El giro diplomático que consolida a Rabat: el creciente respaldo internacional al plan marroquí para el Sáhara

 

La propuesta de autonomía impulsada por Marruecos ante Naciones Unidas gana apoyos en África, Europa, América y Asia, mientras Rabat convierte la cuestión del Sáhara en el eje central de una sofisticada estrategia diplomática diseñada bajo las directrices del rey Mohammed VI. La resolución 2797 del Consejo de Seguridad y el reciente alineamiento de Japón y Zambia reflejan una transformación profunda del escenario internacional.

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Buenos Aires - Durante décadas, la cuestión del Sáhara fue uno de los conflictos más prolongados y enconados del norte de África. Pero en los últimos años, y particularmente desde la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en octubre de 2025, el equilibrio diplomático en torno a este diferendo regional ha comenzado a inclinarse de manera cada vez más visible en favor de Marruecos y de su propuesta de autonomía bajo soberanía marroquí.

La iniciativa presentada por Rabat ante la ONU en 2007, considerada durante mucho tiempo como una de las múltiples fórmulas posibles para resolver el conflicto, ha pasado progresivamente a ser definida por un número creciente de capitales internacionales como la única base “seria”, “creíble”, “realista” y “duradera” para alcanzar una salida política negociada. Ese cambio semántico, aparentemente técnico, encierra en realidad una mutación geopolítica de gran profundidad.

La reciente posición adoptada por Japón constituye uno de los ejemplos más significativos de esta evolución. Tokio expresó oficialmente su satisfacción por la resolución 2797 del Consejo de Seguridad y sostuvo que “una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible” para resolver el diferendo. La declaración conjunta firmada entre el ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, y su homólogo japonés, Motegi Toshimitsu, marcó un salto cualitativo en la posición nipona.

Más relevante aún que el propio respaldo político fue la afirmación japonesa de que Tokio está dispuesto a actuar “a nivel diplomático y económico” conforme a esta nueva posición. La frase fue interpretada en Rabat como la señal de que una de las principales potencias asiáticas no solo respalda la propuesta marroquí, sino que comienza a integrar esa postura en sus decisiones estratégicas y comerciales.

El movimiento japonés no se produjo en el vacío. Forma parte de una dinámica internacional más amplia impulsada meticulosamente por la diplomacia marroquí durante los últimos años. Bajo las directrices directas del rey Mohammed VI, Rabat transformó el expediente del Sáhara en el núcleo central de su política exterior. El monarca estableció como principio rector que las relaciones internacionales del Reino debían medirse en función de la claridad de los apoyos a la integridad territorial marroquí.

La estrategia desplegada combinó varios niveles simultáneos. Por un lado, Marruecos profundizó su presencia económica y diplomática en África mediante inversiones, cooperación Sur-Sur y proyectos de integración regional. Por otro, consolidó alianzas con potencias occidentales y asiáticas interesadas en la estabilidad del norte africano y del Sahel. Paralelamente, Rabat impulsó grandes iniciativas geoeconómicas destinadas a convertir al país en un puente entre Europa, África y el Atlántico.

Entre esos proyectos destaca el Gasoducto África-Atlántico, concebido para conectar Nigeria con Marruecos y eventualmente con Europa occidental. La iniciativa, respaldada activamente por Rabat, no solo posee un enorme componente energético, sino también una dimensión geopolítica decisiva: reforzar el papel de Marruecos como plataforma estratégica entre África y Europa.

Japón ha mostrado especial interés en esa arquitectura regional impulsada por Rabat. Tokio valoró particularmente la Iniciativa de los Estados Africanos Atlánticos y los proyectos promovidos por Marruecos para integrar económicamente el espacio atlántico africano. Según la visión expresada por los responsables japoneses y marroquíes, el desarrollo del continente africano requiere fórmulas de integración regional estables y corredores de crecimiento capaces de garantizar seguridad energética, conectividad y estabilidad política.

La cuestión del Sáhara aparece así cada vez más vinculada a una lógica estratégica más amplia. Para numerosos actores internacionales, el conflicto ya no es percibido únicamente como un problema de descolonización inconclusa, sino también como un factor directamente relacionado con la estabilidad regional, la lucha contra el extremismo en el Sahel, los flujos migratorios y la seguridad energética entre África y Europa.

Ese cambio de percepción explica en parte el creciente apoyo internacional a la propuesta marroquí. Estados Unidos fue uno de los primeros grandes actores en reconocer explícitamente la soberanía marroquí sobre el Sáhara en 2020. Posteriormente, España respaldó públicamente la iniciativa de autonomía calificándola como la base “más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto. Francia, Alemania, Países Bajos y numerosos países africanos y árabes han convergido progresivamente hacia posiciones similares.

En África, el respaldo a Rabat se fortaleció notablemente durante los últimos años. Zambia reafirmó recientemente “su postura firme y constante a favor de la integridad territorial y la marroquinidad del Sáhara”, respaldando además la resolución 2797 y el plan de autonomía como “la única base seria, creíble y duradera” para alcanzar una solución política.

El posicionamiento zambiano no constituye un episodio aislado. Durante la última década, varios países africanos modificaron o revisaron sus posiciones históricas respecto del conflicto. Rabat logró consolidar una intensa red de alianzas continentales apoyada en cooperación económica, inversiones agrícolas, infraestructura, formación profesional y proyectos energéticos. La apertura de consulados de diversos países africanos en ciudades saharianas administradas por Marruecos fue interpretada por Rabat como un reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre la región.

La diplomacia marroquí, dirigida por Bourita, combinó pragmatismo económico y activismo político. El ministro se convirtió en uno de los principales arquitectos de una estrategia internacional destinada a construir consensos graduales en torno a la autonomía. Su acción diplomática se apoyó en una narrativa cuidadosamente elaborada: presentar el plan marroquí no como una imposición unilateral, sino como una solución pragmática capaz de garantizar estabilidad regional y desarrollo económico.

La resolución 2797 aprobada por el Consejo de Seguridad en 2025 representó un punto de inflexión decisivo. Por primera vez, el máximo órgano ejecutivo de Naciones Unidas afirmó de manera explícita que una autonomía genuina bajo soberanía marroquí podría constituir la solución más viable al conflicto. Aunque el texto no implicó un reconocimiento formal de soberanía, sí consolidó el marco político defendido por Rabat desde hacía casi dos décadas.

La resolución también reforzó el papel del enviado personal del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, insistiendo en la necesidad de negociaciones realistas y sin condiciones previas. Para Marruecos, la importancia del texto radicó en que desplazó progresivamente el eje de la discusión internacional desde la idea de un referéndum de autodeterminación —bloqueado durante décadas por desacuerdos sobre el censo y los criterios de participación— hacia una lógica de solución política negociada basada en la autonomía.

Rabat sostiene desde hace años que el referéndum se volvió impracticable y que la autonomía constituye la única vía capaz de cerrar definitivamente el conflicto. El Frente Polisario, por el contrario, continúa defendiendo el derecho de autodeterminación mediante consulta popular. Sin embargo, la correlación diplomática internacional parece evolucionar cada vez más en favor de la tesis marroquí.

Ese fortalecimiento externo coincidió además con una ofensiva de proyección internacional del Reino en múltiples frentes. Marruecos intensificó su papel como actor de estabilidad regional, reforzó su cooperación migratoria con Europa, amplió sus vínculos militares con Estados Unidos y potencias occidentales y multiplicó sus iniciativas africanas. Al mismo tiempo, Rabat buscó consolidarse como centro logístico y financiero regional, aprovechando su ubicación estratégica entre Europa y África.

La monarquía marroquí comprendió tempranamente que el expediente del Sáhara no podía resolverse únicamente mediante argumentos históricos o jurídicos. Era necesario convertir a Marruecos en un socio indispensable para las grandes potencias. En esa lógica se inscriben tanto la expansión de los puertos atlánticos marroquíes como las grandes iniciativas energéticas y de integración africana impulsadas directamente por Mohammed VI.

