lunes, 9 de diciembre de 2019

ARGENTINA SE PREPARA PARA UN NUEVO GOBIERNO PERONISTA


La Argentina, en plena crisis socioeconómica se dispone a estrenar un nuevo gobierno peronista. El binomio formado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner enfrenta el desafío de hacer populismo en un país en recesión y empobrecido.

Mañana la Argentina vivirá una fiesta democrática. Por primera vez desde la aparición del peronismo en 1946, un gobierno no peronista habrá completado su mandato constitucional. También se restablecerá el tradicional traspaso de un gobierno a otro aunque posiblemente con algunos matices particulares. Estos dos hechos constituyen una gran victoria para quienes aspiran a restablecer la tradición republicana en el país.

Finalmente, el pasado viernes 6 de diciembre el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, tras arduas negociaciones con su vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, presentó su gabinete de gobierno conformado por 21 ministros que sumirá el martes 10 del corriente.

Aunque a lo largo de las últimas semanas algunos nombres habían trascendido y muchos otros de los mencionados finalmente fueron descartados. Conocidos los nombres de quienes acompañaran al nuevo presidente en la difícil tarea de sacar al país de la profunda crisis que viene atravesando desde hace varios años.

Las condiciones en que el nuevo gobierno deberá afrontar su gestión mueven a ciertas reflexiones.

Comencemos por señalar que un gabinete con 21 ministros de distinto origen ideológico y político resultará difícil de coordinar, pero en el resultado inevitable de llegar al poder con una coalición de gobierno más que con una coalición electoral como la que llevó al poder a Mauricio Macri hace cuatro años.

Alberto Fernández debió cumplir con innumerables compromisos de campaña, donde para mantener al peronismo y a la izquierda populista unidos en un mismo frente, el candidato ofreció en forma indiscriminada cargos de todo tipo. Un gabinete de solo ocho ministros, como tenía el presidente Mauricio Macri, constituía una estructura demasiado pequeña para cumplir con todos ellos. Especialmente, porque algunos socios mayoritarios, como Cristina Kirchner y Sergio Massa, reclamaban porciones cada vez más jugosas para su vez recompensar a sus fieles.

En esta forma termina por confirmarse una coalición de gobierno compuesta por sectores políticos e ideológicos con sus propios programas y objetivos que no siempre serán compatibles.

Por otra, parte la mayoría de los funcionarios no se conocen entre sí, carecen experiencia en la función pública o hace muchos años que dejaron de ser funcionarios.

El propio presidente Alberto Fernández ejerció como jefe de Gabinete durante cinco años, pero no desempeña ningún cargo público desde 2008. Algo similar ocurre con los funcionarios más veteranos y con mayor experiencia del gabinete: Felipe Sola, Ginés Mario González García o Marcela Lozardo.

Los más jóvenes sólo desempeñaron cargos de segundo nivel o directamente carecen de toda experiencia en la administración pública, como el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, quien con tan sólo 37 años, llega al cargo sin vivir en la Argentina en los últimos doce años.

La mayoría de los ministros no se conocían antes del anuncio de que compartirían gabinete. Algunos incluso se presentaban a sí mismos a sus colegas e intercambiaban tarjetas de visita.

Esto indica que el nuevo gobierno no llega a la Casa Rosada con planes de gestión elaborados previamente y es muy probable que los nuevos ministros también carezcan de un acabado conocimiento de las áreas de gobierno que les ha tocado en suerte gestionar, porque se habían preparado para otra.

No olvidemos que algunas designaciones surgieron como producto de las negociaciones llevadas a cabo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, por necesidad de despejar ciertas posiciones de poder para la vicepresidenta y su hijo y sucesor Máximo Kirchner, o cumplir con los referidos compromisos electorales.

Por lo tanto, deberán emplear los próximos meses para ambientarse, completar sus equipos designando a sus hombres de confianza en los cargos medios de sus respectivos ministerios, reunir información del funcionamiento de estos y diseñar las medidas de fondos que desea llevar a cabo.

Siempre suponiendo que el funcionario designado tenga ideas propias sobre que hacer en ese cargo en cuestión.

Por lo tanto, el proceso de reacomodo, ajuste y diseño del plan de gobierno insumirá los primeros doce meses y para entonces, 2021, la Argentina entrará en un nuevo año electoral.

Elecciones de medio término donde el nuevo gobierno será puesto a prueba y deberá revalidar su importante victoria electoral de octubre de 2019.

Para ese entonces probablemente, la oposición liberada de sus responsabilidades de gobierno, si hace bien sus deberes podrá ejercer con toda la fuerza sus críticas, reorganizar sus cuadros y militantes, reconstruir sus alianzas explotando el peso político del 40% de los votos obtenidos y el poder de convocatoria con que hoy deja el gobierno.

Pero la principal incógnita reside en saber si la sociedad argentina está en condiciones de esperar tanto por las soluciones que tanto necesita en medio de la emergencia.

Argentina s encuentra en una situación inédita, dada la complejidad y la simultaneidad de los conflictos económicos y sociales que presenta el país. Pobreza de más del 40%, deterioro en la calidad y cantidad de empleo, inflación anualizada del 70%, recesión en siete de últimos ocho años y falta de financiamiento, son los principales problemas que enfrenta el nuevo gobierno.

Los Fernández malgastaron en disputas y pujas la mayor parte de los 45 días de que disponían para la transición para organizar sus equipos y planes de gobierno. No lograron definir el futuro gobierno hasta cinco días antes de la asunción del nuevo presidente.
Por el momento, Alberto Fernández parece incurrir en algunos de los mismos errores que Mauricio Macri durante la primera etapa de su gestión.

