GOLPES BLANDOS Y CRISIS DE GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA LATINA

En las últimas tres décadas en América Latina, diecinueve presidentes constitucionales fueron derrocados por golpes blandos. En la mayoría de los casos estos cambios institucionales tuvieron lugar sin la activa participación de las fuerzas armadas o de seguridad.

ACERCA DE LA GOBERNABILIDAD

Uno de los problemas más serios que afrontan los sistemas políticos contemporáneos, especialmente los pertenecientes a países del Tercer Mundo, es como mantener la gobernabilidad. En el mundo anglosajón, “governance”, es un término que ha sido empleado habitualmente para hacer referencia al ejercicio de la autoridad en una determinada esfera. A menudo se ha utilizado como sinónimo de gestión eficaz.

El concepto de “gobernabilidad” ha sido introducido dentro del vocabulario de la ciencia política por los expertos de la “Trilateral Comission”, en la década de los años setenta, para hacer mención a los problemas que enfrentaban los regímenes democráticos debido al aumento de las demandas sociales.

Actualmente se habla de gobernabilidad para indicar la razonable capacidad de mando, de conducción política y de disciplina democrática que pueden alcanzar las autoridades de una sociedad.

En la mayoría de las sociedades la gobernabilidad se sustenta sobre la existencia de una relación armónica entre los principales actores de la comunidad. En especial de aquellos actores dotados de un poder suficiente como para alterar de una forma significativa el orden público, impulsar o detener el crecimiento económico o, en general, afectar el normal funcionamiento y desarrollo de la sociedad. Estos actores suelen controlar factores claves del aparato productivo –sindicatos, entidades empresariales, etc.-, dirigen organizaciones de masas –partidos políticos, organizaciones sociales de protestas, grupos de desocupados, campesinos sin tierra, indígenas, etc.-, o tienen influencia sobre la maquinaria burocrática del Estado, detentan el control de los armamentos –cuerpos militares y de seguridad- o poseen la capacidad de influir en la formación de ideas y en la distribución de la información –la prensa y otros medios de comunicación de masas-.

En consecuencia, podemos caracterizar también a la gobernabilidad como la capacidad previsible de un sistema político de perdurar en el tiempo.

GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA LATINA

En América Latina la gobernabilidad se encuentra amenazada, entre otros factores, por la crisis fiscal de los estados, la falta de institucionalización de las organizaciones y procesos políticos, el colapso de los aparatos administrativos, corrupción política endémica y la falta de legitimación de las estructuras políticas. Los problemas de gobernabilidad en la región se han expresado a través de revoluciones, insurrecciones civiles y golpes de Estado y han tenido lugar siempre en el marco de una crisis económica provocada por factores internacionales o domésticos que generaron recesión, inflación, altos niveles de desocupación, etc.

En las últimas décadas, en particular, la amenaza más seria a la gobernabilidad democrática está representada por la aparición de ciertos “movimientos sociales” que someten al Estado a una sobrecarga de demandas que no se encuentra en capacidad de satisfacer en tiempo y forma. La incapacidad de los gobiernos para responder a esas demandas incrementa el nivel de frustración y agresividad de quienes integran estos movimientos hasta que la misma deriva en la apelación a diversas formas de coacción violenta que pueden ser calificadas como “resistencia civil”. 

   

La metodología revolucionaria que, en los países del Tercer Mundo, durante los años de la Guerra Fría apeló al “foquismo” y a la guerrilla urbana como método para la toma del poder, parece ser cosa del pasado. No obstante, algunos grupos extremistas no han renunciado a la violencia como método de lucha política.  El Estado burgués ha aprendido a enfrentar con éxito a la guerrilla. Existen sin embargo otros medios de violencia política que se adaptan mejor a la actual coyuntura, como la resistencia civil o resistencia social como prefieren denominarla los grupos que la practican.

LA MÉCANICA DE LOS GOLPES BLANDOS

En América Latina, una región caracterizada por recurrentes problemas de gobernabilidad política, los golpes blandos parecen estar desempeñando, en el sistema político, el papel que antes cumplían los golpes de Estado militares. De Puerto Príncipe a Buenos Aires, de La Paz a Quito y a Lima, las instituciones tiemblan cuando una fracción del pueblo se pone en movimiento y se arroga la representación de la totalidad de la ciudadanía. En consecuencia, los estallidos sociales, protagonizados por amplios sectores de la población, que expresan su descontento con violencia en las calles, están reemplazando a las tradicionales asonadas militares.

La protesta social se ha convertido, en la región, en un mecanismo utilizado con frecuencia para remover del poder a gobiernos legítimos que, aunque elegidos democráticamente, pierden por alguna causa el apoyo de su población. Refiriéndose a esta circunstancia señala el eminente politólogo Natalio R. Botana: “El principio de la democracia representativa, fundado en elecciones periódicas y transparentes y en el papel mediador de los partidos, choca con otro principio, ajeno a las disposiciones constitucionales que, con objeto de destituir a los gobernantes, atribuye un valor preponderante a las movilizaciones populares en calles, plazas y rutas públicas”... “Esta lógica latinoamericana de la acción colectiva impugna la legitimidad de los regímenes constitucionales, refleja las convulsiones sociales de nuestros países y, al mismo tiempo, está forjando una suerte de estrategia de asonadas populares tan tumultuaria como incierta”.  