La reciente aproximación entre Rabat y Tokio refleja precisamente esa nueva dimensión geopolítica. Japón percibe a Marruecos no solo como un aliado diplomático, sino también como una plataforma estratégica para su proyección económica hacia África. El fortalecimiento del eje Rabat-Tokio incluye cooperación triangular con países africanos, inversiones industriales y coordinación política regular.

En paralelo, Marruecos procura vincular el apoyo internacional a su propuesta de autonomía con una imagen de modernización y estabilidad. La organización conjunta del Mundial de fútbol de 2030 junto a España y Portugal forma parte también de esa narrativa de proyección global y consolidación internacional.

A ojos de Rabat, el creciente respaldo internacional confirma la eficacia de una estrategia diplomática sostenida durante años con disciplina y continuidad. La cuestión del Sáhara dejó de ser presentada exclusivamente como un litigio territorial para convertirse en una pieza central de una visión más amplia sobre estabilidad regional, integración africana y seguridad euroafricana.

Aunque el conflicto permanece formalmente abierto y Naciones Unidas continúa impulsando negociaciones políticas, el equilibrio diplomático internacional parece moverse gradualmente hacia una consolidación de la propuesta marroquí. El apoyo creciente de actores de peso en Europa, África, América y Asia revela hasta qué punto Marruecos logró transformar un expediente históricamente complejo en un eje de legitimación internacional y de proyección estratégica del Reino en el escenario global.

 

La peligrosa deriva de la confrontación entre Israel y Turquía, otra amenaza a la estabilidad de Medio Oriente

 

La pugna entre Ankara y Tel Aviv ha trascendido hace tiempo el ámbito del discurso político y las crisis diplomáticas episódicas para convertirse en una competencia estructural por el control de corredores energéticos, la reconfiguración del poder en Siria, la influencia en el Mediterráneo oriental y la proyección estratégica en el Cuerno de África. Esta dinámica configura un nuevo eje de tensión regional con repercusiones globales, que involucra a Estados Unidos, la OTAN, Grecia, Chipre, Azerbaiyán, Arabia Saudita, Pakistán e incluso India. Detrás de las declaraciones incendiarias y las alianzas militares en gestación se vislumbra una lucha por la hegemonía en Oriente Próximo que redefine el equilibrio de poder surgido tras el colapso del orden regional anterior.

 

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Buenos Aires - Durante décadas, las relaciones entre Recep Tayyip Erdoğan y Benjamín Netanyahu se caracterizaron por un pragmatismo estratégico teñido de desconfianza ideológica. Turquía fue el primer país de mayoría musulmana en reconocer al Estado de Israel en 1949, y ambos mantuvieron una cooperación militar e de inteligencia profunda durante años. Sin embargo, ese vínculo pertenece al pasado. La crisis del buque Mavi Marmara[i] en 2010 abrió una herida que nunca cicatrizó por completo. Desde entonces, las relaciones se deterioraron de forma progresiva, entrando en una fase de confrontación abierta tras la guerra en Gaza y la ampliación de las disputas geopolíticas en Siria y el Mediterráneo oriental. Las acusaciones mutuas han adquirido una dimensión no solo retórica, sino militar y estratégica concreta.

En Ankara, el presidente Erdoğan ha endurecido su retórica contra Israel hasta niveles sin precedentes. En abril de 2026, durante un discurso en la Conferencia Internacional de Partidos Políticos de Asia en Estambul, Erdoğan calificó las acciones israelíes de “red de genocidio manchada de sangre” que “continúa matando a niños, mujeres y civiles inocentes sin regla ni principio alguno, ignorando todos los valores humanos”. Asimismo, ha comparado las políticas del primer ministro Netanyahu con las de Hitler y ha advertido que “así como entramos en Karabaj y en Libia, podríamos hacer lo mismo con ellos. No hay nada que lo impida; solo se requiere fuerza y unidad”. Altos funcionarios turcos, como el ministro de Exteriores Hakan Fidan, han acusado a Israel de buscar convertir a Turquía en su “nuevo enemigo” tras el debilitamiento de Irán. Fidan declaró en abril de 2026: “Después de Irán, Israel no puede vivir sin un enemigo. Vemos que tanto en el Gobierno de Netanyahu como en parte de la oposición se busca declarar a Turquía el nuevo adversario”.

Del lado israelí, miembros del Gobierno de Netanyahu sostienen que Turquía aspira a convertirse en la nueva potencia hegemónica islamista de Oriente Próximo, aprovechando el debilitamiento iraní y el colapso del equilibrio sirio anterior. El propio Netanyahu ha acusado públicamente a Erdoğan de “masacrar a sus propios ciudadanos kurdos” y de “acomodar al régimen terrorista de Irán y sus proxies”. Funcionarios israelíes como el ex primer ministro Naftali Bennett han advertido que “está surgiendo una nueva amenaza turca” comparable a la iraní, y el ministro de Defensa Israel Katz ha calificado a Erdoğan de “hombre de los Hermanos Musulmanes” y “tigre de papel”. Analistas israelíes describen cada vez más a Ankara como un actor capaz de forjar una red de aliados a expensas de Israel, con Siria como eje central.

Esta creciente hostilidad se explica, en gran medida, por la disputa por los corredores energéticos entre Oriente Medio y Europa. El Mediterráneo oriental se ha consolidado como uno de los principales escenarios geopolíticos del siglo XXI. Israel, Grecia y Chipre impulsan desde hace años el proyecto del gasoducto EastMed, diseñado para transportar gas natural desde los yacimientos israelíes y chipriotas hacia Europa, evitando territorio turco. Aunque el proyecto enfrentó dificultades técnicas y económicas —y perdió apoyo explícito estadounidense en 2022—, en 2025 y 2026 los tres países han intentado revivirlo, vinculándolo además al Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC). Este esquema no solo es energético, sino estratégico: consolida un eje greco-israelí-chipriota respaldado por Occidente y limita la influencia turca sobre las rutas energéticas regionales.

Turquía percibe esta iniciativa como una amenaza existencial a su soberanía marítima y económica. La doctrina de la “Patria Azul” (Mavi Vatan), promovida por sectores nacionalistas y militares cercanos al Gobierno, busca expandir la zona de influencia marítima turca en el Mediterráneo oriental y cuestiona las delimitaciones marítimas acordadas por Grecia y Chipre. Ankara ha respondido impulsando alternativas, como corredores energéticos que incluyan un posible enlace Qatar-Turquía a través de Siria, y ha mantenido un embargo comercial integral contra Israel desde 2024. El ministro Fidan ha señalado que la cooperación militar entre Grecia, Chipre e Israel “no genera más confianza, sino más problemas y guerra”.

Esta competencia energética se entrelaza de manera inextricable con la guerra y la reconfiguración de Siria. Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, Turquía emergió como el actor con mayor capacidad de influencia en el nuevo equilibrio damasceno. Ankara ha consolidado tropas en el norte del país, cultivado estructuras de gobernanza alineadas con sus intereses y bloqueado cualquier autonomía kurda significativa. Busca, además, ampliar su profundidad estratégica hacia el Levante. Israel observa con profunda preocupación este avance. Para Tel Aviv, una Siria bajo fuerte influencia turca podría representar una amenaza superior a la que suponía Irán en la era Assad. Fuentes israelíes indican que la aviación de Israel ha realizado casi un millar de ataques aéreos y de artillería en los primeros siete meses posteriores a la caída de Assad —casi el triple que en los siete años previos—, con el objetivo explícito de frustrar la instalación de infraestructura militar turca, incluyendo bases y sistemas antiaéreos. Turquía ha condenado estos ataques como “escalada peligrosa” y ha logrado, mediante mediación azerbaiyana, un mecanismo de desescalada militar para evitar choques directos.

