Marruecos ha roto su silencio sobre
la entrada masiva de migrantes en Ceuta con un contundente comunicado en el que
niega cualquier responsabilidad de sus autoridades, reclama una investigación
sobre lo ocurrido y acusa a sectores políticos y mediáticos españoles de
convertir al reino en un instrumento de la disputa interna. Rabat reivindica la
relación estratégica construida con Madrid desde 2022, pero advierte de que la
falta de visión política puede transformar esa asociación en una fuente
permanente de desconfianza.
Contenido:
Buenos
Aires - La crisis de Ceuta ha abierto una grieta inesperada en una relación que
Madrid y Rabat habían presentado durante los últimos años como una de las
asociaciones estratégicas más sólidas del Mediterráneo occidental. El
Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes
en el Extranjero de Marruecos ha decidido intervenir públicamente para fijar su
posición después de semanas de acusaciones, debates parlamentarios y
controversias políticas en España. Su mensaje es inequívoco: Marruecos niega
haber organizado, facilitado o instigado la entrada masiva de migrantes que se
produjo a finales de julio y rechaza convertirse en el responsable externo de
una crisis que, según sostiene, tiene también profundas dimensiones de política
interna española.
El
comunicado difundido por Rabat el 10 de septiembre constituye la primera
reacción oficial de alcance de las autoridades marroquíes desde el estallido de
la crisis. Su tono es significativamente más político que defensivo. Marruecos
no se limita a negar las acusaciones: cuestiona abiertamente el comportamiento
de determinados partidos, medios de comunicación e instituciones españolas y
advierte de que la instrumentalización de la relación bilateral puede terminar
perjudicando a ambos países.
La
cancillería marroquí recuerda que el reino eligió soberanamente construir con
España una relación basada en la buena vecindad geográfica, el entendimiento
político, la asociación económica y la cooperación en materia de seguridad. Esa
política, sostiene Rabat, encontró su expresión más acabada en la Declaración
Conjunta del 7 de abril de 2022, después del encuentro entre el rey Mohammed VI
y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Aquel acuerdo abrió, según
la interpretación marroquí, una nueva etapa sustentada en el respeto mutuo, la
confianza, el diálogo permanente y la voluntad de construir una asociación
beneficiosa para ambas partes.
No
se trata de una referencia meramente diplomática. La mención a 2022 recuerda
que la relación actual nació después de una de las crisis más graves entre
Madrid y Rabat de las últimas décadas. Desde entonces, España modificó
sustancialmente su posición respecto del conflicto del Sáhara y respaldó la
propuesta marroquí de autonomía, mientras Marruecos consolidó su cooperación
con España en materia migratoria, policial, antiterrorista y económica.
Los
intereses materiales que sostienen ese acercamiento son considerables.
Marruecos destaca que España es su principal socio económico y que el reino
alauí se ha convertido en uno de los principales socios comerciales de España
fuera de la Unión Europea. La diplomacia marroquí subraya además que los dos
países han obtenido resultados relevantes en la lucha contra las redes
criminales y terroristas y en la prevención de los flujos migratorios.
Los
datos proporcionados por la diplomacia española muestran hasta qué punto esa
interdependencia ha crecido. El comercio bilateral alcanzó en 2024 alrededor de
22.000 millones de euros, según datos difundidos por el Ministerio de Asuntos
Exteriores español, y más de 5.000 empresas españolas mantienen actividad
exportadora regular en Marruecos. El país magrebí es también uno de los
principales destinos de la inversión española en África.
Precisamente
por eso la cuestión migratoria adquiere una dimensión que excede con mucho la
gestión de una frontera. Lo ocurrido durante los días 30 y 31 de julio
transformó esa frontera en el epicentro de una crisis humanitaria y política
sin precedentes recientes.
Decenas
de miles de personas, en su mayoría procedentes de Marruecos, intentaron
acceder a Ceuta por mar y a través de la frontera. Las estimaciones oficiales
sitúan el volumen de entradas e intentos en una magnitud de entre 70.000 y
80.000 personas. El episodio provocó muertos, desaparecidos, una presión
extraordinaria sobre los servicios de la ciudad y una crisis política que
rápidamente alcanzó al Gobierno central de Pedro Sánchez.
La
cuestión adquirió una nueva dimensión esta semana, cuando el Gobierno español
desclasificó 40 informes y comunicaciones correspondientes al mes de julio. Los
documentos muestran que el Centro Nacional de Inteligencia había detectado
convocatorias difundidas a través de Facebook y WhatsApp y que el 29 de julio
comunicó a los servicios de inteligencia marroquíes que se preparaban entradas
a Ceuta tanto a nado como mediante el salto de la valla. Los grupos utilizados
para movilizar a los migrantes reunían a decenas de miles de personas.
El
contenido de esa documentación ha alimentado precisamente la controversia que
Rabat intenta contener. Algunos informes elaborados después de la entrada
masiva describieron una actuación pasiva o negligente de las fuerzas
marroquíes. Uno de ellos planteó incluso, entre las hipótesis analizadas, la
posibilidad de que existiera algún grado de connivencia como respuesta a
acontecimientos políticos recientes. Pero esos documentos no demuestran que las
autoridades marroquíes hubieran organizado la operación. De hecho, el propio
Gobierno español ha insistido en que no dispone de pruebas sólidas que permitan
atribuir a Rabat la planificación de la avalancha.