Considerando la historia reciente de Latinoamérica es posible observar que, desde 1989, hasta la fecha diecinueve presidentes constitucionales no han podido concluir su mandato por causas ajenas a su voluntad. De ellos catorce perdieron sus cargos debido al estallido de violentas protestas sociales –piquetes, saqueos, cacerolazos, marchas, huelgas de hambre, etc.- que derivaron en incidentes con las fuerzas de seguridad que a su vez originaron importantes pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales. En todos los casos las protestas cesaron una vez que el primer mandatario renunció.

A las protestas sociales como instrumento para producir cambios de gobierno en América Latina se suma otro procedimiento menos violento, más institucional, pero que suele emplearse reiterativamente como etapa final de los golpes blandos de Estado. Este procedimiento es el juicio político por corrupción o mal desempeño en las funciones. Veamos en la siguiente tabla como han operado alternativamente estos dos procedimientos para producir golpes blandos:

CRISIS DE GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA LATINA

1989 - 2019

AÑO	PAIS	PRESIDENTE	CAUSA DE INTERRUPCIÓN	RESISTENCIA CIVIL	ACTIVISMO MILITAR
1989	Paraguay	Alfredo Stroessner	Golpe de Estado	NO	SI
1989	Argentina	Raúl Alfonsín	Renuncia	Saqueos 14 muertos	1987, 1988 y 1989
1992	Brasil	Fernando Collor de Melo	Juicio Político y Destitución	NO	NO
1993	Venezuela	Carlos Andrés Pérez	Destitución	Caracazo (1989) más de 300 muertos	1991 y 1992
1997	Ecuador	Abdalá Bucarám	Destitución	Manifestaciones	NO
1999	Paraguay	Raúl Cubas Grau	Renuncia	Magnicidio Protestas violentas 7 muertos.	NO
2000	Ecuador	Jamil Mahuad	Golpe de Estado	Protestas violentas 2 muertos	SI
2000	Perú	Alberto Fujimori	Renuncia	Manifestaciones	NO
2001	Argentina	Fernando De la Rúa	Renuncia	Protestas violentas 32 muertos	NO
2001	Argentina	Adolfo Rodríguez Saa	Renuncia	NO	NO
2003	Argentina	Eduardo Duhalde	Renuncia	Piquetes (junio 2002) 2 muertos	NO
2003	Bolivia	Gonzalo Sánchez de Lozada	Renuncia	Piquetes y manifestaciones violentas 70 muertos	NO
2004	Haití	Jean Bertrand Arístide	Renuncia	Piquetes y manifestaciones 50 muertos	NO
2005	Ecuador	Lucio Gutiérrez	Destitución	Manifestaciones violentas  3 muertos	NO
2005	Bolivia	Carlos Mesa	Renuncia	Manifestaciones continuas durante meses. Un muerto	NO
2012	Paraguay	Fernando Lugo	Juicio Político y Destitución	Protestas campesinas. 17 muertos.	NO
2016	Brasil	Dilma Rousseff	Juicio Político	Manifestaciones pacíficas de repudio.	NO
2018	Perú	Pedro Pablo Kuczynski Godard	Juicio Político	Manifestaciones pacíficas de repudio.	NO
2019	Bolivia	Evo Morales	Renuncia	Manifestaciones pacíficas de repudio con derivación hacia la violencia	SÍ. Declaraciones recomendándo al presidente que renuncie pero sin salir de los cuarteles.

Esta tabla demuestra que en las últimas cuatro décadas el activismo militar se redujo a su mínima expresión pero, lamentablemente esto no incrementó la gobernabilidad de los países de la región.

La verdadera amenaza a la institucionalidad en América Latina no proviene de los militares o de organizaciones de lucha social sino de las crisis económicas. Ellas son la verdadera causa. Cuando un gobierno no acierta en las soluciones adecuadas a una crisis económica la sociedad busca quien pueda realizar la tarea. Allí se produce un conflicto entre legitimidad de iure y legitimidad de factum. Los casos de Fernando de la Rúa en Argentina o de Dilma Rousseff en Brasil son un claro ejemplo de ello.

Generalmente el gobierno legítimo es forzado a dimitir y lo reemplaza un gobierno provisional que se mantiene en el poder siempre y cuando encuentre las soluciones adecuadas a la crisis económica. En algunos casos el gobierno provisional constituye tan solo una breve transición hacia nuevas elecciones democráticas.

En la tabla consignada se aprecia que Argentina es posiblemente el país con mayor inestabilidad de la región.

En principio, cabe destacar que desde la vigencia de la ley electoral sancionada por el presidente Roque Sáenz Peña, que en el año 1912 estableció el voto universal masculino, la única vez que llegó a la Casa Rosada un presidente constitucional que no haya pertenecido nunca a ninguno de los dos partidos mayoritarios: la Unión Cívica Radical o el Partido Justicialista fue precisamente en 2015 con Mauricio Macri. Aunque, en verdad, la coalición electoral Cambiemos estaba constituida también por la UCR.

