La adhesión formal de los países de
la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) al
Gasoducto Africano Atlántico Nigeria-Marruecos representa mucho más que el
respaldo a una infraestructura energética. La decisión adoptada en la cumbre de
Freetown transforma un proyecto concebido hace casi una década como una
iniciativa bilateral entre Marruecos y Nigeria en una política regional con
vocación continental. Con una inversión estimada en 25.000 millones de dólares,
cerca de 6.800 kilómetros de extensión y capacidad para transportar 30.000
millones de metros cúbicos de gas al año, el proyecto aspira a redefinir el
mapa energético africano, acelerar la industrialización del África occidental y
consolidar un nuevo eje de cooperación Sur-Sur que proyecta sus efectos hacia
Europa.
Contenido:
Buenos
Aires - Durante décadas, la integración económica africana ha tropezado con un
obstáculo recurrente: la insuficiencia de infraestructuras capaces de conectar
los mercados nacionales y transformar los abundantes recursos naturales del
continente en una auténtica ventaja competitiva. Las enormes reservas de gas de
Nigeria, los déficits energéticos de numerosos países del África occidental y
la creciente demanda europea de suministros alternativos parecían conformar una
ecuación evidente. Sin embargo, convertir esa oportunidad en una realidad
política exigía algo más que ingeniería y financiación. Requería una
arquitectura diplomática capaz de conciliar los intereses de trece Estados
costeros, varios países sin litoral, organismos regionales, entidades
financieras internacionales y empresas energéticas nacionales.
Ese
complejo proceso alcanzó un punto de inflexión durante la sexagésima novena
cumbre de la CEDEAO celebrada en Freetown, Sierra Leona. Allí, los jefes de
Estado y de Gobierno rubricaron el Acuerdo Intergubernamental que regula el
desarrollo del Gasoducto Africano Atlántico Nigeria-Marruecos, otorgando al
proyecto una legitimidad institucional que trasciende con mucho la dimensión
técnica que había caracterizado sus fases iniciales.
Desde
un punto de vista estrictamente jurídico, la firma establece el marco legal
común para el desarrollo de la infraestructura. Desde una perspectiva política,
sin embargo, significa algo mucho más profundo. La iniciativa deja de ser un
emprendimiento promovido exclusivamente por Marruecos y Nigeria para
convertirse en un proyecto asumido colectivamente por la principal organización
de integración económica de África occidental. Ese cambio modifica
sustancialmente la percepción internacional de la obra y fortalece
considerablemente su credibilidad ante potenciales financiadores e inversores.
El
gasoducto proyectado recorrerá aproximadamente 6.800 kilómetros siguiendo la
costa atlántica africana desde los yacimientos gasíferos del delta del Níger
hasta Marruecos, atravesando trece países antes de enlazar con el Gasoducto
Magreb-Europa y, desde allí, con la red continental europea. La infraestructura
tendrá capacidad para transportar alrededor de 30.000 millones de metros
cúbicos de gas natural anuales. Según las previsiones actuales, aproximadamente
la mitad de ese volumen podrá abastecer tanto al mercado marroquí como al
europeo, mientras que el resto quedará destinado al creciente consumo interno
de África occidental.
Más
allá de sus dimensiones físicas, el proyecto constituye una intervención
estructural sobre la economía regional. El objetivo declarado consiste en crear
un verdadero mercado integrado del gas natural que facilite la producción de
electricidad, estimule la instalación de industrias intensivas en energía y
permita aprovechar con mayor eficiencia los recursos naturales africanos. En
otras palabras, el gasoducto pretende convertirse en un catalizador del proceso
de industrialización que numerosos gobiernos africanos consideran
imprescindible para reducir la dependencia de la exportación de materias primas
sin transformar.
Los
países directamente atravesados por el trazado —Nigeria, Benín, Togo, Ghana,
Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Guinea-Bisáu, Gambia, Senegal,
Mauritania y Marruecos— serán los principales beneficiarios inmediatos. Sin
embargo, el diseño del proyecto incorpora desde su origen una dimensión
regional mucho más amplia. Mediante futuras interconexiones, también podrán
acceder al suministro los Estados del Sahel que carecen de salida al mar,
ampliando considerablemente el impacto económico de la infraestructura sobre el
conjunto del África occidental.
Precisamente
esa vocación integradora explica el respaldo prácticamente unánime recibido
durante la reunión de Freetown. El presidente liberiano Joseph Boakai definió
la iniciativa como "un avance histórico y trascendental" que
demuestra la capacidad de las naciones africanas para priorizar la cooperación
frente a la fragmentación política. Sus palabras reflejan una percepción
ampliamente compartida entre numerosos dirigentes africanos: el verdadero valor
del proyecto reside tanto en la infraestructura física como en el modelo de
cooperación regional que representa.