El nuevo presidente centra su interés tan sólo en resolver las urgencias económicas y perfilar su política exterior dejando para una segunda etapa o la libre iniciativa de los ministros del área respectiva la instrumentación de medidas en materia de seguridad, educación, salud, defensa, medio ambiente, etc.

Al igual que Macri, tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner desconfían de los políticos experimentados y con peso político propio que puedan generar liderazgos alternativos. Así han relegado a las figuras del peronismo con mayor experiencia y prestigio, salvo algunos incondicionales: como Gustavo Béliz, Daniel Scioli, Felipe Solá, Vilma Ibarra, etc., en el albertismo y Carlos Zannini, Agustín Rosi o Sergio Berni por parte de Cristina.

Las medidas que prepara el nuevo presidente y que han trascendido hablan de mayor emisión monetaria para cubrir aumentos de las jubilaciones mínimas, un bono de 7.000 pesos (U$S 100.-) para los salarios más bajos y congelamientos en las tarifas de la electricidad, combustibles, transporte y productos de primera necesidad.

Mientras, espera que milagrosamente se reactive el consumo y el país salga de la prolongada recesión, descarga el peso de la crisis nuevamente sobre la atribulada clase media y las pequeñas y medianas empresas con nuevos incrementos en los impuestos. Es decir, el mismo plan de Mauricio Macri con leves modificaciones como las restricciones a la compra de dólares y tasas de interés más bajas.

Alberto Fernández olvida que fue precisamente la castigada clase media quien, al dar la espalda al macrismo, permitió el retorno del kirchnerismo al poder.

Algo que también comparten los Fernández con Macri es la tendencia a rodearse de dirigentes sub-cuarenta para cubrir los cargos más relevantes. Se trata en la mayoría de los casos de jóvenes con buena formación académica pero sin experiencia de gestión, apoyos políticos ni “territorio” propio. Es decir, nadie que pueda alentar demasiadas expectativas de crecimiento político independiente y cuya carrera política estará condicionada a un absoluto acatamiento de las directivas recibidas desde la presidencia.

Al hacer esta elección, los Fernández están marginando a toda una generación de políticos, exfuncionarios, intelectuales y periodistas que inmediatamente se convertirán en duros críticos de todas las medidas que implemente el nuevo gobierno.

Por último, el nuevo presidente llega al poder en un escenario internacional totalmente distinto al clima de optimismo que rodeó a Macri en sus primeros días. Macri se presentaba como el político que había vencido al populismo corrupto de los Kirchner y que prometía abrir el país al mundo.

Alberto Fernández por el contrario es visto como un dirigentes que llega a la presidencia para brindar cobertura política a la auténtica dueña de los votos Cristina Fernández de Kirchner, una dirigente populista con más de una docena de procesamientos judiciales por corrupción.

Alberto Fernández parece un virtual aliado del dictador Nicolás Maduro, del condenado Luis Inacio “Lula” da Silva y del renunciado presidente indigenista Evo Morales. En Washington y la Europa Comunitaria se observa con preocupación sus vínculos con Rusia, China, Cuba e Irán.

Un claro indicador del aislamiento internacional con que asume el nuevo gobierno es el hecho de que tan sólo asistirán al traspaso de mando cuatro presidentes. Todos ellos de la región: los primeros mandatarios de Chile, Paraguay y Uruguay además del cuestionado presidente de Cuba.

Brasil el principal socio comercial de Argentina, motor económico del Mercosur y líder regional no enviará ninguna representación diplomática al acto. Otro tanto hará Israel, país que tiene una colectividad local grande e influyente en el país, que teme por los vínculos que el nuevo gobierno mantendrá con Irán. En especial, por el retiro de la calificación de grupo terrorista para la organización Hezbollah.

El 10 de diciembre, la mitad de la Argentina celebrará el retorno del kirchnerismo al poder. La otra mitad mirará al futuro con incertidumbre preparándose para tiempos aún más duros de los que ha vivido en los últimos cuatro años.


sábado, 7 de diciembre de 2019

BOLIVIA SE ENCAMINA A LA REALIZACIÓN DE NUEVAS ELECCIONES PRESIDENCIALES


Tras el golpe blando que puso final a más de trece años de gobierno indigenista de Evo Morales el país del Altiplano se prepara para una nueva e inminente contienda electoral, aún sin fecha, que renovará los elencos políticos bolivianos.

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2019

Después de tres mandatos presidenciales consecutivos que constituyen el mayor periodo que un presidente boliviano ha gobernado el país, en 2016, el dirigente indigenista y cocalero Evo Morales convocó a un referéndum para eliminar el límite constitucional que le impedía acceder a un nuevo período. Cuando los bolivianos rechazaron la propuesta, el Tribunal Constitucional Plurinacional, lleno de jueces leales al presidente, lo habilitó de todos modos a postularse con el absurdo argumento de que esa prohibición a competir por un nuevo mandato violaba los “derechos humanos” de Evo Morales al impedirle “elegir y ser elegido”.

En octubre, Morales se adjudicó el “triunfó” para un cuarto mandato en elecciones que, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), estuvieron plagadas de irregularidades. Múltiples actores sociales, desde los estudiantes y los mineros de Potosí y de otras regiones hasta los grupos indígenas de la zona andina y buena parte de la sociedad civil de la Medialuna, la zona más rica del país, salieron a las calles contra el fraude electoral.