En consecuencia, Macri es el primer mandatario no radical que llega a la presidencia gracias al apoyo de la UCR y el único no peronista en completar el período de gobierno previsto en la Constitución Nacional.

Veamos cómo ha sido la gobernabilidad en Argentina en el último siglo.

Durante esos noventa y nueve años de vigencia del voto universal secreto masculino, la Unión Cívica Radical gobernó en lo que podíamos denominar su forma “ortodoxa o pura”, es decir a través del tronco tradicional que hoy reivindica esa denominación, durante veinticuatro años y dos meses. Si a ese tiempo se le agregan los mandatos de presidentes que llegaron al gobierno apoyados por partidos de ramas disidentes del partido radical oficial, como ser la Unión Cívica Radical Antipersonalista (1932 a 1942) y la Unión Cívica Radical Intransigente (1958 a 1963). El radicalismo es el partido que más tiempo gobernó en Argentina al ocupar la presidencia durante un total de treinta y nueve años y once meses. Es decir, que la UCR ocupó la presidencia más del 40% del tiempo.

El Partido Justicialista o Peronismo, por su parte, gobernó en soledad o encabezando alianzas de partidos durante veintiséis años y siete meses.

Dos presidente argentinos se vieron impedidos de completar su mandato por la muerte: el radical antipersonalista Roberto M. Ortiz (1942) y el justicialista Juan D. Perón (1974).

Sin embargo, solo dos presidentes radicales “ortodoxos” completaron su periodo presidencial: Hipólito Yrigoyen, entre 1916 y 1922, y Marcelo T. de Alvear. Entre 1922 y 1928. Serían tres presidentes si sumamos al radical disidente Agustín P. Justo, entre 1932 y 1938.

Otros cuatro presidentes de origen radical debieron renunciar, resignar el cargo o adelantar la entrega de su mandato debido a golpes de Estado. Arturo Frondizi, en 1962, y Arturo U. Illia, en 1966, sufrieron el tradicional golpe de Estado militar. Otros dos presidentes, Raúl R. Alfonsín, en julio de 1989, y Fernando de la Rúa, en 2001, debieron dejar su cargo expulsados por “golpes blandos” llevados a cabo por violentas protestas callejeras seguidas de saqueos que provocaron la represión policial y terminaron dejando un importante saldo de víctimas fatales.

Los presidente peronistas también fueron desalojados del poder violentamente en cuatro ocasiones. Juan D. Perón, en 1955, y su esposa María Estela Martínez Carta de Perón, en 1976, fueron expulsados del cargo por golpes militares. En tanto, que Adolfo Rodríguez Saá debió dejar el cargo tan sólo seis días después de asumirlo producto de oscuras intrigas partidarias y su sucesor, Eduardo Duhalde, sufrió el mismo destino. Duhalde acortó su mandato en seis meses luego de una violenta protesta callejera que dejó dos manifestantes muertos (Darío Kosteki y Maximiliano Santillán) en 2002.

Si descontamos del total el año y tres meses de la presidencia del conservador Ramón S. Castillo, quien como vicepresidente en ejercicio de la presidencia completó el mandato de Roberto M. Ortiz. Castillo formaba parte de la coalición electoral conocida como “La Concordancia” que integraban la UCR Antipersonalista, el Partido Demócrata Nacional (conservadores) y el Partido Socialista Independiente que gobernó entre 1932 y 1943. El resto del tiempo la presidencia fue ocupada por doce presidentes de facto militares.

Los militares gobernaron un total de casi treinta años, generalmente sucediéndose unos a otros como producto de las diferencias de criterio y las intrigas entre hombres de armas en el marco de regímenes burocráticos – autoritarios.

La breve reseña que hemos realizado sirve para poner de manifiesto los problemas de gobernabilidad, estos fueron acompañados de convulsiones económicas, hiperinflación y devaluaciones de la moneda.

Veamos la reseña económica de esos años, tal como la formuló Jorge Fernández Díaz en su editorial del domingo 2 de septiembre de 2018, “La Argentina, entre doscientos países, es uno de los que menos crecieron a lo largo de los últimos 70 años; registró diez crisis graves, que si al menos hubieran calcado las que padeció Uruguay hoy tendríamos el PBI per cápita de España. Desde comienzos de la década del 60, solo durante cinco años no sufrimos déficit fiscal, y eso fue a costa de la licuación catastrófica de 2001. Nuestro promedio de inflación fue, durante más de medio siglo, del 173% anual. No solo somos la segunda nación en cantidad de años de recesión, sino que nos seguimos destacando como el tercer país entre los más cerrados del planeta. El consumo de los argentinos, sin embargo, es porcentualmente más alto que el de los europeos, si se lo compara con lo que cada sociedad produce. Y el gasto público, que venía con un promedio del 26% en las últimas seis décadas, alcanzó durante la década ganada (2003 – 2013) el 42% del producto bruto, un salto astronómico y sin más respaldo que el voluntarismo mágico.”