Una
valoración similar expresó Omar Alieu Touray, presidente de la Comisión de la
CEDEAO, al describir el Gasoducto Africano Atlántico como una de las
iniciativas más transformadoras emprendidas por la organización desde su
creación. En su opinión, la infraestructura contribuirá decisivamente a
reforzar la seguridad energética, aumentar la competitividad empresarial y
consolidar un futuro económico compartido para una población superior a los 440
millones de habitantes.
El
consenso alcanzado durante la cumbre no debe interpretarse únicamente como un
respaldo simbólico. En términos prácticos, la adhesión de la CEDEAO abre la
puerta a la siguiente fase del proyecto: la constitución de la sociedad
responsable de la construcción y explotación del gasoducto, cuya sede estará
ubicada en Casablanca, así como la creación de una Autoridad Superior del
Gasoducto, que se establecerá en Abuja y asumirá la gobernanza regional de la
infraestructura. Ambos organismos constituirán el núcleo institucional
encargado de coordinar las futuras inversiones, supervisar el desarrollo
técnico y preparar la Decisión Final de Inversión que permitirá iniciar la
ejecución de la obra.
Igualmente
relevante resulta el hecho de que los principales estudios de ingeniería,
impacto ambiental y viabilidad técnica ya hayan concluido. Esa circunstancia
reduce considerablemente la incertidumbre asociada a los grandes proyectos de
infraestructura y sitúa la iniciativa en condiciones de avanzar hacia su fase
operativa una vez culminen los procedimientos institucionales previstos por los
Estados participantes.
No
obstante, el aspecto más significativo del acuerdo alcanzado en Freetown
probablemente resida en su dimensión geopolítica. Durante años, numerosos
proyectos de integración africana quedaron limitados por la ausencia de
mecanismos efectivos de coordinación política entre los distintos gobiernos
nacionales. En esta ocasión, la CEDEAO ha optado por convertir el gasoducto en
una auténtica política regional, otorgándole una legitimidad que trasciende los
ciclos políticos nacionales y fortalece su estabilidad a largo plazo.
Los
analistas especializados coinciden en que ese cambio institucional constituye
uno de los principales activos del proyecto. La firma del acuerdo por los
propios jefes de Estado —y no únicamente por ministros sectoriales o
responsables técnicos— implica un grado de compromiso político mucho más
elevado. En términos diplomáticos, supone que la infraestructura pasa a formar
parte de la agenda estratégica de integración del África occidental y deja de
depender exclusivamente de la voluntad de dos gobiernos promotores.
Uno
de los aspectos más llamativos de la evolución del Gasoducto Africano Atlántico
reside en la manera en que Marruecos ha conseguido transformar una propuesta
bilateral en un proyecto asumido por la principal organización de integración
regional del África occidental. Cuando el rey Mohammed VI y el entonces
presidente nigeriano Muhammadu Buhari impulsaron la iniciativa durante la
visita del monarca marroquí a Abuya en 2016, pocos analistas imaginaban que una
década después el proyecto sería respaldado institucionalmente por el conjunto
de la CEDEAO.
Esa
evolución no fue fruto de una única negociación, sino de una estrategia
diplomática sostenida en el tiempo. Desde los primeros acuerdos de cooperación
entre la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos (ONHYM) y la
Nigerian National Petroleum Company (NNPC), Rabat apostó por presentar el
gasoducto no como una infraestructura destinada exclusivamente a exportar gas
hacia Europa, sino como un instrumento para acelerar la industrialización
africana y fortalecer la integración regional. Esa narrativa permitió
incorporar progresivamente a otros gobiernos del África occidental, que
comenzaron a percibir el proyecto como una oportunidad para resolver déficits
estructurales de acceso a la energía y atraer inversiones industriales.
La
continuidad política del proyecto constituye otro de los elementos que explican
su consolidación. Tras el fallecimiento del expresidente Buhari, el nuevo
mandatario nigeriano, Bola Ahmed Tinubu, decidió mantener el respaldo de Abuya
a la iniciativa, garantizando que uno de los principales productores de gas del
continente continuara comprometido con una obra concebida para modificar la
geografía energética africana. Esa continuidad ha reducido considerablemente la
incertidumbre política que suele acompañar a los grandes proyectos
transnacionales de infraestructura.
La
diplomacia marroquí también ha procurado insertar el gasoducto dentro de una
visión más amplia de cooperación continental. La iniciativa ha sido vinculada
con otros proyectos promovidos por Rabat para reforzar la conectividad
atlántica africana, entre ellos la denominada Iniciativa Atlántica destinada a
facilitar el acceso al océano de varios países del Sahel mediante
infraestructuras logísticas marroquíes. Desde esa perspectiva, el gasoducto
deja de ser únicamente un conducto para transportar hidrocarburos y pasa a
integrarse en una estrategia orientada a fortalecer las cadenas regionales de
suministro, el comercio y la industrialización.
