Washington repliega el mapa: Europa ante la revisión militar de Estados Unidos

 

El Pentágono ha abierto la revisión más profunda en años de su dispositivo militar en Europa, donde mantiene alrededor de 80.000 efectivos. La decisión no implica todavía una retirada, pero sí prepara alternativas que podrían reducir tropas, modificar bases y trasladar capacidades hacia otras regiones. Detrás del examen hay una combinación de razones estratégicas, políticas y económicas: la prioridad creciente de Estados Unidos por contener a China en el Indo-Pacífico, la presión de Donald Trump para que los europeos paguen y hagan más por su propia defensa y el deterioro de la confianza entre Washington y algunos aliados durante la guerra contra Irán. El interrogante decisivo es si Europa está asistiendo a una racionalización del dispositivo estadounidense o al comienzo de una transformación histórica de la relación transatlántica.

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Buenos Aires - La imagen de los aproximadamente 80.000 militares estadounidenses desplegados en Europa ha adquirido un valor que trasciende ampliamente la dimensión numérica. Desde Alemania hasta Italia, Polonia, Reino Unido y España, esas fuerzas representan mucho más que soldados, aviones, buques o instalaciones. Son la expresión física de la garantía estadounidense sobre la seguridad europea. Por eso la revisión que está realizando el Pentágono ha provocado inquietud en las capitales europeas, incluso antes de que exista una decisión definitiva.

El proceso, iniciado en junio y acelerado en las últimas semanas, contempla entregar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, al menos cuatro alternativas antes del 6 de noviembre, aunque la revisión completa debería concluir en diciembre. El documento interno que establece los llamados Terms of Reference demuestra que Washington no está realizando simplemente un ejercicio contable sobre el número de soldados que deben permanecer en Europa. Está reconsiderando la arquitectura misma de su presencia militar.

El expediente examina la cantidad y localización de las tropas, los costes, la rapidez con que podrían desplazarse, las bases disponibles y, especialmente, las condiciones de acceso, estacionamiento y sobrevuelo que los aliados ofrecen a las fuerzas estadounidenses. También incorpora las infraestructuras espaciales, cibernéticas y de inteligencia que permiten proyectar el poder militar norteamericano. El cuestionario enviado a los aliados pregunta, además, por el gasto en defensa, las adquisiciones militares, la cooperación industrial transatlántica y el grado de alineamiento con las prioridades de política exterior de Washington.

No se trata, por tanto, de decidir únicamente dónde habrá menos soldados. La cuestión es mucho más profunda: qué tipo de compromiso quiere mantener Estados Unidos con Europa y qué capacidades está dispuesto a conservar para garantizarlo.

La sombra de China sobre el Atlántico

La explicación más importante de la revisión se encuentra probablemente fuera de Europa.

Durante las últimas dos décadas, Washington ha desplazado progresivamente el centro de gravedad de su planificación militar hacia el Indo-Pacífico. El cambio no responde a una percepción de que Europa haya dejado de ser importante, sino a que China representa, desde la perspectiva estadounidense, un desafío de una naturaleza diferente y potencialmente mucho más determinante para el equilibrio mundial.

La Estrategia de Defensa Nacional estadounidense de 2026 establece expresamente la disuasión de China en el Indo-Pacífico como una de las líneas principales de actuación. El documento afirma que Washington pretende construir una defensa de denegación a lo largo de la primera cadena de islas, desde Japón y Filipinas hasta Taiwán, y reclama una mayor participación de los aliados regionales. Al mismo tiempo, señala que en Europa serán los aliados quienes deberán asumir el liderazgo frente a amenazas consideradas menos graves para los intereses estadounidenses, mientras Washington proporciona un apoyo más limitado pero crítico.

La formulación es particularmente reveladora. No dice que Europa haya dejado de ser estratégica. Dice que su importancia relativa ha cambiado.

El secretario Hegseth ya había expresado públicamente esa lógica al afirmar que, si los aliados europeos asumen una mayor parte de la carga, Estados Unidos puede concentrar más recursos en el Indo-Pacífico, al que calificó como su “teatro prioritario”.

La razón es sencilla. China dispone de una creciente capacidad para desafiar la libertad de acción militar estadounidense en el Pacífico occidental. Su modernización naval, sus misiles de largo alcance, sus capacidades espaciales y cibernéticas y su desarrollo de sistemas destinados a impedir o dificultar la aproximación de fuerzas estadounidenses  a la primera cadena de islas obligan a Washington a distribuir de otro modo sus recursos.

Taiwán constituye el punto de máxima tensión. Durante 2026, las autoridades taiwanesas han advertido de que se está reduciendo el tiempo de alerta ante un eventual ataque chino, mientras Pekín mantiene una actividad militar prácticamente constante alrededor de la isla.

Eso no significa que Estados Unidos haya decidido prepararse para una guerra con China. Significa que el Pentágono debe disponer de fuerzas suficientes para disuadirla. Y la disuasión exige presencia, municiones, aviones, buques, inteligencia, defensa aérea, logística, sistemas espaciales y capacidad para desplegar rápidamente fuerzas desde Estados Unidos y desde las bases aliadas.

En esa ecuación, cada recurso comprometido permanentemente en Europa es un recurso que no puede utilizarse simultáneamente en Asia.

La propia documentación del Pentágono es explícita: Europa debe asumir el liderazgo frente a las amenazas que son más graves para los europeos, mientras Estados Unidos concentra su atención en las amenazas consideradas más importantes para sus intereses nacionales.

Rusia sigue siendo una amenaza, pero Washington la pondera de otra manera

Sería, sin embargo, un error interpretar la revisión como consecuencia de una supuesta desaparición de la amenaza rusa.

La guerra de Ucrania ha demostrado precisamente lo contrario. La OTAN continúa considerando a Rusia una amenaza de largo plazo para la seguridad euroatlántica. En la cumbre de La Haya de 2025, los aliados describieron explícitamente a Rusia como una amenaza de largo plazo y acordaron elevar drásticamente sus inversiones militares.

La cuestión es otra: ¿cuánto de esa amenaza debe ser enfrentado directamente por Estados Unidos?

Washington parece considerar que la respuesta europea debe ser mucho mayor que en el pasado. La paradoja es evidente. Rusia sigue siendo suficientemente peligrosa como para justificar un reforzamiento de la defensa europea, pero no necesariamente hasta el punto de justificar que Estados Unidos mantenga en el continente el mismo volumen de recursos que durante las décadas en las que Europa dependía casi exclusivamente de la protección norteamericana.

La diferencia es fundamental.

La OTAN dispone de más de tres millones de militares no estadounidenses, pero el problema europeo nunca ha sido simplemente la cantidad de soldados. Estados Unidos aporta capacidades que Europa no puede sustituir rápidamente: inteligencia, reconocimiento y adquisición de objetivos, mando y control, transporte estratégico, reabastecimiento, guerra electrónica, defensa aérea, logística y determinadas capacidades espaciales. La relevancia de la participación estadounidense reside tanto en la calidad de esas capacidades como en el número de efectivos.

Una retirada demasiado rápida podría, por tanto, generar un vacío mucho mayor que el que sugeriría la simple reducción de tropas.

Trump y la política del coste

La segunda explicación es política y económica. Donald Trump considera desde hace años que Estados Unidos ha soportado una proporción excesiva del coste de la seguridad europea.

Su argumento ha cambiado poco: los europeos disfrutan de una protección estadounidense que durante décadas no han pagado suficientemente. La Administración Trump quiere convertir esa crítica en una nueva distribución de responsabilidades.

La revisión del Pentágono encaja perfectamente en ese propósito. Washington está preguntando a los aliados si tienen planes creíbles para aumentar sus presupuestos, cubrir las capacidades que Estados Unidos pueda abandonar y facilitar el acceso a sus instalaciones militares.