En los siguientes catorce meses posteriores a este editorial de Fernández Díaz todos los indicadores económicos y sociales del país se deterioraron aún más. Cuando el 10 de diciembre de 2019, cuando el presidente Mauricio Macri trasmitió el poder a su sucesor, Alberto Fernández, el peso argentino se había depreciado en un 500%, la inflación anual superaba el 50% y el 40% de los argentinos vivían por debajo de la línea de la pobreza.

Las crisis económicas y los problemas de gobernabilidad parecen ser un mal recurrente en el sistema político argentino del último siglo que afectó por igual a todos los gobiernos, sin distinción de partido político o entre presidentes constitucionales o de facto destruyendo al mismo tiempo las posibilidades de que el país alcance un desarrollo sostenido o la prosperidad que sus recursos naturales podrían proporcionarle.

LA MUERTE DEL GENERAL SALAH SUME A ARGELIA EN LA INCERTIDUMBRE

Inesperadamente, la situación política de Argelia se agrava con la muerte del Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y hombre fuerte del régimen, el general Gaïd Salah, el lunes 23 de diciembre.

El general Gaïd Salah, Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, desde 2004, y viceministro de Defensa desde 2013, falleció hoy sorpresivamente de un infarto a los 79 años, en el Hospital Militar Central de Aïn Naadja, situado al sur de Argel.

Salah fue un sólido aliado del expresidente Abdelaziz Bouteflika a lo largo de catorce de los veinte años en que este gobernó. Sin embargo, cuando el 22 de febrero pasado comenzaron las manifestaciones opositoras a un quinto mandato del anciano presidente, Salah comenzó a tomar distancia hasta forzar su renuncia el 2 de abril de este año.

Para preservar al régimen argelino, Salah instaló un gobierno de facto a cargo de  dirigentes civiles, el presidente interino y presidente del senado Abdelkader Bensalah y el primer ministro Nouredin Bedaui. Los designados también habían sido parte de los elencos que acompañaron en su momento a Bouteflika.

Para ganar tiempo y encontrar un sucesor adecuado al depuesto presidente, Salah suspendió las elecciones previstas para el 4 de julio y comenzó una campaña de “manos limpias”.

Para ganar tiempo y buscar un candidato potable, el general Salah decidió entonces avanzar con la purga de las figuras más impopulares del régimen.

Con el argumento de terminar con la corrupción que rodeaba al presidente Bouteflika, el general Salah emprendió una campaña contra sus posibles rivales por el poder. Sus primeras víctimas fueron el hermano menor del depuesto presidente, Said Bouteflika y el otrora todo poderoso director del Départament du Renseignement et de la Sécurité (DRS) el servicio de inteligencia y seguridad, el general Mohamed Medienne alias “Tawfik”. Ambos terminaron condenados a diez años de cárcel.

Pero la purga de altos cargos no se detuvo allí. También perdieron sus posiciones y fueron encarcelados el ex ministro de Defensa Khalde Nazer, el antecesor de Bouteflika y fundador del partido oficialista Reagrupamiento Nacional para la Democracia, Liamine Zeroual, el general Athman Tartag, alias “Bachir”, el ex primer ministro Ahmed Ouyahia, el ex gobernador del Banco Central y ministro de Finanzas, Mohamed Loukal y el empresario Ali Haddad, director ejecutivo de la empresa constructora ETRHB, principal concesionaria de obra pública del país, y director de la central patronal argelina. Estos últimos también recibieron condenas de entre diez y quince años de cárcel.

Las elecciones presidenciales finalmente se concretaron el pasado 12 de diciembre. Nuevamente, el general Salah ejerció su influencia y el triunfador de los comicios fue un hombre de su propia tribu, el ex primer ministro de Bouteflika, Abdelmadjid Tebboune.

El nuevo presidente de 75 años era también otro conspicuo exponente de la generación que llevó a Argelia a la independencia en 1962. El régimen sólo había llevado a cabo un cambio cosmético que no conformó en absoluto a los jóvenes que protagonizaban la “Hirak” (protesta) y que rechazaron el continuismo descarado del régimen.

Tebboune asumió la presidencia el jueves 19 e inmediatamente condecoró al general Gaïd Salah con la Orden del Mérito Nacional, la máxima distinción que puede ofrecer Argelia a uno de sus ciudadanos.

Ahora la sorpresiva muerte de Salah deja al nuevo presidente,  surgido de las elecciones con menor participación de la historia de Argelia, sin su principal apoyo. En medio de un país que lleva más de diez meses de manifestaciones opositoras todos los martes y viernes demandando un real reforma institucional y política y con una compleja situación económica.

En los últimos años, la economía de Argelia comenzó a derrumbarse y el régimen se vio forzado a ser más represivo. Desde junio de 2014, cuando el barril de petróleo Brent costaba 98 euros, el precio de los hidrocarburos comenzó a descender hasta situarse en 44 euros por barril. Ahora, se ha recuperado considerablemente posicionándose en 66 euros. Pero en el proceso, la economía argelina ha sufrido una reducción del 50% de sus ingresos provenientes en un 95% de sus exportaciones de hidrocarburos.

