La alianza inédita de los
nacionalistas de las tres naciones británicas abre un proceso político cuyo
desenlace todavía está lejos de la independencia, pero que obliga a Londres,
Washington, Bruselas y la OTAN a prepararse para un eventual rediseño constitucional
de las islas británicas. Escocia aparece como el eslabón más vulnerable de la
Unión; Irlanda del Norte dispone del mecanismo jurídico más claro para
abandonarla y Gales es, por ahora, el territorio con menor respaldo popular a
la separación.
Contenido:
Buenos
Aires – Hay momentos en la historia constitucional de los Estados en los que
una declaración política adquiere una importancia que excede largamente su
contenido jurídico. La reunión celebrada este lunes en Cardiff por los
dirigentes nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte pertenece a esa
categoría. John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill, junto con Mary
Lou McDonald, firmaron un memorando que proclama el derecho de sus respectivas
naciones a la autodeterminación y reclama a Westminster que prepare y facilite
futuros cambios constitucionales. Los firmantes sostienen, además, que el
futuro de sus territorios está en la Unión Europea.
El
documento no equivale a una declaración de independencia ni pone en marcha
automáticamente un proceso de disolución del Reino Unido. Los propios
nacionalistas reconocen que cada territorio tiene una historia, un marco
jurídico y una relación diferente con Londres. Pero el significado político es
considerable: por primera vez desde el comienzo de la descentralización, las
tres administraciones autónomas están encabezadas por fuerzas partidarias de
modificar radicalmente su vínculo con el Estado británico.
El
Reino Unido se enfrenta así a una paradoja. Su sistema constitucional permitió
durante décadas acomodar identidades nacionales distintas dentro de una misma
estructura estatal. Sin embargo, el Brexit, el fortalecimiento de los
nacionalismos periféricos y el creciente cuestionamiento del modelo
centralizado de Westminster han convertido aquella flexibilidad en una posible
vía hacia la fragmentación.
Tres
nacionalismos, tres proyectos diferentes
Escocia
es el caso más avanzado. El SNP aspira a celebrar un nuevo referéndum durante
la actual legislatura de Holyrood. En 2014, el 55,3% de los escoceses votó por
permanecer en el Reino Unido, pero el Brexit modificó sustancialmente el
contexto político: Escocia había votado mayoritariamente por permanecer en la
Unión Europea. Para el nacionalismo escocés, la salida del Reino Unido
significó que una decisión adoptada por el conjunto del electorado británico
terminó imponiendo a Escocia un resultado que la mayoría de sus votantes había
rechazado.
El
obstáculo es jurídico. El Tribunal Supremo británico estableció en 2022 que el
Parlamento escocés no puede organizar unilateralmente un referéndum de
independencia. La autorización corresponde a Westminster.
La
cuestión es, por tanto, política antes que jurídica: ¿cuánto tiempo puede
Londres negarse a una consulta si una mayoría clara y sostenida de los
escoceses la reclama? El Gobierno de Andy Burnham ha optado por resistir,
argumentando que las prioridades son económicas y sociales. Pero una negativa
prolongada puede terminar alimentando precisamente el argumento nacionalista
que pretende neutralizar.
Gales
presenta una situación distinta. El nacionalismo galés posee una tradición
cultural y lingüística profunda, pero el apoyo a la independencia sigue siendo
considerablemente inferior al existente en Escocia. Plaid Cymru no reclama una
consulta inmediata y pretende primero construir una base económica, política y
social para la independencia. Según los datos recogidos en el documento de
referencia, el apoyo independentista ronda actualmente el 32%, frente a
aproximadamente un 68% contrario.
El
problema galés es, además, económico. La economía depende fuertemente del
mercado inglés y de las transferencias provenientes de Westminster. La
desaparición del sistema de financiación británico obligaría a Cardiff a
sustituir en forma acelerada recursos públicos que actualmente proceden del
Estado central. El nacionalismo galés puede tener una poderosa dimensión
identitaria, pero todavía no ha demostrado que pueda traducirse en una mayoría
partidaria de asumir los costes económicos de la soberanía.
Irlanda
del Norte constituye el caso más peculiar porque no se trataría estrictamente
de una independencia, sino de una reunificación con la República de Irlanda. El
Acuerdo de Viernes Santo de 1998 estableció un principio fundamental: el
estatus constitucional de Irlanda del Norte puede modificarse si una mayoría de
sus ciudadanos expresa democráticamente esa voluntad. El mecanismo es un border
poll.
