La decisión de la Administración de
Donald Trump de convocar en Washington a representantes de más de sesenta
países para impulsar una estrategia internacional contra lo que denomina el
"resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda"
constituye uno de los movimientos doctrinarios más trascendentes de la política
exterior estadounidense desde el final de la Guerra Fría.
Contenido:
Buenos
Aires - Presentada por el secretario de Estado, Marco Rubio, como el inicio de
una nueva arquitectura global de cooperación antiterrorista, la iniciativa contra
la extrema izquierda aspira a identificar, perseguir y desarticular redes
revolucionarias, anarquistas y antifascistas consideradas violentas. Sin
embargo, también ha abierto un intenso debate acerca de los límites
conceptuales del terrorismo, el riesgo de criminalizar la disidencia política y
la posibilidad de que Estados Unidos esté inaugurando una nueva etapa de
confrontación ideológica cuya lógica recuerda, para numerosos especialistas,
algunos de los rasgos más inquietantes del macartismo.
Durante
décadas, la agenda internacional de Washington estuvo dominada por amenazas
claramente identificables. Primero fue la confrontación bipolar con la Unión
Soviética; posteriormente, el terrorismo islamista monopolizó la atención de
las agencias de inteligencia y de los organismos encargados de la seguridad
nacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Ahora, la
Administración Trump sostiene que una amenaza diferente, largamente ignorada,
ha vuelto a adquirir dimensiones transnacionales: el terrorismo político
inspirado en ideologías revolucionarias de izquierda.
En
el discurso inaugural de la reunión ministerial celebrada en el Departamento de
Estado, Marco Rubio afirmó que la violencia revolucionaria de inspiración
marxista, comunista, anarquista o antifascista nunca desapareció completamente
y que actualmente experimenta un proceso de reorganización internacional. Según
el secretario de Estado, los ataques contra infraestructuras críticas,
laboratorios, redes eléctricas, oleoductos y otros objetivos estratégicos
formarían parte de una renovada ofensiva contra las democracias occidentales.
La
reunión reunió a delegaciones de alrededor de sesenta y siete países
—principalmente europeos, aunque también americanos y asiáticos—, si bien en
numerosos casos las representaciones estuvieron encabezadas por embajadores o
funcionarios técnicos y no por ministros de Relaciones Exteriores. Israel fue
el único país de Oriente Medio presente oficialmente.
Más
allá del contenido operativo de la iniciativa, el verdadero alcance del
encuentro reside en el cambio doctrinal que supone. Rubio planteó la necesidad
de reconstruir la arquitectura internacional del contraterrorismo mediante un
intercambio intensivo de inteligencia, cooperación judicial, rastreo financiero
y coordinación policial para identificar redes que, según Washington, han
escapado durante décadas al escrutinio internacional.
Sin
embargo, apenas pronunciadas las primeras intervenciones oficiales comenzaron
también las críticas. Numerosos exfuncionarios del propio Departamento de
Estado, especialistas en contraterrorismo y académicos cuestionaron tanto el
diagnóstico como las prioridades establecidas por la nueva estrategia. Para
ellos, el terrorismo de extrema izquierda existe, pero su magnitud actual dista
considerablemente de representar la principal amenaza para la seguridad
occidental, especialmente si se compara con el extremismo yihadista o con
diversas formas de violencia de extrema derecha.
Ese
debate remite a una cuestión extraordinariamente compleja: ¿qué debe entenderse
exactamente por "extrema izquierda violenta"?
La
dificultad no es menor. En la práctica conviven bajo esa denominación
organizaciones históricas claramente terroristas —como Sendero Luminoso, las
Brigadas Rojas italianas, la Fracción del Ejército Rojo alemana, Weather
Underground o las antiguas organizaciones guerrilleras latinoamericanas— con
colectivos anarquistas, movimientos antifascistas descentralizados, grupos
antisistema, organizaciones de acción directa e incluso activistas cuya
actuación se limita a protestas radicalizadas pero protegidas por el derecho
constitucional de manifestación.
El
propio caso de Antifa ilustra esa ambigüedad. Diversos organismos
estadounidenses, incluido el FBI durante el primer mandato de Trump, señalaron
reiteradamente que Antifa constituye más una corriente ideológica o un conjunto
descentralizado de colectivos que una organización jerárquica dotada de una
estructura de mando identificable. Esa característica plantea enormes desafíos
jurídicos cuando se pretende aplicar categorías propias del terrorismo
internacional a un fenómeno extremadamente difuso.
Precisamente
allí aparece uno de los principales temores expresados por juristas y
organizaciones dedicadas a la defensa de las libertades civiles. La ausencia de
una definición objetiva y universalmente aceptada de "extrema izquierda
violenta" puede terminar ampliando peligrosamente el margen de
discrecionalidad del poder político.
La
historia ofrece abundantes ejemplos de cómo categorías inicialmente diseñadas
para combatir organizaciones armadas acabaron utilizándose para perseguir
adversarios ideológicos, movimientos sindicales, organizaciones estudiantiles o
simples opositores políticos.
Es
inevitable, en ese contexto, que resurja la comparación con el macartismo.
Durante
los primeros años de la Guerra Fría, el senador Joseph McCarthy convirtió la
sospecha de simpatías comunistas en un instrumento político de enorme eficacia.
Miles de ciudadanos estadounidenses fueron investigados, despedidos o
marginados profesionalmente sin pruebas concluyentes de haber cometido delito
alguno. Bastaba la sospecha de afinidad ideológica para desencadenar procesos
administrativos, investigaciones parlamentarias o campañas públicas de
descrédito.
