LA ECONOMÍA VENEZOLANA DE MAL EN PEOR

Mientras el régimen chavista incrementa la represión sobre los opositores y se enfrenta al aislamiento internacional, la economía venezolana alcanza niveles inéditos de deterioro.

Tras cinco meses de aguda crisis sociopolítica en Venezuela, que ha destruido la gobernabilidad con continuas protestas callejeras duramente reprimidas al costo de más de 120 víctimas fatales y la imposición de sanciones económicas por parte de los Estados Unidos, la situación económica se ha deteriorado a un nivel inimaginable.

La compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), otrora una empresa próspera que suministraba el 96% de las divisas del país, informó en agosto pasado que sus ganancias se redujeron en más de un tercio en el último año.

Conforme cae la producción de PDVSA, la petrolera estatal depende más de compañías extranjeras, incluso estadounidenses, para que extraigan el petróleo y para obtener el tipo de crudo que se emplea en la refinación. El uso de contratistas extranjeros para la extracción y refinamiento compromete una parte importante de las cada vez más escasas divisas que produce.

La economía venezolana, además, enfrenta otro problema serio. Las sanciones aplicadas por el gobierno estadounidenses impiden que las transacciones financieras venezolanas se realicen a través del sistema bancario americano bloqueando de hecho las importaciones que realiza el régimen chavista y poniendo a Venezuela virtualmente en cesación de pagos.

La consultora Econalítica estima que a consecuencia de esta situación las importaciones venezolanas caerán este año un 32%, tras una merma del 50% en 2016.

Mientras tanto, el dólar paralelo (extraoficial o “negro”), que el 7 de septiembre de 2016 se cotizaba a 1.025 bolívares, un año más tarde lo hace a 20.193.

El dólar oficial, para las escasas transacciones autorizadas, se sitúa a 3.345 bolívares por dólar. Incluso existe una tasa preferencias de diez bolívares por dólar, para las importaciones de alimentos y dólares. Pero, estas tasas de cambio son poco más que “teóricas” porque son muy pocos los que consiguen acceder a ellas.

Ante la falta de disponibilidad de dólares en el Banco Central de Venezuela, la mayoría de los empresarios se ven obligados a recurrir al dólar paralelo, lo que potencia aún más la inflación.

Según Econalítica, el 42,5% de las importaciones del primer trimestre de 2017 se realizaron en dólares provenientes del mercado paralelo. Esto ha impactado especialmente en el incremento de precios de los alimentos, productos de higiene personal y medicinas.

Así, a la cotización del mercado paralelo, el salario mensual mínimo de un venezolano es de apenas trece dólares, mientras que un kilogramo de arroz cotiza a un dólar.

La respuesta del gobierno es siempre la misma: fijar precios máximos y aumentar los controles sobre el comercio. Estas medidas solo han contribuido a potenciar el desabastecimiento y el mercado negro.

No obstante, el régimen chavista se mantiene fiel a su lógica. Si los controles han fracasado hasta el momento se porque no han sido correctamente implementados y supervisados.

El viernes, el gobierno de Maduro colocó nuevos precios máximos a cincuenta productos considerados esenciales para el consumo de los venezolanos. Entre ellos figuran la mayonesa, mortadela, pastas, pescados, pollo, queso duro, jabón en barra, aceite de maíz, etc.

Recayendo en la Superintendencia de los Derechos Socioeconómicos y en el ministerio público en su conjunto, la misión de controlar la vigencia de los mismos.

Todo indica, sin embargo, que la vigencia de los controles será pasajera. Cuando, en el pasado, el gobierno aplicó precios máximos los controles se realizaron con mucho vigor al principio. Con operativos de control televisados que mostraban a funcionarios amenazantes y a comerciantes encarcelados. Pero los controles se fueron relajando conforme pasaban las semanas. Se espera que ocurra algo similar en esta ocasión.

Mientras la economía venezolana continúa derrumbándose, a la población padece las consecuencias de la hiperinflación, el desabastecimiento y el mercado negro, el país se enfrenta a un creciente aislamiento internacional y a la virtual cesación de pagos.

Pero, el gobierno chavista sigue su marcha indiferente a las protestas opositoras y las penurias de su pueblo. Su único objetivo es la plena instauración de un régimen totalitario.

