Libia intenta cerrar quince años de guerra con una promesa de urnas

La firma en Trípoli de una hoja de ruta que prevé elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de 24 meses abre una nueva posibilidad para reunificar un país fracturado desde la caída de Muamar Gadafi. Pero el acuerdo, auspiciado por Naciones Unidas, debe todavía superar la rivalidad entre las autoridades del oeste y del este, el poder de las milicias, las ambiciones de los Haftar y la influencia de Turquía, Rusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. En el trasfondo se encuentra una riqueza energética extraordinaria —48.000 millones de barriles de petróleo y 53 billones de pies cúbicos de gas— cuya importancia aumenta ante la actual crisis energética provocada por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

 

Buenos Aires - Libia vuelve a mirar hacia las urnas. Quince años después de la insurrección que acabó con el régimen de Muamar Gadafi y tras una sucesión casi ininterrumpida de gobiernos provisionales, guerras civiles, treguas incumplidas y elecciones frustradas, las principales fuerzas políticas y militares del país han dado un paso que, si logra sobrevivir a las profundas contradicciones libias, podría constituir el comienzo del final de una de las crisis más prolongadas de África.

El 30 de agosto, en Trípoli y bajo los auspicios de la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), representantes del oeste y del este del país firmaron un acuerdo destinado a modificar el marco electoral y crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales y legislativas dentro de un plazo máximo de 24 meses. El pacto fue alcanzado por el denominado encuentro reducido o “Small Convening”, integrado por representantes de las instituciones rivales y de las dos grandes estructuras de poder libias. Naciones Unidas lo considera un paso importante hacia la reunificación institucional y la celebración de comicios nacionales.

El acuerdo contempla la recomposición del órgano directivo de la Alta Comisión Electoral Nacional y la resolución de las cuestiones jurídicas y constitucionales que bloquearon las elecciones previstas para diciembre de 2021. Establece asimismo que las elecciones presidenciales y legislativas se celebren simultáneamente y bajo una autoridad ejecutiva unificada. El texto prevé, además, modificaciones destinadas a evitar algunos de los obstáculos que hicieron fracasar el proceso electoral anterior. Entre ellos figura la posibilidad de que militares y ciudadanos con doble nacionalidad puedan presentarse como candidatos, aunque quien resulte elegido y posea otra ciudadanía deberá renunciar a ella antes de asumir el cargo.

El significado político del acuerdo resulta difícil de exagerar, aunque tampoco conviene confundirlo con el nacimiento de un Estado nuevamente reunificado. El problema central de Libia continúa siendo precisamente que existen dos centros de poder que han construido durante años sus propios aparatos administrativos, financieros y militares. En Trípoli funciona el Gobierno de Unidad Nacional, dirigido por Abdul Hamid Dbeibah y reconocido internacionalmente, mientras en el este la Cámara de Representantes mantiene su alianza con el Ejército Nacional Libio del mariscal Jalifa Haftar. Ambas estructuras disponen de redes políticas, económicas y armadas propias y han contado con el respaldo de diferentes potencias extranjeras.

Para comprender la magnitud del desafío hay que regresar a 2011. La rebelión contra Gadafi, iniciada durante la denominada Primavera Árabe, se transformó rápidamente en una guerra civil. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó en marzo de aquel año la resolución 1973, que autorizó “todas las medidas necesarias” para proteger a la población civil y estableció una zona de exclusión aérea. La intervención de la OTAN terminó inclinando militarmente la balanza en favor de los insurgentes. Gadafi fue capturado y muerto en las proximidades de Sirte el 20 de octubre de 2011. Días después, Naciones Unidas puso fin formalmente al mandato que había permitido la campaña aérea aliada.

La caída del dictador, sin embargo, no produjo el Estado democrático y estable que muchos de sus protagonistas habían imaginado. El régimen había mantenido durante décadas un sistema político altamente personalista, en el que las instituciones estatales coexistían con estructuras tribales, redes de seguridad y mecanismos informales de distribución de poder. Una vez desaparecida la autoridad central, miles de combatientes que habían participado en la insurrección conservaron sus armas y sus propias áreas de influencia.