Naturalmente,
las circunstancias actuales son muy diferentes. Nadie sostiene que Estados
Unidos haya regresado mecánicamente a la década de 1950. Sin embargo, varios
especialistas advierten que ciertas dinámicas discursivas —la identificación de
amplios sectores ideológicos como amenazas potenciales para la seguridad
nacional, la ampliación del concepto de terrorismo y la utilización de
categorías políticas poco precisas— recuerdan algunos de aquellos mecanismos
históricos.
La
propia cobertura periodística estadounidense recoge las preocupaciones
expresadas por antiguos responsables del área de contraterrorismo, quienes
consideran que la amenaza está siendo amplificada y politizada, mientras otras
formas de extremismo continúan representando riesgos objetivamente mayores.
Existe,
sin embargo, otro aspecto del discurso de Rubio que difícilmente pueda
descartarse como mera retórica política.
El
secretario de Estado dedicó una parte significativa de su intervención al papel
desempeñado históricamente por Cuba en la formación y apoyo de numerosos
movimientos insurgentes latinoamericanos durante la Guerra Fría. Recordó
expresamente el entrenamiento proporcionado por el régimen de Fidel Castro a
miles de guerrilleros procedentes de distintos países del continente y sostuvo
que la red política e ideológica construida desde La Habana contribuyó
decisivamente al desarrollo de organizaciones revolucionarias en América y
otras regiones.
Sobre
este punto, la evidencia histórica es considerable. Desde comienzos de los años
sesenta, Cuba impulsó una política activa de apoyo a movimientos
revolucionarios en América Latina y África. La Organización Latinoamericana de
Solidaridad (OLAS), las actividades del Departamento América del Partido
Comunista Cubano y el entrenamiento militar impartido a cuadros insurgentes
fueron ampliamente documentados tanto por investigaciones académicas como por
archivos desclasificados.
Las
guerrillas colombianas, organizaciones centroamericanas, movimientos
revolucionarios del Cono Sur y diversas experiencias insurgentes recibieron, en
distintos momentos y con diferente intensidad, respaldo político, entrenamiento
o asistencia desde La Habana. Esa política constituyó uno de los principales
factores de tensión hemisférica durante décadas.
Paradójicamente,
Washington parece reconocer ahora, con una contundencia institucional inédita,
una realidad histórica cuya importancia fue objeto de intensos debates durante
buena parte del siglo XX. Para muchos observadores, ese reconocimiento llega cuando
el escenario latinoamericano ha cambiado profundamente y las antiguas
guerrillas han desaparecido, se han transformado en partidos políticos o han
evolucionado hacia fenómenos de naturaleza distinta.
Las
implicaciones diplomáticas de la nueva estrategia aún están por definirse.
América Latina presenta hoy un mosaico político extraordinariamente diverso,
donde conviven gobiernos de distintas orientaciones ideológicas que mantienen
relaciones normales con Washington.
En
ese contexto, inevitablemente surgirán interrogantes sobre cómo influirá esta
nueva doctrina en la relación de Estados Unidos con administraciones como las
de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Claudia Sheinbaum en México. Ambos
gobiernos mantienen posiciones políticas claramente diferenciadas de la actual
Administración estadounidense en numerosos asuntos internacionales y han
sostenido relaciones diplomáticas con gobiernos de izquierda de la región. Sin
embargo, ello no equivale, por sí mismo, a un respaldo a organizaciones
violentas. La forma en que Washington delimite esa diferencia será determinante
para evitar que una estrategia antiterrorista derive en una fuente permanente
de fricciones diplomáticas.
Otro
tanto ocurre con Venezuela. Durante los últimos años, la política
estadounidense hacia el gobierno de Nicolás Maduro ha alternado sanciones
económicas, reconocimiento de dirigentes opositores y negociaciones puntuales
destinadas, entre otros objetivos, a facilitar intercambios humanitarios,
procesos electorales o cuestiones energéticas. En ese marco se han producido
contactos con altos funcionarios venezolanos, incluidos miembros del círculo
dirigente. Tales contactos han sido interpretados por algunos sectores como una
muestra de pragmatismo diplomático y por otros como una señal de
flexibilización. La nueva estrategia obligará previsiblemente a Washington a
explicar cómo concilia esas negociaciones con una doctrina que enfatiza el
combate global contra organizaciones y redes consideradas violentas.
Más
allá de América Latina, la iniciativa impulsada por Rubio refleja un fenómeno
de mayor alcance: la creciente tendencia de las democracias occidentales a
ampliar el concepto de seguridad nacional para abarcar amenazas híbridas, redes
descentralizadas, campañas de sabotaje, radicalización digital y nuevas formas
de violencia política que no encajan fácilmente en las categorías tradicionales
del terrorismo.
Ese
proceso plantea desafíos considerables. Combatir eficazmente a quienes recurren
a la violencia política constituye una obligación indeclinable de cualquier
Estado democrático. Pero preservar simultáneamente las libertades civiles exige
definiciones precisas, estándares probatorios rigurosos y mecanismos
institucionales capaces de distinguir con claridad entre terrorismo, violencia
organizada, protesta radical y oposición política legítima.
La
historia enseña que las democracias suelen enfrentarse a sus pruebas más
difíciles precisamente cuando intentan defenderse de quienes buscan
destruirlas. El éxito de la nueva estrategia estadounidense no dependerá
únicamente de su capacidad para desarticular redes violentas. También será
juzgado por su aptitud para evitar que la legítima lucha contra el terrorismo
termine erosionando aquellos principios constitucionales y democráticos cuya
protección constituye, en última instancia, la razón de ser de cualquier
política de seguridad.
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