La
implantación de una cuarentena asistida aumenta la incertidumbre sobre la
evolución de la pandemia de coronavirus Covid 19 en Argentina.
El
gobierno del presidente Alberto Fernández ha decidido autorizar gradualmente la
realización de ciertas actividades económicas y permitir mayores
desplazamientos de la población después de 57 días ininterrumpidos de
cuarentena domiciliaria e interrupción de la economía.
El
momento elegido no es sin duda el mejor. Día a día se incrementa en forma
paulatina el número de personas infectadas, de las cuales fallece una cada
veinticuatro horas. Todos los días se registra un récord de infectados y
muertos. Aunque esas cifras son de dudoso valor para saber sobre la marcha de
la pandemia porque el gobierno no realiza el número necesario de testeos como
para determinar con certeza cuál es la evolución real de la misma.
Por
otra parte, la gran cantidad de víctimas fatales estaría indicando que muchos
de los infectados no son detectados hasta que la enfermedad ingresa en su etapa
de máxima peligrosidad.
El
gobierno argentino ha debido aflojar los controles acorralado por una sumatoria
de factores. Por una parte, debido al cansancio de la población, especialmente
en las grandes ciudades, por tantos días de encierro domiciliario. En muchos
casos cuatro o más personas deben convivir las veinticuatro horas en una
vivienda de reducidas dimensiones que, hace aflorar los conflictos latentes
desde hacia largo tiempo. Incluso las parejas que vivían solas debieron
afrontar el desafío de una convivencia total, después de muchos años de verse
parcialmente durante la semana y alternando los fines de semana con salidas y
amigos.
La
situación se tornó especialmente insoportable para los profesionales y
trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos están condicionados por su
actividad diaria (desde abogados, contadores, psicólogos, etc. a vendedores
ambulantes, peluqueros, masajistas, entrenadores físicos, comerciantes, etc.).
La
prolongación de la cuarentena agotó sus reservas financieras e incrementó su
endeudamiento (acumulando impagos de expensas a los consorcios de propietarios
de viviendas, la renta, pago de servicios: agua, electricidad, gas, internet,
telefonía, medicina prepaga, educación privada, impuestos, etc.).
Todos
estos factores llevaron a gran parte de la población a desafiar el aislamiento
social y salir pese a la prohibición e incluso iniciar algún tipo de actividad
laboral no permitida por las autoridades.
Antes
del inicio de la pandemia del Covid 19, la Argentina venia de nueve semestres
seguidos de estanflación (recesión con inflación) la imposición de la
cuarentena no hizo sino agravar la crisis económica. Muchas pequeñas y medianas
empresas bajaron sus persianas y ya no las abrirán más. La cadena de pagos está
absolutamente rota. Las entidades bancarias acumulan cheques sin fondos que
actualmente llegan a casi 300.000 cheques rechazados y créditos en mora. Algo
similar ocurre con las carteras de clientes de las tarjetas de crédito.
El
auxilio oficial no llegó a todos aquellos que perdieron sus ingresos por la
cuarentena. Los trabajadores cuyos ingresos familiares dependen totalmente de actividades
encuadradas en el denominado “monotributo” (el pago de un único impuesto
por parte de trabajadores independientes de bajos ingresos) recibieron
mensualmente diez mil pesos (unos U$S 60,00). Además, si no tenían ningún otro
préstamo pendiente podían tramitar un préstamo personal de hasta ciento
cincuenta mil pesos (unos U$S 1.100,00) a devolver con seis meses de gracia y
una muy baja tasa de interés. Pero, el otorgamiento del crédito queda a
criterio de las entidades bancarias privadas que evaluaban la capacidad del
solicitante para cumplir con los pagos.
Quienes
no estaban inscriptos como “monotributistas”, es decir, el grueso de los
trabajadores informales quedó al margen de este tipo de ayuda oficial.
La
pandemia ha obligado al gobierno nacional a incrementar considerablemente el
gasto fiscal mientras descendió la recaudación impositiva como producto de la
menor actividad económica. El gobierno no tuvo otra alternativa que emitir más
moneda. Incluso debió apelar a crear un nuevo billete de mayor denominación
equivalente a cinco veces el máximo billete existente. De un billete de mil se
paso al de cinco mil pesos.
La
fuerte emisión monetaria y el virtual default técnico de la deuda externa
argentina disparó el valor del dólar frente al peso. El dólar paralelo o “blue”
que cotiza clandestinamente (y que es el único al que puede acceder el grueso
de la población para preservar sus ahorros) pasó de los cuarenta pesos por
dólar hace seis meses cuando asumió Alberto Fernández a los 138 pesos en que
cotiza hoy 15 de mayo.
La
crisis económica, potenciada por la pandemia, golpea especialmente a la
población que reside en los asentamientos informales que suelen denominarse
oficialmente como “barrios vulnerables” (y que la gente denomina “villas
miseria” o simplemente “villas”). Estamos hablando de áreas
cubiertas de viviendas precarias instaladas sobre la tierra, muchas sin piso,
que se apiñan en un terreno sin ningún tipo de urbanización, sin calles solo
pasadizos que serpentean entre una casilla y otra. Estas viviendas carecen de
agua corriente o cloacas, y su abastecimiento de energía eléctrica depende de
instalaciones precarias e ilegales.
Estos
superpoblados complejos de viviendas constituyen una verdadera tierra de nadie
donde el Estado y todas sus instituciones (policiales, sanitarias o
asistenciales) están absolutamente ausentes.
En
esos asentamientos en la mayoría de los barrios vulnerables la cuarentena nunca
se cumplió y la población no emplea barbijos o tapabocas, guantes, ni alcohol o
cloro líquido. Sencillamente carecen del dinero para alimentarse mucho menos
para destinar a estas protecciones.
