Los mayores volúmenes
de droga decomisada en Libia o en rumbo a su territorio indican que el país del
Norte de África se ha convertido en una pieza clave de las nuevas rutas
empleadas por las organizaciones internacionales del narcotráfico.
LIBIA EN LA GEOPOLÍTICA DEL
MEDITERRÁNEO
Situada en el centro de la costa
africana del Mediterráneo, a menos de mil kilómetros de Roma y menos de dos mil
de Madrid, Libia es un estado fracasado importante en términos de posición
geopolítica en el contexto de África del Norte, el Mediterráneo Oriental y
Europa del Sur.
Aunque Libia es un país dotado de
grandes recursos petroleros y gasíferos, solo el 8% de sus 1.759.540 km² es
apto para la vida humana y su economía se encuentra paralizada por una década
de guerra civil que generó desplazamientos de población y destrucción de infraestructuras
críticas.
En este contexto, Libia despierta el
interés de las potencias regionales y mundiales que pretenden ganar influencia
en el futuro de un territorio de gran valor geoestratégico. Pero no solo los
Estados se sienten interesados por el destino de Libia, también los grupos
criminales transnacionales han descubierto que el país magrebí puede jugar un
papel clave en sus actividades de tráfico de estupefacientes y han modificado sus
rutas tradicionales de tráfico estableciendo nuevas rutas terrestres y
marítimas para aprovechar un gran espacio sin ley con 1.770 km de costas tal como es hoy el territorio libio.
Según Alessandro Ford, en un artículo publicado en el portal InSight
Crime el 9 de diciembre de 2020, inspectores de aduanas de Malta decomisaron
612 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de aceite de cocina, un decomiso
récord para la nación isleña en el Mediterráneo. El embarque zarpó de Ecuador e
hizo escala en Colombia antes de su llegada a Freeport, en Malta.
Tres días antes, las autoridades del puerto de Guayaquil en Ecuador
decomisaron 582 kilos de cocaína ocultos en 19 trozos de teca con destino a
Libia y Siria.
Este no es el primer hallazgo de cocaína con destino a Libia en años
recientes, pero sí el más grande. En mayo, las autoridades aduaneras brasileñas
descubrieron 128 kilos de cocaína en dos contenedores dirigidos a Libia en
el Puerto de Itajaí. En julio de 2018, la Policía Nacional colombiana capturó 43
kilos de cocaína en el puerto de Buenaventura. El embarque se encontraba
camuflado en la estructura de un contenedor con destino al puerto de Benghazi,
en Libia. Recordemos que en 2016, pescadores libios encontraron 70 kilos
de cocaína flotando frente a una playa cerca de Tobruk.
Los vecinos regionales de Libia en el norte de África experimentan la
misma fuerte marejada de decomisos de cocaína. En mayo de 2018, las autoridades
argelinas interceptaron en el puerto de Orán 701 kilos de cocaína
escondidos en un buque carguero que transportaba carne congelada procedente de
Brasil con destino final en España. En esa ocasión también capturaron a seis
miembros de una red de narcotraficantes.
Incluso Túnez rompió su récord de captura de drogas en 2017. El cuerpo
de guardacostas tunecino capturó en aguas de su país un embarque de 31 kilogramos
de cocaína valorada en más de seis millones de dólares.
La captura se produjo cuando los guardacostas
tunecinos observaron una serie de “movimientos sospechosos” en una
embarcación que navegaba frente al Cabo Bon, una península en el Estrecho de
Sicilia. Dos hombres huyeron con el barco luego de lanzar una bolsa grande
color rojo al mar. Al recuperarlo los funcionarios tunecinos descubrieron treinta
bloques de cocaína de máxima pureza.[1]
Al parecer el incremento de los controles
antinarcóticos en el África Occidental, un área de tránsito tradicional para la
cocaína sudamericana está llevando a los traficantes a cambiar sus rutas
terrestres hacia las costas mediterráneas de África del Norte.
Desde hace una década, un tercio de la cocaína
que ingresa a Europa lo hace desde el África Occidental y Norte generando a los
grupos criminales que operan en la zona ganancias estimadas por los expertos en
450 y 1.150 millones de dólares por año.[2]
Por otra parte, es muy probable que el porcentaje
de cocaína proveniente de África del Norte se incremente porque la producción
de este estupefaciente ha aumentado y es necesario distribuirlo y hacerlo
llegar a cada vez más mercados. Además, la demanda continúa en alza en Europa y
Asia, y en baja en los Estados Unidos, incluso el dólar se ha depreciado frente al euro lo
que hace aún más atractivo al mercado europeo.