La falta de recursos hizo imposible el mantenimiento de la amplia variedad de subsidios a la población, que tradicionalmente han servido de paliativo para evitar protestas populares. El gobierno argelino ha debió aumentar algunos impuestos, subir un 20% el precio de los combustibles, la electricidad, el gas y los alimentos de primera necesidad.

La crisis económica, la corrupción endémica del régimen, el envejecimiento y la falta de renovación de los elencos gobernantes y la falta de oportunidades son los principales factores que alimentan la crisis y que el nuevo presidente deberá resolver para lograr consolidar la gobernabilidad del país.

Para colmo de males, la brusca desaparición del general Gaïd Salah deja abierta la posibilidad de una lucha por el control del Ejército, en un país donde las fuerzas armadas son uno de los pilares del sistema político, especialmente después del llamado “decenio negro”, la cruenta guerra civil contra los islamistas que desangró a Argelia entre 1992 y 2002 y que aún es un cruel recuerdo para la sociedad argelina.

El país magrebí no sólo es  el Estado más extenso de África sino también un importante socio comercial de Europa y un protagonista central en temas de seguridad en el Mediterráneo por ello su estabilidad es un tema sensible para los gobiernos europeos.

Argelia es el tercer proveedor de gas de Europa y el octavo mayor productor del mundo. Es el principal socio energético de España, país al que vende el 54% del gas que consume a través del proyecto “Medgaz”, gestionado por las empresas españolas Cepsa y Gas Natural Fenosa y la compañía estatal de hidrocarburos argelina Sonatrach que opera el oleoducto que parte del corazón de Argelia, cruza el Mediterráneo y desemboca en Almería.

Argelia es, además, segundo cliente comercial de España, sólo por detrás de Marruecos, con una balanza favorable al país árabe de 1.900 millones de euros anuales.

En 2017, España fue el quinto proveedor de Argelia y su tercer cliente: las exportaciones ese año superaron los 2.670 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 4.580 millones de euros.

Italia es el principal socio comercial de Argelia, y principal destino de sus exportaciones, con cerca de 6.000 millones de euros, con Francia en tercera posición seguida a gran distancia de Estados Unidos y Turquía.

Argelia mantiene con estos países -y con la Unión Europea en su conjunto- diversos acuerdos en cuestiones de seguridad, lucha contra el terrorismo yihadista, el crimen organizado y la inmigración irregular.

En Francia reside una gran colectividad argelina. Muchos de sus miembros cuentan incluso con doble nacionalidad. En tanto que los argelinos, con el 17,9%, constituyen la segunda nacionalidad de migrantes irregulares que llegan cada año a España.

Argelia, es además, una de las puertas de acceso a las costas del Norte África para los inmigrantes irregulares provenientes del Sahel.

Al mismo tiempo, Argelia mantiene sólidos vínculos históricos y actuales con otro tipo de gobiernos. En especial con Rusia, China, Cuba e Irán, sin dejar de lado a la impredecible Corea del Norte.

Por lo tanto, los problemas de gobernabilidad que enfrenta desde hace años Argelia  es seguido con preocupación de sus socios europeos. La muerte del general Salah y los cuestionamientos a la legalidad del presidente Tebboune dejan abierta la posibilidad de más cambios, de un incremento en la actividad del terrorismo yihadista e incluso de un retorno de los partidos islamistas radicalizados.

NUEVOS RECONOCIMIENTOS A LA SOBERANÍA MARROQUÍ EN EL SÁHARA

Más países africanos ratifican con hechos concretos su apoyo a la soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara.

La influencia internacional de Marruecos, de la mano de su rey Mohammed VI, crece día a día y se aprecia en hechos concretos, como los que hacen a su soberanía sobre el Sáhara.

Durante los veinte años del reinado de Mohammed VI, el reino magrebí retorno al seno de la Unión Africana, se convirtió, con 1.700 millones en inversiones, en el segundo inversor africano en el continente (sólo superado por Sudáfrica), es el principal donante de ayuda humanitaria para los países africanos y un activo interviniente en la misiones de paz de Naciones Unidas. Con una participación de 1.865 miembros de las Reales Fuerzas Armadas en las misiones de paz, Marruecos ocupa el puesto 18 en el ranking de los países que contribuyen con tropas a escala mundial, el 3° en el mundo árabe y el 8° en el continente africano.

Al tiempo que Mohamed VI, es mundialmente reconocido como en el estadista de mayor peso y prestigio tanto en el contexto africano como entre las naciones árabes. En 2017, el Rey de Marruecos, fue designado como “Líder de la Unión Africana sobre la cuestión de la migración”, y, presidente del Comité al Qods perteneciente a la Organización de Cooperación Islámica.