Tres semanas de movilizaciones impresionantes y bloqueos en rutas y calles vaciaron la narrativa de que Evo Morales tenía la absoluta lealtad de las masas bolivianas y que sólo la “oligarquía” se oponía a su permanencia en el gobierno por un nuevo período.

Conforme transcurrió el tiempo, las protestas se radicalizaron y extendieron, generándose una gran violencia y los primeros muertos, por lo que el presidente sólo podía permanecer en el poder si la Policía y el Ejército controlaban la situación. Las Fuerzas Armadas se negaron “a disparar contra el pueblo” y Evo Morales perdió el último apoyo de cualquier gobierno.

El presidente reaccionó demasiado tarde y cuando propuso la realización de nuevas elecciones su propuesta se había tornado poco creíble y la oposición se había radicalizado e incrementado. Su renuncia, el 10 de noviembre, fue forzada por los militares, si bien estos no tomaron el poder para sí, sino que intentaron abrir una salida constitucional. Se configuró así un “golpe de Estado blando” o “golpe de Estado civil”, pero golpe de Estado al fin y al cabo porque obligó a un presidente a renunciar, huir del país y pedir asilo político.

Bolivia vivió después del alejamiento del presidente Morales, que busco refugió en México bajo la protección del presidente Andrés Manuel López Obrador, un vacío de poder. El hasta entonces partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) decidió dejar al sistema democrático sin salidas institucionales, al hacer que renunciaran todos los políticos que podían asumir un gobierno provisional (el vicepresidente y los presidentes de las cámaras de senadores y diputados) y al impedir, en primera instancia, que se reuniera el Congreso. Al hacerlo, dejaban además en un limbo legal las renuncias antes mencionadas, que de acuerdo con la Constitución debían ser aprobadas por el propio Congreso con mayoría absoluta del MAS.

La oposición se vio forzada a apelar al nombramiento como presidenta provisional de una vicepresidente del Senado, Jeanine Áñez, violando la constitución al lograrse el quorum en el Senado por la ausencia de los legisladores del MAS. El tribunal Constitucional aceptó la situación de hecho y declaró legal la asunción de la presidencia por parte de Áñez apelando a un precedente usado habitualmente en la región para justificar a los regímenes de facto, la necesidad de establecer un gobierno que asegure la seguridad y el bien público ante la acefalía de la presidencia. Las cúpulas de la Policía Nacional y las fuerzas armadas también reconocieron como legítima a la nueva presidente que inmediatamente declaró clausurado el Congreso para evitar que la mayoría del MAS revocara su mandato.

La presidente Jeanine Áñez procedió la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, con 24 artículos y cinco disposiciones finales, donde se dejan sin efecto legal los comicios realizados el 20 de octubre y se da lugar a nuevos comicios para elegir presidente.

Sobre la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la norma señala que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realizará un nuevo proceso de elección, en un máximo de hasta veinte días calendarios, desde la aprobación del reglamento.

En cuanto a las elecciones generales, los vocales del TSE, dentro de los dos días calendarios siguientes a su posición, emitirán la convocatoria para las elecciones generales 2020.

El TSE, a través del Servicio de Registro Cívico (Sered), realizará las tareas de saneamiento del padrón electoral para la correcta realización de los referidos comicios.
La ley también estableció que podrían participar de la elección todas las organizaciones políticas de alcance nacional con registro vigente al momento de la promulgación de la norma.

Respecto a los candidatos, la norma estableció que los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continuada a un cargo electivo, durante los dos períodos constitucionales anteriores, no podrían postularse para el mismo cargo.

Mientras se definen los miembros del Tribunal Supremo Electoral, varios precandidatos presidenciales han manifestado su intención de competir en los próximos comicios.

En primera instancia, el expresidente Carlos Mesa, quién se situará en segundo lugar en los comicios del 20 de octubre pasado después de obtener algo más del 37% de los sufragios, ha expresado su decisión de volver a competir por la presidencia acompañado nuevamente por Gustavo Pedraza, como candidato del partido Comunidad Ciudadana.

Carlos Mesa (1953) es un intelectual, periodista, documentalista y escritor. Fue el sexagésimo tercer presidente de Bolivia desde el 17 de octubre de 2003 hasta el 9 de junio de 2005 y el trigésimo séptimo vicepresidente de Bolivia desde el 6 de agosto de 2002 hasta el 17 de octubre de 2003, durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

También el candidato coreano, el médico y pastor evangelista Chi Yung Chang, que alcanzar el tercer  lugar, con el 8,77% de los votos, en la pasada elección como candidato del Partido Demócrata Cristiano, manifestó su intención de volver a presentarse como candidato.

El Partido Demócrata Cristiano fue fundado el 6 de febrero de 1954. Participó del gobierno de René Barrientos y de Hugo Banzer Suárez. En 1989 llevó a la vicepresidencia de Bolivia a Luis Ossio Sanjinés.

Chi Yung Chang nació en la ciudad de Gwangju, Corea del Sur, el 7 de marzo de 1970 de padres coreanos. Chang vivió y creció en el seno de una familia evangélica. En 1976, su familia se trasladó a vivir a la capital de Seúl. Pero tiempo después la Iglesia Presbiteriana de Corea envió a la familia Chang como misioneros evangélicos a Bolivia.

La familia Chang llegó a Bolivia en 1982 instalándose en Santa Cruz de la Sierra, donde el joven Chi de doce años estudio en el Colegio Bautista Boliviano – Brasileño. En 1989 ingresó a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca donde se graduó en 1995 de médico. Mas tarde, en Santa Cruz de la Sierra obtuvo una Maestría en Educación Superior y otra Maestría en Gerencia de Salud y Salud Pública.

