Ni el anuncio de nuevas elecciones pudo
acallar las protestas desatadas tras el fraude en el proceso electoral y el recuento
de votos en los comicios del pasado 20 de octubre. Finalmente, la movilización
popular y la pérdida del apoyo de las Fuerzas Armadas forzaron al presidente de
Bolivia, Evo Morales a renunciar y partir hacia el exilio.
Ni el
anuncio de nuevas elecciones, ni la renovación total de los miembros del
Tribunal Superior Electoral conformó a los activistas que impulsan la protesta
social en el Estado Plurinacional de Bolivia. Los manifestantes demandaron la
renuncia del presidente Evo Morales y que no fuera candidato en las próximas
elecciones. La crisis terminó por resolverse con la renuncia del primer
mandatario después de perder el apoyo de la Policía Nacional y los altos mandos
de las Fuerzas Armadas.
Así,
terminó la experiencia de catorce años de “socialismo del siglo XXI” y
el mandato del primer presidente indígena de Bolivia.
El
domingo 20 de octubre, 7,3 millones de bolivianos concurrieron a las urnas para
elegir un presidente y a los miembros del Parlamento. La jornada de votación
transcurrió en calma, aunque se produjeron algunos incidentes menores en
algunos puntos del país del Altiplano.
Un
gran operativo de seguridad, del que participaron efectivos policiales y
militares patrullando las calles durante todo el acto comicial se había
desplegado por precaución, luego de una campaña electoral que había terminado
con episodios de violencia en algunas regiones del país.
Los
problemas surgieron luego de la votación durante el recuento provisorio oficial
de votos. A las 19,40 horas, cuando había sido escrutados el 83,76% de los
votos el resultado asignaba al presidente Morales del Movimiento al Socialismo
(MAS) el triunfo con el 45,28% de los votos. En segundo lugar se situaba el
partido Comunidad Ciudadana, que logró el 38,16% de los sufragios para su
candidato Carlos Mesa, un periodista e historiador de 66 años, que como
vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada completo su mandato presidencial,
entre 2003 y 2005, cuando el presidente se vio forzado a renunciar debido a la
llamada “Guerra del Gas” que desato fuertes protestas protagonizadas por
campesinos, sindicatos y organizaciones sociales.
Fue
entonces cuando el Tribunal Supremo Electoral decidió en la noche del domingo
suspender el recuento de votos.
Con
estas cifras, al no alcanzar ningún candidato el 50% de los votos o el 40%, con
una diferencia de diez puntos sobre el segundo, Bolivia tendría, por primera
vez en 17 años, una segunda vuelta electoral donde competirían por la
presidencia los dos candidatos más votados.
La
segunda vuelta estaba prevista por el calendario electoral para el próximo
domingo 15 de diciembre y participarían de la misma Evo Morales y Carlos Mesa.
Pero,
luego de 24 horas de silencio del Tribunal Supremo Electoral, cuando todo
parecía indicar que habría una segunda vuelta electoral, se reanudó
sorpresivamente el recuento que esta vez mostró un panorama radicalmente
distinto. El presidente Morales aparecía como vencedor en primera vuelta con
diez puntos de diferencia sobre Carlos Mesa.
Con el
96,78% de los votos escrutados, el nuevo conteo preliminar señaló que Evo
Morales obtuvo el 46,49% de los votos y Carlos Mesa el 36,01%, es decir una
diferencia de 9,5%, cuando se necesitan diez puntos para evitar la segunda
vuelta.
En ese
momento, el presidente Morales se presentó por primera vez ante la prensa desde
las elecciones del domingo 20.
“Quiero
agradecer por este nuevo triunfo. Es la cuarta elección que ganamos
democráticamente. Tenemos mayoría absoluta en diputados y senadores. Gracias a
todos los sectores sociales. Hemos garantizado el crecimiento económico, la paz
social y la justicia social. Nuestro proceso es imparable”,
comenzó, desde la Casa del Pueblo, la sede del gobierno en La Paz, sin hacer
ninguna mención a la posibilidad de una segunda vuelta. En esta forma Morales
gobernaría en forma ininterrumpida de 2005 a 2025.
Este
giro sorpresivo llamó la atención de la misión de observadores de la Organización
de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea y de la Iglesia Católica de
Bolivia, que pidieron transparencia al Tribunal Superior Electoral y al
gobierno.
