León XIV ante Milei: una advertencia moral sobre el poder

 

Sin mencionar al presidente ni a su Gobierno, el Pontífice pronunció en el Palacio Libertad un discurso que trascendió ampliamente el protocolo diplomático. La defensa del diálogo democrático, la condena de la corrupción, la reivindicación de los sectores vulnerables y su crítica a una economía subordinada a la lógica del mercado constituyeron una interpelación directa a los fundamentos políticos y sociales del proyecto libertario. Las referencias a la intolerancia, los límites del poder y la responsabilidad de quienes gobiernan adquirieron una significación particular ante un auditorio que conocía perfectamente las circunstancias argentinas.

La primera intervención pública del papa León XIV en la Argentina dejó una impresión que difícilmente pueda reducirse a la dimensión pastoral de su visita. En el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei, integrantes del Gobierno, legisladores, gobernadores, representantes de la Justicia y miembros del cuerpo diplomático, el sucesor de Francisco pronunció un discurso de considerable densidad política. No formuló acusaciones personales, evitó las referencias partidarias y tampoco convirtió su intervención en una controversia circunstancial con el oficialismo. Sin embargo, eligió cuidadosamente los asuntos sobre los cuales debía pronunciarse: la calidad de la democracia, la responsabilidad de los gobernantes, la convivencia entre adversarios, la corrupción, la desigualdad y la obligación de colocar la economía al servicio de la dignidad humana.

La ausencia de nombres propios no disminuyó la contundencia del mensaje. Por el contrario, le otorgó una dimensión institucional que excedía las circunstancias de un Gobierno determinado. El auditorio sabía a quiénes podían alcanzar sus advertencias y cuáles eran las conductas políticas que quedaban expuestas a la luz de sus palabras.

León XIV no necesitó mencionar los enfrentamientos públicos de Milei con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. Tampoco tuvo que enumerar las descalificaciones dirigidas a dirigentes opositores, periodistas, economistas críticos o cualquier persona que cuestione las decisiones del Poder Ejecutivo. Su reflexión sobre el cuidado de la palabra, la escucha y el reconocimiento del adversario como compatriota constituía, por sí misma, una respuesta a una cultura política en la que la descalificación personal se ha convertido en una herramienta habitual de confrontación.

El Papa estableció una relación inequívoca entre el comportamiento de los dirigentes y la calidad de las instituciones. “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”, afirmó.

No se trataba de una recomendación superficial sobre buenos modales. León XIV estaba señalando que la democracia no se agota en la legitimidad obtenida mediante las urnas. También requiere prácticas de convivencia, respeto por las diferencias, reconocimiento de la pluralidad y aceptación de que ninguna mayoría electoral concede un derecho ilimitado a ejercer el poder.

En ese sentido, su discurso adquirió una particular relevancia frente a las frecuentes expresiones de hostilidad del presidente argentino hacia adversarios políticos y referentes internacionales. Las controversias con Lula y Sánchez, las descalificaciones dirigidas a dirigentes opositores y las reiteradas confrontaciones con periodistas y economistas críticos forman parte de un estilo de comunicación presidencial que ha suscitado cuestionamientos acerca de sus efectos sobre el debate público.

El Pontífice no negó la legitimidad de las discrepancias ni reclamó una política sin conflictos. Su planteamiento fue más profundo: las diferencias deben poder tramitarse sin destruir el reconocimiento mutuo entre quienes integran una misma comunidad nacional. Cuando la crítica se interpreta sistemáticamente como una agresión, la discrepancia como una conspiración y el adversario como un enemigo, el espacio democrático corre el riesgo de convertirse en un escenario de antagonismos permanentes.

La advertencia alcanzó también al ejercicio de la autoridad. “La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio”, sostuvo, antes de recordar que quien gobierna tiene el deber de “actuar con prudencia” y “reconocer los límites del poder que le ha sido confiado”. La formulación recupera una concepción clásica de la tradición republicana y de la doctrina social de la iglesia: el poder no constituye una propiedad de quien lo ejerce, sino una responsabilidad temporal conferida para atender las necesidades de la comunidad.

La dimensión internacional de esta advertencia tampoco resultaba difícil de identificar. Las desavenencias con Lula, presidente del principal socio comercial de Argentina, y la crisis diplomática con España, desencadenada por las expresiones de Milei contra Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, ilustran las consecuencias que puede producir la traslación de la confrontación partidaria al terreno de las relaciones entre Estados.

La preocupación pontificia por el lenguaje político encuentra, además, un fundamento documentable en la relación del Gobierno con la prensa. Un estudio de la organización Chequeado, recogido por EL PAÍS, contabilizó al menos 1.051 insultos, descalificaciones y ataques personales de Milei entre su asunción, en diciembre de 2023, y febrero de 2025, con un promedio de 2,4 agravios diarios. La mayoría estaba dirigida a opositores, periodistas y economistas críticos. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas recogió un relevamiento de FOPEA sobre más de 113.000 publicaciones presidenciales en la red social X, en las que aparecían reiteradamente expresiones despectivas contra los trabajadores de prensa.

El problema, desde la perspectiva institucional, no reside en que un presidente defienda con vehemencia sus decisiones o cuestione las opiniones de sus adversarios. Forma parte de la libertad política. La cuestión es que la descalificación sistemática puede terminar sustituyendo la argumentación, debilitando la deliberación pública y generando un clima en el que los periodistas, los especialistas y los dirigentes opositores encuentran crecientes dificultades para ejercer su función crítica.

La economía frente a la dignidad humana

Si la referencia a la convivencia democrática constituyó una de las advertencias más significativas del discurso, su reflexión económica fue probablemente la que estableció el contraste doctrinal más evidente con el programa libertario.

León XIV no cuestionó la iniciativa privada, la actividad empresarial ni la necesidad de generar condiciones favorables para la inversión. Por el contrario, expresó que debía favorecerse cuanto “estimule la iniciativa privada”. Pero introdujo una condición fundamental: el crecimiento económico debe alcanzar también a quienes encuentran mayores dificultades.

Su afirmación más contundente fue inequívoca: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.

Detrás de esta formulación se encuentra una tradición intelectual y moral que considera que el mercado constituye un instrumento de organización económica, pero no un principio absoluto capaz de determinar por sí solo el valor de las personas y las prioridades de una sociedad. La eficiencia, la competencia y la rentabilidad pueden contribuir al progreso, pero no justifican la exclusión de quienes carecen de recursos para competir en condiciones de igualdad.

Es precisamente aquí donde el mensaje papal establece una distancia sustancial respecto de las interpretaciones más radicales del liberalismo económico. Una concepción que confía exclusivamente en la capacidad de adaptación de los individuos a las exigencias del mercado corre el riesgo de convertir la desigualdad en una consecuencia inevitable y, eventualmente, moralmente aceptable. Es lo que podría denominarse una forma de darwinismo económico: sobreviven quienes disponen de mayores capacidades, recursos o posibilidades de adaptación al mercado, mientras los demás quedan relegados.