La cuestión kurda agrava aún más la rivalidad. Israel ha expresado simpatía hacia las aspiraciones de los kurdos en Siria e Irak —describiéndolos en ocasiones como “aliados naturales”—, una posición que Ankara considera una línea roja absoluta. Esta divergencia de visiones sobre el futuro sirio —Turquía busca un Gobierno central amigo y unificado bajo su influencia; Israel prioriza la fragmentación que impida cualquier amenaza unificada en su frontera norte— ha convertido Siria en el epicentro del choque geopolítico.

El conflicto se proyecta también hacia el Cuerno de África, una de las regiones más estratégicas del planeta. En Somalia, Turquía mantiene su mayor base militar en el extranjero en Mogadiscio y ha invertido miles de millones en infraestructura, entrenamiento de las fuerzas armadas somalíes y cooperación económica. En 2025-2026, Ankara anunció planes para un espacio-port en Somalia y reforzó su presencia naval y aérea, incluyendo despliegues de F-16. Pretende convertir el Cuerno en una plataforma de proyección hacia el mar Rojo y el océano Índico. Israel, por su parte, busca reforzar su presencia para controlar rutas marítimas críticas entre Asia, África y Europa. En diciembre de 2025, Israel reconoció formalmente la independencia de Somalilandia —la primera potencia de la ONU en hacerlo—, generando una fuerte reacción en Turquía y Qatar. El presidente Erdoğan condenó la medida como “ilegal e intervencionista”, una violación de la integridad territorial somalí y un intento deliberado de socavar la influencia turca. El portavoz del Ministerio de Exteriores turco, Öncü Keçeli, lo describió como “otro ejemplo de las políticas expansionistas del Gobierno Netanyahu destinadas a crear inestabilidad regional”. El estrecho de Bab el-Mandeb, vital para el comercio energético global, se ha convertido así en un nuevo frente de competencia indirecta.

La rivalidad ya no es meramente bilateral. Se han consolidado bloques regionales cada vez más definidos. Israel ha profundizado su alianza estratégica con Grecia y Chipre —basada en cooperación energética, ejercicios militares conjuntos e inteligencia compartida— y explora su ampliación hacia India a través de corredores como el IMEC. Frente a este eje aparece un conglomerado potencial integrado por Turquía, Azerbaiyán —aliado clave tras la guerra de Nagorno-Karabaj—, Pakistán —con creciente cooperación militar— y, eventualmente, Arabia Saudita, cuya aproximación dependerá de la evolución frente a Irán y la situación en Gaza.

Estados Unidos observa el escenario con creciente inquietud. Washington mantiene vínculos estratégicos con ambos países: Israel como aliado fundamental y Turquía como miembro clave de la OTAN por su control de los estrechos y su peso militar. El enviado especial estadounidense Tom Barrack ha calificado las tensiones de “retórica” y ha instado a la cooperación en seguridad y energía, afirmando que “Turquía no es un país con el que se pueda jugar”. Sin embargo, una confrontación directa entre Ankara y Tel Aviv podría fracturar el sistema de alianzas occidentales. Para la OTAN, el dilema es delicado: Turquía es uno de sus principales ejércitos y controla posiciones estratégicas vitales, mientras Israel mantiene una estrecha cooperación militar con miembros occidentales. La posibilidad de que Ankara ejerza su veto en la Alianza genera preocupación en círculos políticos y militares de Bruselas y Washington.

En paralelo, la retórica y la preparación militarista continúan escalando. Turquía ha exhibido avances en misiles balísticos, drones y sistemas de largo alcance capaces de alcanzar objetivos en el Mediterráneo oriental. Israel, por su parte, ha intensificado operaciones en Siria y reforzado sus defensas ante posibles amenazas regionales ampliadas. En este contexto emerge una cuestión particularmente explosiva: la posibilidad futura de que Turquía aspire a una capacidad nuclear militar. Aunque Ankara es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, Erdoğan ha cuestionado públicamente el “monopolio nuclear” israelí en la región, afirmando en el pasado que “el poder nuclear militar debe estar prohibido para todos o permitido para todos”. Sectores nacionalistas turcos argumentan que la asimetría estratégica actual coloca a Turquía en una posición vulnerable y que Ankara debería contar con una disuasión equivalente. Aunque este escenario sigue siendo remoto, el deterioro del orden regional y la proliferación de alianzas rivales lo hacen cada vez menos impensable.

La paradoja radica en que Turquía e Israel comparten aún intereses comunes sustanciales: ambos temen la expansión del caos regional, requieren estabilidad económica y mantienen vínculos comerciales profundos. No obstante, la lógica geopolítica —acentuada por el vacío dejado tras el debilitamiento iraní y la reconfiguración siria— parece empujarlos hacia una confrontación cada vez más estructural. Lo que está en juego ya no se limita a Siria, Gaza o el Mediterráneo oriental: se trata del liderazgo político, militar y energético del nuevo Oriente Próximo. En esa lucha, Ankara y Tel Aviv parecen convencidos de que el espacio para la coexistencia estratégica se reduce día tras día, configurando un escenario de alto riesgo para la estabilidad regional y global.

 

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[i] MAVI MARMARA: El 31 de mayo de 2010, comandos israelíes abordaron el buque Mavi Marmara de bandera turca en aguas internacionales, matando a diez activistas turcos e hiriendo a decenas de ellos, provocando una grave crisis diplomática entre Israel y Turquía. La nave encabezaba una “Flotilla de la Libertad” para romper el bloqueo de Gaza.

Las grietas del separatismo: el azote que amenaza con fragmentar la paz mundial

 

En un planeta que se enorgullece de su interconexión económica y tecnológica, el separatismo emerge una vez más como una de las fuerzas más disruptivas y persistentes de la inestabilidad internacional.

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Buenos Aires - Lejos de ser un vestigio del pasado colonial o de las posguerras mundiales, los movimientos secesionistas —alimentados por identidades étnicas, resentimientos históricos, ambiciones económicas o manipulaciones geopolíticas— siguen abriendo brechas en el mapa mundial, alimentando conflictos armados, desplazamientos masivos y un cuestionamiento permanente de las fronteras establecidas. Desde los Balcanes hasta el Cáucaso, de las estepas africanas a los Andes sudamericanos, estas reivindicaciones no solo ponen a prueba la integridad territorial de los Estados, sino que erosionan la frágil arquitectura de la seguridad global.

El fenómeno no es nuevo, pero su capacidad de mutar y adaptarse a los tiempos lo convierte en un desafío de primer orden para el siglo XXI. La historia contemporánea está jalonada de episodios en los que minorías nacionales o étnicas, reales o instrumentalizadas, han servido de pretexto o detonante para catástrofes de escala planetaria. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, con su afán de redibujar Europa sobre bases supuestamente nacionales, dejó a millones de alemanes étnicos convertidos en minorías en los nuevos Estados de Checoslovaquia y Polonia. Aquellos llamados “sudetes” fueron la grieta que Adolf Hitler explotó con maestría propagandística para justificar primero la anexión de los Sudetes y, poco después, la invasión de Polonia en 1939, desencadenando así la Segunda Guerra Mundial. El expansionismo nazi demostró cómo una reivindicación separatista, hábilmente manipulada, podía convertirse en el ariete de una conflagración global.