La
propia directora general de la ONHYM, Amina Benkhadra, ha defendido
reiteradamente esa interpretación. A su juicio, la infraestructura "encarna
la ambición compartida de África de construir un continente más integrado,
industrializado y próspero", al tiempo que contribuirá a mejorar la
seguridad energética, crear oportunidades económicas y favorecer un crecimiento
sostenible. Su planteamiento refleja una visión ampliamente compartida por
numerosos responsables africanos, que consideran el acceso estable a la energía
como una condición indispensable para reducir la dependencia de las
exportaciones de materias primas y avanzar hacia economías con mayor valor
añadido.
El
respaldo político recibido en Freetown ilustra esa convergencia de intereses.
El presidente de Liberia, Joseph Boakai, calificó el proyecto como una "inversión
transformadora" para el futuro colectivo de África occidental,
mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto
Ablakwa, sostuvo que ninguna estrategia de industrialización puede prosperar
sin inversiones masivas en infraestructuras energéticas. En términos similares
se pronunciaron representantes de Sierra Leona, Gambia y la propia Comisión de
la CEDEAO, que coincidieron en presentar el gasoducto como un instrumento para
fortalecer la cohesión regional y mejorar la competitividad de las economías africanas.
No
obstante, el alcance del proyecto trasciende el ámbito africano. Para Europa,
inmersa desde hace varios años en un proceso de diversificación de sus fuentes
de abastecimiento energético, la futura conexión del gasoducto con el sistema
Magreb-Europa podría abrir una nueva vía de suministro procedente del África
subsahariana. Aunque los primeros flujos comerciales todavía tardarán varios
años en materializarse, la infraestructura incrementa las opciones estratégicas
del mercado europeo y refuerza la posición de Marruecos como nodo energético
entre ambos continentes.
El
proyecto también presenta una importante dimensión financiera. Su coste
estimado ronda los 25.000 millones de dólares y requerirá una compleja
combinación de recursos públicos, capital privado e instituciones
multilaterales. Nigeria ha comprometido una participación significativa a
través de la NNPC, mientras que diversas entidades internacionales, entre ellas
el Banco Islámico de Desarrollo, el Fondo OPEP para el Desarrollo
Internacional, el Banco Europeo de Inversiones y financiadores del Golfo, han
participado en distintas fases de los estudios preliminares o han manifestado
interés en la financiación futura. Esa diversidad de actores reduce el riesgo
de dependencia respecto de un único financiador y dota al proyecto de una base
económica potencialmente más sólida.
Pese
al optimismo mostrado durante la cumbre de Freetown, numerosos especialistas
recuerdan que el verdadero desafío comienza ahora. La construcción de casi
siete mil kilómetros de infraestructura a través de múltiples jurisdicciones
exigirá una coordinación política inédita, elevados estándares de seguridad y
una movilización financiera sostenida durante varios años. Las zonas marítimas
del golfo de Guinea, afectadas periódicamente por fenómenos de piratería y
delincuencia organizada, plantean además desafíos adicionales para la futura
protección del gasoducto. A ello se suma la necesidad de mantener la cohesión
política entre los Estados participantes durante un proceso de ejecución que
previsiblemente se prolongará más de una década.
Los
observadores también subrayan que el éxito definitivo dependerá menos de las
declaraciones políticas que de la capacidad para materializar los compromisos
adquiridos. La creación efectiva de la sociedad gestora en Casablanca, el
establecimiento de la Autoridad Superior del Gasoducto en Abuja, la captación
de inversiones y la adopción de la Decisión Final de Inversión constituirán los
verdaderos indicadores del avance del proyecto durante los próximos años.
Desde
una perspectiva geopolítica, la adhesión de la CEDEAO representa asimismo una
victoria diplomática para Marruecos. Sin formar parte de la organización
regional, Rabat ha logrado situarse en el centro de uno de los mayores
proyectos de integración económica impulsados por África occidental. Ese
resultado confirma la capacidad de la diplomacia marroquí para desarrollar
alianzas sectoriales con los países de la región mediante instrumentos
económicos y energéticos, incluso al margen de su todavía pendiente solicitud
de adhesión a la propia CEDEAO.
En
última instancia, el Gasoducto Africano Atlántico simboliza una transformación
más profunda que la simple construcción de una infraestructura energética. La
decisión adoptada en Freetown pone de manifiesto que una parte creciente de
África occidental aspira a convertir la integración económica en un mecanismo
de desarrollo estructural, sustentado en grandes proyectos regionales capaces
de superar las limitaciones de los mercados nacionales. Si esa ambición logra
traducirse en obras concretas, el gasoducto podría convertirse en uno de los
principales hitos de la cooperación africana del siglo XXI. Si, por el
contrario, las dificultades financieras, técnicas o políticas retrasan su
ejecución, la iniciativa correrá el riesgo de engrosar la larga lista de megaproyectos
concebidos para transformar el continente que nunca llegaron a materializar
plenamente. Por ahora, la firma del Acuerdo Intergubernamental por los Estados
miembros de la CEDEAO constituye, al menos, el paso institucional más sólido
dado hasta la fecha para acercar esa ambición a la realidad.
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