El
Cartel de Sinaloa logró torcerle la mano al presidente Andrés Manuel López
Obrador obligándolo a liberar a uno se sus capos, hijo de El Chapo Guzmán Lorea,
detenido por las autoridades para poner fin a la violencia.
Cuando
se habla de la existencia de un Estado los politólogos suelen mencionar como
requisitos esenciales del mismo a la población, el territorio y el poder. Así,
por ejemplo, el alemán Max Weber decía, a finales del siglo XIX, que era una
condición básica para hablar de Estado la existencia de un “monopolio de la
autoridad central en la imposición de la ley y el ejercicio legítimo de la
fuerza”.
En
México, esta condición básica para que pueda existir un Estado ha quedado seriamente
cuestionada el jueves pasado cuando las autoridades, tras la captura de un
notorio jefe del narcotráfico, debieron dar marcha a tras y liberarlo debido a
la ofensiva desatada por un auténtico “ejército criminal” que atacó
empleando incluso armas pesadas.
A las
3.30 pm del jueves 17 de octubre, una fuerza del Organized Crime Drug Enforcement
Task Force (OCDETF), una organización conjunta de fuerzas federales y estatales
estadounidenses, cumpliendo con un mandato del juez de distrito de los Estados
Unidos, Rudolph Contreras, y contando con el apoyo de al menos treinta hombres
de la Guardia Nacional de México y de la Secretaría de Defensa Nacional de ese
país irrumpió en una vivienda del fraccionamiento de Tres Ríos, en Culiacán, en
el norteño estado de Sinaloa.
Allí
detuvieron a cuatro hombres, entre los que se encontraba uno de los diez hijos
de Joaquín “El Chapo” Guzmán Lorea, preso de por vida con cargos de
narcotráfico en los Estados Unidos. Se trataba de Ovidio Guzmán López, Alias “El
ratón”, uno de los tres hijos que “El Chapo” tuvo con su segunda
esposa Griselda López Pérez. Ovidio es uno de los integrantes de la cúpula
directiva del Cartel de Sinaloa.
Ovidio
Guzmán López, junto con su hermano mayor Joaquín, enfrenta cargos en los
Estados Unidos por tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana y de lavado de
activos criminales. Estos cargos pueden derivar en una pena mínima de veinte
años de cárcel.
El
gobierno americano acordó con su par mexicano la detención y posterior
extradición del peligroso jefe criminal.
Pero,
al parecer en México una cosa es lo que se propone el gobierno y otra muy
distinta lo que están dispuestos a tolerar los narcotraficantes, que parecen
tener en el país una buena parte del poder real.
Ni
bien los narcotraficantes conocieron la detención de Ovidio Guzmán López
decidieron contraatacar inmediatamente al comando policial para impedir el
traslado del “capo” a instalaciones carcelarias y su posterior extradición.
El
contrataque estuvo a cargo de una bien entrenada fuerza irregular que contaba
con armas pesadas de apoyo. Como por ejemplo, vehículos modificados, blindados
artesanalmente y artillados con ametralladoras pesadas Browning M2 (que emplea
el poderoso proyectil .50 o 12,7mm). Un arma que las fuerzas estadounidenses
emplean en teatros de operaciones como el de Irak o Afganistán.
La
Browning M2 es un arma que pesa 40 kg. (60 kg. si se considera el trípode) y
tiene un rango de tiro de 1.800 metros como arma de infantería y 300 metros si
se la emplea como arma antiaérea y su cadencia de tiro es de 500 proyectiles
por minuto. Estos datos ilustras sobre el poder de fuego de que disponen los
criminales mexicanos.
No
obstante, los narcos no solo contraatacaron a las fuerzas que mantenían
prisionero al hijo de El Chapo sino que montaron retener, obligando a los
conductores a abandonar en el lugar sus automóviles, que luego fueron
incendiados junto con vehículos de pasajeros, para formar un perímetro defensivo con 19 "narcobloqueos".
Pronto
gruesas columnas de humo se elevaron en distintos puntos de la ciudad. Se
suspendieron las clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa y la población se
recluyó en sus viviendas.