La presión ya ha producido resultados. En la cumbre de La Haya, los miembros de la OTAN acordaron alcanzar el 5% del PIB anual en defensa y gastos relacionados con la seguridad para 2035: al menos el 3,5% destinado a capacidades militares esenciales y hasta el 1,5% a infraestructuras, resiliencia, redes e industria de defensa.

No es un cambio menor. Supone más que duplicar el antiguo referente del 2%.

Los aliados europeos y Canadá incrementaron en 2025 su gasto combinado en defensa básica casi un 20% en términos reales, y en 2026 la tendencia continuó.

Trump puede presentar ese aumento como una victoria política. Pero la lógica estratégica estadounidense va más allá. Washington quiere que los europeos desarrollen las capacidades necesarias para sustituir progresivamente aquellas que Estados Unidos proporciona en la actualidad.

La revisión constituye, en ese sentido, un mecanismo de presión. Europa sabe que cuanto mayor sea su dependencia militar de Washington, mayor será su vulnerabilidad ante una eventual reducción estadounidense. Y Washington sabe que cuanto más amenace con reducir su presencia, mayores serán los incentivos europeos para invertir.

El factor Irán y la política de las represalias

Existe, además, una tercera dimensión, mucho más coyuntural y personal: la relación entre Donald Trump y determinados gobiernos europeos.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán abrió una grieta inesperada dentro de la alianza. Washington reprochó a algunos países europeos haber limitado o retrasado el uso de sus bases y de su espacio aéreo para las operaciones estadounidenses. España e Italia quedaron particularmente expuestas en esas discusiones. El cuestionario del Pentágono incorpora ahora explícitamente las restricciones de acceso, estacionamiento y sobrevuelo, conocidas como ABO.

Es difícil determinar hasta qué punto las eventuales decisiones sobre tropas serán utilizadas como mecanismo de castigo. El propio Pentágono sostiene que la revisión pretende presentar diferentes alternativas y no ejecutar una decisión previamente adoptada. Sin embargo, funcionarios europeos sospechan que Washington ya ha decidido al menos explorar reducciones importantes.

Aquí aparece el componente más transaccional de la política exterior de Trump. Para la actual Administración, una alianza no se mide únicamente por los tratados firmados, sino por la disposición concreta de cada aliado a respaldar los intereses estadounidenses cuando Washington considera que están en juego.

El mensaje es inequívoco: quien quiera la protección estadounidense debe estar preparado para proporcionar bases, espacio aéreo, gasto militar, cooperación industrial y respaldo político.

Europa ante su propia responsabilidad

La gran paradoja es que la revisión estadounidense podría terminar fortaleciendo la defensa europea, precisamente porque obliga a Europa a afrontar una realidad que durante décadas pudo posponer.

Los europeos han incrementado sustancialmente su gasto. Alemania ha comenzado una transformación de su política de defensa; Polonia se ha convertido en uno de los principales inversores militares del continente; Francia y Reino Unido mantienen capacidades nucleares propias y varios países están reconstruyendo sus fuerzas terrestres y sus arsenales.

Pero gastar más no equivale automáticamente a ser capaz de sustituir a Estados Unidos.

La cuestión decisiva será si Europa consigue transformar los nuevos presupuestos en capacidades militares integradas, interoperables y sostenibles. Necesita más defensa aérea, municiones, transporte estratégico, inteligencia, sistemas de mando y control, guerra electrónica, reabastecimiento y capacidades de largo alcance. La OTAN ya ha identificado precisamente esas carencias en sus nuevos objetivos de capacidades.

Por eso una retirada estadounidense moderada podría resultar incluso beneficiosa para Europa. Una retirada brusca, en cambio, podría generar un problema estratégico antes de que los europeos estén preparados para asumir plenamente la responsabilidad.

El comienzo de otra relación transatlántica

La revisión del Pentágono debe interpretarse, en definitiva, como parte de una transformación más amplia de la política exterior estadounidense.

No parece probable que Washington abandone Europa. El propio Elbridge Colby reafirmó esta semana que Europa continúa siendo un “interés fundamental” para Estados Unidos. Pero añadió una precisión decisiva: Washington está dando prioridad al hemisferio occidental y a la primera cadena de islas del Indo-Pacífico.

Esa frase resume la nueva distribución de prioridades.

Estados Unidos no está necesariamente abandonando Europa; está intentando dejar de ser su principal garante militar. Tampoco considera que Rusia haya dejado de ser peligrosa. Considera, más bien, que los europeos están en mejores condiciones para enfrentarla y que China exige una concentración creciente de recursos estadounidenses.

El resultado puede ser una OTAN diferente. Una alianza en la que Europa tenga que proporcionar la masa convencional, mientras Estados Unidos conserve capacidades estratégicas críticas, inteligencia, tecnología, movilidad y disuasión nuclear. Una OTAN en la que Washington continúe presente, pero ya no necesariamente como el actor que sostiene por sí solo el edificio.

El verdadero interrogante no será cuántos de esos 80.000 soldados desaparecerán de Europa. Será qué capacidades permanecerán, cuáles serán trasladadas y, sobre todo, si los europeos podrán llenar los espacios que Estados Unidos deje vacíos.

La revisión militar del Pentágono es, por eso, mucho más que una reorganización de tropas. Es una prueba de estrés para la alianza atlántica. Y también el primer ensayo de una nueva división geopolítica del trabajo: Europa frente a Rusia, Estados Unidos frente a China y ambos, todavía, bajo el mismo paraguas de la OTAN. La cuestión que queda abierta es si esa redistribución de responsabilidades fortalecerá la alianza o si, por el contrario, terminará convirtiendo la autonomía europea en una consecuencia no buscada de la estrategia de America First.

 

Congreso del Polisario: el precio de presidir el naufragio

 

Hach Ahmed Bericalla 

El Polisario tiene aún ante sí la oportunidad de iniciar un verdadero proceso de democratización, abandonar los equilibrios tribales que ha institucionalizado y aceptar el pluralismo político como alternativa a un sistema de partido único cada vez más obsoleto. No se trata únicamente de cambiar personas, sino de abrir espacio a ideas y estrategias diferentes, y a una representación saharaui plural, que no dependa de los mecanismos de poder y selección heredados de la vieja estructura.

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Las dificultades que está encontrando el actual jefe del Polisario para designar al presidente de la Comisión Preparatoria de su XVII Congreso no parecen explicarse únicamente, como sucedía en el pasado, por las habituales divergencias entre grupos y sectores del poder. El problema es más profundo: la incertidumbre sobre el futuro del proyecto y la magnitud de los retrocesos acumulados durante los últimos años han generado una parálisis que va mucho más allá de las rencillas internas. El problema no es solo quién está dispuesto a presidir la Comisión, sino quién quiere asumir el coste político de hacerse cargo de un proyecto que afronta una de sus encrucijadas más difíciles.

Lo paradójico es que algunos de quienes hoy se resisten a asumir esa responsabilidad son los mismos que han ocupado cargos clave durante las últimas tres décadas. No pueden presentarse ahora como espectadores pasivos ni atribuir toda la responsabilidad a Brahim Ghali. Tampoco pueden soslayar su propia responsabilidad en una de las decisiones más trascendentales de los últimos años: la ruptura unilateral del alto el fuego a finales de 2020. Todos los miembros de la cúpula respaldaron entonces aquella decisión o, cuando menos, ninguno se opuso públicamente a ella. Si fue una decisión colectiva cuando se adoptó, sus consecuencias no pueden convertirse ahora en una responsabilidad individual cuando los resultados han sido adversos. Cargar sobre Ghali en exclusiva el coste político de una decisión que todos avalaron, explícita o tácitamente, sería una forma poco digna, poco ética, de eludir responsabilidades. Como recuerda el viejo refrán, las derrotas son bastardas: cuando llegan los malos resultados, nadie quiere reconocerlas como hijas de las decisiones que antes defendió.

