El 16 de
septiembre de 1955 comenzó el golpe de Estado que puso fin a los diez años de
gobierno constitucional del general Juan D. Perón. La llamada Revolución
Libertadora fue el tercer golpe de Estado exitoso en Argentina y abrió un
periodo diecisiete años de proscripción al peronismo, golpes de Estado y
enfrentamientos entre militares.
El 23 de septiembre de 1955 prestó juramento el general
Eduardo A. Lonardi como presidente provisional de la Nación. En ese entonces la
ciudad de Buenos Aires y el país todo presentaba dos caras muy diversas.
Algunos expresaban alborozados una gran alegría e inundaban las calles
festejando el fin de lo que consideraban “un régimen de oprobio”. Otros, por el
contrario, mostraban una profunda congoja y angustia. Con el alejamiento de su
líder, presentían el fin de una etapa que para ellos era una suerte de “edad
dorada” que presentían no habría de repetirse.
Al grito de ¡Libertad!, ¡Libertad! Se abría una nueva
página de la historia argentina y se cerraba todo un ciclo iniciado en 1943
había cambiado totalmente la imagen del país. Parecía que había terminado “el
tiempo de Perón”, pronto se descubriría que no era así.
La llegada del general Lonardi a la primera magistratura
del país coronó con éxito el cuarto intento militar para desalojar del gobierno
al general Juan D. Perón.[i] Este golpe de Estado constituyó
el movimiento militar más prolongado y sangriento de la historia argentina
llegando a conformar una suerte de “mini guerra civil”, no obstante que se vio
circunscripto y que varias unidades militares –supuestamente leales-
permanecieron inactivas a la espera de los resultados de la insurrección. Al
mismo tiempo, fue el alzamiento que contó con mayor participación civil
posiblemente desde los tiempos de la “Revolución del Parque” en 1890.
Eduardo A. Lonardi, era un prestigioso oficial del arma de
Artillería, de ideas nacionalistas y
fervientemente católico. En su última foja de calificaciones –1950- el ministro
General Lucero, expresaba de Lonardi: “Brillante personalidad. Reúne
excepcionales condiciones de capacidad y altas prendas morales, complementadas
por un carácter firme, profundo amor profesional y tesonero espíritu de
trabajo. La amplitud de criterio y elevación de miras que singularizan su
gestión han hecho fecunda la acción de la Dirección General de Administración.
De iniciativa, clara inteligencia, y siempre animado por un amplio y patriótico
espíritu de colaboración”.[ii]
Lonardi, según relata el historiado norteamericano Robert
A. Potash, mantenía un viejo diferendo con Perón. “En 1937, -dice Potash-
Lonardi reemplazó a Perón como agregado militar en Santiago de Chile. Perón,
que había dispuesto una transferencia de materiales en violación a las leyes
chilenas de espionaje, dejó encargado a Lonardi que recogiera los datos sin
informarle previamente acerca de la naturaleza o ilegalidad de la operación.
Lonardi cayó en la trampa que las autoridades chilenas habían preparado a
Perón, y aquel fue arrestado y alojado en una comisaría de policía de Santiago
hasta que el embajador argentino pudo lograr su libertad. El episodio estuvo a
punto de interrumpir la carrera militar de Lonardi, pero se le permitió
continuar en parte merced a la intercesión de su amigo y condiscípulo Benjamín
Rattenbach, que estaba relacionado con el ministro de Guerra”.[iii]
Este diferendo probablemente haya incidido para que Lonardi
no se incorporara al GOU y fue un precoz conspirador contra Perón. En 1951,
siendo comandante del Primer Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario,
intentó provocar un alzamiento aprovechando el descontento que había creado en
los cuadros castrenses el intento de candidatura a vicepresidente de Eva Perón.
Cinco días después del “Cabildo Abierto del Justicialismo”,
el 27 de agosto de 1951, Lonardi presentó su nota de retiro expresando que: “Los
últimos acontecimientos políticos de pública notoriedad han creado al suscripto
un estado espiritual incompatible con la adhesión a los actos de Gobierno, que
es señalada al personal militar por las directivas y órdenes generales de V. E.
Como condición necesaria para merecer la confianza de la superioridad”.[iv] Finalmente, Lonardi no consiguió el
efecto deseado y la jefatura del movimiento recayó en un anciano general de
ideas liberales: Benjamín Menéndez quien
se rebeló el 28 de septiembre de 1951. Sofocado el movimiento Menéndez terminó
en la cárcel con dos centenas de oficiales antiperonistas.