Mientras
tanto, un grupo de 51 reclusos de la prisión de Agurato aprovecharon
la conmoción reinante para asesinar a dos guardia cárceles y darse a la fuga.
En
toda Culiacán reinó el caos y el pánico. Ante la virulencia del ataque narco el
Gabinete de Seguridad intimidado dispuso la inmediata liberación del jefe
criminal detenido. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México,
Alfonso Durazo justificó la decisión diciendo que “con el propósito de
salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad
cualiacanense, los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordaron suspender
dichas acciones”. Es decir que dispuso la liberación de Ovidio Guzmán López.
El
presidente mexicano respaldó la decisión del Gabinete de Seguridad afirmando
que “se ponderó la vida de los ciudadanos sobre el combate al crimen
organizado”. Agregando: “yo le digo al pueblo de México que tengan
confianza que no hay impunidad, porque no hay contubernio entre delincuencia y
autoridad. Está bien pintada la raya, la frontera.”
Triunfantes,
los narcotraficantes incluso realizaron una conferencia de prensa en el Club de
Periodistas de México, donde sus abogados, José Luis González y Juan Pablo
Badillo Soto, en lo que parecía una auténtica burla agradecieron al presidente
López Obrador por la humanidad manifestada con su decisión.
“Tenemos
un presidente humano, cristiano, que finalmente no tomó la decisión de hacerle
daño a Ovidio” señalaron los representantes legales de la
familia de Joaquín El Chapo Guzmán Lorea, agregando que: “Con gran sensatez
y justicia el presidente Andrés Manuel (López Obrador), ordenó que se pusiera
en libertad (a Ovidio Guzmán López)”.
Aunque
el gobierno mexicano intente justificar su debilidad frente a los criminales,
es evidente que resultaron derrotados por la violencia desatada por los
narcotraficantes. Así lo dejó en claro, en forma irónica, el expresidente
Vicente Fox en un Twitter: “Se les avisa por decreto presidencial a todos
los criminales que están soltando balazos y sobrepasando a las autoridades en Culiacán
se les va a acusar con sus mamás y abuelitas para que dejen de asustar al
pueblo, que vive feliz, feliz.”
El
Cartel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico, es una
organización criminal dedicada al narcotráfico e instalada principalmente en el
llamado “Triángulo Dorado”, una región comprendida por Sinaloa, Durango
y Chihuahua, donde se cultiva especialmente la amapola-.
El
Cartel de Sinaloa extiende sus actividades por la mitad de los estados de
México y en casi toda la frontera con los Estados Unidos. Esta organización compite
en esta actividad criminal nacional e internacional con el Cártel Jalisco
Nueva Generación con quien mantiene una guerra por territorios y negocios
criminales. Tras haber librado guerras con otros grupos de narcotraficantes apoderándose
de los territorios que antes dominaban los cárteles de Juárez y Tijuana, hoy
prácticamente desaparecidas.
El
mando visible de la organización criminal es Ismael Zambada, alias “El Mayo”,
máximo líder desde la captura y extradición a Estados Unidos de Joaquín “El
Chapo” Guzmán Lorea. El Mayo Zambada es secundado por “Los Chapitos”:
Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López, alias “El ratón” y
Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Alfredillo”, los hijos de El
Chapo que se consolidaron en la conducción del grupo con el apoyo del nuevo
capo.
El
Cartel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más importantes del
mundo que posee contactos que le permiten adquirir armas y drogas en Asia y
América Latina para luego enviarlas a Estados Unidos. Mantiene vínculos con
grupos criminales de Colombia como las disidencias de las ex FARC, el Clan del
Golfo y el Ejército Popular de Liberación. En Europa realiza negocios
traficando drogas y armas empleando las rutas clandestinas que pasan por el
África Occidental. En esta forma ha diversificado sus mercados para no depender
de sus negocios en los Estados Unidos.
Esta
es la organización criminal que ha logrado doblegar al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador y sembrar el pánico en México dejando un saldo de ocho muertos, 16 heridos y más de mil ciudadanos evacuados de la zona de los combates.
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