Moscú no necesita invadir Europa para poner a prueba a la OTAN

Las amenazas rusas contra Reino Unido y Francia, el envío de tecnología de misiles de largo alcance a Ucrania y las señales cruzadas de Washington dibujan un escenario de baja probabilidad de guerra abierta y de riesgo creciente de una operación limitada, híbrida o deliberadamente ambigua.

 

Buenos Aires - La posibilidad de que Rusia ataque a un Estado miembro de la OTAN no puede descartarse. Pero una invasión convencional deliberada de territorio aliado, en el horizonte inmediato, sigue siendo un escenario de baja probabilidad. El problema estratégico que se abre ahora es otro, más difícil de nombrar y más difícil de gestionar: una acción limitada, encubierta o de naturaleza híbrida, calibrada para erosionar la cohesión política de la Alianza sin cruzar de forma inequívoca el umbral que activaría una respuesta militar colectiva.

Esa distinción —entre capacidad de dañar y decisión de conquistar— es la que importa. Rusia puede golpear. No está claro que pueda, ni que quiera, sostener una guerra contra una coalición superior en recursos económicos, industriales y tecnológicos. El Kremlin lo sabe. Por eso el instrumento más racional, desde su punto de vista, no es todavía la ofensiva clásica, sino la coerción: amenazas, sabotaje, ciberataques, interferencias y operaciones cuya autoría o calificación jurídica puedan discutirse.

La línea que se desdibuja

Durante las primeras fases de la guerra de Ucrania, Moscú intentó preservar una frontera relativamente nítida entre la asistencia occidental a Kiev y la intervención directa de los Estados de la OTAN. Esa frontera se ha ido diluyendo. El motivo no es solo el volumen de armas entregadas, sino el tipo de armas y el grado de implicación en su empleo.

Los misiles de crucero Storm Shadow británicos y sus equivalentes franceses SCALP permiten atacar objetivos situados a gran distancia del frente. La decisión de Londres —anunciada esta misma semana, durante la visita a Kiev del primer ministro británico, Andy Burnham— de facilitar a Ucrania tecnología clasificada para producir esos sistemas en su propio territorio modifica el problema. Ya no se trata únicamente de transferir munición. Se trata de contribuir a una capacidad ucraniana más autónoma de ataque profundo.

Desde la perspectiva rusa, lo decisivo no es que Ucrania posea un misil concreto. Lo decisivo es quién aporta la tecnología, quién sostiene la logística, quién facilita inteligencia y quién participa, de un modo u otro, en la cadena que termina en un impacto dentro de Rusia. Esa ambigüedad es precisamente la que Moscú utiliza para justificar sus amenazas.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, acusó esta semana a Reino Unido y Francia de “jugar con fuego” y advirtió que cualquier instalación o equipo militar británico, “en Ucrania u otros lugares”, podría ser objeto de represalias si Kiev sigue empleando armamento británico contra territorio ruso. No es una fórmula nueva, pero el tono es más explícito. El mensaje tiene un doble propósito: disuadir a Londres y París de profundizar su asistencia, y establecer una regla de reciprocidad. Si Occidente permite ataques profundos con sistemas occidentales, Rusia se reserva el derecho de considerar legítimos determinados objetivos occidentales.

Amenaza no es todavía decisión de guerra

En análisis estratégico conviene separar tres variables: capacidad, intención y oportunidad. Rusia tiene capacidad para atacar ciertos objetivos europeos. Tiene, además, un incentivo creciente para modificar por la vía de la coacción la conducta de los aliados. De ahí no se sigue que el Kremlin haya resuelto iniciar una guerra contra la OTAN.

El coste de esa decisión sería extraordinario. Un ataque inequívoco contra territorio de un aliado podría activar el artículo 5° del Tratado de Washington: un ataque armado contra uno se considera un ataque contra todos. Moscú se expondría entonces a una coalición muy superior. El cálculo cambia, sin embargo, si la operación es ambigua. Un ciberataque grave, un sabotaje contra infraestructura crítica, una interferencia electrónica, un incidente fronterizo o una acción clandestina cuya autoría resulte discutible no producen automáticamente el mismo efecto político que una invasión.

La OTAN ha reconocido que determinados ataques híbridos y cibernéticos de suficiente gravedad podrían llegar a considerarse dentro del ámbito del artículo 5°. Esa admisión es, a la vez, una advertencia y una zona gris. El objetivo ruso más sofisticado no sería conquistar Tallin o Riga, sino obligar a los aliados a discutir si se hallan ante un ataque armado, un incidente o una operación encubierta. En esa discusión reside la prueba de la credibilidad de la Alianza.

Londres, París y el Báltico

Reino Unido es hoy uno de los principales puntos de fricción. La transferencia tecnológica de los Storm Shadow altera, a ojos de Moscú, la relación entre el proveedor occidental y el usuario ucraniano. Se abren, en términos analíticos, tres escenarios. El más probable es que las amenazas permanezcan en el terreno de la disuasión verbal. El segundo sería una respuesta rusa contra instalaciones vinculadas al apoyo británico, pero situadas en territorio ucraniano: una escalada, todavía no un ataque a la OTAN. El tercero, de baja probabilidad y altísimo impacto, sería una operación contra un objetivo británico en el Reino Unido o en otro Estado aliado.

Francia presenta una analogía y una diferencia. París comparte con Londres la responsabilidad sobre el SCALP/Storm Shadow, pero posee una capacidad militar y nuclear autónoma y una tradición de política exterior menos subordinada a Washington. Un golpe contra territorio francés tendría, por eso, una carga estratégica particularmente sensible.