Lonardi no llegó al poder con un espíritu revanchista.,
como lo demostró en Córdoba al honrar a los soldados de la Escuela de
Infantería que habían luchado contra él y al proclamar su adhesión a la
consigna de “ni vencedores ni vencidos”, formulada por Justo José de Urquiza
después de la batalla de Caseros.
Lonardi se propuso
reunificar la sociedad argentina a través de un proceso de reforma y
pacificación. De una honestidad sin tacha, pero con escasa perspicacia fue
víctima de las pujas en el seno del grupo revolucionario. Los nacionalistas
católicos, representados por Lonardi, parecían interesados en rescatar los
aspectos más positivos del régimen derrocado, miraban con simpatía la
posibilidad de “un peronismo sin Perón”. Con Perón en el exilio, esperaban
atraer a sus simpatizantes mediante el mantenimiento de las estructuras del
partido Peronista y el establecimiento de acuerdos con los dirigentes de la
C.G.T. Por otra parte, los nacionalistas consideraban a los partidos políticos
tradicionales como traidores a los verdaderos valores nacionales.
Los liberales en cambio respondían al liderazgo del
Comandante en Jefe de la Armada y vicepresidente de la Nación, Almirante Isaac
Francisco Rojas. Este grupo pretendía borrar bruscamente todo vestigio de
peronismo y restaurar la Argentina anterior a 1943. Su furioso antiperonismo
les había ganado el apodo de “gorilas”.[v]
El nuevo
gobierno reflejaba el precario balance entre ambos grupos revolucionarios. Al
nacionalismo pertenecían Mario Amadeo –Relaciones Exteriores-, Luis Cerutti
Costa –Trabajo-, el general Justo L. Bengoa y el influyente asesor presidencial
Clemente Villada Achával, cuñado del presidente. Entre los liberales militaban
el ministro del Interior Eduardo Busso y el de Marina contralmirante Teodoro
Hartung.
Durante los
largo años de conspiración, los grupos antiperonistas estuvieron más
preocupados por cómo derrocar al régimen que por definir qué harían con el país
después de llegar al gobierno. Las disparidades de criterios e ideologías
transformaron pues la acción del gobierno en una enconada lucha por conseguir
las posiciones dominantes, donde cada acto era sospechado por el grupo
contrario.[vi]
Las primeras
medidas del gobierno provisional en el orden de las fuerzas armadas estuvieron
destinadas a revisar la situación de su personal, decidiendo el futuro de
quienes no habían demostrado lealtad hacia los vencedores y estudiando, con
vistas a la reincorporación, los casos de los oficiales que habían sido dados
de baja o se habían retirado por razones políticas. Se concedió una amplia
amnistía a todos los que fueron condenados o procesados por delitos políticos
desde el 4 de junio de 1946 a la fecha. El beneficio fue extensible a todo el
personal militar en virtud de pronunciamientos de tribunales de calificaciones
especial o baja –simple o por rebeldía- de las Fuerzas Armadas. Casi
simultáneamente, el gobierno provisional sancionó un decreto que facultaba al
poder ejecutivo para que “previo asesoramiento de un tribunal de calificación
especial designado al efecto en cada una de las Fuerzas Armadas reincorporara a
la situación de revista, grado o antigüedad que para cada caso se determinara,
al personal amnistiado, como así también al que encontrándose en situación de
retiro conviniese reincorporar al servicio activo”.[vii]
La Armada, a
causa de su apoyo casi unánime al levantamiento de septiembre, resultó menos
afectada que el Ejército salvo en sus más altos niveles. El consejo especial
asesor revolucionario creado el 7 de octubre consideró conveniente recomendar
el retiro de sólo 114 oficiales, pero entre ellos figuraban todos los
almirantes excepto Isaac F. Rojas y 45 capitanes de navío.
En el
Ejército, la depuración del personal cuestionado se inició por el general León
Bengoa, el primer ministro de Guerra designado por el presidente Lonardi. En
consulta con el presidente, pero sin la participación de un consejo asesor, el
general Bengoa concentró su atención en las posiciones más altas del escalafón.
Su opinión era que los generales, en virtud de su alta jerarquía, debían haber
reaccionado oportunamente ante lo que consideraban “excesos” de Perón y que
quienes no habían procedido así ya no merecían pertenecer al servicio activo.