La Asamblea Nacional Constituyente, conformada por aliados del presidente Maduro, gobierna al país con pocos límites a su autoridad, mientras persigue a los políticos opositores considerándolos como “traidores a la patria”, al tiempo que reescribe la Constitución venezolana conforme a los intereses y necesidades del chavismo para perpetuarse en el poder.  

LA FALACIA DE LA AUTODERMINACIÓN DE LOS MAPUCHES

En los últimos tiempos se ha difundido la idea de que los mapuches tienen algún derecho a crear un Estado propio con parte del actual territorio chileno y argentino. Una idea delirante que carece de todo sustento jurídico.

LOS MAPUCHES

Los mapuches -cuyo nombre en lengua mapudungun significa “gente de la tierra”-, a quienes los españoles denominaban “araucanos”, son un pueblo originario del sur de Chile. 

En 1790, perseguidos por los españoles, cruzaron la Cordillera de los Andes y se instalaron en el actual territorio argentino. Los mapuches se asentaron en la zona del Comahue, gran parte de la región pampeana y al Norte de la Patagonia Oriental.

A su llegada, los invasores transandinos exterminaron a los pueblos originarios del territorio argentino, en especial, a los tehuelches septentrionales, los pehuenches y los pampas, llevando a cabo un auténtico genocidio.

Cabe mencionar que los españoles ocupaban el actual territorio argentino desde comienzos del siglo XVI. Hubo algunos asentamientos transitorios desde 1517, hasta que en 1553 se fundó la ciudad de Santiago del Estero, primera población española estable.

En otras palabras, los españoles ocupaban el territorio del Río de la Plata más de doscientos años antes de que ingresaran los primeros mapuches. Ni la Patagonia Oriental, ni la Pampa eran “res nullius”, sino una parte del Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, cuando los mapuches invadieron y ocuparon por la fuerza esos territorios.

Sin embargo, los mapuches reclaman falsamente su condición de “pueblos originarios” del territorio argentino.

Durante los años de las luchas por la independencia y la organización nacional, entre 1810 y 1860, los mapuches aprovecharon la debilidad de las jóvenes repúblicas sudamericanas y las frecuentes luchas civiles para crear una suerte de Confederación Mapuche que extendía sus correrías por un amplio territorio, que comprendía el Comahue y parte de la región pampeana.

En ese territorio asentaban sus precarios campamentos unos treinta mil aborígenes nómades agrupados en tribus conducidas por un “lonco” o cacique y una “machi” o curandera. Vivían principalmente del pillaje a las poblaciones criollas.

Los ataques de los aborígenes tomaban la forma de “malones”, donde una numerosa caballería indígena armada con lanzas, boleadoras, facones -cuchillos muy largos- y algunas armas de fuego, atacaba por sorpresa a pueblos y estancias desprotegidas.

En sus incursiones mataban a los hombres, secuestraban a las mujeres y a los niños que luego convertían en sus concubinas y en esclavos, a los que denominaban “cautivos”. En muchos casos, los indígenas se veían reforzados por renegados cristianos que se iban a vivir a las “tolderías” indígenas para escapar a la persecución de las autoridades argentinas.

En sus incursiones, los mapuches saqueaban a todo lo que encontraban a su paso y volvían al sur profundo, más allá del río Salado, que oficiaba de frontera entre indígenas y criollos, arreando todo el ganado de las estancias. Como los aborígenes solo se alimentaban de carne de yegua, las vacas y ovejas robadas eran cruzadas a territorio chileno, del otro lado de la cordillera, donde se traficaban a cambio de alcohol, yerba mate, pólvora, armas y otros productos.

Hacia 1860, las actividades deprecatorias de los mapuches tomaron tal dimensión que, tanto Chile como la Argentina resolvieron poner fin a sus correrías y restaurar su seguridad y soberanía en la región patagónica.

Entre 1861 y 1883, Chile llevó a cabo la “Pacificación de la Araucanía” ocupando el territorio chileno comprendido entre los ríos Biobío al Norte y Toltén al Sur.

La Argentina hizo otro tanto en 1879 con la “Campaña al Desierto”. El general Julio A. Roca eliminó la amenaza indígena desde el sur de las provincias de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires hasta el río Negro, en la actual provincia homónima.