El vacío fue ocupado por milicias, ciudades rivales, grupos islamistas y redes tribales. La debilidad de las instituciones facilitó además la expansión del Estado Islámico, que llegó a controlar Sirte durante un periodo. Las elecciones y los intentos de construir nuevas instituciones no consiguieron superar la fragmentación. En 2014, el país quedó dividido entre gobiernos rivales en Trípoli y el este, mientras Haftar consolidaba progresivamente su poder militar.

La segunda guerra civil convirtió a Libia en un escenario de competencia internacional. Turquía se convirtió en el principal sostén del Gobierno instalado en Trípoli, proporcionando apoyo militar y enviando combatientes sirios aliados de Ankara. En el otro extremo, Haftar recibió respaldo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Rusia. La presencia del Grupo Wagner y posteriormente de estructuras vinculadas al Africa Corps ruso otorgó a Moscú una posición particularmente relevante en el este y el sur libios. La guerra dejó de ser, por tanto, únicamente una disputa interna: pasó a formar parte de la competición estratégica por el Mediterráneo, el norte de África, las rutas migratorias y los recursos energéticos.

La ofensiva de Haftar contra Trípoli, iniciada en 2019, agravó esa internacionalización. El riesgo de una guerra abierta entre las potencias que apoyaban a cada bando condujo finalmente a un alto el fuego en octubre de 2020. Fue un punto de inflexión decisivo. La violencia generalizada disminuyó, pero la paz militar no consiguió transformarse en una verdadera reunificación política.

El fracaso más significativo llegó en diciembre de 2021. Las elecciones presidenciales previstas no pudieron celebrarse. Las controversias sobre las candidaturas, las reglas electorales, el fundamento constitucional de los comicios y las condiciones para la participación de figuras militares impidieron la votación. Desde entonces, Libia permanece atrapada en una transición que parece no tener final.

La propia UNSMIL reconoce que las elecciones de 2021 constituyen una de las principales lecciones del actual proceso. La hoja de ruta presentada por su representante especial, Hanna Tetteh, propone avanzar de manera secuencial: primero reformar el marco electoral y fortalecer la comisión encargada de organizar los comicios; después establecer un Gobierno unificado capaz de administrar el país; y finalmente celebrar elecciones nacionales.

Durante 2025 y 2026 se multiplicaron las iniciativas para romper el bloqueo. La Carta de Reconciliación Libia, promovida por la Unión Africana, obtuvo nuevos apoyos y en enero de 2026 fue respaldada formalmente por Mohamed al-Menfi, presidente del Consejo Presidencial. En abril se alcanzó además, con mediación estadounidense, un acuerdo sobre un presupuesto nacional unificado, considerado particularmente significativo porque las instituciones rivales no habían logrado durante más de una década acordar un marco común de gasto público.

Estados Unidos ha incrementado paralelamente su implicación diplomática. Su enviado para África, Massad Boulos, ha mantenido contactos con los principales protagonistas libios y ha explorado fórmulas para una redistribución del poder. Washington tiene razones que exceden ampliamente la preocupación por la democratización de Libia: la posición geográfica del país, sus hidrocarburos, la seguridad del Mediterráneo, la lucha contra el terrorismo y la creciente competencia con Rusia constituyen intereses estratégicos de primer orden.

En este contexto debe interpretarse también la muerte de Saif al Islam Gadafi, hijo y antiguo heredero político de Muamar Gadafi. El 3 de febrero de 2026 fue asesinado a tiros en las proximidades de Zintan por varios hombres armados. Las autoridades libias emitieron posteriormente órdenes de arresto contra tres sospechosos, aunque no se estableció públicamente una autoría política definitiva.

La desaparición de Saif tuvo una evidente dimensión política. Había reaparecido en la escena pública como representante de una corriente gadafista que conservaba respaldo en determinados sectores tribales y sociales. En 2021 había intentado presentarse a las elecciones presidenciales que finalmente nunca se celebraron. Su muerte eliminó del tablero a una figura capaz, al menos potencialmente, de introducir un tercer polo en una disputa que progresivamente se había reducido a la competencia entre las estructuras de Dbeibah y Haftar.