Por lo tanto, Libia un Estado fracasado que
carece de un gobierno y fuerzas armadas nacionales, con extensas costas sobre
el Mediterráneo, con puertos como Misrata, al-Khoms, Benghazi o Tobruk, es el
punto de tránsito ideal para la cocaína sudamericana que llega por vía marítima
a través de grandes buques pesqueros o buques de carga, antes de transbordarse
a buques más pequeños (lanchas rápidas, veleros, barcos de pesca costera) que
navegan las aguas territoriales hasta
puertos del Golfo de Guinea y la costa atlántica de África. Una vez en el
continente africano, las drogas son transportadas en pequeñas cantidades en
vuelos comerciales, o por contrabandistas, a través de los caminos y rutas de la
región del Sahel hasta la costa libia.
Algunos otros embarques también llegan por vía
aérea desde Sudamérica (en especial provenientes de Venezuela y Brasil) o
arriban por vía terrestre desde la lejana Sudáfrica a la región Sáharo -
Saheliana.
El contrabando de drogas desde Argelia, Mali,
Mauritania, Níger y Libia hacia las costas mediterráneas es relativamente
sencillo, especialmente tomando en consideración la porosidad de las fronteras
en esa región o simplemente la inexistencia de puestos fronterizos. Aunque en
los últimos años con las iniciativas multinacionales contra el terrorismo en el
Sahel, el transporte de la cocaína latinoamericana a través de la región se ha
vuelto algo más difícil. Ello hace que el precio de los estupefacientes se
incremente, pero no impiden su circulación.[3]
Múltiples factores hacen atractiva al África del
Norte para el narcotráfico. En primer lugar, la debilidad institucional de los
Estados ubicados en esa zona geográfica, que en muchos casos son incapaces de
hacer cumplir la ley. La mayoría no controla la integridad de su territorio, y
mucho menos es capaz de fiscalizar los flujos que traspasan sus fronteras o se
mueven dentro de ellas.
Es importante también destacar los altos niveles
de corrupción de los funcionarios públicos en los países de la región. De
acuerdo con el índice de percepción de la corrupción de Transparency
Internacional (2018), Libia ocupa el puesto 171 entre 180; Chad el 165, Guinea
el 148, al igual que Nigeria y Mauritania, el 143. Los siguen muy cerca Mali,
puesto 124; Argelia y Níger el 122.
A ello debe sumarse la baja rentabilidad de las
economías legales y el alto nivel de desocupación que afecta especialmente a
los jóvenes, lo que funciona como un incentivo para el incremento de las
actividades ilegales. Las redes de negocios ilícitos son generadas, gracias al
atractivo económico que implica participar en ellas. Para la mayoría de la
gente en la región Sáharo – Saheliana, los mercados marginales e ilícitos
representan oportunidades de enriquecimiento que no están presentes en la
economía formal y suponen riesgos más bajos que los presentados por los
negocios legales.
En esta región, los traficantes parecen
conectarse de forma fácil con gente importante. Eso les permite establecer y
operar redes sociales informales, con lo que evitan la detección por parte del
aparato de seguridad. Asimismo, son capaces de cooptar dicho aparato cuando es
necesario. De ahí que la corrupción de las fuerzas de seguridad y armadas y las
agencias de control de aduanas y fronteras, por parte de las organizaciones
criminales en los países de la región Sáhara -Saheliana constituye el principal
problema para las iniciativas destinadas a controlar el tráfico de
estupefacientes.
Incluso, en algunos países, la elite gobernante,
los servicios de seguridad y grupos radicalizados están compitiendo en forma
violenta por el acceso a los negocios ilícitos que genera el narcotráfico.
África ya no es solo una zona de tránsito para la
cocaína sudamericana, actualmente es también una zona de consumo y producción
de drogas. Alrededor del 30% de las drogas que transitan por África Occidental
y del Norte se consume localmente. Debe tenerse en consideración que en muchos
casos los costos del transporte de drogas (traslados, protección de los
embarques, la corrupción de los funcionarios, etc.) se pagan en drogas y no con
dinero. Según la Oficinal para las Drogas y el Crimen de Naciones Unidas
(UNDOC) en el África Occidental hay 1.100.000 usuarios de cocaína.[4]
Para comprender mejor el porque Libia se ha
convertido en un Estado fracasado atractivo para las organizaciones
internacionales del narcotráfico debemos analizar cómo ha evolucionado la
actual situación política y militar en ese país del Norte de África en la
última década.
