sur, Japón y Washington, el fortalecimiento de mecanismos como el Quad y las tensiones en torno a Taiwán han incrementado la sensación de cerco estratégico en Pekín.

En ese contexto, Corea del Norte adquiere un valor geopolítico extraordinario. Como ha señalado el investigador Victor Cha, para China resulta preferible mantener un Estado aliado, estable y fuertemente armado en su frontera nororiental antes que enfrentarse a la posibilidad de una península coreana unificada bajo influencia estadounidense.

La relación con Rusia constituye otro elemento central de esta ecuación. Aunque China y Rusia mantienen una asociación estratégica cada vez más estrecha, también existe una competencia silenciosa por la influencia en determinadas áreas de Eurasia. El acercamiento de Moscú a Pyongyang ha proporcionado a Kim Jong-un nuevas alternativas diplomáticas y económicas. Sin embargo, la visita de Xi puede interpretarse como un recordatorio de que China sigue considerando a Corea del Norte parte esencial de su esfera de influencia estratégica.

La interacción con India y Pakistán añade una dimensión adicional al análisis. China mantiene una estrecha asociación estratégica con Pakistán, considerado desde hace décadas uno de sus principales aliados en Asia. El corredor económico chino-pakistaní, la cooperación militar y la convergencia diplomática convierten a Islamabad en una pieza fundamental de la estrategia china para equilibrar el poder de India.

Nueva Delhi, por su parte, observa con creciente inquietud la consolidación de un espacio estratégico integrado por China, Rusia, Corea del Norte y Pakistán. Aunque India mantiene relaciones relativamente cordiales con Moscú y participa junto con China en foros multilaterales como los BRICS, la rivalidad sino-india continúa siendo uno de los principales factores de inestabilidad geopolítica en Asia. El fortalecimiento de los vínculos entre Pekín y Pyongyang puede ser percibido en Nueva Delhi como una nueva manifestación de la creciente capacidad china para proyectar influencia simultáneamente en varios frentes estratégicos.

Desde una perspectiva global, la visita de Xi Jinping a Corea del Norte refleja la emergencia de un mundo cada vez más multipolar. La reunión no representa la formación de una alianza ideológica homogénea comparable a los bloques de la Guerra Fría. Más bien simboliza la convergencia de intereses entre actores que comparten el objetivo de limitar la influencia occidental y promover una redistribución del poder internacional.

El propio Xi ha insistido reiteradamente en la necesidad de construir un orden mundial multipolar y de oponerse a lo que denomina hegemonismo. La visita a Pyongyang se inscribe plenamente en esa narrativa. Al mostrarse capaz de dialogar simultáneamente con Washington, Moscú y Pyongyang, el dirigente chino busca proyectar la imagen de una potencia indispensable para la estabilidad internacional y para la resolución de los principales conflictos globales.

Sin embargo, la apuesta entraña riesgos significativos. Un apoyo excesivo a Corea del Norte podría deteriorar aún más las relaciones de China con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. También podría alimentar la carrera armamentística regional y reforzar la percepción de que Pekín está liderando un bloque revisionista dispuesto a cuestionar las reglas internacionales vigentes.

La visita de Xi Jinping a Pyongyang, por tanto, no constituye simplemente un episodio más de la diplomacia asiática. Es una señal de que China está redefiniendo sus prioridades estratégicas en un entorno internacional marcado por la competencia entre grandes potencias. La recuperación de la influencia sobre Corea del Norte, la gestión de la relación con Rusia, el equilibrio frente a India y el fortalecimiento de su posición frente a Estados Unidos forman parte de una misma ecuación. Lo que está en juego no es únicamente el futuro de la península coreana, sino también la configuración del equilibrio de poder que definirá el siglo XXI.

 

Trump ante el laberinto iraní: las difíciles rutas hacia una victoria política en una guerra sin desenlace

La Casa Blanca afronta una de las encrucijadas estratégicas más complejas de las últimas décadas. Tras meses de enfrentamiento con Irán, el presidente Donald Trump se enfrenta a una pregunta que ha perseguido a numerosos líderes estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial: cómo transformar la superioridad militar en una victoria política duradera. Entre la negociación, la presión económica, la escalada bélica y la necesidad de preservar la estabilidad mundial, Washington busca una salida que le permita declarar el éxito sin precipitar una crisis aún mayor en Medio Oriente.

