La exrepública soviética de Bielorrusia
esta sumida en una ola de protestas masivas desde hace más de dos semanas
después de unos comicios que dieron por vencedor por sexta vez consecutiva al
presidente Alexander Lukashenko con más del 80% de los votos, resultado que los
partidos de oposición rechazan.
En
Bielorrusia los partidos opositores se niegan a reconocer los resultados de los
comicios efectuados el pasado domingo 9 de agosto. Según los datos oficiales,
el dictador Alexander Lukashenko de 65 años, en el poder durante los últimos 26
años, habría logrado un nuevo y aplastante triunfo con el poco creíble 80% de
los votos emitidos, quedando habilitado para un sexto mandato presidencial
consecutivo.
La
oposición considera que la candidata Svetlana Tijanósvskaya, una profesora de
inglés de 38 años, esposa del dirigente Serguei Tijanóvski, encarcelado por el
gobierno bielorruso desde el año 2004, actualmente asilada en la vecina
Lituania, es la auténtica triunfadora en los comicios.
También
n Occidente se consideran fraudulentos los resultados anunciados por el régimen
de Lukashenko. La Unión Europea ha anunciado la imposición de sanciones a
Bielorrusia por el fraude electoral y la dura represión desatada contra los
manifestantes y dirigentes opositores.
Diversos
líderes europeos, como Ángela Merkel y Emanuel Macrón, se han comunicado con el
presidente Vladimir Putin, reconociendo que Bielorrusia integra la esfera de
interés y seguridad de Rusia, buscando que el Kremlin ejerza una influencia
positiva en crisis dejando de apoyar al dictador bielorruso.
Hasta
el momento Vladimir Putin, que enfrenta su propia crisis tras el envenenamiento
del opositor ruso Alkséi Navalny, no ha dado muestras claras de apoyar cambios
en el liderazgo de Bielorrusia.
Muy
por el contrario, Putin fue el primer jefe de Estado en felicitar a Lukashenko
por su triunfo y los medios de prensa rusos han tomado una actitud ambigua en
la defensa del dictador calificando a los dirigentes opositores como
neoliberales antirrusos financiados por la OTAN. Incluso han llegado a
compararlos con los opositores ucranianos, que en 2014 llenaron la Maidan
Ployet (Plaza de la Independencia).
El
presidente Putin siempre ha apoyado a Lukashenko aunque mantiene sus reservas
con respecto al dictador bielorruso. En el pasado Lukashenko apeló a todo tipo
de argumentos para no concretar la integración con Rusia pactada en el Tratado
suscripto el 2 de abril de 1997, ni aceptar la instalación de bases militares
rusas en su territorio.
Minsk
tampoco reconoció la integración de Crimea a la Federación de Rusia, ni la
independencia de las exrepúblicas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur. Por
último, el año del Kremlin siempre recelo de la estrecha relación de Lukashenko
con su rival el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y de sus aproximaciones
al Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Sin
embargo, Vladimir Putin parece temer que si deja caer a Alexander Lukashenko la
“revolución de colores” se extienda también a Rusia y amenace su propio
proyecto continuista.
También
es grande el rechazo que en Moscú siente por la oposición encabezada por Tijanóskaya
a quién consideran financiada por la OTAN y la Agencia Central de Inteligencia
de los Estados Unidos a través de sus aliados en Polonia y Lituania.
Recientemente,
la periodista Vicky Peláez, en el portal Sputnik Mundo, acusó a la oposición
bielorrusa de formar parte de un complot occidental destinado a crear un “cordón
sanitario” de naciones antirrusas extendido desde el mar Báltico hasta los
mares Negro y Adriático para contener la influencia y expansión de Rusia hacia
Europa Oriental.
Presentando
como clara evidencia de ello el empleo por parte de los manifestantes
antilukashenko de la bandera blanca y roja, que no es la oficial del país (con colores
rojo, verde y blanco), sino la empleada en el pasado por el Gran Ducado de
Lituania y la Mancomunidad Polaco – Lituana (1569 -1795) y aún más, por la “Rada
Central Bielorrusa”, el gobierno colaboracionista encabezado por el
nacionalista lituano Radaslaü Astroüski, durante la ocupación alemana (1941 –
1944).