El
gobierno, que no cuenta con estos insumos para abastecer al personal sanitario y
los cuerpos policiales, tampoco abastece de estos elementos a la población
carenciada.
En la
mayoría de los casos la población de las llamadas “villas miseria” e
incluso los pobres que viven en barrios obreros no tan carenciados, actualmente
sobreviven alimentándose en comedores comunitarios y los niños comiendo en las
escuelas que, aunque están cerradas por la cuarentena, abren para brindar alimentos.
Desde
que comenzó la pandemia el Ejército Argentino comenzó a emplear sus “cocinas
de campaña” para elaborar y distribuir alimentos. Otro tanto hacen las
iglesias (católicas y evangélicas) y los clubes barriales de futbol que,
cerrados al público, brindan cenas gratuitas a la población que se lleva la
comida a sus viviendas. Estas son iniciativas privadas que no dependen del
aporte del Estado para abastecerse de los alimentos que brindan a la población.
La
Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra
veinte de estos asentamientos (algunos parcialmente urbanizados con calles,
plazas y luminarias) donde reside el 6% de sus casi tres millones de
habitantes.
El más
organizado y con mejor calidad de viviendas de estos asentamientos es el
denominado Barrio 31 (Villa 31 o Villa Padre Mujica), ubicada en proximidades
de la terminal ferroviaria y de buses de larga distancia de Retiro. Allí
residen ochenta mil personas en condiciones muy precarias y de hacinamiento. Es
también el barrio de la ciudad de Buenos Aires donde se registró el mayor
número de personas infectadas.
Lo
grave es que los residentes en este asentamiento trabajan en diversos lugares
distribuidos a lo largo de toda la ciudad, incluso en labores vinculados con la
elaboración y venta de comidas, sanitarias y de seguridad. Recientemente, un
agente de policía que vivía en el Barrio 31 dio positivo de coronavirus. Pero
para cuando se detectó que estaba infectado había contagiado a cinco compañeros
en la Comisaría donde prestaba servicios y posiblemente a la gente con quién
tuvo contacto.
El
segundo foco de contagios y de mortandad son los seiscientos geriátricos donde
se concentra la población más vulnerable. En algunas de estas residencias para
ancianos las instalaciones son inadecuadas y el personal sin suficientes medios
ni idoneidad profesional para prevenir los contagios o detectar tempranamente
los síntomas de la enfermedad.
Por
último, está la población en situación de calle, que ha aumentado debido a la
crisis económica y que se torna más vulnerable por estar mal alimentada y
aseada, padecen diversas patologías y está muy expuesta a las bajas temperaturas.
En los últimos días, se registraron 90 contagios en un albergue del gobierno de
la ciudad para este tipo de población.
Este
es el grave panorama en la ciudad capital de Argentina, donde el jefe de
Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta ha sido proactivo -a veces en exceso- para
contener la pandemia. En la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel
Kicillof se desentendió del problema delegando el manejo de la lucha contra la epidemia
en los 139 intendentes del distrito, la situación es aún más grave.
La
ciudad de Buenos Aires posee veinte asentamientos vulnerables, pero la
provincia del mismo nombre tiene mil ochocientas de estas áreas poblacionales
donde se hacinan dos millones de personas que sobreviven principalmente gracias
a la ayuda económica que les brinda el Estado Nacional (Asignación Universal
por Hijo, jubilaciones, pensiones y otros planes sociales, etc.), la
distribución de bolsones con alimentos y trabajos informales eventuales (en la
construcción, como empleados domésticos, tareas de limpieza y comercio
ambulante). Sin descartar, algunas actividades ilícitas, tales como robos o
narcomenudeo.
La
provincia además cuenta con más de mil geriátricos y residencias habilitadas y “supervisadas”
por el Estado y una cantidad similar de residencias para ancianos informales o
no habilitadas que operan en forma semiclandestina y donde la atención de los
abuelos es aún más precaria.
Recordemos
que la provincia de Buenos Aires tiene un territorio similar al de Italia o
Polonia (305.571 km²) y una población igual a la de los Países Bajos
(16.660.000 millones de personas) o sea el doble de los habitantes que tiene
Austria.
Reiteremos
que el gobierno bonaerense no actúa en la pandemia con sus propios medios sino
que distribuye sus recursos a las intendencias y estas son las que organizan la
prevención, preparan las instalaciones sanitarias, contratan servicios
fúnebres, etc. y llevan a cabo el tratamiento de los casos detectados.
Por lo
cual, el único registro de la evolución de la pandemia en la provincia de
Buenos Aires proviene de las informaciones que los intendentes suministran al
gobierno provincial y este al gobierno nacional. Es decir, que todo el proceso
es poco confiable.
Este
panorama se repite en la mayoría de las provincias con grandes cinturones
suburbanos. Algunos gobiernos provinciales han extremado las medidas de
prevención, en tanto otros han sido más negligentes o carecen de los recursos
económicos necesarios. Incluso en algunas provincias no se produjeron
contagios.
En
estas condiciones, Argentina, por un lado se aproxima al pico de la crisis en
la pandemia cuando se avecina el invierno y bajan las temperaturas y por el
otro el gobierno nacional disminuye las medidas de prevención iniciando lo que
denomina como una “cuarentena administrada”.
Si
estas nueva medidas provocan un incremento sustancial en el número de
infectados y muertos, es necesario recordar que el presidente Alberto Fernández
ha debido aceptar este relajamiento de la cuarentena por el alto grado de
desobediencia de la población y la previsión de los empresarios y comerciantes
que debían pagar salarios, alquileres e impuestos mientras mantenían las
puertas de sus establecimiento cerradas.