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La célebre definición de la guerra formulada por el teórico prusiano Carl von Clausewitz continúa conservando una vigencia extraordinaria en los conflictos contemporáneos. La guerra, escribió el estratega alemán, constituye un acto de fuerza destinado a obligar al adversario a cumplir nuestra voluntad. Bajo esa perspectiva, la cuestión fundamental que enfrenta hoy el presidente Donald Trump no es cuántos objetivos militares han sido destruidos ni cuántas operaciones han resultado exitosas, sino si Estados Unidos ha logrado realmente imponer su voluntad sobre la República Islámica de Irán.

Esa pregunta se ha convertido en el eje central del conflicto que enfrenta a Washington, respaldado por Israel, con el régimen iraní. Los objetivos iniciales parecían claros: impedir que Teherán desarrollara armas nucleares, frenar el avance de su programa de misiles balísticos de largo alcance y reducir o eliminar su apoyo a las organizaciones armadas que integran el llamado “eje de resistencia”, entre ellas Hamás, Hezbolá y los rebeldes hutíes de Yemen.

Sin embargo, la evolución de las operaciones militares añadió una nueva prioridad estratégica. La alteración de la navegación en el estrecho de Ormuz transformó la libertad de tránsito marítimo en un objetivo tan importante como los anteriores. La reapertura segura de esta vía marítima, por la que circula una proporción decisiva del comercio energético mundial, pasó a convertirse en una cuestión central para las economías occidentales, para los países asiáticos dependientes del petróleo del Golfo y para los propios aliados árabes de Estados Unidos.

Lo que comenzó como una campaña destinada a modificar el comportamiento estratégico iraní ha evolucionado hacia una confrontación más amplia y compleja, cuyos efectos se extienden mucho más allá del campo de batalla. Las repercusiones alcanzan los mercados energéticos, las cadenas globales de suministro, los equilibrios políticos regionales y la propia arquitectura de seguridad internacional construida tras el final de la Guerra Fría.

La experiencia histórica demuestra que las guerras rara vez concluyen exactamente como fueron concebidas por quienes las iniciaron. En este caso, la resistencia iraní ha revelado una capacidad de adaptación considerable. A pesar de los daños sufridos por infraestructuras militares, instalaciones industriales y sistemas logísticos, Teherán ha logrado preservar suficientes capacidades para mantener la confrontación y evitar una derrota decisiva.

Desde la revolución islámica de 1979, la doctrina estratégica iraní se ha basado precisamente en la supervivencia frente a adversarios tecnológicamente superiores. Los dirigentes iraníes asumieron desde hace décadas que jamás podrían competir con Estados Unidos en términos convencionales. Como consecuencia, construyeron un sistema defensivo apoyado en la dispersión de activos, la guerra asimétrica, las fuerzas proxy, los misiles de largo alcance y una notable capacidad para absorber daños sin colapsar políticamente.

Esa resiliencia ha complicado enormemente los cálculos de Washington. La superioridad aérea estadounidense e israelí puede destruir objetivos específicos, degradar capacidades militares y limitar la libertad de acción iraní. Sin embargo, convertir esos éxitos tácticos en una capitulación política constituye un desafío mucho más complejo.

Las negociaciones diplomáticas han reflejado esta realidad. Durante meses, diferentes actores internacionales han intentado facilitar acuerdos parciales o fórmulas de compromiso capaces de reducir las tensiones. Países árabes del Golfo, gobiernos europeos y potencias asiáticas han explorado diversas iniciativas destinadas a evitar una escalada irreversible.

Pero las conversaciones han chocado repetidamente contra lo que el gran teórico de las relaciones internacionales Hans Morgenthau definía como intereses vitales. Para Israel, la posibilidad de que Irán alcance una capacidad nuclear militar constituye una amenaza existencial. Para Irán, renunciar completamente a su programa nuclear equivale a aceptar una limitación permanente de su soberanía estratégica y de su capacidad de disuasión frente a adversarios mucho más poderosos.

Cuando una negociación afecta a intereses percibidos como esenciales para la supervivencia de un Estado, los márgenes para el compromiso se reducen drásticamente. Es precisamente esa dinámica la que explica los reiterados bloqueos diplomáticos observados durante el conflicto.

Ante esta situación, Trump dispone de varias opciones, aunque ninguna ofrece garantías de éxito absoluto.

La primera consiste en redefinir el concepto mismo de victoria. Esta estrategia, utilizada en diversos conflictos contemporáneos, permitiría a la Casa Blanca presentar como un logro suficiente una congelación prolongada del programa nuclear iraní, acompañada de mecanismos de inspección internacionales reforzados y garantías sobre la navegación en Ormuz.