En ambos países se terminó con la amenaza de los “indios de lanza” -guerreros-, se liberó a los “cautivos” criollos, se encarceló a los caciques y “capitanejos” y se instaló a la población aborigen restante en “reservaciones”.

EL RESURGIR DEL INDIGENISMO

Hacia 1890, la continua amenaza de los malones indígenas sobre las estancias y poblaciones desapareció tanto en Chile como en Argentina y extensas regiones se incorporaron a la actividad productiva y al poblamiento de los inmigrantes europeos que arribaban a Sudamérica.

No obstante, los mapuches chilenos continuaron ingresando al territorio patagónico argentino para trabajar en las estancias como peones, allí se los solía denominar simplemente como “chilotes”.

En 1881, ambos países suscribieron un “Tratado General de Límites” que estableció la actual frontera a lo largo de Cordillera de los Andes.

Durante un siglo el tema de los “pueblos originarios” pasó al olvido y sus integrantes se fueron incorporando a la sociedad, como un grupo étnico más dentro del “crisol de razas” que es la Argentina.

Sin embargo, algo comenzó a cambiar hacia 1990, con el colapso del mundo socialista, tras la caída del Muro de Berlín, el tema del indigenismo repentinamente cobró vigencia.

Se acercaba la conmemoración de los quinientos años de la llegada de Cristóbal Colón a América y los grupos intelectuales de izquierda, que no habían logrado asimilar totalmente la crisis ideológica provocada por la desaparición del “modelo soviético” de sociedad, encontraron en la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios y las crueldades históricas de los colonizadores europeos una nueva base ideológica para combatir al capitalismo.

Fue entonces, cuando la activista indigenista guatemalteca Rigoberta Menchú obtuvo, en 1992, el premio Nobel a la Paz.

A partir de ese momento, financiados y apoyados por intelectuales y fundaciones europeas, grupos de descendientes de indígenas americanos comenzaron a demandar desde la entrega de tierras, al derecho a una reparación patrimonial histórica, el derecho al autogobierno y la autonomía, cuando no la misma autodeterminación en nuevos estados étnicos.

Fue el momento oportuno para un resurgir del activismo mapuche.

En Chile, el censo del año 2002 registró a 604.349 personas que se reconocían como “mapuches”, conformando el 4% de la población chilena total. Aunque las organizaciones que dicen representarlos hablan de un millón y medio de mapuches.

En Argentina el número de mapuches es sustancialmente menor. El censo de 2005 registró a 78.534 personas, algo menos del 2% de la población total como mapuches. Incluso la mayoría de quienes se reivindican como “mapuches” son en realidad mestizos de europeos e indígenas, como el mismo líder del grupo separatista “Resistencia Ancestral Mapuche”, el “lonco” Francisco Facundo Jones Huala, que es hijo de un inmigrante británico dedicado a la agricultura y una mujer de origen mapuche. Aunque nuevamente, las organizaciones mapuches hablan de la existencia de medio millón de aborígenes de esta etnia.

En Chile, los mapuches tienen un largo historial de violencia contra las personas -incluso con varios asesinatos y atentados explosivos- y delitos contra la propiedad. Pero desde hace un par de años, los activistas mapuches han comenzado a realizar atentados también en suelo argentino.

LA AUTODETERMINACIÓN

Los activistas mapuches reclaman la aplicación del mismo derecho de autodeterminación que se empleó en el caso del pueblo inuit, en Groenlandia, para crear un estado mapuche independiente con el territorio patagónico que hoy ocupan Chile y la Argentina.

Aunque en realidad, el derecho de autodeterminación en virtud de lo establecido en la Carta de Naciones Unidas, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales o en la Resolución 2625 de las Naciones Unidas, por citar las normativas internacionales jurídicamente vinculantes para Argentina se aplican a pueblos anexionados por conquista, dominación extranjera, ocupación o pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de sus derechos.

Ninguna de estas circunstancias describe la realidad de los mapuches, porque esta etnia no es originaria del territorio argentino sino de Chile. Pese a todas sus actuales argumentaciones no tiene tierras ancestrales dentro del territorio argentino y no puede aspirar a autodeterminación de tipo alguno.

Por lo tanto, es conveniente terminar con la falacia del hogar ancestral de los mapuches o los derechos de los pueblos originarios. Porque tales delirantes interpretaciones atentan contra la integridad territorial y la soberanía del pueblo argentino. Además de carecer de sustento jurídico alguno.