Décadas más tarde, en los Balcanes, el separatismo albanés de Kosovo volvió a ilustrar con crudeza la peligrosidad de estas dinámicas. La guerra de 1998-1999, que enfrentó a las fuerzas yugoslavas con el Ejército de Liberación de Kosovo y culminó con la intervención aérea de la OTAN, dejó un saldo de más de 13.500 muertos, 1,4 millones de albaneses desplazados y, posteriormente, el éxodo de 200.000 serbios y otras minorías no albanesas. El Tratado de Kumanovo puso fin a las hostilidades, pero no a las tensiones: Kosovo proclamó su independencia en 2008, reconocida solo parcialmente, y sigue siendo un foco de controversia jurídica y política que pone de manifiesto los límites del consenso internacional. Serbia, convertida en el país europeo con mayor número de refugiados y desplazados, arrastra aún las secuelas de aquel conflicto.

Estos no son casos aislados. En África, las fronteras trazadas por las potencias coloniales europeas sin respeto alguno a las realidades étnicas o tribales sembraron el terreno para tragedias posteriores. La guerra de Biafra en Nigeria, entre 1967 y 1970, fue un ejemplo paradigmático: el intento de secesión de la región sudoriental, rica en petróleo y habitada mayoritariamente por igbos, derivó en una cruenta guerra civil que causó al menos un millón de muertos y dos millones de desplazados. La internacionalización del conflicto, con mercenarios y potencias extranjeras involucradas bajo el paraguas de Naciones Unidas, anticipó un patrón que se repetiría en otros escenarios poscoloniales. Hoy, en el Sahel, en la Cabilia argelina o en el conflicto del Sáhara Occidental —donde el Frente Polisario mantiene desde 1975 a decenas de miles de saharauis en campamentos de Tinduf, en territorio argelino—, el separatismo étnico y tribal sigue generando inestabilidad crónica, agravada por el cambio climático, la desertificación y rivalidades interestatales.

En Asia, la cuestión kurda encarna como ninguna otra la tragedia de un pueblo sin Estado. Más de cuarenta millones de kurdos repartidos entre Turquía, Irak, Irán y Siria han convertido el Kurdistán en una permanente fuente de inestabilidad, con organizaciones armadas que oscilan entre la lucha por la autonomía y la confrontación abierta. Su situación, marcada por represión estatal y violaciones sistemáticas de derechos humanos, se replica en otros casos: los uigures de Xinjiang, ocho millones de musulmanes sometidos por Pekín a una vigilancia extrema y a campos de “reeducación” para erradicar lo que el Partido Comunista califica de “extremismo”; los tibetanos, cuya resistencia —incluidas inmolaciones públicas entre 2010 y 2012— ha sido respondida con detenciones y torturas; o el eterno contencioso de Taiwán, una democracia próspera y funcional que opera como Estado de facto pero que permanece excluida del reconocimiento universal por la presión diplomática china.

América Latina no escapa a esta dinámica, aunque sus manifestaciones sean menos letales en términos bélicos. En Canadá, el independentismo quebequés ha marcado la política nacional durante décadas. En Estados Unidos, los nacionalistas puertorriqueños protagonizaron en los años setenta y ochenta una oleada de atentados. En el Cono Sur, el movimiento mapuche —que reivindica un “Wallmapu” que abarcaría desde el río Limarí en Chile hasta la Patagonia argentina— combina demandas territoriales legítimas con acciones violentas que han derivado en incendios, sabotajes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Organizaciones como la Coordinadora Arauco Malleco o la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), liderada en Argentina por figuras como Facundo Jones Huala, han declarado una “guerra de liberación” contra el “Estado burgués”, las empresas forestales y las iglesias, aprovechando la porosidad de la frontera andina para operar en ambos países. En Bolivia, el expresidente Evo Morales ha alentado proyectos como una “República Aymara” en torno al lago Titicaca, mientras en Santa Cruz de la Sierra persiste un separatismo de signo contrario, impulsado por elites de origen europeo reacias al centralismo indígena de La Paz.

El separatismo adopta formas diversas, lo que dificulta su clasificación y, sobre todo, su contención. Puede ser étnico, como en el caso kurdo o igbo; lingüístico y cultural, como en Cataluña, Escocia o el País Vasco, donde movimientos mayoritariamente pacíficos han desafiado la integridad territorial de Estados democráticos consolidados; religioso, como entre los baluchis de “Jaish al-Adl”, cuyo reciente protagonismo en los intercambios de misiles y drones entre Pakistán e Irán ilustra cómo minorías armadas pueden internacionalizar tensiones regionales; o económico, cuando regiones ricas en recursos —petróleo en Biafra, gas en el Kurdistán iraquí— aspiran a romper lazos con centros percibidos como explotadores. En ocasiones se presenta como mera demanda de autonomía; en otras, como proyecto explícito de independencia. Lo que subyace en todos es una narrativa de identidad diferenciada, frecuentemente acompañada de percepciones —reales o construidas— de discriminación y marginalización.

Uno de los aspectos más inquietantes del separatismo contemporáneo es la proliferación de entidades que funcionan como Estados de facto pero carecen de reconocimiento internacional pleno. Somalilandia, que desde 1991 opera con constitución, moneda, gobierno propio y un nivel de estabilidad superior al de la Somalia caótica, sigue siendo un Estado no reconocido pese a haber celebrado elecciones multipartidistas avaladas por observadores internacionales. Puntlandia, en el mismo Cuerno de África, comparte ese limbo jurídico. En el Cáucaso, Abjasia y Osetia del Sur, Transnistria en Moldavia, el norte de Chipre y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk conforman un archipiélago de entidades que operan con estructuras estatales pero permanecen en un limbo diplomático. Taiwán, con su sistema político y económico plenamente desarrollado y reconocido solo por un puñado de países —entre ellos Paraguay, Guatemala, Belice, Haití y varios microestados del Pacífico—, representa el caso más notorio y geopolíticamente sensible de esta ambigüedad. Kosovo, parcialmente reconocido, cierra esta lista de realidades que desafían la convención westfaliana de la soberanía.

Estos “Estados de facto” plantean interrogantes fundamentales sobre el orden internacional: ¿qué define realmente a un Estado, el control efectivo del territorio o el reconocimiento por parte de la comunidad? ¿Hasta qué punto el principio de autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de Naciones Unidas, puede prevalecer sobre el de integridad territorial? La respuesta, en la práctica, depende más de consideraciones políticas y correlaciones de fuerza que de principios jurídicos coherentes, lo que alimenta acusaciones de doble rasero y debilita la credibilidad del sistema multilateral.

Expertos de renombre han alertado repetidamente sobre los riesgos de esta fragmentación descontrolada. El politólogo estadounidense Robert Kaplan ha señalado que “la fragmentación estatal es una de las principales amenazas del siglo XXI, porque multiplica los actores armados y dificulta la gobernanza global”. En una línea similar, el historiador británico Eric Hobsbawm advertía que “el nacionalismo, en sus formas más extremas, tiende a ser excluyente y potencialmente violento, especialmente cuando se combina con agravios históricos reales o percibidos”. La académica canadiense Margaret MacMillan, por su parte, ha subrayado que muchas de las fronteras actuales son el resultado de decisiones políticas contingentes, no de realidades naturales: “Las líneas en el mapa pueden parecer fijas, pero en realidad son profundamente inestables cuando no reflejan identidades compartidas”.

El problema se agrava cuando los movimientos separatistas reciben respaldo —explícito o encubierto— de Estados que buscan debilitar a sus rivales. La instrumentalización geopolítica convierte conflictos locales en proxies de grandes potencias, difuminando la frontera entre reivindicación legítima y estrategia de poder. A ello se suma el rol de las nuevas tecnologías: las redes sociales han amplificado la capacidad de estos movimientos para difundir narrativas, reclutar simpatizantes y presionar a gobiernos e instituciones internacionales. Lo que antes quedaba confinado a un ámbito regional se internacionaliza en cuestión de horas, generando una presión constante sobre organismos como la ONU, el Consejo de Derechos Humanos o la Comisión de Descolonización.