Esto determinó el alejamiento de 63 de los 86 generales en servicio. La
eliminación de oficiales en los niveles inferiores, que comenzó de manera
limitada, se extendió bajo el sucesor de Bengoa en el ministerio de Guerra, el
general Osorio Arana, quien resolvió incluir otros doce generales en la lista
de retiros. Como resultado de esta política, hasta principios de 1956,
aproximadamente un millar de oficiales fueron obligados a pasar a retiro. Los
suboficiales, cuya lealtad a Perón era muy conocida, fueron aún más afectados y
debieron abandonar el servicio en grandes cantidades.[viii]
Por otra
parte, el gobierno provisional decidió compensar a los oficiales antiperonistas
por los años pasados en la cárcel, el exilio o en el retiro prematuro,
reintegrándoles su condición militar con promociones y sueldos retroactivos. El
retorno de unos 170 oficiales, aproximadamente –la mayoría de ellos
pertenecientes a los grados de jefe y oficiales superiores-, significó que los
militares que habían estado fuera del servicio durante tres o cuatro años,
ahora podía ser elegidos para nuevos destinos y promociones ulteriores, en
abierta competencia con los oficiales que habían permanecido en el Ejército sin
interrupción. Quizá fuera inevitable que estos últimos se resintieran ante las
ventajas otorgadas a colegas con menos experiencia profesional, o que quienes
regresan consideraran la corrección política más importante en las decisiones
personales que la antigüedad en el cargo. Estas diferencias no serían fáciles
de superar ni para la sociedad militar ni para la sociedad política.
EL EXILIO DE PERÓN
Una de las más
interesantes aventuras políticas de la historia contemporánea de nuestro país
fue la protagonizada durante casi dos décadas por Juan D. Perón. En ese tiempo,
el creador del peronismo pasó de ser un exdictador prófugo de su país a la
reconquista del poder.
Al alejarse del país
en octubre de 1955, Perón se encontraba abandonado por sus seguidores,
rechazado por la mitad de los argentinos, expulsado de las filas del Ejército,
procesado por delitos comunes y obligado a peregrinar buscando el aparo de los
regímenes más desprestigiados de América Latina. Dieciocho años más tarde, el
exiliado protagoniza un apoteótico regreso a la Argentina...
“El regreso de Perón
en 1972 –opina Rosendo Fraga, treinta años más tarde- indica que en la política
argentina no hay imposibles. Cuando en 1955 fue derrocado, hubiese sido
impensable en un regreso triunfal diecisiete años después, recibido por sus
adversarios como una suerte de salvador y en alguna medida convocado por sus
más férreos adversarios.”[ix]
Conviene retrotraer
nuestro relato a los días de septiembre de 1955, cuando el hidroavión Catalina
T-29, de matrícula paraguaya, se alejaba de Buenos Aires llevando al líder
justicialista en condición de asilado político.
Al llegar a
Asunción, Perón se instaló provisionalmente en la casa de un simpatizante
peronista, Ricardo Gayol. Desde un primer momento recibió muestras de afecto
del pueblo paraguayo, que se intensificaron el 8 de octubre, cuando cumplió
sesenta años. Años después Perón se referiría con sentido agradecimiento esta
crítica etapa de su vida. En diálogo con el historiador Enrique Pavón Pereyra
dijo: “Considero que en aquella coyuntura hasta mis enemigos hicieron mérito
para que el santo nombre de Paraguay permanezca grabado en mi corazón con
letras de un metal noble. Ostentaba ya como condecoraciones máximas los títulos
de ciudadano de honor y general honorario del Ejército paraguayo, con inclusión
de mi nombre en los cuadros activos.”[x]
Pocos días después del gobierno del general Alfredo Stroessner lo invitó a
instalarse en las cercanías de Villarrica. El general paraguayo retribuía en
esa forma el apoyo que pocos años antes le brindara Perón para alcanzar la
presidencia de Paraguay.
Mientras tanto en
Buenos Aires, en su primer discurso público el general Eduardo Lonardi afirmó: “La
victoria no da derechos. En esta lucha no hay ni vencedores ni vencidos”.[xi]
Siguiendo esta línea política, se negó a intervenir la CGT y a disolver el
Partido Peronista. Desde su punto de vista se trataba de separar a los
trabajadores de Perón. Para Lonardi, un nacionalista católico, la intervención
de las Fuerzas Armadas debía limitarse a poner fin al poder discrecional de
Perón instaurar el Estado de derecho y negociar con algunos dirigentes
peronistas para ampliar el consenso de la “Revolución Libertadora”.