Luego
se produjo la renuncia de uno de los seis miembros del Tribunal Superior
Electoral, Antonio Casas, que según la Misión de Observadores de la OEA “debilita
aún más la institucionalidad electoral y aumenta los niveles de desconfianza.”
La
irregularidad manifiesta en el conteo de votos motivaron que tanto el partido
Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, como diversas organizaciones civiles
reunidas en el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, convocaron para el
martes 22 un “cabildo abierto” en las principales ciudades del país,
desconociendo el triunfo de Evo Morales y convocaron a la “resistencia
civil”.
Mientras
que varias organizaciones sociales afines al MAS, reunidas en la Coordinadora
Departamental por el Cambio (Codelcam), anunciaron que se declaraban en “emergencia”
y que no aceptarían la realización de una segunda vuelta electoral.
La
constitución de Bolivia establece una única reelección para el presidente, es
decir, un máximo de diez años consecutivos de mandato, Evo Morales está en su
tercer mandato consecutivo decir que ejerce la presidencia desde hace catorce
años. El 21 de febrero de 2016, Morales organizó un referéndum nacional para
modificar el artículo 168 de la Constitución boliviana y así aspirar a una
cuarta reelección consecutiva y el pueblo boliviano se expidió en contra por
más del 50% de los votos emitidos en ese momento.
De
todas formas Evo Morales se presentó como candidato presidencial. Para ello tras
una presentación de legisladores oficialistas, en 2017 el Tribunal Supremo
Constitucional (en manos de jueces afines a Morales) declaró inválido el
artículo de la Constitución que impedía presentarse al presidente para
competir. Los juristas argumentaron que impedirle ser candidato vulneraría los
derechos humanos esenciales de Evo Morales de elegir y ser elegido. Por tanto,
el presidente podía alterar la letra escrita de la Constitución aspirando a lo
que de hecho era una reelección indefinida.
Competir
como candidato presidencial no fue suficiente para Evo Morales. En su afán de
perpetuarse en el gobierno, el presidente socialista directamente recurrió lisa
y llanamente a adulterar el resultado de la votación presidencial.
Ante
las protestas callejeras y la huelga general que se desató en Santa Cruz de la
Sierra, el mandatario boliviano denunció que está “en proceso” un golpe
de Estado en su contra. “La derecha se ha preparado con apoyo internacional.
Declaro el estado de emergencia para defender la democracia”, replicó.
La
desconfianza en el conteo de votos despertó una ola de masivas manifestaciones
de grupos oficialistas y opositores a lo largo de Bolivia. Los incidentes
afectaron a ciudades como Potosí, Sucre, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca
El
jefe de la misión de observación electoral de la OEA, Gerardo de Icaza,
presentó el miércoles 23 un informe en La Paz de cómo se desarrollaron las
elecciones generales, donde destacó que “el órgano electoral ha perdido
credibilidad, generando polarización y desconfianza frente al árbitro de este
proceso y la falta de transparencia en el proceso posterior a la votación, pero
también por la inequidad que se registró durante la campaña previa” […] “Debido
al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral,
continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”, afirmo
el jefes de los observadores.
En
respuesta, Evo Morales denunció ese mismo día que la derecha de Bolivia, con
apoyo internacional, se preparó para un golpe de Estado. El mandatario hizo un
llamado a los bolivianos para que defiendan la democracia. “Quieren sangre y
muerte”, acusó el presidente.
La
respuesta fue el incremento de los enfrentamientos callejeros entre militantes
del MAS y partidarios de oposición que reclamaban por la segunda vuelta. Luis
Fernando Camacho, líder del Comité Cívico de Santa Cruz ganó protagonismo como
líder de la oposición demandando directamente la renuncia del presidente
boliviano.
El
lunes 28 se sumó al repudio de la manipulación electoral el gobierno de los
Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo, tuiteó: “Estamos
profundamente preocupados por las irregularidades en el proceso de conteo de
votos de las elecciones de Bolivia del 20 de octubre”.
“Hacemos
un llamado a Bolivia para restaurar la integridad electoral procediendo a una
segunda vuelta en elecciones libres, justas, transparentes y creíbles entre los
dos principales ganadores”
“Estados
Unidos respalda a nuestros socios en la región y a los observadores de la OEA
al pedir una contabilidad precisa de los votos emitidos, o si eso no es
factible en opinión de la misión de observadores de la OEA, una segunda ronda
que sea creíble y transparente”, concluyó el secretario de
Estado.