Los mapuches son invasores chilenos y no un pueblo originario del territorio argentino. Y los pueblos originarios tienen derecho a que se respete su cultura e idiosincrasia en la medida en que esta no afecte los derechos, la cultura e idiosincrasia del pueblo argentino en su conjunto.

¿CÓMO SE FINANCIA EL TERRORISMO YIHADISTA?

El Estado Islámico se ha convertido en el grupo terrorista mejor financiado de la historia debido a un sistema muy diversificado de recaudación de fondos

En los últimos meses las milicias del Estado Islámico (también conocido como ISIS o Daesh) han perdido importantes posesiones territoriales: Mosul en Irak, Sirte en Libia y casi totalmente Raqa en Siria: para mencionar tan sólo las grandes ciudades.

Aunque justo es decirlo, los yihadistas enfrentan los embates de formidables enemigos. 

Deben resistir en distintos puntos los ataques de las fuerzas sirias que responden al dictador Bachar Al Asad; a las tropas de Irak, a las fuerzas de la coalición internacional liderada por los Estados Unidos y sus milicias aliadas, las Fuerzas Democráticas Sirias, a las fuerzas Spetsnaz enviadas por Rusia y a las tropas turcas del presidente Recep Tayyip Erdogan y los peshmergas, las aguerridas milicias kurdas de la Región Autónoma del Kurdistán.

Frente a tantos enemigos los yihadistas retroceden combatiendo, sin desbandarse y vendiendo muy cara cada pulgada de territorio. Conservan incluso importantes enclaves en el valle del Éufrates, a ambos lados de la frontera entre Siria e Irak. Además, disponen de energías suficientes como para seguir alentando a sus células europeas y lobos solitarios a cometer atentados.

Parte de la capacidad de resistencia que muestra el Estado Islámico reside en su capacidad para financiarse mediante diversos procedimientos.

Para algunos expertos en terrorismo consideran que el Estado Islámico es el grupo terrorista mejor financiado de la historia.

Cabe preguntarnos cómo alcanzaron los yihadistas del Estado Islámico esa prosperidad.

Los procedimientos fueron diversos: el robo y el saqueo de los territorios capturados, las exportaciones ilegales de petróleo, recaudación de impuestos y tasas sobre la población de los territorios sujetos a su control, el cobro de rescate por los civiles capturados, la venta de pobladores como esclavos, el saqueo y venta ilegales de piezas arqueológicas, artesanías y antigüedades, etc.

En su mejor momento (2015) el Estado Islámico llegó a controlar hasta 419 pozos de petróleo que producían más de 35.000 barriles al día y 67 campos de gas, que tenían una producción diaria de más de un millón de metros cúbicos. Las ganancias por venta ilegal de petróleo proporcionaban a los yihadistas unos 600 millones de dólares anuales en esa época.

El petróleo saqueado por el Estado Islámico se vende en los mismos territorios controlados por los yihadistas o, en su defecto, en “zonas de frontera”.

Por tanto, la población del área se ve obligada a abastecerse en los surtidores de combustibles o, en muchas ocasiones comprando bidones de nafta, revendedores informales, a la vera de las rutas y caminos. Todo el comercio de combustible en las áreas sujetas a control contribuye a reforzar las finanzas de la organización terrorista. Se estima que actualmente el Estado Islámico aún recauda entre 100 y 150 millones de dólares anuales de la venta de crudo robado.

Además, en los territorios que aún controla recauda impuestos directos basándose en la idea de khums, un tributo incluido en la sharia. Los comerciantes de las ciudades deben abonar un porcentaje de sus ventas (entre el 2 y el 5% dependiendo de la ciudad) al Estado Islámico. Otros impuestos se recaudan como “tasas por actividad”, que son gravámenes que deben abonar aquellas personas que desean ejercer ciertas profesiones. Por ejemplo, los taxistas deben abonar unos U$S 5,00 por día para poder circular con sus vehículos.

Además, de las anteriores erogaciones deben sumarse un 10% como “impuesto a la renta” y el 15% de impuesto a las sociedades; así como las tasas aduaneras en las rutas.