El 1º de noviembre
un Tribunal de Honor convocado por el gobierno de la Revolución Libertadora
para juzgar la actuación de Perón dio a conocer su fallo. El Tribunal estaba
compuesto por los Tenientes Generales Carlos von Der Becke, Juan Carlos Bassi,
Víctor Jaime Majó, Juan Carlos Sanguinetti y Basilio D. Pertiné.
Según Romero
Carranza[xii],
quien resume los cargos formulados por el Tribunal, estos son los siguientes
cargos:
“1º Sembrar el odio
en la familia argentina e incitación a la violencia y al crimen.
2º Ataques a la
religión católica. Incendio de iglesias.
3º Quema de la
bandera argentina.
4º Incumplimiento
del juramento de respetar la Constitución nacional.
5º Deslealtad con la
institución militar.
6º Falso
adoctrinamiento del personal militar.
7º menosprecio del
pasado histórico.
8º Desnaturalización
del servicio militar obligatorio.
9º Fastuosidad en el
vivir incompatible con la austeridad militar.
10º Haber mantenido
relación marital con una menor de 14 años a quien conoció en la Unión de
Estudiantes Secundarios.
11º No afrontar la
responsabilidad emergente de sus actos, acogiéndose al derecho de asilo.
En el resumen del
fallo, el Tribunal expresó: “El
incalificable episodio de la quema de la bandera nacional; el sacrílego
incendio de las iglesias, con la destrucción de tesoros religiosos, históricos
y artísticos; la constante incitación a la violencia; la prédica de odios
encaminados a disociar la familia argentina y crear una división de clases, y
las reiteradas ofensas a diversos sectores de la vestidura, constituyen algunos
de los cargos examinados. A ello se suma que vulneró los principios
constitucionales que había jurado respetar; que suprimió arbitrariamente la
libertad, bien supremo del individuo y de los pueblos, y que socavó los
fundamentos mismos del Ejército introduciendo la política en sus filas;
menospreció la disciplina; falseó la ley de conscripción militar con miras a
sus conveniencias partidarias, y que descendió, por último, rodeado de una
fastuosidad –producto de su enriquecimiento ilícito- a la comisión de un delito
privado y penado por el Código Penal ordinario”.
“El tribunal
consideró que la actuación de Perón tuvo los agravantes de su elevado grado militar y de haber cometido los hechos
cuando ejercía la primera magistratura del país. Finalmente, por
unanimidad, el Tribunal resolvió que la conducta del encausado configuraba la
descalificación por falta gravísima, resultando
incompatible con el honor de la institución armada que el causante ostente el
título del grado y el uso del uniforme.
El general Lonardi,
mediante decreto que refrendó su ministro de Guerra, general Bengoa, aprobó en
todas sus partes el fallo del Tribunal de Honor”. Privado de su grado militar
en Argentina, Perón en adelante -para irritar a los militares argentinos- diría
que era “general del ejército más glorioso de América: el paraguayo”.
EL
PEREGRINAJE DE PERÓN
Perón no habría de
permanecer demasiado en tierra paraguaya, pese a sus reiteradas declaraciones
en ese sentido. Paraguay estaba demasiado cerca geográfica y políticamente de
la Argentina para el agrado del gobierno de la Revolución Libertadora.
Desde el primer
momento el gobierno de Asunción recibió presiones de la cancillería argentina
para que limitara las actividades políticas de Perón y para que impulsara su
traslado a otro país más alejado. En este proceso no faltaron actos de
violencia e intentos de atentados protagonizados por agentes de Buenos Aires. Stroessner
se encargó hacerle comprender a Perón de que no podía garantizar su seguridad y
de que era conveniente su alejamiento. En los primeros días de noviembre se
anunció que el expresidente argentino se trasladaría por vía aérea a Nicaragua,
donde –se dijo- Anastasio “Tacho” Somoza lo recibiría. La amistad entre ambos
caudillos latinoamericanos sobreviviría, sin embargo, al alejamiento de Perón
de tierra paraguaya, tal como se haría evidente dieciocho años más tarde.
