Colombia después de Petro: la herencia de una presidencia que cambió el debate nacional y dejó abiertos los grandes interrogantes del Estado

 

El próximo presidente colombiano recibirá un país socialmente menos desigual que hace cuatro años, pero también más polarizado, con unas finanzas públicas tensionadas, una seguridad deteriorada en amplias regiones y una compleja redefinición de su papel internacional. El legado de Gustavo Petro, primer mandatario de izquierda de la historia contemporánea de Colombia, será objeto de debate durante muchos años: para unos, el dirigente que introdujo reformas largamente postergadas; para otros, el gobernante que tensionó las instituciones sin lograr materializar gran parte de sus promesas transformadoras.

Contenido:

Buenos Aires - Cuando el próximo presidente de Colombia jure el cargo en la Casa de Nariño, heredará un país profundamente distinto al que encontró Gustavo Petro en agosto de 2022. Distinto en sus prioridades políticas, en su lenguaje público, en la naturaleza de sus debates nacionales y en la forma en que se percibe a sí mismo dentro de América Latina. Pero también recibirá una nación atravesada por contradicciones estructurales que continúan sin resolverse y que representan algunos de los mayores desafíos de la historia reciente colombiana.

La presidencia de Gustavo Petro ha constituido, probablemente, el experimento político más ambicioso que haya vivido Colombia desde la promulgación de la Constitución de 1991. No solamente porque significó la llegada de la izquierda al poder por primera vez en la historia contemporánea del país, sino porque intentó modificar simultáneamente algunos de los pilares fundamentales sobre los que se había asentado el modelo colombiano durante las últimas décadas: la política de seguridad, la organización del sistema sanitario, la estructura tributaria, la matriz energética, la relación con Estados Unidos y el propio relato histórico del conflicto armado.

Sin embargo, la magnitud de las transformaciones anunciadas terminó chocando con la complejidad institucional del Estado colombiano, con la resistencia de amplios sectores políticos y económicos y con las limitaciones propias de un sistema democrático diseñado precisamente para evitar cambios bruscos y concentraciones excesivas de poder. Como resultado, el próximo mandatario recibirá un país en transición, donde muchas reformas quedaron incompletas, otras fueron parcialmente aprobadas y algunas nunca lograron superar los obstáculos legislativos.

El legado económico: avances sociales y fragilidad fiscal

La economía será, sin duda, uno de los terrenos donde el nuevo presidente encontrará mayores desafíos. El balance económico de Petro resulta difícil de clasificar mediante categorías simples porque combina indicadores sociales positivos con preocupaciones crecientes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Durante el mandato del líder del Pacto Histórico, Colombia logró evitar una recesión y mantuvo tasas de crecimiento positivas. El Producto Interno Bruto creció un 2,6% en 2025 después de expandirse un 1,5% en 2024, cifras modestas para una economía emergente pero suficientes para preservar la estabilidad macroeconómica básica.

Más significativos resultaron los avances sociales. La inflación, que superaba el 10% cuando Petro llegó al poder, descendió hasta situarse en torno al 5,8%. El desempleo cayó por debajo de los dos dígitos y la pobreza multidimensional continuó reduciéndose. Los incrementos sostenidos del salario mínimo, la ampliación de subsidios sociales y las transferencias dirigidas a los sectores más vulnerables contribuyeron a mejorar los indicadores de bienestar de amplias capas de la población.

El economista Luis Fernando Mejía, una de las voces más respetadas del análisis económico colombiano, reconoce estos avances sociales pero advierte que el próximo gobierno enfrentará una situación fiscal extraordinariamente compleja. Según sus estimaciones, el déficit fiscal se aproxima al 6,5% del PIB, un nivel muy superior a los promedios históricos del país.

La deuda pública constituye otro motivo de preocupación. El aumento del gasto estatal destinado a financiar programas sociales coincidió con una desaceleración de la inversión privada y con menores ingresos derivados del sector energético. La inversión extranjera directa mostró signos de debilitamiento, especialmente en petróleo y minería, sectores que continúan siendo fundamentales para las exportaciones colombianas y para la obtención de divisas.