LA SITUACIÓN EN LIBIA
Desde febrero de 2011, se desarrolla
en Libia una sangrienta guerra civil en la cual por el momento rige un alto al
fuego. En esa fecha el país fue alcanzado por la onda expansiva de la “Primavera
Árabe” que se iniciara poco antes en Túnez. La muerte de Muamar el
Gadafi, en octubre de 2011, no trajo la paz sino que generó un enorme vacío de
poder seguido de encendidas luchas tribales y religiosas.
Tras la caída de Gadafi, los jóvenes
combatientes que habían luchado contra su régimen no entregaron las armas y
pronto se adueñaron del gobierno asaltando el Parlamento y secuestrando al
primer ministro. Luego de lo cual se repartieron los cargos públicos, se
apropiaron del dinero y saquearon los bien provistos arsenales del dictador
libio.
La existencia de numerosas milicias
dotadas de artillería y armamento pesado hizo que al poco tiempo la guerra
civil recrudeciera con inusual virulencia. El 14 de
febrero de 2014, el mariscal Jalifa Haftar, quien había logrado movilizar
a parte del antiguo ejército que había desertado de las filas de Gadafi en
2011, y que más tarde se había sentido marginado y amenazado por los
islamistas, difundió un comunicado en el que ordenaba la suspensión
del Congreso General Nacional –CGN-, dominado por los
islamistas, tras el rumbo a la deriva que había tomado el país y proponía
la formación de una comisión presidencial hasta que se celebraran nuevas
elecciones. Después de cruentos combates entre islamistas y moderados el país
quedó dividido en dos bandos.
Por un, lado están los islamistas,
que controlan la capital, Trípoli. Su coalición, “Amanecer de Libia”,
incluye a las Brigadas de Misrata, de las ciudades del Oeste del país y de la
minoría bereber, así como a otros grupos de tendencia islamista. Han resucitado
al Congreso General Nacional –el antiguo Parlamento- y han
elegido un “gobierno de salvación nacional” encabezado por el
primer ministro Fayez al Sarraj.
El otro bando, era el gobierno con
sede en las ciudades de Tobruk y Al Baida, al este del país, y presidido por
Abdulá al Thini. Cuenta con la Cámara de Representantes, el Parlamento elegido
en las elecciones de junio de 2014.
Más tarde, este bando se fusionó
formalmente con “Operación Dignidad”, el grupo que responde a la
conducción del general Jalifa Haftar, a quien se designó como “Comandante
en Jefe” de sus fuerzas el 2 de marzo de 2015.
También forman parte de esta
coalición moderada las milicias de la ciudad de Zintán, situada al Oeste, las
cuales, antes controlaban Trípoli y su aeropuerto internacional junto con los
guardias “federalistas” de las instalaciones petrolíferas
conducidas por Ibrahim Yadran.
Las dos facciones adoptaron
posiciones políticas y religiosas diametralmente opuestas. Los que tienen su
sede en Tobruk proclaman que están luchando contra los terroristas islamistas,
mientras que los instalados en Trípoli afirman que lo hacen contra los residuos
del régimen de Gadafi.
LA PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
El conflicto alcanzó dimensiones
internacionales cuando diversos estados comenzaron a involucrarse enviando
dinero y armas, luego llegaron los instructores militares y en los últimos
meses tropas mercenarias.
Libia se convirtió en el teatro de
operaciones donde se dirimen conflictos que se han originado en otros lugares y
donde se pretenden resolver pujas geopolíticas generadas por la necesidad de
controlar los recursos energéticos del Mediterráneo Oriental.
Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia
Saudí, Jordania, Egipto, Rusia, Sudán y subrepticiamente Francia unen sus
esfuerzos para apoyar a la fuerzas del Ejército nacional de Libia, comandadas
por el “mariscal” Jalifa Haftar que desde hace cinco años intenta
infructuosamente controlar Trípoli, la capital libia.
La Fuerza Aérea de los Emiratos
Árabes Unidos se instaló en la base aérea de Al Khadim, situada en el noroeste
de Libia. Desde junio de 2016, allí operan los aviones de apoyo aéreo cercano
AT-802 y los drones chino de tipo Wing Long armados con misiles
antitanques LJ-7 “Blue Arrow” y aviones artillados Calidus
B-250.