Otra importante fuente de recursos son el cobro de rescate por personas capturadas en algunas ciudades que caen bajo su control. Sus parientes en otras regiones pagan al Estado Islámico por su liberación. En algunos casos se trata de cooperantes extranjeros de organizaciones humanitarias que son capturados por los yihadistas –o incluso comprados a otros grupos-, exigiendo a cambio de su liberación sustanciosos rescates.

El Estado Islámico además vende a los miembros de algunas minorías como esclavos. Por ejemplo, las mujeres y niños de la minoría kurda yazidí de la ciudad de Mosul. Por todo ello obtiene una ganancia anual de unos cincuenta millones de dólares.

Por último, cabe mencionar el tráfico de objetos de arte, artesanías y objetos arqueológicos. Se estima que no menos de unos cien mil objetos de gran importancia estuvieron en algún momento en zonas controladas por el Estado Islámico.

Ciudades como Palmira, Apamea, Ebla o Raqa han sido completamente saqueadas, sus museos desvalijados. Los yihadistas han organizado, incluso, sus propias excavaciones arqueológicas en búsqueda de reliquias comercializadas en los “mercados negros” de arte.

Es que la Siria actual se ubica sobre el yacimiento arqueológico antiguo más extenso del mundo, que los expertos opinan que supera en volumen y calidad a Irak o Egipto. Desde el norte y hasta el sur, bajo sus tierras se ocultan restos y piezas únicas pertenecientes a los pueblos que vivieron en la Antigüedad Mesopotamia, del período helenístico, del Imperio Romano, de su sucesor el Imperio Bizantino e incluso del primitivo arte islámico.

En muchos casos, Siria parece flotar sobre un mar de Antigüedades. Cualquier ciudad o pequeño pueblo puede albergar un emplazamiento arqueológico que sus habitantes saben muy bien como ubicar.

En estas operaciones los yihadistas se han asociado con grupos del crimen organizado transnacional como la ‘Ndrangheta y la camorra italiana. No se sabe con certeza cuál es la suma que el Estado Islámico recauda anualmente de estas actividades, pero algunas estimaciones hablan de ciento cincuenta millones de dólares.

En cuanto a donaciones del extranjero no hay evidencias claras de que el Estado Islámico se esté financiando en base a contribuciones de gobiernos o empresas extranjeras, aunque existen serias sospechas que algunas monarquías del Golfo apoyan con fondos y armas al terrorismo yihadista.

De todas formas, las grandes pérdidas territoriales de los últimos tiempos están afectando su sistema financiero, está es la oportunidad que tienen sus enemigos para atacar su punto débil, el dinero que necesita para seguir operando como un Estado en guerra con otros estados.   

PREOCUPA LA CRECIENTE ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS ANARQUISTAS EN ARGENTINA

En la última década los grupos anarquistas han tomado cada vez mayor importancia en Argentina y su accionar se ha hecho más radical y violento despertando la preocupación de las autoridades.

EL MILITANTE DESAPARECIDO

La desaparición del joven Santiago Maldonado, en plena campaña electoral, es un caso complejo donde varios sectores políticos pretenden capitalizar en su provecho esta tragedia. Aunque, posiblemente a pocos realmente les interese la suerte corrida por Maldonado.

¿Pero, quién es realmente Santiago Maldonado y cuál es su importancia política?

Santiago Maldonado no es un turista más que accidentalmente se vio envuelto en una trifulca entre indígenas mapuches, puesteros patagónicos y la Gendarmería.

Santiago Maldonado, alias “el lechuga” o “el brujo” como prefería que lo llamaran, era un miembro activo del movimiento anarquista argentino, que mantenía fluidos contactos con los anarquistas chilenos y estaba en la ciudad de Esquel para participar de acciones violentas junto a miembros de la Resistencia Ancestral Mapuche.

Santiago Maldonado era un joven bohemio y de ideas anarquistas, con vínculos familiares que lo vinculan con la izquierda revolucionaria de los años setenta. Sin ocupación fija, se reivindicaba como “artesano tatuador”. Su principal actividad consistía en recorrer, imitando a su ídolo el “Che” Guevara, como mochilero América Latina. Siempre viajando “a dedo” y alojándose en casas de amigos o compañeros de militancia recorrió Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay. Allí donde iba se incorporaba a las “luchas sociales”.