La transición energética impulsada por Petro simboliza con claridad esta tensión entre objetivos estratégicos y realidades económicas. La decisión de limitar nuevos contratos de exploración petrolera buscó posicionar a Colombia como referente climático internacional y acelerar la diversificación productiva. Sin embargo, numerosos economistas sostienen que el país todavía no dispone de una estructura económica alternativa capaz de reemplazar plenamente los ingresos fiscales generados por los hidrocarburos.

El próximo presidente deberá resolver una ecuación particularmente difícil: mantener los avances sociales obtenidos durante los últimos años sin deteriorar aún más las cuentas públicas ni desalentar la inversión privada. Esa será, probablemente, la cuestión económica central del próximo cuatrienio.

Una sociedad menos desigual pero profundamente polarizada

En el terreno social, la herencia de Petro presenta igualmente luces y sombras. Incluso algunos de sus adversarios reconocen que consiguió modificar las prioridades del debate nacional. Temas como la desigualdad, la inclusión territorial, la justicia social, la protección ambiental y la redistribución de la riqueza adquirieron una centralidad política que no habían tenido durante décadas.

El analista Óscar Montes sostiene que uno de los principales logros del presidente fue precisamente instalar la cuestión social en el centro de la agenda pública.

Sin embargo, ese cambio cultural vino acompañado de una polarización política extraordinaria. Petro gobernó en permanente confrontación con amplios sectores del establishment político, empresarial y mediático. Sus críticos lo acusan de haber convertido el conflicto permanente en un método de gobierno. Sus partidarios argumentan que simplemente desafió estructuras de poder que durante décadas habían permanecido prácticamente intactas.

El politólogo Hernando Gómez Buendía resume esta paradoja señalando que la principal transformación del período fue simbólica y discursiva más que estructural. Según su análisis, Colombia vivió una intensa batalla narrativa que modificó percepciones, identidades políticas y formas de representación, aunque muchas de las estructuras profundas permanecieran relativamente inalteradas.

La crisis del sistema de salud constituye otro de los grandes desafíos heredados. Las dificultades operativas de numerosas Entidades Promotoras de Salud, los retrasos en la atención médica y la incertidumbre respecto de la reforma sanitaria han generado una creciente preocupación ciudadana. Aunque el Gobierno atribuye la crisis a problemas estructurales previos y al funcionamiento de las EPS privadas, amplios sectores sociales perciben un deterioro efectivo de los servicios sanitarios.

El desafío más urgente: la seguridad y el fracaso parcial de la Paz Total

Si existe un área donde el próximo presidente enfrentará presiones inmediatas, esa será la seguridad.

La política de “Paz Total” fue probablemente la iniciativa más ambiciosa de Petro y, al mismo tiempo, una de las más controvertidas. Su objetivo consistía en negociar simultáneamente con guerrillas, disidencias de las FARC, grupos narcotraficantes y organizaciones criminales, bajo la premisa de que el conflicto colombiano ya no podía abordarse mediante compartimentos estancos.

La idea representaba una innovación conceptual importante. No obstante, sus resultados han sido objeto de fuertes cuestionamientos.

Aunque algunas estadísticas oficiales reflejan mejoras en determinados indicadores de violencia, extensas regiones del país continúan bajo influencia de actores armados ilegales. Departamentos como Cauca, Arauca, Norte de Santander, Guaviare y diversas zonas del Pacífico siguen registrando enfrentamientos, desplazamientos de población y economías ilegales vinculadas al narcotráfico.

Las disidencias de las antiguas FARC continúan fragmentadas en múltiples estructuras armadas con intereses diversos. Algunas mantienen canales de diálogo con el Estado; otras han intensificado sus actividades militares y criminales. El Ejército de Liberación Nacional sigue siendo un actor relevante en varias regiones fronterizas, mientras numerosos grupos narcotraficantes aprovechan los vacíos de autoridad estatal para expandir su control territorial.

La expansión de los cultivos de coca añade complejidad al panorama. Colombia continúa siendo el principal productor mundial de cocaína y el narcotráfico sigue financiando buena parte de las organizaciones armadas ilegales.

El próximo mandatario deberá decidir si mantiene el enfoque negociador de Petro, lo corrige o retorna a estrategias más cercanas a la lógica de la seguridad democrática impulsada durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.