El Papa no utilizó literalmente esa expresión ni condenó el funcionamiento del mercado como institución. Su crítica se dirigió a la subordinación de la persona a los mecanismos económicos y a la indiferencia ante las consecuencias sociales de las decisiones públicas. Su pensamiento se inscribe en la doctrina social de la Iglesia, desde la encíclica Rerum novarum de León XIII hasta las reflexiones contemporáneas sobre el trabajo, la desigualdad y la concentración de la riqueza.

La referencia a los jubilados, los desempleados y las familias que no consiguen cubrir sus necesidades adquirió especial significación en un país que continúa atravesando dificultades económicas y sociales. El INDEC informó que, durante el primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3% de la población de los 31 aglomerados urbanos relevados, mientras que la indigencia comprendió al 7,5%. En septiembre, la inflación mensual fue del 1,9%, un indicador que debe valorarse junto con la evolución de los ingresos reales y las condiciones materiales de los hogares.

La situación de los jubilados, las personas con discapacidad y los sectores de menores ingresos constituyó otro de los ejes centrales de la intervención. El Pontífice recordó que los ancianos han contribuido durante décadas a construir la sociedad y que quienes trabajan también pueden encontrarse en dificultades para sostener a sus familias. No reclamó una economía inmóvil ni desconoció las restricciones presupuestarias. Exigió que las decisiones económicas incorporen una consideración moral sobre sus consecuencias humanas.

Particularmente significativa fue su referencia a las personas con discapacidad. “La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad”, expresó. Y agregó que corresponde “cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”.

La afirmación adquiere relevancia en el contexto de los cuestionamientos a los recortes y a las políticas de asistencia. La crisis de la Agencia Nacional de Discapacidad, con investigaciones judiciales por presuntas irregularidades en contrataciones, sobreprecios y sobornos, expuso además la vulnerabilidad de un sistema del que dependen miles de personas.

La corrupción y la responsabilidad de gobernar

El discurso incluyó otra advertencia particularmente incómoda para el oficialismo: la corrupción. León XIV afirmó que estos hechos “dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común”. Inmediatamente añadió una consideración de especial trascendencia: “La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”.

Aunque la formulación tenía alcance universal, resultaba inevitable relacionarla con los cuestionamientos que afectan a integrantes de la administración argentina. El caso de la criptomoneda $LIBRA, las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad y las controversias patrimoniales que involucraron al entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni han alimentado un debate público sobre la transparencia gubernamental.

La importancia de la advertencia papal es institucional: quienes reciben responsabilidades públicas deben demostrar integridad, porque la confianza ciudadana constituye uno de los fundamentos de la legitimidad democrática.

Una patria que no comienza desde cero

Otro pasaje del discurso merece una consideración política especial. ”inguna generación comienza la patria desde cero. La recibe”, afirmó León XIV. La frase representa una crítica implícita a cualquier pretensión refundacional que considere legítimo desconocer indiscriminadamente el patrimonio institucional, cultural y social construido por las generaciones anteriores.

La referencia interpela tanto al oficialismo como a las administraciones precedentes. Argentina ha padecido una prolongada inestabilidad de sus políticas públicas, con modificaciones abruptas de orientación económica, institucional y social cada vez que cambia el signo político del Gobierno. El Papa recordó que cada generación debe conservar lo que merece ser preservado, corregir las injusticias heredadas y acrecentar el patrimonio común.

En esa misma perspectiva reclamó fortalecer la educación, las universidades, la formación profesional y la investigación científica. Su preocupación por los jóvenes quedó sintetizada en una pregunta incómoda: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”.

La frase contiene una crítica que trasciende las estadísticas migratorias. Una sociedad que no consigue ofrecer oportunidades a sus nuevas generaciones compromete su propio futuro y desperdicia una parte sustancial de su capital humano.

El desafío de escuchar

La intervención de León XIV tuvo también una dimensión simbólica. La presencia conjunta de Milei, Victoria Villarruel, Mauricio Macri, Axel Kicillof, gobernadores de distintas orientaciones políticas y representantes de prácticamente todo el arco institucional demostró que todavía es posible compartir un espacio sin renunciar a las diferencias. El encuentro ofreció una imagen de convivencia que contrasta con la fragmentación habitual de la política argentina.

Sin embargo, la verdadera eficacia del mensaje dependerá de que esa fotografía no quede reducida a una circunstancia ceremonial. El propio Milei, al ser consultado posteriormente sobre el llamado papal al diálogo, cuestionó a quienes, según su interpretación, realizan críticas deshonestas al programa económico. La reacción puso de manifiesto la distancia que todavía separa la exhortación pontificia de determinadas prácticas del debate político cotidiano.

León XIV no llegó a Buenos Aires para arbitrar una disputa partidaria ni para convertirse en referente de la oposición. Su responsabilidad pastoral lo llevó a formular principios que considera irrenunciables: dignidad humana, solidaridad, honestidad pública, respeto institucional y convivencia democrática. Pero esos principios adquieren inevitablemente una dimensión política cuando se pronuncian ante quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

El mensaje final recuperó el propósito de “constituir la unión nacional”, proclamado en el Preámbulo de la Constitución argentina. No fue una invocación nostálgica ni una apelación a una unidad artificial que suprima los conflictos. Fue una advertencia sobre la necesidad de construir un horizonte compartido.

El Papa no mencionó a Milei, no cuestionó nominalmente a sus ministros ni identificó a los responsables de las controversias gubernamentales. Tampoco necesitó hacerlo. En el Palacio Libertad, ante una dirigencia acostumbrada a convertir las diferencias en enfrentamientos personales, recordó que el poder es servicio, que la economía tiene una finalidad humana y que ninguna sociedad puede prosperar si abandona a sus integrantes más vulnerables.

Su discurso dejó así una pregunta que excede al presidente y alcanza a toda la clase dirigente: ¿puede Argentina construir un futuro sostenible si la confrontación sustituye al diálogo, el mercado desplaza a la solidaridad y la lealtad política termina prevaleciendo sobre la responsabilidad institucional?

La respuesta no se encuentra en una declaración presidencial ni en una homilía. Se encuentra en la conducta cotidiana de quienes ejercen el poder y en su capacidad para comprender que la patria que hoy administran no les pertenece: constituye una herencia colectiva que deberán entregar a las generaciones futuras.

 

Escándalo de corrupción en Canarias vinculado con el Frente Polisario

 

La Fiscalía Anticorrupción solicita cinco años de prisión y diez de inhabilitación para la concejala por presuntas irregularidades en la contratación de las Jornadas del Paisaje entre 2016 y 2019. La investigación judicial examina un entramado de adjudicaciones fragmentadas, empresas intermediarias y transferencias de fondos públicos. La trayectoria de Miranda en el activismo favorable a las posiciones del Frente Polisario introduce un nuevo hecho de corrupción vinculado con este movimiento separatista.

Buenos Aires - La investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación de las Jornadas del Paisaje del Cabildo de Gran Canaria ha situado a Inés Miranda Navarro, antigua responsable de Política Territorial y Paisaje de la corporación insular, en el centro de una causa judicial de considerable trascendencia política e institucional. Lo que inicialmente podía parecer una controversia administrativa sobre la organización de actividades culturales y técnicas terminó convirtiéndose en una investigación por posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude contra la Administración.