Durante su vida profesional, Chi Yung Chang se desempeñó como director de la clínica médica UCEBOL. Fue fundador de setenta iglesias evangélicas y es el presidente de la Iglesia Presbiteriana de Bolivia.

El 15 de agosto de 2019, Chi Yung Chang comenzó su campaña electoral lanzando duras críticas al Colectivo LGBT señalando que los miembros de este grupo necesitarían un tratamiento psiquiátrico. Sus declaraciones recibieron en ese entonces una gran ola de críticas por parte de la población boliviana liberal, en especial del colectivo de gays y lesbianas. Aunque otra gran parte de la población boliviana (especialmente sectores conservadores y religiosos) apoyaron las declaraciones del pastor evangelista.

En su biografía el candidato coreano detalla que es “hijo de un nominado al premio Nobel de la Paz” y que atiende como médico gratuitamente cada año a doscientos mil pacientes mediante un hospital móvil.

Los nuevos precandidatos son el binomio formado por el líder del Comité Cívico de Santa Cruz, el abogado Luis Fernando Camacho y su asociado el líder del Comité Cívico de Potosí Marco Pumari, que se destacaron en la lucha contra el fraude cometido por Evo Morales. Posiblemente podrían ser candidatos por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, fundado el 7 de junio de 1942 por Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo y otros dirigentes. Actualmente el MNR es conducido por Luis Eduardo Siles Pérez. A esta candidatura también podría sumarse la Unión Cívica Solidaridad que antes apoyo la candidatura de Víctor Hugo Cárdenas.

Para participar como candidato presidencial Camacho renunció al Comité Cívico pro Santa Cruz. “Presidir está institución es un sueño de toda la vida; quien me conoce desde chico, sabe lo que trabajé por esto y que anhelé tener esta oportunidad, pero la tengo que abandonar por otro sueño, otro anhelo aún más fuerte: ser Presidente de la República de Bolivia y poder, desde ahí servir con todas mis fuerzas para ver a mi patria próspera, unida y libre, donde todos juntos construyamos un mejor futuro para nuestros hijos, algo que hoy es más posible que nunca”, dijo Camacho al comunicar su renuncia.

Carismático, histriónico y verborrágico, el abogado cruceño Luis Fernando Camacho, de 40 años, logró ascender en muy corto tiempo a las primeras planas de la política boliviana. Sin un cargo electivo ni afiliaciones partidarias, se presentó como un líder civil en franca oposición al presidente Evo Morales, blandiendo siempre una Biblia y un rosario como únicas fuentes de legitimidad.

En mayo de 2019, la revista Forum, de Brasil, publicó una foto de una reunión que mantuvo con Ernesto Araujo, el canciller del presidente brasileño Jair Bolsonaro, para pedir su apoyo en el rechazo a la candidatura presidencial de Morales.

Camacho mantiene lazos políticos con el fugitivo Branko Marinkovic, quien se refugió en Brasil en 2010, tras recibir acusaciones de sedición y separatismo en Santa Cruz por haber organizado y financiado una banda armada que pretendía la independencia de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. La comandaba otro croata-boliviano: Eduardo Rózsa Flores.

Luis Fernando Camacho es propietario junto con su familia del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A. También forma parte de “Orden de los Caballeros de Oriente” una de las dos grandes logias influyentes en Santa Cruz.

La familia Camacho, que se dedica especialmente a negocios vinculados con la industria gasífera, tiene varias cuentas offshore denunciadas en los Panamá Papers

El Movimiento Al Socialismo, el partido indigenista de Evo Morales, que cuenta con importantes adhesiones (entre un 20 y 25% del electorado) no ha definido aún quién será su candidato pero dos jóvenes dirigentes se perfilan como los favoritos.  

Uno de ellos es el joven Andrónico Rodríguez Ledezma, que con tal sólo 29, quién hace menos de un año ganó, con el apoyo de Evo Morales, la vicepresidencia de las seis federaciones de cocaleros del trópico cochabambino. En el Chapare hay 931 sindicatos y alrededor de 50.000 cocaleros afiliados, de un total de alrededor de doscientos mil productores.

Andrónico Rodríguez, quien a los 19 años ya era presidente de las juventudes estudiantiles, obtuvo a sus 22 años la licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad San Simón de Cochabamba y es hijo de otro dirigente cocalero.

Además del vicepresidente de los cocaleros, destacan entre los dirigentes del MAS, la actual presidente del Senado, Adriana Salvatierra, otra profesional de la Ciencia Política que a sus 29 años, antes de renunciar, se situó tercera en la línea sucesoria del país. Otros dos jóvenes prestigiosos en las filas del MAS son el ex ministro de Comunicación, Manuel Canelas, de 37 años, y el diputado Adhemar Valda, de 34 años.

Habrá que esperar que en las próximas semanas se designen a los miembros del Tribunal Supremo Electoral para que así se establezca la fecha de los próximos comicios para conocer cuales son las candidaturas efectivas de las cuales surgirá el futuro presidente de Bolivia.
   

martes, 3 de diciembre de 2019

TENSIONES ENTRE ALBERTO FERNANDEZ Y CRISTINA KIRCHNER



Las tensiones entre el presidente electo y su vicepresidente son cada día más inocultables e impiden la formación del futuro gabinete a menos de una semana para el cambio de gobierno
BUENOS AIRES, 3 de diciembre de 2019


Los analistas políticos en Argentina viven en una total incertidumbre. En un hecho absolutamente inédito, a menos de una semana para el cambio de gobierno, nadie conoce el nombre de los integrantes del gabinete y otros altos cargos que acompañaran al presidente Alberto Fernández.

Es que las discrepancias entre el presidente electo y su vicepresidente son cada vez más inocultables.

Recordemos las palabras que eligió Cristina Fernández de Kirchner (CFK) para anunciar la fórmula presidencial de su espacio político. “Le he pedido a Alberto Fernández que sea nuestro candidato a presidente”, dijo la expresidente Cristina Kirchner, marcando así que era ella y solo ella la encargada de decidir quién debía gobernar en Argentina.

Las diferencias entre ambos dirigentes fueron evidentes desde el primer momento. Comenzaron por el hecho claro y sobresaliente de que el Frente de Todos está constituido en esencia por la alianza entre dos partidos. Por un lado el Partido Justicialista con sus gobernadores y sindicatos. Por el otro, por el partido creado por CFK, la Unidad Ciudadana. A estos dos grandes partidos se agregan agrupaciones menores y diversos movimientos sociales.

Incluso durante la campaña presidencial el candidato a presidente y su vice mantuvieron sedes partidarias separadas. Alberto Fernández se estableció en unas oficinas cedidas por el sindicato de porteros, el SUTHER liderado por Víctor Santamaría, situadas en la calle México. Mientras que Máximo Kirchner y su madre operaban desde el Instituto Patria o el departamento de la calle Juncal y Uruguay.

Por otra parte, Alberto Fernández, en los días de la campaña  se reunió con todos los sectores del peronismo. Con los dirigentes sindicales y los gobernadores e incluso con aquellas figuras del peronismo que se habían distanciado del matrimonio Kirchner heridos por el trato que este dispensaba a sus colaboradores. Comenzando por Sergio Massa y siguiendo con Gustavo Béliz, Martín Redrado, Florencio Randazzo, Vilma Ibarra, etc. Su intención fue sumar a todo el espectro ideológico del peronismo en un único frente electoral.

Alberto incluso cortejó con insinuaciones y promesas al exministro Roberto Lavagna para que mantuviera su candidatura y así dividiera el voto anti-kirchnerista.

Mientras tanto, Cristina Fernández compartiendo esa estrategia, mantuvo un prudente silencio. Así pasó la mayor parte del tiempo en Cuba evitando definirse y para no enfrentar a la prensa. Su única participación en la campaña electoral consistió en las escasas y muy controladas presentaciones de su libro. En esas oportunidades, Cristina jugaba el juego que mejor conocía más disfrutaba. Pronunciar largos monólogos frente a un auditorio compaciente que sonríe y aplaude.

Cristina permitió en esa etapa que Alberto Fernández hiciera todo tipo de promesas y creyera que realmente tendría una autonomía que en realidad no estaba dispuesta a permitirle. Mientras tanto alimentaba calladamente sus antiguos rencores y sospechas.
Tras la victoria electoral Cristina Kirchner retorno para reclamar el rol central en la toma de decisiones del futuro gobierno.

“Les deje que armaran el gobierno y me llenaron todos los casilleros con gente que me odia”, aseguran que dijo cuando recibió la nómina de quienes integrarían el nuevo gobierno.

Como una forma de ratificar su jefatura, tomó la lapicera y tachó a aquellos postulantes que no eran de su agrado. Todo el mundo político sabe que Cristina no es una persona que olvide o perdone los antiguos agravios o disidencias.

UNA RESPUESTA INFORTUNADA

Pero ayer proporcionó un nuevo ejemplo de hasta dónde puede llegar su rencor y las ansias de revancha que guían su accionar.

Durante el segundo debate presidencial, el economista liberal José Luis Espert descolocó al candidato del Frente de Todos con un ataque directo. “Parece ser que en un gobierno en que hubo una asociación ilícita, ¿usted no vio nada o fue cómplice de eso?”, pregunto Espert intempestivamente a Alberto Fernández.

Para sorpresa del auditorio, Alberto Fernández no intentó defender a los gobiernos del matrimonio Kirchner, tampoco negó la existencia de una “asociación ilícita”, solo atinó a defenderse a sí mismo.

Por el contrario, el ex jefe de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner pareció reconocer la veracidad de la acusación de Espert al replicar: “Cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a casa. Y desde que me fui nunca un juez me citó a dar explicaciones”.

La respuesta del candidato que ella eligió para presidente parece haberla herido profundamente. Quizá por eso CFK aprovechó su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal N° 2, en la causa por el direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz para devolver a Alberto Fernández algo de su propia medicina.

“El responsable en materia administrativa y penal es el Jefe de Gabinete porque es quien ejecuta el presupuesto. Van a tener un problema porque van a tener que citar al Presidente de la República. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles”, dijo la expresidente y hoy vicepresidente electa.

Con una sola frase Cristina ajustó cuentas con Alberto Fernández por sus dichos en el debate presidencial y por el hecho de que este último nunca fue perseguido o citado por la justicia como otros exfuncionarios kirchneristas. Cristina Fernández no es la única que se hace esa pregunta en estos días.

Aunque Alberto Fernández intente por todos los medios no tener conflictos con su vicepresidente y crear un frente unido entre peronistas tradicionales y kirchneristas, resulta evidente que ella no parece muy dispuesta a olvidar los hechos y dichos que la separaron de algunos dirigentes en el pasado.