Pero el verdadero problema no es quién ocupa un cargo, sino la ausencia de una respuesta colectiva ante un cambio de coyuntura que la dirección del Polisario parece incapaz de procesar. La falta de renovación del liderazgo durante cinco décadas ha dejado al proyecto atrapado en los mismos discursos, consignas y esquemas políticos heredados de la Guerra Fría. Mientras tanto, el marco internacional ha cambiado radicalmente. La resolución 2797 del Consejo de Seguridad, junto con el impulso de la Administración de Donald Trump, ha abierto una coyuntura que exige abandonar las rigideces del pasado y explorar, desde un enfoque realista, un acuerdo político con el Reino de Marruecos. No hay otra receta mágica.

Para ello haría falta algo que la actual cúpula parece no estar en condiciones de ofrecer: una verdadera renovación política. Quienes han construido su trayectoria sobre los paradigmas del siglo XX difícilmente pueden ser quienes los superen. Hace falta una nueva generación de políticos, menos condicionada por los viejos eslóganes, las promesas y las inercias del pasado, capaz de introducir el cambio de rumbo que hoy resulta imprescindible. Preservar el futuro del pueblo saharaui puede exigir decisiones y sacrificios que ayer parecían impensables y que mañana podrían ser tardíos e insuficientes.

Desde la posición de quien conoce desde dentro las inercias y resistencias del Polisario, cabe preguntarse si no ha llegado finalmente la hora de abordar ese debate interno tantas veces pospuesto y que el MSP viene reclamando desde su nacimiento. No se trata de renunciar de antemano a aspiraciones legítimas, sino de discutir, sin tabúes, ni líneas rojas qué estrategia puede preservar mejor los intereses del pueblo saharaui ante una realidad que ya no es la de hace cinco décadas.

Precisamente, el XVII Congreso podría y debería ser la ocasión histórica para abrir ese debate y facilitar una transición. Pero para ello no bastaría con un cambio de nombres; sería necesario un cambio de reglas. La primera y más evidente: abandonar el viejo esquema del «cuerpo electoral al gusto», ese censo de dos mil delegados seleccionados quirúrgicamente mediante una combinación de criterios tribales y afinidades políticas para garantizar de antemano la ratificación de las decisiones de la cúpula. Porque un congreso que no puede decidir, sino únicamente ratificar, deja de ser un instrumento de reflexión y renovación para convertirse en una ceremonia de continuidad. Ese mecanismo, concebido en su día como herramienta de control, se ha convertido hoy en uno de los principales lastres para cualquier intento democratizador.

Y no es un sistema improvisado. Se trata de una estructura de poder asentada en lógicas tribales y clientelares, estrechamente entrelazadas. Su pervivencia explica, por sí sola, la impotencia del Polisario para renovar sus élites y adaptarse a una realidad que ha cambiado sustancialmente.

En sus primeros años, el Polisario condenaba cualquier práctica tribal en las relaciones humanas y la consideraba una amenaza contra el «proyecto nacional». El discurso fundacional era explícito: el tribalismo era un vestigio del pasado que había que extirpar. Y no era una condena meramente retórica. Hubo personas que sufrieron en carne propia aquella acusación y terminaron con sus huesos en la tenebrosa cárcel de Rashid, después de ser ridiculizadas públicamente en actos que recordaban, por su carga de humillación, a los rituales de la Inquisición.

Con los años y el envejecimiento de los dirigentes, aquella condena moral se fue diluyendo hasta convertirse en una valiosa fuente de poder. Lo que antes era considerado un crimen pasó primero a ser una práctica tolerada, después una ideología no escrita y, finalmente, un sistema político de facto. Hoy, buena parte de los dirigentes representa a un grupo tribal, y el peso de unos y otros en las instituciones responde básicamente a un cálculo sobre la fuerza demográfica atribuida a cada tribu.

La contradicción es cruel y evidente: el Polisario nació prometiendo una revolución y construir una sociedad moderna y hoy se ha convertido en el guardián del arcaísmo que juró erradicar quedando atrapado en sus propias redes. La dirección, que denostaba y perseguía las prácticas clientelares y tribales, ahora las usa como mecanismos de supervivencia política. Así, el movimiento se ha vuelto rehén de su propio discurso, reproduciendo el anacronismo que decía combatir. Esta deriva no es fortuita; es la consecuencia directa de un modelo que, al cerrar durante décadas la puerta a la renovación de sus élites, ha condenado al proyecto a perpetuar los vicios que pretendía extirpar.

Y la cuestión no es menor. La institucionalización del tribalismo no solo condena al Polisario a reproducir un sistema político anacrónico; plantea también una inquietante pregunta sobre el futuro: ¿qué ocurriría si esas mismas lógicas fueran trasladadas a un eventual Estado saharaui? El riesgo de terminar construyendo un Estado fallido, como ha ocurrido en otros países donde la debilidad institucional y la fragmentación tribal han provocado guerras civiles no puede ignorarse. Esta preocupación tuvo un peso notable en las reflexiones que condujeron a la creación del Movimiento Saharauis por la Paz (MSP) en abril de 2020 y en su apuesta por una solución de compromiso y bajo garantías con el Reino de Marruecos.

El Polisario tiene aún ante sí la oportunidad de iniciar un verdadero proceso de democratización, abandonar los equilibrios tribales que ha institucionalizado y aceptar el pluralismo político como alternativa a un sistema de partido único cada vez más obsoleto. No se trata únicamente de cambiar personas, sino de abrir espacio a ideas y estrategias diferentes, y a una representación saharaui plural, que no dependa de los mecanismos de poder y selección heredados de la vieja estructura.El Representante Permanente de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, junto al primer secretario del MSP, Hach Ahmed Barikalla, acompañado por los destacados miembros de la Comisión Política, Hadja Baboit y Mohamed Lamine Ennafaa, así como por Mohamed Cherif, responsable de Relaciones Internacionales

En ese contexto, la participación del Movimiento Saharauis por la Paz (MSP) en los diálogos auspiciados por Staffan de Mistura y por el Gobierno de Estados Unidos podría constituir una prueba concreta de esa voluntad de cambio. Abrirse a ese escenario y alentarlo demostraría que el Polisario ha sabido captar a tiempo las exigencias de Washington y el reciente mensaje del embajador Waltz. El MSP ha construido su proyecto sobre bases políticas y normas de funcionamiento alejadas de las ecuaciones tribales. Su incorporación al proceso permitiría ampliar la representación saharaui y demostrar que la diversidad política puede ser una herramienta para avanzar hacia una solución consensuada y endosada por todos y no una amenaza para la unidad.El problema, indudablemente, es que el cambio tiene un coste político. Y ahí reside probablemente la verdadera dificultad. Ninguno de los actuales responsables parece dispuesto a pagar el precio de abandonar las certezas del pasado, aunque esas mismas certezas hayan conducido al proyecto hasta el actual callejón sin salida. Pero el tiempo tampoco juega a favor de quienes pretenden mantener indefinidamente el statu quo. A medida que avance el proceso internacional, se estrecharán los márgenes de maniobra y pueden perderse posiciones que hoy todavía permitirían negociar un acuerdo menos desfavorable. La capacidad de influir en los términos de una salida política es siempre mayor mientras exista margen para negociarla que cuando los hechos consumados terminan imponiéndola

Por eso, la cuestión fundamental no es quién ocupará finalmente la presidencia de la Comisión Preparatoria o incluso la secretaria general. La pregunta verdaderamente decisiva es otra: ¿quién estará dispuesto a asumir la responsabilidad de preparar al Polisario para el cambio que se avecina? Porque el verdadero desafío no consiste en administrar la continuidad del statu quo, sino en tener el coraje de reconocer que el ciclo iniciado hace cinco décadas está llegando a su límite y que preservar lo esencial puede exigir dejar atrás algunas de las promesas del pasado.

El Polisario necesita una transición política, no otra operación de reparto de responsabilidades. Necesita renovación, pluralismo y realismo. Y, sobre todo, necesita dirigentes capaces de asumir que una salida negociada y honrosa, aunque obligue a sacrificios, puede ser infinitamente preferible a esperar una derrota que termine dejando en manos ajenas el destino de los saharauis.

La verdadera prueba a la que deberá responder el XVII Congreso del Polisario será si, como ha sucedido en el pasado, se limitará a encontrar a alguien de la vieja guardia para retrasar el naufragio o será capaz de alumbrar un liderazgo nuevo, dispuesto a pagar el precio político de cambiar el rumbo antes de que el naufragio sea irreversible.

 

La inteligencia estadounidense ante el riesgo de la improvisación

La oleada de jubilaciones y renuncias que atraviesa la Agencia Central de Inteligencia y otras instancias de la comunidad de espionaje de Estados Unidos no solo genera retrasos de meses en el cobro de pensiones, sino que pone en evidencia una verdad elemental: el principal activo de cualquier servicio de inteligencia es la calidad y la experiencia de su personal.

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Buenos Aires - En un momento de tensiones internacionales crecientes, la pérdida acelerada de cuadros veteranos, impulsada por políticas de reducción del aparato federal, amenaza con erosionar capacidades forjadas durante décadas y con crear vulnerabilidades de contrainteligencia que ningún algoritmo podrá suplir.

A principios de 2025 la CIA contaba con unos 22.000 empleados. Desde entonces, según estimaciones de exfuncionarios citadas por The Washington Post, varios centenares —posiblemente más de mil— han abandonado la organización. Se trata de la mayor contracción desde los recortes de comienzos de los años noventa, tras el colapso de la Unión Soviética. El propio Gobierno había comunicado al Congreso en mayo de 2025 su intención de reducir la plantilla en torno a 1.200 puestos a lo largo de varios años, principalmente mediante jubilaciones y una menor contratación. El programa de renuncia diferida, los recortes en la Oficina de Administración de Personal y el efímero impulso del Departamento de Eficiencia Gubernamental aceleraron el éxodo. La consecuencia inmediata ha sido el colapso del sistema de pensiones: agentes que hasta el día anterior reclutaban informantes, elaboraban informes clasificados o desarrollaban herramientas de espionaje deben ahora esperar hasta nueve meses para recibir el primer pago completo. Algunos han retirado sus solicitudes de jubilación al no poder afrontar un periodo prolongado sin ingresos; otros han recurrido a ahorros o a segundas hipotecas.

La CIA reconoció la saturación en un mensaje dirigido a sus exintegrantes: la División de Jubilaciones procesa un número sin precedentes de casos y pide paciencia. Mientras tanto, la Oficina de Administración de Personal, cuya plantilla pasó de más de 3.000 empleados en el año fiscal 2024 a unos 1.980 en 2026, ve cómo el tiempo medio de tramitación se alarga de 79 a 109 días. La crisis no es exclusiva de Langley. Más de 330.000 empleados federales dejaron el Gobierno el año pasado, en su mayoría de forma voluntaria. En la Oficina del Director de Inteligencia Nacional la plantilla se ha reducido a poco más de la mitad de los aproximadamente 2.000 efectivos con los que contaba al inicio del actual mandato, con cientos de salidas y reasignaciones. La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura ha perdido cerca de un tercio de su fuerza laboral. El impacto, sin embargo, adquiere una dimensión particular en los servicios de inteligencia.

La inteligencia artificial puede procesar volúmenes ingentes de datos, reducir tiempos de análisis e incrementar el número de fuentes consultadas con una eficacia que los analistas humanos no alcanzan. Puede identificar patrones, traducir idiomas en tiempo real y cruzar información de manera masiva. Pero no puede reemplazar al oficial experimentado que ha pasado años cultivando fuentes en entornos hostiles, que interpreta matices culturales, que detecta mentiras en una conversación o que comprende las dinámicas de poder que no aparecen en ningún informe abierto. La estabilidad de esos expertos constituye un activo esencial. Un servicio de inteligencia no se remodela con cada cambio de gobierno. Sus cuadros suelen ser profesionales altamente calificados y, en su mayoría, apolíticos; su lealtad se debe a la institución y a la seguridad del Estado, no a una administración concreta. Los recortes indiscriminados, especialmente cuando responden a prejuicios ideológicos o políticos, atentan contra esa eficacia. Convertir la comunidad de inteligencia en un campo de batalla partidista debilita la capacidad de anticipar amenazas y de ofrecer análisis independientes a quien ostente el poder.

Más grave aún resulta el riesgo de contrainteligencia. Volcar a la sociedad a cientos o miles de exagentes que conocen secretos de Estado y que, en muchos casos, se sienten resentidos por demoras en sus pensiones o por la percepción de haber sido descartados, constituye un peligro innecesario. Un exfuncionario que dejó la agencia el año pasado lo resumió con crudeza: “Estamos creando un riesgo enorme de contrainteligencia”. Los oficiales retirados están sujetos a restricciones sobre los empleos que pueden desempeñar, pero la frustración financiera y profesional puede convertirlos en objetivos atractivos para servicios adversarios.

Informes recientes indican que medios y aparatos de inteligencia chinos siguen con atención el éxodo y las dificultades económicas de los jubilados, en busca de oportunidades de reclutamiento. La discreción tradicional de los agentes de inteligencia no debe servir de escudo para ocultar fallos institucionales. Como señaló un alto exfuncionario, si al personal militar retirado se le dijera que debe esperar un año o más por sus pensiones, Washington se sumiría en el caos. La misma lógica debe aplicarse a quienes operan en la sombra.

La dirección de la CIA defiende la gestión actual y afirma que la agencia se concentra en recuperar su misión central de reclutar espías. Recientemente ha incorporado la mayor camada de oficiales de operaciones en dos décadas. Ese esfuerzo de renovación es necesario, pero no puede compensar de inmediato la pérdida de memoria institucional y de redes humanas construidas a lo largo de décadas. El senador demócrata Mark Warner, miembro destacado del Comité de Inteligencia del Senado, ha cuestionado las demoras y ha recordado que lo mínimo que puede hacer el Gobierno es garantizar a quienes se retiran los beneficios que merecen.

La lección es antigua y, sin embargo, se olvida con facilidad. Los servicios de inteligencia no son empresas privadas que puedan reestructurarse según los vaivenes del mercado o las prioridades ideológicas del momento. Su capital más valioso reside en personas que han dedicado su vida a un trabajo invisible, peligroso y poco reconocido. Cuando se las trata como números prescindibles, se debilita no solo la capacidad operativa del momento presente, sino la resiliencia del Estado ante las crisis futuras. La inteligencia artificial será una herramienta poderosa, pero nunca sustituirá el juicio, la intuición y la lealtad forjada en años de servicio. Preservar esa estabilidad no es un privilegio corporativo: es una exigencia de seguridad nacional.

 

Siria, el nuevo frente de la rivalidad entre Israel y Turquía

 

El bombardeo israelí de la base aérea de Abu al-Duhur ha convertido la disputa por el futuro de Siria en el punto más peligroso de la relación entre Ankara y Tel Aviv. Detrás de las acusaciones cruzadas sobre un eventual despliegue militar turco se libra una pugna mucho más profunda por el nuevo equilibrio de Medio Oriente. La reciente alianza defensiva entre Turquía, Arabia Saudí y Pakistán añade una dimensión inédita al conflicto, mientras Washington intenta impedir que dos de sus socios estratégicos terminen enfrentados y la sombra nuclear introduce un riesgo que, aunque remoto, ya no puede ser ignorado.