A este
pedido se sumaron la Unión Europea, Argentina, Brasil, Canadá y Colombia. Solo
Rusia, Cuba, México y Venezuela felicitaron a Morales por su victoria.
El
miércoles 30, la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Evo
Morales acordaron una auditoria de las elecciones presidenciales que fue
rechazada por la oposición.
La auditoría tiene como objetivo determinar si efectivamente
hubo alteración de los resultados en el cómputo que el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) hizo de los comicios del pasado 20 de octubre y que dio como ganador al
presidente Evo Morales, entre denuncias de fraude de la oposición.
El gobierno de Morales insistió que se compromete a aceptar lo
que resuelva la OEA e incluso ir a una segunda vuelta con el opositor Carlos
Mesa si se confirma alguna irregularidad. Pero, Carlos Mesa expresó a la prensa
su rechazó a los términos de la auditoría por haber sido pactados sin la
intervención de oposición y sin acordar el mecanismo de verificación a
emplearse, sin consultar cuáles eran sus condiciones o asegurar la
participación de representantes de la sociedad civil.
Mientras tanto se multiplican los bloqueos, huelgas, cabildos
(denominación que en Bolivia se da a las “asambleas populares”), saqueos de
supermercados, marchas y recriminaciones y el Gobierno y la oposición en
Bolivia mantiene la confrontación a más de veinte días de los comicios, que ha
provocado al menos tres muertos y 384 heridos.
Ante el incremento de las protestas y la violencia callejera un
gobernador y tres alcaldes oficialistas renunciaron a sus puestos, mientras que
dos de los tres principales partidos opositores rechazaron participar de una
mesa de diálogo convocada por el gobierno.
La Iglesia Católica boliviana ha hecho un llamamiento a la paz
lamentando la polarización social “por capricho de unos cuántos agentes
políticos” […] “Lamentablemente, vemos una Bolivia enfrentada. Llamamos
a la calma, a la no violencia, no nos dejemos ganar por la rabia”, ha dicho
el obispo auxiliar de El Alto, Giovanni Arana.
El 4 de noviembre, el canciller boliviano Diego Party declaró durante
la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA: “La voz de un
pueblo corre el riesgo de ser silenciada ante el surgimiento de hordas
fascistas incrustadas en organizaciones cívicas que expresan su odio contra
todo aquel que no comulga con sus ideas, imponiendo medidas de hecho de forma
violenta y abusiva”.
Según el canciller boliviano, las protestas “no se tratan de
una agresión contra Evo Morales”, sino contra “todo un pueblo que tiene
identidad de Evo, el color de piel de Evo o las ideas de Evo”.
Entre el viernes 8 y el sábado 9 de noviembre, el presidente
Morales perdió el control total de la Policía, que se ha amotinado en todo el
país pidiendo su renuncia y reivindicando la democracia, además de demandas
sectoriales. Comenzaron rebelándose el viernes los agentes de las ciudades de
Cochabamba, Sucre, Tarija y Sana Cruz. Y el sábado se sumaron uniformados de
Potosí, Pando y La Paz. Incluso el cordón de seguridad de la Casa Grande del
Pueblo, la nueva sede de la Presidencia del país abandonó sus posiciones.
El domingo 10 de noviembre, la Organización de los Estados
Americanos presentó un informe de trece páginas donde afirmó que era “improbable
estadísticamente” que el presidente de Bolivia, Evo Morales, hubiera ganado
loas elecciones presidenciales en la primera vuelta y recomendó realizar nuevas
elecciones.
El documento consignaba contundentemente: “el equipo auditor no
puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda
otro proceso electoral” y señala que “cualquier futuro proceso deberá contar
con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios
confiables.”
Luego de la difusión del informe de la OEA, el presidente, desde
una base de la Fuerza Aérea Boliviana, anunció que acataba la recomendación de
repetir las elecciones y además anunció el nombramiento de nuevos integrantes
para el Tribunal Superior Electoral. “Nuevas elecciones nacionales que
mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus
nuevas autoridades incorporando a nuevos actores políticos”, dijo Evo
Morales aunque sin precisar si sería candidato nuevamente.
