La desmentida de Madrid sobre un
supuesto “plan de contingencia” contra Rabat revela hasta qué punto cualquier
información que sugiera una nueva confrontación entre los dos países puede
tener consecuencias que exceden el debate migratorio. España y Marruecos
atraviesan una etapa de intensa cooperación económica, policial y diplomática
y, pese a las tensiones provocadas por la presión migratoria en Ceuta y
Melilla, ambos gobiernos parecen interesados en preservar una relación que
consideran estratégica.
Contenido:
Buenos
Aires - La noticia duró poco, pero su impacto potencial fue considerable. Un
programa de la radiotelevisión pública española, Mañaneros 360, difundió
la existencia de un supuesto “plan de contingencia” elaborado por el
Gobierno de Pedro Sánchez para responder a una eventual nueva crisis migratoria
provocada desde Marruecos. La información sugería que Madrid estudiaba
mecanismos destinados a elevar el coste para Rabat de una eventual utilización
de los flujos migratorios como instrumento de presión sobre España,
particularmente en las fronteras de Ceuta y Melilla. El Gobierno español negó
posteriormente, de manera categórica, que semejante plan existiera y calificó
de falsa la información. RTVE retiró después la publicación de sus redes
sociales.
La precisión no es menor. La versión inicialmente difundida no hablaba
simplemente de medidas preventivas para proteger las fronteras españolas, algo
perfectamente compatible con las obligaciones de cualquier Estado. Presentaba,
en cambio, la posibilidad de que Marruecos estuviera dispuesto a provocar
deliberadamente una crisis migratoria y atribuía a Madrid la intención de
preparar una respuesta de carácter disuasorio. El Gobierno español rechazó
precisamente esa interpretación.
La
controversia aparece, además, en un momento particularmente sensible. Durante
el verano de 2026, Ceuta volvió a experimentar una fuerte presión migratoria. A
finales de julio se produjo una llegada masiva de migrantes por tierra y mar,
mientras que durante los días siguientes las autoridades españolas y marroquíes
reforzaron sus dispositivos de seguridad ante nuevas convocatorias difundidas a
través de las redes sociales. Reuters informó el 14 de agosto de que las
autoridades marroquíes habían detenido a más de un centenar de personas que
intentaban alcanzar Ceuta, mientras España incrementaba sustancialmente su
presencia policial en el enclave.
El
episodio confirma que existe un problema migratorio real y que España necesita
disponer de mecanismos de prevención y respuesta. Pero de ello no se desprende
necesariamente la existencia de una estrategia española dirigida contra
Marruecos. La diferencia es sustancial. Una política de protección fronteriza
puede coexistir con una relación bilateral cooperativa; un plan concebido
explícitamente para penalizar o presionar al país vecino implicaría, en cambio,
una modificación mucho más profunda de la relación estratégica.
Una
relación demasiado importante para quedar subordinada a la cuestión migratoria
La
realidad de las relaciones hispano-marroquíes difícilmente encaja con la imagen
de dos Estados encaminados hacia una nueva confrontación. Desde la adopción de
la hoja de ruta de abril de 2022, Madrid y Rabat han procurado construir un
marco de cooperación más amplio y estable. La XIII Reunión de Alto Nivel,
celebrada en diciembre de 2025, volvió a ratificar la voluntad de ambos
gobiernos de profundizar una relación definida oficialmente como moderna,
global y transversal.
El
fundamento material de esa relación es particularmente sólido. España es desde
hace años el principal socio comercial de Marruecos. En 2024, los intercambios
bilaterales alcanzaron los 22.693 millones de euros, un récord histórico, con
un crecimiento superior al 7%. Más de 6.000 empresas españolas exportan
regularmente al mercado marroquí y más de 900 cuentan con filiales o
participaciones significativas en compañías del país. Marruecos se ha
convertido, además, en el principal destino de la inversión española en África.
Las
cifras revelan una interdependencia que trasciende ampliamente el comercio
convencional. Empresas españolas participan en proyectos marroquíes de
infraestructura, transporte, agua y energía, mientras Marruecos ocupa una
posición cada vez más importante dentro de las cadenas productivas que conectan
Europa con África. Para España, la proximidad geográfica convierte al reino
alauí en una plataforma natural hacia el continente africano; para Marruecos,
la vinculación con la economía española facilita su conexión con el mercado
europeo.
Esa
dimensión económica explica por qué una crisis diplomática tendría costes para
ambos países. Madrid no tiene interés en deteriorar una relación que ofrece
oportunidades comerciales, energéticas y empresariales crecientes. Rabat
tampoco parece tener incentivos para poner en riesgo una asociación que le
proporciona acceso privilegiado a uno de los principales mercados europeos.
La
misma lógica opera en materia de seguridad. España y Marruecos mantienen una
cooperación estrecha contra el terrorismo, la radicalización violenta, el
crimen organizado y las redes dedicadas al tráfico de personas. En febrero de
2025, los ministros del Interior de ambos países calificaron la cooperación
policial bilateral de extraordinaria y reafirmaron su voluntad de
profundizarla. Madrid destacó entonces el papel marroquí en la lucha contra las
mafias de tráfico de seres humanos y definió a Marruecos como un socio leal y
fiable de España y de la Unión Europea.
La
cooperación migratoria, por tanto, no constituye un elemento marginal de la
relación bilateral. Es uno de sus pilares. Madrid necesita la colaboración
marroquí para contener las redes de tráfico de personas y reducir las salidas
hacia territorio español, mientras Rabat obtiene de esa cooperación
reconocimiento político, asistencia europea y un interlocutor privilegiado
dentro de la Unión Europea.