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Hay conflictos que comienzan con un bombardeo y otros que simplemente encuentran en un bombardeo la ocasión para hacerse visibles. El ataque israelí contra la base aérea de Abu al-Duhur, en el noroeste de Siria, pertenece a la segunda categoría. Israel sostiene que actuó para impedir que Turquía estableciera allí una presencia militar capaz de alterar el equilibrio estratégico de la región. Ankara y Damasco niegan que existiera semejante proyecto y sostienen que las instalaciones estaban siendo rehabilitadas para la Fuerza Aérea siria.

La discrepancia factual importa, pero no explica por sí sola la crisis. El verdadero problema es que Israel y Turquía han comenzado a concebirse mutuamente como obstáculos para sus respectivos proyectos estratégicos en la Siria posterior a Bashar al Asad. El documento aportado para este análisis describe precisamente esa dinámica como un dilema de seguridad: una actividad que Turquía interpreta como cooperación defensiva puede ser considerada por Israel la primera fase de una infraestructura militar hostil.

El primer ministro Benjamin Netanyahu resumió la posición israelí con una advertencia inequívoca: “No toleraremos que el ejército turco avance hacia el sur, porque eso nos amenaza”. Su ministro de Defensa, Israel Katz, acusó a Recep Tayyip Erdogan de arrastrar a Turquía hacia una “aventura peligrosa” en Siria. Ankara respondió calificando las acusaciones de insostenibles y rechazando cualquier intención de establecer una base permanente. El canciller sirio, Asaad al-Shaibani, afirmó que no existía ningún plan de despliegue turco y que la instalación estaba destinada a recuperar su función bajo soberanía siria.

La secuencia resulta reveladora. Días antes del ataque, el director del Mossad, Roman Gofman, había hablado con Al-Shaibani sobre la creciente actividad militar turca en Siria, incluidos posibles suministros de armas y drones. Después llegó el bombardeo. Reuters ha confirmado que Washington trabaja ahora en un mecanismo de descompresión entre Israel, Turquía y Siria. El enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack, calificó la acción israelí de “escalada innecesaria”.

No se trata, por tanto, de una disputa circunstancial. La caída de Asad desplazó el centro de gravedad sirio. Durante años, Israel había considerado a Irán y a Hezbolá como sus principales adversarios en territorio sirio. Ahora Irán ha perdido buena parte de la posición que construyó durante la guerra civil y Turquía ha ocupado el espacio dejado vacante. Ankara respalda al nuevo Gobierno de Ahmed al-Sharaa, participa en la reconstrucción de las fuerzas armadas sirias y pretende que Siria vuelva a funcionar como un Estado territorialmente integrado y políticamente estable. Israel contempla esa perspectiva con mucha mayor desconfianza.

El analista Ömer Özkizilcik, investigador asociado al Atlantic Council, sostiene que Ankara e Israel poseen visiones fundamentalmente opuestas sobre la Siria posterior a Asad: Turquía aspira a fortalecer un Estado sirio centralizado, mientras Israel busca evitar la aparición de una estructura militar que pueda convertirse en una amenaza y prefiere conservar un entorno sirio débil y fragmentado. Esa divergencia ayuda a comprender por qué Abu al-Duhur es más importante que la pista de aterrizaje dañada por los misiles.

La cuestión es hasta dónde puede llegar la escalada. Una guerra abierta entre Israel y Turquía continúa siendo improbable. Ambos países disponen de poder militar suficiente para infligirse daños considerables, pero también tienen demasiados incentivos para evitar una confrontación directa. Turquía es miembro de la OTAN y posee el segundo mayor ejército de la organización; Israel cuenta con una relación estratégica extraordinariamente estrecha con Estados Unidos. Una guerra entre ambos obligaría a Washington a gestionar una contradicción casi imposible: respaldar a Israel sin romper con Turquía.

El riesgo más plausible no es una guerra declarada, sino una sucesión de incidentes. Un ataque israelí que mate militares turcos, una interceptación aérea, el derribo accidental de un aparato o la destrucción de una instalación utilizada por Ankara podrían producir una respuesta limitada que, a su vez, obligara a Israel a responder. Precisamente para evitar esa dinámica existe ya un mecanismo de comunicación militar, pero la crisis demuestra que necesita ser reforzado. El objetivo de la descompresión no es reconciliar a Israel y Turquía, sino impedir que dos ejércitos operando en el mismo espacio terminen combatiendo por error.

El contexto político tampoco ayuda. Netanyahu se encuentra ante las elecciones legislativas del 27 de octubre y la rivalidad con Erdogan ha comenzado a incorporarse a su discurso electoral. La política exterior se convierte así en política doméstica: presentar a Turquía como una amenaza emergente permite al Gobierno israelí reforzar el argumento de que el país se encuentra rodeado por enemigos y necesita un liderazgo experimentado en materia de seguridad. Al mismo tiempo, Erdogan puede presentar a Israel como la potencia que intenta impedir la reconstrucción de Siria y extender hacia el norte la guerra de Gaza. La retórica alimenta un círculo en el que cada dirigente tiene incentivos internos para no parecer débil.

La situación adquiere una dimensión todavía mayor después del acuerdo de defensa firmado el 7 de agosto en La Meca por Turquía, Arabia Saudí y Pakistán. El pacto establece que un ataque contra uno de sus integrantes será considerado una agresión contra los tres y contempla una mayor cooperación militar, entrenamiento, inteligencia y tecnología.

Sería exagerado llamarlo una “OTAN islámica”. Los propios gobiernos firmantes han insistido en que no está dirigido contra ningún país concreto. Arabia Saudí ha negado expresamente que el acuerdo tenga relación con una carrera nuclear. Pero su importancia estratégica es indiscutible: reúne el poder financiero saudí, la industria militar y la posición geográfica turcas y la capacidad militar de Pakistán, único Estado musulmán con armas nucleares.

Para Israel, el problema no es necesariamente que la alianza vaya a intervenir militarmente en su defensa, sino que modifica el cálculo de disuasión. Hasta ahora, Israel podía estudiar por separado a Turquía, Arabia Saudí y Pakistán. El pacto introduce la posibilidad de que esas capacidades comiencen a coordinarse. No significa que exista una cadena automática de respuesta militar ni, mucho menos, un compromiso nuclear. Pero obliga a Israel a incorporar una nueva variable en sus cálculos estratégicos.

Aquí aparece la cuestión más inquietante: el riesgo nuclear. Israel mantiene una política de ambigüedad y nunca ha reconocido oficialmente disponer de armas atómicas, aunque la comunidad internacional considera ampliamente que posee un arsenal nuclear; estimaciones públicas sitúan su inventario alrededor de las 90 ojivas.

Sin embargo, la posibilidad de que Israel empleara armamento nuclear contra Turquía en una eventual guerra es extraordinariamente remota. No existe actualmente una situación que haga pensar en una decisión semejante. Las armas nucleares israelíes forman parte fundamentalmente de una disuasión existencial y su utilización contra un Estado miembro de la OTAN supondría una ruptura catastrófica del orden estratégico internacional.

