En algunos sectores de las fuerzas de
seguridad en Argentina se evidencia un gran preocupación y cierto malestar por
las declaraciones de algunos dirigentes del Frente de Todos anunciando un
cambio sustancial del enfoque de la lucha contra el delito y el narcotráfico en
un eventual gobierno kirchnerista.
El
gobierno del presidente Mauricio Macri no tiene muchos éxitos para mostrar en
estos cuatro años de gestión. Pero, sin lugar a duda, puede exhibir el haber
llevado una política proactiva en materia de Seguridad. Bajo la conducción de
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich los hombres de las fuerzas de
seguridad dejaron de ser sospechosos de abuso de autoridad, gatillo fácil y
violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los delincuentes.
También
mejoró el equipamiento de las fuerzas de seguridad, intensifico los patrullajes
y controles callejeros y los operativos antidrogas exitosos. Ahora, esta
política parece a punto de sufrir un giro de 180° grados, los delincuentes
serán considerados emergentes sociales que se ven forzados a violar la ley por
sus extremas urgencias económicas y por tanto los juzgados volverán a tener una
puerta giratoria que permitirá a los delincuentes detenidos se excarcelados
incluso antes de que sus víctimas terminen de formalizar sus denuncias.
Primero
fueron algunas declaraciones aisladas de algún referente poco relevante de los
elencos kirchneristas. Luego las declaraciones se fueron incrementando, indicando
que se trata de un política totalmente consensuada dentro de las filas del
Frente de Todos. Veamos en su conjunto de que declaraciones estamos hablando.
Todo
comenzó el pasado 24 de abril cuando el ex secretario de Comercio Exterior, el
inefable Guillermo Moreno, en un acto en la localidad matancera de Laferrere,
acompañado de “Fabri” el jefe de la “barra brava” del Club Laferrere,
declaró: “Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno vive, pero con
códigos”. Casi justificando la acción delictiva, el exfuncionario y en ese
entonces precandidato a presidente agregó: “No me robés una billetera y me
dejés a la señora tirada con una fractura de cadera para que… tiene 60 años y
cuando se recupera tiene 85. ¿Cuál es la gracia de eso?”
En principio
pareció un exabrupto de un personaje un tanto insólito, incluso dentro de las
filas kirchneristas. Pero, unos meses más tarde se expresó en el mismo sentido el
abogado piquetero Juan Grabois en el programa Involucrados que se
proyecto el 20 de junio por el canal América TV.
Grabois
es un referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
(CTEP). El dirigente piquetero, que presume de su amistad con el papa Francisco,
es un integrante del llamado grupo “Los Cayetanos” que integra la CTEP,
junto a la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita. Los Cayetanos
dicen responder a la política social orientada por la Iglesia Católica.
Grabois
declaró en esa oportunidad, refiriéndose a la crisis que vivió Argentina en el
año 2001 y 2002 luego de la abrupta salida de la presidencia de Fernando De la
Rúa, “Si me hubiese tocado esa situación, lo digo sin ninguna vergüenza, yo
estaría choreando, no estaría laburando. Si a mí me hubieses tocado la
situación de salir de juntar cartones, yo voy de caño. Estoy seguro, a los 17,
18, 19 años.”
Inmediatamente,
Grabois fue respaldado por el actor Dady Brieva, conocido por sus posiciones
kirchneristas, quién también en el programa Involucrados, del miércoles 27 de
junio, afirmó que en el peronismo “le tenemos respeto al oficio de chorro”.
Un
tiempo después Grabois decidió subir la apuesta introduciendo en la campaña
electoral el polémico tema de una “reforma agraria” basada en la
expropiaciones y de la distribución de la riqueza.
Grabois,
que integra el Frente de Todos, a través del “Frente Patria Grande” (un
sello de goma creado por los piqueteros para integrar alianzas electorales),
declaró el 3 de septiembre: “No hay un consenso dentro del Frente de todos”
sobre su postura, pero sí la hay “dentro de los movimientos sociales y
populares”.
“Hay
que avanzar en una reforma agraria, que implica necesariamente la
redistribución de la tierra. Implica que no puede haber en la Argentina
terratenientes, nadie puede tener más de 5.000 hectáreas.”
“Esas
extensiones de tierra son injustas, no pueden ser posibles en nuestro país.
Nosotros queremos que la tierra sea de quien la trabaja, pero a través de un
mecanismo que es absolutamente legal y que no rompe ninguno de los pactos
democráticos y constitucionales que tenemos hoy, que es la expropiación de
50.000 parcelas para entregárselas en propiedad a pequeños productores”,
declaró.
Inmediatamente
más de doscientas propiedades porteñas tapiadas amanecieron, el 4 de
septiembre, empapeladas con incierta propuesta: “Ni casas sin gente ni gente
sin casas. Expropiación ya”.