Si Rusia decidiera poner a prueba militarmente a la Alianza, los Estados bálticos seguirían siendo el teatro más delicado. Estonia, Letonia y Lituania combinan proximidad geográfica a Rusia y Bielorrusia, tiempos de reacción reducidos y la presencia de Kaliningrado. Precisamente porque son miembros de la OTAN, una agresión abierta tendría consecuencias mayores que una operación contra un Estado no aliado. De ahí que el escenario más plausible no sea una invasión de gran escala, sino una crisis local diseñada para sembrar duda sobre la naturaleza del ataque.

Washington habla en dos registros

A esa tensión se suma una aparente contradicción estadounidense. El presidente Donald Trump afirmó el 27 de agosto que Vladímir Putin “no va a atacar” territorio de la OTAN y que esa posibilidad no le preocupa. Al mismo tiempo, informaciones publicadas en Estados Unidos —empezando por The Wall Street Journal— indicaron que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú y trasladó a interlocutores rusos la preocupación estadounidense ante una eventual acción contra un aliado. Trump restó importancia al viaje y negó que Ratcliffe llevara un mensaje extraordinario. Fuentes consultadas por agencias internacionales sostienen, en cambio, que la posibilidad de una operación contra un miembro de la Alianza sí se planteó.

No es imprescindible interpretar esa discrepancia como una fractura estratégica. Puede ser, simplemente, la división clásica entre comunicación pública y gestión confidencial del riesgo. Washington puede intentar cerrar una vía de escalada en privado mientras el presidente procura, en público, evitar una espiral de alarma. Una cosa es considerar improbable un ataque. Otra, muy distinta, es no prepararse para él.

El Kremlin, por su parte, ha calificado de “historias para asustar” los reportes sobre una ofensiva contra la OTAN. El portavoz Dmitri Peskov negó planes de ese tipo y acusó a Europa de hostilidad. La negación no cierra el análisis: forma parte del mismo repertorio de señales contradictorias.

Lo que Rusia puede hacer y lo que no puede sostener

Hay un argumento material que reduce la probabilidad de una ofensiva convencional inmediata: Rusia sigue comprometida en Ucrania. Abrir un segundo frente contra la OTAN exigiría unidades terrestres, aviación, municiones, defensa aérea y logística en una escala que Moscú no parece en condiciones de sustraer del teatro ucraniano sin debilitar su campaña principal. Poder atacar no es lo mismo que poder ocupar y sostener territorio aliado.

Eso no convierte a Rusia en un actor inerme. Su arsenal de misiles, sus capacidades cibernéticas, la guerra electrónica, la aviación estratégica, los submarinos y, sobre todo, las armas nucleares constituyen un instrumento de coerción formidable. La retórica nuclear ha acompañado la guerra de Ucrania desde el primer año. Un empleo nuclear contra un miembro de la Alianza sería, no obstante, una ruptura cualitativa de consecuencias incontrolables. El uso más plausible del factor nuclear no es el disparo inmediato, sino la disuasión inversa: convencer a los gobiernos occidentales de que una respuesta demasiado enérgica entrañaría un riesgo inaceptable.

En la cumbre de Ankara de julio de 2026, los aliados reafirmaron el compromiso con el artículo 5° y definieron a Rusia como amenaza de largo plazo para la seguridad euroatlántica. Anunciaron nuevas adquisiciones, insistieron en el refuerzo de las capacidades convencionales, nucleares, antimisiles, cibernéticas y espaciales, y comprometieron un apoyo militar a Ucrania de 70.000 millones de euros para 2026. La declaración no elimina la duda política que Moscú busca explotar: si la solidaridad aliada es tan automática como afirma la doctrina.

Indicadores, no profecías

La diferencia entre la amenaza retórica y la preparación operativa se mide en indicadores. Una movilización extraordinaria fuera del teatro ucraniano, el desplazamiento de unidades aéreas y navales hacia posiciones desde las que se pueda alcanzar territorio aliado, un aumento sustancial de la actividad de inteligencia rusa en países de la OTAN, evacuaciones diplomáticas, acumulación de munición de precisión o cambios en el despliegue de fuerzas nucleares serían señales de otro orden. También lo sería un incremento coordinado de sabotajes contra infraestructura crítica europea, acompañado de campañas de desinformación destinadas a presentar a los gobiernos como incapaces de proteger a sus ciudadanos.

La aparición simultánea de varias de esas señales sería particularmente grave. Su ausencia, mientras continúan las advertencias públicas, favorece la interpretación de que Moscú está usando la retórica como instrumento de coerción, no como preludio inmediato de una ofensiva.

El factor decisivo sigue siendo el cálculo de costes y beneficios del Kremlin. Mientras Putin considere que una guerra abierta con la OTAN pondría en peligro intereses fundamentales de Rusia, la disuasión debería funcionar. El riesgo aparece si Moscú concluye que la Alianza está políticamente dividida, que Estados Unidos reducirá de forma sustancial su compromiso militar en Europa o que una operación limitada puede ejecutarse sin desencadenar una respuesta colectiva contundente.

Ese es, en los próximos meses, el verdadero dilema estratégico. No una invasión rusa de Europa. Una operación pensada para demostrar que el artículo 5° puede ponerse a prueba sin provocar una guerra general. Por eso la credibilidad de la disuasión aliada —no solo el inventario de misiles o el texto de las declaraciones— será más importante que nunca.