El alcance del procedimiento no reside exclusivamente en las cantidades económicas investigadas. Su importancia radica, sobre todo, en la posible existencia de un mecanismo organizado para condicionar adjudicaciones, eludir los procedimientos ordinarios de contratación y canalizar recursos públicos hacia empresas que, según la acusación, no habrían sido las verdaderas responsables de ejecutar los servicios.

De acuerdo con la documentación aportada, el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria concluyó la investigación y acordó continuar el procedimiento contra siete personas. Posteriormente, el 16 de octubre de 2026, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la apertura del juicio oral y formuló sus conclusiones provisionales, reclamando para Miranda cinco años de prisión y diez años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

La causa deberá resolverse en sede judicial. Por tanto, las responsabilidades individuales que se atribuyen a los investigados no pueden considerarse probadas mientras no exista una sentencia condenatoria.

Una arquitectura de contratación bajo sospecha

El núcleo de la investigación se encuentra en la organización de las cuatro ediciones de las Jornadas del Paisaje, celebradas entre 2016 y 2019. Según la Fiscalía, los responsables habrían diseñado un sistema para predeterminar las adjudicaciones y distribuir las prestaciones entre diferentes empresas, evitando así los procedimientos de contratación pública que habrían correspondido por la naturaleza y cuantía de los servicios.

La hipótesis acusatoria sostiene que María Ángeles Horna Andrade, administradora de IMACO 89, habría desempeñado un papel central en la organización efectiva de los acontecimientos, pese a que otras sociedades aparecían formalmente como adjudicatarias. El Instituto Canario de Telecomunicaciones SL, vinculado al empresario Michel Jorge Millares, habría recibido los contratos de las tres primeras ediciones, mientras que Yedra Comunicación SL, vinculada a Mónica del Pino Torres Rodríguez, habría asumido formalmente el correspondiente a 2019.

Las cifras examinadas por los investigadores permiten comprender la dimensión económica de las operaciones. De los 67.217,40 euros abonados por el Cabildo al Instituto Canario de Telecomunicaciones para las ediciones de 2016, 2017 y 2018, 44.503,75 euros habrían terminado en IMACO 89. En 2019, de los 14.950 euros percibidos por Yedra Comunicación, la transferencia posterior a la sociedad de Horna habría ascendido a 14.924,24 euros.

La Fiscalía considera que estas operaciones podrían revelar una estructura de intermediación empresarial destinada a separar la adjudicación formal de la ejecución material de los servicios. La cuestión que deberá esclarecer el tribunal es si esas transferencias respondían a relaciones comerciales legítimas o constituían parte de un mecanismo concertado para eludir las normas de contratación y beneficiar a determinados participantes.

Otro elemento relevante es el presunto fraccionamiento de los contratos. La investigación examina la división de prestaciones que podrían haber constituido una misma unidad económica, entre ellas servicios audiovisuales, interpretación, edición de publicaciones, diseño gráfico, suministros y coordinación de actividades. La finalidad atribuida a esta práctica habría sido mantener los importes individuales por debajo de los límites establecidos para los contratos menores, evitando procedimientos abiertos y una mayor concurrencia de empresas.

La edición de 2018 presenta una circunstancia particularmente significativa. Según la investigación, las jornadas comenzaron el 19 de abril, mientras que la adjudicación del contrato se produjo el día 20 y su formalización tuvo lugar el 27. La Fiscalía sostiene que el procedimiento administrativo habría servido para proporcionar cobertura legal posterior a una prestación que ya se estaba realizando.

A ello se añade el capítulo de los patrocinios. Anticorrupción estima que al menos 11.000 euros correspondientes a aportaciones de entidades colaboradoras no fueron descontados de los costes facturados al Cabildo. Las empresas y organismos mencionados en esta parte de la investigación incluyen Grafcan, Red Eléctrica de España y Canaragua.

Los otros protagonistas de la investigación

La causa alcanza a siete personas, cuyos papeles presentan diferentes grados de responsabilidad según la acusación.

Además de Inés Miranda, figuran Rafael Luis Pedrero Manchado, antiguo director general de Política Territorial; Víctor Manuel Quevedo Domínguez, exdirector de Desarrollo Estratégico del Plan Insular de Ordenación; María Ángeles Horna Andrade, administradora de IMACO 89; José Juan Sánchez Arencibia, antiguo interventor general del Cabildo; Michel Jorge Millares, vinculado al Instituto Canario de Telecomunicaciones, y Mónica del Pino Torres Rodríguez, responsable de Yedra Comunicación.

Especial atención merece la relación entre Horna y Sánchez Arencibia. La primera habría organizado materialmente las jornadas y gestionado la empresa que recibió una parte sustancial de los fondos. El segundo, su marido, tenía responsabilidades de fiscalización y control del gasto público. La Fiscalía considera que habría intervenido en expedientes relacionados con los intereses económicos de su esposa sin abstenerse de participar en su supervisión.

La coincidencia entre la gestión empresarial y las funciones de control administrativo constituye uno de los aspectos más delicados del procedimiento, porque afecta directamente a los mecanismos de prevención de conflictos de intereses que deben proteger el funcionamiento de las instituciones públicas.

Las penas solicitadas reflejan la diferente participación que el Ministerio Público atribuye a los procesados: cinco años de prisión para Miranda, Pedrero, Quevedo, Horna y Millares; tres años para Mónica del Pino, y dos años para Sánchez Arencibia, además de las correspondientes inhabilitaciones y sanciones económicas. La Fiscalía reclama asimismo que seis de los acusados indemnicen al Cabildo con 15.717,65 euros.

La dimensión internacional: el activismo separatista y los vínculos con Argelia

El caso ha adquirido una dimensión política adicional por la trayectoria pública de Miranda en relación con sus estrechos vínculos con los separatista del Polisario y Argelia.

No se trata de una actividad ocasional. Su vinculación con organizaciones jurídicas dedicadas a la cuestión saharaui se remonta, al menos, a comienzos de siglo. En 2023, el Consejo General de la Abogacía Española la identificó como integrante de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental y denunció, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, su expulsión de El Aaiún durante una campaña de agitación.

Su actividad también aparece documentada en Naciones Unidas. En septiembre de 2023, la documentación oficial de la Cuarta Comisión de la Asamblea General incluyó a Inés Miranda Navarro entre las personas que habían solicitado intervenir sobre la cuestión del Sáhara Occidental, en representación de la Asociación Internacional de Juristas. En el mismo documento figura Sidi Mohamed Omar, representante del Frente Polisario, como solicitante de audiencia por esa organización.

Asimismo, existen referencias a su participación en actividades celebradas en la Misión Permanente de Argelia ante Naciones Unidas en octubre de 2022, en las que se abordó la cuestión saharaui.

Estos antecedentes permiten establecer que Miranda ha mantenido un permanente activismo como agente de influencia en favor de los separatistas del Polisario y al servicio de los intereses geopolíticos de Argelia. Lo que permite pensar que los fondos generados por esta trama de corrupción iban en parte a financiar las actividades de propaganda de los separatista.

No seria este el primer caso de corrupción vinculado con los separatistas polisarios y funcionarios argelinos. Obran como antecedentes en este sentido el expediente presentado en el Parlamento Europeo con las revelaciones del Informe de la Oficina Europea  de Lucha contra el Fraude (OLAF), en 2015, y más recientemente el caso de la estafa piramidal de  Intravest y las investigaciones relacionadas con Fátima Mahfoud en Italia.

Una cuestión de credibilidad institucional

En este sentido, la dimensión política de la causa tampoco puede ignorarse. Miranda ha desarrollado simultáneamente responsabilidades institucionales en una administración pública española y un activismo internacional al servicio del separatismo polisario y los intereses de Argelia. Esa circunstancia hace legítimo examinar su trayectoria pública y sus relaciones políticas, para establecer como sus afinidades ideológicas se vinculan con actividades criminales de desvío de fondos y blanqueo de dinero ilícito.

La Audiencia Provincial de Las Palmas tendrá ahora que examinar las pruebas, determinar la participación de cada acusado y establecer si las irregularidades administrativas descritas por Anticorrupción constituyen efectivamente delitos.

La trascendencia del caso reside, en definitiva, en la posible existencia de una estructura de contratación pública que habría funcionado durante cuatro años mediante adjudicaciones predeterminadas, fragmentación de servicios, intermediación empresarial y conflictos de intereses. Si las acusaciones se demuestran, estaríamos ante un grave episodio de corrupción institucional vinculado con el separatismo polisario.

Lo que resulta indiscutible es que la investigación ha colocado bajo escrutinio una parte de la gestión política del Cabildo de Gran Canaria y ha abierto interrogantes sobre la relación entre poder administrativo, intereses empresariales y responsabilidades públicas. La trayectoria internacional de Miranda añade un componente político, pero será la documentación judicial, y no las afinidades ideológicas, la que determine si detrás de las irregularidades denunciadas existió una trama delictiva y quiénes fueron sus verdaderos beneficiarios.

 

El reflujo de las derechas: las urnas comienzan a castigar la promesa liberal-conservadora

 

La derrota de Viktor Orbán en Hungría, el regreso de Lula da Silva en Brasil, el revés sufrido por Donald Trump en las elecciones legislativas estadounidenses y la crisis política de Paraguay parecen anunciar un cambio de ciclo. El malestar social, el deterioro de las condiciones de vida y la falta de respuestas a las expectativas de las nuevas generaciones amenazan con frenar el avance de las derechas. Javier Milei debería observar estas señales con especial atención: Argentina se encamina hacia las presidenciales de 2027 en un contexto en el que los éxitos macroeconómicos todavía no consiguen traducirse en una mejora generalizada del bienestar.

Buenos Aires. Durante los últimos años, las corrientes políticas liberal-conservadoras, libertarias y nacional-populistas experimentaron una expansión internacional que parecía anticipar un prolongado desplazamiento del péndulo político hacia la derecha. El triunfo de Javier Milei en Argentina, en diciembre de 2023, fue uno de los acontecimientos más representativos de ese proceso. Posteriormente, dirigentes y movimientos de orientación semejante consolidaron posiciones de poder en diferentes países, alentados por el desgaste de los partidos tradicionales, el cuestionamiento de las estructuras estatales y el rechazo de amplios sectores sociales a las políticas económicas y culturales de los gobiernos progresistas.

Donald Trump, Giorgia Meloni, Viktor Orbán y otros referentes de esta corriente conformaron una constelación política que encontró en la defensa de la soberanía nacional, la reducción del Estado, la desregulación económica, el endurecimiento de las políticas migratorias y la crítica a las élites tradicionales sus principales elementos de identificación. En América Latina, el fenómeno adquirió características propias y se expresó en diferentes experiencias nacionales, entre ellas las de Argentina, El Salvador, Bolivia, Chile, Perú y Colombia, donde el triunfo de Abelardo de la Espriella parecía confirmar la vitalidad electoral de estas propuestas.

Sin embargo, cuando la expansión conservadora parecía difícil de detener, comenzaron a multiplicarse los síntomas de agotamiento. El primer gran acontecimiento fue la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría, en abril de 2026, después de dieciséis años ininterrumpidos en el poder. Su caída, a manos de Péter Magyar y del movimiento Tisza, constituyó un golpe simbólico para quienes consideraban al dirigente húngaro un modelo de construcción política nacionalista y conservadora. La insatisfacción económica, las denuncias de corrupción, el deterioro institucional y el aislamiento internacional contribuyeron a erosionar su respaldo.

A esa derrota se sumaron otros contratiempos. Geert Wilders perdió influencia en el escenario gubernamental neerlandés y Giorgia Meloni sufrió una significativa derrota en el referéndum sobre su reforma judicial, celebrado en marzo. La consulta italiana demostró que incluso los dirigentes que conservan una considerable capacidad de movilización pueden encontrar límites cuando sus proyectos institucionales son percibidos por una parte del electorado como intentos de concentrar poder.

El vendaval adquirió dimensiones mayores en América y Europa durante los últimos días. En Brasil, Flávio Bolsonaro, que había conseguido imponerse por un estrecho margen en la primera vuelta, terminó derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre. El veterano dirigente del Partido de los Trabajadores obtuvo el 51,8% de los votos y consiguió un cuarto mandato presidencial. El resultado mostró que la fortaleza electoral del bolsonarismo no garantizaba su continuidad en el poder y que una parte significativa de la sociedad brasileña prefería evitar una nueva experiencia gubernamental de esa orientación.

En Estados Unidos, Donald Trump recibió otro golpe político de considerable magnitud. Los demócratas conquistaron el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, además de obtener importantes victorias en distintos estados. La inflación, el encarecimiento de la vida, el rechazo a la guerra con Irán y el descontento con la gestión presidencial contribuyeron a una derrota que limita considerablemente la capacidad del mandatario para impulsar su programa. El resultado representa, además, un cuestionamiento a la influencia internacional del trumpismo y a su capacidad para proyectarse como referencia de las nuevas derechas.

Paraguay ofrece otro ejemplo significativo. La renuncia del presidente Santiago Peña, el 5 de noviembre, en medio de la crisis provocada por el escándalo financiero de Ueno Bank, constituye un duro revés para el oficialismo colorado. La intervención de la entidad dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos y desencadenó una crisis política que terminó comprometiendo la continuidad presidencial. Aunque sus causas tienen una dimensión institucional y financiera específica, el episodio vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de los gobiernos cuando la confianza pública se deteriora.

Europa tampoco permanece al margen de este proceso. Las movilizaciones juveniles registradas en Francia, España, Portugal y otros países expresan un malestar que trasciende las diferencias ideológicas. El aumento del coste de vida, la precariedad laboral, las dificultades para acceder a una vivienda, el deterioro de los servicios educativos y sanitarios y la pérdida de expectativas de movilidad social alimentan una creciente frustración generacional.

El problema de fondo es que millones de jóvenes perciben que las oportunidades de progreso que tuvieron sus padres se han vuelto prácticamente inaccesibles. La revolución tecnológica, la automatización, la inteligencia artificial y la expansión del comercio electrónico están transformando los mercados laborales, desplazando actividades tradicionales y reduciendo las perspectivas de empleo estable. A ello se agregan el encarecimiento de la energía, el incremento del gasto militar y las dificultades de los Estados para sostener las prestaciones sociales.