El
Sinn Féin aspira a que esa consulta pueda producirse antes de 2030. Sin
embargo, los datos disponibles todavía no muestran una mayoría favorable a la
reunificación. El desafío es especialmente delicado porque cualquier proceso
que sea percibido por la comunidad unionista como una imposición podría reabrir
heridas que el Acuerdo de Viernes Santo consiguió cerrar después de tres
décadas de violencia.
El
factor europeo
El
elemento que une a los tres movimientos nacionalistas es Europa. Los dirigentes
sostienen que el Brexit perjudicó a sus territorios y que el futuro debería
estar vinculado nuevamente a la Unión Europea.
Pero
aquí aparece una diferencia entre la retórica política y la realidad jurídica.
Una Escocia o un Gales independientes no regresarían automáticamente a la
Unión. Como nuevos Estados deberían solicitar su ingreso mediante el artículo
49 del Tratado de la Unión Europea, procedimiento que exige una decisión
unánime del Consejo y la ratificación del acuerdo de adhesión por todos los
Estados miembros conforme a sus respectivas normas constitucionales.
Eso
significa que la independencia no produciría un retorno automático al mercado
único europeo. Escocia y Gales tendrían que negociar su incorporación mientras
gestionan simultáneamente una nueva frontera con el resto del Reino Unido. La
transición podría convertirse en el período más complejo de todo el proceso.
Irlanda
del Norte tendría una ventaja sustancial. Si se produjera una reunificación
conforme al Acuerdo de Viernes Santo, el territorio pasaría a formar parte de
un Estado que ya pertenece a la Unión Europea. No habría una candidatura
norirlandesa independiente. La cuestión sería cómo adaptar institucional y
financieramente el territorio al Estado irlandés y al marco comunitario.
Los
costos de la independencia
La
principal debilidad del proyecto independentista se encuentra en las cuentas
públicas. La independencia no consiste simplemente en reemplazar una bandera
por otra. Implica crear un Estado: recaudar impuestos, emitir deuda, garantizar
pensiones, organizar la defensa, establecer relaciones comerciales y disponer
de una política monetaria.
Escocia
parte de una situación paradójica. Posee una economía diversificada,
importantes servicios financieros, universidades de prestigio, una potente
industria energética y enormes posibilidades de desarrollo de la energía eólica
marina. Pero también presenta un déficit fiscal elevado. Según las cifras
recogidas en el documento, el déficit nocional de 2025-2026 alcanzaría unos
25.300 millones de libras, aproximadamente el 10,9% del PIB.
El
petróleo del Mar del Norte no resolvería por sí solo el problema. Los
hidrocarburos siguen siendo un activo estratégico, pero la producción ha dejado
de tener la magnitud necesaria para financiar sin dificultades un Estado
moderno. La verdadera oportunidad escocesa estaría en combinar energía
renovable, servicios financieros, tecnología, universidades y una eventual
integración europea.
Gales
se encontraría en una posición más complicada. Su dependencia de las
transferencias británicas y del mercado inglés es mayor, mientras su base
fiscal es más estrecha. Una frontera comercial con Inglaterra podría afectar
particularmente a la industria galesa y al corredor económico del sur del país.
Para
Irlanda, en cambio, la reunificación tendría un costo fiscal considerable.
Irlanda del Norte presenta un déficit que actualmente es cubierto en buena
medida por Westminster. Las estimaciones disponibles oscilan ampliamente, desde
unos 3.000 millones de euros anuales hasta cifras mucho mayores. La
incertidumbre refleja la dificultad de calcular los efectos sobre salarios,
pensiones, infraestructura, sanidad y servicios públicos.
Pero
también habría beneficios. Desaparecería la frontera terrestre entre ambas
Irlandas, el Norte quedaría plenamente integrado en el mercado único y
adoptaría el euro, mientras Irlanda ampliaría su territorio, población y peso
económico.
¿Puede
realmente desaparecer el Reino Unido?
A
corto plazo, una disolución simultánea parece improbable. El propio pacto de
Cardiff reconoce que cada nación seguirá su propio camino. El escenario más
plausible es una secuencia y no una ruptura simultánea: primero Escocia,
eventualmente Irlanda del Norte y, en un horizonte mucho más distante, Gales.