En enero de 2020, se agregaron a las
medidas de seguridad de la base Al Khadim, baterías del sistema de defensa
aérea de mediano alcance Hawk. Hasta entonces la base solo estaba protegida por
sistemas de corto alcance Pantsir-S1.
En esta forma las fuerzas emiratíes
se prepararon para posibles ataques de la Fuerza Aérea Turca.
Para reforzar al general Haftar,
Vladimir Putin, por su parte, envió entre doscientos y quinientos mercenarios
rusos (tiradores de élite, instructores y fuerzas especiales) pertenecientes al
Grupo Wagner.
La “empresa de servicios
militares” Grupo Wagner, con sede en Londres, está dirigida por el
magnate gastronómico Yeugeni Prigozhin.
Prigozhin, es conocido en Rusia
como “el Chef de Putin” (es propietario de cadenas
gastronómicas como Concord Management y Concord Catering), es un empresario con
fluidos contactos en el Kremlin.
En 2018, cuando el general Jalifa
Haftar visitó Moscú en búsqueda de ayuda militar mantuvo una reunión con el
ministro de Defensa ruso Sergey Shoigú, quien concurrió al encuentro acompañado
de Yeugeni Prigozhin, tal como testimonian las imágenes difundidas por el canal
de YouTube del Comando General del Ejército Nacional Libio.
Prigozhin, que sufre sanciones por
parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, fue acusado por el asesor
especial de los Estados Unidos, Robert Müller, por su gestión de la Agencia de
Investigaciones en Internet, una “fábrica de trolls” empleada
para campañas de desinformación y de la cual se sospecha que estuvo detrás de
la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
Los mercenarios del Grupo Wagner
hicieron su aparición en Ucrania, apoyando a las fuerzas separatistas prorrusas
de Donbass. Luego el Grupo Wagner apareció en todos los escenarios bélicos
donde se juegan los intereses rusos: Siria, Sudán, República Center Africana o
Venezuela. En muchos casos cobran sus servicios en especies: petróleo, minas de
oro, esmeraldas o diamantes de sangre, etc.
Los combatientes de Wagner (en su
mayoría rusos, pero también ucranianos de Donbass, sirios o sudaneses) suelen
recibir un salario mensual de unos dos mil dólares que se incrementan según sus
capacidades especiales (paracaidista, buzo, tirador de élite, piloto, experto
en explosivos, etc.) o experiencia de combate comprobada.
Los hombres del Grupo Wagner se
diferencian de los “contratistas” (de diversas nacionalidades)
que emplean las Fuerzas Armadas y otras Agencias de los Estados Unidos. Los
contratistas estadounidenses suelen cumplir en general misiones secundarias de
seguridad o logísticas (custodia de instalaciones, misiones de apoyo
humanitario, seguridad e interrogatorio de prisioneros.) Habitualmente no se involucran en acciones de combate a menos de
ser atacados.
Los mercenarios rusos, por el
contrario, cumplen especialmente misiones de combate. Participan activamente en
las batallas como unidades de asalto de élite. En Siria, por ejemplo,
demostraron ser sumamente eficaces, especialmente cuando las fuerzas locales se
negaban a avanzar. Los rusos más aguerridos y con indiferencia por sus vidas,
luchaban sin tomar en cuenta las pérdidas humanas. En caso de muerte en
combate, la familia del mercenario recibe unos cincuenta mil dólares una cifra
muy importante en cualquier lugar y en especial en Rusia.
Para los servicios de inteligencia y
los expertos occidentales el Grupo Wagner es en realidad un apéndice del GRU
(El Departamento Central de Inteligencia, en ruso: Главное Разведывательное
Управление, o Glávnoye
Razvédyvatelnoye Upravlenie) el organismo de inteligencia de las Fuerzas Armadas
de la Federación de Rusia.
Para operar en
primer línea de combate en Libia, el Grupo Wagner ha reclutado a un millar de
ex combatientes de la milicia sudanesa Janjaweed.
El término Janjaweed
se traduce del árabe como “pistolero montado” o “demonio
montado”. El núcleo original de los Janjaweed fueron pastores
nómadas en el Norte de Darfur y en las zonas adyacentes de Chad que se
dedicaban especialmente a la cría de camellos. Estos pastores que pertenecen a
los subgrupos étnicos de la Mahamid y Mahariya de la etnia de los Rizeigat.
