La designación del diplomático marroquí
Mohamed Aujjar como presidente de la Misión Independiente de Investigación
sobre Libia es un reconocimiento a la labor en defensa de los derechos humanos
seguida por el rey Mohammed VI y al creciente protagonismo del Reino de
Marruecos en África.
Libia vive una sangrienta guerra civil desde el levantamiento
popular que derrocó al dictador Muamar Gadafi, en 2011, y terminó con su vida
al año siguiente. Sus sucesores no tardaron en enfrentarse entre sí.
Finalmente, en diciembre 2015, en la bella ciudad balnearia de
Sjirat, en la costa Atlántica y cercana a Rabat, tras arduas negociaciones los
bandos en lucha arribaron a un entendimiento
que permitió creación del Gobierno del Acuerdo Nacional. Aunque pronto
surgieron los conflictos entre las distintas facciones y se formaron dos bandos
enfrentados en el campo de batalla.
En la ciudad de Trípoli, se instaló el poder ejecutivo con el
presidente Fayez al Serraj. Este gobierno en algún momento tuvo el
reconocimiento de Naciones Unidas. Cuenta con el apoyo de los grupos
islamistas, como la rama libia de los Hermanos Musulmanes, de la Unión Europea,
del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan de Italia y Qatar. Este gobierno
controla el noroeste del país.
En la mayor parte de Libia gobierna la Cámara de Representantes,
con la sede en la ciudad de Tobruk, tiene como brazo armado al Ejército
Nacional Libio que comanda el “mariscal” Jalifa Haftar que cuenta con
mayores apoyos internacionales: lo apoyan decididamente Vladimir Putin, los
Estados Unidos, Arabia Saudí, Jordania, Egipto y Francia.
Desde el comienzo de la guerra civil operaron en ambos bandos
tropas irregulares y milicias tribales. Gadafi contaba con grandes depósitos de
armas y convocó combatientes extranjeros, en especial mercenarios del Frente
Polisario provenientes de los campos de Tinduf en Argelia y aguerridas milicias
Tuareg de Mali.
Después de la muerte de Gadafi las armas de sus depósitos
quedaron en manos de las milicias irregulares. En algún momento operaban en
Libia unos cinco mil grupos milicianos distintos además de grupos yihadistas
como Al Qaeda en el Magreb Islámico y su rival del Daesh o Estado Islámico.
Parte de esas milicias y grupos yihadistas siguen operando y se han sumado
tropas de combate e instructores militares turcos y unos once mil combatientes
sirios que pelean junto a las tropas y milicias del Gobierno del Acuerdo
Nacional de Fayez al Serraj. Mientras que el mariscal Haftar cuenta con la
asistencia de los mercenarios rusos del Grupo Wagner.
La presencia de tantos combatientes de distinto origen, algunos
de los cuales tienen un gran historial de violencia, ha producido graves
violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario de la guerra.
En abril de 2019, las tropas del Ejército Nacional Libio
lanzaron una gran ofensiva que les permitió conquistar gran cantidad de
territorio hasta acercarse a la ciudad de Trípoli cuando parecía que unificaría
el país intervino el presidente turco Erdoğan quien envío tropas y drones que
lograron frenar la ofensiva de los efectivos de Haftar.
En marzo de 2020, el Gobierno del Acuerdo Nacional lanzó la “Operación
Tormenta de la Paz” que contrarresto en parte la ofensiva de Haftar del año
anterior y recuperó importantes ubicaciones estratégicas, incluidas la base
aérea de Al-Watiya y la ciudad de Tarhuna.
A principios de junio de 2020, las tropas de Trípoli
descubrieron ocho fosas comunes en la ciudad de Tarhuna, que hasta entonces era
el centro de operaciones y suministro de las milicias del mariscal Jalifa
Haftar al oeste de Libia.
La Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia calificó las
fosas comunes como “aterradoras”. Más de ciento cincuenta cuerpos,
incluidos los pertenecientes a mujeres y niños, fueron hallados en los
enterratorios masivos.
La respuesta de las Naciones Unidas no se demoró. El Consejo de
Derechos Humanos (UNHRC) adoptó, el 22 de junio, sin votación una resolución
solicitando a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, que constituyese una “Misión Independiente de
Investigación sobre Libia”.
Bachelet designó para presidirla al exministro y diplomático
marroquí Mohamed Aujjar. La Misión dispondrá de doce meses para desarrollar sus
tareas.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos definió el objetivo del organismo que presidirá Mohamed Aujjar diciendo
que: “Este órgano de expertos servirá como un mecanismo esencial para
combatir eficazmente la impunidad generalizada de las violaciones y abusos de
los derechos humanos, y también puede servir de disuasión para evitar nuevas
violaciones y contribuir a la paz y la estabilidad en el país”.
La designación de un diplomático marroquí para una misión
humanitaria tan compleja en el contexto de una guerra civil con diversos
actores internacionales involucrados es un claro reconocimiento a la política
implementada por el Rey de Marruecos en materia de derechos humanos en especial
la “Instancia para la Equidad y Reconciliación” aprobada en los primeros
días de su reinado el 16 de agosto de 1999, entre otras medidas destinadas a
controlar los posibles abusos de los funcionarios.
Con su decisión, Alta Responsable de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos también reconoce la gobernabilidad y desarrollo alcanzado
por el Reino de Marruecos especialmente en las últimas décadas y al creciente
liderazgo del Rey Mohammed VI en la política internacional africana.
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