Ceuta
y Melilla: el punto más vulnerable
La
cuestión migratoria constituye, sin embargo, el área donde la relación
bilateral presenta mayores riesgos. Ceuta y Melilla son espacios especialmente
sensibles porque allí confluyen soberanía, seguridad fronteriza, movilidad
humana y las complejas relaciones de vecindad entre España y Marruecos.
La
crisis de 2021 demostró hasta qué punto una alteración de la cooperación puede
provocar consecuencias inmediatas. Pero también puso de manifiesto el elevado
coste de una ruptura. Desde entonces, Madrid y Rabat han trabajado para evitar
que la cuestión migratoria vuelva a convertirse en un mecanismo de
confrontación general.
Incluso
durante la reciente crisis, la interlocución entre ambos gobiernos se mantuvo
abierta. El presidente Pedro Sánchez afirmó durante su visita a Ceuta, a
finales de julio, que la cooperación con Marruecos había sido constante y
fluida y destacó que la interlocución con las autoridades marroquíes había sido
muy distinta de la registrada en 2021.
Ese
dato resulta particularmente significativo. Si existiera una decisión política
de Madrid de considerar a Marruecos como adversario estratégico, resultaría
difícil conciliarla con la continuidad de los canales de cooperación que
funcionan precisamente durante los episodios de mayor tensión.
El
riesgo de una crisis fabricada por terceros
Es
en este punto donde adquiere interés la hipótesis de que existan actores
interesados en deteriorar la relación entre España y Marruecos. No existen, al
menos a partir de la información disponible, elementos suficientes para
atribuir la difusión del supuesto plan a una organización o Estado concreto.
Sería, por tanto, imprudente convertir esa posibilidad en una acusación.
Pero
la existencia de intereses que podrían beneficiarse de una confrontación
hispano-marroquí constituye una hipótesis políticamente razonable. La relación
entre ambos países afecta a equilibrios mucho más amplios que los estrictamente
bilaterales. Incide sobre la política migratoria europea, la seguridad del
Mediterráneo occidental, las rutas comerciales, las inversiones, la cooperación
antiterrorista y la posición de Marruecos dentro de la arquitectura estratégica
europea y africana.
Por
ello, cualquier información que presente a Rabat como una amenaza para España
puede ser utilizada para alimentar percepciones de desconfianza y favorecer
posiciones políticas contrarias a la cooperación. La difusión de una
información posteriormente desmentida, especialmente cuando procede de un medio
público y adquiere rápidamente circulación en medios españoles y marroquíes,
puede generar consecuencias incluso después de haber sido retirada. El propio
documento aportado señala que la publicación terminó circulando en ambos países
y trasladó al terreno bilateral una versión que carecía de respaldo oficial.
La
cuestión fundamental, por tanto, no es solamente quién difundió la información,
sino a quién podría beneficiar una percepción de creciente hostilidad entre
Madrid y Rabat.
La
necesidad de separar la crisis de la relación estratégica
España
tiene el derecho y la obligación de proteger sus fronteras y de preparar
respuestas ante eventuales crisis migratorias. Marruecos, por su parte, tiene
la responsabilidad de controlar sus fronteras y combatir las redes criminales
que utilizan a los migrantes. Ninguna de esas obligaciones requiere transformar
al otro país en un adversario.
La
cooperación bilateral ya ha demostrado que puede producir resultados. En 2024,
Madrid destacó la reducción de las llegadas irregulares y la eficacia de la
cooperación contra las mafias dedicadas al tráfico de personas. Al mismo
tiempo, la apertura de las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla, la expansión
de la migración circular y la coordinación policial muestran que la relación se
encuentra asentada sobre intereses concretos y no únicamente sobre
declaraciones diplomáticas.
A
ello se añade un horizonte que difícilmente encaja con una estrategia de
confrontación: España, Marruecos y Portugal serán países anfitriones del
Mundial de Fútbol de 2030. Ambos gobiernos consideran el acontecimiento una
oportunidad para profundizar los vínculos económicos, sociales y humanos entre
las dos sociedades.
La
desmentida del Gobierno español adquiere así una dimensión que supera el
episodio mediático. Madrid ha enviado un mensaje inequívoco: la existencia de
problemas migratorios en Ceuta y Melilla no significa que España haya decidido
modificar su estrategia hacia Marruecos. La seguridad fronteriza continuará
siendo una prioridad, pero dentro de un marco de cooperación.
La
conclusión más razonable es que la relación hispano-marroquí atraviesa una fase
de tensión localizada, no una nueva crisis estratégica. La presión migratoria
puede provocar episodios graves y exigir respuestas contundentes, pero los
intereses económicos, de seguridad y geopolíticos que vinculan a ambos países
son demasiado profundos como para quedar subordinados a cada sobresalto
fronterizo.
En
este contexto, resulta especialmente importante evitar que informaciones no
verificadas conviertan una dificultad concreta en una crisis diplomática
general. España y Marruecos tienen numerosos intereses compartidos y ambos
gobiernos parecen comprender que la estabilidad del Mediterráneo occidental
depende, en buena medida, de preservar esa asociación. Precisamente por eso,
cualquier actor que pretendiera convertir la cuestión migratoria en una fuente
permanente de desconfianza estaría actuando contra una de las relaciones
estratégicas más relevantes de la arquitectura política y económica entre
Europa y el norte de África.
No hay comentarios:
Publicar un comentario