Los Janjaweed
fueron armados en los años ochenta como milicias de autodefensa en la guerra
del Chad. Actualmente, unos cinco mil hombres de la Janjaweed están
integrados a las Fuerzas de Apoyo Rápido dependiente de los Servicios de
Inteligencia y Seguridad de Chad a las ordenes Mohamed Hamdan Dagalo,
vicepresidente del Consejo Militar de Transición del Chad, un hombre al que se
le atribuyen sólidas relaciones con Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
Los mercenarios
chadianos de Janjaweed han sido acusados de genocidio y violaciones reiteradas
a los derechos humanos contra la población de Darfur, en la Corte Penal
Internacional.
El Grupo Wagner
también ha contratado a través de la empresas de servicios militares Moran y
Schit a mercenarios sirios que combatieron al servicio del dictador Bashar
Háfez al-Ásad.
Para contrarrestar
el apoyo extranjero que recibe el Ejército Nacional Libio del general Jalifa
Haftar, las fuerzas del Acuerdo Nacional de Libia con sede en Trípoli ha
solicitado ayuda al presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía.
El 27 de noviembre
de 2019, Fayez al Serraj, líder del Gobierno del Acuerdo Nacional Libio, único
gobierno reconocido por la ONU y el presidente turco Erdogan firmaron un
acuerdo de cooperación en materia de defensa seguido de otro tratado que
delimita las zonas económicas exclusivas en aguas del Mediterráneo de ambos
países.
Así, al Serraj buscó
básicamente evitar su derrota frente a Haftar que pretende eliminar toda huella
del Islam político en Libia y acaparar el poder al estilo de la dictadura
egipcia del general Abdelfatah al Sisi.
Mientras que Erdogan
pretendía, como mínimo, frenar el proceso que Grecia, Chipre, Egipto e Israel,
a través del llamado “Foro del Gas del Medio Oriente”, están
desarrollando para explotar los hidrocarburos localizados en el Mediterráneo
Oriental son contar con la participación de Ankara.
En principio,
Erdogan, arrinconado por los países del Foro que han condenado el acuerdo,
pretende sumar aliados a su causa con la intención final de llegar a tener un
papel relevante en la futura red mediterránea de suministro de gas a los países
de la Unión Europea. Por el momento, a la espera de ver en qué desemboca su
controvertida exploración en aguas chipriotas, ya ha logrado convertir a la
ciudad sureña de Ceyhan en el punto de llegada de hidrocarburos procedentes del
mar Caspio y de Irak. Por otro lado, está a punto de entrar en servicio el
gasoducto Turkstream por el que transitará gas ruso hacia Europa.
Ankara también
pretende resarcirse de las pérdidas económicas acumuladas en estos años en los
que sus cuantiosas inversiones en Libia han quedado paralizadas o destruidas
por la guerra civil. Su objetivo es intentar reactivar los más de trescientos
proyectos desarrollados por empresas turcas y que se encuentran en distintas
fases de ejecución y que constituyen una inversión superior a los U$S 16.500
millones de dólares. Y a eso se une actualmente el interés por obtener una
importante porción de los contratos para la reconstrucción de un país que
cuenta con los suficientes recursos en hidrocarburos como para encarar
seriamente la modernización y reparación de los daños provocados por una década
de violencia fratricida.
En este sentido, las
empresas turcas tienen grandes posibilidades de participación tanto en el
sector de la construcción de infraestructuras como en el aeronáutico, sin
olvidar la venta de armamentos.
Por último, Erdogan
esta imbuido de una visión neo-otomana cada vez más marcada. El presidente
turco aspira a ser reconocido como el líder político del Islam suní, incluso
por encima de Riad. Al igual que ocurre en Siria, también en Libia -uno de los
últimos territorios perdidos del Imperio Otomano hace un siglo- se dirime en
buena media la confrontación entre los aspirantes a un liderazgo que
tradicionalmente han ejercido los saudíes[5].
Por lo tanto, la
presencia turca en Libia significa para Erdogan no sólo desviar la atención
sobre los problemas internos y alimentar el orgullo de una sociedad golpeada
por la crisis, sino también aumentar el peso específico de Turquía en un
delicado juego que lo está llevando a involucrarse en escenarios bélicos tan
complejos como el sirio e iraquí.