El avión que
conducía al líder justicialista realizó un itinerario caprichoso, aparentemente
dirigido a desorientar a posibles agresores, y aterrizó finalmente en Panamá.
Perón se instaló en el hotel Washington, de Colón, pero fue conminado poco
después a abandonarlo e instaló entonces en un edificio de departamentos de la
misma ciudad. Lo acompañaban Víctor Radeglia, su chofer Issac Gilaberte, y el exembajador
argentino en el istmo, Carlos Pascali. En la relativa tranquilidad panameña,
Perón, adoptó la clásica guayabera que se estila vestir en esas latitudes y
dedicó su tiempo a escribir un libro que justificaba su proceder en septiembre
de 1955: “La fuerza es el derecho de las bestias”, mientras que comenzaba a
implementar mecanismos para reanudar sus contactos con los miembros del “Movimiento
Peronista”, que por el momento se debatía en la incertidumbre, proscrito y sin
líderes ni autoridades.
EL
ALEJAMIENTO DE LONARDI
El gran problema del
gobierno provisional era como manejar la herencia de Perón: el movimiento de
masas, las instituciones, las políticas implementadas en los últimos doce años.
¿Qué hacer con la C.G.T: el partido peronista, las publicaciones y
radioemisoras oficiales? Estos temas y otros muchos servían de justificación
para que nacionalistas y liberales rivalizaran por obtener cargos de influencia
–cada uno de ellos dispuesto a interpretar cada movimiento de los rivales como
un intento de dominar al gobierno-, un desemboque violento era cuestión de
tiempo.
El momento fueron
los primeros días de noviembre. El clima de confrontación entre los grupos
rivales fue caldeándose cada vez más a medida que avanzaban las discusiones las
discusiones preliminares sobre un plan de reestructuración gubernamental
propuesto y sobre la designación de un secretario de prensa de la presidencia.
El plan de reestructuración propuesto aumentaba la autoridad de Villada Achával
al otorgarle condición de ministro y situarlo entre el gabinete y el
presidente, podía controlar la política decidiendo qué decretos elevados por
los ministerios debían ser sometidos al presidente para su firma y proyectando
otros decretos por iniciativa propia. “Para el sector liberal –señala Potash- era
igualmente riesgoso que el asesor actuara como intérprete del espíritu
revolucionario, el guardián ideológico, por así decirlo, de lo que a todas
luces era un movimiento heterogéneo”.[xiii]
Aunque el presidente
Lonardi –según relata Potash a quien seguimos para reconstruir la caída de
Lonardi-, físicamente agotado por las exigencias de su cargo y por la
enfermedad, veía en el doctor Villada Achával a un hombre inteligente que podía
aliviarlo de muchas de sus responsabilidades, abandonó el plan de
reorganización por la oposición del ministro del Interior y Justicia, Eduardo
Busso. Algunos interesados hicieron circular una copia entre los sectores
liberales de la Marina y la Fuerza Aérea. Pronto circularon también versiones
de reuniones entre el general Bengoa, el doctor Villada Achával y el canciller
Amadeo tendientes a crear un régimen fascista. El titular de la Casa Militar,
Coronel Bernardino Labayru, junto con otros oficiales reincorporados, inició
una campaña para desacreditar al ministro del Ejército. Algunos oficiales
superiores, haciéndose eco de esas acusaciones, expresaron al presidente
Lonardi la necesidad de reemplazar al ministro de Ejército para conservar el
orden. Muy a su pesar Lonardi debió aceptar el 8 de noviembre el alejamiento de
Bengoa.
Para reemplazar a
Bengoa el presidente eligió al coronel (R) Arturo Osorio Arana. Lonardi
insistió en Osorio Arana a pesar de la manifiesta preferencia de los oficiales
superiores del Ejército por el nombramiento del general Pedro E. Aramburu y
desoyendo las advertencias del general nacionalista Uranga quien advirtió al
presidente que no podría contar con el respaldo del nuevo ministro en caso de
una crisis militar. Más aún, para elevar el rango de Osorio Arana, Lonardi no
vaciló en solicitar al general Bengoa, como último acto oficial, firmara un
decreto reincorporando a Osorio Arana a la situación de servicio activo y
ascendiéndolo al agrado de general de brigada, a pesar de no ser oficial de
Estado Mayor.
Al parecer la crisis
final que terminó con la gestión de Lonardi fue producto de los intentos del
sector nacionalista del Gobierno para compensar su pérdida del ministerio de
Guerra situando a uno de sus hombres al frente del ministerio del Interior.