Los separatistas suelen apelar al principio de autodeterminación surgido de los Catorce Puntos de Woodrow Wilson y al de nacionalidades del siglo XIX, que contribuyeron a desintegrar imperios pero también sembraron las semillas de futuras guerras. En la práctica, muchos de estos movimientos son dirigidos por elites políticas que se autoproclaman únicos representantes de “su” pueblo y no dudan en recurrir a la violencia contra disidentes internos. Rara vez sobreviven sin apoyo financiero y político externo, ya sea de Estados rivales, ONG internacionales o foros como el Grupo de Puebla o la Internacional Socialista. Sus representantes viajan por el mundo, establecen contactos en universidades y medios, y utilizan las redes para construir una imagen de víctimas oprimidas.

En última instancia, el separatismo revela una paradoja central del mundo contemporáneo: mientras la globalización integra economías y sociedades, las identidades locales y nacionales siguen ejerciendo un poder movilizador formidable. La aspiración por pertenecer a una comunidad política propia, con instituciones y símbolos compartidos, continúa siendo un motor de acción colectiva. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que la proliferación de Estados fragmentados multiplica los riesgos de conflicto, complica la lucha contra el terrorismo, las pandemias o el cambio climático y erosiona la capacidad de la comunidad internacional para actuar de manera coordinada.

El desafío, por tanto, no es erradicar el separatismo —una tarea imposible y, en muchos casos, indeseable cuando responde a injusticias genuinas—, sino gestionarlo con inteligencia. Fortalecer mecanismos de autonomía real, garantizar derechos de las minorías, promover diálogos negociados y evitar la lógica de suma cero parecen las únicas vías para contener sus efectos más destructivos. Pero la historia también enseña que no existen fórmulas mágicas ni soluciones permanentes. En un mundo interconectado pero cada vez más fragmentado, la estabilidad dependerá de la capacidad de los Estados y de las instituciones multilaterales para canalizar estas aspiraciones sin que, una vez más, se conviertan en el preludio de nuevos conflictos. El separatismo, en sus múltiples y mutantes formas, seguirá siendo una constante del escenario global. La pregunta es si la comunidad internacional aprenderá a convivir con él sin que termine por devorarla.

 

La diplomacia de Rabat gana terreno: el respaldo atlántico impulsa el plan marroquí para el Sáhara

 

Canadá, Estados Unidos y Alemania consolidan en apenas días una posición convergente de apoyo en torno a la Iniciativa para un Plan de Autonomía para la región del Sáhara, presentada por Marruecos ante Naciones Unidas, en un giro que refleja el peso de la estrategia internacional del rey Mohammed VI.

 

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Buenos Aires - En cuestión de jornadas, una secuencia de declaraciones oficiales ha reconfigurado el equilibrio diplomático en torno al contencioso del Sáhara. Tres actores clave del espacio euroatlántico —Canadá, Estados Unidos y Alemania— han reiterado de forma pública y coordinada su respaldo a la propuesta de autonomía presentada por Marruecos ante Naciones Unidas, subrayando su carácter “serio, creíble y realista” como base para una solución duradera al conflicto.

El movimiento no es casual ni aislado. Responde a una estrategia diplomática cuidadosamente diseñada y ejecutada durante años por el rey Mohammed VI, que ha logrado desplazar progresivamente el eje de las discusiones internacionales desde la autodeterminación clásica hacia fórmulas de autonomía bajo soberanía marroquí.

El gesto más reciente llegó desde Ottawa. El Gobierno canadiense reconoció explícitamente el plan marroquí como una base válida para una “solución mutuamente aceptable” del diferendo regional. La declaración, emitida tras contactos de alto nivel entre responsables diplomáticos de ambos países, supone un matiz relevante en la posición tradicional de Canadá, que ahora no solo respalda el proceso auspiciado por la ONU, sino que identifica claramente la iniciativa de Rabat como un punto de partida legítimo. El reconocimiento se acompaña de la referencia a la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, adoptada en 2025, que refuerza la necesidad de un arreglo político duradero en el marco multilateral.

Casi en paralelo, desde Rabat, Estados Unidos volvió a elevar el tono de su respaldo. En una comparecencia tras reuniones bilaterales, un alto responsable del Departamento de Estado reiteró el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio, una posición ya consolidada en la política exterior estadounidense desde años anteriores. Más aún, Washington insistió en que la propuesta de un Plan de Autonomía constituye “la única base” para resolver un conflicto artificial que considera prolongado en exceso. El mensaje no se limita al plano político: incluye también el respaldo a la inversión estadounidense en la región, lo que introduce una dimensión económica que consolida los hechos sobre el terreno.

El tercer pilar de este giro lo aporta Alemania, cuya posición ha evolucionado de manera significativa en los últimos años. Berlín reafirmó la “centralidad” de la autonomía bajo soberanía marroquí, señalando que podría representar la solución más viable al diferendo. La declaración conjunta adoptada tras el diálogo estratégico entre ambos países no solo avala el plan como base de negociación, sino que va más allá al comprometer a Alemania a actuar conforme a esta posición tanto en el ámbito diplomático como en el económico. Este paso implica, en la práctica, una alineación más nítida con las tesis defendidas por Rabat.

El trasfondo de estas declaraciones revela una dinámica más amplia. El Sáhara, durante décadas un conflicto enquistado en la agenda internacional, ha pasado a inscribirse en un contexto geopolítico marcado por la competencia entre potencias, la seguridad energética y la estabilidad del flanco sur europeo. En ese escenario, Marruecos se ha posicionado como un socio estratégico fiable, capaz de articular alianzas en ámbitos que van desde la seguridad hasta la cooperación tecnológica, incluyendo iniciativas como los Acuerdos de Artemisa en materia espacial.

La clave de este reposicionamiento radica en la coherencia de la diplomacia marroquí. Bajo el liderazgo de Mohammed VI, Rabat ha desplegado una política exterior que combina pragmatismo y continuidad, apoyándose en relaciones bilaterales intensas y en una narrativa que presenta la autonomía como una solución intermedia, viable y alineada con el derecho internacional. El énfasis en el desarrollo económico del territorio y en la estabilidad regional ha contribuido a reforzar la credibilidad de esta propuesta ante socios occidentales.

Al mismo tiempo, el apoyo explícito al proceso liderado por Naciones Unidas permite a estos países mantener un equilibrio entre el respaldo a Marruecos y el respeto al marco multilateral. La resolución 2797 del Consejo de Seguridad actúa como punto de convergencia, legitimando la búsqueda de una solución política negociada sin cerrar formalmente otras opciones, aunque en la práctica el peso diplomático parece inclinarse cada vez más hacia la iniciativa marroquí.

Este alineamiento de potencias occidentales no resuelve por sí solo el conflicto, pero sí redefine sus parámetros. Al consolidar la autonomía como referencia central, reduce el margen de maniobra de las posiciones más alejadas de esa fórmula y refuerza la idea de que cualquier solución futura pasará, inevitablemente, por una negociación en torno a ese esquema.

En Rabat, la lectura es clara: la acumulación de apoyos no es el resultado de un giro repentino, sino la consecuencia de una estrategia sostenida en el tiempo. En las cancillerías occidentales, el mensaje también empieza a cristalizar: la estabilidad del Magreb y del entorno atlántico-sur pasa, en buena medida, por cerrar uno de los conflictos más longevos de la agenda internacional. Y en ese camino, la propuesta marroquí ha dejado de ser una opción más para convertirse, a ojos de muchos, en el punto de partida imprescindible.