Mucho más importante es la pregunta sobre qué ocurriría después. ¿Respondería Pakistán nuclearmente en virtud del acuerdo de La Meca? La respuesta más probable es que no. La doctrina nuclear pakistaní está construida esencialmente alrededor de la India y no existe una declaración oficial que sitúe a Israel como objetivo nuclear. Un análisis de la Arms Control Association subraya que Islamabad ha mantenido su arsenal como instrumento de disuasión frente a la India y que no ha anunciado un cambio de doctrina respecto de Israel. Un estudio de Georgetown considera, además, altamente improbable que Pakistán empleara armas nucleares para defender a Arabia Saudí, precisamente porque su disuasión nuclear está concebida para contener a India.

La amenaza nuclear, por tanto, opera más como factor de disuasión indirecta que como escenario probable de combate. El verdadero peligro sería que una guerra regional comenzara a modificar las doctrinas de seguridad de los actores. Turquía ya debate públicamente la conveniencia de desarrollar una capacidad nuclear propia y algunos responsables turcos han advertido sobre los riesgos derivados del deterioro del régimen de no proliferación. Si Israel empleara armas nucleares, aunque fuera en un escenario extremo, la presión para que otros países de Medio Oriente reconsideraran sus propias opciones aumentaría dramáticamente.

Washington aparece entonces como el actor decisivo. Estados Unidos no tiene interés alguno en permitir una guerra entre Israel y Turquía. La administración Trump necesita a Israel como socio estratégico, pero también necesita a Turquía por su posición geográfica, su ejército, su industria militar y su influencia sobre Siria. La propia Casa Blanca parece haber comprendido que una confrontación entre ambos aliados sería estratégicamente ruinosa. De ahí la intervención de Barrack y la creación del mecanismo de descompresión.

La OTAN se encuentra ante un dilema todavía más delicado. El artículo 5 no convierte automáticamente una guerra iniciada por un miembro en una guerra de toda la Alianza. Israel, además, no es miembro de la organización. Si Turquía fuese atacada directamente por Israel, el Consejo del Atlántico Norte tendría que determinar las circunstancias y las medidas correspondientes. Pero Washington difícilmente permitiría que una crisis bilateral se transformara en una confrontación entre la OTAN e Israel.

El resultado más probable es, por ello, una diplomacia de contención. Estados Unidos intentará convencer a Israel de que sus preocupaciones sobre la expansión turca en Siria deben gestionarse mediante límites verificables y no mediante ataques preventivos. Ankara, por su parte, tendrá que demostrar que su cooperación militar con Damasco no constituye la construcción encubierta de una plataforma ofensiva contra Israel.

Siria es el tablero donde todas estas contradicciones convergen. Al-Sharaa necesita a Turquía para reconstruir su Estado, pero también necesita un acuerdo de seguridad con Israel y el respaldo estadounidense. Israel quiere impedir que Siria se convierta en una plataforma militar hostil, pero sus ataques pueden debilitar precisamente al Gobierno sirio que Washington y Ankara consideran necesario para estabilizar el país. Turquía quiere consolidar su influencia, pero una confrontación abierta con Israel podría poner en peligro su relación con Estados Unidos y complicar su posición dentro de la OTAN.

La paradoja es que todos los actores tienen razones para evitar la guerra y, simultáneamente, razones para seguir aumentando su poder militar. Ese es el clásico dilema de seguridad que convierte las crisis regionales en peligros internacionales. La rivalidad entre Israel y Turquía no parece encaminada hoy hacia una guerra abierta. Pero tampoco es ya una disputa pasajera. Siria se ha convertido en el lugar donde chocan dos proyectos de orden regional.

La cuestión decisiva será quién consiga imponer las reglas de ese nuevo equilibrio. Si Washington logra establecer mecanismos fiables de comunicación y delimitar las zonas de actuación de ambos ejércitos, Abu al-Duhur podría terminar siendo recordado como una advertencia. Si fracasa, el ataque puede convertirse en el primer episodio de una competencia militar mucho más peligrosa. En un Medio Oriente atravesado por guerras, alianzas nuevas y arsenales nucleares, la diferencia entre una advertencia y una guerra puede depender, paradójicamente, de la capacidad de los adversarios para seguir hablando cuando todo parece empujarlos a dejar de hacerlo.

 

La península coreana en el filo de la navaja

La diplomacia personal de Trump choca frente a un Kim Jong-un más poderoso y una alianza bajo tensión

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Buenos Aires - La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reducir drásticamente los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, invocar su “muy buena relación” con Kim Jong-un y cifrar en cincuenta y siete el número de armas nucleares norcoreanas ha reabierto de forma abrupta un capítulo de la diplomacia asiática que parecía cerrado desde 2019. En un momento en que Washington concentra recursos en el conflicto con Irán, el gesto busca abrir un canal de comunicación con un régimen que ha ampliado su arsenal, estrechado lazos con Rusia y recuperado espacios de influencia con China. Pyongyang, sin embargo, respondió con el lanzamiento de una decena de misiles balísticos de corto alcance y restó valor a las concesiones estadounidenses, mientras Seúl observa con una mezcla de esperanza y alarma el posible debilitamiento de la disuasión aliada. El resultado es una península más inestable, donde la búsqueda de estabilidad a corto plazo corre el riesgo de consolidar a Corea del Norte como potencia nuclear permanente y de erosionar la confianza de los aliados regionales.

La relación entre Trump y Kim ha vuelto a ocupar el centro de la política exterior estadounidense en Asia oriental con una intensidad que recuerda los años de las cumbres de Singapur y Hanói. El presidente ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, reducir de manera sustancial los ejercicios Ulchi Freedom Shield, que pasaron de once a cinco días y vieron recortados sus componentes de entrenamiento de campaña. Trump argumentó que las maniobras resultaban costosas y enviaban una señal “inapropiada y hostil” a un país que, según él, se ha mostrado respetuoso desde su regreso al poder. Al mismo tiempo, reivindicó públicamente su sintonía personal con el líder norcoreano y afirmó que se reuniría con él antes de que finalizara el año, posiblemente en el marco de la cumbre de la APEC en Shenzhen. La declaración sobre las cincuenta y siete armas nucleares, formulada con una precisión poco habitual, subrayó tanto el reconocimiento implícito de una realidad estratégica como la voluntad de gestionarla a través del diálogo personal.

Las intenciones reales de Trump combinan elementos de diplomacia personal, cálculo de riesgo y ambición geopolítica de más largo alcance. El analista Kyung Suk Lee, en un estudio de 38 North, ha señalado que la atracción del presidente estadounidense hacia Kim posee un componente marcadamente personal: el encuentro puede constituir un objetivo en sí mismo, más allá de los resultados concretos en materia de desnuclearización. Trump ha repetido en varias ocasiones que su relación con el dirigente norcoreano evitó una guerra durante su primer mandato y que mantiene un entendimiento singular con él. Esta lógica de la diplomacia de líderes se proyecta ahora sobre un escenario más complejo. Estados Unidos necesita evitar una crisis simultánea en la península coreana mientras parte de sus capacidades se encuentran comprometidas en Oriente Próximo. La reducción de los ejercicios funciona, en este sentido, como una señal de distensión destinada a disminuir la probabilidad de una provocación norcoreana que obligue a desviar recursos.

Existe, además, una dimensión estratégica vinculada a la arquitectura de poder en el noreste de Asia. Durante los últimos años, Corea del Norte ha reducido su dependencia histórica de China mediante una alianza cada vez más estrecha con Rusia. El envío de tropas y municiones a Ucrania y la firma de un tratado de asociación estratégica con Moscú han otorgado a Pyongyang un margen de maniobra que antes no poseía. China reaccionó con la visita de Xi Jinping a Pyongyang en junio de 2026, la primera en siete años, orientada a recuperar influencia económica, diplomática y militar. La ausencia del tema de la desnuclearización en las declaraciones públicas de aquella cumbre fue interpretada por el profesor Ban Kil Joo, de la Academia Nacional Diplomática de Corea, como una posible aceptación de facto de Corea del Norte como potencia nuclear. En este contexto, una relación más fluida entre Washington y Pyongyang podría buscar ampliar el margen de autonomía norcoreano, impidiendo que el régimen quede definitivamente incorporado al bloque chino-ruso y limitando su utilidad como instrumento de presión en una eventual crisis en torno a Taiwán. No se trataría de una separación literal, sino de diluir la dependencia exclusiva.

Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos evidentes. La reducción de la presencia y de las maniobras estadounidenses puede transmitir a Seúl la impresión de que su seguridad se ha convertido en una variable secundaria. El presidente surcoreano Lee Jae Myung acogió con cauteloso optimismo el gesto de Trump, considerándolo una oportunidad para superar la hostilidad y construir la paz en la península. En una publicación en redes sociales, afirmó que la decisión reflejaba una profunda reflexión sobre cómo superar la confrontación. Al mismo tiempo, el gobierno de Seúl insistió en la necesidad de mantener una postura de defensa combinada sólida y en avanzar hacia una mayor autonomía militar. La oposición conservadora criticó la reducción de los ejercicios como una amenaza para la disuasión, y analistas citados por diversos medios advirtieron que la disminución de las maniobras puede afectar la preparación de las fuerzas aliadas y erosionar la confianza en el compromiso estadounidense. El ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, reconoció ante el Parlamento que ni Seúl ni los propios funcionarios estadounidenses habían recibido aviso previo de la orden presidencial, lo que generó perplejidad y reforzó las dudas sobre la solidez de la coordinación aliada.

La respuesta de Pyongyang ha sido inequívoca. Un día después de que Trump afirmara que Kim había respondido positivamente a sus contactos y de que se conociera la reducción de los ejercicios, Corea del Norte lanzó unos diez misiles balísticos de corto alcance desde las cercanías de Pyongyang. Kim Yo Jong, hermana del líder y figura clave del régimen, restó importancia a la medida estadounidense y negó la existencia de comunicaciones de alto nivel, al tiempo que afirmó que la política hostil de Washington seguía siendo la misma. El lanzamiento, el tercero del mes, subrayó que el régimen no interpreta las concesiones como un cambio estructural de la postura estadounidense, sino como un intento de obtener legitimidad sin entregar contrapartidas reales. La disparidad entre la estimación de Trump —cincuenta y siete armas nucleares “muy potentes”— y la del ministro de Defensa surcoreano Ahn Gyu-back —entre ochenta y ciento veinte, según cálculos de institutos de investigación— ilustra la dificultad de establecer una base común de diálogo. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo sitúa el arsenal en torno a sesenta ojivas ensambladas, con material fisible suficiente para al menos treinta más, cifras cercanas a las del presidente estadounidense pero inferiores a las evaluaciones surcoreanas más amplias.

Desde una perspectiva geopolítica, la situación que se perfila es de mayor complejidad y de menores incentivos para una desnuclearización completa. Kim llega a cualquier eventual negociación con un arsenal mayor, una relación militar privilegiada con Rusia y renovados vínculos con China. La experiencia del conflicto con Irán puede haber reforzado en Pyongyang la convicción de que las armas nucleares constituyen la mejor garantía contra un cambio de régimen. Frank Aum, analista de 38 North, ha observado que existe un interés genuino tanto de Trump como de Kim por volver a sentarse a negociar, aunque las diferencias sobre la desnuclearización continúan siendo enormes. Victor Cha, de la Universidad de Georgetown, ha señalado que la reducción de los ejercicios constituye una señal concreta, distinta de las meras declaraciones de años anteriores, pero advierte que las cartas de Washington son peores que en 2018. Jenny Town, directora del programa 38 North del Stimson Center, interpreta la decisión como parte de un esfuerzo más amplio por crear oportunidades diplomáticas, aunque reconoce los riesgos para la preparación aliada.

La paradoja es profunda. Trump pretende utilizar su relación personal para reducir el riesgo de conflicto y, potencialmente, limitar la dependencia norcoreana de China y Rusia. Al mismo tiempo, la estrategia puede terminar aceptando tácitamente una Corea del Norte nuclear, obteniendo una península más estable a corto plazo a cambio de consolidar una realidad que durante décadas se intentó impedir. La reducción de los ejercicios funciona como concesión diplomática y como mecanismo de gestión del riesgo, pero su éxito depende de que Trump consiga convencer a Kim de que Estados Unidos no prepara una operación militar y, simultáneamente, de que Seúl y Tokio no perciban que la alianza se sacrifica en nombre de una relación presidencial. En un entorno marcado por la rivalidad entre Estados Unidos, China y Rusia, la península coreana se convierte en un escenario donde la fotografía de una nueva cumbre puede cambiar la atmósfera de la crisis, pero donde transformar esa atmósfera en un acuerdo durable sigue siendo el desafío más arduo. La historia de las cumbres anteriores demuestra que las cámaras pueden apagarse sin que las armas desaparezcan.

 

España y Marruecos: una crisis migratoria no puede borrar una alianza estratégica

 

La desmentida de Madrid sobre un supuesto “plan de contingencia” contra Rabat revela hasta qué punto cualquier información que sugiera una nueva confrontación entre los dos países puede tener consecuencias que exceden el debate migratorio. España y Marruecos atraviesan una etapa de intensa cooperación económica, policial y diplomática y, pese a las tensiones provocadas por la presión migratoria en Ceuta y Melilla, ambos gobiernos parecen interesados en preservar una relación que consideran estratégica.

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Buenos Aires - La noticia duró poco, pero su impacto potencial fue considerable. Un programa de la radiotelevisión pública española, Mañaneros 360, difundió la existencia de un supuesto “plan de contingencia” elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez para responder a una eventual nueva crisis migratoria provocada desde Marruecos. La información sugería que Madrid estudiaba mecanismos destinados a elevar el coste para Rabat de una eventual utilización de los flujos migratorios como instrumento de presión sobre España, particularmente en las fronteras de Ceuta y Melilla. El Gobierno español negó posteriormente, de manera categórica, que semejante plan existiera y calificó de falsa la información. RTVE retiró después la publicación de sus redes sociales.
La precisión no es menor. La versión inicialmente difundida no hablaba simplemente de medidas preventivas para proteger las fronteras españolas, algo perfectamente compatible con las obligaciones de cualquier Estado. Presentaba, en cambio, la posibilidad de que Marruecos estuviera dispuesto a provocar deliberadamente una crisis migratoria y atribuía a Madrid la intención de preparar una respuesta de carácter disuasorio. El Gobierno español rechazó precisamente esa interpretación.

La controversia aparece, además, en un momento particularmente sensible. Durante el verano de 2026, Ceuta volvió a experimentar una fuerte presión migratoria. A finales de julio se produjo una llegada masiva de migrantes por tierra y mar, mientras que durante los días siguientes las autoridades españolas y marroquíes reforzaron sus dispositivos de seguridad ante nuevas convocatorias difundidas a través de las redes sociales. Reuters informó el 14 de agosto de que las autoridades marroquíes habían detenido a más de un centenar de personas que intentaban alcanzar Ceuta, mientras España incrementaba sustancialmente su presencia policial en el enclave.

El episodio confirma que existe un problema migratorio real y que España necesita disponer de mecanismos de prevención y respuesta. Pero de ello no se desprende necesariamente la existencia de una estrategia española dirigida contra Marruecos. La diferencia es sustancial. Una política de protección fronteriza puede coexistir con una relación bilateral cooperativa; un plan concebido explícitamente para penalizar o presionar al país vecino implicaría, en cambio, una modificación mucho más profunda de la relación estratégica.