Muy mala señal para un gobierno que aún no comenzado y que deberá gobernar en un país con una profunda crisis socioeconómica que dura años y donde los ánimos de la sociedad están particularmente enervados.



domingo, 1 de diciembre de 2019

ARGELIA A LA PUERTA DE ELECCIONES PRESIDENCIALES



Después de diez meses de protestas callejeras y ocho de un régimen de facto sostenido por las fuerzas armadas, Argelia celebrará unas condicionadas elecciones presidenciales el próximo 12 de diciembre.
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2019

UNA CRISIS EN SORDINA

Desde el 22 de febrero de este año, todos los martes y viernes las calles de Argel y otras ciudades argelinas se llenan manifestantes que demandan a gritos “yatnahaw ga” (que se vayan todos). Los martes salen los estudiantes y los viernes se agregan a ellos otros ciudadanos descontentos. Los manifestantes demandan un cambio político y social que saque al país del estancamiento. Los jóvenes no pretenden mucho tan sólo tener un trabajo con el cual prosperar, poder mantener a una familia y mayores oportunidades de participar en la vida pública de su país.

El régimen argelino logró mantenerse en el poder durante décadas con las ganancias resultantes de las exportaciones de hidrocarburos gastando en los últimos años 750.000 millones de dólares para calmar las demandas sociales sin ser capaz de sacar a la economía del país adelante.

Es por lo que los jóvenes demandan una auténtica renovación de los elencos gubernamentales aún en mano de los septuagenarios dirigentes que protagonizaron la guerra de liberación nacional entre 1954 y 1962.

En tanto la gerontocracia se resiste a resignar sus posiciones de privilegio. A regañadientes aceptó “jubilar” al enfermo presidente Abdelaziz Bouteflika (82), el pasado 2 de abril. Después de veinte años en el poder, los últimos seis postrado en una silla de ruedas y casi sin poder hablar.

Los militares, el verdadero poder detrás del clan Bouteflika, se vieron obligados a asumir el protagonismo en las decisiones. El jefe de Estado Mayor y viceministro de Defensa, Ahmed Gaïd Salah (74) se convirtió públicamente en el nuevo hombre fuerte de país consumando lo que en la práctica era un golpe de Estado militar con cobertura civil.

Mientras estos graves hechos institucionales se produjeron frente a las costas europeas, los mismos estadistas y organizaciones de derechos humanos que siempre están dispuestas a censurar las crisis de gobernabilidad en otros países (en especial en América Latina) se hicieron los distraídos guardando un silencio tolerante y cómplice. Es que en Argelia se juegan para la Europa Comunitaria muchos intereses geopolíticos.

Los principales países europeos afectados por la inestabilidad política de Argelia son España, Francia, Italia y en menor medida Alemania.

Argelia es el tercer proveedor de gas de Europa y el octavo mayor productor del mundo. Es el principal socio energético de España, país al que vende el 54% del gas que consume a través del proyecto “Medgaz”, gestionado por las empresas españolas Cepsa y Gas Natural Fenosa y la compañía estatal de hidrocarburos argelina Sonatrach que opera el oleoducto que parte del corazón de Argelia, cruza el Mediterráneo y desemboca en Almería.

Argelia es, además, segundo cliente comercial de España, sólo por detrás de Marruecos, con una balanza favorable al país árabe de 1.900 millones de euros anuales.

En 2017, España fue el quinto proveedor de Argelia y su tercer cliente: las exportaciones ese año superaron los 2.670 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 4.580 millones de euros.

Italia es el principal socio comercial de Argelia, y principal destino de sus exportaciones, con cerca de 6.000 millones de euros, con Francia en tercera posición seguida a gran distancia de Estados Unidos y Turquía.

Argelia mantiene con estos países -y con la Unión Europea en su conjunto- diversos acuerdos en cuestiones de seguridad, lucha contra el terrorismo yihadista, el crimen organizado y la inmigración irregular.

En Francia reside una gran colectividad argelina. Muchos de sus miembros cuentan incluso con doble nacionalidad. En tanto que los argelinos, con el 17,9%, constituyen la segunda nacionalidad de migrantes irregulares que llegan cada año a España.

Argelia, es además, una de las puertas de acceso a las costas del Norte África para los inmigrantes irregulares provenientes del Sahel.

Al mismo tiempo, Argelia mantiene sólidos vínculos históricos y actuales con otro tipo de gobiernos. En especial con Rusia, China, Cuba e Irán, sin dejar de lado a la impredecible Corea del Norte.

Estos vínculos diplomáticos e intereses geopolíticos ha permitido a Argel mantener su grave y prolongada crisis institucional en una suerte de sordina mediática. En esta forma ha podido reprimir las protestas en forma solapada y ajustar los mecanismos de fraude electoral sin recibir demasiados cuestionamientos en la prensa internacional.

EL RÉGIMEN DE FACTO

Cuando la remoción de Bouteflika y el anuncio de elecciones generales para el 4 de julio no fueron suficientes para aplacar las protestas.

Para ganar tiempo y buscar un candidato potable, el general Salah decidió entonces avanzar con la purga de las figuras más impopulares del régimen.

Así terminaron en la cárcel el hermano menor del depuesto presidente, Said Bouteflika (61), el ex ministro de Defensa Khalde Nazer, el antecesor de Bouteflika y fundador del partido oficialista Reagrupamiento Nacional para la Democracia, Liamine Zeroual, los antaño todo poderosos jefes de los servicios de inteligencia generales Athman Tartag, alias “Bachir”, y Mohamed Medienne, alias “Tawfik”, director del DRS, el ex primer ministro Ahmed Ouyahia, el ex gobernador del Banco Central y ministro de Finanzas, Mohamed Loukal y el empresario Ali Haddad, director ejecutivo de la empresa constructora ETRHB, principal concesionaria de obra pública del país, y director de la central patronal argelina.