 

Malí frente al abismo

 

Mientras los ojos del mundo se mantienes en Medio Oriente y la guerrar en Medio Oriente. Algunas naciones africanas viven su propio drama. Tal el caso de Máli, en el África Occidentes. Un Estado que se desmorona en el corazón del Sahel 

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Buenos Aires - En las primeras horas del 25 de abril de 2026, una ofensiva coordinada sin precedentes sacudió Malí desde sus cimientos. Grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y separatistas tuareg del Frente de Liberación del Azawad (FLA) lanzaron ataques simultáneos contra guarniciones clave, desde Kati —a escasos kilómetros de Bamako— hasta las ciudades nortenas de Kidal, Gao y Sévaré. El ministro de Defensa, el general Sadio Camara, cayó asesinado en un atentado con coche bomba en su feudo de Kati. Kidal, histórico bastión tuareg, pasó a manos rebeldes, mientras el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM) anunciaba un asedio a la capital y otras urbes principales. El silencio inicial del líder de la junta, el general Assimi Goïta, alimentó especulaciones sobre la estabilidad del régimen. Cuando finalmente habló, tres días después, proclamó que “la situación está bajo control” y prometió la “neutralización completa” de los agresores. Sin embargo, la magnitud de los acontecimientos —la muerte del segundo hombre fuerte del poder, la retirada táctica de fuerzas malienses y rusas de Kidal y el restablecimiento de una inédita alianza entre yihadistas y separatistas— ha expuesto con crudeza lo que los analistas vienen advirtiendo desde hace años: Malí representa hoy uno de los ejemplos más acabados de colapso estatal en el mundo contemporáneo.

Esta crisis no surge de la nada. Para comprenderla es indispensable atender, en primer lugar, a los condicionantes geográficos que han moldeado históricamente su fragilidad estructural; en segundo término, a su compleja composición social; y finalmente a la convergencia letal de insurgencias armadas, intervenciones externas fallidas y una deriva política que ha erosionado de manera profunda la soberanía efectiva del Estado. Situado en el corazón del Sahel, Malí es un vasto país sin salida al mar que se extiende sobre más de 1,24 millones de kilómetros cuadrados —una superficie comparable a la de Sudáfrica o Perú— y limita con Argelia al norte, Níger al este, Burkina Faso y Costa de Marfil al sur, Guinea al suroeste, y Senegal y Mauritania al oeste. Esta posición lo convierte en un espacio de transición entre el África subsahariana y el Magreb, un corredor histórico de rutas comerciales, legales e ilegales que hoy facilitan tanto el contrabando como el flujo de armas, drogas y combatientes.

El territorio maliense presenta una marcada dualidad que condiciona su destino. Al norte se extiende el desierto del Sahara, una inmensidad de dunas, mesetas rocosas y áreas prácticamente despobladas donde la presencia estatal ha sido históricamente débil o inexistente. Hacia el centro aparece el Sahel, franja semiárida de vegetación escasa y extrema vulnerabilidad climática. El sur, en cambio, es relativamente más fértil, irrigado por los ríos Níger y Senegal, y concentra la mayor parte de la población y la actividad económica. Con una población que supera los 25,8 millones de habitantes en 2026, Malí enfrenta un clima extremo de temperaturas elevadas y precipitaciones irregulares. La desertificación avanza de forma implacable, agravada por el cambio climático y la presión demográfica, reduciendo las tierras cultivables y exacerbando los conflictos ancestrales entre agricultores sedentarios y pastores nómadas. Esta dinámica constituye uno de los factores estructurales de la violencia, al intensificar las disputas por recursos cada vez más escasos en un país donde la economía depende en gran medida del oro —que representa cerca del 80 % de las exportaciones— y donde tanto los grupos armados como el propio Estado compiten por el control de minas artesanales y yacimientos estratégicos.

La diversidad étnica de Malí no es meramente cultural, sino profundamente política. Los bambara constituyen el grupo mayoritario, asentados principalmente en el sur. Les siguen los fulani o peul, tradicionalmente pastores nómadas; los songhai, concentrados en el valle del Níger; y los tuareg y árabes en el norte, con estructuras sociales tribales y una larga historia de resistencia frente al poder central de Bamako. El norte, conocido como Azawad, ha sido escenario recurrente de rebeliones tuareg que reclaman autonomía o independencia. El Acuerdo de Argel de 2015 buscó integrar a estos grupos en el Estado y descentralizar el poder, pero su implementación parcial y conflictiva, sumada a la decisión de la junta de dar por terminado el pacto en 2024, ha reactivado tensiones. La Coordinación de Movimientos del Azawad suspendió su participación hace tiempo ante incumplimientos reiterados; hoy, el FLA ha regresado a demandas maximalistas de soberanía territorial, sellando una inédita convergencia operativa con los yihadistas.

Describir a Malí como un Estado fallido no es una exageración retórica, sino una constatación empírica que los hechos de abril de 2026 han vuelto innegables. El gobierno central apenas ejerce control efectivo más allá de Bamako y algunas ciudades importantes del sur. Amplias regiones del norte y del centro están dominadas por actores no estatales: milicias, grupos insurgentes, organizaciones criminales y formaciones yihadistas. La autoridad estatal ha sido sustituida en muchos casos por sistemas paralelos de poder que administran justicia, recaudan impuestos —incluido el zakat— y controlan territorios enteros. Entre los insurgentes destacan, por un lado, los separatistas tuareg del FLA, cuya ideología combina nacionalismo étnico y reivindicaciones regionales. Por otro —y más determinantes—, los grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico. El JNIM, coalición salafista-jihadista, y el Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS) han demostrado una notable capacidad de adaptación local. No se limitan a la violencia armada: han construido redes económicas basadas en el tráfico de drogas, el contrabando, los secuestros y la explotación de recursos, insertándose en dinámicas sociales locales y alineándose con comunidades como los pastores fulani para ganar legitimidad.

Estos grupos compensan su falta de capacidades convencionales con tácticas de guerrilla, profundo conocimiento del terreno y movilidad transfronteriza. Su liderazgo fragmentado dificulta su neutralización, mientras su estrategia prioriza el control de áreas rurales y rutas estratégicas, debilitando progresivamente al Estado. La reciente ofensiva de abril, en la que JNIM y FLA actuaron de manera coordinada —restableciendo una alianza que se había visto fugazmente en 2012—, marca un salto cualitativo: ya no solo se trata de erosión gradual, sino de un desafío directo al corazón del régimen.

La intervención extranjera ha sido un factor central en esta evolución. Francia, antigua potencia colonial, lanzó en 2013 la operación Serval y luego Barkhane, con miles de soldados desplegados en el Sahel. Pese a éxitos tácticos iniciales, estas misiones fueron percibidas crecientemente como injerencia neocolonial y no lograron estabilizar el país.

La misión de la ONU, MINUSMA, desplegada en 2013, se convirtió en una de las más peligrosas del mundo antes de su retirada forzada por la junta. El vacío dejado por Occidente abrió la puerta a Rusia. El Grupo Wagner, hoy reconfigurado como Africa Corps bajo control directo del Ministerio de Defensa ruso, opera junto a las fuerzas malienses desde 2021. Con alrededor de dos mil efectivos, ha sido acusado de graves violaciones de derechos humanos, pero también ha proporcionado apoyo aéreo y logístico en momentos críticos. En la ofensiva de abril, las fuerzas rusas se retiraron de Kidal junto a las malienses en una maniobra negociada, aunque Moscú reivindicó haber impedido un golpe de Estado y evitado mayores pérdidas civiles. La junta de Bamako ha reorientado su política exterior hacia Moscú, firmando acuerdos en minería, energía nuclear y refinería de oro, al tiempo que mantiene relaciones tensas con organismos internacionales y busca aliados en el eje militar del Sahel —Burkina Faso y Níger— dentro de la Alianza de Estados del Sahel.