Frente a este escenario, las propuestas liberal-conservadoras comienzan a exhibir una insuficiencia política: la reducción del gasto público, la desregulación, la denominada motosierra y el endurecimiento de las políticas de seguridad no constituyen, por sí solos, respuestas satisfactorias a las demandas de sociedades que reclaman empleo, salarios dignos, vivienda, educación y protección social. El equilibrio fiscal y la estabilidad monetaria son condiciones necesarias para el desarrollo, pero difícilmente puedan convertirse en objetivos políticos suficientes cuando sus beneficios no alcanzan a una parte sustancial de la población.

En este contexto, las propuestas populistas y las fuerzas de izquierda encuentran una oportunidad para recuperar posiciones, especialmente entre los sectores perjudicados por los ajustes económicos. No necesariamente porque dispongan de programas más eficaces, sino porque logran canalizar el descontento y ofrecer respuestas inmediatas a necesidades que los gobiernos conservadores no han conseguido satisfacer.

El fenómeno debería despertar particular preocupación en la Casa Rosada. Javier Milei y sus colaboradores tienen motivos para observar con atención lo sucedido en Brasil, Estados Unidos y Paraguay. Argentina celebrará elecciones presidenciales en 2027 y el oficialismo deberá demostrar que su programa económico puede superar la etapa de estabilización y traducirse en una recuperación perceptible de los ingresos, el empleo y las condiciones de vida.

La motosierra ha actuado profundamente sobre la administración pública. La eliminación de estructuras innecesarias y de empleos improductivos puede constituir una política legítima de racionalización estatal. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre terminar con los denominados empleados ñoquis y desmantelar planteles profesionales cuya experiencia resulta indispensable para el funcionamiento de las instituciones. La burocracia eficiente, como explicó Max Weber, no es un obstáculo para el desarrollo nacional, sino uno de sus instrumentos fundamentales.

La reducción de la inflación y el equilibrio fiscal constituyen logros que el Gobierno puede exhibir, pero no garantizan automáticamente su continuidad electoral. La contracción del consumo, las dificultades de la industria, el cierre de empresas, la pérdida de puestos de trabajo y las restricciones que afectan a los ingresos familiares pueden terminar neutralizando los beneficios de la estabilización. Tampoco bastará con mantener el alineamiento internacional con Estados Unidos, el respaldo a Ucrania o las posiciones compartidas con Israel en Medio Oriente para conservar el entusiasmo electoral que acompañó a La Libertad Avanza en 2023.

Milei necesita comprender que el electorado no es una variable subordinada a los indicadores macroeconómicos. Los trabajadores, los jubilados, los jóvenes sin perspectivas laborales, los pequeños empresarios, los comerciantes y los trabajadores independientes también votan. Los sectores empobrecidos y excluidos, que pueden soportar durante un tiempo los sacrificios exigidos por una transformación económica, no están dispuestos a hacerlo indefinidamente si no perciben una perspectiva concreta de mejoramiento.

El año 2027 podría convertirse así en una prueba decisiva para el experimento libertario argentino. La experiencia internacional demuestra que los ciclos políticos no son permanentes y que las mayorías electorales pueden modificarse con rapidez cuando las expectativas sociales chocan con los resultados cotidianos. La derecha liberal-conservadora todavía mantiene importantes posiciones de poder y no existe evidencia suficiente para anunciar su desaparición o una restauración generalizada de las izquierdas. Pero sí aparecen señales de un cambio de tendencia que sería imprudente ignorar.

La política no se sostiene exclusivamente con convicciones ideológicas, disciplina fiscal o confrontaciones culturales. También necesita resultados concretos y una expectativa compartida de futuro. Si Javier Milei pretende conservar el respaldo popular, deberá demostrar que su proyecto puede ofrecer algo más que sacrificios presentes y promesas de prosperidad futura. Quizá haya llegado el momento de reducir la intensidad de la motosierra y prestar mayor atención al bienestar de la sociedad. Porque, cuando los gobiernos dejan de escuchar el malestar de sus ciudadanos, las urnas suelen encargarse de recordarles que los pobres, los desempleados y los jóvenes sin futuro también tienen derecho a decidir el destino de una Nación.

Marruecos antEl fin de la MINURSO: El Rey Mohammed VI prepara una nueva etapa para consolidar la soberanía y el desarrollo del Sáhara

El rey Mohammed VI presidió en Rabat una reunión de trabajo del Gabinete Real con los principales responsables políticos, diplomáticos y militares del Reino para establecer las directrices de la etapa posterior al fin del mandato de la misión de Naciones Unidas.

Buenos Aires - El Palacio Real de Rabat fue escenario el 4 de noviembre de una reunión de trabajo del Gabinete Real presidida por el rey Mohammed VI y dedicada a examinar las consecuencias de la no renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). El encuentro, celebrado después de que el Consejo de Seguridad no consiguiera aprobar una prórroga de la misión el 30 de octubre, constituye una señal política de la importancia que la monarquía atribuye a esta nueva coyuntura y de su voluntad de conducir el proceso mediante una estrategia coordinada entre las instituciones civiles y militares del Estado.

Participaron en la reunión la jefa del Gobierno, Fatima Ezzahra El Mansouri; el consejero del monarca Fouad Ali El Himma; el ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, y el general de cuerpo de Ejército Mohammed Berrid, inspector general de las Fuerzas Armadas Reales y comandante de la Zona Sur. La composición de los asistentes no fue circunstancial. Reunió a la máxima autoridad del Ejecutivo, a uno de los principales colaboradores políticos del soberano, al responsable de la administración territorial y de la seguridad interior y al máximo representante militar con responsabilidad operativa en el teatro meridional.

La reunión expresó, por tanto, una concepción integral de la cuestión del Sáhara: diplomática, institucional, económica y de seguridad. El mensaje central fue que el final de las funciones de la MINURSO no modificará los fundamentos de la política marroquí ni supondrá una alteración de las prioridades nacionales establecidas por el Rey Mohammed VI.

Según el comunicado del Gabinete Real, el soberano reiteró su compromiso con la defensa de la integridad territorial y la soberanía de Marruecos sobre la totalidad del territorio del Reino. Al mismo tiempo, impartió instrucciones para garantizar la continuidad del consenso nacional, preservar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de las provincias del Sur y mantener el desarrollo de los proyectos estructurantes destinados a transformar económica y socialmente esa región.

La dimensión económica de estas directrices resulta especialmente significativa. Para Rabat, la consolidación de su posición territorial no se limita a la actividad diplomática ni a la presencia administrativa y militar. Se apoya también en una política de desarrollo humano, modernización de infraestructuras, generación de empleo, conectividad y ampliación de las oportunidades económicas. La continuidad de las inversiones en las provincias meridionales constituye, en consecuencia, una de las prioridades expresamente ratificadas por el monarca.