Las
sospechas rusas se ven incrementadas por ciertas decisiones adoptadas por la
Unión Europea como el destinar dos millones de euros para apoyar a las familias
de las víctimas de la represión y otro millón para “apoyar a la sociedad
civil”, es decir, a la oposición bielorrusa. El Kremlin ve en estos
anuncios la clara evidencia de que la Europa Comunitaria esta financiando a los
manifestantes opositores.
Mientras
la diplomacia intenta bloquear los apoyos internacionales de Lukashenko, la
oposición mantiene la presión sobre su gobierno en las calles.
El
domingo 24 de agosto, la oposición llevó a cabo un imponente acto de fuerza.
Reunió a doscientas mil personas en el centro de la ciudad de Minsk para exigir
la renuncia de Lukashenko, nuevas elecciones y la liberación de los numerosos
presos políticos que mantienen superpobladas las cárceles del país.
Pronto
las manifestaciones callejeras recibieron el apoyo de diversos sectores de la
sociedad bielorrusa cansados de la dictadura de Lukashenko, los mineros, varios
directores de los complejos industriales, como el director de la planta de
tractores de Minsk, Alexei Rimshevski, que desconocieron los resultados
oficiales y llamaron a los obreros a la huelga.
Algo
similar hicieron unos trescientos trabajadores de la televisora estatal “Beterradio”
(BTRK) y los periodistas del diario Zuyazda que se declararon en
huelga demandando el fin de la censura oficial.
Algunos
prestigiosos presentadores televisivos como Dmitry Smchenko, Anna Shalyutina y
Dmitry Shunin se han negado a difundir las noticias oficiales que critican a la
oposición y difaman a los manifestantes.
Por su
parte, el vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Bielorrusia ha
anunciado que 72 periodistas fueron detenidos mientras realizaban su labor
cubriendo las protestas. También señaló que las autoridades trataron de evitar
que se difundiera en el mundo la real situación que impera en el país
bloqueando la Internet, negando la acreditación a decenas de periodistas
extranjeros y reemplazando a los periodistas bielorrusos que se negaban a
aceptar la censura oficial por periodistas rusos.
Mientras
tanto, el dictador Alexander Lukashenko ha declarado que deberán matarlo para
lograr convocar a nuevas elecciones. Para demostrar su resolución hizo difundir
un vídeo donde aparece descendiendo de un helicóptero en el jardín del Palacio
de la Independencia, residencia presidencial, junto con su hijo Nikolái de
quince años. El presidente y el niño lucen indumentaria negra, gorra, chaleco
antibalas y portan fusiles Kalashnikov.
Lukashenko
también ha ordenado a las fuerzas antidisturbios y a la KGB bielorrusa que
comanda el general Valeri Vakulchik, que desarticule el movimiento opositor. Es
así como se produjeron la muerte de cuatro personas, centenares de heridos y
siete mil detenidos que fueron a parar al complejo carcelario de Kurapaty –
Akrestsin, entre ellos los dirigentes opositores Olga Kovalkova y Sergei
Dylevsky.
Desde
su exilio en la capital lituana de Vilna, Svetlana Tijanósvkaya creó un “Consejo
de Coordinación para la Trasferencia del Poder” conformado por setenta
personalidades, entre ellas intelectuales, activistas de derechos humanos,
líderes sindicales y políticos, entre los cuales están la Premio Nobel de
Literatura 2015, Svetlana Aleksiévich, María Kolesnikova y el ex ministro de
Cultura, Pavel Latushka.
Pese a
las protestas, la presión internacional y la renuncia de algunos funcionarios,
el presiden Alexander Lukashenko parece contar, al menos por el momento, con el
apoyo y lealtad de las fuerzas armadas y los órganos de seguridad e
inteligencia.
Estos
apoyos parecen ser suficientes para mantenerse en el poder. Especialmente
porque Vladimir Putin no ha decidido aún que alternativa es la mejor para
mantener a cubierto los intereses rusos en la vecina Bielorrusia.
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