Para confirmar este perfil de Maldonado es suficiente con consultar a los portales de los anarquistas chilenos y ver el tratamiento que dan a su desaparición.

Es por eso, por lo que los anarquistas de todo el mundo buscaran vengar cualquier cosa que haya ocurrido con él.

LA MARCHA DEL 1/9

Otra señal de significación de Santiago Maldonado dentro del movimiento anarquista es la repercusión internacional que ha tenido la marcha del 1° de septiembre, reclamando por su aparición con vida.

En Uruguay grupos anarquistas atacaron con piedras y bombas de pintura la Embajada Argentina en Montevideo e incluso la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo provocando daños en ambos edificios.

También se produjeron marchas frente a la Embajada Argentina en Berlín, Alemania. Diversos actos, marchas y concentraciones en la vía publica tuvieron lugar en Chile, en Bogotá, Colombia; en Asunción, Paraguay; en España se realizaron diversos actos en Madrid y Barcelona, incluso la Fundación Internacional Baltasar Garzón se sumó al reclamo. También hubo repercusiones en el Reino Unido, Brasil, Francia, México, Austria y los Estados Unidos.

Por otra parte, las repercusiones internacionales del “Caso Maldonado” también reflejan la creciente importancia del movimiento anarquista tanto en Argentina como el resto del mundo.

EL MOVIMIENTO ANARQUISTA

Hasta el momento, el terrorismo anarquista ha tenido poca atención por parte de los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad.

Lógicamente los anarquistas no constituyen una amenaza de la envergadura del terrorismo yihadista. Tampoco han desarrollado una estructura organizativa u operacional similar a la montaron los grupos de “guerrilla urbana” que operó en el América Latina en la década de los sesenta y setenta: los Tupamaros en Uruguay, los Montoneros y el PRT – ERP en Argentina, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Chile o el Frente de Liberación Nacional en Bolivia o el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua.

Tampoco alcanzó la importancia de las guerrillas de los ochenta: el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador; el Frente Manuel Rodríguez de Liberación Nacional y el Mapu Lautaro en Chile; el PCP-Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en Perú, o los casi eternos FARC, ELN y EPL en Colombia.

Porque estos nuevos grupos insurgentes son portadores de una ideología fundamentalmente anarquista que los lleva a desconfiar de las estructuras partidarias rígidas y disciplinadas.

En especial, desconfían del “centralismo democrático” que era el paradigma organizativo de los grupos de la izquierda revolucionaria en los sesenta y setenta.

También descreen de la “lucha armada” tradicional con su guerrilla urbana y sus tácticas foquistas.

Los anarquistas se mueven más cómodos dentro de las tácticas de la “resistencia civil”, mezclando violentas protestas callejeras con piquetes en calles y rutas; o la ocupación de tierras con atentados explosivos e incendiarios contra instalaciones gubernamentales y de empresas multinacionales.

También debe considerarse que, desde el inicio de la era insurreccional en América Latina (1960 – 1990), con el triunfo de la Revolución Cubana (1959) han transcurrido más de cincuenta años.

Por lo tanto, los jóvenes actuales son portadores de una nueva cultura revolucionaria menos cuidada intelectualmente y más adaptada al mensaje de voz e imagen que portan las redes sociales.

Es por ello que emplean estructuras partidarias más difusas y suelen apelar a la micro militancia política dedicada más a apoyar causas, es decir, a estar “en contra” o “a favor” de algo o de un tema concreto (los pueblos originarios, la lucha contra la empresas mineras que dañan el medio ambiente, el derecho al aborto, la violencia de género o la lucha contra la crueldad hacia los animales), que a sostener difusos proyectos ideológicos del pasado: la lucha contra el fascismo o la construcción del socialismo.

En la estructura de la militancia anarquista cada miembro decide con absoluta libertad a que evento presta su participación y en que medida lo hace. Hoy asiste a una protesta en Buenos Aires, mañana lo encontramos apoyando una ocupación de tierras en la Patagonia con los mapuches y el mes próximo sería posible encontrarlo en España vinculado a un atentado incendiario contra una iglesia católica. Porque la causa de la anarquía es global y las fronteras nacionales significan muy poco.