El documento de análisis aportado plantea que las circunstancias de su asesinato podrían apuntar a una operación políticamente motivada. Sin embargo, esa interpretación no ha sido demostrada y debe permanecer en el terreno de las hipótesis. Lo comprobado es que el asesinato se produjo en un momento de intensa negociación sobre la futura arquitectura política libia y que las autoridades todavía no han esclarecido públicamente quién ordenó la operación.

La dimensión energética explica, en buena medida, por qué Libia vuelve a ocupar un lugar destacado en las agendas internacionales. El país posee las mayores reservas probadas de petróleo de África: alrededor de 48.000 millones de barriles, equivalentes a aproximadamente el 41% de las reservas africanas y al 3% de las reservas mundiales. Además, dispone de unos 53 billones de pies cúbicos de reservas probadas de gas natural, una de las mayores dotaciones del continente.

Es una riqueza extraordinaria para un país de apenas siete millones de habitantes, pero también una de las principales causas de su fragilidad. El petróleo financia prácticamente toda la economía estatal y el control de los yacimientos, oleoductos, puertos y terminales de exportación proporciona un instrumento decisivo de poder político. Los bloqueos de instalaciones petroleras han sido utilizados repetidamente como mecanismo de presión por actores locales.

Europa observa especialmente el sector gasístico. El gasoducto GreenStream conecta la costa libia con Italia y constituye la principal vía de exportación de gas libio hacia Europa. La italiana Eni mantiene una posición central en el sector y en junio de 2026 anunció el inicio del proyecto de compresión de Sabratha, destinado a sostener la producción del campo Bahr Essalam y añadir aproximadamente 800 millones de metros cúbicos anuales de gas.

La importancia de estos recursos se ha multiplicado por la actual guerra entre Estados Unidos e Irán. La prolongada crisis en torno al estrecho de Ormuz ha reducido drásticamente las exportaciones energéticas procedentes de Oriente Próximo y ha provocado un fuerte aumento de los precios del gas en Europa cuando se aproxima el invierno. Reuters informaba esta semana de que el cierre prolongado de Ormuz había provocado una caída del 85% de las exportaciones de gas natural licuado de Oriente Próximo, mientras los precios europeos superaban los 75 euros por megavatio hora.

En ese escenario, Libia aparece como algo más que un productor africano de hidrocarburos. Su proximidad geográfica a Europa, su capacidad potencial para incrementar la producción de petróleo y gas y su conexión directa con Italia convierten la estabilidad libia en una cuestión de seguridad energética europea. Para Washington, además, la consolidación de instituciones libias capaces de garantizar la producción energética, combatir el terrorismo y limitar la penetración rusa ofrece una oportunidad estratégica en el Mediterráneo.

Pero la firma del 30 de agosto no garantiza todavía unas elecciones. El Alto Consejo de Estado no participó formalmente en la ceremonia y algunas fuerzas políticas han cuestionado el procedimiento. El Parlamento tampoco ha ratificado todavía plenamente el acuerdo. Naciones Unidas ha advertido que el éxito dependerá de que todas las instituciones acepten las disposiciones pactadas y permitan su aplicación efectiva.

Libia se encuentra, por tanto, ante una paradoja. Nunca desde 2011 había existido una combinación tan clara de intereses internos y externos favorable a una reunificación: los libios reclaman instituciones legítimas, Europa necesita seguridad energética y control migratorio, Estados Unidos busca estabilidad y limita el espacio estratégico ruso, mientras Naciones Unidas intenta recuperar la autoridad de un proceso político que lleva años bloqueado.

Sin embargo, la misma riqueza que puede financiar la reconstrucción continúa siendo el premio que alimenta la competencia por el poder. Las elecciones sólo serán verdaderamente transformadoras si consiguen trasladar la disputa libia desde las armas, las milicias y el reparto informal de los recursos hacia instituciones aceptadas por todos. El acuerdo de Trípoli ofrece por primera vez en mucho tiempo un calendario. Lo que todavía no ofrece es la certeza de que quienes han vivido de la división estén dispuestos a aceptar las consecuencias de la unidad.

Quince años después de la muerte de Gadafi, Libia no necesita únicamente votar. Necesita que el resultado de las urnas tenga detrás un Estado capaz de hacerlo respetar.