El significado político y estratégico del retiro de la MINURSO

La valoración marroquí del acontecimiento parte de una interpretación política precisa: el dispositivo internacional establecido en 1991 habría agotado su utilidad y sus funciones originales ya no responderían a las condiciones actuales del conflicto. Desde esta perspectiva, el retiro de la MINURSO representa un hecho positivo dentro de la hoja de ruta que Rabat considera necesaria para alcanzar una solución definitiva del diferendo artificial en el Sáhara.

La misión fue creada mediante la resolución 690 del Consejo de Seguridad, el 29 de abril de 1991, como resultado de los entendimientos alcanzados entre Marruecos y el Frente Polisario. Su cometido original consistía en supervisar el alto el fuego, contribuir a las condiciones necesarias para la organización de un referéndum de autodeterminación y facilitar determinados aspectos del proceso de paz, incluida la eventual repatriación de refugiados. Sin embargo, el referéndum nunca llegó a celebrarse. Las discrepancias sobre el censo electoral, la identificación de los votantes y las opciones políticas sometidas a consulta terminaron paralizando aquel mecanismo.

Durante más de tres décadas, la MINURSO permaneció desplegada en el territorio sin conseguir materializar su objetivo político fundacional

Finalmente, el 30 de octubre de 2026. El Consejo de Seguridad no logró aprobar ninguno de los dos proyectos de resolución presentados para definir el futuro de la misión. La iniciativa estadounidense, que proponía renovar su mandato hasta octubre de 2027, modificar su denominación y orientar las negociaciones sobre la base de la propuesta marroquí de autonomía, obtuvo once votos favorables, pero fue bloqueada por el veto de Rusia. Una propuesta alternativa rusa, que planteaba una prórroga sin modificar sustancialmente el mandato, tampoco consiguió los nueve votos necesarios. Obtuvo solamente tres votos favorables, frente a uno en contra y once abstenciones.

La consecuencia inmediata fue la expiración del mandato el 31 de octubre y el cese de las operaciones de mantenimiento de la paz a partir del 1 de noviembre. Conviene precisar que no se trató de una resolución del Consejo de Seguridad que ordenara expresamente la disolución de la misión, sino del resultado de la imposibilidad de acordar una nueva autorización para su funcionamiento.

Este matiz es fundamental para comprender lo que está ocurriendo sobre el terreno. El fin de las operaciones no significa que todos los efectivos, instalaciones y equipos desaparezcan automáticamente. Se ha iniciado un proceso administrativo y logístico de liquidación, que comprende la repatriación de aproximadamente 160 observadores militares, la reducción de unos 180 integrantes del personal civil y asociado, el cierre de trece instalaciones y puestos de equipo, la retirada o transferencia de vehículos y equipamientos, y la desactivación progresiva de los sistemas de comunicaciones y apoyo logístico. También deberán gestionarse los archivos, los contratos y los bienes pertenecientes a Naciones Unidas y a los países contribuyentes de tropas.

La Secretaría General de Naciones Unidas ha explicado que estas operaciones se realizarán por etapas y bajo la supervisión de un equipo reducido dependiente del Departamento de Apoyo Operacional. No existe, por el momento, un calendario definitivo para completar el repliegue. La retirada exige coordinación con las partes, garantías de seguridad para el personal y procedimientos administrativos específicos.

La decisión tiene, por consiguiente, una dimensión material y otra política. La primera supone la desaparición progresiva de la presencia operativa de la misión, de sus instalaciones y de sus medios de observación. La segunda abre un período de incertidumbre sobre los mecanismos de supervisión de la seguridad y sobre la continuidad del proceso negociador.

El alto el fuego y la cooperación con Naciones Unidas

Uno de los aspectos más importantes del comunicado del Gabinete Real es la reafirmación del compromiso marroquí con el mantenimiento del alto el fuego. El Rey Mohammed VI fue explícito al señalar que la desaparición de la misión no modificará la voluntad del Reino de respetar sus compromisos en materia de seguridad.

Rabat sostiene que la MINURSO no siempre cumplió eficazmente su responsabilidad de vigilar las violaciones del alto el fuego ni de establecer sus consecuencias. Esta crítica constituye uno de los argumentos centrales de la interpretación marroquí sobre el agotamiento de la misión.

La nueva situación exigirá, en cualquier caso, una conducta particularmente prudente de los actores involucrados. La desaparición de los observadores internacionales puede reducir la disponibilidad de información independiente sobre incidentes militares y dificultar la verificación de eventuales vulneraciones. Por ello, el compromiso expresado por Marruecos deberá traducirse en medidas concretas de contención, transparencia y prevención de incidentes.

El monarca también quiso dejar constancia del espíritu de responsabilidad y cooperación con que Rabat ha caracterizado históricamente su relación con Naciones Unidas. Para materializar esa disposición, impartió instrucciones para que la Oficina de Coordinación con la MINURSO, dependiente del Ministerio del Interior, acompañe las operaciones de liquidación y retirada. Su cometido será facilitar los procedimientos, coordinar las actuaciones necesarias y procurar que el repliegue se desarrolle de manera ordenada, sin perturbaciones y con las garantías correspondientes.

Esta decisión resulta relevante porque permite distinguir la satisfacción política marroquí por el fin de las operaciones de la misión de una eventual actitud de obstrucción frente a Naciones Unidas. Marruecos pretende demostrar que la defensa de su soberanía y el cumplimiento de sus responsabilidades internacionales no son objetivos incompatibles.

Una nueva etapa diplomática, pero no el final automático del expediente internacional

Para Marruecos, el retiro de la MINURSO debe interpretarse dentro de una transformación más amplia de las condiciones diplomáticas que rodean la cuestión del Sáhara. El Gobierno marroquí considera que ha conseguido ampliar considerablemente el respaldo internacional a su propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí y que ese cambio de correlación diplomática permite abordar el futuro del territorio desde parámetros diferentes de los que prevalecieron durante las últimas décadas.

El comunicado del Gabinete Real destaca precisamente el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara por parte de países amigos y aliados, así como el apoyo creciente a la autonomía como fórmula de solución política. Para el Rey Mohammed VI, este proceso constituye el resultado de una estrategia diplomática sostenida, desarrollada mediante acuerdos bilaterales, asociaciones regionales y una política exterior orientada a fortalecer la posición internacional del Reino.

En este contexto, la reunión presidida por Mohammed VI adquiere una significación que trasciende la mera coordinación administrativa del retiro de los efectivos internacionales. El soberano ha querido anticiparse a las consecuencias de un cambio institucional que puede modificar las condiciones de seguridad, diplomáticas y políticas en el territorio. La presencia simultánea de los responsables del Gobierno, del Ministerio del Interior, de la asesoría real y de las Fuerzas Armadas refleja esa voluntad de mantener una dirección estratégica unificada.

La continuidad de los proyectos de desarrollo humano y crecimiento económico en las provincias del Sur ocupa un lugar central en esta estrategia. La monarquía entiende que la consolidación de su posición debe acompañarse de mejoras tangibles en las condiciones de vida de la población, ampliación de las infraestructuras, modernización productiva y generación de oportunidades económicas. El desarrollo territorial se convierte así en una dimensión esencial de la política de integración que impulsa el Rey Mohammed VI.