Pero, estas medidas anticorrupción y supuestamente democratizadoras no fueron suficientes para los descontentos que desconfiaron de un proceso electoral controlado por el presidente interino y presidente del Senado, Abdelkader Bensalah; y el primer ministro, Nouredin Bedaui a quienes consideran parte del entorno del expresidente Bouteflika al igual que el general Salah.

Tampoco los partidos de oposición han demostrado capacidad para atraer a los descontentos. Los jóvenes argelinos descreen de los políticos opositores que han hecho un acompañamiento complaciente al régimen autocrático de Bouteflika como el Frente de Fuerzas Socialistas, que forma parte de la Internacional Socialista, los islamistas moderados del Movimiento de la Sociedad por la Paz, el Movimiento Popular Argelino, El Adala (islamistas reformadores) y el singular Reagrupamiento por la Esperanza de Argelia, fundado por Amar Ghould, reiteradamente ministro de Bouteflika, los troztkistas del Partido de los Trabajadores, dirigido por Louisa Hanoune, los bereberes del Reagrupamiento por la Cultura y la Democracia.

Al aproximarse la fecha del 4 de julio, el gobierno de facto, dirigido en la práctica por el ministro del interior Mohamad Bedaui, alegó que no estaban dadas las condiciones de seguridad y el clima de gobernabilidad adecuado para la realización de los comicios y los suspendió. Después de un largo suspenso, el 15 de septiembre el gobierno anunció que el pueblo votaría el próximo 12 de diciembre para elegir a un nuevo presidente.

Al mismo tiempo, el Frente de Liberación Nacional, el partido hegemónico desde la independencia en 1962, anunció que no presentaría ningún candidato propio para competir en las elecciones presidenciales.

Mientras tanto, el régimen argelino fue desarrollando una discreta política de represión basada en una serie de detenciones selectivas del líderes del movimiento hirak y de periodistas opositores. También organizaron “contramanifestaciones”. Es decir, que en lugar de desplazar fuerzas policiales de represión el gobierno apeló al envió de grupos de choque civiles conformados por personal de seguridad sin uniformes y elementos marginales a sueldo para que se enfrenten violentamente en las calles con los manifestantes.

En esta forma las autoridades argelinas evitan las acusaciones internacionales por violaciones a los derechos humanos y la represión violenta de manifestantes pacíficos. La táctica es conocida, la empleó el gobierno de Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua apelando a las llamadas “Turbas Divinas”, el régimen castrista a través de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y los paramilitares de los “colectivos chavistas” que el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro en Venezuela, envía contra las manifestaciones opositoras.

Estas tácticas dictatoriales han comenzado gradualmente a repercutir en el ánimo de la población, reduciendo el número de los manifestantes en las calles para oponerse al gobierno militar e incluso a la realización de elecciones amañadas.

Según la nueva ley electoral, quienes deseen competir por la presidencia deben tener la nacionalidad argelina por nacimiento, contar con un título universitario o su equivalente y reunir un aval de 50.000 firmas de electores provenientes de al menos 25 de las 48 wilayas (provincias) en que se encuentra dividido administrativamente el país.

LOS CANDIDATOS DEL RÉGIMEN

El 2 de noviembre último, la Autoridad Nacional Independiente de las Elecciones (ANIE), a través de su presidente Mohamed Charfi, anunció en rueda de prensa que había seleccionado cinco candidatos en condiciones de competir por la presidencia, entre los 23 aspirantes que se inscribieron para participar en los comicios.

Los cinco candidatos aprobados son todos políticos profesionales, que ocuparon diversos altos cargos durante los veinte años de gobierno de Abdelaziz Bouteflika o han sido miembros de agrupaciones políticas que lo respaldaron. Se trata de un conjunto ex funcionarios de una franja etaria de entre 56 y 75 años, que aceptaron firmar una “Declaración de Ética” en las prácticas electorales, elaborada por la ANIE. Las restantes dieciocho candidaturas fueron rechazadas por no cumplir con alguno de los requisitos establecidos por el gobierno interino.

Los candidatos autorizados son Alí Benflis, Abdelmaldjid Tebboune, Azzedine Mihoubi, Abdelkader Bengrina y Abdelaziz Belaïd. Veamos el perfil biográfico y político de cada uno de estos postulantes.

Alí Benflis, es el candidato de mayor edad y uno de los últimos exponentes de la generación que llevó a cabo la Independencia de Argelia. Nació en Batna, la quinta ciudad más grande del país, el 8 de septiembre de 1944. En un veterano miembro del oficialista Frente de Liberación Nacional (FLN) del cual fue su Secretario General.

Se graduó de abogado, en 1968, en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Argelia y casi inmediatamente ingresó al Poder Judicial argelino. Fue ascendiendo gradualmente en ese ámbito hasta convertirse en ministro de Justicia entre 1988 y 1991.

Benflis es un antiguo activista de los derechos humanos. Fundador de la oficialista Liga de los Derechos Humanos de Argelia, en noviembre de 1987, para oponerse a la Liga Argelina por la Defensa de los Derechos del Hombre más independiente y opositora al FLN.