Desde el punto de vista político, esta salida tendría ventajas evidentes. Reduciría los costes militares, aliviaría las tensiones económicas globales y permitiría al presidente estadounidense argumentar que ha conseguido frenar temporalmente las ambiciones nucleares iraníes sin embarcarse en una guerra indefinida.

No obstante, semejante acuerdo dejaría abiertas numerosas incógnitas. Irán podría conservar parte de sus capacidades tecnológicas, mantener conocimientos acumulados durante décadas y preservar una infraestructura susceptible de ser reactivada en el futuro. Los sectores más duros de Israel considerarían además insuficiente cualquier acuerdo que no eliminara completamente el potencial nuclear iraní.

La segunda opción pasa por intensificar la presión económica y diplomática mientras se mantiene una presión militar limitada. Esta alternativa buscaría desgastar progresivamente al régimen iraní, agravando las dificultades económicas internas y aumentando el coste político de la confrontación.

Los defensores de esta estrategia sostienen que las sanciones financieras, combinadas con operaciones militares selectivas y aislamiento internacional, podrían terminar generando divisiones dentro de las élites iraníes. El objetivo no sería una victoria militar inmediata, sino una transformación gradual del cálculo estratégico de Teherán.

Sin embargo, la historia reciente ofrece motivos para el escepticismo. Décadas de sanciones no han provocado el colapso de la República Islámica. Por el contrario, el régimen ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a las restricciones económicas y convertir la presión externa en un argumento de cohesión nacional.

La tercera posibilidad consiste en ampliar significativamente las operaciones militares convencionales. Esta estrategia buscaría destruir de forma sistemática la infraestructura nuclear, misilística y militar iraní hasta obligar al régimen a aceptar las condiciones impuestas por Washington y Jerusalén.

Aunque esta opción cuenta con partidarios dentro de algunos sectores estratégicos estadounidenses e israelíes, sus riesgos son considerables. Una campaña prolongada podría desencadenar ataques contra instalaciones energéticas regionales, ampliar la inestabilidad en todo Oriente Próximo y provocar una escalada difícil de controlar.

Además, la experiencia estadounidense en conflictos como Irak y Afganistán demuestra que la superioridad militar no garantiza necesariamente resultados políticos favorables. La destrucción de capacidades materiales puede no traducirse automáticamente en la modificación de la voluntad política del adversario.

Existe finalmente el escenario más peligroso: una escalada extrema que introduzca armamentos de naturaleza estratégica o táctico-nuclear. Aunque algunos analistas han mencionado esta posibilidad como último recurso para destruir instalaciones profundamente enterradas, las consecuencias serían imprevisibles.

El uso de armas nucleares, incluso de baja potencia, rompería un tabú internacional mantenido desde 1945. Las repercusiones diplomáticas, políticas y humanitarias serían enormes. Además, lejos de garantizar una victoria clara, podría desencadenar una crisis internacional de dimensiones históricas y alterar profundamente el sistema global de seguridad.

Por ello, la mayoría de los especialistas considera que esta opción representa más una herramienta de disuasión teórica que una alternativa políticamente viable.

El verdadero desafío para Trump consiste en encontrar un equilibrio entre las expectativas de victoria y las limitaciones impuestas por la realidad estratégica. En los conflictos modernos, especialmente aquellos relacionados con programas nucleares, la victoria absoluta suele ser una ilusión. Lo habitual es alcanzar acuerdos imperfectos que permitan a cada parte proclamar algún grado de éxito mientras se evita una catástrofe mayor.

La evolución de la guerra parece apuntar precisamente hacia esa lógica. Ninguno de los actores involucrados ha logrado imponer completamente su voluntad. Estados Unidos e Israel conservan una abrumadora superioridad militar, pero no han conseguido doblegar la resistencia iraní. Irán ha demostrado capacidad de supervivencia, aunque tampoco ha logrado expulsar la presión occidental ni garantizar plenamente sus objetivos estratégicos.

En ese contexto, la salida más probable no pasa por una rendición incondicional de ninguna de las partes, sino por una compleja negociación en la que cada actor trate de preservar sus intereses fundamentales mientras presenta el resultado ante su opinión pública como una victoria.

La cuestión decisiva para Trump será determinar qué nivel de concesiones está dispuesto a aceptar para declarar cumplida su misión. Como tantas veces en la historia de la política internacional, el desenlace no dependerá únicamente de quién posea más poder militar, sino de quién sea capaz de definir de manera más convincente qué significa realmente ganar.