El reino magrebí se convirtió en el gran motor industrial del norte de África, además de ser la democracia más estable de la región. Esa estabilidad y liderazgo atraen inversiones extranjeras a su territorio, le dan un mayor protagonismo en  las misiones de paz de Naciones Unidas, lo convierten en sede de eventos internacionales como la “Cumbre de la Tierra – Río 1992” (que ha albergado en dos ocasiones en 2001 y 2016) de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), la Cumbre Africana para la Acción (2016) o  la Conferencia Intergubernamental de Adopción del Pacto Mundial, así como el Foro Global para la Migración y el Desarrollo que se realizarán en Marruecos en diciembre de 2018.

Está importante expansión del “poder blando” de Marruecos ha hecho que algunos países sientan la necesidad de contar con el respaldo económico y político del Reino y para ello expresan su amistad y solidaridad, no sólo con declaraciones públicas, sino también con gestos concretos. En especial, con acciones materiales de reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Comenzando con la visita de autoridades extranjeras a las provincias del Sur de Marruecos para asistir a eventos internacionales de diversa naturaleza -como el Foro entre Marruecos y los países del Pacífico que reunió a los ministros de Relaciones exteriores de doce países-, sigue el hermanamiento de ciudades y ahora de la apertura de oficinas consulares en la región sahariana.

Así, por ejemplo, en junio de 2019, Costa de Marfil abrió un consulado honorario en la ciudad de Laayún.

Le siguió Gambia, que esta vez eligió a la bella ciudad de Dakla, la perla del Atlántico africano, para abrir próximamente un consulado.

La semana pasada fue la “Unión de Comoras” quién decidió inaugurar un consulado general en Laayún. Evento que contó con la participación en la ciudad sahariana marroquí del ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Residentes Marroquíes en el Extranjeros, Nasser Bourita y el ministro de Relaciones Exteriores de Comoras, Souf Mohamed El Amine.

Recordemos que la ex colonia de Comoras es un país del sureste de África formado por tres islas situado en el extremo del canal de Mozambique en el océano Índico, entre el norte de Madagascar y el este Mozambique.

Comoras es el único Estado en ser miembro de la Unión Africana, de la Organización Internacional de la Francofonía, de la Organización para la Cooperación Islámica, de la Liga Árabe y de la Comisión del Océano Índico.

En los próximos meses Comoras también abrirá una embajada en Rabat para “cubrir no sólo el Reino de Marruecos, sino también otros países de la subregión”, anunció el ministro El Amine durante el acto inaugural del Consulado General de Laayún.

Todo indica que gradualmente, primero los países africanos y luego el resto del mundo, comenzará a reconocer los justo títulos de soberanía del Reino de Marruecos sobre el Sáhara.

Los rivales regionales de Marruecos -en especial Argelia-, comprenderán la inutilidad de sus maniobras desintegradoras y dejarán de apoyar las fantasías separatistas del Frente Polisario y esa patraña de la falsa República Árabe Saharaui Democrática, para ser realistas y permitir que avance la integración y la estabilidad del Magreb que traerá paz y prosperidad a los pueblos que lo habitan.

LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LOS MUSULMANES ENCIENDE LAS PROTESTAS EN LA INDIA

El gobierno del hinduista primer ministro Narendra Modi desata fuertes protestas callejeras con una racista ley de ciudadanía que discrimina a los inmigrantes musulmanes negándoles el acceso a la ciudadanía.

El 2019 posiblemente como el año de las protestas callejeras en todo el mundo. Primero fueron las manifestaciones en Hong Kong, luego se incendiaron diversos países latinoamericanos. La causas fueron diversas, en algunos países se invocó la existencia de gobiernos dictatoriales (Venezuela y Nicaragua), en otros fueron una reacción contra las políticas de ajuste fiscal impulsadas por el FMI (Ecuador, Chile y Colombia), en otros fueron irregularidades en las elecciones (Bolivia).

En Europa, la violencia callejera afectó a Francia con las protestas y huelgas desatadas por los “chalecos amarillos” que reclamaban ante cambios en la legislación jubilatoria y en España fuertemente sacudida por el separatismo catalán.

En el norte de África, protestas pacíficas llevaron a la destitución del anciano presidente Abdelaziz Bouteflika, después de veinte años en el poder. En los últimos diez meses todos los martes y viernes las calles de Argel se llenan de manifestantes que demandan por mayor transparencia y democracia en el país, pese a la reciente elección de un presidente continuista Abdelmadjid Tebboune que los jóvenes activistas rechazan.

Para culminar esta eclosión de demandas callejeras más o menos violentas, el descontento hizo eclosión en la India, un extenso país que es casi en sí mismo un subcontinente.

La India, es el séptimo país de mayor extensión (3.2187.263 km²) y el segundo país más poblado del planeta. Su población alcanza los 1.372 millones de habitantes de los cuales el 14% profesan la religión musulmana.

La India es generalmente considerada como “la democracia más grande del mundo”. Sin embargo, la desigualdad económica y jurídica entre sus habitantes hacen que este título sea tan sólo una frase hueca.

Históricamente, las relaciones entre la mayoría hinduista y la primera minoría musulmana han estado pobladas de conflictos y drásticos estallidos de violencia.