Una relación demasiado importante para quedar subordinada a la cuestión migratoria

La realidad de las relaciones hispano-marroquíes difícilmente encaja con la imagen de dos Estados encaminados hacia una nueva confrontación. Desde la adopción de la hoja de ruta de abril de 2022, Madrid y Rabat han procurado construir un marco de cooperación más amplio y estable. La XIII Reunión de Alto Nivel, celebrada en diciembre de 2025, volvió a ratificar la voluntad de ambos gobiernos de profundizar una relación definida oficialmente como moderna, global y transversal.

El fundamento material de esa relación es particularmente sólido. España es desde hace años el principal socio comercial de Marruecos. En 2024, los intercambios bilaterales alcanzaron los 22.693 millones de euros, un récord histórico, con un crecimiento superior al 7%. Más de 6.000 empresas españolas exportan regularmente al mercado marroquí y más de 900 cuentan con filiales o participaciones significativas en compañías del país. Marruecos se ha convertido, además, en el principal destino de la inversión española en África.

Las cifras revelan una interdependencia que trasciende ampliamente el comercio convencional. Empresas españolas participan en proyectos marroquíes de infraestructura, transporte, agua y energía, mientras Marruecos ocupa una posición cada vez más importante dentro de las cadenas productivas que conectan Europa con África. Para España, la proximidad geográfica convierte al reino alauí en una plataforma natural hacia el continente africano; para Marruecos, la vinculación con la economía española facilita su conexión con el mercado europeo.

Esa dimensión económica explica por qué una crisis diplomática tendría costes para ambos países. Madrid no tiene interés en deteriorar una relación que ofrece oportunidades comerciales, energéticas y empresariales crecientes. Rabat tampoco parece tener incentivos para poner en riesgo una asociación que le proporciona acceso privilegiado a uno de los principales mercados europeos.

La misma lógica opera en materia de seguridad. España y Marruecos mantienen una cooperación estrecha contra el terrorismo, la radicalización violenta, el crimen organizado y las redes dedicadas al tráfico de personas. En febrero de 2025, los ministros del Interior de ambos países calificaron la cooperación policial bilateral de extraordinaria y reafirmaron su voluntad de profundizarla. Madrid destacó entonces el papel marroquí en la lucha contra las mafias de tráfico de seres humanos y definió a Marruecos como un socio leal y fiable de España y de la Unión Europea.

La cooperación migratoria, por tanto, no constituye un elemento marginal de la relación bilateral. Es uno de sus pilares. Madrid necesita la colaboración marroquí para contener las redes de tráfico de personas y reducir las salidas hacia territorio español, mientras Rabat obtiene de esa cooperación reconocimiento político, asistencia europea y un interlocutor privilegiado dentro de la Unión Europea.

Ceuta y Melilla: el punto más vulnerable

La cuestión migratoria constituye, sin embargo, el área donde la relación bilateral presenta mayores riesgos. Ceuta y Melilla son espacios especialmente sensibles porque allí confluyen soberanía, seguridad fronteriza, movilidad humana y las complejas relaciones de vecindad entre España y Marruecos.

La crisis de 2021 demostró hasta qué punto una alteración de la cooperación puede provocar consecuencias inmediatas. Pero también puso de manifiesto el elevado coste de una ruptura. Desde entonces, Madrid y Rabat han trabajado para evitar que la cuestión migratoria vuelva a convertirse en un mecanismo de confrontación general.

Incluso durante la reciente crisis, la interlocución entre ambos gobiernos se mantuvo abierta. El presidente Pedro Sánchez afirmó durante su visita a Ceuta, a finales de julio, que la cooperación con Marruecos había sido constante y fluida y destacó que la interlocución con las autoridades marroquíes había sido muy distinta de la registrada en 2021.

Ese dato resulta particularmente significativo. Si existiera una decisión política de Madrid de considerar a Marruecos como adversario estratégico, resultaría difícil conciliarla con la continuidad de los canales de cooperación que funcionan precisamente durante los episodios de mayor tensión.

El riesgo de una crisis fabricada por terceros

Es en este punto donde adquiere interés la hipótesis de que existan actores interesados en deteriorar la relación entre España y Marruecos. No existen, al menos a partir de la información disponible, elementos suficientes para atribuir la difusión del supuesto plan a una organización o Estado concreto. Sería, por tanto, imprudente convertir esa posibilidad en una acusación.

Pero la existencia de intereses que podrían beneficiarse de una confrontación hispano-marroquí constituye una hipótesis políticamente razonable. La relación entre ambos países afecta a equilibrios mucho más amplios que los estrictamente bilaterales. Incide sobre la política migratoria europea, la seguridad del Mediterráneo occidental, las rutas comerciales, las inversiones, la cooperación antiterrorista y la posición de Marruecos dentro de la arquitectura estratégica europea y africana.

Por ello, cualquier información que presente a Rabat como una amenaza para España puede ser utilizada para alimentar percepciones de desconfianza y favorecer posiciones políticas contrarias a la cooperación. La difusión de una información posteriormente desmentida, especialmente cuando procede de un medio público y adquiere rápidamente circulación en medios españoles y marroquíes, puede generar consecuencias incluso después de haber sido retirada. El propio documento aportado señala que la publicación terminó circulando en ambos países y trasladó al terreno bilateral una versión que carecía de respaldo oficial.

La cuestión fundamental, por tanto, no es solamente quién difundió la información, sino a quién podría beneficiar una percepción de creciente hostilidad entre Madrid y Rabat.

La necesidad de separar la crisis de la relación estratégica

España tiene el derecho y la obligación de proteger sus fronteras y de preparar respuestas ante eventuales crisis migratorias. Marruecos, por su parte, tiene la responsabilidad de controlar sus fronteras y combatir las redes criminales que utilizan a los migrantes. Ninguna de esas obligaciones requiere transformar al otro país en un adversario.

La cooperación bilateral ya ha demostrado que puede producir resultados. En 2024, Madrid destacó la reducción de las llegadas irregulares y la eficacia de la cooperación contra las mafias dedicadas al tráfico de personas. Al mismo tiempo, la apertura de las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, la expansión de la migración circular y la coordinación policial muestran que la relación se encuentra asentada sobre intereses concretos y no únicamente sobre declaraciones diplomáticas.

A ello se añade un horizonte que difícilmente encaja con una estrategia de confrontación: España, Marruecos y Portugal serán países anfitriones del Mundial de Fútbol de 2030. Ambos gobiernos consideran el acontecimiento una oportunidad para profundizar los vínculos económicos, sociales y humanos entre las dos sociedades.

La desmentida del Gobierno español adquiere así una dimensión que supera el episodio mediático. Madrid ha enviado un mensaje inequívoco: la existencia de problemas migratorios en Ceuta y Melilla no significa que España haya decidido modificar su estrategia hacia Marruecos. La seguridad fronteriza continuará siendo una prioridad, pero dentro de un marco de cooperación.

La conclusión más razonable es que la relación hispano-marroquí atraviesa una fase de tensión localizada, no una nueva crisis estratégica. La presión migratoria puede provocar episodios graves y exigir respuestas contundentes, pero los intereses económicos, de seguridad y geopolíticos que vinculan a ambos países son demasiado profundos como para quedar subordinados a cada sobresalto fronterizo.

En este contexto, resulta especialmente importante evitar que informaciones no verificadas conviertan una dificultad concreta en una crisis diplomática general. España y Marruecos tienen numerosos intereses compartidos y ambos gobiernos parecen comprender que la estabilidad del Mediterráneo occidental depende, en buena medida, de preservar esa asociación. Precisamente por eso, cualquier actor que pretendiera convertir la cuestión migratoria en una fuente permanente de desconfianza estaría actuando contra una de las relaciones estratégicas más relevantes de la arquitectura política y económica entre Europa y el norte de África.