Ese
matiz es el eje de la argumentación marroquí. Rabat sostiene que ningún dato,
hecho o informe establece la implicación de sus autoridades. Y transforma la
cuestión en una serie de preguntas dirigidas a Madrid: por qué se mantienen las
acusaciones si no existen pruebas concluyentes, por qué no se devuelven los
migrantes irregulares cuando Marruecos afirma haber aceptado oficialmente su
readmisión y por qué continúan en España menores no acompañados cuyos retornos,
asegura, Rabat ha solicitado reiteradamente.
La
dureza del comunicado aumenta cuando aborda la política española. El Ministerio
marroquí denuncia que determinados sectores políticos y mediáticos utilizan al
reino como parte de una agenda interna y acusa a partidos con experiencia de
Gobierno de haber sustituido el análisis racional por una retórica que califica
de populista. Aunque no menciona expresamente al Partido Popular, la alusión ha
sido interpretada en España como una referencia inequívoca a la principal
fuerza de la oposición.
El
Partido Popular sostiene que la relación con Rabat debe sustentarse en el
respeto recíproco y en la defensa de las fronteras españolas.
Desde
otros sectores políticos las interpretaciones son diferentes. El expresidente
Felipe González ha cuestionado la gestión del Gobierno de Sánchez y ha
considerado que la respuesta ante la crisis fue manifiestamente mejorable. El
presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha hablado de
una gestión desastrosa y ha advertido del riesgo de que la controversia termine
favoreciendo a la extrema derecha.
Entre
los analistas de seguridad tampoco existe una lectura unánime. El analista de
inteligencia Fernando Cocho ha sostenido que Marruecos utiliza históricamente
los flujos migratorios como instrumento de presión estratégica y ha
interpretado los documentos españoles como indicios de una responsabilidad
marroquí mayor de la que admite Rabat. Su lectura contrasta, sin embargo, con
la posición oficial del Gobierno español, que no considera probado que
Marruecos organizara la operación.
También
desde el ámbito periodístico la cuestión se ha planteado como una prueba de
resistencia para la relación bilateral. Los análisis publicados en los últimos
días coinciden en que los documentos desclasificados demuestran que existieron
señales previas y fallos de coordinación, pero no resuelven definitivamente la
pregunta fundamental sobre la intención de las autoridades marroquíes. El
propio diario El País ha destacado que el CNI comunicó a Marruecos la
existencia de convocatorias para cruzar la frontera y que posteriores informes
españoles detectaron falta de reacción proactiva por parte de las autoridades
marroquíes.
La
posición de Rabat, por tanto, no consiste simplemente en negar una acusación.
Es también una advertencia diplomática. Marruecos afirma que la cooperación
migratoria ha sido históricamente eficaz y que el episodio de julio debe ser
objeto de una investigación exhaustiva para determinar sus circunstancias,
identificar posibles injerencias y evitar que vuelva a producirse.
La
advertencia final es quizás la más significativa. Rabat afirma que no acepta
convertirse en “moneda de cambio” electoral ni en “chivo expiatorio”
de las disputas políticas españolas. La cancillería marroquí sostiene que la
vecindad geográfica es inmutable, pero que corresponde a los responsables
políticos convertirla en un activo estratégico. Si se impone, por el contrario,
lo que denomina «ceguera estratégica», el capital acumulado durante los últimos
años podría convertirse en una fuente permanente de desconfianza y tensiones
recurrentes.
Esa
es, en definitiva, la cuestión de fondo. Ceuta ha puesto a prueba no solo los
mecanismos de control de una frontera particularmente sensible, sino también el
modelo de relación construido entre Madrid y Rabat desde 2022. España necesita
la cooperación marroquí para controlar los flujos migratorios, combatir el
terrorismo y proteger sus intereses económicos en el norte de África.
Marruecos, por su parte, necesita preservar su asociación con España, uno de
sus principales interlocutores europeos y uno de los países que más
profundamente se ha implicado en su nueva estrategia diplomática.
La
crisis ha demostrado que esa asociación es sólida, pero no inmune. Las
acusaciones, la desclasificación de información de inteligencia y la
utilización política de la inmigración han introducido un elemento de
desconfianza que puede resultar difícil de gestionar. La diplomacia marroquí ha
optado por responder con firmeza, pero sin cerrar la puerta al diálogo. Al
recordar la arquitectura construida desde 2022, Rabat parece estar enviando a
Madrid un mensaje doble: no acepta cargar con una responsabilidad que considera
no demostrada, pero tampoco desea que una crisis fronteriza destruya una
relación que considera estratégica.
La
frontera de Ceuta seguirá siendo, por su propia naturaleza, un punto de
fricción. Pero el comunicado de Rabat deja claro que el futuro de la relación
hispano-marroquí no se decidirá únicamente en esa frontera. Se decidirá también
en Madrid, en Rabat y en la capacidad de ambos Gobiernos para impedir que una
crisis migratoria termine convirtiéndose en una crisis estratégica.
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