Se desempeño como Primer Ministro entre 2000 y 2003, bajo la presidencia de Bouteflika. Durante su gestión como Primer Ministro tuvo lugar la “Primavera Negra” que dejó un saldo de 126 manifestantes bereberes muertos por la policía en la región de Cabilia.

Alí Benflis compitió infructuosamente por la presidencia contra el presidente Abdelaziz Bouteflika en 2004 y 2014. Esta casado y tiene cuatro hijos.

Abdelmadjid Tebboune, es el candidato del Ejército por ser de la misma tribu que el Jefe de Estado Mayor, Ahmed Gaïd Salah. Tebboune nació el 17 noviembre de 1945 en Mechria y también pertenece a la generación de la Independencia.

Ha desarrollado una carrera como “apparátchitk” -burócrata profesional- del régimen  argelino.  Se graduó en la segunda promoción “Larbi Ben M’Hidi” de la Escuela Nacional de Administración, en 1969, en estudios de economía y finanzas. Inmediatamente comenzó su carrera de funcionario público como aprendiz de administrador y luego como director de la wilaya de Saoura. Pasó a ocupar cargos político – administrativos, en 1975, al ascender como secretario general (subprefecto) de la wilaya de Batna.
Ejerció diversos cargos ministeriales entre 1999 y 2017.  Finalmente, el 25 de mayo de 2017 fue designado Primer Ministro. Será el funcionario que menos tiempo permanezca en ese cargo. El 15 de agosto de 2017 es forzado a renunciar.

En octubre 2019 cuando ya era candidato presidencial debió enfrentar un escándalo generado por el inicio del juicio a su hijo Khaled -en prisión desde el 20 de junio de 2018- acusado de traficar con 701 kg. de cocaína desde el puerto de Orán. Esto llevó a la renuncia de su jefe de campaña. Poco después, el periódico Ennahar lo acusó de mantener vínculos con el empresario Omar Oliat, preso por evasión de impuestos.

Azzedine Mihoubi, nació el 1 de enero de 1959, en la ciudad de Aïn Khadra. Es el candidato de mayor perfil intelectual donde sobresale como escritor, periodista, poeta y novelista. En 1979, interrumpió los estudios de Licenciatura en Literatura y Artes Visuales. En 1984, se graduó de la Escuela Nacional de Administración en la sección de administración general.

Mihoubi inició su carrera profesional como periodista en 1986. Diez años más tarde, en 1996, se convirtió en jefe de noticias de la televisión argelina. Una posición que ocupará por dos años. En el periodo entre 2006 y 2008,  se desempeñó en director general de Radio Argelia. De 2008 a 2010, fue nombrado Secretario de Estado de Comunicación. Entre 2010 y 2013 fue Director de la Biblioteca Nacional de Argelia. Paralelamente, ocupó el cargo de presidente de la Unión de Escritores Argelinos entre 1998 y 2005 y presidente de la Unión General de Hombres de Letras Árabes entre 2003 y 2006.

En 2015, se convirtió en ministro de Cultura de Argelia cargo que ocupó hasta 2019. En julio de 2019 se transformó en Secretario General interino del partido Agrupamiento Nacional por la Democracia y en su candidato presidencial.

Ha publicado numerosos libros y recibido diversas distinciones literarias, tanto argelinas como internacionales. En 2004, la enciclopedia estadounidense “Quién es quién” lo citó entre las 500 personalidades mundiales más relevantes.

Abdelkader Bengrina, es uno de los candidatos más jóvenes y con posiciones más cercanas al islamismo. Nació el 1° de enero de 1962 en Ouargla.

Inició su militancia política en el partido Sociedad del Movimiento por la Paz, de Mahfoud Nahnah. Entre 1994 y 1997 fue miembro del Consejo Nacional de Transición. Ministro de Turismo y Artesanías de 1997 a 1999. Luego fue elegido diputado por la wilaya de Argel entre 2002 y 2007.

En 2014, fundó con otros disidentes de la Sociedad del Movimiento por la Paz, el partido Al Bina al Watani (La Construcción Nacional).

Abdelaziz Belaïd nació el 16 de junio de 1963, en Merouana. Médico y abogado. Fue presidente de los scouts musulmanes argelinos en su adolescencia. Más tarde dirigió la Unión Nacional de Estudiantes de Argelia entre 1986 y 2007.

En 1999, asumió como Secretario General de la Unión Nacional de la Juventud Argelina, una formación juvenil vinculada al FLN de la cual formaba parte desde los 23 años. La carrera de Belaïd se vio impulsada por el apoyo que recibió de Alí Benflis hasta que se distanció de su mentor.

Después de haber sido miembro del Frente de Liberación Nacional y diputado por diez años (1997 a 2007), abandonó el FLN para crear su propio partido el Frente Al Mustaqbal, del cual es Secretario General y con el cual se postuló sin éxito a las elecciones presidenciales de 2014.

Como puede apreciarse, por los antecedentes de los postulantes autorizados a competir en los comicios, no importa mucho quién de estos candidatos oficialistas triunfe en las elecciones presidenciales del próximo jueves 12 de diciembre. Nada cambiará en Argelia. El régimen tutelado por las fuerzas armadas y el entramado de grupos tribales que ostenta el poder seguirá vigente tal cual está, controlando todos los resortes del poder.

Posiblemente, el próximo presidente tampoco introducirá mejoras en la situación general de la población, democratizará las instituciones argelinas o modificará las alianzas internacionales de la república socialista del Magreb. Así planteados los comicios presidenciales argelinos son un cambio para que nada cambie.