Durante algún tiempo se había hablado dentro del Gobierno de la posibilidad de
dividir al Ministerio del Interior y Justicia, para dar al manejo de la
justicia mayor independencia de la política. Sin embargo, resulto sorpresivo
que el 10 de noviembre el presidente Lonardi firmara decretos que no habían sido preparados por el
ministerio del Interior, sino por Villada Achával, en los que se solicitaba la
creación de dos cargos separados en el gabinete y se designaba ministro del
Interior al conocido nacionalista, doctor Luis María de Pablo Pardo.
Aunque de Pablo
Pardo había participado, junto a los oficiales navales, activamente en los
sucesos del 16 de junio, su fama de militante nacionalista y colaborador de las
publicaciones fascistas en las décadas del treinta y cuarenta lo hacían
inaceptable como ministro para la Armada, así como para el sector liberal. La
reacción de este grupo fue tratar de presionar al presidente para que retirara
el nombramiento, pero a pesar de estos esfuerzos, el círculo de sus asesores
–inclusive su hijo, el capitán Luis Lonardi, y su edecán, el mayor Juan
Guevara- aconsejó al presidente mantenerse firme. Así, el 12 de noviembre, a
las 13.30, el presidente tomó juramento al nuevo ministro del Interior, con
plena conciencia de la oposición provocada por esa designación. El ministro de Marina, al acceder al pedido
del presidente y firmar el decreto de designación, le advirtió: “Señor
Presidente, en ese momento que firmo, se inicia la rebelión contra usted”.[xiv]
En realidad, el
sector liberal no deseaba la renuncia del presidente le bastaba con que se
desprendiera del círculo nacionalista y aceptara llevar a cabo una política de
“desperonización” más dura. Sin embargo, pese a las intensas gestiones –donde
no faltaron las intrigas, las ingratitudes y las presiones de todo tipo-
realizadas por ambas partes no pudo arribarse a un acuerdo. Lonardi dejó su
cargo sin renunciar bajo intimidación. Según relata Marta Lonardi: “Ese
mediodía del 13 de noviembre, cuando mi padre oyó que Osorio Arana le daba
cinco minutos para presentar la renuncia bajo la amenaza de bombardear la
residencia de Olivos, mi padre, interrumpido en su sueño, después de la
agotadora jornada anterior que se prolongó hasta las siete de la mañana, debió
sentirse dolorosamente sorprendido. Su amigo Osorio, junto al cual había
combatido al lado de sus hijos y a quien había nombrado ministro del Ejército
en un acto de total confianza, el mismo que aprobara calurosamente el
comunicado del 12 de noviembre, estaba allí amenazando al jefe de la
revolución, como si Lonardi fuera un usurpador aferrado al poder. Cosas que
tiene la política”.[xv]
La falta de una
renuncia escrita no impidió que el general Pedro E. Aramburu, uno de los
halcones del sector liberal, asumiera pocas horas después como segundo
presidente de la Revolución Libertadora. Aunque los jefes navales estuvieron de
acuerdo en la designación del general Aramburu, estaban resueltos a que las FF.
AA. ejercieran un control directo sobre las políticas y designaciones que
efectuase el Gobierno provisional. Una veintena de altos oficiales, entre los
que se encontraban los generales Aramburu y Lagos, los almirantes Rojas y
Hartung y el brigadier Ramón Abrahín firmaron un acuerdo por el cual el nuevo
gobierno debía disolver el partido Peronista, la prohibición a sus dirigentes
de actuar en cualquier actividad política futura, y el avance de las
investigaciones ya iniciadas sobre la corrupción y los excesos cometidos por el
gobierno peronista. Pero lo más importante era que el acuerdo exigía la
creación de un Consejo Militar Revolucionario que actuaría como control del
Poder Ejecutivo, en ausencia del Congreso electo. La aprobación del Consejo
Militar era necesaria para todos los decretos ley emitidos por el gobierno en el
ejercicio de sus facultades legislativas; para la designación de ministros y de
interventores provinciales.
Puesto que el
Consejo Militar estaría formado por el vicepresidente y los ministros de cada
una de las tres Fuerzas Armadas, la Armada, que contaba con la mitad de los
integrantes del nuevo cuerpo, se había asegurado una influencia decisiva en la
marcha del gobierno.