La reunión del 4 de noviembre deja, finalmente, un mensaje político inequívoco: Marruecos no considera que el final de la MINURSO represente un punto de llegada, sino el comienzo de una nueva fase. El Reino pretende transformar el cambio institucional producido en Naciones Unidas en un impulso para consolidar su posición diplomática, mantener la estabilidad territorial y acelerar el desarrollo de sus provincias meridionales.

El desafío consistirá ahora en demostrar que el repliegue internacional puede desarrollarse sin una escalada de tensiones y que la ausencia de la misión no se traduce en un deterioro de las condiciones de seguridad. La responsabilidad de las partes será determinante. Para el Rey Mohammed VI, la defensa de la soberanía nacional, el respeto de los compromisos internacionales y la continuidad del desarrollo económico constituyen dimensiones inseparables de una misma estrategia de Estado.

La etapa que comienza estará marcada, por tanto, por la capacidad de Marruecos para convertir un acontecimiento diplomático de considerable importancia en una realidad política estable y duradera, sin perder de vista que la solución definitiva del diferendo todavía requiere superar las diferencias entre los actores implicados.

 

 

Nador West Med: Marruecos proyecta su poder marítimo hacia Europa y el Atlántico africano

La inauguración de la primera terminal del megapuerto de Nador por el príncipe heredero Mulay Hassan, siguiendo las altas directivas del rey Mohammed VI, marca un nuevo hito en la transformación económica y geoestratégica del Reino. Con inversiones multimillonarias, una red de infraestructuras portuarias de dimensión internacional y una política de integración comercial con África, Europa y Asia, Marruecos aspira a convertirse en uno de los principales centros logísticos y marítimos de las próximas décadas.

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Buenos Aires - La imagen del príncipe heredero Mulay Hassan poniendo en marcha las operaciones de la primera terminal de contenedores de Nador West Med, el pasado 31 de octubre, trasciende el significado protocolario de una inauguración institucional. Representa la continuidad de una política de Estado que tiene en el desarrollo de las grandes infraestructuras una de sus principales herramientas de transformación económica y proyección internacional. Por altas instrucciones de su padre, el rey Mohammed VI, el heredero presidió el comienzo de las operaciones comerciales del nuevo complejo portuario, situado en la comuna de Laâzzanène, en la provincia de Nador, en la fachada mediterránea del noreste marroquí.

El acontecimiento constituye la primera etapa operativa de un proyecto que ha movilizado 54.000 millones de dírhams, aproximadamente 5.000 millones de euros, en inversiones públicas y privadas. Su dimensión no puede comprenderse únicamente desde la perspectiva de la actividad portuaria. Nador West Med forma parte de una concepción estratégica mucho más amplia: dotar a Marruecos de una red de puertos internacionales capaz de articular su economía nacional, facilitar su integración en las cadenas globales de suministro y convertir su posición geográfica en una ventaja competitiva de alcance continental.

La ceremonia adquirió, además, un significado institucional particular. Mulay Hassan ya había representado a su padre en 2019 durante la inauguración de Tanger Med 2. Su presencia en Nador confirma la importancia que la monarquía concede a estas infraestructuras y la continuidad generacional de una estrategia que Mohammed VI ha situado entre las prioridades fundamentales del desarrollo nacional. Apenas tres días antes, el 28 de octubre, el soberano había presidido en el Palacio Real de Rabat una reunión de trabajo dedicada al avance de Nador West Med y a la ampliación de Tanger Med, incluido el lanzamiento de Tanger Med 3.

La primera instalación que ha comenzado a operar es la Terminal Este, dotada de 1.520 metros lineales de muelle, un calado de 18 metros y 70 hectáreas de explanadas para la manipulación y almacenamiento de mercancías. Su capacidad alcanzará los 3,5 millones de contenedores anuales en el horizonte de 2030. La explotación y el mantenimiento, mediante una concesión de 25 años, corresponden a un consorcio integrado por la empresa marroquí Marsa Maroc y Terminal Investment Limited, filial del grupo MSC, considerado el principal operador mundial del transporte marítimo de contenedores.

La segunda terminal, denominada Terminal Oeste, contará con una capacidad de 1,8 millones de TEU —unidades equivalentes a contenedores de veinte pies—, 900 metros de muelles y 38 hectáreas de superficie operativa. Su entrada en funcionamiento está prevista para abril de 2027. La explotación ha sido adjudicada a una asociación entre Marsa Maroc y CMA CGM, otro de los grandes operadores mundiales del transporte marítimo. Cuando ambas instalaciones estén plenamente operativas, Nador West Med dispondrá de una capacidad conjunta de 5,3 millones de contenedores anuales.

Sin embargo, el proyecto excede ampliamente el movimiento de contenedores. El complejo incorpora una terminal de graneles sólidos con capacidad para siete millones de toneladas, cuya puesta en servicio está prevista para junio de 2027, y otra de mercancías diversas que podrá gestionar tres millones de toneladas anuales. También dispone de una terminal de carga rodada, destinada al transporte de vehículos y mercancías sobre ruedas, entregada en septiembre de 2026, con 380 metros de muelle y capacidad para 400.000 unidades.

Una de las dimensiones más relevantes es la energética. Nador West Med contará con una terminal de gas natural licuado, con capacidad para procesar hasta 5.000 millones de metros cúbicos anuales, y una terminal de hidrocarburos con capacidad para 25 millones de toneladas. Estas instalaciones pretenden reforzar la seguridad energética marroquí, diversificar las vías de aprovisionamiento y ofrecer nuevas posibilidades para el almacenamiento y la distribución de productos energéticos en el Mediterráneo occidental. La zona industrial y logística asociada abarcará 700 hectáreas y contempla inversiones privadas de aproximadamente 12.000 millones de dírhams.

La dimensión territorial constituye otro elemento esencial. El Gobierno marroquí pretende que Nador West Med no sea simplemente un enclave de tránsito de mercancías, sino el núcleo de un nuevo polo industrial, comercial y logístico capaz de modificar la estructura económica de la región Oriental, históricamente menos favorecida que otras áreas del país. Para ello, se proyectó una conexión ferroviaria de 49 kilómetros entre Selouane y el complejo portuario, así como una autopista de 105 kilómetros desde Guercif. La articulación con las redes nacionales de transporte permitirá vincular las instalaciones marítimas con los centros industriales, agrícolas y comerciales del interior.

Las previsiones oficiales apuntan a la creación, a corto plazo, de 14.000 empleos directos y 20.000 indirectos. El proyecto contempla, además, programas específicos de capacitación profesional para que los jóvenes de la región puedan incorporarse a las nuevas actividades industriales, energéticas y logísticas. El desafío consistirá en conseguir que las inversiones se traduzcan efectivamente en desarrollo territorial, transferencia tecnológica, formación de capital humano y oportunidades económicas para la población local. El propio Rey Mohammed VI ha insistido en que los beneficios sociales de estas grandes infraestructuras deben alcanzar a las comunidades de los territorios donde se construyen.