El gobierno actual, encabezado por la junta militar liderada por Assimi Goïta desde los golpes de Estado de 2020 y 2021, combina un discurso soberanista con prácticas autoritarias. Internamente, ha consolidado el poder mediante reformas que refuerzan la figura presidencial; internacionalmente, ha confrontado a Francia y abrazado a Rusia. Sin embargo, la situación interna continúa deteriorándose. La violencia es persistente, los desplazamientos de población —más de 400.000 desplazados internos— se multiplican y la economía permanece estancada pese al oro, cuya producción industrial ha caído en los últimos años. Las denuncias de abusos por parte de las fuerzas armadas y sus aliados rusos alimentan el ciclo de violencia y facilitan el reclutamiento yihadista.

En el corto y medio plazo, la evolución probable apunta a una consolidación de la fragmentación territorial. El Estado difícilmente recuperará el control de las regiones periféricas sin una transformación profunda de su estructura política y social. Los grupos yihadistas seguirán expandiéndose, aprovechando la debilidad institucional y las tensiones comunitarias. La presencia rusa podría reforzarse —con entregas recientes de equipo militar y proyectos mineros—, pero sin garantías de estabilización, reproduciendo en muchos aspectos los fracasos de las intervenciones anteriores. Malí se perfila como un epicentro de inestabilidad con proyecciones regionales e internacionales. Su crisis no es únicamente nacional, sino un síntoma de las fracturas estructurales del Sahel, donde confluyen pobreza, cambio climático, conflictos identitarios y rivalidades geopolíticas. Sin un enfoque integral que combine seguridad, desarrollo, gobernanza inclusiva y diálogo político genuino, el país continuará atrapado en una espiral de violencia que amenaza con extenderse más allá de sus fronteras, arrastrando a una región ya al límite. El tiempo apremia, pero la ventana de oportunidad para evitar el desastre total se cierra con cada nuevo ataque.

 

Honduras reconfigura el tablero del Sáhara y acentúa el aislamiento del Polisario

 

La retirada del reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática coincide con nuevos apoyos europeos al plan marroquí de autonomía y refuerza la ofensiva diplomática impulsada por Rabat bajo la dirección de Mohammed VI

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La decisión de Honduras de suspender su reconocimiento a la falsa e inexistencia República Árabe Saharaui Democrática marca un nuevo punto de inflexión en la prolongada disputa por el Sáhara. En un contexto internacional cada vez más inclinado hacia las tesis de Marruecos, el movimiento hondureño no solo reordena equilibrios en América Latina, sino que contribuye a profundizar el aislamiento del Frente Polisario, cuyo respaldo externo se concentra hoy esencialmente en Argelia.

La medida, comunicada oficialmente por Tegucigalpa, se inscribe en una lógica de respaldo a los esfuerzos de Naciones Unidas para alcanzar una solución política negociada. Al mismo tiempo, implica un distanciamiento explícito de las posiciones históricamente favorables a los separatistas apoyados por Argel, en línea con una tendencia creciente de apoyo a los derechos de Marruecos, que se registra en países de distintos continentes.

Ese viraje diplomático coincide con un refuerzo significativo del apoyo europeo a la propuesta marroquí de autonomía. Austria ha expresado recientemente su respaldo a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que considera que una autonomía “real” bajo soberanía marroquí puede constituir una de las soluciones más viables al conflicto . Este posicionamiento no solo valida el enfoque defendido por Rabat, sino que lo sitúa dentro del marco de referencia multilateral impulsado por Naciones Unidas.

En paralelo, el Reino Unido ha consolidado una postura aún más explícita. Londres ha reiterado que la Propuesta para la Negociación de un Plan de Autonomía para la Región del Sáhara, presentado por Marruecos, constituye “la base más creíble, viable y pragmática” para alcanzar una solución duradera, reforzando así su alineamiento con la iniciativa marroquí. Este respaldo se ha visto acompañado por un fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, en un contexto de creciente cooperación estratégica.

Igual posición fue expresada en una Comunicación conjunta adoptada por Ignazio Cassis, consejero federal, vicepresidente de la Confederación Suiza, jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, quién en una declaración dada a conocer en Berna expresó que, Suiza saluda” “la adopción de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad”, afirmando que una “verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría constituir una de las soluciones más viables”.

En este escenario, el aislamiento del Frente Polisario se hace cada vez más evidente. Aunque la organización mantiene su reivindicación de un referéndum de autodeterminación, la pérdida progresiva de apoyos diplomáticos y el reposicionamiento de numerosos Estados debilitan su capacidad de influencia. Argelia continúa siendo su principal sostén político, financiero y militar, pero ese respaldo resulta insuficiente para contrarrestar la tendencia global.

La acumulación de decisiones como la de Honduras forma parte de una dinámica más amplia que Marruecos presenta como una serie de éxitos diplomáticos sostenidos. En los últimos años, Rabat ha logrado atraer a un número creciente de países hacia su propuesta, apoyándose en una estrategia que combina pragmatismo político, cooperación económica y una intensa actividad en foros internacionales.

En el centro de esta ofensiva se encuentra la figura del rey Mohammed VI. Bajo sus directrices, Marruecos ha articulado una política exterior coherente y persistente que ha logrado reposicionar el conflicto del Sáhara en términos favorables a sus intereses. La insistencia en presentar la autonomía como una solución realista y negociada ha ido permeando en la comunidad internacional, generando un cambio progresivo en las percepciones.

El resultado es un tablero en transformación, donde el reconocimiento a la inexistente República Árabe Saharaui Democrática pierde terreno mientras se consolida una corriente favorable a la propuesta marroquí. La decisión de Honduras, junto con los respaldos explícitos de Austria y el Reino Unido, no hace sino confirmar una tendencia de fondo que redefine los márgenes de la negociación futura.

En medio de este reequilibrio, el conflicto artificial en el Sáhara continúa abierto. Sin embargo, la dirección de los apoyos internacionales parece cada vez más clara, dibujando un horizonte en el que la propuesta de autonomía de Marruecos gana centralidad mientras la opción separatista se enfrenta a un aislamiento creciente.

 

Yofre y los generales

 

Intelectual comprometido con su tiempo, Juan Bautista “Tata” Yofre se ha consolidado como el principal exponente argentino de la “historia reciente”, una corriente historiográfica que, surgida en la década de 1970, se centra en el estudio del pasado inmediato, con especial énfasis en los acontecimientos traumáticos que han dejado una huella profunda en la sociedad. Su último libro, Los Generales. De la Libertadora a Cámpora. Los archivos secretos de la corporación militar, recién editado por Sudamericana, representa una cima en su extensa y rigurosa trayectoria.

 

La historia reciente y su principal cultor

Nacido en Buenos Aires el 16 de diciembre de 1946, Yofre combina en su persona una formación singular: periodista, ensayista, diplomático, historiador y político, con el privilegio —raro entre los intelectuales— de haber dirigido la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Carlos Menem, entre 1989 y 1990. Posteriormente, ejerció como embajador en Panamá y Portugal, y en junio de 2024 fue designado por el presidente Javier Milei como director de la Escuela Nacional de Inteligencia. Su vasta red de contactos, forjada a lo largo de décadas en la política, la diplomacia y el periodismo, le ha permitido acceder a testimonios y documentos de primer orden.

Su linaje lo sitúa en el corazón del patriciado argentino. Sobrino nieto de Felipe Yofre Pizarro[i], ministro del general Julio A. Roca en su segunda presidencia; nieto del prestigioso médico Dr. Carlos Bonorino Udaondo[ii]; e hijo de Felipe Yofre Hueyo[iii], primer embajador de la Revolución Libertadora en Paraguay y luego en Perú. Su madre, María Cristina Bonorino, fue por décadas una figura destacada en la Dirección de Ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores. La tradición familiar continuó con sus hermanos: Felipe, cercano colaborador del vicepresidente Vicente Solano Lima durante la presidencia de Héctor J. Cámpora, y Ricardo, dirigente radical, yerno de José Luis Cantilo[iv] y subsecretario General de la Presidencia durante el gobierno de Jorge Rafael Videla.