Entonces no puede sorprendernos que los anarquistas argentinos coordinen sus operaciones con sus similares de Chile, Uruguay y Bolivia. O que tengan fluidos vínculos con grupos anarquistas de México, Grecia, Italia y España.

Es así como las rígidas estructuras partidarias propias del marxismo leninismo son cosas del pasado que han sido reemplazadas por las redes de militancia que cooperan y se coordinan a través de internet. Este tipo de organización líquida es más difícil de controlar desde los cuerpos de aplicación de la ley.

En la última década, los grupos anarquistas han llevado a cabo atentados contra cajeros automáticos y empresas extranjeras, donde al menos han provocado un muerto y una decena de heridos de diversa consideración. También han protagonizado frecuentes protestas violentas contra embajadas, locales de casas de provincia, vandalismo en marchas y apoyado activamente la ocupación de tierras por parte de los mapuches.

Estos incidentes son cada vez más frecuentes y la envergadura de los daños producidos es cada vez mayor, sin que las autoridades nacionales demuestren capacidad para neutralizarlos o al menos impedir su accionar violento.  

LA IZQUIERDA RADICALIZADA VANDALIZA EL CENTRO DE BUENOS AIRES

La desaparición de un militante anarquista durante una refriega entre mapuches y la Gendarmería Nacional sirve de pretexto para que la izquierda más dura pase a la acción contra el gobierno de Mauricio Macri.

LA AGUDIZACIÓN DE LAS CONTRADICCIONES

Para la izquierda dura de Argentina, el gobierno del centrista Mauricio Macri es peor que un gobierno de facto militar. Porque mientras que una dictadura militar agudiza la contradicción del sistema capitalista y hace evidente la lucha de clases entre explotadores y explotados. Un gobierno democrático y burgués, que además cuenta con apoyo de la ciudadanía, sólo sirve para ocultar las contradicciones y hace que los explotados se conformen con tibias reformas y abandonen la lucha revolucionaria.

Este razonamiento es el que lleva a consignas como “Macri basura vos sos la dictadura” o las frecuentes comparaciones entre el dictador Videla y el presidente Macri que suele expresar frecuentemente figuras caracterizadas de la izquierda como la violenta y rencorosa Hebe de Bonafini, presidente de la organización Madres de Plaza de Mayo.

Estos grupos minoritarios y carentes de todo peso electoral aprovechan cualquier motivo para generar acciones violentas del tipo de “resistencia civil” buscando que el gobierno cometa el error de hacerles el juego y ordene una represión que provoque alguna víctima mortal entre los manifestantes.

Finalmente, estos grupos encontraron una causa lo suficientemente grave e importante para aglutinar a los distintos sectores de la izquierda, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, al sindicalismo combativo y al sector de la opinión pública de ideas progresistas en una campaña contra el gobierno.

EL CASO MALDONADO

El pasado 1° de agosto, efectivos de la Gendarmería Nacional avanzaron contra los manifestantes que llevaban a cabo un piquete sobre la Ruta Nacional N° 40, en proximidades de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut.

Al ser desalojados por los gendarmes, los manifestantes, en su mayoría activistas mapuches pertenecientes a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), se refugiaron en el predio que ocupa la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en la estancia Leleque.

Durante los incidentes desapareció un activista anarquista, de 28 años, Santiago Maldonado, quien estaba de recorrida por la zona desde hacía tres meses para apoyar “la lucha” de los mapuches por su derecho a la autodeterminación.

Los mapuches afirman que la Gendarmería se llevó detenido a Maldonado durante los incidentes.

El Ministerio de Seguridad y la Gendarmería afirman que Maldonado nunca estuvo detenido y hasta dudan de que haya estado en el lugar.

Lo cierto es que un mes después, ni Maldonado aparece ni nadie en el gobierno es capaz de explicar dónde está o que ocurrió con él.

Desde un primer momento, el gobierno no pareció darle la debida importancia al tema y tampoco supo transmitir debidamente que medidas estaba llevando a cabo para esclarecer el hecho.

Tampoco la justicia avanzó en el esclarecimiento del hecho. Hoy, Santiago Maldonado se ha convertido en un “desaparecido”, una condición que tiene un profundo impacto sobre la opinión pública argentina.

La izquierda radicalizada ha aprovechado la torpeza e indecisión del gobierno para hacer de la aparición con vida de Santiago Maldonado una bandera de lucha revolucionaria.

