Más de un millón de personas se
movilizaron en todo el país para protestar contra el gobierno del presidente
Alberto Fernández y en defensa de las instituciones republicanas.
Aprovechando una tarde soleada
de invierno y el feriado nacional del 17 de agosto, en que se conmemora un
nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín, un millón de
personas se movilizaron en ciento cincuenta puntos de todo el territorio
argentino contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de
Kirchner
Los manifestantes salieron a
los balcones a golpear sus cacerolas, se movilizaron en automóviles o a pie con
sus respectivos barbijos y sus banderas argentinas y guardando la distancia
social. Hacia las 16.00 horas, los manifestantes comenzaron a ocupar las
principales plazas, avenidas y rotondas establecidas como puntos de reunión,
sin pancartas de los partidos políticos pero expresando diversos reclamos.
Esta fue la cuarta y mayor la
protesta contra el gobierno argentino. Durante la misma imperó un clima alegre
y festivo donde los manifestantes cantaron el himno nacional y agitaron sus banderas
sin incidentes ni violencia.
La convocatoria se gestó, a
través de las redes sociales, hace un mes bajo el lema de “Banderazo:
Salvemos la república”. Aunque en esta ocasión la prensa y los noticiarios
televisivos se hicieron eco de la convocatoria en los días previos y dieron
amplia cobertura al desarrollo de la marcha con comentarista en los estudios,
algo que usualmente solo se hace ante hechos trascendentes, como los días de
comicios.
No hubo dirigentes políticos
al frente de la convocatoria, pero sí algunas figuras como el exdiputado
nacional de la Unión Cívica Radical, Luis Brandoni y la presidenta del partido
PRO, creado por Mauricio Macri, la ex ministro de Seguridad Patricia Bullrich
apoyaron la protesta. Sólo el minúsculo Partido Libertario, del economista José
Luis Esper convocó públicamente a la marcha.
La defensa de la república a
servido de consigna unificadora para diversas demandas. Reclamos que incluyen:
el rechazo a la libración de presos condenados por hechos violentos, los
intentos de reformar la justicia para asegurar la impunidad de los ex
funcionarios y de Cristina Fernández de Kirchner, las amenazas a la propiedad
privada por los intentos de expropiaciones de grandes empresas, la ocupación de
tierras fiscales y de terrenos agrícolas para establecer asentamientos
poblacionales informales (villas miserias o barrios de chabolas), la usurpación
de viviendas recreativas de fin de semana (las quintas como se denominan en
Argentina a las pequeñas fincas) o casas desocupadas ante la indiferencia de
las autoridades y la policía, la corrupción, por la crisis económica y los 152
días continuados de cuarentena que no han impedido la propagación del virus y el
incremento de muertos.
En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el epicentro de la protesta fue el Obelisco porteño. Allí se
instaló un gran inflable con la cara de Cristina Kirchner vestida con traje de
presidiaria y con un cartel con los número 18-1-15, fecha de la muerte del
fiscal Alberto Nisman. Los manifestantes ocuparon la ancha Avenida 9 de Julio y
desde allí se trasladaron a la Plaza de Mayo. Además, la gente se congregó en
puntos emblemáticos de la ciudad: la intersección de las calles: Cabildo y
Juramento, Las Heras y Coronel Díaz, Rivadavia y Acoyte, Nazca y Beiró, etc.
También frente al departamento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la
intersección de las calles Uruguay y Juncal, en el aristocrático barrio de
Recoleta.
También el frente de la
Residencia Presidencial de Olivos fue un punto de concentración para los
manifestantes antigubernamentales que se congregaron para hacer sonar sus
cacerolas.
En el interior del país los
manifestantes se congregaron en ciudades capitales de provincia, como La Plata,
capital de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Santa Fe y
otras ciudades importantes del interior como Bariloche o Rosario. También en
las localidades del conurbano bonaerense donde habitualmente reside el voto
peronista como de Avellaneda, La Matanza,
Tigre, Pilar, San Isidro o Vicente López.
El gobierno del presidente
Alberto Fernández muy poco para impedir el desarrollo de la protesta. No elaboró
ninguna estrategia para atender algunos de los reclamos de la ciudadanía. Días antes habló tibiamente de los riesgos de
mayores contagios por la congregación de numerosas personas en espacios
reducidos pero nada más. “Es una invitación al contagio, no cabe ninguna
duda”, señaló el presidente y agregó: “Ahí tienen a los anti-cuarentena,
algunos muertos y otros enfermos por haber ido a esas marchas”.
Tampoco se pronunciaron otros
dirigentes o legisladores oficialistas. Mucho menos Cristina Kirchner o su hijo
el diputado Máximo Kirchner presidente de la bancada oficialista en la Cámara d
Diputados.
Incluso los voceros informales
que siempre salen a defender al gobierno, como la presidenta de Madres de Plaza
de Mayo, Hebe de Bonafini, artistas como Dady Brieba, Florencia Peña, Cecilia
Roth, Fito Páez, Gerardo Romano o el jurista Eugenio Saffaroni en esta ocasión,
curiosamente, permanecieron en silencio aludiendo condenar la movilización opositora.
Aunque usualmente el gobierno
suele fingir indiferencia ante este tipo de expresiones, en la Casa Rosada ven
con preocupación que un amplio sector de la sociedad argentina se encuentra
disconforme y en estado deliberativo. El mal humor social se refleja en el
índice de popularidad del presidente que se opaca y cae continuamente. A nueve
meses de asumir su cargo, la imagen presidencial se han derrumbado
significativamente y por primera vez, desde el momento en que Cristina Kirchner
lo consagró como candidato presidencial, su imagen negativa supera a la
positiva.
Veremos si en los próximos
días el gobierno de Alberto Fernández es capaz de rectificar el rumbo y atender
algunas de las demandas que la sociedad a expresado hoy o va a insistir en
seguir con su autismo político.
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