Instituciones tensionadas y gobernabilidad incierta

Otro aspecto fundamental del legado petrista es la relación entre el Ejecutivo y las instituciones.

Durante gran parte de su mandato, Petro mantuvo conflictos abiertos con el Congreso, sectores del Poder Judicial, organismos de control, medios de comunicación y dirigentes regionales. Diversos analistas consideran que esas tensiones dificultaron la construcción de consensos indispensables para aprobar reformas estructurales.

Al mismo tiempo, el presidente conservó niveles de popularidad relativamente elevados para los estándares colombianos, lo que demuestra que una parte significativa de la sociedad continúa respaldando sus objetivos políticos incluso cuando cuestiona algunos aspectos de su gestión.

El resultado es un sistema político fragmentado donde ninguna fuerza dispone de una hegemonía suficiente para gobernar sin acuerdos amplios. El fortalecimiento parlamentario del Pacto Histórico garantiza que el petrismo seguirá siendo un actor central de la política colombiana incluso después de la salida de Petro de la presidencia.

Colombia ante el mundo: dos posibles rumbos

La orientación internacional del país dependerá en gran medida del signo ideológico del próximo gobierno.

Si la presidencia queda en manos de una figura de izquierda cercana al proyecto de Petro, como Iván Cepeda Castro, es probable que Colombia mantenga su apuesta por una diplomacia autónoma, una política exterior centrada en el cambio climático, la integración latinoamericana y una relación más equilibrada con las grandes potencias. Continuaría además el acercamiento a gobiernos progresistas de la región y la búsqueda de espacios de cooperación con China y otros actores emergentes.

Sin embargo, incluso en ese escenario, las relaciones con Estados Unidos seguirían siendo prioritarias. La cooperación antidrogas, la estabilidad venezolana, los flujos migratorios y la importancia geopolítica de Colombia hacen imposible una ruptura significativa con Washington. Como señalan diversos analistas, la relación entre ambos países ha demostrado una notable capacidad de adaptación incluso en momentos de fuertes discrepancias ideológicas.

Si, por el contrario, triunfase una candidatura de derecha, ya sea representada por figuras cercanas al uribismo o por corrientes conservadoras más recientes, podría producirse una reorientación significativa. Un gobierno conservador probablemente reforzaría la cooperación estratégica con Estados Unidos, recuperaría una política más favorable a la inversión extranjera en hidrocarburos, endurecería la estrategia frente a los grupos armados y adoptaría posiciones más críticas respecto de determinados gobiernos de izquierda latinoamericanos.

No obstante, existen límites estructurales que moderarían cualquier giro radical. Colombia continúa dependiendo de los mercados internacionales, de la cooperación estadounidense y de la estabilidad regional. Por ello, más que rupturas drásticas, cabe esperar ajustes de énfasis y prioridades.

El país que viene

Colombia se aproxima a una nueva etapa histórica con una combinación de oportunidades y riesgos que pocas veces se había presentado de manera tan simultánea.

El próximo presidente encontrará una sociedad más consciente de las desigualdades, más exigente con el Estado y más involucrada en la discusión política. Recibirá también unas finanzas públicas tensionadas, un sistema sanitario necesitado de reformas urgentes, una seguridad deteriorada en varias regiones periféricas y una economía que necesita recuperar dinamismo inversor sin renunciar a los avances sociales alcanzados.

La presidencia de Gustavo Petro será recordada como una experiencia política que alteró profundamente el eje del debate nacional. Sus partidarios sostendrán que abrió caminos largamente postergados hacia una sociedad más inclusiva y menos desigual. Sus detractores argumentarán que generó incertidumbre económica, polarización institucional y expectativas imposibles de cumplir. Ambas interpretaciones contienen elementos de verdad.

La cuestión decisiva para el próximo gobierno no será simplemente corregir o profundizar el legado de Petro. Será demostrar que Colombia puede combinar crecimiento económico, cohesión social, seguridad territorial y estabilidad institucional en un mismo proyecto nacional. El verdadero desafío ya no consiste en cambiar el país, sino en gobernar eficazmente el país que surgió después de Petro.