En esta ocasión la chispa que encendió los ánimos fue la aprobación por las dos cámaras del Parlamento indio y la promulgación por parte de primer ministro Mori a una serie de modificaciones a la Citizenship Amendment Act, de 1955 que simplifican el proceso para otorgar la ciudadanía a las minorías perseguidas -budistas, sijíes, hindúes, parsis y cristianos- provenientes de Pakistán, Afganistán y Bangladés.

A estas minorías, muchas de las cuales han estado viviendo en la India sin derechos, se les concederá automáticamente la nacionalidad si llevan viviendo en el país antes de 2015.

No obstante, su constitucionalidad es dudosa, al discriminar a la población por motivo de religión, por lo cual ya ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo. El problema reside en que este organismo es cuestionado por fallos anteriores que perjudicaron a la comunidad islámica.

La minoría musulmana, que se considera discriminada por la nueva legislación y que teme que en algunas regiones se altere el precario balance demográfico entre distintas comunidades confesionales, llevó inmediatamente sus reclamos a las calles.

En el noroeste de la India, una región conocida por sus frecuentes disturbios y la confrontación interreligiosa, las refriegas entre los manifestantes musulmanes y la policía dejaron la última semana un saldo hasta el momento de al menos quince muertos y doscientos heridos.

El lunes los incidentes se produjeron en la Universidad Jamia Millia Islamia donde cientos de estudiantes y activistas, cantaron, danzaron y entonaron consignas antigubernamentales.

Movilizaciones multitudinarias se llevaron a cabo en al menos diez grandes ciudades de la India contra la controvertida ley de ciudadanía.

La red del metro y las empresas de telefonía móvil suspendieron sus servicios y los de internet en Nueva Delhi, siguiendo instrucciones de las autoridades que intentaban bloquear la convocatoria y las actividades de los organizadores de la protesta.

La medida tuvo poco éxito. Desafiando la prohibición de reunirse y protestas, los manifestantes se congregaron, el jueves 19 de diciembre, en varios lugares céntricos de la capital, como el Fuerte Rojo y Mandi House.

A la protesta se sumaron 10.000 estudiantes pertenecientes a 36 universidades y otros centros educativos de todo el país.

Los disturbios en el noroeste de la India obligaron incluso a cancelar una reunión de alto nivel indo-japonesa, en el estado de Assam, que incluía la visita del primer ministro japonés Shinzo Abe al país. El estado de Assam se encuentra bajo toque de queda y sin internet por las protestas.

Al menos seis manifestantes fallecieron el viernes en el estado norteño Uttar Pradesh, dirigido por el partido del primer ministro Narendra Modi y donde hay una importante comunidad musulmana. 

Pese al rechazo social que la modificación a la Ley de Ciudadanía a causado, el primer ministro Narendra Modi, perteneciente al partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party, se niega a dar marcha atrás con la polémica decisión.

Además de las crecientes protestas de la población musulmana y de que la reforma introduce una norma injusta y discriminatoria, la modificación a la Citizenship Amendment Act, sin duda afectará las relaciones diplomáticas y comerciales de la India con las naciones islámicas y llevará a que algunos países musulmanes intenten convertirse en “protectores” de la minoría discriminada.

Por otra parte, esta política discriminatoria aumentará la frustración de los jóvenes musulmanes que viven en la India y favorecerá su radicalización. En esta forma hará más fácil la aparición de células de Al Qaeda y el Estado Islámico en una comunidad que alberga a casi doscientos millones de musulmanes.

UN EXMINISTRO DE BOUTEFLIKA SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE DE ARGELIA

Después de diez meses de protestas callejeras ininterrumpidas, el régimen autoritario de Abdelaziz Bouteflika, el destituido presidente argelino, se perpetúa con un nuevo presidente que fue su ex primer ministro elegido en dudosos comicios.

El pasado jueves 12 de diciembre un reducido número de votantes argelinos concurrió a alguno de los 61.000 centros de votación desplegados por todo el país, bajo la férrea custodia de la policía y los militares, para expresar su preferencia entre los cinco exministros del presidente Abdelaziz Bouteflika, destituido por el Ejército en un auténtico golpe de Estado que Europa y la ONU han preferido ignorar.

Bouteflika, de 80 años, gobernó Argelia durante los últimos veinte años con el apoyo de las fuerzas armadas rodeado de un elenco de ancianos funcionarios remanentes de la generación que condujo al país hacia su independencia en 1962.

Los argelinos se resignaron a que Abdelaziz Bouteflika ganará las elecciones con porcentajes que superaban el 80% (en 2009, con el 90,2%) y que eran la envidia de los políticos occidentales. Incluso, Bouteflika se impuso en los comicios del 2014, después de que, en 2013, un accidente cerebro arterial lo redujo a una suerte de fantasma que gobernaba, con mirada de ausente, desde una silla de ruedas y casi sin poder hablar.

Las cosas se complicaron para el régimen gerontocrático de Argelia en febrero de este año, cuando el anciano dictador expresó su voluntad de competir por un quinto mandato presidencial consecutivo. Los jóvenes estudiantes y profesionales ganaron inmediatamente las calles en una protesta pacífica que el régimen no pudo conjurar con represión e intimidación. Había nacido el movimiento de la “hirak” (Protesta) que sin líderes claros demanda cambios en la élite gobernante.