Además, Morales pidió “bajar la tensión tras las protestas y
movilizaciones de la oposición contra las últimas elecciones”. “Todos
tenemos la obligación de pacificar Bolivia. Hago una convocatoria: respeto a la
propiedad privada, respeto a autoridades, respeto a todos los sectores
sociales. Todo lo que tenemos en Bolivia es el patrimonio boliviano y entre
bolivianos no podemos estar enfrentados para hacer daño”, destacó el
mandatario.
La respuesta de la oposición no se hizo esperar. Waldo Albarracín,
miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) de Bolivia,
adelantó que su sector no respaldaría la nueva convocatoria electoral si Evo
Morales insistía en participar como candidato.
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda renunció a
primera hora para preservar la integridad física de su hermano tomado prisionero
por los manifestantes.
Desde la mañana muchos funcionarios del gobierno de Evo Morales
comenzaron a presentar su renuncia al jefe de Estado. En algunos caso las
dimisiones se produjeron después de que las familias o viviendas de los
funcionarios sufrieron ataques o amenazas. En otros los funcionarios expresaron
su necesidad de contribuir con sus renuncias a la pacificación del país y las
presentaron llamando al presidente a la reflexión.
Las Fuerzas Armadas se sumaron a quienes exigían la renuncia de
Evo Morales. “Ante la escalada del conflicto que atraviesa el país, velando
por la vida y la seguridad de la población, sugerimos al presidente del Estado
que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el
mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia” dijo el
comandante en Jefe, General Williams Kalima.
Posteriormente, el comandante general de Policía, Vladimir Yuri
Calderón, también reclamó la dimisión del mandatario. “Nos sumamos al pedido
del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su
renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en estos duros momentos que
atraviesa nuestra nación”, expresó el funcionario.
Evo Morales empleó un avión de la Fuerza Aérea Boliviana para dejar
La Paz y trasladarse a la ciudad de Chimoré, en la provincia de José Carrasco,
en el departamento de Cochabamba donde
se reunió con las bases de su partido, el Movimiento Al Socialismo, y con
dirigentes cocaleros.
Cercado por las protestas y sin apoyo de los mandos policiales y
militares finalmente, a las 17.00 horas del domingo 10, tanto el presidente Evo
Morales como el vicepresidente Álvaro García Limera presentaron su renuncia.
El artículo 169 de la Constitución de Bolivia indica que, en
caso de “impedimento o ausencia definitiva” del jefe de Estado, será
reemplazado por el vicepresidente y, si tampoco hay, establece la opción de que
ocupe su
cargo el presidente del Senado.
Desde enero, esa persona era Adriana Salvatierra, integrante del partido político Movimiento al Socialismo (MAS)
que preside Evo Morales, pero anunció su dimisión poco después del
pronunciamiento del expresidente de Bolivia.
En última instancia, la Carta Magna boliviana prevé que la
jefatura de Estado la asuma el presidente de la Cámara de Diputados caso en que
“se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días” y
su último titular, Víctor Borda, también ha renunciado como diputado.
La segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores e integrante
del opositor Movimiento Demócrata Social, Jeanine Añez, comunicó al canal
Unitel que este 11 de noviembre se presentará en La Paz para “asumir
formalmente la responsabilidad, siguiendo el orden de sucesión, con objeto de
convocar a nuevas elecciones”.
Al
momento de concluir el presente artículo no está claro quien efectivamente ha
asumido el gobierno de Bolivia ni cual es el paradero e intenciones del expresidente
Evo Morales y de su vice Álvaro García Limera que han recibido la solidaridad y
ofertas de asilo político en diversos países.
CONCLUSIONES
El
golpe de Estado fue una respuesta del pueblo boliviano ante el fraude descarado
y la manipulación de la voluntad popular. Ni hubo un complot contra el
presidente o el sistema democrático, sólo la errónea apreciación por parte de
Evo Morales de que podía hacer su voluntad con total impunidad terminó por
detonar la crisis y forzar su renuncia.
Con
la caída del gobierno socialista en Bolivia, elemento de la izquierda de ese
país pueden buscar refugio en el territorio argentino donde continuarán
desarrollando actividades políticas con los partidos y movimientos sociales argentinos
que le son ideológicamente afines.
De
continuar los problemas de gobernabilidad y la crisis económica en Bolivia es probable
que aumenta la ya importante migración de bolivianos que ingresen en forma
irregular a la Argentina instalándose en zonas marginales y aumentando la carga
de los servicios sociales y educativos del país.
