La
oleada de jubilaciones y renuncias que atraviesa la Agencia Central de
Inteligencia y otras instancias de la comunidad de espionaje de Estados Unidos
no solo genera retrasos de meses en el cobro de pensiones, sino que pone en
evidencia una verdad elemental: el principal activo de cualquier servicio de
inteligencia es la calidad y la experiencia de su personal.
Contenido:
Buenos
Aires - En un momento de tensiones internacionales crecientes, la pérdida
acelerada de cuadros veteranos, impulsada por políticas de reducción del
aparato federal, amenaza con erosionar capacidades forjadas durante décadas y
con crear vulnerabilidades de contrainteligencia que ningún algoritmo podrá
suplir.
A
principios de 2025 la CIA contaba con unos 22.000 empleados. Desde entonces,
según estimaciones de exfuncionarios citadas por The Washington Post,
varios centenares —posiblemente más de mil— han abandonado la organización. Se
trata de la mayor contracción desde los recortes de comienzos de los años
noventa, tras el colapso de la Unión Soviética. El propio Gobierno había
comunicado al Congreso en mayo de 2025 su intención de reducir la plantilla en
torno a 1.200 puestos a lo largo de varios años, principalmente mediante
jubilaciones y una menor contratación. El programa de renuncia diferida, los
recortes en la Oficina de Administración de Personal y el efímero impulso del
Departamento de Eficiencia Gubernamental aceleraron el éxodo. La consecuencia
inmediata ha sido el colapso del sistema de pensiones: agentes que hasta el día
anterior reclutaban informantes, elaboraban informes clasificados o desarrollaban
herramientas de espionaje deben ahora esperar hasta nueve meses para recibir el
primer pago completo. Algunos han retirado sus solicitudes de jubilación al no
poder afrontar un periodo prolongado sin ingresos; otros han recurrido a
ahorros o a segundas hipotecas.
La
CIA reconoció la saturación en un mensaje dirigido a sus exintegrantes: la
División de Jubilaciones procesa un número sin precedentes de casos y pide
paciencia. Mientras tanto, la Oficina de Administración de Personal, cuya
plantilla pasó de más de 3.000 empleados en el año fiscal 2024 a unos 1.980 en
2026, ve cómo el tiempo medio de tramitación se alarga de 79 a 109 días. La
crisis no es exclusiva de Langley. Más de 330.000 empleados federales dejaron
el Gobierno el año pasado, en su mayoría de forma voluntaria. En la Oficina del
Director de Inteligencia Nacional la plantilla se ha reducido a poco más de la
mitad de los aproximadamente 2.000 efectivos con los que contaba al inicio del
actual mandato, con cientos de salidas y reasignaciones. La Agencia de
Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura ha perdido cerca de un tercio de
su fuerza laboral. El impacto, sin embargo, adquiere una dimensión particular
en los servicios de inteligencia.
La
inteligencia artificial puede procesar volúmenes ingentes de datos, reducir
tiempos de análisis e incrementar el número de fuentes consultadas con una
eficacia que los analistas humanos no alcanzan. Puede identificar patrones,
traducir idiomas en tiempo real y cruzar información de manera masiva. Pero no
puede reemplazar al oficial experimentado que ha pasado años cultivando fuentes
en entornos hostiles, que interpreta matices culturales, que detecta mentiras
en una conversación o que comprende las dinámicas de poder que no aparecen en
ningún informe abierto. La estabilidad de esos expertos constituye un activo
esencial. Un servicio de inteligencia no se remodela con cada cambio de
gobierno. Sus cuadros suelen ser profesionales altamente calificados y, en su
mayoría, apolíticos; su lealtad se debe a la institución y a la seguridad del
Estado, no a una administración concreta. Los recortes indiscriminados,
especialmente cuando responden a prejuicios ideológicos o políticos, atentan
contra esa eficacia. Convertir la comunidad de inteligencia en un campo de
batalla partidista debilita la capacidad de anticipar amenazas y de ofrecer
análisis independientes a quien ostente el poder.
Más
grave aún resulta el riesgo de contrainteligencia. Volcar a la sociedad a
cientos o miles de exagentes que conocen secretos de Estado y que, en muchos
casos, se sienten resentidos por demoras en sus pensiones o por la percepción
de haber sido descartados, constituye un peligro innecesario. Un exfuncionario
que dejó la agencia el año pasado lo resumió con crudeza: “Estamos creando un
riesgo enorme de contrainteligencia”. Los oficiales retirados están sujetos a
restricciones sobre los empleos que pueden desempeñar, pero la frustración
financiera y profesional puede convertirlos en objetivos atractivos para
servicios adversarios.
Informes
recientes indican que medios y aparatos de inteligencia chinos siguen con
atención el éxodo y las dificultades económicas de los jubilados, en busca de
oportunidades de reclutamiento. La discreción tradicional de los agentes de
inteligencia no debe servir de escudo para ocultar fallos institucionales. Como
señaló un alto exfuncionario, si al personal militar retirado se le dijera que
debe esperar un año o más por sus pensiones, Washington se sumiría en el caos.
La misma lógica debe aplicarse a quienes operan en la sombra.
La
dirección de la CIA defiende la gestión actual y afirma que la agencia se
concentra en recuperar su misión central de reclutar espías. Recientemente ha
incorporado la mayor camada de oficiales de operaciones en dos décadas. Ese
esfuerzo de renovación es necesario, pero no puede compensar de inmediato la
pérdida de memoria institucional y de redes humanas construidas a lo largo de
décadas. El senador demócrata Mark Warner, miembro destacado del Comité de
Inteligencia del Senado, ha cuestionado las demoras y ha recordado que lo
mínimo que puede hacer el Gobierno es garantizar a quienes se retiran los
beneficios que merecen.
La
lección es antigua y, sin embargo, se olvida con facilidad. Los servicios de
inteligencia no son empresas privadas que puedan reestructurarse según los
vaivenes del mercado o las prioridades ideológicas del momento. Su capital más
valioso reside en personas que han dedicado su vida a un trabajo invisible,
peligroso y poco reconocido. Cuando se las trata como números prescindibles, se
debilita no solo la capacidad operativa del momento presente, sino la
resiliencia del Estado ante las crisis futuras. La inteligencia artificial será
una herramienta poderosa, pero nunca sustituirá el juicio, la intuición y la
lealtad forjada en años de servicio. Preservar esa estabilidad no es un
privilegio corporativo: es una exigencia de seguridad nacional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario