La improvisación, marchas y contramarchas
del gobierno agotan la paciencia y sumen al pueblo en la incertidumbre.
Muchos
lectores pensaran que este artículo no les informa sobre ninguna novedad porque
del presidente Alberto Fernández hacia abajo todos los funcionarios han
reconocido claramente que carecen de planes, objetivos ha concretar en su
gestión y de estrategias elaboradas para cumplirlos.
Incluso
la prensa en todas sus expresiones visuales, orales y escritas ha comentado
negativamente este hecho.
Pero
lo cierto es que los tanteos, marchas y contramarchas, improvisaciones y
contrasentidos del gobierno son tan continuos que no pueden ser pasados por
alto a riesgo de convertirse el periodista en cómplice del relato oficialista.
Primero
la pandemia nunca iba a llegar al país, después nos alegramos de que el Covid
19 llegara en ese momento y no bajo el gobierno de Mauricio Macri, porque con
el ingeniero en la Casa Rosada habríamos estado todos muertos. Ahora, como
estamos entre los diez países del mundo más afectados del mundo con un millón
ochocientos mil afectados y 45.000 fallecidos, después de haber mantenido el “aislamiento
social” más prolongado del planeta que destruyó la economía, el gobierno
responsabiliza a la población por el incremento de los contagios.
Cuando
en realidad han sido las autoridades nacionales quienes abandonaron sus
responsabilidades sanitarias trasladando la responsabilidad de combatir la
pandemia a los gobernadores e intendentes para no asumir más costos políticos.
Y esta
si es una constante de la Administración Fernández el temor a afrontar algún
tipo de costo político.
Un día
decreta como un acto de “soberanía alimentaria” (sic.) la expropiación
de la firma Vicentín. Pero, cuando la reacción popular es una movilización en
rechazo de la medida, recurre a una elaborada maniobra judicial para dar marcha
atrás sin quedar en evidencia. Y a partir de entonces no se habla más del tema.
Luego
propicia -incluso con la participación de funcionarios públicos- la ocupación
de terrenos y hasta de explotaciones agropecuarias (Guernica, Bariloche, Lago
Mascardi, Pinamar, estancia “La Nueva” de la familia Etchevehere, etc.).
Nueva reacción popular seguida de otro retroceso del gobierno iniciando el
desalojo de los intrusos.
Así
podríamos seguir reseñando muchos otros casos de avances y retrocesos
gubernamentales. Por ejemplo, hace unos días diversas voces del oficialismo
comenzaron a reclamar un indulto o amnistía presidencial para los “presos
políticos”. Eufemismo que en el kirchnerismo se emplea para denominar a los exfuncionarios
con causas en la justicia por diversos hechos de corrupción, especialmente la
señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Cuando
se hace manifiesto el mal humor social ante la posibilidad de la implementación
de una medida de esas características, el presidente Fernández convoca a los
principales columnistas y periodistas del país para aclararles en charlas privadas
individuales (nadie sabe por qué no realizó una conferencia de prensa como
suele hacerse en la mayoría de los país) que en su gobierno no hay presos políticos
y que nunca firmaría un indulto y que la amnistía dependía del Poder
Legislativo y no del Poder Ejecutivo.
El
presidente también aprovecho la ocasión para denunciar ante la prensa que
dentro del gobernante Frente de Todos había dirigentes que pretendían llevar
adelante “una revolución”.
Lamentablemente
a ninguno de sus interlocutores periodistas se les ocurrió preguntarle al
presidente si esa “revolución” implicaba romper el orden constitucional
y por tanto era un delito, quienes eran los revolucionarios que llevaban a cabo
dicha conspiración delictiva y que pensaba hacer al respecto.
Al
parecer, la falta de ideas (o el miedo a expresarlas) parece ser un mal
nacional y el gobierno no tiene el monopolio en este tema.
Es así
como un grave tema institucional y delictivo paso como otras cosas más sin
mayores repercusiones. Ni siquiera se convirtió en nota de tapa de los
principales diarios.
Pronto
se produjeron otras declaraciones y contramarchas que ocultaron los errores y
desmesuras precedentes.
La
Subsecretaria de Salud de la Nación, la médica Carla Bisotti alarmó a todo el
mundo anunciando la vacunación contra Covid con la mitad de la dosis prescripta
para la vacuna rusa Sputnick V. Nueva rectificación presidencial y retroceso
gubernamental.
El
debate sobre la vacuna no había aún terminado que el Gobierno decidió poner
cepo a las exportaciones de maíz. Los productores rurales rechazaron medida y
sobrevino un paro agropecuario que despertó el temor presidencial de revivir el
“Conflicto con el Campo” del 2008. Nueva rectificación y anulación de la
medida oficial una semana más tarde.
La
última de estas versiones improvisadas que se lanzan a la opinión pública como
una suerte de “globos de ensayo” para ver cual es la reacción que provocan en
la ciudadanía, es el rumor de la creación de un supuesto “Tribunal Federal
de Sentencias Arbitrarias” que asumiría en parte las funciones que la
Constitucional Nacional asigna a la Corte Suprema de Justicia.
Resulta
evidente para cualquier persona que un tribunal de tales características sería
claramente anticonstitucional. Además, sería la propia Corte Suprema la que debería
expedirse en última instancia sobre la constitucionalidad y vigencia del nuevo
Tribunal.
Es
decir, que una medida de tales características sería de difícil o imposible
concreción. Por lo tanto, su anuncio, además de distraer a la opinión pública
de los temas del Covid, la vacuna y los anuncios sobre la evolución de la
inflación, tendría el propósito de medir la reacción de la gente ante
procedimientos anticonstitucionales y al mismo tiempo incrementar la presión sobre los magistrados
de la Corte Suprema para que encuentren algún artilugio legal para detener los
juicios contra la expresidenta.
Porque
nadie debe confundirse el único programa de gobierno que tiene el Frente de
Todos y que mantiene desde que llegó al gobierno es asegurar la impunidad de
Cristina Kirchner, su familia y sus asociados en los juicios por corrupción.
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