 

Chile ante su primer gran pulso social: estudiantes, sindicatos y la disputa por el rumbo del Gobierno de Kast

 

Las protestas de mayo y junio de 2026 revelan el creciente malestar frente al programa de austeridad del nuevo presidente chileno. La educación pública, los derechos sociales y el alcance de las reformas económicas se han convertido en el centro de una confrontación que amenaza con marcar todo el mandato.

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Buenos Aires — Apenas tres meses después de haber llegado al Palacio de La Moneda, el presidente José Antonio Kast enfrenta la primera gran crisis política y social de su mandato. Lo que comenzó como una protesta estudiantil contra los recortes presupuestarios en educación ha terminado convirtiéndose en una amplia expresión de descontento que involucra a docentes, sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones de derechos humanos e incluso sectores de jubilados preocupados por el futuro de las políticas sociales del país. Las movilizaciones de mayo y junio de 2026 han abierto un nuevo capítulo en la historia reciente de Chile, un país donde la memoria del estallido social de 2019 continúa condicionando la relación entre ciudadanía, instituciones y poder político.

Las manifestaciones han tenido como epicentro las calles de Santiago, especialmente la tradicional Alameda y la Plaza Baquedano, lugares cargados de simbolismo político desde las grandes protestas que sacudieron al país hace siete años. Allí, miles de estudiantes convocados por la Confederación de Estudiantes de Chile salieron a las calles para expresar su rechazo a las medidas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo y a un conjunto de iniciativas legislativas que consideran una amenaza para la educación pública y los derechos sociales.

La movilización estudiantil no surgió de manera espontánea. Es la consecuencia de una acumulación de tensiones producidas por las decisiones económicas adoptadas por el nuevo Gobierno desde su llegada al poder el 11 de marzo. Durante la campaña presidencial, Kast había prometido un severo programa de consolidación fiscal destinado a corregir el déficit heredado de la administración de Gabriel Boric. Una vez instalado en La Moneda, el mandatario puso en marcha un ambicioso plan de reducción del gasto público que contempla recortes cercanos al 3% en la mayoría de los ministerios, con especial impacto en áreas sensibles como educación y salud.

Los estudiantes sostienen que las medidas afectan directamente a sectores vulnerables y comprometen la continuidad de programas considerados fundamentales para la movilidad social. Entre las principales críticas figura la reducción de los cupos para la gratuidad universitaria, los ajustes presupuestarios destinados a la educación pública y la incertidumbre respecto de iniciativas de apoyo estudiantil. También ha generado una fuerte reacción el proyecto denominado “Escuelas Protegidas”, que contempla mayores facultades de control dentro de los establecimientos educacionales, incluyendo la revisión de mochilas y sanciones que podrían afectar el acceso a la gratuidad universitaria para alumnos involucrados en determinados delitos.

La controversia se amplificó aún más debido a la llamada “Reconstrucción Nacional”, la megarreforma económica impulsada por el Ejecutivo y considerada el proyecto emblemático de la nueva administración. La iniciativa propone una reducción significativa de la carga tributaria empresarial, incentivos de largo plazo para grandes inversiones y un rediseño general de la política económica orientado al crecimiento y la atracción de capitales. Sus defensores argumentan que Chile necesita recuperar dinamismo económico y competitividad internacional. Sus detractores sostienen, por el contrario, que la disminución de la recaudación fiscal terminará debilitando la capacidad del Estado para financiar políticas sociales.

La percepción de que el Gobierno favorece a los grandes grupos económicos mientras exige sacrificios a los sectores medios y populares se ha convertido en uno de los ejes centrales del discurso opositor. Dirigentes estudiantiles, académicos y representantes sindicales afirman que existe una contradicción entre los argumentos oficiales sobre la necesidad de austeridad y las reducciones tributarias contempladas para el sector empresarial. Esa crítica ha encontrado eco en una parte importante de la opinión pública, particularmente en un contexto marcado por el aumento del desempleo y el deterioro de algunos indicadores económicos.

Las protestas adquirieron una dimensión aún mayor cuando se sumaron organizaciones docentes. El liderazgo del presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, fue especialmente visible durante las jornadas de movilización. Los educadores denunciaron que los recortes presupuestarios ya están teniendo efectos concretos en escuelas y liceos, afectando programas extracurriculares, contrataciones y recursos pedagógicos. Para los sindicatos del sector educativo, la política de ajuste amenaza con profundizar desigualdades históricas que Chile aún no ha conseguido superar.