EL ACTO

Ayer, al cumplirse un mes de la desaparición del activista, diversas agrupaciones de izquierda convocaron a un acto en Plaza de Mayo.

Entre los convocantes estaban: el Frente Milagro Sala, la organización kirchnerista La Cámpora, los sindicatos CTA, CTEP, Asociación de Trabajadores del Estado y CTERA, el partido Libres del Sur, la agrupación “Corriente Nacional de la Militancia”, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Agrupación Hijos, el Partido Obrero, Partido de los Trabajadores Socialistas, el colectivo Encuentro Memoria Verdad y Justicia, grupo Quebracho, grupo Descamisados, etc.

El gobierno porteño colocó un fuerte vallado para proteger a la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana. Además, implementó un amplio dispositivo de seguridad con personal policial con equipos antimotines, motos, vehículos hidrantes y gran número de ambulancias para socorrer a eventuales heridos.

El acto convocó a unas 60.000 personas y se desarrolló en forma pacífica. El único orador fue el hermano del activista desaparecido, Sergio Maldonado quién responsabilizó al gobierno por no esclarecer lo ocurrido con Santiago.

UNA TARDE VIOLENTA

Desde las primeras horas de la tarde se generalizaron hechos de violencia en distintos lugares.

En la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, grupos de activistas mapuches y anarquistas, en su mayoría jóvenes adolescentes, atacaron la sede del Escuadrón 35 de la Gendarmería Nacional con bombas Molotov y piedras.

Los atacantes eran un grupo reducido de aproximadamente cincuenta personas que actuó con total impunidad debido a que el personal de Gendarmería Nacional se limitó a proteger el edificio, sin reprimir a los atacantes.

Como resultado de ese ataque nueve gendarmes recibieron heridas de consideración durante la refriega.

En el microcentro porteño, la tarde comenzó con incidentes entre los concurrentes al acto. Militantes de La Cámpora y Quebracho se enfrentaron a golpes y pedradas sufriendo algunos de ellos heridas.

Luego, mientras se llevaba a cabo el acto, un grupo de entre 20 y 30 jóvenes anarquistas atacaron la mutual del Círculo de Suboficiales de la Gendarmería Nacional, sito en la calle Tacuarí al 500, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo. Los vándalos agredieron con piedras y bombas molotov al edificio dejando en el lugar inscripciones anarquistas.

Si bien, en un principio, la desconcentración al finalizar el acto se efectuó en forma pacífica, no llegó a completarse totalmente. A las 20.40 hs., los grupos anarquistas comenzaron a incendiar contenedores de residuos, arrojando piedras y botellas, golpeando con palos los vehículos estacionados, atacando las vidrieras de los comercios y provocando el caos.

Los manifestantes atacaron incluso a los periodistas que realizaban la cobertura de los incidentes y a las ambulancias que socorrían a los heridos.

Los incidentes se produjeron en distintos lugares: en la intersección de la Avenida de Mayo y la calle Piedras, en la Avenida 9 de julio y Avenida de Mayo, en Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña, en proximidades del Congreso Nacional.

Los choques entre manifestantes y policías se prolongaron por dos horas dejando un saldo de 23 activistas detenidos y 17 personas heridas -entre ellos 9 policías-, además de cuantiosos daños materiales. En la zona quedaron numerosas pintadas dejadas por lo grupos anarquistas para adjudicarse los hechos.

Terminados los incidentes, sobre las 23.00 horas, personal de limpieza del gobierno de la ciudad llevaron a cabo intensas tareas en el lugar para limpiar y normalizar, dentro de lo posible, la zona de los incidentes.

CONCLUSIONES

El gobierno del presidente Macri enfrenta el activismo revolucionario de grupos anarquistas y mapuches que expresan por medios violentos su descontento.

Los grupos violentos cuentan con el apoyo financiero, político y de coordinación de ONG europeas y, en especial de los gobiernos de Venezuela, Cuba e Irán que se ven perjudicados por la política internacional del actual gobierno argentino.

El gobierno del presidente Macri debe esclarecer cuanto antes lo ocurrido con Santiago Maldonado, para demostrar que esos hechos no quedan impunes en una democracia y al mismo tiempo impedir que se convierta en una bandera de lucha para los sectores de izquierda.