Una red portuaria para transformar la posición geográfica de Marruecos

Nador West Med debe interpretarse en relación con el precedente de Tanger Med, cuya evolución demuestra la capacidad marroquí para atraer a los principales operadores internacionales y conquistar una posición relevante en las rutas marítimas mundiales. Situado junto al estrecho de Gibraltar, Tanger Med gestionó durante 2025 más de 11,1 millones de contenedores, con un crecimiento del 8,4% respecto del ejercicio anterior, y movilizó 161 millones de toneladas de mercancías. Estas cifras lo consolidan como uno de los principales centros de transbordo del Mediterráneo y de África.

Pero Rabat no pretende detenerse en esos resultados. La reciente reunión presidida por el Rey Mohammed VI confirmó la ampliación del complejo mediante Tanger Med 3, una nueva instalación que incorporará 1.200 metros de muelles y una capacidad adicional de 4,5 millones de contenedores anuales. El proyecto contará con una inversión de 8.000 millones de dírhams y su explotación se apoyará en un acuerdo de concesión con Maersk-APM. Con las nuevas ampliaciones, Tanger Med podría alcanzar una capacidad global de 20 millones de contenedores, situándose entre los diez mayores complejos portuarios del mundo.

La complementariedad entre Tanger Med y Nador West Med constituye, por tanto, una decisión estratégica. El primero ocupa una posición privilegiada en el acceso al Atlántico y al Mediterráneo occidental, mientras que el segundo refuerza la fachada mediterránea oriental y amplía la capacidad marroquí para captar tráficos procedentes de Europa, Oriente Medio y Asia. El Reino construye así una red de infraestructuras que permite diversificar los puntos de entrada y salida de mercancías, mejorar la conectividad industrial y reducir su dependencia de un único centro portuario.

Esta política se inscribe en la Estrategia Portuaria Nacional para 2030, concebida para anticipar las necesidades de la economía, mejorar la competitividad de las cadenas logísticas, garantizar los suministros estratégicos y aprovechar las oportunidades derivadas de las transformaciones del comercio internacional. No se trata solamente de construir muelles y terminales, sino de desarrollar ecosistemas económicos en los que converjan transporte marítimo, ferrocarriles, carreteras, industria, almacenamiento, energía y servicios financieros.

La proyección atlántica y la dimensión africana

La estrategia marroquí adquiere todavía mayor profundidad cuando se observa su proyección hacia el océano Atlántico. El Rey Mohammed VI ha planteado reiteradamente que la fachada atlántica constituye una oportunidad geopolítica para conectar África con Europa, América y los grandes mercados internacionales. En su discurso del 6 de noviembre de 2023, con motivo del aniversario de la Marcha Verde, el monarca expresó su voluntad de transformar el espacio atlántico en un ámbito de integración económica, cooperación y desarrollo continental.

En aquella intervención, el soberano defendió la necesidad de facilitar a los países africanos sin litoral, particularmente los del Sahel, un acceso estructurado al océano Atlántico mediante infraestructuras portuarias, corredores terrestres y plataformas logísticas. La iniciativa refleja una concepción del desarrollo africano que vincula la seguridad y la estabilidad regionales con la creación de oportunidades económicas, la integración comercial y la mejora de las comunicaciones.

En ese contexto se inscribe el proyecto Dajla Atlántico, una de las grandes apuestas de infraestructura de las provincias meridionales. Situado aproximadamente a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Dajla, está concebido como un puerto de aguas profundas que combinará actividades comerciales, pesqueras e industriales, con una plataforma logística e industrial asociada. Su construcción permitirá desarrollar nuevas capacidades de almacenamiento, procesamiento de productos pesqueros, actividad manufacturera y transporte marítimo.

La importancia de Dajla Atlántico reside también en su potencial para convertirse en una puerta de acceso a los mercados internacionales para los países del África occidental y del Sahel. La conexión entre el puerto, las redes terrestres y los corredores comerciales regionales podría favorecer el intercambio de materias primas, productos agrícolas, manufacturas y recursos energéticos. De esta manera, Marruecos busca que su fachada atlántica desempeñe una función que trascienda sus propias fronteras y contribuya a la integración económica de una parte sustancial del continente.

La estrategia también contempla el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados africanos ribereños del Atlántico y el desarrollo de proyectos de interconexión energética, entre ellos el gasoducto África Atlántica, concebido para vincular a países productores y consumidores de África occidental y favorecer, potencialmente, el abastecimiento de los mercados europeos.

Europa, socio comercial y espacio de proyección

La dimensión europea de esta política resulta particularmente significativa. La Unión Europea constituye el principal socio comercial de Marruecos y representa un destino fundamental para sus exportaciones. Según las estadísticas de la Comisión Europea correspondientes a 2025, el intercambio de mercancías entre ambas partes alcanzó los 62.200 millones de euros. La Unión concentró el 33,7% del comercio exterior marroquí, mientras que el 33,2% de las exportaciones del Reino tuvieron como destino los mercados europeos.

La existencia de instalaciones portuarias modernas y competitivas facilita la integración de Marruecos en las cadenas industriales europeas, particularmente en sectores como la automoción, la aeronáutica, los componentes electrónicos, la industria agroalimentaria y los fertilizantes. La reducción de los tiempos de transporte, la disponibilidad de terminales especializadas y la proximidad geográfica permiten fortalecer los vínculos entre las empresas marroquíes y los centros productivos europeos.

Esta transformación tendrá también consecuencias para el sistema portuario español. La expansión de los puertos marroquíes incrementará la competencia por los tráficos de transbordo y las rutas comerciales del Mediterráneo occidental y del Atlántico. Sin embargo, también abre oportunidades para la cooperación empresarial, la prestación de servicios marítimos y el desarrollo de cadenas logísticas compartidas. La participación de compañías internacionales y la presencia de empresas españolas en actividades vinculadas a los nuevos complejos muestran que competencia y cooperación pueden desarrollarse simultáneamente.

En definitiva, la inauguración de Nador West Med representa mucho más que la puesta en funcionamiento de una nueva terminal de contenedores. Constituye una expresión material de la visión estratégica de Mohammed VI, que ha convertido la infraestructura marítima en uno de los instrumentos centrales de la modernización económica y de la proyección internacional del Reino.

Marruecos aspira a aprovechar su posición entre el Mediterráneo y el Atlántico para convertirse en una plataforma de intercambio entre Europa, África, América y Asia. Nador West Med, Tanger Med y Dajla Atlántico son piezas de una misma arquitectura geoeconómica, destinada a reforzar la soberanía logística y energética del país y a ampliar su participación en el comercio mundial.

La operación inaugural presidida por Mulay Hassan, siguiendo las directrices de su padre, simboliza precisamente esa continuidad. Detrás de los grandes muelles, las grúas y las terminales se encuentra una concepción del desarrollo nacional que vincula infraestructura, industria, empleo, conectividad y diplomacia económica. El propósito de Rabat no consiste únicamente en disponer de puertos capaces de competir con los grandes centros marítimos internacionales, sino en convertirlos en motores de una nueva relación entre Marruecos y África y entre el continente africano y los mercados mundiales. Una apuesta cuyo alcance definitivo dependerá de la capacidad de transformar las inversiones en productividad, prosperidad compartida e integración regional.