Sin embargo, el 22
de noviembre de 1955, el general Aramburu logró fortalecer sus propios poderes
al sancionar el decreto 3.440 que transformó al Consejo Militar Revolucionario
en una Junta Militar Consultiva, con facultades de consulta más que de
decisión. En esta forma el presidente provisional adquiría una mayor
independencia con respecto a las Fuerzas Armadas.
[i] GOLPES DE ESTADO CONTRA PERÓN: Los tres anteriores movimientos
militares contra Perón fueron los siguientes: 7 de octubre de 1945,
protagonizado por el General Ábalos y el acantonamiento de Campo de Mayo, 28 de
septiembre de 1951 protagonizado por el General Benjamín Menéndez y el 16 de
junio de 1955 el bombardeo de Plaza de Mayo por parte de la aviación naval.
[ii] GENERAL LUCERO: Ministerio de Guerra, Servicio Histórico del Ejército,
Legajo Personal Nº 6.935. Citado en RUIZ MORENO, Isidoro J.: “La revolución del
55”. Tomo I: Dictadura y Conspiración. Ed. Emece. 1994. Pág. 43.
[iii] POTASH, Robert A: “El ejército y la política en la Argentina 1945 –
1962”. Ed. Sudamericana. Bs. As. 1981. Páginas 162 y 163. Cita 53.
[iv] LONARDI, Marta: “Mi padre y la revolución del 55”. Bs. As. 1981, pág. 25. Citado
en RUIZ MORENO, Isidoro J.: Op. cit. Pág. 44.
[v] GORILAS: El mote de “gorilas” para los antiperonistas provenía de un
programa cómico radial denominado “La revista dislocada de Delfor”,
donde el libretista Aldo Camarotta realizaba una parodia del film
norteamericano “Mogambo”, protagonizado por Clark Gable y Ava Gadner
-por ese entonces muy exitoso-. En la parodia, tras un fuerte rugido uno de los
cazadores preguntaba con inocencia: ¿Serán los gorilas, serán? Los porteños
comenzaron a decir, frente a los rumores de un golpe de Estado antiperonista,
lo mismo: ¿Serán los gorilas? Años más tarde el revolucionario
Ernesto Che Guevara difundió en Centroamérica el término “gorila” para
hacer referencia a personas de ideología anticomunista o reaccionaria.
[vi] FLORIA, Carlos A. Y César A. GARCÍA BELSUNCE: “Historia de los
argentinos”, Tomo II, Ed. Larousse. Bs. As. 1992.
Pág. 432.
[vii] DECRETO LEY 64, del 27 de septiembre de 1955. Anales de la Legislación
Argentina. La Ley. Bs. As. T. XVI-A, Decretos. 1956, Pág. 514. Ampliado por
Decreto Ley 690, del 11 de octubre de 1955. Anales: Op. cit. Pág. 515. Citado
en RODRÍGUEZ LAMAS, Daniel: “La Revolución Libertadora”. Biblioteca
Política Argentina Nº 117. Centro Editor de América Latina. Bs. As. 1985. Pág. 29.
[viii] POTASH, Robert A.: Óp. Cit. Pág. 293.
[ix] FRAGA, Rosendo: “Significado
de Perón treinta años de su regreso”. Artículo publicado en http://www.nuevamayoria.com/ES/ANALISIS/fraga/arg/021120.html.
Bs. As. 20/11/02
[x] PAVON PEREYRA, Enrique: “Perón
tal como fue” Tomo 2. Biblioteca Política Argentina Nº 138. Centro Editor
de América Latina. Bs. As. 1986.
Pág. 153.
[xi] ALONSO, María E., Roberto ELISALDE y Enrique C. VAZQUEZ: “Historia: La Argentina del Siglo XX”.
Ed. Aique. 1997. Pág. 89.
[xii] ROMERO CARRANZA, Ambrosio, Alberto RODRIGUEZ VARELA y Eduardo VENTURA:
“Manual de Historia Política y Constitucional Argentina 1776 – 1976” Ed A.Z.
Bs. As. 1978. Pág. 345 y 346.
[xiii] POTASH, Robert A.: Op. Cit. Pag.
298.
[xiv] POTASH, Robert A.: Op. Cit. Pág. 302.
[xv] LONARDI, Marta: “Los detractores”. Ediciones Cuenca del Plata. Bs. As. 1981. Pág. 265.