El
escrache de las viviendas y el pedido de expropiación fue una iniciativa de un
conjunto de organizaciones sociales ligadas a Grabois: Consejerías de Vivienda,
Amigues por las Calles y Proyecto 7. Estas organizaciones justificaron su
accionar argumentando: “Por ello empapelamos casas y terrenos tapiados,
demandamos al Estado una propuesta de media urgente ante esta crisis social:
que no haya ni casas sin gente, ni gente sin casas. Por la expropiación de la
vivienda y tierra ociosa, para apostar a un modelo de alquiler y vivienda
social, con control popular sobre la regulación de precios de la renta y sobre
el destino de la tierra y la vivienda de la ciudad”.
Luego
entró en la polémica el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires
por el Frente de Todos, el economista Axel Kicillof, quién el 6 de octubre por
el canal América, declaró refiriéndose a la problemática del narcotráfico: “El
problema no es perseguir al pequeños consumidor, con la pérdida de empleo hay
gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo, obviamente es un
delito, pero no pasa por ahí el fenómeno”.
Las
declaraciones de Kicillof constituyen una clara apelación a la legalización del
llamado “narcomenudeo”, es decir, a la venta callejera de drogas.
A ello
se suman las declaraciones del ex director de la Biblioteca Nacional e
integrante del grupo de intelectuales kirchneristas que se denominan “Carta
Abierta”, el sociólogo Horacio González, quien en el marco de un reportaje concedido a la
Agencia Paco Urondo, el lunes 23 de septiembre, consideró “necesario”
que la historia argentina “incorpore una valoración positiva de la guerrilla
de los años 70 y escape un poco de los estudios sociales que hoy la ven como
una elección desviada, peligrosa e inaceptable”.
Por
último, cabe consignar que el periodista, con un pasado como terrorista
montonero, Horacio Verbitsky, un hombre cercano a la ex presidente Cristina
Fernández de Kirchner, en su portal “El Cohete en la Luna”, el 6 de
octubre, adelantó que de alcanzar la presidencia Alberto Fernández una de las
primeras medidas que implementará serán la supresión de la Agencia Federal de
Inteligencia (la ex SIDE) y del ministerio de Seguridad, cuyas actuales
funciones en materia de inteligencia, lucha contra el delito y seguridad se
distribuirán entre diversos ministerios y organismos oficiales.
En el
mismo sentido, se expidió al día siguiente (7 de octubre) el experto en
seguridad del kirchnerismo Marcelo Saín, hoy jefe del Organismo de
Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa
Fe, donde asiste a fiscales en casos complejos.
En una
entrevista concedida al periodista Facundo Borrego, para el portal
www.letrap.com.ar, Saín declaró: “Para reformar la justicia y la seguridad
hay que detonar la AFI. Como está hoy es inconvertible. Hay que reformarla
sentándote arriba. No podés reformar la Justicia, ni purificar la Procuración
de la Nación, si no la sacás a la AFI de Comodoro Py. Nunca va a haber
depuración judicial a la altura del Estado de Derecho si no la sacás, y siempre
habrá extorsión de la justicia sobre la estructura de la justicia sobre la
estructural del poder político. Hay que descolonizar a la justicia federal de
la AFI y de la DEA”.
Alberto
Fernández, candidato presidencial del Frente de Todos, nunca se expidió sobre
todas estas declaraciones en ningún sentido. Solo dijo que la idea de suprimir
a la AFI eran tan “solo especulaciones”.
En el
seno de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas todas estas declaraciones y
versiones se siguen con preocupación. En algunos casos se piensa que tales
declaraciones constituyen apología e incitación a la violencia y que sus
autores debían ser procesados por sus afirmaciones.
Mientras
que los hombres de la AFI temen por la estabilidad de sus empleos e incluso por
sus derechos previsionales. Los más alarmistas incluso piensan que de ganar el
kirchnerismo inmediatamente desembarcarán en 25 de Mayo 11, sede de la AFI, un
conjunto de “asesores” venezolanos y cubanos en inteligencia.
Mientras
que los analistas políticos, como Rosendo Fraga, señalan que en el último mes
el discurso del Frente de Todos se ha estado radicalizando, alejándose de la
moderación e incluso del electorado de clase media hablando de nuevos impuestos
y, especialmente, de incrementar el impuesto a bienes personales que afecta especialmente
a los pequeños ahorristas y trabajadores formales cuya “riqueza”
consiste en muchos casos tan solo en ser propietarios de una vivienda y un
automóvil.
Estas
declaraciones evidentemente no contribuyen a diluir la llamada “grieta”
que divide a los argentinos y mucho menos a mantener la paz y tranquilidad
social.
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