La presencia militar
turca en Libia comenzó con una Fuerza de Reacción Rápida con capacidad para cumplir
misiones de “militares y policiales”, el establecimiento de una
Oficina de Cooperación en Defensa y Seguridad “con suficientes expertos
y personal”, transferencia de materiales e instrucción militar y compartir
información de inteligencia.
Las tropas turcas
comenzaron a llegar el lunes 6 de enero de 2020 a la ciudad – estado de
Misrata, situada en la costa a unos cuatrocientos kilómetros al oeste de la
ciudad de Trípoli, donde los turcos habían instalado una base que operaba las
unidades de drones turcos clase “Bayraktar TB2”, que combatían con
mucho éxito contra las fuerzas del general Jalifa Haftar.
Los efectivos turcos
estaban comandados por un teniente general al mando de trescientos
hombres de las fuerzas especiales reforzados por mercenarios sirios contratados
por Ankara. En esta forma, mercenarios sirios combatieron al servicio del
Gobierno del Acuerdo Nacional y otros mercenarios sirios lo hicieron para el
otro bando, el Ejercito Nacional Libio de Haftar.
Después de algunos
meses de cruentos combates la ofensiva de las tropas de Haftar se estancó e
incluso perdió parte de los territorios conquistados. Finalmente, ambos bandos
alcanzaron en octubre de 2020 un alto al fuego patrocinado por la ONU, Rusia y
Turquía, que incluía el acuerdo del retiro de todas las tropas mercenarias en
un plazo de tres meses y un intercambio de prisioneros que se llevó a cabo a
fines de diciembre pasado.
Los acuerdos también
contemplan conversaciones a través del “Foro de Diálogo Político en Libia”,
bajo los auspicios de Naciones Unidas, para crear las condiciones que permitan
la celebración de elecciones el próximo 24 de diciembre de 2021. [6]
CONCLUSIONES
La constitución de
un único gobierno nacional en Libia no significará automáticamente la
normalización del país sino el inicio de un largo proceso de transición hacia
la democracia y consolidación de la gobernabilidad que seguramente demandará al
menos una década.
Mientras Libia
permanezca sin un gobierno reconocido que ejerza el control de todo el
territorio, con fuerzas de seguridad y armadas profesionales y disciplinadas,
continuará siendo un “Estado fracasado” donde prosperarán todas los negocios
del crimen organizado y en especial el tráfico de personas y de drogas hacia la
Europa comunitaria y Asia a través de sus largas costas desprotegidas.
Una de las
principales y más difíciles tareas de un nuevo gobierno libio será desarmar a
los aproximadamente cinco mil bandas de milicianos y grupos de autodefensa de
diversa dimensión y motivación, pero todos sumamente armados y violentos.
El cese de los
combates y la desarticulación de los grupos milicianos dejará mucha “mano de
obra desocupada”, que a falta de una ocupación legal o por el deseo de
permanecer en actividades armadas pasaran a alimentar a los grupos del crimen
organizado transnacional.
En síntesis, no
deberá sorprender entonces que en los próximos meses surjan noticias sobre
nuevos decomisos de drogas destinadas a Libia o aún dentro del propio
territorio libio. Si no tenemos tales noticias probablemente se deberá más a la
falla en los controles que a la interrupción de los flujos ilegales de droga
sudamericana a través de este país norafricano.
[1]
FORD, Alessandro: Libia y norte de África emergen como centros de tránsito
de cocaína. Artículo publicado en el portal InSight Crime, el 11/01/2021. https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/libia-norte-de-africa-transito-cocaina/
[2]
SAMPÓ, Carolina: El tráfico de cocaína entre América Latina y África
Occidental. Artículo publicado en https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3700/2643, el Bs. As. 29/09/2018.
[3]
SAMPÓ, Carolina: El tráfico de cocaína entre América Latina y África
Occidental. Artículo publicado en https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3700/2643, el Bs. As. 29/09/2018.
[4]
EL YATTIOUI, Mohammed Badine y Claudia BARONA CASTAÑEDA: Narcotráfico entre
América Latina y África: un caso contemporáneo entre seguridad y gobernanza.
Universidad de las Américas, Puebla, México 22/02/2019. Artículo publicado en http://www.seguridadinternacional.es/resi/index.php/revista/article/view/110/190
[5]
SÁNCHEZ TAPIA, Felipe: ¿Qué hace Turquía en Libia?. Atalayar, 07/03/2020.
Artículo publicado en
https://atalayar.com/content/qu%C3%A9-hace-turqu%C3%ADa-en-libia