En abril, el general Gaïd Salah (76 años), el jefe de Estado Mayor y hasta entonces sólido aliado de Bouteflika, asumió la iniciativa política y removió al presidente, suspendió las elecciones presidenciales.

Se instaló un gobierno de facto a cargo de un civil, el presidente interino y presidente del Senado, Abdelkader Bensalah; y el primer ministro, Nouredin Bedaui a quienes consideran también parte del entorno del expresidente Bouteflika.

El nuevo gobierno se apresuró a organizar los comicios del último jueves creando para ello, la Autoridad Nacional Independiente de las Elecciones (ANIE).

La ANIE solo aceptó a cinco de los veintitrés candidatos presidenciales. Todos los elegidos eran exministros de Bouteflika.

Los jóvenes que llevaban a cabo movimientos de la Hirak rechazaron la manipulación electoral y resolvieron boicotear las elecciones exigiendo una auténtica democratización de los elencos políticos que excluyera a todas las figuras vinculadas con el expresidente.

Probablemente, por ello la participación electoral fue muy escasa. El régimen debió aceptar que solo el 41,14% de los argelinos en condiciones de votar concurrieron a los comicios.

Es decir, que la participación electoral fue unos diez puntos menos que en los comicios de 2014 (50,7%) y una marcada diferencia con el 74,56% de asistencia registrada en 2009.

La tendencia descendente en la participación electoral indica el progresivo rechazo y escepticismo de los argelinos al sistema político autoritario y seudodemocrático que consideran corrupto e ineficaz.

“La cifra de participación resulta dudosa, pero es posible. Hay mucha gente que votó en busca de estabilidad. También hay que tener en consideración que las personas dependientes del Estado fueron presionadas para votar. Por ejemplo, todos los miembros de las fuerzas de seguridad, que superan el millón, estaban obligados a hacerlo”, dice el periodista Alí Bukhlef, del diario Liberté. “Más sospechosa me parece una victoria tan aplastante de Tebboune, un hombre sin más carisma o apoyo popular que el resto de los candidatos. Él es solo la fachada civil que necesita el régimen”, añadió.

El exprimer ministro Abdelmadjid Tebboune consiguió la victoria directa en primera vuelta de las elecciones presidenciales al obtener un 58.15% de los votos, según los resultados anunciados el viernes 13 por el jefe de la Autoridad nacional Electoral Independiente, Mohamed Charfi, en rueda de prensa.

Tebboune logró una ventaja de más de cuarenta puntos porcentuales sobre el segundo candidato en la votación, el ex ministro de Turismo Abdelkader Bengrina, que obtuvo un escaso 17,38%. Ninguno de los restantes tres candidatos que compitieron superaron el once por ciento de los votos.

Abdelmadjid Tebboune, era claramente el candidato del Ejército por ser de la misma tribu que el Jefe de Estado Mayor, Ahmed Gaïd Salah. Tebboune nació el 17 noviembre de 1945 en Mechria y también pertenece a la generación de la Independencia.

Ha desarrollado una carrera como “apparátchitk” -burócrata profesional- del régimen  argelino.  Se graduó en la segunda promoción “Larbi Ben M’Hidi” de la Escuela Nacional de Administración, en 1969, en estudios de economía y finanzas. Inmediatamente comenzó su carrera de funcionario público como aprendiz de administrador y luego como director de la wilaya de Saoura. Pasó a ocupar cargos político – administrativos, en 1975, al ascender como secretario general (subprefecto) de la wilaya de Batna.

Ejerció diversos cargos ministeriales entre 1999 y 2017.  Finalmente, el 25 de mayo de 2017 fue designado Primer Ministro. Será el funcionario que menos tiempo permanezca en ese cargo. El 15 de agosto de 2017 es forzado a renunciar.

En octubre 2019 cuando ya era candidato presidencial debió enfrentar un escándalo generado por el inicio del juicio a su hijo Khaled -en prisión desde el 20 de junio de 2018- acusado de traficar con 701 kg. de cocaína desde el puerto de Orán. Esto llevó a la renuncia de su jefe de campaña. Poco después, el periódico Ennahar lo acusó de mantener vínculos con el empresario Omar Oliat, preso por evasión de impuestos.

Además, Tebboune se enfrenta a la crisis económica más grave que Argelia ha atravesado en décadas. Tras diez meses de estancamiento económico a causa de la inestabilidad política, y cuando las exportaciones energéticas, que suponen el 95% de los ingresos del Estado, han descendido un 12,5% este año. Con precios internacionales del petróleo y gas en baja, las reservas en divisas del país se han desplomado. Además, la reducción en un 9% del gasto fiscal sumió al país en la recesión.

Esto hace pensar que Abdelmadjid Tebboune, cuya legitimidad está seriamente cuestionada por una parte de la sociedad argelina, le espera una difícil tarea. La política de ajuste fiscal y suba de impuestos que deberá aplicar seguramente incrementarán el malestar y alimentaran las protestas que se producen todos los martes y viernes en el país magrebí.