Escocia
constituye hoy el principal foco de riesgo. Gales todavía carece de una mayoría
independentista y el proceso norirlandés está sometido a un mecanismo jurídico
específico. La posibilidad de una ruptura completa dependerá, sobre todo, de
tres variables: la evolución de la opinión pública, la disposición de
Westminster a aceptar consultas y la capacidad de los nacionalistas para
presentar proyectos económicos convincentes.
La
peor alternativa sería una separación unilateral. La mejor, tanto para los
territorios como para Londres, sería una negociación constitucional pactada.
El
mecanismo debería comenzar con acuerdos políticos sobre la pregunta sometida a
consulta, el padrón electoral, la mayoría necesaria y las garantías de
imparcialidad. Después de un eventual triunfo independentista debería abrirse
una negociación formal sobre deuda pública, activos, pensiones, ciudadanía,
defensa, fronteras, recursos energéticos, moneda, comercio y bases militares.
Solo después tendría sentido establecer la fecha efectiva de independencia.
El
proceso completo podría durar muchos años. Algunas fuentes estiman entre cinco
y quince años para resolver las cuestiones derivadas de una separación plena.
Estados
Unidos, la OTAN y Europa ante el posible divorcio
Washington
tendría que actuar con especial prudencia. El reciente respaldo de Donald Trump
a una Irlanda unificada añade una dimensión internacional al debate, aunque la
política estadounidense debería evitar la apariencia de intervenir directamente
en la arquitectura constitucional británica.
Estados
Unidos tiene un interés estratégico superior: preservar la alianza atlántica,
la cooperación de inteligencia con Londres y la estabilidad militar del norte
de Europa. Un Reino Unido fragmentado seguiría siendo importante para
Washington, pero su capacidad diplomática y militar podría reducirse.
La
OTAN tendría que adoptar una posición estrictamente neutral respecto de la
cuestión constitucional. Su prioridad sería garantizar que cualquier nuevo
Estado miembro que surgiera de una separación pactada pudiera incorporarse a
las estructuras aliadas sin generar un vacío de seguridad. El asunto nuclear
sería particularmente sensible. La base de Faslane, en Escocia, alberga la
disuasión nuclear británica, por lo que una independencia escocesa obligaría a
Londres a encontrar una nueva infraestructura para sus submarinos estratégicos.
La OTAN, que considera las fuerzas nucleares estratégicas parte esencial de su
arquitectura de disuasión, no podría ignorar las consecuencias.
Bruselas
tendría que ser todavía más cautelosa. La Unión Europea no debería estimular
una secesión dentro de un Estado europeo, pero tampoco podría permanecer
indiferente ante un proceso democrático y pactado. Para Escocia y Gales, la
fórmula sería clara: independencia reconocida, solicitud de adhesión y
negociación. Para Irlanda del Norte, la situación sería distinta y
potencialmente mucho más sencilla.
El
nuevo mapa de las islas
La
cuestión decisiva no es si el Reino Unido puede desaparecer mañana. No puede.
La cuestión es si el modelo político creado por las uniones de 1707 y 1921
continuará siendo capaz de contener las identidades nacionales que conviven
dentro de él.
El
pacto de Cardiff no es todavía el acta de defunción del Reino Unido. Es, más
bien, la primera advertencia de que la discusión ha cambiado de naturaleza.
Escocia ya no debate solamente cuánto poder debe recibir de Westminster;
discute qué ventajas tendría dejar de pertenecer al Estado británico. Irlanda
del Norte ya no considera la reunificación una hipótesis histórica distante. Y
Gales, aunque más cauteloso, ha incorporado la soberanía a su debate político.
La
paradoja final es que una separación ordenada podría no significar
necesariamente una ruptura de la cooperación. Escocia, Gales, Irlanda del Norte
y el resto del Reino Unido seguirían compartiendo geografía, comercio,
historia, cultura, seguridad y millones de vínculos personales.
El
verdadero desafío para Londres será comprender que preservar la Unión quizá ya
no consista en impedir que sus territorios voten, sino en convencerlos de que
todavía tienen razones suficientes para permanecer juntos. Si Westminster
fracasa en esa tarea, el Reino Unido podría descubrir que su mayor amenaza no
procede del exterior, sino de una pregunta elemental que cada vez más
ciudadanos de sus naciones parecen dispuestos a formular: ¿por qué seguir
juntos?
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