El conflicto se agravó el 3 de junio, cuando una multitudinaria marcha en Santiago terminó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La controversia comenzó incluso antes de iniciarse la movilización. Los organizadores acusaron a las autoridades de modificar a última hora el recorrido autorizado, impidiendo que la marcha avanzara hacia La Moneda. El bloqueo policial provocó tensiones inmediatas y desencadenó una escalada que terminó con el uso de gases lacrimógenos y carros hidrantes por parte de los carabineros.

La imagen que terminó simbolizando la jornada fue la de una estudiante de Derecho de la Universidad de Chile gravemente herida, fotografiada con el rostro cubierto de sangre mientras era sostenida por agentes policiales. La fotografía recorrió medios nacionales e internacionales y provocó una intensa discusión sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades. El episodio motivó pronunciamientos del Instituto Nacional de Derechos Humanos y generó repercusiones fuera de Chile, incluyendo comentarios del presidente colombiano Gustavo Petro.

La reacción gubernamental fue inmediata y firme. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, rechazó las acusaciones de represión indiscriminada y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar el orden público y proteger tanto a los manifestantes como a los funcionarios policiales. Desde el Gobierno se insistió en que la opinión pública debía considerar también a los civiles y carabineros heridos, así como la presencia de grupos violentos entre los participantes de la protesta.

La administración Kast ha intentado construir un relato político centrado en la restauración del orden, la disciplina fiscal y la recuperación económica. En esa lógica se inscribe también el controvertido proyecto para sancionar las llamadas “incivilidades”, que contempla restricciones al acceso a determinados beneficios sociales para personas involucradas en conductas consideradas antisociales. La iniciativa ha sido duramente cuestionada por juristas, sociólogos y expertos en políticas públicas, quienes advierten que podría derivar en formas indirectas de exclusión social y afectar principalmente a los sectores más vulnerables.

Entre las voces críticas destaca la del politólogo Alfredo Joignant, quien ha advertido sobre el riesgo de confundir beneficios sociales con derechos sociales. Del mismo modo, el sociólogo Eugenio Tironi ha descrito algunas de estas propuestas como expresiones de un “autoritarismo de terciopelo”, una fórmula que resume el temor de parte de la oposición a una creciente orientación punitiva del Estado.

Más allá de la disputa inmediata, las protestas revelan una tensión estructural que atraviesa a la sociedad chilena. Por un lado, existe una demanda significativa por mayor seguridad, disciplina fiscal y crecimiento económico, elementos que explican el triunfo electoral de Kast. Por otro, persiste una fuerte sensibilidad social respecto de la educación, la salud y los mecanismos de protección construidos durante las últimas décadas. La confrontación entre estas dos visiones constituye probablemente el principal eje político del Chile contemporáneo.

La evolución futura de la crisis dependerá de varios factores. Si la economía logra mostrar signos claros de recuperación durante el segundo semestre y el Gobierno consigue demostrar que los ajustes fiscales producen resultados tangibles en empleo e inversión, es posible que parte del malestar social pierda intensidad. Sin embargo, si los indicadores económicos continúan deteriorándose y los recortes comienzan a percibirse de manera más directa en los servicios públicos, las protestas podrían ampliarse hacia otros sectores sociales.

Existe además la posibilidad de que el movimiento estudiantil actúe como catalizador de una coalición más amplia de descontento. Los sindicatos de trabajadores públicos, las organizaciones de salud, los movimientos de pensionados y sectores de la oposición parlamentaria observan con atención el desarrollo de los acontecimientos. Si estos actores convergen en una agenda común, el Gobierno podría enfrentarse a una presión social de magnitud considerable, semejante en algunos aspectos a las dinámicas de movilización que marcaron la década pasada.

Por ahora, Chile se encuentra ante una encrucijada. Las protestas de mayo y junio de 2026 no constituyen únicamente una disputa sobre presupuestos o reformas educativas. Representan un debate más profundo acerca del papel del Estado, la distribución de los costos del ajuste económico y el modelo de desarrollo que la sociedad chilena desea para los próximos años. El Gobierno de Kast sostiene que la disciplina fiscal y la inversión privada son condiciones indispensables para recuperar el crecimiento. Sus críticos responden que ninguna recuperación será sostenible si se construye sobre el debilitamiento de la educación pública y los derechos sociales.

Entre ambas posiciones se desarrolla una confrontación que apenas comienza y que probablemente definirá el clima político de Chile durante buena parte de la década. Las calles de Santiago han vuelto a convertirse en el escenario donde se libra una discusión fundamental sobre el futuro del país. Y, como ha ocurrido en otros momentos decisivos de la historia chilena, el desenlace de esa discusión tendrá consecuencias que irán mucho más allá de las fronteras de la educación o de la coyuntura económica inmediata.