Esa inmersión temprana en la política se complementó con su paso por el Liceo Militar General San Martín y el Colegio Militar de la Nación —donde compartió promoción con figuras como Roberto Bendini—, lo que le permitió comprender las normas no escritas del mundo castrense y granjearse el respeto de muchos uniformados, que lo consideran “propia tropa”.

Metodología: entre la historia oral y los archivos

En sus obras, Yofre combina dos enfoques historiográficos contemporáneos: la historia oral, que recupera anécdotas inéditas, off the record y relatos intimistas que humanizan a los protagonistas, y un exhaustivo trabajo documental que él mismo describe coloquialmente como “hacer la historia con papeles”. Ha explotado intensivamente archivos desclasificados —entre ellos, los del historiador estadounidense Robert Potash y los del teniente general Alejandro A. Lanusse, entregados por sus hijos— y ha reunido documentos privados de figuras clave de la política nacional, enriquecidos con testimonios orales de testigos directos.

Desde la publicación en 2006 de Nadie Fue —compilación de artículos de Ámbito Financiero que se convirtió en un inmediato best seller—, Yofre se posicionó como el historiador más leído del país. Con casi una veintena de libros en las últimas dos décadas, ocho de ellos éxitos de ventas, su producción abarca los temas más controvertidos de la historia argentina reciente: la violencia política de los años setenta, el Proceso de Reorganización Nacional, la Guerra de Malvinas, el rol de Cuba y la internacional comunista, y la figura de Ernesto “Che” Guevara. Obras como Fuimos Todos, 1982, La Trama de Madrid, Fue Cuba o La Trampa han marcado hitos en el debate público.

Los Generales: una inmersión en la corporación militar

Los Generales. De la Libertadora a Cámpora. Los archivos secretos de la corporación militar es su libro más extenso hasta la fecha: 720 páginas distribuidas en un prólogo y quince capítulos. Cubre el período que va del derrocamiento de Juan D. Perón en septiembre de 1955 hasta el retorno del peronismo al poder en 1973, de la mano de Héctor J. Cámpora como delegado del líder exiliado.

El texto reconstruye con detalle las intervenciones militares en lo que podría denominarse “la Argentina antiperonista”: una era de inestabilidad crónica en la que ningún gobierno, civil o militar, logró durar más de tres años. Fue un tiempo marcado por la proscripción del peronismo, el exilio de su conductor y la emergencia de un verdadero “partido de generales” que actuaba como poder de facto, capaz de condicionar, tutelar o derrocar gobiernos constitucionales. Yofre expone las intrigas internas de la corporación militar, sus tensiones con el liderazgo peronista en el exilio y los engranajes ocultos que contribuyeron a la decadencia argentina de la segunda mitad del siglo XX.

A partir de documentos inéditos locales y extranjeros, archivos personales nunca antes revelados, entrevistas exclusivas y una bibliografía profusa —sumada a su propia experiencia como testigo privilegiado—, el autor describe sin eufemismos ni juicios previos las tramas de poder, conspiraciones y decisiones que definieron uno de los ciclos más turbulentos de nuestra historia. El libro retrata una Argentina bipartita en sus centros reales de poder: Buenos Aires, dominada por los generales, y el lugar del mundo donde se encontrara Perón.

Su prosa amena y fluida, salpicada de anécdotas reveladoras e imágenes impactantes, convierte las 720 páginas en una lectura apasionante y accesible. Para quienes vivieron esa época, el volumen permite revivir los acontecimientos con una profundidad y una “trama secreta” inéditas. Para las generaciones más jóvenes, constituye una oportunidad excepcional de conocer una historia que, con frecuencia, no se enseña en las aulas secundarias ni universitarias.

Un aporte imprescindible

Yofre no rehúye los temas incómodos. Sus investigaciones sobre la violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria, el rol cubano en la región y otros episodios polémicos le valieron persecuciones políticas y judiciales durante los gobiernos kirchneristas. Sin embargo, su obra se sostiene en la documentación rigurosa y en un compromiso con la verdad histórica que trasciende las consignas.

Los Generales se sitúa, sin duda, entre lo mejor de su producción. Algunos lo considerarán su obra cumbre; otros preferirán Nadie Fue, La Trama de Madrid o Fue Cuba. Cada lector tiene derecho a sus preferencias, pero nadie que aspire a comprender el pasado argentino reciente puede prescindir de este libro.

Recomendación final: una obra imperdible, rigurosa, documentada y apasionante que enriquece el acervo historiográfico nacional y invita a una reflexión profunda sobre las causas de nuestra convulsa trayectoria institucional.

 

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[i] FELIPE YOFRE: (Córdoba, 2 de septiembre de 1848 – Buenos Aires, 1939) fue un abogado y político argentino, que ejerció diversos cargos políticos y judiciales, entre ellos el de Ministro del Interior y brevemente Ministro de Relaciones Exteriores durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca.

[ii] El Dr. Carlos Bonorino Udaondo (1884-1951) fue un médico argentino pionero y referente nacional en el estudio y tratamiento de enfermedades digestivas. Impulsó la creación de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y fundó en 1938 el Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo, primer centro monovalente de la especialidad en Latinoamérica, ubicado en Barracas, Buenos

[iii] FELIPE YOFRE HUEYO(Buenos Aires 1909 – Lima 1961) fue presidente del Partido Demócrata y secretario del comité nacional. En 1951, participó del alzamiento militar del general Bejamóin Menéndez durante el primer gobierno de Juan D. Perón. Fue el factor de unión de fuertes personalidades, merced a su impecable tacto y diplomacia. En horas de prueba, Felipe Yofre conoció la cárcel, a la que fue arrojado en varias oportunidades sin motivo alguno, todo lo cual soportó con singular entereza, apoyado moralmente por su compañera, la sin par Cristina Bonorino de Yofre. En otra oportunidad, no tuvo más remedio que esconderse varios meses en Corrientes, al amparo de su amigo Elías Abad. Después de la revolución de 1955, Yofre fue embajador en Paraguay, primero, y posteriormente en Perú, destinos en los que puso al servicio del país sus conocimientos históricos, el estilo propio de un político de primer orden y la simpatía que moderaba su robusta manera de ser. Falleció prematuramente, a raíz de una operación quirúrgica, a los 50 años. Dejó muchos amigos consternados, a los conservadores sin un dirigente de su talla y a la nación argentina sin un hombre de la democracia que hubiera sido particularmente útil para afianzarla. Sus siete hijos continúaron con honor una estirpe de servicio a la Patria.

[iv] José Luis Cantilo fue un dirigente político y funcionario argentino vinculado al universo de la Unión Cívica Radical (UCR). Nació el 21 de mayo de 1909 en Buenos Aires, en el seno de una familia ligada a la tradición radical. Era hijo de José Luis Cantilo, figura destacada del yrigoyenismo, lo que marcó tempranamente su inserción en la vida política. En 1962, durante la presidencia provisional de José María Guido, fue designado ministro de Defensa, en plena crisis entre las facciones militares conocidas como “azules” y “colorados”. Posteriormente, durante el gobierno constitucional de Arturo Umberto Illia (1963–1966), Cantilo fue designado al frente del Banco Industrial de la República Argentina. Incluso tras el golpe de Estado de 1966 que derrocó a Illia, Cantilo continuó siendo convocado por distintos gobiernos de facto en razón de su perfil técnico. En 1972, durante la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse, participó en tareas vinculadas a la renegociación de la deuda externa argentina, un tema central en la agenda económica de la época. Falleció el 13 de junio de 2003, tras haber atravesado casi todo el siglo XX y haber sido testigo —y en parte actor— de sus principales transformaciones políticas en la Argentina.